La Sierra Norte de Puebla: en resistencia contra el despojo

Ana Karen de la Torre, Revista Lado B

Ixtacamaxtitlán, Puebla.- “Es que a la tierra no se le puede poner un precio, tiene valor, no precio. Es algo que no se puede vender; es sagrada, la tierra nos lo da todo. Es como que uno no va a vender a su madre ¿verdad?”, dice Régulo Muñoz, decepcionado por quienes no están de acuerdo con él. Régulo es uno de los defensores de la tierra y el agua de Zacatepec, una localidad de Ixtacamaxtitlán, Puebla; por un tiempo trabajó con Almaden Minerals.

«Aquí trabajamos un día sí para no trabajar una semana. Sí a la mina porque trabajos de esa magnitud nunca vamos a volver a ver por aquí. Dicen que va a haber mucho daño al medio ambiente pero no, no porque los daños no van a ser aquí, van a ser más lejos». Alberta García, 29 años, Zacatepec.

Almaden Minerals estima que el proyecto Tuligtic produzca un promedio anual de 130 mil onzas de oro y 7 millones 798 mil onzas de plata, al menos durante 14 años y a cielo abierto. Si se considera que la onza de oro está valuada en US$1, 300 y la de plata en US$21, se podría hablar de un ingreso bruto anual de US$332 millones 758 mil.

Las buenas noticias para las grandes empresas mineras como ésta no terminan con esas cifras, pues las leyes mexicanas permiten a los inversionistas quedarse con casi toda su riqueza acumulada, ya que éstas sólo deben pagarle a la nación –dependiendo de los años que tengan con su concesión- la módica cantidad de 5.70 pesos (menos de 50 céntimos del dólar) a 124.74 pesos (9 dólares con 60 céntimos) por hectárea cada 6 meses, además del recién aprobado 7.5% sobre las utilidades netas por afectaciones al entorno en donde se encuentra la minera.

Las ganancias para Almaden Minerals por el descubrimiento de la “mina de oro” de Ixtacamaxtitlán serán incomparables con su inversión en este municipio: en su página oficial y en fotocopias difundidas para informar a la comunidad, esta empresa indica la generación de más de 70 empleos y su inversión en proyectos de salud y bienestar social. En la página se indica que se han construido “escuelas, baños públicos, salones comunitarios, iglesias locales y hospitales entre otras actividades”. En las fotocopias, en cambio, lo que se dice es que ha colaborado con estos proyectos de construcción.

En la sexta hoja de las fotocopias, Almaden lanza un mensaje verde a los pobladores: “Nuestro proyecto resguardará tanto el agua como el patrimonio natural de la región para que las próximas generaciones puedan disfrutar de la zona […] El proyecto de mina Ixtaca está designado para asegurar un impacto positivo en el ambiente y en las comunidades locales”.

Régulo Muñóz no está de acuerdo con ese mensaje. Él estuvo en dos barrenaciones (perforaciones) y en ambas, brotó agua del suelo pese a que la minera les había dicho que eso no pasaría. “Era mentira que taponearan el agua, era mentira eso de que el agua dejaba de salir, porque cuando colocaron tubería [para mostrarle a los trabajadores que no salía agua], la colocaron sólo a 100 metros de profundidad y el agua brotaba a partir de los 400 metros, 450. Ahí vi que lo que ellos decían no era confiable”, comenta el activista.

El despojo

Mi preocupación es el futuro de los niños, yo soy campesina, vivo del campo, yo prefiero mi tierra en vez de un condominio. Mis hijos vivirían hasta el final de sus días con maíz y frijoles y con un millón de pesos ¿cómo van a vivir? Socorro García, 34 años, Tuligtic.

    ¿Por qué invertir en México?

    -México es líder mundial en producción de plata

    -Se encuentra entre los 10 principales productores de 16 minerales

    -Sólo el 30% de la superficie nacional ha sido explorado

    -Impulsa en la actualidad, 866 proyectos con 261 empresas de capital extranjero

    -Sin límites en extensión de las concesiones mineras.

Lo anterior se puede encontrar en el folleto informativo de la Coordinación General de Minería “La minería es una industria comprometida con las comunidades y el medio ambiente”.

Hasta el 31 de marzo del 2014, la Secretaría de Economía comunicó en atención a la solicitud de información con folio 0001000100114, que en todo el país había vigentes 25 mil 780 concesiones mineras y hasta el 30 de julio del mismo año, 25 asignaciones. En otras palabras poco más de 26 millones 633 mil 893 hectáreas de la superficie del país son para esta actividad milenaria.

El pasado 11 de junio de este año, el comisionado para el Diálogo de los Pueblos Indígenas, Jaime Martínez Veloz, durante su ponencia en un foro organizado por la Universidad de Guadalajara, dio a conocer que 192 comunidades indígenas estaban sumergidas en conflictos, en su mayoría causados por la intromisión de mega proyectos mineros en su territorio.

    3a) Si el propietario del terreno se niega, la Ley Minera actual, confiere al concesionario el derecho de obtener la expropiación, ocupación temporal o servidumbre sobre la superficie necesaria para llevar a cabo los trabajos de exploración, explotación y procesamiento, así como para el depósito de residuos, desechos, escorias y depósitos de grasas. El tema de la expropiación es muy delicado y sensible, la compañía debe asegurarse que este proceso sea desarrollado por una persona con vasta experiencia en la negociación con comunidades y ejidos. La Guía.

    3b) Lo que tienen los ejidatarios o comuneros son tierras de las que los dotó el gobierno para una cosa muy clara: que pudieran mantener a sus familias. La expropiación la crearon para que la propiedad privada tuviera un fin social y ahora es al revés: la propiedad social está volviéndose privada vía la expropiación, la ocupación temporal… es un fenómeno al revés, es un despojo. López Bárcenas.

“Creo que es una guerra por los bienes comunes, por el despojo del territorio, no es sólo agua; es el agua, la tierra, todos los significados que para los pueblos tiene su territorio y la historia, que es lo que les da sentido y vida. Viene el despojo de sus bienes comunes, de su historia y de sus símbolos”, sentencia Villaseñor Pinedo del Consejo Tiyat Tlali (“tierra” en totonaca y nahua), una organización que acompaña a los pueblos de la entidad en resistencia.

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Guatemala: Derogatoria de la “Ley Monsanto” considerada un gran triunfo de los Pueblos

La Ley de Protección de Obtenciones Vegetales, más conocida como “Ley Monsanto”, fue derogada este jueves, “de urgencia nacional”, con los votos a favor de 111 diputados al Congreso de la República, cuatro en contra y 33 ausentes.

CERIGUA

Diversos sectores sociales, mayoritariamente campesinos, habían manifestado su rechazo a la legislación; Álvaro Folgar, presidente del Colegio de Ingenieros Agrónomos, consideró que derogar la ley fue lo mejor que pudo hacer el Legislativo; Folgar exhortó a los diputados a actuar con responsabilidad e incluir a la sociedad civil en la discusión y aprobación de leyes de impacto nacional.

El dirigente de la Vía Campesina Guatemala, Daniel Pascual, consideró que “es un gran triunfo para la lucha aquí en Guatemala, principalmente para los pueblos Mayas, Xincas y Garífunas, de los hombres y mujeres de maíz”.

Pascual señaló que esta ha sido una de las pocas veces que se ha podido hacer retroceder una ley en Guatemala, y que ha significado una derrota no sólo para la transnacional “Monsanto”, sino para las multinacionales semilleras Dupont, Bayer, entre otras empresas que “controlar la producción de semillas y alimentos”.

La “Ley Monsanto”, denominada así por considerarse que favorecería a esa compañía internacional, contemplaba penas de uno a cuatro años a las personas que utilizaran o transportaran semillas patentadas, sin el permiso del propietario.

Las licencias serían concedidas a personas individuales o jurídicas, nacionales e internacionales, que hubieran creado o descubierto una semilla, entre las que también se incluían las ya utilizadas, como el maíz o el frijol.

Representantes de diversas organizaciones, entre ellas la Red Nacional por la Defensa de la Soberanía Alimentaria (REDSAG) habían señalado que esta legislación vulneraría la biodiversidad de semillas existentes en Guatemala, al favorecer los transgénicos, y pone en riesgo las cosechas de las milpas.

El pasado martes, varios miles de pobladores de Sololá, bloquearon la ruta Interamericana, desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, en demanda de que ese mismo día fuera derogada la normativa, lo que fue posible hasta este jueves;  los campesinos argumentaban que los pueblos originarios, a través de las abuelas y los abuelos, han desarrollado sus propias semillas durante más de 7 mil años.

“Cuando se habla de establecer normas que privaticen nuestra biodiversidad se habla también del exterminio de las culturas, un nuevo genocidio, un nuevo etnocidio, porque el objetivo es acabar con las culturas milenarias y dominar el sistema de alimentación”, señalaron.

En tanto, Israel Macario, director de la Plataforma Agraria, manifestó su satisfacción por la derogación de la normativa, que atentaba contra la salud y la seguridad alimentaria de todas y todos los guatemaltecos.

Más notas:
La Justicia de Guatemala suspende la polémica ‘ley Monsanto’

Sobre Monsanto en América Latina

Se oponen comunidades tseltales de Chiapas a súper autopista

Isaín Mandujano, Revista PROCESO

PAXILÁ, Chis. (proceso.com.mx).- Cerca de dos mil representantes de unas 200 comunidades que conforman el ejido San Jerónimo Bachajón, uno de los más importantes en esta región selvática del estado, se congregaron este sábado para declarar su rechazo unánime a la autopista San Cristóbal-Palenque, que el presidente Enrique Peña Nieto y el gobernador Manuel Velasco Coello anunciaron como el más ambicioso proyecto carretero para Chiapas en el presente sexenio.

Desde muy temprano empezaron a llegar a esta pequeña localidad decenas y decenas de camionetas repletas de campesinos indígenas tseltales que habitan en unas 40 mil hectáreas que forman parte del único ejido que tiene el municipio de Chilón pero distribuido en 206 comunidades.

Fueron pocas las comunidades que no estuvieron presentes a través de sus representantes. Llegaron 192 de 206 localidades. El único objetivo fue discutir si la autopista de 150 kilómetros que comunicará a San Cristóbal de las Casas con Palenque pasará por su territorio.

De construirse la súper carretera prevista por los gobiernos estatal y federal, es inevitable que ésta tendría que pasar por San Jerónimo Bachajón, pues es el más grande ejido y territorio de la zona norte del estado. El territorio tseltal ubicado en el municipio de Chilón es uno de los seis que se verían afectados por la autopista.

Uno a uno los oradores pasaron al templete para dar a conocer su postura con respecto a la construcción de la autopista. El llamado era al unísono para declarar un no rotundo a la súper vía que, alegaron, en nada beneficiaría a sus comunidades y sí afectará sus tierras, ríos y milpas.

Alegaron que con la autopista vendrán otros daños colaterales como el deterioro de las comunidades, drogas, prostitución, saqueo de los recursos naturales, crear más necesidades entre la población, contaminarse con los elementos culturales que devienen con una súper carretera.

Los tseltales dijeron que ellos no han sido consultados para que se construya esa autopista y que no van a vender sus tierras como pretende comprarlas el gobierno. Denunciaron que su comisariado ejidal, Manuel Jiménez Gómez, ha sido acosado y presionado para que firme la autorización para la autopista.

Denunciaron que el hijo del comisariado ejidal fue despedido de su trabajo en una oficina del gobierno estatal con el argumento de que sólo podría regresar a su puesto hasta que su padre firme la autorización de que pase la autopista por San Jerónimo Bachajón.

Indicaron que una de sus hijas ya fue amenazada con ser despedida de un centro educativo de nivel medio superior donde labora y que la amenaza tiene que ver con la postura de su padre.

Pero aclararon que la postura no es sólo la del comisariado, que él sólo expone el sentir de unos seis mil ejidatarios de los cuales unos dos mil se congregaron este sábado en Paxilá.

Los inconformes exigieron al gobierno la reinstalación en su puesto del hijo del comisariado y que cesen las amenazas contra todos aquellos que se oponen a la autopista. Señalaron que el viernes 16 de septiembre realizarán un bloqueo carretero en el crucero de Temo que comunica a Ocosingo con Palenque para expresar su rechazo a la autopista.

Indicaron que a partir de hoy recogerán las firmas de todos los ejidatarios, hombres y mujeres mayores de 18 años, para que se sumen al rechazo al proyecto carretero.

El sábado 17 de septiembre participarán en otra asamblea en la comunidad Candelaria, municipio de San Cristóbal de las Casas para seguir sumando voces en contra de la autopista con otros ejidos y campesinos que resultarán afectados con el proyecto carretero.

Además denunciaron que el alcalde de Chilón, Leonardo Guirao Aguilar, hace el trabajo sucio a los gobiernos estatal y federal, persiguiendo, amenazando y hostigando a los indígenas que se oponen a la autopista.

Los indígenas ratificaron que estarán alertas ante cualquier embestida del gobierno federal para resistir y reaccionar todo el pueblo unido.

Los 17 mandatos del anticapitalismo

El geógrafo David Harvey en su última obra, Seventeen contradictions and the end of capitalism, propone a su vez 17 “mandatos” para animar la praxis política:

“Deberíamos luchar por un mundo en el que:
 
1.  La provisión directa de adecuados valores de uso para todos (vivienda,  educación, seguridad alimentaria, etc.) sea prioritaria sobre su  provisión a través de un sistema de mercado que maximiza el beneficio y  que concentra los valores de cambio en unas pocas manos privadas y  distribuye los bienes de acuerdo a la capacidad de pago.
 
2. Se cree un medio de cambio que facilite la circulación de bienes y servicios pero limite o excluya la capacidad de los individuos privados para acumular dinero como una forma de poder social.
 
3. La oposición entre propiedad privada y poder estatal sea desplazada tanto como sea posible por regímenes de derechos comunes –con énfasis concreto sobre el conocimiento humano y la tierra como los comunes más cruciales que tenemos- cuya creación, gestión y protección se sitúe en las manos de asambleas y asociaciones populares.
 
4. La apropiación de poder social por personas privadas no sea sólo limitado por barreras económicas y sociales sino que sea desaprobado universalmente como una desviación patológica.
 
5. La oposición de clase entre capital y trabajo sea disuelta en productores asociados decidiendo libremente sobre qué, cómo y cuándo producirán en colaboración con otras asociaciones en relación con la satisfacción de las necesidades sociales comunes.
 
6. La velocidad de la vida diaria sea reducida –la locomoción debe ser sin prisa y lenta- para maximizar el tiempo para actividades libres llevadas a cabo en un entorno estable y bien mantenido protegido de episodios dramáticos de destrucción creativa.
 
7. Las poblaciones asociadas evalúen y comuniquen entre sí sus mutuas necesidades sociales para proveer la base para sus decisiones de producción (a corto plazo, las consideraciones de realización dominan las decisiones de producción).
 
8. Se creen nuevas tecnologías y formas organizativas que aligeren la carga de toda forma de trabajo social, disuelvan las distinciones innecesarias en las divisiones técnicas del trabajo, liberen tiempo para actividades libres individuales y colectivas, y disminuyan la huella ecológica de las actividades humanas.
 
9. Las divisiones técnicas del trabajo sean reducidas mediante el uso de la automatización, robotización e inteligencia artificial. Aquellas divisiones técnicas del trabajo residuales consideradas esenciales estén disociadas de las divisiones sociales del trabajo tanto como sea posible. Las funciones administrativas, de liderazgo y de control deberían rotar entre individuos dentro de la población general. Nos liberemos del dominio de los expertos.
 
10. El poder monopólico y centralizado sobre el uso de los medios de producción sea conferido a asociaciones populares mediante las cuales las capacidades competitivas descentralizadas de individuos y grupos sociales se movilicen para producir diferenciaciones en las innovaciones técnicas, sociales, culturales y de estilos de vida.
 
11. Exista la diversificación más amplia posible en formas de vivir y de ser, de relaciones sociales y relaciones con la naturaleza, y de hábitos culturales y pensamientos dentro de asociaciones territoriales, comunas y colectivos. Se garantice el libre e ilimitado pero ordenado movimiento geográfico de individuos dentro de territorios y comunas. Los representantes de las asociaciones se junten regularmente para evaluar, planificar y emprender tareas comunes y tratar con los problemas comunes a diferentes escalas: biorregional, continental y global.
 
12.Todas las desigualdades en la provisión material sean abolidas aparte de aquellas implicadas en el principio de de cada cual según su o sus capacidades y a cada cual según su o sus necesidades.
 
13. La distinción entre el trabajo necesario hecho para otros distantes y el trabajo acometido en la reproducción de uno mismo, el hogar y la comuna sea gradualmente borrada, de manera que el trabajo social se integre en el trabajo doméstico y comunal, y el trabajo doméstico y comunal se convierta en la forma principal de trabajo social no alienado y no monetizado.
 
14. Todo el mundo debería tener iguales derechos a educación, salud, vivienda, seguridad alimentaria, bienes básicos y acceso abierto al transporte para asegurar la base material para la libertad para vivir sin la miseria y para la libertad de acción y movimiento.
 
15. La economía converja en el crecimiento cero (aunque con margen para desarrollos geográficos desiguales) en un mundo en que el desarrollo más grande posible de las capacidades y energías humanas tanto individuales como colectivas y la búsqueda perpetua de la innovación prevalezcan como normas sociales desplazando la manía por el crecimiento compuesto perpetuo.
 
16. La apropiación y producción de fuerzas naturales para necesidades humanas deberían mantener un ritmo sostenido pero con la máxima consideración para la protección de ecosistemas, la máxima atención prestada al reciclaje de nutrientes, energía y materia física hacia los lugares de los que vinieron, y un abrumador sentido de re-encantamiento con la belleza del mundo natural, del cual somos una parte y al cual podemos contribuir mediante nuestras obras.
 
17. Los seres humanos no alienados y las personas creativas no alienadas emerjan armadas con un nuevo y confiado sentido de sí mismos y de seres colectivos. Nacido de la experiencia de relaciones sociales íntimas contraídas libremente y la empatía con los diferentes modos de vivir y producir, emergerá un mundo donde todos sean considerados igualmente merecedores de dignidad y respeto, incluso al bramar el conflicto sobre la definición apropiada de la buena vida. Este mundo social evolucionará continuamente mediante revoluciones permanentes y continuas revoluciones en las capacidades y energías humanas. La búsqueda perpetua de la innovación continúa”.
 
Enlace (en inglés):

“Sin agua no vivimos”: madre e hija defendiendo los ríos de Olintla, Sierra Norte de Puebla

en el XI Encuentro nacional del Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (Mapder)

Marie-Pia Rieublanc / Otros Mundos A.C. – Mapder

VIDEO-REPORTAJE:
http://youtu.be/-2vSXxHH5pQ

Escucharon a integrantes de organizaciones provenientes del estado de Puebla y de todo México, quienes expresaron su rechazo a los megaproyectos hidroeléctricos y mineros que el gobierno y las empresas quieren imponer en el país, casi siempre sin consultar a las comunidades. Les oyeron compartir estrategias de resistencia y rechazar la reforma energética que anuncia un nuevo peligro: la explotación de un gas no convencional llamado gas de esquito y la práctica de la fractura hidráulica a gran escala, conocida como fracking. Esta actividad altamente contaminante está a punto de desarrollarse precisamente en la Sierra Norte de Puebla.

También se enteraron de las experiencias de compañeros guatemaltecos, salvadoreños, cubanos, colombianos, peruanos y brasileños, que viajaron hasta las tierras indígenas totonaku para testimoniar la situación en sus países.

“Estamos cuidando el agua”

“Me interesó lo que dijeron”, dice Lucrecia, quien participó en la marcha organizada en Olintla el último día del encuentro. Recorrió el pueblo junto a 600 manifestantes que gritaban “Ríos para la Vida, No para la Muerte”, “La tierra no se vende”. —Nosotros no somos parte de estas organizaciones, pero estamos también en contra de esos proyectos, asegura la señora, cocinera en una escuela primaria de Olintla.

En octubre de 2013, el pueblo de Olintla obtuvo la cancelación de un proyecto hidroeléctrico que el Grupo México quería imponer en la comunidad Ignacio Zaragoza, amenazando el río Ajajalpan y a la población olintleca. “Estamos cuidando el agua, por eso no queremos que venga otra persona acá a secar la tierra”, dice Lucrecia mientras sube el cerrito ubicado al lado de su casa. Justo antes de participar en la marcha, se fue a pasear allí con su hija, como suelen hacerlo cada domingo. “Sin agua no vivimos, nos sirve para todo: lo tomamos, lo ocupamos para lavar, para bañar…”, cuenta la madre, señalando un ojo de agua encontrado en el camino.

10 proyectos hidroeléctricos y 103 concesiones mineras en la Sierra Norte

“Aquí se siembra de todo”, se alegra Lucrecia, quien ayudaba a su marido a sembrar y cosechar maíz, frijol, chile y café, cuando solía trabajar en su parcela. Desde hace 4 años, Mario no puede trabajar más la tierra a causa de problemas de salud y se dedica a la venta de abarrotes. Pero la pareja sigue cultivando un poco de café en el huerto de su casa. “Ahora no vendemos el café pero antes era nuestra principal fuente de ingreso. Fue eso que nos permitió pagar los estudios de nuestros hijos”, dice la madre, que tiene otras dos hijas y dos hijos mayores en la ciudad de Puebla.

“Hay temporadas en que se seca el agua y sufrimos acá. Ahora, si ponen eso (una represa), más se va a acabar el agua”, se preocupa Dulce María, recordando que hace 7 años, Olintla sufrió de una sequía porque no había llovido suficiente. Sabe que las tierras de la Sierra Norte y sus ríos más importantes, Ajajalpan, Zempoala y Apulco, siguen en peligro. Hoy existen 10 proyectos hidroeléctricos en la región, muchos de ellos vinculados directamente a proyectos mineros. Existen 103 concesiones mineras en la Sierra Norte, según el último informe de PODER sobre “Industrias Extractivas en la Sierra Norte de Puebla”, lo que representa 912 mil 281 hectáreas de tierras despojadas. La mayor parte ellas están en manos de empresas canadienses (73%), mientras 22% están detenidas por empresas mexicanas, indica el reporte de esta ONG que milita por la transparencia y la rendición de cuentas de las empresas en América Latina. “No está bien que otras personas nos vengan a quitar lo que es de nosotros o vengan a destruir lo que tenemos, que está muy bonito aquí, como es el agua”, concluye Dulce María.

MÁS INFORMACIONES:

– Representante del pueblo Wixaritari, explica la situación en su comunidad: http://www.somoselmedio.org/article/representante-del-pueblo-wixaritari-explica-la-situación-en-su-comunidad
– Armando Bartra en el XI encuentro del Movimiento Mexicano de Afectados y Afectadas por Represas : http://www.somoselmedio.org/article/armando-bartra-en-el-xi-encuentro-del-movimiento-mexicano-de-afectados-y-afectadas-por

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– video de la clausura del evento:

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http://youtu.be/b18nIpnZ8G4

Atlas de la Carne


Editado por Heinrich Böll Stiftung

Lugar de publicación: México D.F.
Fecha de publicación : Junio 2014
Número de páginas: 68
Lengua de publicación: Español
Licencia: CC-BY

Después del gran éxito e interés que generó internacionalmente, nos alegra poder presentar el Atlas de la Carne en español.

La comida es un asunto muy personal. Comemos en distintas situaciones y tenemos nuestras propias y muy personales preferencias. Sin embargo, cada vez somos más ajenos a lo que tenemos en el plato, la mesa o en la mano.
¿Se ha preguntado alguna vez de dónde viene el bistec de su taco, la salchicha o la hamburguesa que se come?

La satisfacción personal refleja las decisiones éticas y las preocupaciones privadas pueden ser de naturaleza bastante política. Cada uno de nosotros debe decidir lo que quiere comer. Pero el consumo responsable es algo que cada vez más personas demandan; y se necesita información para tomar decisiones.

Esta información la reunimos en el «Atlas de la Carne».
 
El «Atlas de la Carne» (PDF) se puede bajar aquí gratuitamente.
http://mx.boell.org/sites/default/files/atlasdelacarne2014_web_140717.pdf

Declaración de Olintla y Acuerdos del XI Encuentro Nacional del MAPDER

XI Encuentro Nacional del Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER)

PUEBLOS LATINOAMERICANOS COMPARTIENDO SABERES PARA LA DEFENSA DE LA MADRE TIERRA

Del 29 al 30 y 31 de agosto de 2014. Olintla, Sierra Norte de Puebla

Reunidas más de 600 personas en el Municipio de Olintla, Puebla, territorio indígena tutunaku, pueblo que valientemente expulsó en el año 2013 al Grupo México, quien pretendía imponer una hidroeléctrica en la Comunidad de Ignacio Zaragoza. Con una participación de 80 organizaciones provenientes de más de 55 Municipios de Puebla, así como de los estados de Chiapas, Tabasco, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Nayarit, Jalisco, Colima, Distrito Federal, Estado de México, Coahuila; y de los países de Argentina, Cuba, Brasil, Colombia, Perú, El Salvador, Guatemala, Alemania, Francia, Italia, Grecia y España.

Nuestro evento, el XI Encuentro Nacional del MAPDER, fue organizado por tres organizaciones que representan la lucha por la defensa de los ríos. Makxtum kalaw chuchutsipi, organización que han formado los pueblos totonacos de Olintla para defender su territorio, fue la anfitriona de nuestro encuentro. El Consejo Tiyat Tlali, red integrada por organizaciones de la Sierra Norte de Puebla para la defensa de la vida y el territorio, dio cobertura y acompañamiento para la realización del evento. El MAPDER, movimiento a nivel nacional que aglutina las luchas contra las presas y en defensa de los ríos, convocó a todos quienes nos hemos reunido para compartir nuestras experiencias, nuestras luchas y nuestros sueños.

A una sola voz las y los participantes del XI Encuentro subrayamos que desde la aprobación de todas las reformas estructurales promovidas por el gobierno de Enrique Peña Nieto, México ya no es el mismo. La reforma energética potencia al imperio del capital y significa un retroceso absoluto en todas las conquistas sociales de nuestros pueblos. Nos enfrentamos a un minucioso y sistemático desmantelamiento de todos los mecanismos legales a los cuales los pueblos acudían para la defensa de su territorio. El derecho a la consulta, la propiedad social de la tierra, el municipio libre, las, ya de por sí débiles, normas ambientales: todo ha sido debilitado para abrir la puerta a inversiones de megaproyectos.

Mecanismos como la expropiación, originalmente concebidos para desmantelar el latifundio y repartir la tierra entre los campesinos, ahora son utilizados en contra de las comunidades. Destruir las entrañas de la Madre Tierra es considerado ahora prioridad, por encima de la propia vida o cualquier otra actividad humana. Quienes promueven el despojo de nuestro país justifican la producción extractiva como de utilidad pública, interés social y orden público, cuando lo único que están persiguiendo es el lucro privado; la acumulación desmedida de riquezas a costa de la vida, nuestra tierra y territorio.

Este despojo se instrumenta promoviendo megaproyectos de distinta índole vinculados entres sí, en un sistema de extracción cuya complejidad apenas alcanzamos a vislumbrar. Hidroeléctricas que proveen electricidad a proyectos de extracción minera e hidrocarburos; carreteras y puertos que facilitan el despojo; acueductos que trasvasan cuencas para beneficiar complejos industriales, ciudades rurales que se encargan de lidiar con el desplazamiento forzado de poblaciones indígenas y campesinas, siembra de transgénicos y monocultivos que afectan nuestra diversidad biológica, además de contaminar y sobreexplotar nuestros ríos y acuíferos.

Por si fuera poco, el capital se las ingenia para promover nuevas técnicas extractivas que exponencían el daño. Han agotado los hidrocarburos de fácil acceso y ahora pretenden rascar el fondo del barril; extrayendo los hidrocarburos más sucios y de mayor riesgo para la vida. Es el caso de aguas profundas, las arenas bituminosas y, por supuesto, el fracking que amenaza con devastar una amplia franja de territorio en el norte y oriente de la República Mexicana.

Tras la reforma energética, el Totonacapan y Las Huastecas (amplias zonas de los estados de Veracruz, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí y Tamaulipas) enfrentan la amenaza de la destrucción y contaminación de sus fuentes de agua, a partir de la proliferación de proyectos de fractura hidráulica para la extracción de gas lutita.

Para cerrar la pinza de las contrarreformas que han azotado al país desde hace tres décadas, el gobierno de Peña Nieto se prepara para colocar la cereza en el pastel con la anunciada reforma para el campo, que busca consolidar el plan de despojo de los territorios campesinos iniciado en 1992 por Carlos Salinas de Gortari. Ante esta última intentona de ataque a nuestros derechos, ellos han dicho que vienen por nuestras tierras y territorios. Nosotros les decimos: “Aquí los vamos a esperar. ¡No pasarán!”

Sin embargo, no le ha bastado a este gobierno reformar las leyes para poder imponer los proyectos de muerte, en beneficio de los capitales monopólicos nacionales y transnacionales. Ahora utiliza todo el poder de la fuerza pública y militar para reprimir a las defensoras y defensores comunitarios, y desmovilizar las luchas criminalizando la protesta social. Todo esto en complicidad con las empresas a las que les permite actuar en contra de los movimientos sociales acompañadas de la fuerza militar, e inclusive contratar sicarios para reprimir o asesinar a los defensoras y defensores de la madre tierra. Nos enfrentamos a territorios militarizados controlados por el crimen organizado, que el Estado y las empresas usan en contra de los pueblos. El asesinato de Noé Vázquez, la detención ilegal de nuestro compañero de lucha Marco Antonio Suástegui del CECOP, el levantamiento de órdenes de aprehensión a decenas de defensores integrantes del MAPDER, son muestras de una estrategia de guerra para despojar a nuestros pueblos.

Constatamos que en la Sierra Norte de Puebla se vive un sistemático asedio por la intención de imponer proyectos mineros asociados a hidroeléctricas, fenómeno que se ha vivido con mayor intensidad durante los últimos dos años. Estas amenazas contemplan más de 100 concesiones mineras que abarcan un área de 160 mil hectáreas en las zonas altas de la sierra, más de 10 iniciativas para proyectos hidroeléctricos sobre las cuenca de los ríos más importantes (Ajajalpan, Zempoala y Apulco), y proyectos de extracción de hidrocarburos mediante la fractura hidráulica, en el territorio que integran las zonas bajas de la sierra. Imaginar la realización de estos megaproyectos vislumbra un panorama desolador. De concretarse estos proyectos de muerte las zonas altas de las cuencas serranas serían altamente impactadas por la minería, lo que significaría además un alto riesgo de contaminación a todos los recursos hídricos, los causes de los ríos serían seriamente impactados por la instalación de hidroeléctricas, y la extracción de hidrocarburos acarrearía la contaminación desde lo más profundo del subsuelo. Además de la Sierra Norte, el resto del territorio poblano se encuentra bajo la imposición de gasoductos, carreteras y el establecimiento de megaindustrias. El Gobierno del Estado encabezado por Rafael Moreno Valle, es cómplice de este plan de de despojo e imposición de proyectos de muerte en el territorio Poblano, quién además ha establecido leyes totalmente repudiadas por la población para permitir la privatización del agua, la expropiación de tierras y el uso de armas para reprimir la protesta social (conocida como ley bala).

Ante la embestida de estas amenazas, los pueblos han respondido con el rechazo enérgico a los proyectos de muerte. La defensa del territorio ha sido pacífica, sin embargo la respuesta de quienes quieren imponer los proyectos ha sido violenta. Celebramos la valentía de los pueblos que enfrentan estas luchas y no han permitido que se establezcan los proyectos de muerte. Olintla es muestra de una de las luchas más valientes, donde el pueblo tutunaku expulsó un proyecto hidroeléctrico que el Grupo México intentaba imponer en su territorio.

En este Xl Encuentro de MAPDER compartimos saberes como pueblos latinoamericanos. Conocimos y aprendimos de las experiencias de lucha y de resistencia de movimientos hermanos de Brasil, Argentina, Colombia, Perú, El Salvador, Guatemala y Cuba, que luchan por la defensa de los ríos, la vida y sus territorios.

Nos hermanamos y solidarizamos con las realidades que viven en sus países, con sus luchas que también son las nuestras, y compartimos con ellos la construcción cotidiana desde cada uno de nuestros países, de un nuevo proyecto energético popular a nivel nacional y latinoamericano. Luchamos por un nuevo modelo de sociedad. Refrendamos nuestra unidad popular latinoamericana, como nos enseñaron y compartieron los compañeros del MAB de Brasil.

Nos solidarizamos con la comunidad de Barillas, Guatemala, ejemplo de lucha para nuestros pueblos y resistencias.
De las luchas nacionales del MAPDER exigimos:

Puebla

Exigimos la cancelación inmediata de los proyectos hidroeléctricos y las concesiones mineras en la Sierra Norte y todo el Estado de Puebla. Exigimos la cancelación de la instalación del gasoducto que atraviesa los estados de Tlaxcala, Puebla y Morelos, así como la central de generación de energía eléctrica en Huesca Morelos, proyecto que representa un riesgo mayor al estar en la zona de peligro eruptivo del volcán Popocatépetl. Rechazamos los proyectos para extracción de hidrocarburos que se tienen planeados en la Sierra Norte de Puebla. Exigimos el esclarecimiento y justicia al asesinato de Antonio Esteban Cruz, miembro de la CNPA-Movimiento Nacional y opositor a la Presa Cuamono. Exigimos la libertad a Enedina Rosas Vélez, Juan Carlos Flores Solís y Abraham Cordero Calderón, presos políticos por resistir la imposición del Proyecto Integral Morelos y de la autopista arco Poniente, en la región Izta – Popo.

Guerrero

El Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (CECOP), fortalece su lucha en contra de la construcción de este proyecto hidroeléctrico. “La tierra no se vende” y “La Parota no se hará”, son los principios que forjaron nuestros triunfos al impedir la construcción de la presa. A once años de iniciado el movimiento de resistencia reafirmamos nuestra decisión de luchar hasta lograr la cancelación definitiva del proyecto.

El CECOP hace un llamado a la solidaridad nacional e internacional por la inmediata liberación de su vocero Marco Antonio Suástegui, y los comuneros del CECOP Emilio Solís y Julio Ventura. Su detención fabricada con falsos delitos y el ilegal traslado de Marco Antonio a un penal de alta seguridad en Tepic, Nayarit, dejan ver la criminalización y represión cada vez más violentas contra quienes luchamos en defensa de la tierra, el agua, el territorio y los bienes comunes.

El CECOP convoca a todos los movimientos y organizaciones del MAPER a emprender una lucha unitaria con todas las organizaciones democráticas del país que, al igual que nosotras y nosotros, estamos dispuestos a detener la devastación del país y su entrega a las empresas transnacionales.

Nayarit

Nosotros wixaritari, tepehuanos y coras, como pueblos originarios exigimos que se nos respeten las áreas protegidas, en los 19 lugares sagrados en donde están presentes nuestros espíritus, rituales, y pensamientos. Declaramos a nuestro río San Pedro como río Libre de Represas y rechazamos el proyecto hidroeléctrico Las Cruces, que pretenden destruir nuestra cultura y los bienes comunes naturales, de las comunidades ancestrales que habitamos en los estados de Nayarit, Jalisco y Durango.
Jalisco .

Celebramos la resistencia de las comunidades de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, en contra de la construcción de La Presa El Zapotillo, en el estado de Jalisco, así como las recientes resoluciones judiciales que han logrado detener la construcción de la cortina. Denunciamos la campaña “Las 13 verdades de La Presa el Zapotillo” impulsada por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), en contubernio con las empresas españolas FCC, Abengoa y las cámaras empresariales de construcción, violentando con esto el cumplimiento de las sentencias judiciales ganadas por el Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo, que mandatan que la altura de la cortina no debe sobrepasar los 80 metros de altura. Exigimos que las obras de construcción de la cortina permanezcan detenidas a 80 metros y se realicen de inmediato los ajustes necesarios, garantizando la seguridad y permanencia de las comunidades de la región de los Altos de Jalisco y su patrimonio cultural.

Veracruz

La Hidroeléctrica El Naranjal sigue como una amenaza constante. El proyecto ha cambiado sustancialmente del aprobado en 2010 por la SEMARNAT, pero sigue sin la aprobación de la población, causando problemas y divisiones internas. A un año del asesinato de Noé Vázquez Ortiz, exigimos el esclarecimiento de este crimen y el castigo a los autores materiales en intelectuales.

Los Pueblos Unidos de la Cuenca Antigua por los Ríos Libres, desde hace 7 meses hemos mantenido una clausura social permanente en la zona de estudios de factibilidad de la empresa brasileña Odebrecht. Así mismo estamos en el proceso de varias demandas colectivas hacia los invasores, donde ya se nos ha reconocido como ente jurídico defensor ambiental.

Denunciamos los amedrentamientos realizados por el gobierno hacia los ejidatarios de la zona.

En la Alianza de Comunidades en Defensa del Río Bobos-Nautla, exigimos la cancelación de los 24 proyectos de presas en la cuenca del río Bobos-Nautla y rechazamos a las hidroeléctricas como energía limpia.

Chiapas

Exigimos la cancelación de las presas en Chiapas y Tabasco: Itzantún, Cankuc, Chicuasén 2, San Miguel Huimanguillo, así como aquellas proyectadas en la Sierra Madre, en la región del Soconusco y sobre el río Usumancinta. Exigimos el respeto a las comunidades que se han declarado Libres de Represas, así como el resarcimiento de los daños ocasionados por las presas y otros megaproyectos que han afectado los pueblos de la región. No más extracción petrolera por la nueva reforma energética. Exigimos la salida inmediata de la empresa Caliz y Morteros en Cahuaré, sobre la Presa Cahuaré 1. Exigimos la libertad inmediata a Florentino Gómez Girón, luchador social del Pueblo de Ixtapa detenido con delitos fabricados, así como la liberación inmediata de todos los presos políticos. Seguimos exigiendo la verdad y la justicia de la masacre de Acteal.

Colima

Felicitamos la Declaratoria de Territorio Libre de Minería que logró la Comunidad Indígena de Zacualpan, Colima. Repudiamos los engaños, la violencia verbal y física, las amenazas de muerte, represión e intimidación por parte de los caciques manipulados por los gobierno del estado y municipal, en contubernio con el empresario minero.
Denunciamos la criminalización que realiza el consorcio minero “Benito Juárez Peña Colorada”, a las comunidades de Los Potros, Puertecito de las Parotas, Mameyito y Coconal, agresión que se ha dirigido especialmente contra Félix Monroy Rutilo, quien ha denunciado la contaminación del Río Marabasco. Responsabilizamos al gobierno federal, del estado de Colima y a la empresa minera, de cualquier daño que pueda sufrir nuestro compañero.

Oaxaca

El Consejo de Pueblos Unidos por la defensa del río Verde (COPUDEVER), exige la cancelación definitiva del proyecto hidroeléctrico Paso de la Reina, así como el respeto al derecho de los pueblos indígenas y afromexicanos. Rechazamos la reforma energética porque violenta los derechos de los pueblos.

ACUERDOS DEL ENCUENTRO:

1. Nos declaramos en pie de lucha, en defensa de nuestro territorio y en rechazo total las contrareformas estructurales.
2. Convocamos a la unidad nacional en defensa de la vida y nuestros territorios.
3. Nos sumamos a las acciones unitarias en contra del despojo convocadas en todo el país.
4. Refrendamos la convocatoria para celebrar los 100 años del ingreso de los ejércitos campesinos revolucionarios (La División del Norte y el Ejercito Zapatista) a la ciudad de México, el próximo 6 de diciembre.
5. Exigimos la reparación integral de los daños ocasionados por la minera Cananea a los ríos del estado de Sonora y la cancelación definitiva de esta mina propiedad del Grupo México.
6. Exigimos el cese inmediato de la represión y la criminalización de quienes luchamos en defensa del territorio y de la vida.
7. Seguiremos impulsado nuestros propios modos de vida comunitarios.
8. Nos unimos y hermanamos a las luchas en defensa de los ríos, la vida y los territorios de Brasil, Argentina, Colombia, Perú, El Salvador, Guatemala y Cuba, presentes en este Encuentro.
9. Seguiremos celebrando la vida con alegría e intensidad, como la hemos aprendido a vivir en nuestros pueblos.
Agradecemos la hospitalidad de los hermanos y hermanas tutunakus del municipio de Olintla, quienes nos abrieron su pueblo, casas y corazones. Pero sobre todo, les agradecemos el ejemplo que nos han dado por la lucha valiente al expulsar al Grupo México, empresa rapaz que ha saqueado el subsuelo de nuestro país, contaminado sus aguas y cobrado decenas de vidas de manera impune.

Olintla, Sierra Norte de Puebla. 31 de agosto de 2014

¡Ríos para la vida, no para la muerte!
¡Agua y energía no son mercancía!
¡La tierra no se vende, se ama y se defiende!

Asesinaron a destacadísima dirigente en Honduras: hablan Bertha Cáceres y Rafael Alegría

RadioMundoReal.fm

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Tres personas encapuchadas y armadas ultimaron a balazos el miércoles por la mañana a la dirigente campesina hondureña Margarita Murillo, en una zona rural del municipio de Villanueva, departamento de Cortés. Murillo murió como vivió: con la azada en la mano, pronta para producir y dar vida en la tierra por la que siempre luchó.

Este jueves fue enterrada en ese municipio, en el Cementerio Renacer, muy cerca de la localidad de San Pedro Sula. Horas antes, en el velatorio, dirigentes sociales y populares de Honduras se comprometieron a cerrar filas y fortalecer la unidad para lograr la refundación del país.

Murillo, integrante de la Vía Campesina Honduras, tenía un currículum envidiable para cualquier luchador social: fundadora en su país de la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC, una de las organizaciones más importantes a nivel nacional), nacida en 1985; también fundadora del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), que surgió para resistir al Golpe de Estado del 28 de junio de 2009, y al que impulsó en la ciudad de San Pedro Sula, y del Partido Libertad y Refundación (LIBRE), que se creó a partir de esa resistencia. En las últimas elecciones Murillo fue candidata a diputada por ese partido.

Su lucha fue motivo para que los grupos represivos y los escuadrones de la muerte la secuestraran y torturaran en los años 80, en épocas también de Terrorismo de Estado. Dedicó parte de su vida a la lucha libertaria en El Salvador contra la Dictadura, bajo los seudónimos de “Cipriana” o “Raquel”. Luego del golpe de Estado de 2009 en su país padeció el secuestro de un hijo y su marido fue herido de bala por las fuerzas represoras.

Radio Mundo Real entrevistó este jueves a la coordinadora general del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), Bertha Cáceres, y al dirigente campesino y diputado hondureño Rafael Alegría, referente además de la Vía Campesina Internacional. Alegría estaba en el entierro de Murillo en el momento del contacto.

“Una compañera muy destacada en el movimiento social. Una mujer fuerte, enérgica, beligerante, crítica, muy entregada” a la lucha. Así se refirió Cáceres a la compañera asesinada, a la que reconoció además como una de las “conductoras nacionales” del FNRP, “pero sin abandonar la lucha agraria particularmente”.

“Estos asesinos cobardes la encontraron con el azadón. Ella se disponía a sembrar pepinos, a cultivar la tierra, a dar vida”, agregó la coordinadora del COPINH, que catalogó el ataque de tres personas a Murillo como un “montaje de los grupos de poder y el Estado de Honduras”, a los que responsabilizó por el asesinato.

Nuestra entrevistada destacó que Murillo tenía medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que el Estado hondureño velase por su vida. Pero “nunca se le garantizó su protección pese a las denuncias constantes de amenazas de muerte”.

Cáceres manifestó también que “prácticamente todo el velatorio y entierro de Murillo es una movilización, un acto de protesta”, y subrayó que hay una “gran preocupación nacional en todo el movimiento social y político”. “Nos ha hecho reflexionar de la urgente necesidad que tenemos de cerrar filas ante la represión que continúa en este país criminalizando y con muchas artimañas para hostigar y asesinar a los luchadores sociales y políticos”.

La representante del COPINH contó que el sábado, en una reunión del FNRP, Murillo dijo que había que seguir luchando pese a todo. A pesar “del dolor que arrastramos por nuestros compañeros y compañeras asesinadas como Margarita, por el nivel de exposición, de indefensión, de impunidad y criminalidad, que es parte de la política de terror de este Estado, tenemos esperanza, tenemos ganas de seguir luchando por este país”, enfatizó Cáceres sobre el final de la charla.

En tanto, Alegría subrayó que Murillo dedicó toda su vida “a la organización, la formación, la lucha campesina por una Reforma Agraria Integral”. “Era una brillante luchadora”, aseguró.

El dirigente lamentó que sigue creciendo el “listado de campesinos y campesinas asesinados en Honduras, en la más absoluta impunidad”, y responsabilizó al gobierno nacional. En ese sentido, explicó que el 9 de abril introdujo a la Cámara Legislativa el proyecto de ley de Reforma Agraria Integral, “pero sigue engavetado, pareciera que no hay voluntad del gobierno”. “Ellos tienen gran responsabilidad en estos asesinatos, porque la reforma agraria podría realizarse pacíficamente y sin derramamiento de sangre, pero eso pasa cuando hay gobiernos con voluntad y decisión de impulsar procesos agrarios con justicia, paz y libertad”. “Seguimos en la lucha por una Reforma Agraria Integral”, reivindicó.

Ayer se hizo un minuto de silencio en el Congreso Nacional y Alegría realizó una intervención para llamar la atención sobre la cantidad de campesinos y campesinas asesinadas en el país, los que han sido judicializados por su lucha por la tierra, y para reclamar la aprobación del proyecto de ley de Reforma Agraria.

El dirigente expresó a los micrófonos de Radio Mundo Real: “ayer manifesté que no bastaba un minuto de silencio por la compañera. Sino que es necesario que se discuta y empiece a aprobar la Ley de Reforma Agraria Integral. Esa es nuestra lucha inmediata. Por eso dio la vida Margarita y vamos a continuar con esta lucha”. “En honor al mérito, a la personalidad, a la dignidad de la compañera Margarita Murillo la lucha continuará”, cerró Alegría.

El poder del consumidor ante el cambio climático

-La campaña Tras la Marca y la presión de consumidores y consumidoras lleva a Kellogg’s a anunciar que abordará el cambio climático
-La noticia llega una semana después de que Nestlé declarara Tolerancia Cero con el acaparamiento de tierras.

Saviano Abreu, Oxfam Intermón
en eldiario.es

Gracias a que 238.000 consumidores y consumidoras como tú habéis alzado vuestra voz, Kellogg’s se ha comprometido a reducir sus emisiones contaminantes (tanto en sus cadenas de suministro como en el conjunto de sus actividades), a ayudar a los pequeños agricultores y agricultoras a adaptarse al cambio climático y a presionar para que se lleve a cabo una incidencia efectiva contra este tanto en el sector privado como en los Gobiernos.

Esta rápida respuesta de la empresa solo ha sido posible gracias a la actuación de los colaboradores y colaboradoras de la campaña Tras la Marca.

Entre las medidas más importantes que Kellogg’s adoptará está la de instar a sus principales proveedores a que midan y hagan públicas sus emisiones de gases y sus objetivos de reducción de los mismos. Es decir, utilizar su fuerza y poder de influencia para crear el necesario cambio de tendencia en materia ambiental.

Un escenario que necesita de la presión de grandes compañías, la compañía también movilizará a otras empresas y sectores de la industria para que actúen contra el cambio climático y se unirá a la iniciativa de la industria Business for Innovative Climate and Energy Policy (BICEP) para impulsar una legislación climática en Estados Unidos.

Definir y hacer públicos sus compromisos de reducción de gases de efecto invernadero, incluidas las emisiones agrícolas, para diciembre de 2015, así como una estrategia de adaptación al cambio climático que incluya las necesidades de los pequeños agricultores y  agricultoras son otras dos de las consideraciones que Kellogg’s tomará.

Consulta la hoja de ruta de Kellogg’s para saber más sobre las medidas que la empresa pretende adoptar durante los próximos años de cara a cumplir con sus promesas

Es una decisión correcta, que beneficia a millones de agricultores y agricultoras en todo el mundo que tienen que enfrentarse a los efectos de una meteorología errática como resultado del cambio climático. Pero aún queda mucho cambio en materia ambiental y la exigencia que desde organizaciones no gubernamentales y movimientos sociales se le hace a las grandes empresas no puede disminuir, a pesar de estos significativos triunfos.

La protección de agricultores y agricultoras de todo el mundo en algo tan injusto como el acaparamiento de tierras debe seguir siendo firme y la presión y compromiso de las grandes empresas –como el reciente anuncio de Nestlé de adoptar una política de tolerancia cero ante esta mala práctica- debe ser recibido como una gran victoria, pero sin olvidar que a las 10 grandes empresas mundiales de comida y bebida aún les queda mucho para tratar de manera adecuada a las personas y al planeta.

Informe OMAL10: La minería transnacional en Centroamérica. El caso de Cerro Blanco


Ane Garay Zarraga (OMAL, 2014)

Con la colaboración de: Centro de Investigación sobre Inversión y Comercio – CEICOM
Diseño gráfico y Maquetación: Marra Servicios Publicitarios

Leer el informe completo (PDF; 2,13 MB)

El sector de la minería metálica experimenta un momento de expansión en Centroamérica. Este auge se inscribe dentro de un proceso mundial, mucho más amplio, que tiene como protagonista una creciente demanda de recursos naturales no renovables en los países del centro, como también en las economías brasileña, india, china y rusa. Dicho incremento sostenido ha provocado una tendencia al alza de los precios de los mismos, que proporcionan altas tasas de rentabilidad a las empresas transnacionales que los explotan, lo que está atrayendo grandes flujos de inversión hacia territorios ricos en agua, minerales, hidrocarburos, biodiversidad, madera, etc. (CEPAL, 2013).

 

Además del aumento en la demanda, otro de los factores que influye en los precios de estas materias son las finanzas. Los bancos son los principales especuladores en los mercados financieros de materias primas y, entre ellos, se puede encontrar a BNP Paribas, Morgan Stanley y Crédit Suisse, entre otros [1]. Los países de América Latina, cuya historia económica está estrechamente ligada al modelo extractivista, ven así cómo se consolida en sus territorios la agroindustria y se mantiene la actividad tradicional de minería y explotación de hidrocarburos. La investigadora argentina Maristella Svampa (2013: 31), con gran lucidez, ha denominado a este momento el “Consenso de los commodities”:

«Si bien es cierto que la explotación y exportación de materias primas no son actividades nuevas en América Latina, resulta claro que en los últimos años del siglo XX, en un contexto de cambio del modelo de acumulación, se ha intensificado notoriamente la expansión de megaproyectos tendientes al control, la extracción y la exportación de bienes naturales sin mayor valor agregado. Por ende, lo que de modo general aquí denominamos “Consenso de los Commodities” subraya el ingreso en un nuevo orden, a la vez económico y político-ideológico, sostenido por el boom de los precios internacionales de las materias primas y los bienes de consumo cada vez más demandados por los países centrales y las potencias emergentes, lo cual genera indudables ventajas comparativas visibles en el crecimiento económico y el aumento de las reservas monetarias, al tiempo que produce nuevas asimetrías y profundas desigualdades en las sociedades latinoamericanas.»

En América Latina, “la demanda de commodities está concentrada en productos alimentarios, como el maíz, la soja y el trigo, así como en hidrocarburos (gas y petróleo), metales y minerales (cobre, oro, plata, estaño, bauxita, zinc, entre otros)” (Svampa, 2013: 31). Este modelo económico orientado hacia la explotación y exportación de materias primas a gran escala es hoy acogido y promovido no sólo por los gobiernos latinoamericanos más alineados con el neoliberalismo, sino también por gobiernos que son calificados como “progresistas” en la región, es el caso de Ecuador, Bolivia, Venezuela y Brasil. En algunos de estos estados se están impulsando políticas de nacionalización de los recursos naturales con el objetivo de explotarlos y así generar ingresos públicos que permitan implementar programas sociales. Es lo que algunos autores y autoras han denominado como el modelo de desarrollo “neoextractivista”.

Como advierte Svampa, el extractivismo tiene una serie de graves consecuencias para las sociedades latinoamericanas. Entre ellas, serios impactos económicos, sociales, ambientales, políticos y culturales, de índole local, nacional y regional. En respuesta, las comunidades afectadas por la minería y las organizaciones sociales protagonizan hoy una resistencia enérgica contra los proyectos extractivos en toda la región. En Centroamérica, donde los territorios son pequeños y los impactos, a menudo, transfronterizos, se están produciendo procesos de movilización coordinada entre colectivos y comunidades de varios países. Cuestionan el modelo extractivista y defienden una Centroamérica sin minería. Su lucha es, como titula el documental de la organización guatemalteca La Ceiba, un enfrentamiento por “El oro o la vida” [2].

Notas

[1] Toussaint, E. “La banca especula con materias primas y alimentos”, Comité para la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo, 18 de marzo de 2013.

[2] “El oro o la vida. ReColonización y Resistencia en Centro América” es un documental de 2011 realizado por Caracol producciones, con el apoyo de Amigos de la Tierra Internacional y CEIBA-AT, que expone los impactos de la mina Marlin en el departamento de San Marcos en Guatemala y la resistencia de las comunidades, decididas a frenar el proyecto.

Leer el informe completo (PDF; 2,13 MB)

Fractura Expuesta 3: Soberanías energéticas tuteladas

 

Por Observatorio Petrolero Sur
Centro de Documentación e Información Bolivia
Censat Agua Viva / Amigos de la Tierra Colombia

Empresas y gobiernos clavaron sus ojos sobre yacimientos de frontera: no convencionales y offshore. El estancamiento de los niveles globales de  extracción tradicional de petróleo y el improbable descubrimiento de mega yacimientos, son parte del problema que se agudiza con el incremento exponencial del consumo de energía –no sólo por los países del Norte global sino, también, por las economías emergentes, como China e India. El gas y el petróleo de esquistos o lutitas –más conocidos por su denominación sajona, shale–, junto a los hidrocarburos de arenas compactas –tight sands–, los crudos ultra pesados y el petróleo del Ártico y de aguas profundas han cobrado suma relevancia en la apuesta sistémica a sostener esta matriz, donde los combustibles fósiles representan el 82% de las fuentes primarias de energía mundial.

Estados Unidos se ha convertido en el principal promotor de la explotación de hidrocarburos de yacimientos no convencionales. A partir de su desarrollo masivo, Washington no sólo apunta a que el mercado esté abastecido de combustibles fósiles y que los precios no se disparen, sino también a que se modifique el mapa geopolítico de la energía. Al ampliar el espectro de proveedores busca limitar el protagonismo de países como Rusia y Venezuela, los gigantes mundiales del gas y el petróleo, respectivamente. En esta estrategia el lugar estelar lo ocupan el gas y petróleo de esquistos. Según estimaciones de la Agencia de Información de Energía (EIA) de ese país, publicadas en 2013, América del Sur posee el mayor potencial de recursos técnicamente recuperables de shale gas, 1431 billones de pies cúbicos de gas (TCF, trillones según nomenclatura estadounidense); seguida por Asia, con 1403 TCF –de los cuales 1115 TCF corresponden a China. En cuanto al crudo de estas formaciones, el potencial sería de 1152 millones de barriles (Billon bbl, según su equivalente en inglés) que la ubica detrás Europa, 1551 Billon bbl; y Asia, 1375 Billon bbl. Si bien estas cifras deben ser relativizadas, ya que las estimaciones fueron realizadas sólo sobre 41 países, sin EE.UU., lo que le resta relevancia al potencial de América del Norte, y porque el cálculo mismo es cuestionado, ilustran la posición que la región ocupa en la geopolítica del shale. O, por lo menos, en la política de Seguridad Energética del Departamento de Estado norteamericano.

En este esplendor no convencional, como ha sucedido a lo largo de la historia de nuestros pueblos del Sur, detentar los recursos no necesariamente implica tener la sartén por el mango. La explotación de estos recursos, criticada por su alto impacto socioambiental, se realiza con tecnologías desarrolladas y acaparadas por grandes empresas de servicios petroleros, como Halliburton y Schlumberger, y operadoras con capacidad financiera y de lobby, como Chevron y ExxonMobil. Justamente en los últimos años el sector corporativo ha tenido un marcado protagonismo, promoviendo este tipo de explotaciones en diversos foros regionales y presionando a las autoridades públicas para que generen las condiciones propicias para la avanzada, es decir, garanticen márgenes de ganancia y adecuen marcos regulatorios.

En sintonía, cada uno de los gobiernos de la región ha justificado su creciente interés en estos reservorios a partir de metas propias, soberanas. Los argumentos son diversos; reducir la importación de combustibles, revertir la caída de los niveles de extracción, alcanzar el autoabastecimiento, mantenerse o consolidarse como exportador… Pero más allá de los enunciados, todos tienen una consecuencia común: la conflictividad social por la ampliación de la frontera extractiva y de la transnacionalización del sector, si bien algunas veces hay un aparente liderazgo de compañías controladas por el Estado.

El mayor avance sobre formaciones de shale, por fuera de EE.UU., se registra en Argentina, que, según la EIA, concentra 802 TCF sobre 1431 TCF del conjunto de Sudamérica. El mayor potencial se encontraría en la Cuenca Neuquina, con 583 TCF distribuidos en las formaciones Vaca Muerta y Los Molles, lo que explica por qué ostenta el dudoso privilegio de ser cabecera de playa nacional y regional. A la luz de estos datos no es un hecho menor la alianza para “fortalecer y profundizar el intercambio y la cooperación” en hidrocarburos no convencionales, redes inteligentes, energía nuclear y eficiencia energética y energías renovables, sellada por el secretario adjunto de Energía de EE.UU., Daniel Poneman, y el ministro de Planificación Federal argentino, Julio De Vido, en mayo último. Según lo publicado en medios de prensa cercanos al gobierno de Cristina Fernández, EE.UU. aspira a insertarse de lleno en el negocio de Vaca Muerta, y en ese esquema, empresas como ExxonMobil, cobrarían protagonismo, sumándose a la pionera Chevron.

Chile –otro país visitado recientemente por Poneman, pero para asegurarse la venta de gas– y Colombia también han puesto su atención sobre los no convencionales, realizando exploraciones tanto en formaciones de esquistos como de gas de mantos de carbón, con resultados disímiles. Chile busca sumar fuentes a su matriz para incrementar la capacidad instalada, que demanda la minería, y, al mismo tiempo, superar el cuello de botella que significa la masiva oposición popular a proyectos de mega complejos hidroeléctricos, como HidroAysén, que fue finalmente descartado. En el caso de Colombia la ampliación de la frontera extractiva, impulsada en el marco de la política de promoción de la actividad minero-energética, está orientada a ampliar el horizonte de reservas e incrementar las exportaciones, buscando los mercados asiáticos.

Uruguay, Bolivia y Brasil también evalúan la alternativa de los no convencionales. En este sentido es destacable el poco entusiasmo que generó en el mundo corporativo brasileño la Ronda 12, a través de la cual, por primera vez en el país, se licitaron bloques para exploración de esquistos. Esto marcó una profunda diferencia con el interés despertado meses antes por la licitación del campo Libra, en aguas profundas. Mientras que en Paraguay la exploración de hidrocarburos es promocionada con promesas de abundancia, pero poco ha avanzado en términos generales y el horizonte del shale aparece supeditado a la evaluación costos de producción.

En tanto en el extremo norte de Latinoamérica, México ha consumado la reforma de su Carta Magna, que permitió echar por tierra con el monopolio que la petrolera estatal Pemex tenía sobre todo el sector. De este modo, las puertas quedaron abiertas no sólo para una salvaje transnacionalización de la industria hidrocarburífera sino también para la explotación de esquistos.

En la mayoría de los países de la región, la adjudicación de bloques para la exploración y explotación de no convencionales, ha dado lugar al surgimiento de espacios de oposición donde convergen organizaciones de las más diversas, como es el caso de la Multisectorial contra la Fractura Hidráulica de Neuquén o la Alianza Mexicana contra el Fracking, y a campañas como Por um Brasil Livre de Fracking. En todos los casos la defensa del agua se transforma en el elemento aglutinador, y en ese aspecto, el Principio Precautorio y el derecho de las comunidades locales a decidir sobre el futuro de sus territorios son pilares de las demandas.

En este contexto, se torna imperativo para las organizaciones de la región formalizar un ámbito de confluencia con el objetivo de frenar esta profundización del modelo extractivista, a partir del fortalecimiento de las resistencias y la construcción de caminos hacia la Soberanía Energética. Porque Soberanía Energética no es sólo garantizar el autoabastecimiento sino que es tener el control sobre las fuentes y la autonomía en la gestión de la energía. No sólo se trata de contar con mayores reservas, sino también de detentar la capacidad política para definir energía cómo, para qué y para quién, en un marco de participación popular.

[Descargar Fractura Expuesta #3]

COMUNICADO: ATACADOS MIEMBROS DE LA REMA DE ZACUALPAN

ATACADOS MIEMBROS DE LA REMA DE ZACUALPAN

 

24 de Agosto de 2014

 

 

Miembros del Consejo Indígena Nahua en Defensa del Territorio de Zacualpan, Colima, integrantes de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), fueron atacados este 24 de agosto sin que la policía presente interviniera, por un grupo de priístas simpatizantes y familiares del depuesto ex comisariado de Bienes Comunales, Carlos Guzmán, en el balneario “Ojo de Agua”, del cual se ha descubierto que mantenían una red de corrupción y robo de recursos de la comunidad muy cuantiosos.

 

 

 

Por ello su interés en recuperar los intereses perdidos de un ex comisariado corrupto y que sistemáticamente violó la ley agraria, amenazó, intimidó y defraudó los bienes comunales y los recursos del estado, con el respaldo, apoyo, solapamiento, asesoría, conocimiento y beneplácito de la delegada de la Procuraduría Agraria de Colima, del Presidente Municipal, del gobernador del estado,  la Comisión Estatal de Derechos Humanos y el Ministerio Público, entre otras dependencias.

 

 

La REMA vuelve a reiterar que esta violencia es también causada y solapada por el gobierno del estado y municipal, con el apoyo de las autoridades y dependencias ya señaladas. Ya se han registrado intimidaciones, chantajes, represión, amenazas de muerte por el abogado de la Procuraduría Agraria, violaciones a los derechos humanos y de los pueblos indígenas, violaciones a la ley agraria incluso de la misma Procuraduría Agraria, entre otras. Todo ello denunciado ante el Ministerio Público, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y ante la opìnión pública nacional e internacional. Por ello la REMA alertó sobre la escalada de violencia que solapa y encubre el gobierno a los sistemáticos agresores que han perdido sus intereses personales con la deposición del ex comisariado de Bienes Comunales, Carlos Guzmán. Esto es una prueba más de la escalada de violencia.

 

 

Esta agresión merece una demanda penal. El estado de indefensión de los pueblos indígenas agredidos en sus derechos y físicamente, incluso por parte del estado de Colima, alerta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la falta de protección del estado y más aún, la complicidad del estado en la violación a los derechos humanos de los pueblos indígenas.

 

 

La REMA exigimos castigo a los responsables de la agresión.

 

  RED MEXICANA DE AFECTADOS POR LA MINERÍA (REMA)

www.remamx.org