DECLARACIÓN EL SALVADOR 2015 ACTIVISTAS CONTRA LA INCINERACIÓN Y POR PROGRAMAS DE BASURA CERO

Activistas contra la Incineración y por Programas de Basura Cero
El Salvador, Junio 2015

Representantes de organizaciones sociales, ambientales, comunidades de base y recicladores pertenecientes a México, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Puerto Rico, Chile y Estados Unidos, luchando en pro de la vida y la sustentabilidad del planeta, reunidos en el Ecocentro Animas de CESTA Amigos de la Tierra El Salvador, acordamos:

1.-Animar en todos los municipios la gestión sustentable de desechos y residuos a fin de evitar la generación de basura, partiendo de los principios de Basura Cero.

 

2.-Fortalecer todos los esfuerzos de reducción, reutilización, reciclaje, compostaje, lombricultura y biodigestión, en particular todos aquellos que son promovidos por cooperativas, asociaciones, sectores con menos recursos económicos y recicladores de base.

3.-Apoyar a los recicladores de base en general y a aquellos organizados en cooperativas, asociaciones, etc., en su lucha por la dignificación de su trabajo, y exigir a las autoridades implementar las condiciones para ello.

4.-Promover el manejo de los residuos y desechos lo más cerca de su lugar de origen, evitando su transporteirracional y contaminar a comunidades vulnerables.

5.-Manifestar nuestro apoyo solidario a todos los grupos que están siendo reprimidos por autoridades o grupos militares afines a las cementeras, como es el caso de nuestros compañeros y compañeras de Guatemala.

6.-Motivar a las autoridades municipales y del gobierno central a que pongan sus esfuerzos en una gestión de residuos y desechos que sea armónico con la naturaleza y los seres humanos; recordando que los bienes que no se pueden reciclar, reutilizar o compostar no deberían ser producidos.

Es así como:

Rechazamos todo proyecto de incineración, en particular de residuos tóxicos y peligrosos, así como la práctica de las empresas cementeras de utilizar sus hornos para quemar desechos y residuos.

Condenamos la práctica de las corporaciones de querer disfrazar algunos procesos térmicos dañinos como soluciones limpias con el ambiente.

Exigimos la revisión de leyes ambientales acorde al derecho a un medio ambiente sano.

***

Firman la declaración: CESTA Amigos de la Tierra El Salvador, Alianza Global para Alternativas a la Incineración, Red Latinoamericana de Recicladores, Hacia Basura Cero Costa Rica, Ecolur Compostaje Doméstico Costa Rica, Basura Cero Puerto Rico / Sierra Club Puerto Rico, Revuelta Verde México, Frente Ciudadano contra la Incineración México, Solidaridad Internacional Kanda-Sikanda México, Red NICA Nicaragua, Colectivo Voces ecológicas COVEC

 

Encuentro de activistas contra la Incineración y por Programas de Basura Cero, en CESTA El Salvador

 

Activistas realizan campaña en la ONU a favor de tratado vinculante de derechos humanos

COMUNICADO DE PRENSA

Amigos de la Tierra Internacional – 2 de julio de 2015

Ginebra (Suiza) 2 de julio de 2015 – Defensores de los derechos humanos y ambientales que participarán en una importante reunión de la ONU encargada de redactar un tratado vinculante que reglamente las violaciones de los derechos humanos cometidas por las empresas están instando a todos los países a que trabajen para lograr protecciones efectivas de los derechos humanos.

La primera sesión del ‘Grupo de Trabajo Intergubernamental’ sobre empresas transnacionales se celebrará en Ginebra del 6 al 10 de julio de 2015.[1]

Amigos de la Tierra Internacional y otros activistas de la Campaña para Desmantelar el Poder de las Empresas y la Alianza del Tratado, una creciente alianza mundial de grupos de la sociedad civil, están realizando campaña para lograr un tratado internacional legalmente vinculante para prevenir e indemnizar las violaciones de los derechos humanos cometidas por las empresas. [2]

Hace diecinueve años Ken Saro-Wiwa y otros líderes del pueblo Ogoni fueron ejecutados en Nigeria por movilizarse y oponerse al impacto de las empresas petroleras que operan en Ogonilandia, entre ellas Shell. Hasta ahora no se ha hecho justicia. Un nuevo tratado vinculante de derechos humanos haría mucho para prevenir una injusticia como esa en el futuro”, afirmó Godwin Ojo, director ejecutivo de Amigos de la Tierra Nigeria / Environmental Rights Action.

Las directrices voluntarias existentes sobre las empresas y los derechos humanos no brindan acceso a la justicia ni indemnización a las víctimas de violaciones cometidas por empresas, según Amigos de la Tierra Internacional, que defiende un sistema jurídicamente vinculante que coloque a los derechos humanos por encima de los privilegios de las empresas y de la impunidad que otorgan los regímenes de ‘libre comercio’ y los derechos a los inversores.

Esta reunión podría ser fundamental para lograr normas jurídicamente vinculantes para las empresas trasnacionales y para poner fin a la actual impunidad si los Estados miembros de la ONU demuestran una clara voluntad política. Los delitos de las empresas no deberían quedar impunes. Se necesita urgentemente un tratado vinculante para brindar indemnización a las víctimas y restablecer su sustento y sus ecosistemas dañados por las empresas trasnacionales. También debemos responsabilizar jurídica y penalmente a las empresas y sus directores por las violaciones de los derechos humanos”, afirmó Lucia Ortiz, coordinadora del programa Justicia Económica de Amigos de la Tierra Internacional.

Miles de personas se están movilizando en todo el mundo a favor de este tratado. Del 6 al 9 de julio representantes de movimientos sociales y pueblos afectados ocuparán la Plaza de las Naciones en Ginebra para ser testigos de qué países defenderán los derechos humanos y cuáles protegerán a toda costa a las empresas trasnacionales que los violan”, añadió.

La Unión Europea (UE) se ha opuesto a elaborar un tratado vinculante desde que se presentó una resolución para hacerlo ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y ha señalado públicamente que no participará en el debate. A pesar de que el Parlamento Europeo emitió una declaración de apoyo al proceso del grupo de trabajo intergubernamental para establecer normas vinculantes para las empresas, la UE ha impuesto condiciones que deben cumplirse antes de participar. Esto contrasta con el modo agresivo en que la UE defiende los derechos de las empresas a través de tratados de libre comercio, por ejemplo en las negociaciones de la Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión entre la UE y Estados Unidos. A pesar de ello, muchos países participarán en la reunión histórica que se celebrará del 6 al 10 de julio, entre ellos Suiza y la mayoría de los países de América Latina.

Campañistas de Amigos de la Tierra Internacional que están observando la reunión en Ginebra están a disposición para realizar comentarios sobre los acontecimientos de la reunión de las Naciones Unidas. Una delegación de representantes de Australia, Bélgica, Brasil, Colombia, El Salvador, España, Francia, Holanda, Indonesia, Nigeria, Suiza y Uruguay participarán en la semana de movilizaciones en Ginebra, organizada por la Campaña Mundial para Desmantelar el Poder de las Empresas. [3]

El miércoles 8 de julio de 13 a 15 horas, Amigos de la Tierra Internacional organizará un evento paralelo denominado “Delitos ambientales y violaciones sistémicas de los derechos humanos cometidos por las empresas trasnacionales” en la Sala IX del Palais des Nations en Ginebra.

NOTAS

[1] http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/WGTransCorp/Pages/IGWGOnTNC.aspx

 

Durante el 26° período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas celebrado en junio de 2014 se creó un grupo de trabajo intergubernamental sobre el establecimiento de un instrumento jurídicamente vinculante sobre las empresas trasnacionales y otras empresas con respecto a los derechos humanos. El grupo tiene el mandato de elaborar “un instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre las empresas transnacionales y otras empresas con respecto a los derechos humanos” (res 26/9).

 

[2] Para más información: http://www.treatymovement.com/statement

[3] Para más información: http://www.stopcorporateimpunity.org/?p=6699

Las diez amenazas del pacto secreto TiSA al sistema financiero mundial

La última filtración de Wikileaks sobre el Acuerdo de Comercio de Servicios que 51 países están negociando en absoluto secreto, y cuyo contenido pretenden mantener oculto incluso cuando ya esté en vigor, demuestra que si sus cláusulas se ponen en práctica la economía internacional afrontará un claro e inminente peligro de sufrir un colapso global incluso más profundo que la Gran Recesión de la que aún no hemos salido

Ya no cabe duda de que el acuerdo secreto TiSA entre medio centenar de países (incluidos varios paraísos fiscales) pretende volver a la situación de casino bursátil neoliberal que provocó en 2007 la Gran Recesión global que aún estamos pagando. Pero hasta que Wikileaks no ha revelado el contenido de las actas top-secret de las negociaciones sobre ese pacto internacional, no se ha podido saber que sus cláusulas, en beneficio de las grandes corporaciones, suponen un verdadero peligro de que el sistema financiero internacional vuelva a colapsarse.

El observatorio ciudadano sobre la globalización del comercio internacional Public Citizen Global Trade Watch, con sede en Washington, DC, ha analizado exhaustivamente tanto el texto central de ese Trade in Services Agreement (TiSA) como la última versión de su Anexo sobre Servicios Financieros –a 15 de abril pasado– y ha identificado las diez grandes amenazas que presenta para el sistema de regulaciones financieras que los gobiernos y organismos internacionales han levantado para impedir otro crash como el que hundió a Lehman Brothers y generó la crisis de la que aún no hemos salido.

El pasado 3 de junio, Público reveló la existencia y gran parte de los anexos de esta verdadera alianza neoliberal planetaria: un acuerdo todavía más antidemocrático y neoliberal que el transatlántico TTIP y que se pretende que siga clasificado, oculto al conocimiento público, durante otros cinco años cuando ya haya entrado en vigor y esté condicionando el 68,2% del comercio mundial de servicios.

Ahora, Público facilita a sus lectores el contenido del Core Text del TiSA, es decir el cuerpo central de ese pacto internacional secreto, en colaboración con los otros doce medios asociados con Wikileaks en esta exclusiva mundial: The Saturday Paper (Australia), Libération (Francia), Mediapart (Francia), Süddeutsche Zeitung (Alemania), Ethnos (Grecia), Kjarninn (Islandia), L’Espresso (Italia), La Jornada (México), Dagens Næringsliv (Noruega), Punto24 (Turquía), OWINFS (Estados Unidos) y Brecha (Uruguay).

Pero más todavía: los gobiernos quedarán atados por las cláusulas del TiSA en cuanto a los productos financieros ¡que todavía no han sido inventados! (Artículo X.9 del Anexo) y con respecto a bancos extranjeros que todavía no han comenzado a operar dentro de sus territorios respectivos.

Además, según el análisis de Public Citizen, el TiSA expandirá las misma reglas de liberalización financiera que se impusieron por consejo de los grandes bancos antes de la crisis, obligando a las legislaciones estatales a adecuarse de nuevo al ahora desacreditado y rechazado modelo de extrema desregulación que condujo a la recesión global. Cualquier gobierno firmante del TiSA que no modifique sus directivas financieras para cumplir las cláusulas secretas del acuerdo se arriesga a ser sometido a sanciones comerciales indefinidas, autorizadas por un tribunal de arbitraje extrajudicial, hasta que vuelva a la senda de la desregulación.

En concreto, éstas son las diez mayores amenazas que presenta el TiSA, según el investigador Ben Beachy de Public Citizen:

1. Restringir las medidas equitativas para limitar riesgos financieros

Las reglas de «total acceso al mercado» que impone el TiSA entran en conflicto con todas las regulaciones financieras de sentido común que se aplican equitativamente a empresas nacionales y extranjeras. Una de esas reglas expone a los gobiernos a demandas de las corporaciones ante tribunales de arbitraje extrajudiciales meramente por limitar los arriesgadísimos derivados que precisamente generaron la anterior crisis global.

2. Permitir la exportación de datos sensibles de los consumidores

Pese a la creciente preocupación de los gobiernos por la sustracción y el mal empleo de datos privados, así como los escándalos del espionaje político e industrial de las comunicaciones por parte de la NSA estadounidense, el TiSA permitirá a las corporaciones financieras exportar todos los datos personales de los consumidores a través de las fronteras, pudiendo ubicarlos en paraísos fiscales para evadir las inspecciones fiscales o situarlos en países donde no se respeta la confidencialidad ni la protección de datos.

Estas cláusulas del TiSA están, además, en contradicción y violación de las actuales leyes de protección de datos en vigor en la Unión Europea y en muchos otros de los países firmantes del acuerdo.

3. Obligar a los gobiernos a predecir todas sus futuras regulaciones

El TiSA incluso prohíbe las reglamentaciones equitativas si «inadvertidamente modifican las condiciones de competencia» en detrimento de los intereses de las grandes multinacionales, e impone a los gobiernos la obligación casi imposible de cumplir de anticipar todas las posibles regulaciones financieras –incluidas las que regularían servicios o productos todavía no inventados– que pudieran afectar de alguna manera en el futuro a las corporaciones extranjeras.

4. Prohibir indefinidamente toda nueva regulación financiera

Los gobiernos firmantes se comprometen a no aplicar nuevas medidas de política financiera que de alguna manera limiten la desregulación absoluta establecida por el TiSA. Todas las excepciones contempladas en el acuerdo afectan exclusivamente a lo que ya está en vigor, de forma que se crea un efecto llamado de «trinquete» (ratchet, en inglés) por el que ya no se puede dar marcha atrás a la liberalización de productos financieros. Así se impone una escalada de las políticas neoliberales en todos los aspectos de los mercados financieros.

5. Prohibir los controles de capital usados para mitigar la crisis

Tras el crash de 2008 surgió un consenso internacional entre los economistas de que para mitigar la crisis son necesarios los controles de capital –regulaciones para limitar los flujos masivos de dinero especulativo caliente hacia o desde un país– que impidan la especulación desorbitada. Hasta el FMI, que en los años 90 instaba a todos los gobiernos a eliminar los controles de capital, reconoció en 2012 que la Recesión Global había demostrado que son necesarios para evitar las crisis financieras mundiales.

6. Exigir la aceptación de productos financieros aún no inventados

Los firmantes del TiSA sólo podrán limitar la creación de nuevos y complejos productos financieros –del estilo de los CDS o CDO cuya desregulación hasta 2008 hizo estallar la crisis en EEUU– si demuestran previamente su peligrosidad, algo prácticamente imposible. Todos esos inventos financieros, desarrollados para maximizar y acelerar los beneficios especulativos, sólo demuestran ser tóxicos cuando ya han estado operando sin control y han generado graves pérdidas públicas y privadas.

7. Permitir todas las reglas financieras vigentes en otros países

El TiSA pretende que las compañías financieras internacionales estén exentas de cumplir las normativas de un país en el que entren a operar si sus actividades están permitidas en su país de origen (por ejemplo, EEUU), un proceso conocido como «recognition«. De esta manera, los gobiernos renuncian a regular las finanzas y aceptan externalizar la responsabilidad de garantizar la estabilidad financiera de sus propios mercados.  Al mismo tiempo, el TiSA ni siquiera prevé una armonización de los estándares financieros de los diferentes países, de forma que los firmantes pueden verse obligados a aceptar prácticas financieras vigentes en paraísos fiscales que también participan de este acuerdo.

8. Permitir que las empresas paralicen la aplicación de regulaciones

Una de la cláusulas propuestas en el Anexo de Servicios Financieros del TiSA prevé que los gobiernos tengan que publicar de antemano todos los borradores de las normativas o reglamentos, obligándolos a aceptar un debate legal previo a su entrada en vigor con el que las grandes corporaciones multinacionales podrán desplegar su poderío de lobbies y gabinetes de abogados para paralizar la aplicación de esas regulaciones hasta que estén preparadas para burlarlas o hayan desarrollado nuevos métodos de hacerlas ineficaces.

9. Prohibir preferencias públicas nacionales para los contribuyentes

Los gobiernos firmantes del TiSA no podrán establecer preferencias de instituciones bancarias o compañías de sus propios países ni siquiera cuando se trata de garantizar los fondos de pensiones o de estabilidad de sus contribuyentes, para asegurar su disponibilidad y rentabilidad. El TiSA obliga a aceptar la competencia de los bancos de otros países, en los que los reglamentos de capitalización pueden ser mucho más laxos y, por tanto, carecer de las salvaguardas vigentes en el Estado afectado.

10. Dejar a los gobiernos sin defensa legal para sus regulaciones

El lenguaje adoptado por el TiSA en cuanto a las «medidas prudenciales» adoptadas por los gobiernos para proteger la estabilidad financiera de sus mercados reproduce casi palabra por palabra el empleado en el acuerdo GATS, a pesar de que los juristas llevan años denunciando que deja a las administraciones públicas sin herramientas legales para defender sus regulaciones. Además, el TiSA incluye una cláusula que impedirá a los firmantes tomar medidas prudenciales que contradigan el contenido de ese acuerdo secreto, dejando a los gobiernos inermes frente a los desafíos legales de las multinacionales.

En definitiva, de lo que se trata es de que los Estados queden desarmados e impotentes frente al poder omnímodo de las compañías financieras internacionales… a pesar del tremendo peligro de que eso provoque una crisis global todavía peor que la que estamos padeciendo.

El TiSA obligará a los Estados a hacer leyes que cumplan sus pactos secretos

Alerta: hostigamiento de hidroeléctrica a defensora de derechos humanos en Puebla

Por medio de la presente, las comunidades, luchas y organizaciones que formamos parte de la RED MEXICANA DE AFECTADOS POR LA MINERÍA (REMA), queremos hacerle saber que:

Primero.- Que estamos enterados del clima de hostigamiento que ha venido generando la empresa Deselec-Comexhidro en la Sierra Norte de Puebla después de que el pasado 14 de junio, constituidas en Asamblea, las comunidades de San Felipe Tepatlán rechazaran el Proyecto Hidroeléctrico Puebla 1 sobre las aguas del Rio Ajajalpan.

Segundo.- Que Silvia Villaseñor, defensora de derechos humanos, promotora de educación popular y desarrollo comunitario en Puebla, así como el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario “IMDEC” son parte de la RED MEXICANA DE AFECTADOS POR LA MINERÍA (REMA) y que todos quienes somos la REMA nos tomamos seriamente la seguridad y el prestigio de nuestros compañeros y nuestras organizaciones.

En este sentido, desde la REMA hacemos un fuerte llamado al gobierno del Estado de Puebla para que, en el ejercicio de sus facultades, haga valer el estado de derecho y garantice, al mismo tiempo, el derecho a la autodeterminación de los pueblos de la Sierra Norte y la seguridad e integridad física de quienes acompañanan estos procesos populares de toma de decisiones, particularmente la de nuestra compañera Silvia Villaseñor.

RED MEXICANA DE AFECTADOS POR LA MINERÍA (REMA)
¡BASTA DE IMPUNIDAD!
¡FUERA COMEXHIDRO DE LA SIERRA NORTE DE PUEBLA!

 

PRONUNCIAMIENTO IMDEC

Alertamos clima de hostigamiento generado por la empresa Comexhidro en la Sierra Norte de Puebla por el Proyecto Hidroeléctrico Puebla 1    

El Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC, A.C.), expresa su preocupación en relación a los hechos que vienen ocurriendo en la Sierra Norte de Puebla, después de que las comunidades de San Felipe Tepatlán, rechazaran en Asamblea Comunitaria, el pasado 14 de junio, la hidroeléctrica Puebla 1 sobre el río Ajajalpan, que pretende imponer la empresa Deselec Comexhidro.

Después de esta importante acción por partes las comunidades, la empresa a los 8 días siguientes, organizó una marcha y una reunión con la finalidad de crear confrontaciones entre las comunidades e iniciar una campaña de hostigamiento y desprestigio en contra de las organizaciones de derechos humanos que acompañan a las a comunidades en la sierra Norte de Puebla.

En este tenor el medio electrónico e-consulta publicó la siguiente nota de prensa que contiene información imprecisa, errónea y sin fundamentos que suponemos fue pagada por la empresa Comexhidro, debido a que entre otras cosas carece de firma. En la nota se menciona de manera irresponsable y con información inexacta a nuestra compañera Silvia Villaseñor, integrante del IMDEC, defensora de derechos humanos, promotora de educación popular y desarrollo comunitario en Puebla, labor que nuestra institución viene desarrollando desde hace 6 años en ese estado del país. En este mismo sentido también la nota menciona a la organización Fundar y al Consejo TiyatTalli del que como IMDEC formamos parte.

Consideramos que esta nota es parte de la campaña de hostigamiento, desprestigio y confrontación que la empresa viene realizando en la región, rechazamos su contenido y expresamos nuestra profunda preocupación en relación a las confrontaciones intercomunitarias que puedan suscitarse y pongan en riesgo la seguridad e integridad de las comunidades y desde luego la de nuestra compañera Silvia Villaseñor.

Rechazamos el proceso de supuesta consulta indígena que la empresas argumenta se está llevando acabo ya en las comunidades.

Conocemos los patrones de actuación de la empresa Comexhidro por testimonios de otras comunidades en donde la empresa ha tenido presencia, como el caso del proyecto Hidroeléctrico Veracruz y la Presa Cerro De Oro de Oaxaca. En ambos casos, la empresa intento cooptar y convencer a las autoridades municipales a través de la entrega de dinero, falsas promesas y amenazas generando conflictos comunitarios y un clima de criminalización y desprestigio a las organizaciones y defensores de los derechos humanos que asesoran a las comunidades. Mismos mecanismos que alertamos están impulsando en la Sierra Norte de Puebla.

Por todo lo anterior:

1.    Hacemos un llamado a las organizaciones nacionales e internacionales a estar atentos y vigilantes de la seguridad de las comunidades que de manera pacífica están ejerciendo su derecho a la autodeterminación y a respaldar el trabajo que como organizaciones de derechos humanos llevamos a cabo en la región.

2.    Hacemos responsable a la empresa Comexhidro, al Gobernador de Puebla Rafael Moreno Valle y al Presidente Enrique Peña Nieto de la integridad física y psicológica de nuestra compañera Silvia Villaseñor, de la población de las comunidades totonacas que se opone a la construcción de la hidroeléctrica Puebla 1 y de las organizaciones que se solidarizan con la lucha de las comunidades en defensa del territorio.

Instituto Mexicano Para el Desarrollo Comunitario, A.C. (IMDEC)

2015: El clima bajo la lupa de los pueblos

Lo que pide el pueblo

Solo una transformación sistémica de nuestras sociedades, economías y nuestro mundo será suficiente para resolver la crisis climática y reducir las crecientes desigualdades.

La urgencia por mantener este límite en la temperatura no solo es necesaria para el planeta y el medio ambiente. Se trata de la gente, y nuestra capacidad como humanidad de asegurar un futuro seguro y digno para cada uno de nosotros y nosotras.

las demandas de las comunidades del mundo más vulnerables a los impactos del cambio climático y que no han tenido mayor rol en esta situación, son cruciales si queremos una sociedad más justa y sostenible.

 

Estas demandas incluyen, pero no se limitan a:

Transformación energética sostenible

sostenible – redirigir el financiamiento de “energías sucias” a energías renovables limpias, asequibles, seguras y confiables, a fin de apoyar las soluciones comunitarias, incluyendo sistemas comunitarios y descentralizados de energías renovables, prohibir nuevos proyectos de energías sucias, asegurar el acceso a energías renovables limpias, asequibles, seguras y confiables, reducir el consumo energético especialmente el de las élites, y asegurar que la reducción de la pobreza y la justicia sean priorizado a lo largo de esta transformación;

El derecho a la alimentación y al agua

– asegurar el acceso de las poblaciones al agua y tierras a fin de tener una producción alimentaria que sea resiliente al clima, la suspensión del acaparamiento de tierras, y la continua conversión de tierras agrícolas a vocación alimentaria hacia otros productos como los biocombustibles que son falsamente presentados como soluciones a la crisis climática, y el apoyo a la agroecología sostenible y sistemas de producción alimentaria resilientes al clima;

Justicia para las poblaciones impactadas

– asegurar y construir resiliencia de las poblaciones impactadas, incluyendo indemnizaciones para las poblaciones más pobres y marginales del mundo, que no tienen responsabilidad en las causas del cambio climático, pero cuyas vidas y medios de vida están siendo seriamente afectados por el mismo, apoyar una transición justa de los trabajadores hacia una nueva economía ambientalmente sostenible y socialmente inclusiva, y el apoyo a aquellas poblaciones y comunidades que pongan en marcha soluciones de adaptación y rehabilitación.

2015: El clima bajo la lupa de los pueblos

Cuando comparamos lo que se está discutiendo con las demandas de la gente mencionadas más arriba y los imperativos de la ciencia, la Cumbre de París parece estar muy lejos de lo que realmente necesita la gente y el planeta.
Sin embargo, el equilibrio de fuerzas puede y va a cambiar, porque los pueblos del mundo están dispuestos a luchar para proteger sus hogares, su derecho a la energía, su derecho a la alimentación, y su derecho a un trabajo decente.

LEER MÁS EN LA WEB:
http://peoplestestonclimate.org/es/

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El 1% de mexicanos concentra casi la mitad de la riqueza: Oxfam

Revista PROCESO

En México, uno de los países más desiguales del mundo y de los que menos recauda impuestos a los millonarios, el 1% de los más ricos –alrededor de 120 mil personas– acapara 43% de todas las riquezas de la 14ª economía del globo y sus 53.3 millones de pobres, según un informe que publicó hoy la organización Oxfam, al lanzar una campaña contra la desigualdad.

Según el economista Gerardo Esquivel, quien redactó el informe, si bien entre 2005 y 2014 la economía mexicana se estancó en mediocres niveles de crecimiento, la suma de las fortunas de los cuatro multimillonarios más ricos de México, por su parte, se disparó a un ritmo de 5% anual.

 

Así, en 2002 las fortunas del magnate de telecomunicaciones Carlos Slim, de los empresarios mineros Germán Larrea y Arturo Bailleres y del dueño de TV Azteca y Banco Azteca, Ricardo Salinas Pliego, representaban el equivalente de 2% del PIB nacional. Dos años después, en 2014 incrementaron de manera vertiginosa para alcanzar 9% del PIB.

Con el puro rendimiento anual de sus fortunas, es decir, el dinero que se genera cada año a partir de la fortuna ya existente, los cuatro magnates podrían contratar hasta 3 millones de personas remuneradas con un salario mínimo.

De acuerdo con el autor del informe, el economista Gerardo Esquivel, el 10% más adinerado concentra 64.4% de las riquezas totales del país, una cifra en incremento de casi 8 puntos desde 1992.

En entrevista con Apro, señaló que 10% de la población más rica de México está conformada por burócratas u oficinistas bien remunerados, entre otros, quienes tienen un ingreso por persona de 20 mil pesos mensuales en promedio –entre 15 mil y 40 mil pesos– y suelen considerarse como “clase media”.

Esta nueva cifra rompe con las estimaciones oficiales proporcionadas en la encuesta de hogares del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), según la cual el primer decil “sólo” concentraba 43% de las riquezas en 2012.

Pero Esquivel aseveró que la encuesta de hogares del INEGI tiene fallas metodológicas, ya que los encuestadores nunca entrevistan a la pequeña elite económica del país, ni se acercan a los lugares exclusivos donde viven los magnates. En cambio, el economista realizó estimaciones a partir de varios factores pero deploró que los datos fiscales estén protegidos en México.

A diferencia de los ingresos, los cuales son flujos de dinero que transitan entre las personas, las riquezas de un país representan la suma del valor de todos los activos de la economía, precisó Esquivel.

Amos de la política

Así, según Oxfam, la dinámica de la desigualdad en el país se encuentra en un círculo vicioso, ya que los más ricos del país, al concentrar riqueza y poder, fomentan políticas públicas y fiscales que les benefician y, a su vez, agravan la desigualdad.

Según Esquivel, no es casualidad que los sectores de telecomunicaciones, minería y televisivo, de los que estos magnates sacan beneficios millonarios cada año, sean “sectores privatizados, concesionados y/o regulados por el sector público”, subrayó el informe.

Y precisó: “En su calidad de empresarios multimillonarios (…) es de su total interés el intervenir tanto como puedan en los instrumentos u organismos que se encargan de la regulación, supervisión y vigilancia; es decir, de capturar políticamente al Estado mexicano”.

De hecho, Esquivel recordó que al imponer precios muy elevadas a sus clientes, Telmex, y posteriormente América Móvil, costaron a los mexicanos 129 mil millones de dólares entre 2005 y 2009, lo que representa 1.8% del PIB por año.

También resaltó que el sector minero se beneficia de privilegios fiscales por lo que la frenética extracción de recursos naturales de la nación “ha beneficiado sólo a unos cuantos”.

Pero los multimillonarios no son los únicos en verse beneficiados por las políticas del gobierno. Las propias políticas fiscales de México suelen alimentar la desigualdad, ya que el sistema tributario saca la mayor parte de sus ingresos –54%– a partir del impuesto sobre los bienes y servicios que consumen todos los ciudadanos.

En cambio, el sistema protege a los más adinerados, al recaudar sólo 32% de la tasa marginal del Impuesto Sobre la Renta (ISR), el 30% a los dividendos de las empresas –sin recaudar nada a los dividendos que reciben los directivos de las mismas–, e incluso permite múltiples formas de evadir el impuesto a quienes ingresan dinero a través de su capital.

De acuerdo con Jesús Cantú, director de Oxfam en México y articulista de Proceso, el sistema de redistribución en México está fallido, ya que sólo se redistribuye 1.1% de los ingresos.

También estimó que la política social del país, por su parte, no funciona, ya que “es como la ambulancia que va por los heridos de la pobreza, lo único que hacemos es mitigarla pero perpetuándola”.

Además, el sistema tributario otorga deducciones sobre ciertos gastos específicos de los ciudadanos. Pero de nuevo, los más beneficiados resultan pertenecer al 10% más adinerado de la población.

El Estado mexicano deduce de los impuestos el precio de las colegiaturas que pagan los padres para enviar sus hijos a escuelas privadas, así como el transporte escolar; también deduce los intereses de los créditos hipotecarios o los honorarios médicos. Todos estos servicios los utiliza en más de 88% el decil más rico de México.

En cambio, el informe subrayó que “48% de las escuelas públicas carece de acceso a drenaje, 31% carecen de acceso a agua potable, 12.8% no cuenta con baños o sanitario, 11.2% no tienen acceso a energía eléctrica; en 61.2% de ellas los alumnos no cuentan con acceso a un equipo de cómputo que sirva, y 80% de los estudiantes no tiene Internet”.

Y señaló: “El que las personas de mayores ingresos obtengan deducciones fiscales por enviar a sus hijos a escuelas privadas y que al mismo tiempo las escuelas públicas carezcan de lo más elemental, no es más que un reflejo de la captura del diseño de políticas públicas por parte de una minoría en perjuicio de la gran mayoría de la población”.

El mismo mercado financiero y bancario favorece la reproducción del capital en las manos de unos cuantos privilegiados, ya que los más pobres, a diferencia de los ricos, no tienen acceso al crédito.

La política monetaria, basada en la contención de la inflación, llevó a la congelación del salario mínimo desde 1996, lo cual a su vez disparó la desigualdad ya que, al equivaler a una cuarta parte de lo que era hace 30 años, se convirtió en un salario de pobreza –“ni cerca de ser suficiente para adquirir una canasta básica”–, a beneficio del empleador.

De acuerdo con el informe, un trabajador con un salario mínimo está considerado como “pobre” en México, y si además tiene que mantener a uno o más familiares, se convierte en persona en pobreza extrema. Sin embargo, la Constitución mexicana estipula que un salario mínimo debe garantizar un nivel de vida digno.

“Auténtico Estado social”

Desde hace unos años, los organismos internacionales más ortodoxos en materia de promoción del neoliberalismo, como el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) o el Banco Mundial iniciaron un cambio de paradigma al observar que el crecimiento económico, al beneficiar a los más ricos, no “chorreaba” de manera mecánica hacia los más pobres.

Cantú destacó que las reformas estructurales que emprendió la administración de Enrique Peña Nieto partieron de esta misma base teórica equivocada, según la cual cuando existe crecimiento económico, éste termina repartiéndose en toda la sociedad.

En cambio, y a raíz de nuevos estudios como los del recién nombrado premio Nobel de Economía, Tomás Piketty, estas instituciones aceptaron que las desigualdades y la mala redistribución de las riquezas conllevaban nefastas consecuencias sobre la propia economía y el crecimiento.

De acuerdo con la OCDE, el aumento de las desigualdades en México entre 1985 y 2005 redujo el crecimiento en un monto acumulado de 10%.

Es más: el incremento del PIB en México no ha reducido las tasas de pobreza desde hace 20 años. Pero como la población aumentó, la cifra de pobres creció en paralelo para alcanzar en la actualidad a 53.3 millones de mexicanos.

“El cambio de paradigma se está haciendo en muchas partes del mundo, pero en el caso de México creo que no. Para nada”, deploró Esquivel.

Para luchar de manera eficaz contra la desigualdad, Oxfam urgió a la creación de un “auténtico Estado social”, el cual superaría al Estado de bienestar, ya que basaría su política en garantizar los derechos de los ciudadanos.

Asimismo, planteó la necesidad de implementar una política fiscal más progresiva, la cual adaptaría las tasas de recaudación según la riqueza de los tributarios, pero también de transparentar y dirigir mejor el gasto público, así como luchar de manera efectiva contra la corrupción, a través por ejemplo de la obligación de todos los servidores públicos a hacer públicas sus declaraciones patrimoniales.

Oxfam publicó una petición en línea, que presentará en septiembre a la nueva legislatura, con la intención de revertir la desigualdad a través de la iniciativa ciudadana.

“No hay otra vía que la exigencia ciudadana”, asumió Cantú, al subrayar que mediante este método, “hemos podido avanzar en la construcción de un país menos autoritario”.

En El Salvador: se exige una ley que prohíba definitivamente la minería

SE REÚNEN EN EL SALVADOR ACTIVISTAS DEL MOVIMIENTO MESOAMERICANO CONTRA EL MODELO EXTRACTIVO MINERO M4

Con el propósito de analizar la situación de la minería en Meso-América, activistas de grupos ambientales, sociales y de derechos humanos de México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Panamá y Canadá, se reunieron del 27 al 29 de junio en el local de CESTA Ecocentro Animas ubicado en Santa Cruz Michapa, Cuscatlán.

El encuentro permitió compartir estrategias de lucha contra las empresas mineras de la región que se han empecinado en extraer metales, en particular oro y plata sin importares las violaciones a los derechos humanos de los habitantes locales ni los daños a la salud y al ambiente, como es la contaminación del agua, aire y suelo. En el evento se hizo una evaluación del trabajo realizado en los dos últimos años por los grupos del Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero M4 y se elaboró una nueva estrategia regional que servirá para el periodo 2016-2019.

Uno de los temas que más ha generado discusión a nivel internacional, por la voracidad económica de la empresa minera, es el caso de la demanda presentada por la empresa canadiense Pacific Rim, ahora comprada por Oceana Gold de Australia, contra el gobierno salvadoreño, exigiendo el pago de US$301 millones por supuestas ganancias que ha dejado de percibir, ya que el gobierno salvadoreño no le ha concedido el permiso de explotación del oro en Cabañas.

La empresa Pacific Rim tenía el permiso para realizar la exploración del oro y plata en Cabañas, pero no tenía el permiso para la explotación de los metales y la empresa alega que si tenía un permiso significa que debería tener el otro, pero eso es contrario a lo que establece la ley salvadoreña. A pesar de esto la empresa Pacific Rim presentó la demanda en el tribunal del CIADI del Banco Mundial y se está esperando la resolución en el futuro cercano. Es importante mencionar que el CIADI es un organismo formado por personas vinculadas a las corporaciones transnacionales, por lo que en sus resoluciones buscan favorecer a las empresas y no toman en consideración ningún impacto de carácter social o ambiental.

La empresa minera Oceana Gold ha incrementado su presencia en los últimos meses en Cabañas, de hecho ha establecido una fundación que realiza una serie de actividades para ganarse la voluntad de las personas, una de las instancias preferidas por la minera son los centros educativos donde suministran una serie de artículos escolares para generarse una buena imagen con maestros y estudiantes. Estos maquillajes empresariales han sido denunciados repetidamente por el Comité Ambiental de Cabañas CAC, Amigos de San Isidro Cabañas ASIC y CESTA Amigos de la Tierra.

En El Salvador innumerables organizaciones sociales, ambientales y religiosas han hecho el llamado a la formulación de una ley que prohíba definitivamente la minería metálica en el país, de hecho hay propuestas que llevan más de 10 años en la Asamblea Legislativa, pero los diputados y diputadas de los partidos de derecha como ARENA, se niegan a aprobarla, a pesar del generalizado rechazo de la población a los proyectos mineros. Estas y otras realidades fueron discutidas profundamente en la reunión del M4 en El Salvador para establecer estrategias para revertir este proceso.

En el 2013 en una reunión en San Isidro Cabañas con el entonces candidato a la Presidencia, Profesor Salvador Sánchez Cerén y que contó con más de 2500 miembros de las diferentes organizaciones del Movimiento de Víctimas, Afectados y Afectadas por el Cambio Climático y las Corporaciones MOVIAC, el ahora Presidente manifestó que no permitiría la minería metálica durante su administración y hasta ahora la promesa se ha cumplido pero se necesita una ley que pueda garantizar la prohibición en futuros gobiernos.

En el último día de presencia de las organizaciones del M4 en el país, el lunes 29, los delegados se desplazaron a San Isidro Cabañas para conmemorar el sexto aniversario del asesinato de Marcelo Rivera, que fue un anterior Presidente de ASIC y activista contra la minería. El evento tuvo lugar en la plaza pública de dicho municipio donde se expondrán los graves impactos que ocasiona la minería en los territorios.

Movimiento M4

Movilización por un Tratado sobre las transnacionales en las Naciones Unidas

Entre el 6 y el 10 de julio de 2015 el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CDH) inicia un proceso histórico que tiene el potencial de abrir el camino hacia el acceso a la justicia para las comunidades afectadas por las violaciones de los Derechos Humanos cometidas por las empresas transnacionales (ETNs) en todo el planeta. Este proceso podría también contribuir en revertir las fuerzas que en los últimos 40 años de globalización neoliberal han favorecido de forma creciente los intereses privados frente a la soberanía de los pueblos.

 

¡Súmate a la Movilización Popular por un Tratado de las Naciones Unidas sobre las transnacionales, dentro y fuera del CDH!

 

 

Nunca antes había sido tan urgente la necesidad de controlar a las empresas transnacionales. En todo el planeta, el avance de las ETNs sobre los bienes comunes y los territorios mediante un acaparamiento global de los recursos se basa en la violación de los Derechos Humanos y la certeza de la impunidad inherente a las operaciones comerciales. Más aún, procesos como la captura corporativa del interés público son visibles dentro de las Naciones Unidas – donde las trasnacionales han infiltrado las negociaciones sobre el cambio climático y muchos otros proceso – así como en diversas negociaciones sobre los tratados bilaterales de libre comercio y protección de las inversiones, tales como el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones (TTIP), el Tratado de Comercio Transpacífico (TTP) y el Acuerdo sobre el Comercio de Servicios (TISA), todos ellos planificados para consolidar y profundizar el poder de las transnacionales.

 

 

Historia reciente de este proceso

 

En junio de 2014, movimientos sociales y organizaciones de todo el planeta se reunieron en Ginebra para denunciar esta situación, exigiendo acceso a la justicia y presionando para que el CDH estableciera un instrumento legalmente vinculante para las transnacionales en el respeto de los Derechos Humanos. Como resultado de este esfuerzo colectivo y de la presión de más de 600 organizaciones y movimientos sociales, veinte países miembros del CDH representando a 3.800 millones de personas aprobaron la creación de un Grupo de Trabajo Intergubernamental (IGWG por sus siglas en inglés) para iniciar el proceso de negociación que de pie a un Tratado de las Naciones Unidas sobre las transnacionales. La Resolución votada está a punto de cumplir un año. Los Pueblos vienen reivindicando este instrumento vinculante en las Naciones Unidas desde hace décadas. ¡Ha llegado el momento!

 

Quiénes somos

 

La Campaña Global para Desmantelar el Poder de las Transnacionales y poner fin a su Impunidad – una coalición de 190 movimientos sociales, redes y organizaciones de todo el planeta, en coordinación con la Alianza para el Tratado y movimientos sociales de Suiza organizan una semana de actividades en Ginebra para dar visibilidad a la resistencia popular ante las violaciones y crímenes cometidos por las transnacionales a nivel global y a los/as defensore/as de los Derechos Humanos. También se trata de demostrar a los Estados miembros del CDH que existe un amplio apoyo popular internacional para el proceso de constitución del Tratado.

 

Actividades programadas

 

 

La movilización popular coincidirá con la primera reunión del Grupo de Trabajo Intergubernamental que iniciará sus debates y discusiones sobre los contenidos del Tratado. Un año después del voto histórico, los movimientos sociales regresan a Ginebra del 6 al 10 de julio de 2015. Con sus actividades demostrarán a los estados miembro del CDH y al mundo, que sigue viva la presión popular sobre los gobierno en el proceso hacia el Tratado sobre las transnacionales.

 

Las actividades se realizarán tanto al interior de la Sede de las Naciones Unidas, como al exterior. Al interior, se ha planeado la realización de varios “side events” y conferencias de prensa, y un seguimiento de las negociaciones, así como un trabajo de cabildeo a los gobiernos para asegurarnos que escuchen las voces de las comunidades afectadas por las transnacionales.

 

Al exterior, ocuparemos la Plaza de las Naciones Unidas donde se ubica la silla quebrada. Véase el programa de actividades más abajo.

 

Esta movilización popular coincidirá con los movimientos sociales activos contra las negociaciones del TISA que tendrán lugar al mismo tiempo en Ginebra, así como con la llegada del tour de Alternatiba para la Justicia Climática a la ciudad. Todas estas movilizaciones estarán interconectadas.

 

Si tu movimiento/organización quiere ser incluido en la lista que convoca a la Movilización Popular, gracias por escribir a Diana Aguiar y Richard Girard hasta el viernes 19 de junio, a las siguientes direcciones: dianaguiar@gmail.com,richard@polarisinstitute.org

 

Más información: stopcorporateimpunity.org

¿Qué tiene que ver el boicot a Nutella y el ecocidio de Petén?

Si no hay nada más rico que la Nutella, no hay nada más raro que un país serio como Francia le declare la guerra. Pero tienen razón. Es porque utiliza aceite de palma y sus plantaciones son una amenaza al medio ambiente por la deforestación y por la irresponsabilidad de empresas como Repsa, que hace dos meses aceptó que estaba contaminando el río La Pasión, como consta en un documento al que tuvieron acceso Nómada y CMI.

Por Rodrigo Véliz Y Gladys Olmstead
Nomada.gt

(Primera parte de la investigación.)

El ecocidio desde el 6 de junio en el río La Pasión impactó a Guatemala y al mundo. Las imágenes de miles de peces y algunas tortugas muertas no se irán de la memoria colectiva. Y cada vez queda menos espacio para esconder la responsabilidad de la empresa que lo causó.

Repsa lo niega. Una y otra vez. Difunde versiones de que fueron las comunidades o alguna perversa oenegé. O los narcos. El 11 de junio publicó un comunicado en el que dijo que “en 15 años no ha sido responsable de ningún daño a las fuentes acuíferas de la localidad”. Pero es mentira. Los periodistas que escriben este reportaje tuvieron acceso a un documento entregado por Repsa al Ministerio de Ambiente a inicios de mayo, en donde acepta que sus lagunas de oxidación (donde se retiene el agua con pesticidas usada en sus cultivos) se rebalsaron debido a lluvias 38 días antes del gran ecocidio.

En el documento número GAC-0026-2015-gac, Repsa explica que la noche del martes 28 y el miércoles 29 de abril se registraron lluvias más fuertes de lo normal, lo que provocó que los riachuelos que corren en los márgenes de la laguna de oxidación 10 se saturaran, inundándola y ensuciando parte de su caudal. La corriente siguió por el Arroyo San Ignacio, desembocando en el Río La Pasión. Repsa aceptó por escrito que no tuvo capacidad de reacción. En el documento al que tuvieron acceso Nómada y CMIguate.org, Repsa escribió el jueves 30 de abril que tuvo noticias de peces flotando con síntomas de asfixia.

Luego de tomar muestras del río, Repsa las envió a la Facultad de Veterinaria de la Universidad de San Carlos, que el 1 de mayo confirmó, como se publicó en este reportaje de Luis Solano, que el agroquímico utilizado era Malatión, letal para cualquier ecosistema.

Repsa ha negado responsabilidad en los hechos. Y no meten las manos al fuego por ella otras empresas, pero sí lo hacen desde el gobierno del PP o desde el partido Líder.

Consultados sobre el asunto, las cámaras donde está agremiada Repsa prefirieron no opinar. Grepalma dijo a estos periodistas que “cada empresa maneja sus propios controles agroquímicos”, y la Cámara del Agro fue de la misma opinión.

Pero el Estado de Guatemala parece no tener ningún poder sobre Repsa. Las instalaciones de su planta procesadora en Sayaxché fueron allanadas por el Ministerio Público y el juzgado tercero ordenó el cierre temporal de la planta, a lo que Repsa se ha negado porque dice que es inocente.

El Gobierno de Otto Pérez y el partido Líder, de Manuel Baldizón, parecen hacerle hacen caso. Benedicto Lucas, del Consejo de Áreas Protegidas (Conap), y el diputado petenero de Líder, Manuel Barquín, dijeron a la prensa que narcotraficantes del área podían estar entre los implicados, eximiendo de responsabilidad a la empresa.

Aunque la relación entre palmeros y narcos no es tan conflictiva. Una investigación de Plaza Pública en 2012 denunció que le alquilaban propiedades al capo Ottoniel Turcios.

Se pidió la opinión de varios representantes de Repsa sobre estas acusaciones, pero no respondieron. Se les preguntaría no sólo sobre este documento en el que asumieron responsabilidad, sino también sobre sus compradores. Investigaciones académicas han publicado que venden en su mayoría a empresas multinacionales con sede en México y exportan también hacia el puerto europeo de Rotterdam, el más grande de ese continente. Empresas intermediarias a las que les compran fábricas como la de Nutella.

Cómo sigue el río ahora que ya no hay peces muertos (ni vivos)

Con 353 kilómetros de largo (casi la distancia entre Ciudad de Guatemala y Sayaxché) el río La Pasión alberga al menos 14 comunidades en sus orillas. Pequeñas sociedades, con unas 10 mil personas, viven de las aguas de su caudal. O por lo menos lo hacían hasta hace 18 días.

El 6 de junio la vida se trastornó para miles de animales y árboles, pero también para miles de personas en Sayaxché, Champerico, El Pato, Semuy, Flor de Selva, el Colorado. El agua para tomar, para lavar, para bañarse y pescar, ahora es una corriente que despide un olor desagradable y miles de moscas. El río ya no es lo que era antes, aseguran sus habitantes.

La comunidad de El Pato es la primera a la que llegaron estos periodistas en las orillas del río La Pasión. La mitad de la población trabaja para Repsa, con la que colinda. Ellos reciben el agua que viene del río Sebol. Y el caudal se alimenta de diversos riachuelos hacia el río Usumacinta. En medio de la comunidad sale un arroyo conocido como San Ignacio. El mismo que ahora funciona para marcar el antes y el después.

En la primera mitad de la comunidad El Pato, las mujeres bajan al río a lavar, los niños salen a nadar, y la vida es lo que se espera que sea a la orilla de un río. Pero acercarse al arroyo San Ignacio es otra historia. El olor dentro de esta ramificación del río es insoportable. El agua tiene un color oscuro y se puede ver aceite en su superficie. Estos periodistas vieron un pez agonizando el sábado pasado. “Las lagunas de oxidación están cerca de aquí, pero ya no se puede pasar, eso sólo lo puede ver si viene desde adentro”, explica el conductor de la lancha y residente de El Pato.

Los nombres de los comunitarios que hablaron para este reportaje no se publicarán para evitar represalias de la empresa. HAME es el nombre del consorcio de Repsa y de su dueño, Hugo Alberto Molina Espinoza. Mientras se hacía este reportaje, un picop con las siglas HAME fue visto por estos periodistas vigilando a las comunidades y con quiénes hablaban sus vecinos.

Avanzando sobre al río La Pasión, las plantaciones de palma africana son imponentes. Hay kilómetros de kilómetros de kilómetros de palma sembrados a la orilla, y luego una tubería sobresale del agua. “De ahí sacan los desechos”, asegura el guía.

Luego se observa el ferry privado de Repsa. También hay camiones esperando a ser cargados y un depósito de agua. En el que se lee OLMECA. Sí, de los aceites, que se sacan de la palma. A la par, hay grandes pipas industriales de las que sale humo negro. “Ellos siguen trabajando (a pesar de la orden del juzgado). Ya desde hace días que se escuchan las máquinas arrancadas”, dicen algunos vecinos.

Aquí empezó a sentirse el desastre. “Ese día, navegando adentro del río se sentía un olorcito que qué pestilencia. Había un aceitaje sobre el agua, que era toda la shuquedad saliendo del arroyo”, dice un vecino. Pero a esa altura del río en ese primer momento no vieron ni un solo pez muerto. Porque todos los que se murieron ahí fueron arrastrados por la corriente, río abajo.

Fueron a caer a la comunidad de Champerico. Sus vecinos recuerdan que trabajadores de Repsa dieron la alarma. “Ellos nos llamaron y nos dijeron que se estaban muriendo los peces, que bajáramos a la orilla a ver. Cuando llegamos aquí se venían a morir algunos y otros saltaban afuera del agua, como buscando vida, pedían auxilio”, asegura el alcalde auxiliar de Champerico, Domingo Chop.

En este poblado, el agua sí quedó totalmente restringida. Por lo que representantes de la comunidad decidieron hablar con Repsa y solicitar agua y una pileta para poder tener una reserva. La empresa aceptó, a cambio de que se le eximiera de responsabilidad por escrito, en un documento firmado el 15 de junio. “Las autoridades no nos escuchan y nuestra gente está pasando penas. Si la palmera me escucha y me responde, yo voy pedirle cosas a la palmera”, explica un comunitario.

Estas alianzas de algunas comunidades con Repsa dividió a los vecinos del municipio de Sayaxché. En un documento al que tuvo acceso Nómada, la mayoría pidió a la alcaldía de Sayaxché que anulara ese acuerdo del 15 de junio, exigiera a Repsa que se comprometiera a a cumplir con sus compromisos con las comunidades y dejara sin efecto el documento firmado por algunos Consejos Comunitarios de Desarrollo (Cocodes).

Entre los grupos que aceptaron una alianza con la empresa palmera, se encuentra también la Cooperativa de Pescadores de Sayaxché. El presidente, Evaristo Calvenate, explica sus razones. Los pescadores no tienen otros trabajos. Su vida la dedicaron a la pesca, y ahora se quedaron con equipo y deudas. “Yo lo que pedí fueron entre Q20 mil y Q30 mil para cada pescador. Pero no es para que paguen sus deudas, sino para que puedan empezar otro proyecto que pueden ser: gallinas ponedoras, tener alguna cosecha, cuidar ganado o seguir con la pesca en otros ríos”, dice Calvenate.

El ecocidio podría ser más grave y permanente

La magnitud de este desastre ecológico es imposible de medir. Sus efectos no se limitan a la mortandad de los peces. Los químicos que el río lleva en sus aguas podrían afectar a todas las especies alrededor de la cuenca (incluída la especie humana). Raúl Maas, del Instituto de Agricultura, Recursos Naturales y Ambiente (IARNA) de la Universidad Rafael Landívar, considera que “cayó una sustancia con una demanda de oxígeno muy grande, lo que dejó a los peces sin la capacidad de respirar, por lo que murieron de asfixia”.

Maas asegura que los animales que murieron son los que cuentan con respiración acuática. Y es por esta razón que se encontraron muy pocas tortugas muertas y ni un solo cocodrilo. “Lo importante en este caso es conocer el cóctel biocida que fue vertido en el agua. Me refiero a una sustancia que seguramente está compuesta por diversos químicos y es la causante de la contaminación”.

El investigador asegura que no es posible calcular el tiempo para que este problema se resuelva y que la biodiversidad regrese a ser lo que era. Y explica que “habían peces en peligro de extinción, especies consideradas endémicas como el pez blanco y la pigua”. El daño que se le ocasionó al río es prácticamente irrecuperable: un ecocidio.

Los trabajadores defienden a Repsa

En este panorama, sólo los trabajadores de Repsa la defienden. Uno de ellos dice que trabaja en una oficina allí. Con un horario de 12 horas diarias. “De 12 a 12”. Con salario mínimo de Q2,500. “Pero con las horas extra podemos llegar hasta a Q6,200”, asegura el empleado.

–¿Qué pasaría si Repsa no asume su responsabilidad una vez declarada culpable? ¿Buscarían justicia para su comunidad?
– Yo no sé qué haríamos, porque nosotros ¿de qué vamos a vivir? Millones de personas se quedarían sin trabajo, y eso no le conviene a nadie, ¿o sí?

(La palma africana, de hecho, es la agroindustria que menos mano de obra usa en el país.)

–Pero el agua contaminada tampoco le conviene a nadie, ¿buscarán presionar desde adentro?
– Es nuestra comunidad. Pero toda la gente ya vendió sus terrenos a la perforadora. Si ellos se van o cierran, nosotros de qué vamos a vivir.

Una perforadora de palma que produce 80 toneladas por hora, 960 cada 12 horas, 1,980 toneladas por día en una de las dos fábricas que tiene en la región. Ha dicho a sus empleados que podría cerrar. Ellos defienden su trabajo y no confían en las personas de afuera.

La no-vida en la cuenca

Los trabajadores son los únicos que la defienden. Los demás vecinos le tienen miedo a la empresa. Tanto que piden que no se publiquen sus nombres como condición para hablar con los periodistas.

La vida en Sayaxché es poca vida. “Los pescadores estamos como caballos desbocados, sin riendas ni rumbo”, dice uno de ellos. Sin la posibilidad de salir a pescar para traer insumos a la casa, no tienen nada qué hacer. Nada. “Si viene cualquier día aquí a la casa, nos va a ver igual, sin hacer nada”.

La esposa de otro pescador dice que de sus cuatro hijos, “tres son profesionales y todos salieron de la pesca; sólo falta la última”. A la que intentará ayudar a estudiar con su negocio de tortillas. “Yo le digo que no se preocupe, aunque de la tortiada la verdad es que no se saca mucho”.

“Es una gran crisis, tenemos el río vedado por los de Conred”, añade otro. La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres cuenta con un equipo en la zona para monitorear el agua e informar a los vecinos.

Y los vecinos la están pasando mal. Otro de Sayaxché había logrado graduar a seis hijos con su trabajo en la pesca. Ahora está sin nada para trabajar. “De brazos cruzados, porque yo pescaba y mi esposa vendía el pescado”. Pero además de la falta de empleo, se le suma una deuda en el banco por Q150,000, de la que tiene ya un mes atrasado. “Hipotecamos la casa porque necesitábamos el dinero para arreglarla, estábamos confiados del trabajo que teníamos”, asegura el pescador, que fue uno de los que Repsa contrató para recolectar los peces muertos. “No se puede decir quintalería sino toneladas de peces eran”.

Conred le dijo a los vecinos que tal vez en cinco años se recupere el ecosistema. Por eso cuando se les pregunta cómo están responden que llorando el río. A un niño de cinco años, con el nombre inventado de Byron, se le preguntó si le gustaba nadar. “Ya no, ahí hay veneno”.

Solidaridad con México: académicos y activistas piden a Abengoa que se retire del polémico proyecto de la presa de El Zapotillo

El gobierno mexicano proyecta construir una presa y trasvasar el caudal del río Verde de la zona ganadera de los Altos del Jalisco al área metropolitana de León. Varios organismos han denunciado la vulneración de derechos humanos que supone el proyecto. Abengoa se hará cargo de la construcción del acueducto y de la gestión del agua durante 25 años. El miércoles 24 de junio académicos y activistas de la defensa de la gestión pública del agua entregarán una carta en la sede de la multinacional pidiendo que se retiren del polémico proyecto.

Asociaciones Vecinales de Madrid

La guerra del agua que la directora española de cine Icíar Bollaín llevó a las pantallas en `También la lluvia’ ha saltado al vecino país de México. El gobierno federal mexicano plantea construir una presa en el río Verde para trasvasar su caudal desde los Altos del Jalisco, un territorio semiestepario en el que, a pesar de la relativa escasez del agua, se produce casi el 25% de la proteína animal de México, al área metropolitana de León, capital del vecino Estado de Guanajuato.

La construcción de la presa no solo supone inundar tres pueblos (Temacapulín, Acasico y Palmarejo), sino amenazar de forma directa el sustento económico de los Altos del Jalisco, en la que miles de familias viven de la ganadería gracias a las aguas subterráneas de unos acuíferos que ya en la actualidad se consideran sobreexplotados para trasvasar las escasas reservas hídricas a una zona urbana por un periodo de 25 años.

El Observatorio Ciudadano del Agua de Jalisco, varias universidades mexicanas, el Observador de la Organización de Naciones Unidas sobre el Derecho a la Alimentación, el Tribunal de los Pueblos y el Tribunal Latinoamericano del Agua han denunciado que el proyecto amenaza los derechos humanos de la población que deberá desplazarse de sus hogares.

Dos multinacionales españolas están en el ojo del huracán: FCC, responsable de la construcción de la presa y Abengoa, responsable a su vez de la construcción del acueducto y de la gestión del agua trasvasada.

No es la primera vez que la empresa Abengoa se involucra en un proyecto social y medioambientalmente conflictivo en América Latina. Ya en 1999 formó parte del consorcio internacional de empresas que impulsaron la privatización del agua en Cochabamba y Bolivia, que dio lugar a la denominada “guerra del agua”.

El miércoles 24 de junio a las 16:30h Juan Guillermo Márquez, presidente del Observatorio Ciudadano del Agua de Jalisco, México; Joan Martínez Alier, catedrático de Economía e Historia Económica de la Universidad Autónoma de Barcelona; Fermín Villarroya, miembro del Observatorio Ciudadano del Agua de Jalisco, México, y profesor de la Universidad Complutense de Madrid; Pedro Arrojo, miembro del Observatorio Ciudadano del Agua de Jalisco, México, y profesor de la Universidad de Zaragoza entregarán una carta a Abengoa firmada por más de 50 profesores y representantes de movimientos sociales defensores de la gestión pública del agua en España en la que piden su retirada de un proyecto que contradice los principios de responsabilidad social y ambiental corporativa que la multinacional dice defender.

Indígenas explican sus preocupaciones frente a mecanismo REDD en Costa Rica

¿Por qué NO?

RadioMundo Real

COECOCEIBA – Amigos de la Tierra Costa Rica está difundiendo un corto audiovisual en el que el indígena Urías Bejarano, representante del territorio ngobe de Conte Burica, comparte impresiones y preocupaciones sobre la estrategia de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de los Bosques en los países en Desarrollo (REDD).

El breve testimonio fue grabado en una actividad realizada en la capital costarricense, San José, los días 19 y 20 de mayo, organizada por COECOCEIBA, con el fin de articular acciones de comunicación y organización comunitaria ante “la estrategia de secuestro de los bosques llamada REDD”, según informó a Radio Mundo Real Isaac Rojas, coordinador de esa organización.

Rojas, que es además el coordinador del Programa de Bosques y Biodiversidad de Amigos de la Tierra Internacional, nos señaló que la estrategia REDD se busca implementar en Costa Rica con la excusa de la lucha contra el cambio climático.

Por más información sobre el tema se puede consultar la web de COECOCEIBA: http://coecoceiba.org/

Vea el video aquí: https://vimeo.com/129928782

 

Promueven agroecología en reunión pionera

COMUNICADO DE PRENSA   

Amigos de la Tierra Internacional

Brasilia (Brasil), 23 de junio de 2015. Hemos alcanzado un momento histórico de reconocimiento mundial de la “agroecología” como una solución a la alimentación del mundo y a la crisis climática, afirma Amigos de la Tierra Internacional.

Una importante reunión sobre agroecología tendrá lugar en Brasilia del 24 al 27 de junio. La agroecología es un método de agricultura basado en el equilibrio ecológico y la justicia social que ha sido recientemente reivindicado por el Papa Francisco. [1]

La semana pasada, el pontífice escribió en su encíclica que debemos promover la agricultura ecológica para alimentar al mundo y mejorar el bienestar, en lugar de depender de la agricultura industrial y los pesticidas.

Amigos de la Tierra Internacional saluda la reunión pionera de los organismos de las Naciones Unidas, los gobiernos y la sociedad civil, la primera de una serie de reuniones sobre agroecología que se celebrarán en 2015, e insta a los gobiernos a que apoyen la agroecología como la definieron las organizaciones que representan a millones de productores de alimentos de pequeña escala reunidas en el Foro Internacional de Agroecología celebrado en febrero de 2015. [2]

Los participantes de la reunión en Brasilia hablarán de los modos de promover la agroecología. El simposio es organizado conjuntamente por organizaciones de pequeños productores de alimentos, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y los gobiernos de varios países.

Martín Drago, co-coordinador del programa Soberanía Alimentaria de Amigos de la Tierra Internacional participará en la reunión. Drago afirmó:
“El movimiento por la agroecología y la soberanía alimentaria nos proporciona las herramientas para transformar por completo el sistema industrial de alimentos que es responsable de la mitad de las emisiones climáticas provocadas por el hombre y que perpetúa el hambre y la pobreza”.

“Hoy las empresas de alimentos están intentando apropiarse de la agroecología en su modelo. Por ejemplo, al compararla con la agricultura climáticamente inteligente, que cuenta con el apoyo de las principales empresas productoras de fertilizantes y semillas comerciales”.

“La agroecología se basa en las prácticas de los pequeño productores de alimentos que conservan el suelo, preservan miles de variedades de semillas, ganado y peces y alimentan a más del 70% de la población mundial, a pesar de ser propietarios de una pequeña porción de su tierra”.

“En lugar de apoyar a las empresas de alimentos, nuestros gobiernos deben llevar a cabo políticas públicas que apoyen la producción agroecológica de los pequeños productores”.

NOTAS
[1] Para más información sobre el Seminario Regional sobre Agroecología en América Latina y el Caribe, véase: http://www.fao.org/americas/eventos/ver/en/c/287503/

[2] En febrero de 2015, organizaciones que representan a millones de pequeños productores se reunieron para definir la visión de agroecología y la forma de alimentar al mundo de manera equitable y sustentable: http://www.foodsovereignty.org/

PARA MÁS INFORMACIÓN

Martín Drago, co-coordinador del programa Soberanía Alimentaria de Amigos de la Tierra Internacional: +598 99 13 85 59 (en Brasilia) o por correo electrónico: martin.drago@redes.org

Kirtana Chandrasekaran, co-coordinadora del programa Soberanía Alimentaria de Amigos de la Tierra Internacional: +30 693 8131226 (en Grecia) o por correo electrónico: kirtana.chandrasekaran@foe.co.uk