Compartimos la siguiente nota publicada en el diario digital La Cooperacha – A 25 de octubre de 2019
Pocos cambios en políticas extractivas con el actual gobierno, analizan organizaciones.
Redacción La Coperacha
Ciudad de México // 25 de octubre de 2019
Con un llamado al
Gobierno Federal a terminar con la criminalización, violencia y
hostigamiento para las personas defensoras del territorio, así como
a generar condiciones para realizar su labor en favor de los pueblos,
concluyó el Encuentro de Defensores del Territorio el 20 de octubre
en Cuetzalan, Puebla.
El llamado ocurre días después que Amnistía Internacional
alertara del incremento de agresiones hacia ambientalistas y defensores
del territorio. “Tan sólo en 2019 se han reportado 12 asesinatos de
personas que defendían la tierra, el territorio y el medio ambiente”,
señaló la organización internacional apoyado en datos de Global Witness.
La organización global registró 15 muertes de ambientalistas en México
en 2017, y 14 en 2018.
En el Hotel
Taselotzin, gestionado y administrado por mujeres masehual, las
personas defensoras integrantes de 32 organizaciones como Alianza
Mexicana Contra el Fracking, Concejo de Pueblos de Morelos, Fundar y
CartoCrítica, analizaron la situación de las comunidades y
defensores ante proyectos extractivistas
en el contexto de la denominada 4T.
Tiempo de definiciones
En el encuentro se
analizaron situaciones como el avance del fracking en la Huasteca
Potosina, el caso de la minera en Ixtacamaxtitlán, y el Proyecto
Hidroeléctrico Puebla 1 que busca generar electricidad exclusiva para
Walmart y empresas asociadas.
“Se
mira que la situación no ha cambiado nada (con la 4T). Los proyectos
extractivos están en términos de definición”, señala la abogada
Diana Pérez, integrante del Consejo Tiyat Tlali.
Durante
el encuentro, añadió, se analizó la contradicción del discurso
del Gobierno Federal sobre no permitir fracking, sin embargo
existe una partida en el presupuesto de egresos destinada a esa
práctica. “En casos de la Huasteca Potosina hay solicitudes para
autorizar campos de exploración de hidrocarburos no convencionales
con la técnica de fracking”, apuntó.
Sobre ello, esta semana Fundar documentó que existen dos proyectos
relacionados con fracking con un recurso asignado del presupuesto
federal de 10,837 millones. Las organizaciones han
insistido en que debe llevarse el discurso oficial anti fracking al
plano de las leyes, incluso con un decreto presidencial de suspensión
inmediata basta, han planteado.
Aumenta hostigamiento
Sobre el caso de la
minera en Ixtacamaxtitlán, que se encuentra a días de que la Secretaría
del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) resuelva sobre el
Manifiesto de Impacto Ambiental, la ambientalista denunció que se han
incrementado las prácticas de acoso y hostigamiento no sólo contra las
personas opositoras, sino contra las organizaciones que han acompañado
el proceso de defensa del territorio.
El
acoso, prosigue la abogada, no proviene de las empresas directamente,
si no de sus trabajadores: “las empresas han buscado que el
discurso diga que son conflictos intracomunitarios, cuando es
evidente que la conflictividad surge a partir de la llegada de estos
proyectos”.
En
Ixtacamaxtitlán “se han mencionado con nombre y apellido a los
integrantes de las organizaciones que acompañan a Cesder y a la
Unión de Ejidos y Comunidades Atcolhua, lo que los coloca en un
grado de vulnerabilidad frente a una comunidad cada vez más
dividida”.
En
cuanto al caso del Proyecto Hidroeléctrico Puebla 1, donde un juez
negó los derechos de las comunidades en favor de una hidroeléctrica
para Walmart, gente de las comunidades “han ido a las oficinas de
Fundar a exigir que no impugne la sentencia del juez”.
La
animadversión hacia los defensores “ha surgido de la dependencia
económica hacia los megaproyectos y la idea de los supuestos empleos
que va a generar”, explica la integrante del Consejo Tiyat Tlali.
Exigencias
Del encuentro en Cuetzalan de personas defensoras, surgió un pronunciamiento dirigido
a autoridades de diversos niveles donde se pide el respeto y garantía
de los derechos a la libre autodeterminación y autonomía de los pueblos,
así como la cancelación definitiva de concesiones mineras,
hidroeléctricas, gasoductos y proyectos extractivos en territorios que
se han pronunciado en contra de esas actividades.
Además, se exigió al Gobierno Federal y del estado de Puebla poner medidas urgentes para proteger a las personas defensoras de la Sierra Norte de Puebla, así como avances en la investigación de los asesinatos de los activistas Samir Flores, Antonio Esteban y Manuel Gaspar.
Foto: Alianza Mexicana Contra el Fracking
