Por Giorgio Trucchi | LINyM
Este 2 de septiembre, en varias ciudades del mundo volvieron a levantarse voces de protesta contra el silencio cómplice de las autoridades hondureñas, y el velo de impunidad que, después de seis meses, aún cubre el brutal asesinato de la dirigente indígena Berta Cáceres Flores.
En La Esperanza, Intibucá, cientos de indígenas Lenca convocados y convocadas por el Copinh[1] se movilizaron junto a familiares de la luchadora social asesinada y a miembros del pueblo garífuna organizado en la Ofraneh[2], exigiendo justicia para Berta Cáceres, castigo para los responsables materiales e intelectuales del crimen y el cese inmediato de la criminalización de la lucha contra el modelo extractivista y el saqueo de los bienes comunes de la naturaleza.
Tomás Gómez Membreño es el coordinador interino del Copinh. Hace seis meses le tocó asumir el cargo e iniciar a trabajar sin descanso para que el dolor, la frustración y la ira de un entero pueblo se transformara en fuerza creadora y propositiva. La LINyM conversó con él.
– LINyM: ¿Qué han significado estos seis meses de indignación y lucha contra la impunidad?
– Tomás Gómez: Han sido meses difíciles y el asesinato de nuestra coordinadora general está quedando en la impunidad. El Estado de Honduras sigue negándonos las informaciones y el secretismo es total. También ha profundizado la criminalización, estigmatización y el hostigamiento contra nuestra organización y las comunidades Lenca en lucha, como por ejemplo las de Río Blanco que se oponen al proyecto hidroeléctrico “Agua Zarca” de la empresa Desarrollos Energéticos SA (Desa).
Hemos denunciado la campaña mediática de desprestigio contra el Copinh lanzada por los medios corporativos de comunicación, al tiempo que hemos continuado exigiendo el cumplimiento de los 5 puntos de nuestra agenda, que son la creación de una comisión de investigación independiente e imparcial, el cierre inmediato y definitivo de “Agua Zarca” y la cancelación de las 50 concesiones hidroeléctricas en territorio Lenca.
Asimismo pedimos la desmilitarización de nuestros territorios, la derogación de la nueva Ley de Minería y el cese de cualquier financiamiento nacional e internacional a proyectos de muerte, que son parte del actual modelo económico depredador.
A las autoridades hondureñas no les importa investigar el asesinato de Berta, ni encontrar a los verdaderos responsables. Tampoco les interesa investigar el asesinato de los demás compañeros y compañeras del Copinh.
Pese a las dificultades y al ‘vacío’ dejado por nuestra compañera Berta, vamos a seguir en la lucha y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias, avanzando en la organización de las comunidades, en la capacitación de sus miembros y en el fortalecimiento de la lucha contra este modelo.
– Tanto el Copinh como la familia de Berta siguen denunciando que fue un crimen de Estado. ¿Qué significa eso?
– Fue un crimen de Estado porque sus instituciones amenazaron, persiguieron, acosaron y criminalizaron a Berta, y porque nunca hicieron nada para evitar que la asesinaran, más bien trataron de responsabilizar al Copinh de este vil asesinato. Pero también fue un crimen del modelo extractivista impulsado por el gobierno de Honduras. Un modelo neoliberal, patriarcal y racista que depreda recursos, arrebata territorios, criminaliza y asesina a quienes luchan en defensa de la vida.
En Honduras atentar contra los intereses económicos del gran capital nacional y transnacional es un delito, y ese delito se paga con la vida. Es evidente que a Berta la asesinaron para detener la lucha de resistencia contra el proyecto “Agua Zarca” y para acabar con el Copinh y sus 23 años de lucha.
– Hay un fuerte debate acerca de la reglamentación del derecho a la Consulta previa, libre e informada establecido en el Convenio 169 de la OIT. ¿Cuál es la posición del Copinh?
– Rechazamos contundentemente la Ley de Consulta Previa, Libre e Informada que el Estado, con el apoyo del Pnud[3], pretende ahora imponer. Además de no tomar en cuenta a los pueblos en su elaboración y discusión, el proyecto deja la decisión final en manos del Estado a través de la Dirección de pueblos indígenas y afrohondureños (Dinafroh), desconociendo así la condición fundamental de ‘Consulta Libre’.
Actualmente hay como cuatro propuestas, una de ellas es la que el Observatorio de los derechos humanos de los pueblos indígenas de Honduras (Odhpinh) introdujo en marzo de este año al Congreso Nacional. Esta propuesta se construyó desde las comunidades y de acuerdo con la cosmovisión de los pueblos indígenas y negros. La misma Berta participó activamente en la elaboración del texto de esta propuesta de ley, que es la que apoyamos.
– ¿Qué es lo que más hizo falta de Berta en estos seis meses y cómo el Copinh se está preparando de cara al futuro?
– Berta ha hecho falta en todos los ámbitos. Su asesinato se dio mientras estábamos desarrollando nuestro plan quinquenal y nos tocó replantearlo. A nosotros nos toca ahora asumir su legado e ir apostando al tema de la integralidad de la propuesta. Vamos avanzando de a poco, superando crisis y dificultades, para ir desmontando ese sistema neoliberal que nos oprime.
– Se mantiene un gran apoyo solidario.
– Hay un desborde de solidaridad con el Copinh, con la familia de Berta, algo fundamental para seguir denunciando lo que está pasando. Estamos infinitamente agradecidos con todas aquellas organizaciones y personas que siguen apoyándonos y luchando a la par nuestra.
Notas
[1] Consejo cívico de organizaciones populares e indígenas de Honduras
[2] Organización fraternal negra hondureña
[3] Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
Fuente: LINyM
Reportaje de Al-Jazeera:
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El año 2015 murió de la misma forma que el gobierno del Partido Patriota (PP): en medio de un coro de miles de voces en las calles y plazas, que exigían su fin. Indignados, con toda razón, por las muestras de corrupción y despilfarro del PP, al mismo tiempo la gente moría por falta de medicinas o agua limpia en los hospitales. Al mismo tiempo que en las comunidades rurales y urbanas el Estado-gobierno no llega nunca en la forma de centros de salud, educación, arte o agua entubada, pero si en la forma de fuerzas de tarea y otros grupos armados encargados de “mantener el orden” dominante.
Expertos de la organización internacional MiningWatch Canada y de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) denunciaron las leyes “a modo” que en México permiten el saqueo de bienes naturales, despojo de territorios y desplazamiento de pueblos originarios.
La creciente intervención de empresas trasnacionales en territorios indígenas ha motivado que incluso la Organización de Naciones Unidas (ONU) aborde el tema en contextos de la llamada mundialización. En 2011, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas emitió los Principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos: proteger, respetar y remediar, con el fin de que los estados ejerzan control sobre las actividades empresariales y garanticen que se actúe con la debida diligencia y que las víctimas tengan acceso a medidas efectivas y adecuadas de reparación. Con el fin de vigilar el cumplimiento de estos principios, el consejo creó el Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos, que concluirá mañana su visita de 10 días a México con la presentación de un informe preliminar sobre la misma después de entrevistarse con empresas, gobierno y organizaciones.
En el mundo crece la violencia. El asesinato y las desapariciones se vuelven un signo ominoso de los días. La represión se hace abierta, a veces dirigida y a veces confusa, genérica, masiva, siempre a mansalva. Los acuerdos de libre comercio, el sistema agroalimentario industrial, los derechos de propiedad intelectual sobre las semillas y la vida misma, el acaparamiento de tierras, el sometimiento de las mujeres a designios patriarcales e injustos, las devastaciones que se suman, amenazan el futuro común que nos merecemos. Pero la gente sigue buscando cuidar, entender, compartir, procurar, abrazar, impulsar, procrear, alimentar, imaginar, entender junta, responsabilizarse e implicarse, reproducir y cuidar la vida en toda la extensión de la palabra. Para eso está la Biodiversidad, con su información y su razonamiento compartido.
Amigos de la Tierra Internacional estima que con los ingresos públicos que los gobiernos pierden en un lapso de 15 años por motivo de los paraísos fiscales, se podría abastecer a África, América Latina y gran parte de Asia al 100% con energías renovables. A nivel mundial se pierden hasta $600 mil millones de dólares anuales de ingresos públicos como consecuencia del fraude fiscal a través de paraísos fiscales, ello sin considerar la evasión fiscal (1). En otras palabras, los ingresos públicos que se pierden a través de los paraísos fiscales alcanzarían para suministrarle en 2030 a la mitad de la población mundial 100% de energías renovables. Se podría suministrar energías renovables a millones de personas, al tiempo que se protegería al medioambiente de los combustibles fósiles sucios y del cambio climático que causan.
Aura Lolita Chávez Ixcaquic es lideresa del Consejo de Pueblos K’iche’ por la Defensa de la Vida, Madre Naturaleza, Tierra y Territorio (CPK) de Guatemala, el cual da seguimiento a procesos de consulta popular y buena fe, diálogo y acciones colectivas ante la amenazante expansión de megaproyectos mineros, hidroeléctricos y de agroindustria en su territorio.
Nada me cuesta más trabajo que contar el último minuto con Bertha. De aquella noche en que irrumpieron los sicarios. Despedí su ultimo suspiro pese a mi insistencia de que no nos dejara, pero la cita con los ángeles estaba marcada. Muchos intentos se dieron para quitarle la vida por el delito de defender la tierra y los territorios ancestrales del pueblo lenca, en la lucha por los derechos humanos.