La hermandad de la industria tecnológica y la minería a cielo abierto

Compartimos este reportaje publicado en Proceso sobre la minería a cielo abierto- A 30 de junio de 2020

Por Pablo Gámez-Cersosimo*

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En una demanda histórica, Apple, Google Alphabet, Dell, Microsoft y Tesla fueron acusadas por la muerte y lesiones graves a niños que trabajan en minas de cobalto para abastecer la cadena de suministro de las tecnológicas estadunidenses. “Extraían cobalto para alimentar teléfonos inteligentes, computadoras portátiles y autos eléctricos”.

“Se abusa de los derechos humanos de las personas en niveles que muchos consumidores occidentales podrían encontrar difíciles de imaginar”, explica Sophia Pickles, experta en cadena de suministro y líder de equipo en el organismo de control de la corrupción, Global Witness[i]. “A menudo me pregunto si las personas serían tan rápidas para comprar una nueva computadora portátil si su hermano o madre trabajaran en las profundidades de un pozo de 100 metros, sin ningún equipo de seguridad que funcione bajo el riesgo permanente de un colapso de la mina. O si las fuerzas de seguridad golpearan gravemente a su padre en una mina y ahora está paralizado. O si la gran empresa minera los hubiera echado de sus tierras y, como consecuencia, sus vidas dieran un vuelco no deseado”.

A finales de diciembre de 2019 y prácticamente sin mayor atención mediática,  las corporativas tecnológicas Apple, Google Alphabet, Dell, Microsoft y Tesla fueron demandadas en un tribunal federal en Washington DC,  por parte de la firma de derechos humanos International Rights Advocates. La demanda se presentó en nombre de 14 padres e hijos de la República Democrática del Congo (RDC). El equipo legal de los demandantes incluye a dos reconocidos investigadores y expertos en trabajo infantil forzoso, el profesor Siddharth Kara (Harvard) y el doctor Roger-Claude Liwanga[ii].

De acuerdo con Kara, “esta demanda representa la culminación de varios años de investigación sobre las terribles condiciones de la minería de cobalto en la RDC (…) Espero que nuestros esfuerzos sean dignos de las familias valientes que compartieron su tormento inconmensurable con nosotros, y que la justicia y la decencia triunfarán sobre la búsqueda de ganancias a cualquier costo[iii]“.

Por su parte, el doctor Liwanga comenta: “Este es el comienzo del fin de la impunidad para aquellos que se han beneficiado económicamente del trabajo infantil en la industria minera de la RDC. Los niños de la RDC también tienen el derecho inherente e inalienable de ser protegidos de la explotación económica[iv]”.

La demanda interpuesta contra las grandes tecnológicas es resultado de una larga investigación de campo realizada por Siddharth Kara, acusando a las compañías de ser responsables de la muerte y lesiones graves de niños que, según ellos, estaban trabajando en minas de cobalto para abastecer la cadena de suministro de las compañías mencionadas. “Extraían cobalto para alimentar teléfonos inteligentes, computadoras portátiles y autos eléctricos[v]”.

Una de las alegaciones centrales en la demanda es que Apple, Google, Dell, Microsoft y Tesla eran conscientes y tenían “conocimiento específico” de que el cobalto que usan en sus productos está vinculado al trabajo infantil realizado en condiciones peligrosas, y fueron cómplices en el trabajo forzado de los niños.

“Las familias y los niños afectados por trabajo forzoso buscan una mayor compensación por enriquecimiento injusto, supervisión negligente e imposición intencional de angustia emocional[vi]”.

Las familias argumentan en el reclamo que sus hijos estaban trabajando ilegalmente en minas propiedad de la compañía minera británica Glencore. Los documentos judiciales alegan que el cobalto de las minas propiedad de Glencore se vende a Umicore, un comerciante de metales y minería con sede en Bruselas, que luego vende cobalto de grado de batería a Apple, Google, Tesla, Microsoft y Dell.  Otros demandantes dicen que trabajaron en minas propiedad de Zhejiang Huayou Cobalt, una importante firma china de cobalto, que según la demanda suministra a Apple, Dell, Microsoft y otras tecnológicas.

Con detalle, las familias congoleñas describen cómo sus hijos fueron empujados por la pobreza extrema a buscar trabajo en grandes sitios mineros, donde afirman que se les pagó tan solo $2 diarios por trabajos “desgarradores y peligrosos para extraer rocas de cobalto, con herramientas primitivas en túneles subterráneos oscuros.

Los niños trabajaban 12 horas al día, cavando y transportando sacos de rocas ricas en cobalto. Es una lucha caótica por hacerse con este producto de gran valor. Casi dos tercios del suministro actual de cobalto del mundo se origina en una franja del sur de la RDC, un país plagado de profunda corrupción y pobreza paralizante.

Cuando los niños no están en la escuela, todos van a trabajar a las minas. Incluso a partir de los 10 años[vii]“.

Auguste Mutombo, director ejecutivo de Alternatives Plus, una ONG con sede en la República Democrática del Congo, que trabaja para mejorar las condiciones en el sector de la minería artesanal, ayudó a facilitar la investigación de campo que formó la base de evidencia para la demanda.

De acuerdo con Mutombo, poco después de que los detalles de la demanda se hicieran públicos, recibió decenas de amenazas de muerte en persona y por teléfono. “Esperaba algunos problemas después de la presentación de la demanda, pero la magnitud de las amenazas me hizo temer mucho por la seguridad de mi familia y significaba que teníamos que escondernos”, dijo Mutombo[viii].

La esencia de los dispositivos tecnológicos

En apenas tres décadas, nuestros dispositivos han evolucionado a tal punto que no concibimos el día a día sin ellos. Su papel es protagónico y hemos pasado a ser dependientes de nuestro teléfono inteligente, tablet, ordenador portátil. De distintas formas, nuestros dispositivos digitales son imprescindibles, porque son los que nos permiten la conectividad con la membrana digital que hemos creado. Pero realmente sorprende que desconozcamos el origen de los dispositivos tecnológicos que alimentan nuestras vidas, ¿ por qué razón nos molesta tan poco ?

Apple, por ejemplo, ha vendido cerca de mil 500 millones de iPhones en la última década, y con el creciente escrutinio sobre dónde obtiene los metales y minerales de tierras raras, necesarios para producir estos productos a tal escala, la compañía ha tenido que considerar la huella ambiental de sus operaciones de manera similar a una empresa minera, o una empresa de petróleo y gas en alta mar[ix]. Pero lo mismo sucede con Google, Tesla, Microsoft o Dell.

De hecho, las empresas tecnológicas no podrían ser entendidas sin la minería a cielo abierto. De igual forma, la mayoría de los consumidores podrían no ser conscientes de que los componentes principales utilizados en sus teléfonos inteligentes, y gran parte de su tecnología personal, incluyen tierras raras, además de cobalto, oro, plata, paladio, cobre y estaño.

Las materias primas para la electrónica personal provienen de lugares dispares en todo el mundo: el paladio proviene principalmente de Sudáfrica y Norilsk, Rusia, mientras que la plata proviene de minas en todos los continentes. Mientras tanto, la fabricación de piezas tiene lugar en Corea, Taiwán, China, Tailandia, Malasia y Japón, antes de que los dispositivos se ensamblen en países como Brasil e India, así como en China y Corea. La inmensidad de estas cadenas de suministro significa que la transparencia, y la responsabilidad, son fáciles de esquivar. La producción física de productos tecnológicos también consume mucha energía, ya que el viaje global requerido en las cadenas de suministro de tecnología es un contribuyente significativo a las emisiones de gases de efecto invernadero del planeta.

Una cadena “borrosa”

Todos los materiales y componentes se fabrican en una cadena de valor altamente compleja y globalizada, a partir de la extracción de recursos hasta el procesamiento de materiales y la producción de componentes (con una gran cantidad de proveedores involucrados en la producción, debido a la experiencia altamente específica requerida). Las muchas funcionalidades del teléfono móvil requieren un amplio conjunto (más de 400) de diferentes componentes (por ejemplo, batería, placa base, cámaras, motor de vibración, altavoces, condensadores, diodos y varistores) .

Los teléfonos móviles forman parte de una categoría de productos denominada “EEE”, que quiere decir “Equipos eléctricos y electrónicos”.  Esto incluye cualquier producto con un enchufe de alimentación o batería con circuitos o componentes eléctricos, que van desde lavadoras y computadoras portátiles hasta máquinas de afeitar eléctricas.

En comparación con otros ”EEE”, los teléfonos móviles son uno de los elementos más pequeños, y, por lo tanto, no son los únicos que contribuyen a muchos problemas relacionados con esta categoría. Por ejemplo, en lo que respecta a la extracción de metales y minerales, que es donde tiene lugar el mayor impacto ambiental y socioeconómico.

En países de bajos ingresos, los metales y minerales a menudo se extraen a través de operaciones artesanales informales y de minería a pequeña escala (ASM). Mientras que las operaciones mineras a gran escala (LSM) son formales, mecanizadas, intensivas en capital con trabajadores altamente calificados, los ASM son en gran medida operaciones informales, intensivas en mano de obra y con una gran fuerza laboral poco calificada.

Los ASM suministran una parte significativa de los metales que son críticos para los teléfonos móviles, como el estaño, el tantalio y el oro (que cubren respectivamente el 20%, 25% y 26% del suministro global) de países como Ruanda, Brasil, Venezuela o Colombia.

Los ASM también proporcionan medios de subsistencia a millones de personas en países de bajos ingresos. Especialmente donde las actividades agrícolas y rurales se están volviendo menos lucrativas, ASM proporciona ingresos para aquellos que tienen pocas oportunidades alternativas de empleo. Para algunos países de bajos ingresos, la minería también contribuye significativamente al PIB (20%, 13% y 6.5% para la República Democrática del Congo, Zambia y Ghana, respectivamente) .

Las operaciones mineras ilegales que producen los llamados “minerales de conflicto” están utilizando trabajo forzado, incluido el trabajo infantil, y hacen cumplir poco o nada los estándares de seguridad y salud. Las malas prácticas ambientales también resultan en una alta ecotoxicidad para el aire, el agua y el suelo. La ecotoxicidad causada por la minería puede contaminar la cadena alimentaria y el agua potable, así como degradar las tierras de cultivo, lo que afecta la producción de alimentos[x].

En el caso de los  teléfonos móviles, estos poseen una vida útil relativamente corta, pero demandan altas cantidades de materiales vírgenes y energía. En 2018, el 49% de todos los teléfonos fabricados eran de China, lo que lo convierte en el país líder en la producción de teléfonos móviles para el mercado global. Si bien la fundición de los metales y minerales  tienen lugar en ubicaciones geográficas por todo el planeta,  la mayor parte de la producción de componentes y el ensamblaje final ocurre en China, con un alto índice de polución ambiental.

Ahora bien, la demanda de nuevos productos EEE está creciendo, con tendencias imparables como los  “hogares inteligentes”, tecnología de realidad virtual y drones personales. En segundo lugar, existe una creciente demanda de los metales críticos que se encuentran en los teléfonos móviles debido a las tendencias en la electrificación y las energías renovables, con una creciente necesidad de, por ejemplo, baterías, turbinas eólicas, pilas de combustible y energía fotovoltaica. Por último, con una clase media de crecimiento mundial, se espera un mayor consumo de EEE.

La era de los metales avanzados

El Premio Nóbel de Física, George Thomson, la llama la “era de los materiales avanzados”.  Sus propiedades especiales han hecho posible lo que parecía imposible a nivel de electrónica, digital o científico. Dicho lo cual, su ausencia creará un serio desequilibrio en el modelo que se ha impuesto.

La línea de desarrollo que hemos seguido nos sitúa en esta realidad. El rostro de estos materiales ha ido variando en el tiempo, pero lo que no ha variado es la base del modelo y paradigma. La industria digital y la industria de energías limpias está enroscada a un fodo básico de metales y minerales absolutamente imprescindibles.

¿Por qué razón se está ocultando? ¿Qué es lo que no se quiere revelar? Una rápida vista a Baotou, en Mongolia, o al Amazonas en Brasil, a Guanía, en Colombia, al Arco Minero en Venezuela, es suficiente para entender que la revolución digital y la revolución verde no se alimentan de bambú.

En el caso de Australia[xi], la explotación de tierras raras también genera polémica.  La empresa Lynas Corp. maneja dos instalaciones en la producción de tierras raras: la minería, que tiene lugar en Mount Weld, Australia Occidental; y el procesamiento, que sucede fuera de casa, en Kuantan, Malasia. El grueso de la contaminación se genera en Kuantan, donde se han acumulado más de 450 mil toneladas de desechos tóxicos y radioactivos. Esa nube tóxica preocupa al gobierno de Malasia. Y las autoridades de Malasia exigen a Lynas Corp. que retire los desechos radioactivos producidos por las instalaciones de refinado en Kuantan. En la memoria colectiva del país, aún pesa la catástrofe ambiental y de salud que tuvo lugar en Bukit Merah, precisamente por los residuos tóxicos derivados de la explotación de tierras raras.  El problema de Lynas Corp. es que la legislación autraliana prohíbe la importación de desechos radioactivos. ¿Entonces dónde colocarlos?

Cada metal y mineral nos plantea en distintas regiones del planeta una realidad de impacto ambiental severo[xii], violaciones a la salud y seguridad de los trabajadores, además de abusos a los derechos humanos. En el caso de América Latina, es algo que documentó la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (RAISG) al elaborar el primer mapa de minería illegal en la Amazonía[xiii], una radiografía interactiva que confirma la presencia de 2 mil 312 puntos y 245 áreas de extracción no autorizada de minerales en plena selva tropical y 30 ríos donde tiene lugar el accionar de la actividad minera. “La extracción minera en la Amazonia no tiene comparación con ningún otro momento de la historia”, se puede leer en el informe de la RAISG, que también recuerda que la Amazonía es uno de los lugares de donde se extraen los insumos de nuestro ecosistema digital.

La industria de la minería

Los mineros son colectivamente responsables de 22% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. Estos gigantes devoran el 6% de la demanda energética mundial mientras mueven rocas y tierra para desbloquear los metales y minerales[xiv] utilizados en el proceso de fabricación de todas las formas y tamaños de nuestra modernidad digital, y de los que depende el interruptor de la energía limpia.

Según la firma de análisis McKinsey, en la última década las corporativas tecnológicas descubrieron en la industria minera uno de sus clientes “vitales”, haciendo que adoptaran diferentes estrategias: inteligencia artificial, el aprendizaje automático, la automatización y la robótica, la tecnología digital móvil, el Internet industrial de las cosas y la arquitectura de datos moderna (incluida la nube).

Estas nuevas tecnologías han permitido una ejecución que permite eliminar la variabilidad inherente a la actividad minera. ¿El resultado? La productividad mineral  aumentó aproximadamente 2.8% anual desde 2014.

¿La consecuencia? Que las reservas de minerales y metales está disminuyendo, mientras que la escasez de agua ha amenazado con vaciar los activos en el suelo, y las licencias de operación se han vuelto más difíciles de obtener[xv].

Es importante no olvidar que las Big Tech son empresas y, como tales, buscarán oportunidades para vender sus productos y servicios a quienes los necesiten y puedan pagarlos, sea Big Mining, Big Oil, Big Pharma, Big brother, la CIA, Interpol, Shell, Monsanto, el Pentágono o la industria militar.

Y todos necesitan de las tierras raras.

El senador de Texas Ted Cruz dijo[xvi] que el primer trillonario del mundo se haría en el espacio, refiriéndose al potencial financiero de la minería de asteroides. En abril de 2020, el presidente Donald Trump emitió una orden ejecutiva que reafirma el interés estadunidense en la explotación corporativa de recursos lunares y de asteroides[xvii]. Un mes antes del comunicado de la Casa Blanca, Elon Musk, a través de su empresa SpaceX, cerraba con la NASA el acuerdo de una misión que despegará en julio 2022 y cuyo destino será Psique 16, “un asteroide metálico, misterioso y gigante. Hay tantos metales preciosos enterrados dentro del asteroide que podría convertir a cada persona en la Tierra en multimillonaria[xviii]”.

Pero antes de que “viajemos” a Psique 16, tendrá que resolverse la demanda presentada contra Apple, Google Alphabet, Dell, Microsoft y Tesla en una corte federal de Washington.

Imagen: Mina a cielo abierto en Samalayuca. Foto: contralacorrupcion.mx

Más información:

La “4T” y el derrame tóxico en el Río Sonora… Una herida abierta y el incumplimiento gubernamental continúa

Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA a propósito del 6to aniversario de desastre minero en el río Sonora – A 10 de agosto de 2020

El 6 de agosto de 2014 la empresa del empresario más violento y violador de derechos de México, el Sr. Germán Larrea Mota Velasco, dueño de la mina Buenavista del Cobre, Filial de Grupo México, derramó 40 millones de litros de lixiviados de sulfato de cobre acidulado y saturado con ácido sulfúrico, sobre el caudal de los ríos Bacanuchi y Sonora ubicados en la región centro-norte del Estado de Sonora; causando daños graves a la salud de los habitantes de las comunidades ribereñas, así como una permanente contaminación del río con metales pesados (incluidos Arsénico, Cadmio, Cromo, Plomo, Cobre, Aluminio y Fierro) y diversas repercusiones negativas al medio ambiente de la cuenca del río, además de una, todavía incalculable, afectación al sector productivo y económico de la región.

Los cálculos iniciales y generales se fijaron en más de 24 mil personas afectadas quienes habitan en los municipios ribereños de Arizpe, Banámichi, Huépac, San Felipe de Jesús, Aconchi, Baviácora y Ures, todas estas personas se quedaron sin agua para beber, sin agua para la agricultura y sin agua para sus animales.

El derrame fue una combinación de sustancias con pH ácido (1) y una serie de metales pesados tóxicos que se encontraban en proceso de lixiviación. La mezcla avanzó rápidamente a lo largo de 25 kilómetros; primero sobre el arroyo Tinajas, luego el Río Bacanuchi, después avanzaron a lo largo del Río Sonora y finalmente llegaron hasta la Presa de El Molinito, la cual surte de agua a los 900 mil habitantes de Hermosillo.

La empresa no informó del desastre sino hasta seis días después, y quienes lo hicieron al día siguiente del derrame fueron pobladores locales. La empresa mintió, intentando responsabilizar del accidente a las fuertes lluvias, sin embargo, el Servicio Meteorológico Nacional, puso en claro que no hubo reportes de lluvia en los días previos al derrame.

Con la complicidad de los funcionarios de diversas dependencias para minimizar el hecho, destacando en ello la del sujeto que encabezaba entonces la propia SEMARNAT, Juan José Guerra Abud. Una vez que la noticia dio vuelta al mundo, el Sr. Larrea intentó lavar su imagen con promesas imposibles de cumplir: “limpiar” el río y “limpiar” el agua a partir de la construcción de 36 plantas potabilizadoras; la formación un fideicomiso; el inició la construcción de un hospital que supuestamente atendería a las personas dañadas por el derrame. A seis años de la tragedia, el río sigue contaminado; sólo existe una planta potabilizadora la cual deja de funcionar por largos periodos, el fideicomiso desapareció entre escándalos de corrupción o beneficiando, indebidamente, a empresas familiares, tal y como lo demuestra el hecho de que 5 millones 502 mil pesos fueron a parar a la cuenta de Rotoplas, empresa de Carlos Rojas Mota Velasco, integrante del Consejo de Administración de Grupo México y primo de Germán Larrea Mota Velasco; el hospital quedó inconcluso y el mismo Larrea decidió mejor ceder el inmueble y el terreno a la Guardia Nacional, dejando en claro, una vez más, su catadura moral en el contexto de los múltiples daños que generó. Larrea posee una fortuna de 14 mil 700 millones de dólares. La sola multa que se impuso entonces, por 1.5 millones de dólares, equivale al 0.03% de las ganancias de sus empresas y 0.1% de sus utilidades.

Los agricultores y ganaderos de los siete Municipios del Río Sonora afectados no logran recuperar los ingresos económicos que antes obtenían por su trabajo, y los habitantes de las comunidades ribereñas están obligados a comprar agua embotellada para evitar beber metales pesados, tal como sucede en todas las comunidades donde opera una empresa minera. Las personas afectadas en su salud han sido abandonadas a su suerte por las autoridades sanitarias municipales, estatales y federales, continúan siendo evidentes los elementos tóxicos sobre las márgenes y el sedimento de los ríos Sonora y Bacanuchi y, por otra parte, aunque en 2019 PROFEPA le notificó a Grupo México que está obligado remediar los daños y la contaminación en el suelo, ésta persiste, al mismo tiempo que las indemnizaciones pagadas han sido muy inferiores a lo acordado y no se han entregado a toda la población afectada. Ya en la gestión actual del gobierno federal, el 24 de diciembre de 2019, a través de la Secretaría de Salud y la SEMARNAT, señaló que Grupo México había incumplido el convenio que implicaba la construcción de un hospital para atender los daños a la salud de la población que estuvo expuesta al agua contaminada.

Larrea en un reconocido homicida a nivel mundial, si historial empresarial lo sustenta, demostrado a lo largo de por lo menos los últimos 20 años de operación de Grupo México y sus filiales. En ese corto periodo ha provocado por lo menos 22 accidentes ambientales, de los cuales, 14 de ellos han ocurrido en México, otro tanto, sucedieron con sus empresas en Perú, Estados Unidos y España. Larrea es un flagrante violador de derechos laborales de tal manera que, a lo largo y ancho del país, en sus empresas filiales, persisten huelgas de trabajadores que llevan años sin que ningún gobierno garantice el acceso efectivo a la justicia, y por el contrario, Larrea dispone de los recursos económicos y de las relaciones para no ser tocado por la justicia, con todo y el cambio de sexenio. Basta recordar la tragedia de Pasta de Conchos, otro de los desastres en su cuenta, para dimensionar aún más la perversidad de este personaje.

La 4T generó grandes expectativas, mucha esperanza e inmensas ilusiones sobre todo en sectores de  la población, incluidos quienes, recurrentemente sufren agravios de integrantes relacionados al modelo extractivo depredador a través de las empresas que lo aplican y delos gobiernos que lo promueven y protegen. Sin embargo, hasta el momento es muy desolador escuchar las palabras de miedo y conocer las acciones llenas de sumisión del presidente de la república ante Larrea y su operador central el empresario Alfonso Romo, coordinador, nada menos, que de la Oficina de la Presidencia. También es desilusionante la actuación calculada, y negociadora del Secretario de Medio Ambiente, con un multi-homicida de la vida, de los derechos de los pueblos y de los derechos laborales, quien mantiene su lúgubre sonrisa aún y a pesar de que el derrame en el río Sonora, haya sido tipificado como el Ecocidio Minero más grave en México en las últimas décadas. Y es que él sabe que nada le harán y que seguirá siendo beneficiario de proyectos del gobierno[1]. Si acaso existe la 4T se niega a cerrar heridas, le queda grande el sanar procesos sociales, tiene miedo de meter a la cárcel a estos asesinos que lucran con la naturaleza y la vida y, para colmo rechaza la posibilidad de incautar todos sus bienes y cuentas bancarias para que sirvan de algo a quienes han sufrido la violencia impune de Grupo México.

CÁRCEL A GERMÁN LARREA MOTA VELASCO Y SUS CÓMPLICES

Incautación de bienes de Grupo México para resarcir daños sufridos por víctimas, trabajadores, viudas y familiares, así como empezar a resarcir al menos lo resarcible de los daños ambientales que ha ocasionado.

ANTE LA PERSISTENCIA DE IMPUNIDAD:

¿QUÉ HACE DIFERENTE A LA 4T DE LOS GOBIERNOS ANTERIORES?

TERRITORIOS LIBRES DE MINERÍA

Firma

RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA

Imagen: Río Sonora – Hector Guerrero – Pie de página

Más información:

Declaratoria del Foro Minería y Cambio Climático RD-Haití

Compartimos la declaratoria final de Foro Minería y Cambio Climático RD-Haití, reunido en Dajabón durante los días 28 y 29 de febrero del 2020>>Descargar en pdf<<

Que la megaminería ha creado daños socioambientales irreparables en República Dominicana y Haití. Este modelo extractivista violenta los derechos fundamentales de las comunidades y los territorios. Ahora pretende extenderse sobre fuentes hídricas de alta importancia para la agricultura, la energía y la vida en la isla, como es el rio Artibonito, y con él, todos los ríos que nacen en la Cordillera Central dominicana y el Plateau Central haitiano, que son claves para el desarrollo social y económico de nuestros pueblos.

Esta amenaza igualmente, acelera el proceso de descomposición social que de nuestros pueblos y afecta la seguridad y la soberanía alimentaria. Esta situación genera incertidumbre frente a la biodiversidad y a todo el sistema de áreas protegidas y el patrimonio cultural que es parte integrante de la memoria histórica de los pueblos que compartimos la isla.

Haití y la República Dominicana, naciones hermanas que comparten una casa común, se encuentran en el mapa de los países más vulnerables del mundo frente al cambio climático; esta vulnerabilidad es consecuencia de un modelo económico basado en la extracción y expoliación de recursos naturales, entre los cuales la megaminería representa el mayor peligro y riesgo a la estabilidad ecológica, ya que reproduce relaciones coloniales, a lo que se suma el envenenamiento de las aguas y la destrucción de paisajes culturales y ambientales. Este modelo de explotación incrementa la pobreza y se constituye en amenaza a la seguridad y soberanía alimentaria y a la salud humana. En ese panorama social y ambiental cobra preocupación la realidad de riesgos y vulnerabilización a que están sometidas las mujeres y los jóvenes.

Denunciamos que la megaminería genera descomposición social y territorial, utiliza recursos económicos como mecanismos de manipulación contra las estructuras organizativas locales, creando falsas esperanzas de desarrollo a través de construcción de infraestructuras comunitarias y proyectos de fomento productivo intrascendentes que no generan desarrollo humano.

Ante esta situación, las organizaciones, plataformas y movimientos sociales de la República Dominicana, Haití y Puerto Rico aquí reunidas, anunciamos que nos constituimos en espacio permanente de articulación para la defensa de los bienes naturales y derechos colectivos, por lo que nos convocamos a desplegar procesos y acciones de movilización ciudadana, educación en torno a los procesos ecológicos y ambientales esenciales, así como la revalorización de los conocimientos tradicionales. El proceso conlleva impulso de la investigación como herramienta de empoderamiento social, con el objetivo de impedir la expansión de la megaminería, y rechazar su presencia en nuestros territorios y pueblos.

SI A LA VIDA NO A LA EMPLOTACIÓN MINERA

Firman

Plateforma haïtienne de Plaidoyer pour un Développement Alternatif (PAPDA), Haití, SJR-Haití- Solidarite Fwontalye, Asamblea Nacional Ambiental (ANA), Federación de Maestros, Puerto Rico (FMPR), Mouvman Peyizan Papay (MPP), Haití Solidarite Fanm Ayisyen (SOFA), Haití Comisión Ambiental de la UASD ADEM, Haití Centro de Formación para Mujeres Organizadas María Liberadora, Inc. (CEFORMOMALI), Cotuí, RD Coordinadora Ambiental, Provincia Dajabón (CAPRODA), RD POHDH, Haití Asamblea Ambiental, Dajabón, RD Batay Ouvriye, Haití La Laguna Saladilla no está sola, Carbonera, RD GARR, Haití Tet Kole Ti Peyizan Ayisyen, Haití
MAELA dominicana Red Ecológica de Santiago Rodríguez, RD MODEP, Haití Amanecer Ambiental, Mao, RD CE-JILAP, Haití Grupo Ecológico Mundo Libre, RD Redac-CEPOCS, Navarrete; RD Articulación Campesina, RD Justicia Climática “Mártires Castaño”, RD Coalición Global de Bosques, SD, RD Mujeres por Miranda, La Vega, RD Mesa Ambiental de Dajabón, RD Consejo de Desarrollo de Los Miches, RD Centro de Madres “Lorenza Rodríguez”, RD
Confederación Nacional de Mujeres Campesinas (CONAMUCA), RD

Foto: Centro Montalvo

Minera canadiense lleva 12 años contaminando el agua y dañando los cultivos, acusan en Durango

Compartimos esta investigación especial publicada en Sin Embargo sobre los daños ocasionados por la Minería – 19 de enero de 20202

La Platosa, como su nombre lo dice, es un yacimiento de plata, el tercero más importante de México por su calidad, situado en tierras del Ejido La Sierrita, en Durango, y operado por una minera canadiense llamada Excellon Resources Inc.

Estos campos acolchados de forraje y contaminados con arsénico, a decir de los ejidatarios de La Sierrita, enclavado entre los municipios de Tlahualilo y Mapimí, Durango, son el único “beneficio” que hasta ahora, y desde hace 12 años, ha dejado al pueblo la minera Excellon.

Por Jesús Peña 

Durango, 19 de enero (Vanguardia).– Desde arriba del gran bordo donde descansa la vía del ferrocarril, con sus recios rieles y sus toscos durmientes, se ve un vasto campo sobre el que se extiende una afelpada y verde alfombra de alfalfa, que en el ocaso estepario da la sensación de estar en un paraíso.

Debajo del puente, por el que transita el tren, corre un arroyo, un canal, una zanja, una acequia, como río de aguas cristalinas, que se pierde en el horizonte del crepúsculo y ofrece la vista de un oasis en medio del bolsón.

Y todo aquí da la impresión de estar en el edén, la tierra prometida, un vergel.

Parece un vergel, de no ser porque las aguas que bajan por esta rivera caudalosa y clara, son las aguas contaminadas con arsénico, y otros metales pesados, como el plomo y el zinc, que provienen de la mina La Platosa.

Con estas aguas contaminadas se riegan cientos y cientos de hectáreas de forraje, (entre cinco mil y ocho mil hectáreas de alfalfa, sorgo, avena, trigo, maíz): alimento de las miles y miles de vacas que pacen sin malicia en los establos de la Región Lagunera.

Los procesos de saneamiento del agua son rebasados por las cantidades de arsénico y conseguir agua es complicado en este ejido. Foto: Jordi Sifuentes, Vanguardia

La Platosa, como su nombre lo dice, es un yacimiento de plata, el tercero más importante de México por su calidad, situado en tierras del Ejido La Sierrita, en Durango, y operado por una minera canadiense llamada Excellon Resources Inc.

Estos campos acolchados de forraje y contaminados con arsénico, a decir de los ejidatarios de La Sierrita, enclavado entre los municipios de Tlahualilo y Mapimí, Durango, son el único “beneficio” que hasta ahora, y desde hace 12 años, ha dejado al pueblo la minera Excellon.

Además de una cansada disputa por el territorio, entre el ejido y la minera, que comenzó en 2012 y aún se libra en los tribunales.

La Sierrita es apenas una trocha polvorienta y seca, bordeada de jacales de adobe, donde no hay pavimento ni drenaje, sólo el recuerdo de una planta purificadora de agua que ya no funciona y unos talleres de carpintería y costura que están parados por falta de dinero.

En La Sierrita, la mayoría de la gente, unos 100 de los 120 ejidatarios, han preferido huir y buscarse la vida en Ciudad Juárez, Torreón o los Estados Unidos, ante la falta de oportunidades en una zona donde su futuro está en peligro de extinción.

“Hay una página de la Excellon que dice que el Ejido La Sierrita es ejemplo a seguir en Durango. No es cierto, estamos jodidos, estamos en la ruina”, dirá Carlos Godoy Rivera, el secretario del comisariado ejidal de este poblado.

“Esa tierra ya no sirve, porque ya tiene más de 10 años que se riega con esa agua. Pa producir buena alfalfa, buen maíz, ya no. Trae muchos metales, minerales, mucho arsénico, mucha sal, mucho plomo, zinc. No está tratada. Es agua contaminada y está contaminando las tierras, los pastos, la alfalfa, el maíz, la avena, el trigo, todo se está contaminando aquí”.

Dice César Pulido Barrón, ejidatario y presidente del Consejo de Vigilancia de La Sierrita, mientras señala a lo lejos, desde lo alto del bordo del ferrocarril que va y viene de Ciudad Juárez a Torreón, las campiñas y campiñas tapizadas de forraje que conceden al paisaje desértico una belleza inusitada.

César denuncia que la minera Excellon Resources Inc vende el agua contaminada con arsénico, plomo y zinc, a unos 13 pequeños propietarios, (agricultores productores), socios de las grandes empresas lecheras en La Laguna tales como Lala, Chilchota, Alpura.

Unos 100 de los 120 ejidatarios, han preferido huir y buscarse la vida en Ciudad Juárez, Torreón o los Estados Unidos, ante la falta de oportunidades en una zona donde su futuro está en peligro de extinción. Foto: Jordi Sifuentes, Vanguardia

Al respecto un empleado de una reconocida empresa lechera, que pidió no ser identificado, corroboró de manera extraoficial la versión de los ejidatarios, al ratificar que una parte del agua de la mina la Platosa es utilizada por más de una docena de agricultores productores, socios de varias compañías lácteas de la región.

“Desde luego se hace en el marco de la ley, no hay perjuicio a ningún tercero y sólo se utiliza una parte de total disponible”, dijo la fuente.

Y deslindó a la firma que representa, de toda responsabilidad sobre el manejo que sus socios agricultores productores hacen de sus negocios.

“Cada socio tiene la gestión que le puede convenir más para su negocio en términos de compra de tierra, compra de forrajes, derechos de agua y noria, y cada uno puede responder de lo que está haciendo bien o, en su caso, de lo que está haciendo mal…”.

“Eso lo puede hacer la canadiense – dice Miguel Ángel Mijangos Leal, enlace de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), en el estado de Guerrero –, gracias a que en la ley minera, cuando una mina encuentra agua la norma dice literalmente que puede utilizarla conforme a los intereses que le empresa defina y ahí lo que definieron fue echarla para afuera, porque obviamente si no sacan esa agua no pueden sacar la plata que está allá abajo. Hay empresas que hacen contubernio con la minera para que les dé esa agua y meten forraje para la industria de todo el corredor de Tlahualilo, que es muy grande. No sólo es la minera como tal, sino que se va encadenando a otros megaproyectos como la producción de forrajes que luego cae a otros intereses vinculados a esa zona, que tienen que ver con la cuenca lechera”.

Un estudio realizado por Juan Enrique Márquez Silva, ingeniero agrónomo, experto en uso y conservación del agua, señala que el volumen de líquido que sale de la mina, como resultado de su laboreo, asciende a unos dos mil metros cúbicos por segundo, cantidad que bastaría para surtir a Gómez Palacio, Durango, y de paso a otros municipios.

“Se dice fácil, pero si lo vemos en una zona desértica es mucha agua. La Platosa es un proyecto que agota el acuífero principal, una mancha que viene de una seria de fracturas de la Sierra de Bermejillo. Y según lo que hemos detectado toda esa sierra está formada por grandes cavernas de yeso. En todas esas grandes cavernas primero está el yeso y luego viene la plata. Ellos dicen que no va a pasar nada, pero sí pasó y la Semarnat les dio permiso: un barreno rompió esas capas, rompió lo que teóricamente son grandes cavernas que por millones de años llenaron esas sierras calizas que son las fuentes de que se alimenta el acuífero principal”.

Un documento relativo a un estudio de impacto ambiental del proyecto La Platosa, promovido por la empresa Excellon Resources Inc. y publicado en internet, dice que, “se han detectado estructuras como fallas rellenas con yeso, cavidades y cavernas de varios metros de ancho…”, y más adelante dice, “el área se ubica dentro de la unidad hidrológica denominada acuífero principal, región lagunera, en una zona de veda y en donde se presentan dos componentes: uno somero, que manifiesta aportaciones a profundidades de entre 20 y 30 metros de escurrimientos asociados a infiltraciones de recientes periodos de lluvia; y un componente profundo del orden de 150 metros, en el que el agua subterránea presenta concentraciones minerales que le dan un carácter químico no apta para fines de consumo humano”.

Semanario colectó una muestra de las aguas de la Platosa y las llevó al Laboratorio de Análisis Químico del Centro de Investigación y Estudios Avanzados, (Cinvestav), del Instituto Politécnico Nacional, (IPN), en Ramos Arizpe.

La Sierrita es apenas una trocha polvorienta y seca, bordeada de jacales de adobe. Foto: Jordi Sifuentes, Vanguardia

El examen arrojó que dicho líquido contiene 0.468 microgramos de arsénico por litro de agua, cuando lo permitido por la norma nacional es de sólo .025.

César dice que hace algunos años habitaban en esta sierra, la sierra de Bermejillo, Durango, donde se encuentra asentado el ejido, manadas de venados, jabalíes y otros animales silvestres, sin embargo, muchas de estas especies han perecido tras beber las aguas del arroyo contaminadas con metales pesados que extrae la minera de la mina y derrama, sin permiso, en tierras de la comunidad.

En un estudio de impacto ambiental del proyecto La Platosa, difundido en la red, se lee que entre la fauna que caracteriza a La Sierrita, Durango, se encuentran el águila real, aura, cenzontle, correcaminos, conejo, coyote, gato montés, liebre, víbora de cascabel, zorro, ardilla, cacomiztle norteño, rata cambalachera y ratón, “(….), poco vistas, posiblemente, debido a las perturbaciones por las explosiones mineras realizadas en el área, el movimiento en la zona de cultivo de la zona de influencia o por el tráfico continuo en la carretera, lo que ha ocasionado el desplazamiento de la fauna hacia mejores condiciones del hábitat y menos perturbaciones”.

Y más abajo señala que “la acción de desmonte provoca que la relativamente escasa fauna silvestre menor presente en la zona, se desplace a sitios con menos perturbaciones cerca del área del proyecto, afectando su comportamiento y dinámica poblacional por la migración”.

Esta contaminación, provocada por la minera, ha ocasionado también la muerte de vacas y cabras propiedad de los ejidatarios, que al no encontrar abrevaderos en la sierra, se sacian con el líquido letal derramado por la empresa.

“Las vacas de los mismos ejidatarios que andan aquí sueltas en el agostadero, se han muerto porque toman agua de ahí y luego les faltan pedazos de carne a los animales, a las yeguas, a las vacas, a las chivas. Se están muriendo donde toman agua de ahí”, dice César Pulido Barrón, ejidatario y presiente del Consejo de Vigilancia de La Sierrita.

Por estos pueblos proliferan las historias sobre labriegos que se han encontrado reses muertas, botadas, en el desierto y que tras abrirlas, tras realizarles una autopsia exprés, han descubierto las carnes quemadas, ennegrecidas del animal.

“La gente dice, ‘la carne de los animales que toman agua de esa, sale quemada’, son los daños que está haciendo esta agua contaminada. Estos animales cuando mueren, que usted los quiere comer, que los destaza, mira que no sirve la carne, está muy negra”, contará Juan Enrique Márquez Silva, ingeniero agrónomo, experto en uso y conservación del agua.

Habla Miguel Ángel Mijangos Leal, enlace de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), en el estado de Guerrero:

“Sí, nosotros medio sabíamos de unas historias, no de ahorita, de hace unos seis años, sobre varios animales que fueron a tomar agua, se les infló el vientre y murieron”.

El tren, corre un arroyo, un canal, una zanja, una acequia, como río de aguas cristalinas, que se pierde en el horizonte del crepúsculo y ofrece la vista de un oasis en medio del bolsón. Foto: Jordi Sifuentes, Vanguardia

“El agua va rodada y pasa por tierras del ejido. Sin permiso la pasan, les vale… Quieren que salga lo más lejos posible. A parte ellos están haciendo su negocio, están vendiendo el agua para la siembra y están tirando el agua que sobra al ejido, sin permiso. Están dañando la tierra y nomás están ganando, ellos están explotando, están sacando a diario, no sé cuántas toneladas de plata, plomo, zinc”, dice Juan Guadalupe Zamarripa González, el presidente del comisariado del Ejido La Sierrita, un atardecer de vendaval que ha venido con otros ejidatarios para recorrer el área afectada por la contaminación de la mina.

Carlos Godoy Rivera, secretario del comisariado, dice que al principio la minera puso unos letreros que decían “agua no apta para consumo humano”, letreros que más tarde fueron retirados cuando la empresa comenzó a vender el líquido a los pequeños propietarios.

Camino de la carretera 49 a Ciudad Juárez, que parte las tierras del ejido ubicado a unos cinco kilómetros de Bermejillo, Durango, y a 50 kilómetros de Torreón, el ejidatario César Pulido dice que las aguas que corren por el arroyo situado debajo del puente del ferrocarril, son las aguas que la mina desecha, que le sobran, después de haberlas repartido entre los pequeños propietarios de la región, muchos de los cuales rentan tierras al ejido.

“Esta agua ya está sobrante eh, esta agua ya es sobrante de la que agarran todos, pero esa agua que están tirando, la que sobra, ya nos perjudicó todo el terreno, porque ya secó todo el pasto, lo quemó”.

Y dice que esta contaminación ya ha hecho estragos incluso en la flora, cactáceas, plantas medicinales y árboles, que vive en este desierto.

“Aquí había monte de buena calidad. Aquí era buen pasto y todo, buenos mezquites. Todo eso amarillo que uste mira ya está quemado con esta agua, ya de ahí no sale nada de pasto ni mezquites, todo eso amarillo ya está quemado, el terreno ya está quemado. Si se mete usté y saca ese mezquite lo saca con salitre, ahí sale con salitre ese mezquite, ya está muerto ese mezquite, la pastura ya está muerta, ahí ya no sale el zacate”.

Miguel Ángel Mijangos Leal, enlace de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), en el estado de Guerrero, aclara que esta deforestación se debe a que, además de ir cargada con altas concentraciones de arsénico, el agua de la Platosa es rica en carbonato de calcio y magnesio.

“Además de sacar el arsénico y ponerlo en la superficie con estos cultivos, también se está salinizando el suelo, es decir, después de algunos años ese suelo ya no va a quedar ni siquiera para que crezcan nopales…”.

Los ejidatarios cuentan que no hace mucho tiempo había en el pueblo una noria de la que se abastecían los habitantes, pero que se secó después que la minera iniciara sus actividades de exploración y explotación.

Los ejidatarios cuentan que no hace mucho tiempo había en el pueblo una noria de la que se abastecían los habitantes, pero que se secó después que la minera iniciara sus actividades de exploración y explotación. Foto: Jordi Sifuentes, Vanguardia

“Había norias jalando bien bonito. Una pequeña (propiedad) aquí tenía cinco norias. Se secaron por lo mismo de que la mina saca el agua y ya las norias no produjeron nada. Muchas de las norias al derredor de Bermejillo y de Gómez se han secado por culpa de la mina”, dice César.

“Las mineras canadienses vienen a hacer, en pocas palabras y discúlpeme, pero puro desmadre”, dice Verónica Pulido Barrón, ejidataria.

“Con el Gobierno”, la secunda el comisariado Juan Zamarripa,

“Por eso, aunque nosotros vayamos a pedir justicia a todo mundo… Si son nuestras tierras, ¿por qué ellos vienen a adueñarse de algo que no es suyo? ¿Y por qué el Gobierno los apoya?, ¿porque tienen dinero y a nosotros no…?”, dice Verónica.

Los ejidatarios de La Sierrita dicen estar preocupados por los daños a la tierra, a los animales y a la salud humana, que en el futuro pueda provocar esta contaminación, causada por la minera.

“Uno que consume leche y todo eso, Lala, riega con esa agua, Chilchota riega con la misma agua y producen la leche y todo. Imagínese cómo está la Comarca”, dice el ejidatario César Pulido.

Al respecto una investigación realizada hace una década por la Facultad de Agricultura y Zootecnia, de la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED), reveló cómo las aguas contaminas con altas concentraciones de arsénico que son usadas en el regadío de cultivos, tienen un impacto negativo en la cadena alimenticia.

“Si regamos con agua contaminada con arsénico o el suelo está contaminado con arsénico, la planta extrae este metaloide y pasa a la cadena alimenticia, es acumulativo, no lo podemos degradar. Del agua pasa al suelo, del suelo a la planta, de la planta al animal y luego nos comemos la carne o la leche, ahí va la concentración de arsénico. Aquí en la región tenemos mucho cáncer, tanto en Coahuila como en Durango, y es debido a eso, a que la concentración de arsénico está muy alta y las plantas la absorben y luego nos comemos el maíz o el frijol. O el arsénico se pasa a la carne y lo vamos a acumular hasta que llega a un nivel de toxicidad”, advierte Cirilo Vázquez Vázquez, director de la Facultad Agricultura y Zootecnia, de la Universidad Juárez del Estado de Durango, (UJED, y doctor en recursos naturales.

Tales resultados se obtuvieron de un estudio sobre cultivos, maíz y frijol, sembrados en suelos con altos niveles de arsénico o regados con agua de pozos profundos, altamente contaminados con este metaloide, en el Ejido Batopilas, municipio de Francisco I. Madero, Coahuila.

“Se evaluó y realmente se observó que el arsénico pasa del agua al suelo y luego a la planta y después a los animales, la carne o la leche. Los cultivos absorben la concentración de arsénico y sí, está en lo que nos estamos comiendo”, reitera Vázquez Vázquez.

Con estas aguas contaminadas se riegan cientos y cientos de hectáreas de forraje, entre cinco mil y ocho mil hectáreas de alfalfa, sorgo, avena, trigo, maíz): alimento de las miles y miles de vacas que pacen en los establos. Foto: Jordi Sifuentes, Vanguardia

Semanario buscó reiteradamente a Sandra Magaña, la directora de relaciones corporativas de Excellon en México, a fin de que diera su versión en torno a las acusaciones vertidas por los ejidatarios de La Sierrita.

Hasta el momento no ha respondido a las solicitudes de entrevista.

Este medio intento comunicarse, durante casi dos semanas, con Óscar Gutiérrez Santana, el gerente regional de Cuencas Centrales del Norte de la Comisión Nacional del Agua, para que fijara su postura sobre este reportaje.

Al cierre de esta edición no hubo respuesta.

Por su parte, Román Galán Treviño, encargado del despacho de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), delegación Durango, declaró que hasta ahora la dependencia no tiene ningún comunicado, ninguna denuncia en particular sobre el tema de la contaminación en La Sierrita.

“Sé que han estado en pláticas con la Comisión Nacional del Agua, viendo precisamente el problema de la contaminación, Es lo que hemos sabido extraoficialmente, pero no hemos tenido ninguna petición o planteamiento del ejido”.

-¿Conocía el problema?

-Conocemos el problema, pero a través de los medios, de la prensa, hasta ahí.

José Luis Reyes, encargado del despacho de la delegación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, (Profepa), aclaró que no es competencia de esta oficina verificar las condiciones de manejo y uso del agua en las mineras.

Y añadió que es responsabilidad de la Conagua regular este tipo de aprovechamientos.

“Es quien se encarga de verificar todo lo que es el manejo y uso del agua”.

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Imágenes: Jordi Sifuentes, Vanguardia

Más información:

[Artículo] De norte a sur, empresas vierten aguas residuales sin permiso de la Conagua

Compartimos este artículo publicado en Sin Embargo sobre las aguas residuales de algunas grandes empresas en México – A noviembre 2019

Por Dulce Olvera, SinEmbargo. noviembre 14, 2019 12:05am

N. del Editor: esta nota fue actualizada el miércoles 15 de noviembre con una carta de FEMSA y Bio Pappel, con la respectiva aclaración de la reportera. 

Un mapa realizado por la Coordinadora Agua para Todos con datos del Registro Público de Derechos de Agua (REPDA) muestra un enjambre de descargas de aguas residuales sin permiso de norte a sur de México en 5 mil pozos y 455 tomas, por parte de empresas de bebidas, alimentos, higiene, construcción, minería, textiles y otros sectores.

Ante la falta de supervisores suficientes de la Conagua, sin datos fiscales de los concesionarios para rastrearlos, y la “debilidad” de la Ley de Aguas Nacionales, “están envenenando” los ríos, lagos y acuíferos del país, dijo a este diario digital la investigadora Elena Burns.

Ciudad de México, 14 noviembre (SinEmbargo).– En el pueblo náhua Santa Cruz Huitziltepec, del municipio de Molcaxac al sur de Puebla, cerca del río Balsas, están preocupados porque no alcanzan a pagar la tarifa industrial por derecho al uso de un pozo, cobrada por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), órgano que por otro lado ha permitido a las industrias la descarga de aguas residuales sin permisos ni cobro de derecho, documenta la Coordinadora de Agua para Todos.

“En Santa Cruz, un pueblo de 1,608 personas, la Conagua les está exigiendo que paguen el derecho a usar el pozo cuando no deberían por ser una población rural con menos de 2 mil 500 habitantes”, expuso Elena Burns, integrante de esta coordinadora conformada por pueblos originarios, investigadores, organizaciones y sistemas. “Después de sufrir discriminación, para muchas comunidades el control sobre su propio sistema de agua es de un valor profundo”.

En una carta enviada a SinEmbargo y firmada por el Alcalde de Molcaxac, Félix Huerta Medel, se expone que es un asunto de más de seis años del ámbito federal, entre la Asociación Pro Perforación de Pozo Santa Cruz y la Conagua. Esta asociación civil y un Comité de Administración obtuvo la concesión con número de permiso 21000513.

El Comité de Mantenimiento y Operaciones de la comunidad cobra 20 pesos mensuales por el acceso al agua, instala tomas y realiza los cortes a deudores. Pero también debe cobrar a los habitantes 150 pesos trimestrales, para pagar las deudas que se tienen con la Conagua por el derecho al pozo.

La Conagua, de acuerdo con la Coordinadora Agua para Todos, les negó registrar su pozo como uso público-urbano bajo el argumento de que la Ley Nacional de Aguas solo lo permite a nivel municipal, y Santa Cruz Huitziltepec es poblado y se le cobra como uso industrial.

“Existen multas de la Conagua por ‘la mala administración del pozo de agua potable’. Se desconocen cifras ya que, a pesar de que el Ayuntamiento de Molcaxac solicitó esa información, a través de la Sindicatura Municipal, la Conagua no nos pudo proporcionar esos datos, bajo el argumento de que ‘pertenecen a una Asociación Civil’”, dice la misiva del Alcalde.

Eugenio Barrios Ordóñez, Subdirector General de Administración del Agua de Conagua, comentó a Agua para Todos que aunque lo están trabajando, “el obstáculo legal” es que la modificación de la Ley de Aguas Nacionales estableció las asignaciones para uso público-urbano exclusivamente para los municipios.

En octubre, Barrios destacó en entrevista con SinEmbargo que por el decreto presidencial publicado el 1 de julio en el Diario Oficial de la Federación (DOF) “se protege el agua para consumo humano, en especial para las comunidades marginadas y grupos originarios”.

Pero Elena Burns, de Agua para Todos, afirmó que no ocurre con pueblos indígenas como el del sur de Puebla. “No puedo más que explicarlo por el racismo. Y lo sabe Eugenio”, comentó.

Antes de la Ley de Aguas Nacionales, solo se otorgaron 2 mil concesiones en todo el país de 1917 hasta 1992, documentó. De 1992 a la fecha, van más de 500 mil concesiones para diferentes usos.

“El desastre que estamos viviendo con el agua en el país tiene que ver con las tremendas debilidades que existen en la Ley de Aguas Nacionales (1992). Su función fue poner las aguas nacionales a la disposición de particulares a través del sistema de concesiones, y son objeto de compra y venta. A esto se ha dedicado la Conagua, que no ha tenido ninguna voluntad política para proteger las aguas de la nación y los bienes nacionales inherentes”, consideró Burns.

DESCARGAS SIN PERMISO 

Del norte al sur del país, de Tijuana a Tapachula, en 5 mil 964 pozos industriales y 455 tomas de aguas superficiales para uso industrial no se cuentan con permisos de descarga a pesar de que lo obliga la Ley Federal de Derechos, de acuerdo con los datos de Agua para Todos y el Registro Público de Derechos de Agua (Repda) de Conagua. Con ello se evitan inspecciones y el cobro de derechos a diferencia del caso del poblado náhua Santa Cruz Huitziltepec de menos de 2 mil habitantes.

Las concesiones sin permisos de descarga de aguas subterráneas para uso industrial están registradas de enero de 1994 a abril de 2019, y las de aguas superficiales de noviembre de 1993 a enero de 2019.

“He hablado con funcionarios de la Conagua y esto es en parte porque no se exige la información fiscal al dar la concesión, entonces no tienen manera de rastrear y saber quién es y cómo cobrar los derechos de agua y vigilar los permisos de descarga”, dijo Elena Burns, de la Coordinadora Agua para Todos.

Como muestra la tabla por estados, entre las empresas locales y globales que descargan sin permiso aguas residuales en ríos, lagos y acuíferos de las diferentes regiones del país, figuran la Cervecería Cuauhtémoc, Cervecería Modelo,  Tequila Cuervo, Sigma Alimentos, Herdez, Pilgrim’s Pride, Lala, Santa Clara, Sabritas, Barcel, Unilever, Procter & Gamble, Kimberly Clark, Nestlé, Embotelladoras de FEMSA-CocaCola (su carta se publica al final de esta nota), Jugos del Valle (Coca-Cola), Bonafont (Danone), Electropura, Gamesa, Rotoplas y Cemex.

Al respecto, Nestlé de México aclaró a SinEmbargo que “no tiene operaciones en Tlaxcala”, como se indica en la tabla de datos oficiales.

También lo hacen las estatales Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), a través de la refinación, producción y termoeléctricas, así como Iberdrola y Exxon Mobil, de acuerdo con Agua para Todos.

https://infogram.com/empresas-sin-permiso-para-descargar-aguas-residuales-1h8j4xdl1kv86mv

“Tenemos una impunidad terrible. Están envenenando los ríos, los lagos y acuíferos del país. Estamos en una carrera hacia el colapso por el manejo de las aguas superficiales y las subterráneas”, alertó Elena Burns de Agua Para Todos. “La propia Conagua admite que el 60 por ciento de las aguas superficiales están seriamente contaminadas”.

La Ley de Aguas Nacionales solo exige tramitar permiso de descarga, si las aguas residuales desembocan en aguas nacionales o infiltran al suelo. Pero el artículo 276 de la Ley Federal de Derechos expone que las personas físicas o morales que descarguen aguas residuales en ríos, cuencas, cauces, vasos, aguas marinas y demás depósitos o corrientes de agua están obligados a pagar el derecho por uso o aprovechamiento de bienes del dominio público de la Nación.

“No solo no exigen que tengan permisos de descarga, sino que menos del 5 por ciento de los concesionados obligados a pagar derechos por usar aguas nacionales, pagan”, expuso Burns de acuerdo con datos de la Auditoría Superior de la Federación.

“La única excepción sería que estén descargando en los sistemas de drenaje de los municipios, que tienen su manera de controlar las descargas. Pero cuando una industria tira su agua a través de la Conagua, no hay control en los municipios ni en las grandes ciudades. Las industrias están descargando sus aguas sin permisos, sin tratamiento”, aseguró Burns.

“Hay fábricas que descargan drenajes en canales de riego y las mineras no se molestan en obtener permisos de descarga, aunque están infiltrando sus aguas muy contaminadas de presas de jale”, reiteró.

En Sonora, la minera María, unidad de Frisco propiedad del empresario más rico del país, Carlos Slim Helú; la minera Buenavista del Cobre, de Grupo México del segundo millonario, Germán Larrea Velasco, así como las mineras del cuarto empresario más rico del país, Alberto Baillères, la Penmont (de Fresnillo) y Peñoles, no cuentan con permisos de descarga luego de “lavar” los minerales en agua, muestran los datos de Agua para Todos y Conagua.

Burns explicó que también parte de la “impunidad” se debe a que solo hay 85 inspectores de la Conagua para vigilar las más de 500 mil concesiones de agua otorgadas de 1992 a mayo de 2019 para los diversos usos, incluyendo el industrial.

“Actúan como si la responsabilidad en cuanto al manejo de aguas nacionales solo fuera otorgar la concesión relacionado con el punto de toma o del pozo”, dijo Burns.

CARTA DE FEMSA A SINEMBARGO

Coca-Cola FEMSA informa

En relación a la nota publicada por la periodista Dulce Olvera titulada “De norte a sur, empresas vierten aguas residuales sin permiso de la CONAGUA: FEMSA, LALA, Nestlé…”, la empresa expresa:

Que sus plantas de producción cumplen con los requisitos vigentes necesarios para descargar de forma legal y en cumplimiento con los permisos, licencias y concesiones vigentes emitidos por CONAGUA para realizar esta actividad.

Que el uso y tratamiento del recurso se realiza en apego a los estándares y normas establecidos por autoridades ambientales, municipales, estatales, federales e internacionales.

Que las unidades operativas han sido certificadas por la Procuraduría Federal del Medio Ambiente con los distintivos Industria Limpia y Excelencia Ambiental, por el cumplimiento y superación de políticas y compromisos de conservación y preservación ambiental.

Que cumple con el pago de cuotas y tarifas establecidas por la CONAGUA, así como por la Ley Federal de Derechos Art. 276, para el uso, tratamiento y descarga del recurso nacional.

Que es una empresa 100% mexicana comprometida y colaborativa con la sostenibilidad del medio ambiente del país.

Coca-Cola FEMSA reitera su apertura y disposición de aclarar los cuestionamientos que se le imputan en un marco veracidad, transparencia y colaboración, para un entendimiento mutuo.

CARTA DE BIO PAPPEL A SINEMBARGO

RESPUESTA DE LA PERIODISTA DULCE OLVERA

Cualquier concesión otorgada por la Comisión Nacional de Agua (Conagua) que no sea para uso agrícola debe de obtener un permiso de descarga de agua residual, incluyendo el uso industrial. La única excepción es si descargan en un sistema municipal.

Después de que la Coordinadora Agua para Todos rastreó todas las concesiones dadas a personas físicas y morales para uso industrial halló los sitios donde no hubo permiso de descarga en nombre de esta persona física o moral, lo cual se representa en el mapa.

En el caso de FEMSA, un título de concesión es a través de “Servicios Refresqueros del Golfo y Bajío” en Tlaxcala, Veracruz, Michoacán y Guanajuato. En el caso de Bio Pappel, mencionan su título de concesión sin el número de permiso que dicen tener.

La Conagua, resalta Agua para Todos, no tiene un sistema para verificar y para vincular la concesión con el permiso de descarga.

“Puede haber empresas que estén cumpliendo con el permiso de descarga, pero no se detecta en el rastreo porque tiene su título de concesión registrado bajo una persona moral y su trámite de descarga bajo otro nombre de otra persona física o moral. Pero lo que se busca demostrar con el mapa es que la Conagua no tiene control frente a la contaminación masiva e impune de las aguas nacionales”, dijo Elena Burns, investigadora de Agua para Todos.