Video: La sabiduría de un pueblo contra REDD+

por Caravana Climática

En el pabellón indígena de la COP20, la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) promueve la implementación del REDD+ Indígena Amazónico(RIA). «Lo que está siendo decidido en el evento oficial por los gobiernos y multinacionales no es para el beneficio de los pueblos indígenas» comparte Ninawa del pueblo Huni Kui de la amazonía brasileña.

http://youtu.be/u0mw8rLiRvw

¿Cómo gasta la Fundación Gates su dinero para alimentar el mundo?

GRAIN | 20 noviembre 2014

“Escuchando a los agricultores y atendiendo sus necesidades específicas. Hablamos con los agricultores acerca de los cultivos que quieren desarrollar y comer, así como los desafíos únicos que ellos enfrentan. Nos asociamos con organizaciones que entienden y están equipadas para enfrentar estos desafíos e invertimos en investigación para identificar las soluciones relevantes y factibles que los agricultores quieren y usarán.”
Principio rector principal de la Fundación Gates para el trabajo en agricultura.

En algún momento de junio de este año, la cantidad total concedida como donaciones a proyectos alimentarios y agrícolas por la Fundación de Bill y Melinda Gates, sobrepasó los US$ 3 mil millones. Esto marcó un hito importante. De ser nadie en la escena agrícola hace menos de una década, la Fundación Gates ha surgido como uno de los principales donantes a la investigación y desarrollo agrícola.

La Fundación Gates es posiblemente, como nunca se ha visto, el mayor emprendimiento filantrópico. Actualmente mantiene un fondo por $40 mil millones, captado mayormente a partir de la propia riqueza de Gates y de su amigo multimillonario Warren Buffet. La Fundación tiene un personal de más de 1.200 personas y ha entregado sobre US$30 mil millones en donaciones desde su creación en el año 2000, tres mil seiscientos millones solamente en 2013.2 La mayoría de las donaciones son para los programas globales de salud y trabajo educacional en los Estados Unidos, tradicionalmente las áreas prioritarias de la Fundación. Pero en los años 2006-2007, la fundación expandió de manera masiva su financiamiento para la agricultura, con el lanzamiento de la Alianza para una Revolución Verde en África (AGRA) y una serie de grandes donaciones al sistema internacional de investigación agrícola (CGIAR). En el año 2007 gastó sobre quinientos millones de dólares en proyectos agrícolas y el financiamiento lo ha mantenido cercano a este nivel. La gran mayoría de las donaciones agrícolas de la fundación se centran en África.

Gastar tales cantidades de dinero le da a la fundación una gran influencia sobre las agendas de investigación y desarrollo agrícola. A medida que el peso del interés de la fundación en asociarse con el sector tecnológico y el sector privado se ha empezado a sentir en el concierto global de la agricultura, éste ha originado controversia y oposición, particularmente sobre su trabajo en África. Las críticas señalan que la Fundación Gates está promoviendo e importando modelos de agricultura industrial basada en las semillas y químicos de alta tecnología que venden las corporaciones estadounidenses. Estas críticas señalan que la fundación está obsesionada con el trabajo de científicos en laboratorios centralizados que prefieren ignorar el conocimiento y la biodiversidad que los pequeños agricultores de África han desarrollado y mantenido por generaciones. Algunos también denuncian que la Fundación Gates está usando el dinero para imponer una agenda política en África, acusando a la fundación de intervención directa en temas altamente controvertidos como las leyes de semillas y los OGM.

GRAIN revisó los registros financieros de la fundación, disponibles para el público, para ver si los flujos reales de dinero sustentan estas críticas. Hicimos un barrido a través de todas las donaciones para la agricultura que la Fundación Gates entregó entre 2003 y septiembre de 20143. Organizamos a los destinatarios de las donaciones en grandes grupos (ver tabla 2) y construimos una base de datos, la cual puede ser bajada del sitio (en inglés solamente) como una hoja de cálculo en formato Excel o en formato PDF.4.

Estas son algunas de las conclusiones que pudimos obtener a partir de los datos:

VER INFORME COMPLETO: grain.org

Informe: No tenemos miedo

No tenemos miedo

Defensores del derecho a la tierra: atacados por enfrentarse al desarrollo desenfrenado

DESCARGAR informe

Publicación del Informe Anual 2014 del Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos

Vía fidh.org

Diciembre de 2014 – Los defensores del derecho a la tierra nunca se han visto tan afectados por la represión, según denuncia el Observatorio en un informe que se ha publicado hoy en Filipinas, México, Honduras, Sudáfrica e Indonesia, y que se presentará mañana en el marco del Foro Anual de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos. La presión en torno a la tierra se ha hecho insostenible y movilizarse para exigir que se respeten los derechos económicos, sociales y culturales de las comunidades afectadas se ha convertido en una actividad de alto riesgo.

 «Este informe ilustra la lucha diaria de los defensores del derecho a la tierra, que a menudo se enfrentan a verdaderos “depredadores económicos” ávidos de un desarrollo desenfrenado. Los defensores del derecho a la tierra a menudo viven en zonas aisladas y alejadas de los actores influyentes, lo cual facilita que se ejerza violencia en su contra; una violencia a la altura de las sumas desmesuradas que están en juego», ha declarado Karim Lahidji, Presidente de la FIDH.

Sitio web: https://wearenotafraid.org/es/

Entre 2011 y 2014 el Observatorio documentó 43 casos de asesinatos de defensores del derecho a la tierra y 123 de hostigamiento judicial, en ocasiones acompañado por detenciones arbitrarias. Estos números solamente reflejan una parte ínfima de una realidad que afecta a todas las regiones del mundo y perjudica especialmente a Asia y Latinoamérica.

El Observatorio ha constatado que muy frecuentemente los agresores son agentes de policía, militares, agentes de seguridad de empresas privadas o incluso «mercenarios», cuyo objetivo es acallar las voces opositoras que podrían frenar un proyecto de inversión.

Además de la violencia, numerosos Estados se sirven del hostigamiento judicial y de la detención arbitraria para intimidar a los defensores y las defensoras. En cumplimiento de leyes liberticidas o incumpliendo la legislación, los Estados encarcelan a toda persona que consideran molesta. «Terrorismo», «propaganda engañosa», «atentado contra la seguridad del Estado», «alteración del orden público»… No faltan acusaciones abusivas que pueden acarrear severas penas de prisión.

«Los defensores del derecho a la tierra son portavoces de millones de personas y cuando se encarcela o se asesina a uno de ellos, se condena a miles de víctimas al silencio», ha declarado Gerald Staberock, Secretario General de la OMCT.

Los defensores y las defensoras del derecho a la tierra a menudo se ven inermes ante los ataques físicos y las detenciones arbitrarias. Según el Observatorio, actualmente un 95% de las vulneraciones de derechos contra los defensores y las defensoras queda impune.

Los órganos judiciales de los países en los que tienen lugar estas vulneraciones se caracterizan por la ausencia de independencia, de medios o de pericia. A menudo, cuando es posible presentar demandas contra las empresas para responsabilizarlas de las violaciones de derechos humanos, los procesos judiciales son largos, peligrosos, irregulares y costosos.

La cuestión de la participación de las personas y las comunidades afectadas por las políticas de desarrollo y los proyectos de inversión se sitúa en el epicentro del problema. El Observatorio exige que se lleven a cabo verdaderas consultas que garanticen la participación directa de los afectados por los proyectos y que se reconozca a los defensores de derechos humanos como interlocutores legítimos para prevenir los conflictos y frenar las violaciones graves de derechos humanos. Por otro lado, es necesario reforzar la capacitación y la independencia de los sistemas judiciales nacionales, incluyendo los de los Estados en los que se encuentran las sedes de las empresas, para permitir que los defensores y las defensoras puedan acceder a la justicia y a la reparación en caso de conculcación de sus derechos.

Asimismo, el Observatorio recomienda reforzar la legislación internacional para poder responsabilizar efectivamente a las empresas cuando éstas cometen violaciones de derechos humanos y para garantizar que el derecho a la tierra se proteja de forma adecuada.

El informe está disponible para su descarga en inglés, francés y español a través de los siguientes enlaces:

Pueden participar a través de las redes sociales utilizando el hashtag #WeAreNotAfraid.

El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos es el principal programa a nivel mundial en materia de protección de defensoras y defensores de derechos humanos. Desde el año 2013 el Observatorio ha actuado mediante más de 500 llamados urgentes acerca de más de 60 países.

Video: Energía para compartir, energía para el Buen Vivir

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Este proceso de intercambio tiene como fin entrelazar los conceptos de soberanía energética y de soberanía alimentaria a partir de experiencias relacionadas con prácticas agroecológicas, mercados locales y producción de alimentos. Este trabajo de empoderamiento comunitario en torno a energías alternativas (solar, biogás, estufas eficientes) involucró la articulación de comunidades campesinas, pescadores y ONGs de 3 regiones (Santander, Antioquia y Córdoba) de Colombia.

Mayor información: coordinacion@censat.org / fundaexpresion@gmail.com

Con el apoyo de: WISIONS – Wuppertal Institute for Climate, Environment and Energy, Isvara Foundation, Amigos de la Tierra Internacional

Declaracion final del II encuentro latinoamericano sobre Iglesias y Mineria

Brasilia, 5 de Diciembre de 2014.

Con gozo y esperanza, hombres y mujeres de fe, provenientes de diversas congregaciones y confesiones religiosas de 13 países de América Latina y el Caribe, inspirados en la Dimensión Social y Profética del Evangelio y acogidos por la Conferencia de Obispos del Brasil, compartimos las reflexiones, valoraciones y compromisos que hemos asumido a lo largo del II Encuentro Latinoamericano sobre Iglesias y Minería, celebrado en Brasilia del 2 al 5 de Diciembre del año 2014.

 

Recogiendo las preocupaciones e iniciativas de diversas comunidades e  Iglesias locales a lo largo del continente, sobre el incremento de las agresiones a la vida y los Bienes Comunes derivadas del modelo extractivo, y en continuidad con el I encuentro sobre Iglesias y Minería realizado en el 2013 en Lima, Perú, nos hemos reunido para reflexionar, compartir, celebrar y generar caminos que nos permitan, en fidelidad al evangelio de Jesucristo, acompañar de manera articulada a los pueblos de nuestra América Latina que se sienten amenazados y condenados a la destrucción de sus medios de vida y a la negación de un futuro posible,  en abierta contradicción y tensión del proyecto de vida proclamado por la visión cristiana del mundo.

A lo largo de estos días hemos reafirmado como la imposición del modelo extractivo,  promovido por las grandes corporaciones, las economías globales y con la complacencia de quienes gobiernan nuestros Estados Nacionales, lejos de contribuir al  bienestar de todos y todas, incrementa las desigualdades, las violaciones a Derechos Humanos individuales y colectivos, la división de la familia Latinoamericana y de nuestras comunidades, la destrucción de zonas privilegiadas por su riqueza de bienes naturales y  la diversidad biológica de nuestro continente.

Con tristeza reconocemos como junto a las graves violaciones a los Derechos Fundamentales de los pueblos de nuestra América, se ha agudizado la crisis ecológica causada por un modo de vida consumista y mercantilista de bienes y un modelo extractivo que no reconoce ni respeta los límites de nuestro planeta y que, además de fragmentarlo y acelerar su degradación y vulnerabilidad,  está convirtiendo en mercancías los territorios de nuestros pueblos originarios, los minerales, la biodiversidad, los combustibles fósiles y el gas natural, la energía del viento, del agua y del sol y demás Bienes Naturales.

Todo esto, nuestro Dios Creador nos entregó para el sustento de la vida, así como para su disfrute y bienestar colectivo, y no para el enriquecimiento desmedido, que desconoce los derechos colectivos que compartimos entre todos los seres humanos que habitamos este planeta, en este momento histórico, así como también la responsabilidad solidaria de entregar a nuestras futuras generaciones un mundo mejor, como el que recibimos.

La valiosa diversidad cultural de los pueblos de América, con cosmovisiones respetuosas y armónicas hacia la Madre Naturaleza, se encuentra gravemente amenazada por la imposición de este modelo que acapara los territorios a cualquier costo y se convierte en un proceso activo de despojo, que atropella a quienes se resisten a él, con mecanismos que van desde las amenazas, la persecución, la cooptación, la criminalización, la judicialización y hasta el asesinato de líderes comunitarios, defensores y pastores que acompañan estas luchas.

Los medios de comunicación comerciales contribuyen a la promoción de la falsedad de este modelo, seduciendo a la población con promesas que no son cumplidas, ya que, como expresión extrema del modelo neoliberal, su objetivo es la acumulación de capitales y no la distribución equitativa de bienes.

Compartimos con alegría como diversos sectores y líderes de las Iglesias Cristianas hemos asumido la misión profética de acompañar a las comunidades y personas que defienden la Creación, la Vida y el Derecho frente al modelo extractivo, como una forma concreta de fidelidad a nuestra misión eclesial en estos momentos de la historia. Confiamos y esperamos que cada vez más nuestras Iglesias, desde las bases, hasta las jerarquías, asuman posiciones consecuentes frente a la problemática generada por este modelo extractivo y depredador de Recursos, tal y como se reconoció en el documento de Aparecida“…hay una explotación irracional que va dejando una estela de dilapidación, e incluso de muerte, por toda nuestra región” (DA  43).

Frente a esta realidad, nos definimos como una articulación de personas y organizaciones religiosas, con espíritu ecuménico e interreligioso, que en fidelidad a nuestra opción por los empobrecidos e empobrecidas, luchamos a favor de la Vida y los Bienes de la Creación.

En relación con las comunidades, reafirmamos nuestro compromiso de trabajo con las bases expresado en intercambios de saberes y conocimientos, estrategias de protección, defensa y solidaridad, acompañamiento en la generación y presentación de acciones de denuncia local, nacional e internacional, entre otras.

Queremos profundizar una mística que anime nuestro actuar, nos permita construir propuestas de acción y nos ayude a avanzar en nuestras reflexiones y lecturas teológicas.

Nos comprometemos a continuar promoviendo la articulación internacional para el dialogo, la incidencia y la denuncia,  en coordinación con otros actores religiosos  tales como: Franciscans International, Vivat International, Mercy International, la Red Cidse, la Red Eclesial Pan Amazónica, el Pontificio Consejo de Justicia y Paz,  así como también con otros actores sociales como el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina y  diversas expresiones sociales con que compartimos propósitos y visiones a lo largo del continente.

Que la Mística y el espíritu de hermandad  que ha caracterizado este encuentro nos animen a asumir con mayores energías la misión profética y la responsabilidad colectiva en el cuidado de la vida y de los Bienes Comunes.

Brasilia, 5 de Diciembre de 2014.

Convocatoria para puesto responsable de comunicación y difusión HIC-AL

La Coalición Internacional para el Hábitat-Oficina regional para América Latina (HIC-AL), organización de la sociedad civil, independiente y sin fines de lucro, dedicada a la promoción, defensa y realización del derecho de toda persona a un lugar seguro en donde vivir en paz y con dignidad, convoca a las personas interesadas a postular para el puesto de

Responsable del área de comunicación y difusión

Sede: Ciudad de México

Carga horaria: tiempo parcial, con posibilidad que se trasforme en tiempo completo.

REQUISITOS:

Estudios en comunicación social, periodismo o carreras afines.
Experiencia laboral de por lo menos 3 años, preferentemente en áreas de comunicación de organizaciones civiles.
Excelente redacción, ortografía, capacidad de síntesis y de trabajo de edición.
Interés en los temas que trabaja la organización (derecho a una vivienda adecuada, derecho a la tierra, al agua, a la ciudad, impacto de los megaproyectos, desalojos, producción social del hábitat; movimientos sociales; políticas públicas; perspectiva nacional, regional e internacional).
Capacidad de procesar información en otros idiomas (lectura y comprensión de al menos un idioma distinto del español –de preferencia inglés y/o francés).
Manejo de paquetes Office y Linux, programas de Internet, correo electrónico; equipos y software para producir y editar materiales audiovisuales y gráficos.
Conocimiento de lenguajes utilizados para publicar información en Internet.
Buena actitud para el trabajo en equipo.

FUNCIONES:

Colaborar en el diseño e implementación de una estrategia de comunicación y difusión de HIC-AL, incluyendo tareas de comunicación interna y externa para una Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad.
Mantener actualizado el sitio web de la organización y de la Plataforma.
Elaborar boletines electrónicos de HIC-AL (bimestrales) y de la Plataforma (trimestrales).
Difundir información relevante a través de listas electrónicas de miembros y contactos de HIC.
Mantener contacto permanente con miembros de HIC y otras redes regionales e internacionales para obtener y difundir información de sus actividades.
Monitorear diariamente medios de comunicación diversos (prensa escrita, Internet, radio, TV) en temas relacionados con el trabajo de la organización.
Generar y mantener actualizado un directorio de contactos en diversos medios de comunicación.
Elaborar artículos, noticias, reseñas, boletines de prensa.
Organizar conferencias de prensa.
Identificar posibilidades y potencialidades para establecer relaciones con medios de comunicación comerciales y redes alternativas (en México y a nivel regional -América Latina- e internacional) y proponer agenda de trabajo conjunta (temas a tratar, gente a entrevistar, casos a conocer, etc.).
Colaborar en la elaboración y revisión de contenidos de folletos, publicaciones y videos que produce la organización.
Mantener un archivo ordenado de la información que se procese.
Proponer e implementar herramientas para evaluar el impacto del sitio web y/o otros instrumentos de comunicación que desarrolle/produce la organización.
Colaborar en la elaboración y difusión de informes semestrales y/o anuales de HIC-AL.

Las personas interesadas deberán enviar a hic-al@hic-al.org:

1) Solicitud debidamente llenada (ver adjunta).

2) Carta de motivos donde exponga su interés en colaborar con HIC-AL (máx. 1 cuartilla).

3) Currículum vitae actualizado y muestra de trabajos más relevantes en la materia.

4) Carta de recomendación.

Fecha límite de recepción de solicitudes completas: 15 de enero de 2015

Las personas preseleccionadas recibirán un aviso por correo electrónico para presentarse a una entrevista en las oficinas de HIC-AL entre el 22 y el 30 de enero de 2015.

La persona seleccionada comenzará labores el día 9 de febrero de 2015.

Más información y contacto:
Coalición Internacional para el Hábitat-Oficina para América Latina (HIC-AL)
Colonia Roma Sur, México DF.
E-mail: hic-al@hic-al.org
Página web: www.hic-al.org

Programa e invitación completa del XVII Aniversario de Acteal

Las Abejas de Acteal

Ante  la violencia de Estado y ante las insaciables crímenes del  narco-Estado; la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal,  camina y construye junto con otros pueblos, otro mundo en donde se  defienda; la vida, la paz y la justicia para todos y todas en México y  el Mundo.

Este  22 de diciembre se cumplen 17 años de la masacre planeada desde arriba,  cuando el Estado  Mexicano a través de sus paramilitares, llegó a  Acteal a quitarnos a 45 hermanos y hermanas más 4 que aún no nacían; 49  vidas nos quitaron el día 22 de diciembre de 1997

Ante  tal barbarie, nosotros y nosotras como guardian@s de la memoria y de  la  esperanza, nunca nos casaremos de exigir justicia por nuestros  hermanos y  hermanas masacradas. Acteal es un Crimen de Estado, un  crimen de Lesa humanidad que sigue impune, sus autores intelectuales  andan libres  dentro y fuera de México, sin recibir castigo alguno.

Es  por eso que a los hombres y mujeres de buen corazón que también luchan  por la justicia y contra la impunidad y que no están de acuerdo a que se  repitan más masacres en nuestro México les invitamos a acompañarnos a  la conmemoración del 17 aniversario de Acteal, que iniciará desde el día  20, hasta el día 22 de diciembre, en la Tierra Sagrada de Acteal; CASA de la MEMORIA y de la ESPERANZA.

Nuestro  grupo de comunicación hará una cobertura en vivo del evento, con  transmisión de Radio por internet desde Acteal, y con enlaces al Primer  Festival Mundial de las Resistencias y las Rebeldías Contra el  Capitalismo que se estará llevando a cabo al mismo tiempo en otros  pueblos hermanos. Podrás seguir la información en nuestra página www.acteal.org y en los distintos Medios Libres que retransmitan.

Invitación en video:

https://www.youtube.com/watch?v=9Vb7KpQX3T8

No al encarcelamiento de Christian Rosendahl Guerrero, de la Caravana Climática por América Latina

Otros Mundos A.C./ Amigos de la Tierra México            
Martes 16 de diciembre de 2014
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México

A Jaime del Arenal Fenochio,
Embajador de Ecuador en México

¡ No al encarcelamiento de Christian Rosendahl Guerrero, de la Caravana Climática por América Latina !

Nosotros, Otros Mundos A.C., organización mexicana dedicada a la defensa del territorio y la protección del medio ambiente, queremos expresarle nuestra indignación ante el acoso policíaco que sufrieron integrantes del colectivo latinoamericano La Caravana Climática por América Latina y miembros del movimiento ecuatoriano Yasunidos durante su recorrido en Ecuador el 2 de diciembre de 2014. Fueron retenidos sin motivo válido 7 veces en 24 horas entre Guayaquil y Cuenca por funcionarios de la policía nacional y de la policía de tránsito que violaron su derecho a la libre circulación y los apresuraron psicológicamente, siguiendo, según las declaraciones de los propios policías de tránsito, “órdenes de arriba”.

Estamos preocupados por el futuro de nuestro compañero ecuatoriano-americano Christian Rosendhal Guerrero, miembro de la Caravana Climática y propietario del «CheBus», el camión a bordo del cual viajaba el colectivo. Fue acusado por la Agencia de Control Aduanero de recorrer el país con fines lucrativos y comerciales, violando la ley ecuatoriana, y enfrenta hasta cinco años de cárcel. Esta acusación es falsa. Para nosotros, es evidente que fue inventada por las autoridades ecuatorianas con el fin de reprimir a los integrantes de La Caravana y de Yasunidos quienes, durante el recorrido que hicieron juntos en Ecuador, se opusieron públicamente a la decisión del presidente Rafael Correa de conceder una gran parte del parque nacional Yasuní, en la selva amazónica, a la explotación petrolera. Exigimos el abandono inmediato del proceso legal contra Christian. Si la justicia ecuatoriana se pronuncia en favor de su encarcelamiento, el defensor se volverá un preso político y el gobierno de Rafael Correa aparecerá como un régimen antidemocrático y represivo ante toda la comunidad internacional.

La Caravana Climática es un colectivo integrado por defensores del medio ambiente y comunicadores de varios países, en su mayoría de México, que actúan de manera pacífica para el bien común. Salieron en marzo de este año de México y recorrieron durante 9 meses 11 países de Centroamérica y de América del Sur, donde documentaron desastres ambientales y experiencias de resistencia al despojo neoliberal, dando la voz a defensores locales en cada una de sus paradas. Su objetivo era de llegar a la Cumbre de los Pueblos contra el Cambio Climático que abrió el 8 de diciembre en Lima, Perú, en paralela de la vigésima Conferencia de los Partidos (COP20) organizada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), para compartir la información almacenada durante su viaje y así ampliar los horizontes de las alternativas a la crisis climática.

Nos alegramos que los miembros de la Caravana y de Yasunidos que fueron retenidos en Ecuador fueron liberados y pudieron llegar a tiempo a Lima, a pesar de que el Chebus quedó en manos de las autoridades ecuatorianas. Pero no podemos aceptar que permanezcan cargos contra nuestro compañero Christian a dos semana de los acontecimientos.

¡ Libertad a Christian !
¡ Libertad al CheBus !
¡ No a la represión contra los y las defensores de la Madre Tierra en Ecuador !

Más info:

Caravana Climática por América Latina hacia la COP20

Caravana Climatica llega a Surámerica

Veredicto: Las empresas mineras y el gobierno de Canadá son responsables de casos de abuso contra los derechos humanos

Con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos, el TPP hace público su veredicto

10 de diciembre del 2014

Ottawa y Montreal –  El veredicto de la primera audiencia del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) sobre la Industria minera canadiense se dio a conocer hoy en francés, inglés y español. Los informes y testimonios que fueron expresados en mayo pasado en Montreal, por los miembros de las comunidades afectadas en América Latina y expertos en derechos humanos y en el tema de la minería, permitieron al jurado del Tribunal establecer responsabilidades al gobierno de Canadá y a las 5 empresas mineras que estaban en causa. Las respectivas responsabilidades están sentadas en función de múltiples casos de destrucción del medio-ambiente, de violaciones a los derechos de los pueblos indígenas, de asesinatos, de criminalización de la oposición y de transgresiones a las libertades sindicales, por mencionar sólo algunos.

“Las evidencias que nos fueron presentadas muestran la complicidad y la responsabilidad de  distintos organismos del gobierno federal, en particular de su red diplomática y de sus instituciones de cooperación internacional”, deplora Nicole Kirouac, abogada y miembro del jurado de la sesión de mayo. ” Por sus acciones y omisiones, el gobierno respalda una situación inaceptable que causa devastación ambiental y social en comunidades de muchos países”. Oscar Morales, persona afectada por el proyecto Escobal en Guatemala y testigo en la audiencia de Montréal, señala que “la criminalización y represión de la protesta social, que se vive tanto en Guatemala y en otros países de América latina, se han agudizado en varios países con la renovación de los marcos legales, contribuyendo a perpetuar la impunidad de los actos de represión”.

El jurado también emitió una serie de recomendaciones a todas las entidades pertinentes, tanto de los países de acogida, como del gobierno de Canadá, pasando por las empresas en causa. “El proceso de reparación implica varios pasos, incluido el cese inmediato de las actividades que causan o aumentan los perjuicios, el reconocimiento de los daños y el establecimiento de leyes y mecanismos para prevenir que vuelvan a ocurrir”, dijo Gianni Tognoni, Secretario General del Tribunal Permanente de los Pueblos, Italia. “El Día Internacional de los Derechos Humanos es un momento importante para recordar que las actividades mineras son actualmente una de las principales causas de violaciones de derechos en las Américas. Los testigos que comparecieron nos mostraron claramente que los sucesos presentados no son casos aislados, sino que representan una situación generalizada de impactos graves sobre la salud, la vida, el medio ambiente y la participación ciudadana de las poblaciones afectadas, especialmente para las mujeres indígenas”, dijo Viviane Michel, Presidenta de Femmes Autochtones de Québec (Mujeres indígenas de Quebec) y juez durante la audiencia. “La industria minera debe transformar profundamente sus prácticas”.

Con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos, diversos organismos idearon maneras creativas para entregar el veredicto a las entidades concernientes, presentándose en las sedes de las empresas y en las oficinas de los organismos en causa del gobierno federal  en Ottawa, Toronto y Vancouver. El veredicto será canalizado al conjunto de partidos políticos y diputados-as canadienses, al igual que a los órganos pertinentes de la Organización de las Naciones Unidas.

En línea: http://www.tppcanada.org/presse/communiques/?lang=es

Resumen ejecutivo del veredicto: http://www.tppcanada.org/wp-content/uploads/Resumen-ejecutivo-veredicto-TPP-Canada.esp_.pdf

Veredicto completo: http://www.tppcanada.org/wp-content/uploads/Verdicto-TPP-Canada-FINAL.pdf
Documentos disponibles en inglés y francés también: www.tppcanada.org

POSICIONAMIENTO REGIONAL AMERICA LATINA, SOBRE FRACKING

vía Hijos de la Tierra

El desarrollo de la fracturación hidráulica (fracking) tendrá desastrosas consecuencias para el medio ambiente y la población de América Latina y agravará el cambio climático por lo que no debe ser permitida.

 – En el marco de la Conferencia de las Partes sobre Cambio Climático (COP20) y de la Cumbre de los Pueblos en Lima, organizaciones de la sociedad civil latinoamericanas alertamos sobre los impactos irreversibles que tendrá la explotación de hidrocarburos no convencionales a través del fracking en los territorios y poblaciones de la región.

– Hacemos un llamado urgente para que los gobiernos latinoamericanos impidan el desarrollo de esta actividad en sus territorios y demuestren así su compromiso con la protección del medio ambiente, la garantía de los derechos humanos, la lucha contra el cambio climático y la sostenibilidad energética de la región.
– Existen alternativas energéticas sustentables, más baratas y eficientes que, asegurando el pleno respeto de los derechos humanos, deben ser fomentadas e impulsadas por los Estados para asegurar la sostenibilidad energética y la lucha contra el cambio climático.

Según datos de la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA, por sus siglas en inglés) se estima que diversos países de América Latina cuentan con recursos prospectivos de hidrocarburos de lutitas (shale) en sus territorios.[1] Es el caso de Argentina, México, Venezuela, Brasil, Colombia, Bolivia, Uruguay, Paraguay y Chile en los que el desarrollo de la técnica de la fracturación hidráulica o fracking para extraer gas y petróleo se encuentra en diversas fases. Por ejemplo, en Argentina ha habido un mayor desarrollo de proyectos de este tipo. Mientras otros países como México, Colombia, Bolivia, Uruguay y Brasil se encuentran en fase prospectiva o exploratoria, y pretenden desarrollar ampliamente esta técnica en los próximos años.

La técnica de la fractura hidráulica consiste en la inyección en el subsuelo de una mezcla de agua, arena y productos químicos a presiones tales que permitan la ruptura de las rocas de lutitas, en cuyos poros se encuentran atrapados el gas y el petróleo. Para ello, primero es necesario realizar una perforación vertical hasta alcanzar la profundidad a la que se encuentran estas formaciones geológicas (entre uno y cinco kilómetros) y luego una serie de perforaciones horizontales de 1 a hasta 16 km de extensión según la formación geológica.

El uso de la fracturación hidráulica provocará, y ya se encuentra provocando como se ha demostrado en EEUU y Argentina, fuertes impactos sobre al ambiente, la salud y calidad de vida de la población,[2] ya sumamente castigados. Debido a su gran complejidad y condición experimental,[3] esta actividad implica una serie de daños en su mayoría inevitables e irreversibles, como son:
– Uso intensivo y contaminación del agua. La fracturación de un solo pozo requiere entre 9 y 29 millones de litros de agua que quedan completamente inservibles para otros usos. Esto se debe a los 300.000 litros de químicos que se le añaden para la fracturación y por los metales pesados y radioactivos presentes en el subsuelo. Este líquido se puede filtrar a los flujos de agua subterránea y superficial contaminándola, dejando a las poblaciones sin agua potable.[4] Por lo tanto, el uso de esta técnica viene a sumarse a las amenazas e impactos del cambio climático sobre  el agua.
– Supone graves afectaciones a la salud.[5] Estudios científicos realizados en Estados Unidos muestran que 75% de los químicos utilizados en el líquido de perforación afecta directamente la piel, ojos, sistema respiratorio y gastrointestinal; 40-50% afecta al sistema nervioso, inmunológico, cardiovascular y los riñones; mientras que 37% afecta el sistema endocrino y 25% provoca cáncer y mutaciones.[6] Además, los efectos sinérgicos de los químicos empleados son totalmente desconocidos, por las propias empresas proveedoras.[7]
– Genera impactos de cambio climático. Pese a lo que las empresas petroleras y algunos gobiernos de la región están señalando, la explotación del gas mediante fracking no es una opción para la lucha contra el cambio climático. En estos proyectos, hasta 8% de la producción de gas natural (metano) se escapa directamente a la atmósfera con un potencial de calentamiento 25 veces superior al dióxido de carbono. Debido a ello, en 20 años el impacto sobre el cambio climático de la generación eléctrica a través del gas extraído por fracking superaría en 20% el del carbón.[8]
– La reinyección de las aguas residuales del fracking en el subsuelo en “pozos letrina” está directamente vinculada con la inestabilidad sísmica y generación de sismos, que han llegado a alcanzar 5.7° de magnitud. Esto es sumamente grave, ya que pone en riesgo a la población y la infraestructura de las regiones donde tienen lugar.[9] Además, se ha logrado comprobar que esta inyección ha provocado la contaminación de acuíferos enteros en California.[10]
– Todas estas afectaciones e impactos suponen violaciones a los derechos humanos, derechos que los Estados latinoamericanos tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar, así como de prevenir sus violaciones. Entre otros, vulneran la garantía del derecho humano al agua y al saneamiento, a un medio ambiente sano, a la vida y a la salud, a la alimentación, a la vivienda, de los derechos laborales y otros derechos económicos, sociales y culturales, así como de los derechos civiles y políticos, como el derecho de acceso a la información, al consentimiento previo, libre e informado, y a la participación.
– Las economías y medios de vida de los pueblos de Latinoamérica sufren o podrían verse afectados por la contaminación de los acuíferos subterráneos y aguas superficiales, en las cercanías de las operaciones de fracking, afectando la sanidad de los productos agrícolas y ganaderos, y conllevando grandes pérdidas y daños para las comunidades.
– Por último, la explotación de hidrocarburos a través del fracking no es una opción energética sustentable. Las altas tasas de declinación en la producción de los pozos (entre 29 y 52% anual), la escasa recuperación de los hidrocarburos presentes en los yacimientos (de entre el 4.7 y 10%), y los altos costos que conlleva esta tecnología, la hacen inviable para la generación de energéticos en el mediano y largo plazo.[11]

Nuestras demandas y exigencias

Por todas estas razones, las organizaciones firmantes exigimos a nuestros gobiernos de los países latinoamericanos:
– Que impidan el uso de la fracturación hidráulica en sus territorios en aplicación del principio y obligación estatal de precaución, y aseguren la protección de los recursos hídricos y de la salud de las personas.
– Demandamos a nuestros Estados la generación y divulgación de información exhaustiva, verídica e imparcial sobre las características de los procesos, volúmenes y origen de agua usada y sustancias empleadas en el fracking, y sus impactos en las personas y el ambiente con un horizonte de largo plazo, a fin de garantizar los derechos de las generaciones presentes y futuras.
– Resaltamos que las poblaciones y gobiernos locales tienen el pleno derecho de negar actividades de fracking que puedan afectar sus entornos.  
– Demandamos a nuestros Estados la implementación de políticas públicas que permitan la transición energética hacia fuentes de energía verdaderamente sustentables y renovables, en pleno respeto a los derechos humanos, que aseguren la provisión energética futura y la mitigación del cambio climático.
– Instamos a los Estados que garanticen que las políticas energéticas de la región respeten  los derechos humanos, aseguren la protección ambiental y social, y contribuyan a la lucha contra el cambio climático.
– Demandamos que sean atendidos los reclamos, las acciones legales y las denuncias de las comunidades que protegen la vida y los territorios libres de petróleo, carbón y gas.
– Demandamos que las delegaciones de los Estados ante la COP y las corporaciones impulsen reducciones radicales en la exploración, explotación y uso de combustibles fósiles.

Manifiesto en solidaridad con el pueblo mexicano

El caso de México es especialmente representativo de las estrategias que están siguiendo algunos gobiernos de la región para imponer este tipo de proyectos a poblaciones que defienden sus derechos fundamentales ante esta impactante actividad. La situación de violencia estructural en este país promovida por el propio Estado que desembocó en la desaparición de 43 estudiantes en Iguala (Guerrero), la criminalización de la protesta social y de las y los defensores de derechos humanos, y la creación de fuerzas de seguridad para la protección de las inversiones son ejemplos de ello.  Hechos que se están dando a la vez que se trata de implementar una reforma energética que le apuesta al desarrollo de la fracturación hidráulica, por encima de los derechos de la población.

Ante esta situación, nos solidarizamos con el pueblo mexicano y hacemos un llamado específico al Estado de este país para que establezca las medidas necesarias para atender la situación de violencia estructural y criminalización de la protesta social existente en el país. Para ello, exigimos que se esclarezcan los hechos ocurridos en relación a la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa y el paradero de los otros 22,000 hombres y mujeres desaparecidos en el país, la liberación de las y los presos detenidos arbitrariamente en la exigencia de sus derechos y la puesta en marcha de reformas de fondo que garanticen que estas y otras violaciones de los derechos humanos no se vuelvan a repetir.

VER organizaciones firmantes

Declaración de la Cumbre de los Pueblos Frente al Cambio Climático

DECLARACIÓN DE LIMA
Cumbre de los Pueblos Frente al Cambio Climático
Lima, 11 de diciembre de 2014
 
La Cumbre de los Pueblos frente al Cambio Climático, realizada en Lima del 8 al 11 de diciembre de 2014, es expresión de los procesos de movilización y resistencia emprendidos por una diversidad de organizaciones, movimientos, plataformas, redes y colectivos sociales, sindicales, de mujeres, campesinos, indígenas, juveniles, ambientalistas, religiosos, artísticos y culturales peruanos e internacionales. Nos reunimos para seguir debatiendo y compartiendo las múltiples formas de lucha y resistencia, por la construcción de la justicia social, contra el sistema capitalista patriarcal, racista y homofóbico, por el respeto de las diversas formas de vida, sin explotación ni expoliación de los bienes de la naturaleza, por la capacidad de los pueblos de decidir sobre sus fuentes de energía, comunitaria, por la reducción de las desigualdades sociales así como promover el Buen Vivir como modelo de vida en armonía con la Naturaleza y la Madre Tierra.
 
El capital busca hacer frente a su crisis sistémica imponiendo la captura el agua, el saqueo de los territorios y el patrimonio natural, la depredación, la producción de combustibles fósiles, la mayor explotación de los trabajadores y trabajadoras, la represión de los movimientos sociales y la violencia física y psicológica, aumenta múltiples formas de criminalización de las luchas, de los pueblos, de militarización y control territorial. Todo esto es alentado por las corporaciones mediáticas. Además, a esta realidad hay que sumarle la captura de los Estados y de sus burocracias por el poder económico, el pago de las deudas injustas y corruptas, y una diversidad de hechos que benefician exclusivamente a los verdaderos poderes tras los gobiernos de turno, dóciles al mandato de las empresas nacionales y las grandes corporaciones transnacionales y sus operadores políticos.
 
En esta coyuntura la Cumbre de los Pueblos representa la voz de los sectores explotados y oprimidos del mundo, de los marginados por un sistema económico y cultural que los subordina a los sectores racistas, fundamentalistas, machistas y patronales que se benefician del modelo capitalista. En este momento crucial que atraviesa la humanidad, en el que el gravísimo cambio climático que sufrimos exige acciones urgentes de parte de la sociedad global, demandamos a los Gobiernos –y al Sistema de Naciones Unidas reunido en la COP 20–la adopción de acuerdos que respeten y valoricen la vida de los pueblos originarios, campesinos y urbanos, y que promuevan la preservación de la biodiversidad global. Rechazamos cualquier mecanismo de mercado que se plantee como solución a los problemas climáticos y ambientales.
 
Quienes nos reunimos en esta cumbre, recogemos y hacemos parte de procesos de luchas anteriores que se han tejido en nuestros pueblos, y llegamos a este momento con esa fuerza y construcción colectiva. A partir de ello expresamos y demandamos:
 
A los Gobiernos del mundo que respeten nuestros territorios, derechos y modos de vida, nuestras culturas, costumbres y cosmovisiones sobre la vida y el mundo que habitamos. Denunciamos la explotación de nuestros recursos naturales y territorios por parte de las industrias extractivas, que afectan nuestras formas de sustento, nuestra fuente de identidad y la relación armoniosa de nuestras comunidades con la Madre Tierra.
 
Demandamos el reconocimiento de la propiedad territorial de las comunidades que tradicionalmente han vivido en sus tierras. No aceptamos el control externo de los territorios, ni los procesos de negociación e implementación de las falsas soluciones al clima. Los Gobiernos deben tener como eje central el respeto de nuestras formas de vida ancestrales y el reconocimiento a nuestra autodeterminación como naciones y pueblos originarios.
 
Asimismo, aclaramos que el conjunto de iniciativas orientadas a revertir la destructiva tendencia climática hacia la que ha sido conducido nuestro planeta, deben considerar las responsabilidades históricas de los países desarrollados y el reconocimiento y reparación de la deuda histórica y ecológica que tienen con el Sur global. En particular, las corporaciones transnacionales de capital privado de los países desarrollados deben ser responsabilizadas por sus acciones y prácticas a nivel global. Exigimos plena justicia en los casos de contaminación por parte de Newmont, Doeran en Perú, y la Chevron-Texaco, entre otras, la cual en su paso por la Amazonía dejó como legado uno de los mayores ecocidios de la historia del planeta.
 
A los Gobiernos y empresas les exigimos aceptar y respetar nuestro derecho humano a un trabajo digno, con pleno ejercicio de los derechos individuales y colectivos, y que se garantice un proceso de transición justa en un mundo que nos permita mejorar la calidad de vida. Demandamos garantías al acceso universal a los sistemas de protección y seguridad social, el respeto de nuestra libertad sindical y a una repartición justa y equitativa de la riqueza producida con nuestro trabajo y conocimientos.
 
Consideramos que ninguna acción para enfrentar el cambio climático será eficiente o viable si no se promueve con políticas públicas efectivas a favor de la pequeña agricultura familiar y campesina, la reforma agraria, la soberanía y seguridad alimentaria de nuestros pueblos, la producción auto sustentable, con base agroecológica, autóctona y libre de transgénicos y agrotóxicos, orientada al consumo humano y a la preservación de nuestra biodiversidad. Creemos que para avanzar hacia un mundo justo y una economía local, solidaria, cooperativa, feminista y comunal, es fundamental reconocer el derecho humano a la alimentación, así como el gran aporte de la agricultura familiar campesina, que contribuye con más del 70% de la alimentación del mundo. Exigimos frenar la producción y expansión de los agrocombustibles, que promueven la deforestación, erosión de las tierras, contaminación de las fuentes del agua y aire, y significan una forma de recolonización territorial.
 
Como expresión de esta estrategia del capital, en los últimos años se han agudizado los procesos de privatización, mercantilización y financiarización de la naturaleza, expresados en los principios de la economía verde, que nos presenta las falsas soluciones a la crisis climática. Algunas de ellas son: Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL), proyectos de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de los bosques (REDD), transgénicos, agrocombustibles, geoingeniería, megaproyectos hidroeléctricos, centrales nucleares, fractura hidráulica (“fracking”), agricultura climáticamente inteligente.
 
La estrategia del capital pasa también por lo que llamamos arquitectura de la impunidad de las corporaciones transnacionales y gobiernos, a través de los tratados de libre comercio y protección de inversiones, entre otros, que pretenden privatizar servicios esenciales como el agua, la educación, salud y vivienda, y atentan contra los derechos humanos de trabajadores y de los pueblos. La Cumbre de los Pueblos rechaza todas estas estrategias del capital
 
Como expresamos antes, denunciamos el sistema capitalista-patriarcal que sostiene la opresión y control sobre el cuerpo, el trabajo y la vida de las mujeres, promueve la violencia sexual y la trata, las margina de diversos ámbitos de la vida social y pública. Es necesario transitar hacia otra división social del trabajo, que elimine la subordinación del trabajo femenino, que no invisibilice el trabajo del cuidado –que hace posible la reproducción social– ni lo subordine a los mandatos del mercado. Exigimos un cambio radical que reconozca el trabajo reproductivo como la base de la sustentabilidad humana y de las relaciones entre las personas y comunidades.
 
Todas las alternativas deben incorporar la perspectiva feminista y promover una relación más justa entre hombres y mujeres.
 
Abogamos por la promoción de un consumo responsable y no alienado, basado en la adopción de hábitos y pautas de consumo saludables, y de acuerdo con la necesidad humana, no sujeta a la ambición del capital. Un  consumo que no contribuya a la contaminación ambiental ni al cambio climático. Alentamos el uso responsable de los recursos vitales, el reciclado y el manejo sustentable de los residuos sólidos. Nos comprometemos a promover la conciencia ciudadana respecto a las acciones que podemos llevar adelante individual y colectivamente para avanzar hacia un mundo más justo.
 
Los Estados deben tomar decisiones y medidas inmediatas de protección, conservación o restauración de las cuencas, los ecosistemas, las altas montañas, bofedales, humedales, páramos, estepas, bosques, acuíferos, lagos, ríos, manantiales, zonas marinas costeras, que alimentan a la Madre Tierra. Esos ecosistemas y fuentes de agua son afectados por las actividades de las industrias extractivas, como la minera, petrolera, carbonífera y gasífera, por las talas de árboles y el arrojo de desechos, entre otras causas. Se debe garantizar el derecho humano al agua y al saneamiento, en igualdad de condiciones, acceso y salubridad. Esto sólo se puede garantizar con empresas públicas en manos públicas.
 
La Cumbre de los Pueblos cuestiona la incoherencia del Gobierno peruano en su calidad de presidente de la COP 20. Por las políticas ambientales, laborales y tributarias adoptadas recientemente a favor de la inversión privada –rebajando estándares y regulaciones que afectan derechos colectivos, ambientales y culturales–. Denunciamos la represión que sufren representantes indígenas, dirigentes sindicales y campesinos, activistas ambientales, así como los hostigamientos a delegaciones que arribaron a la Cumbre de los Pueblos desde diversas regiones del país y el exterior.
 
La Cumbre de los Pueblos cuestiona la captura corporativa de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Las grandes corporaciones transnacionales “acompañan” a los gobiernos en las negociaciones globales para acordar medidas que tienen por único fin limpiar de responsabilidades a los países industrializados por sus emisiones de gases de efecto invernadero y por ser los principales responsables del cambio climático. Exigimos que los pagos por servicios de la deuda externa e interna –que ahogan a los pueblos y limitan la capacidad de los Estados para atender necesidades básicas de las poblaciones–, se destinen a hacer frente a la crisis ambiental y climática, porque de ello depende la sobrevivencia de la Humanidad y todas las especies vivas del planeta.
 
La Cumbre de los Pueblos saluda la movilización comprometida y entusiasta de las decenas de miles de ciudadanos y ciudadanas de todo el mundo que participaron de la Gran Marcha Global en Defensa de la Madre Tierra (10/Dic) en Lima y en otras ciudades del planeta. Esta gran concentración de organizaciones, movimientos y delegaciones del Perú y numerosísimos países es la expresión más clara de la posición de los pueblos a favor de un mundo justo y democrático, que garantice la armonía entre la existencia humana y los derechos de la Naturaleza y la Madre Tierra.
 
Seguiremos fortaleciendo la articulación de nuestras luchas, de forma activa y permanente en las múltiples movilizaciones del 2015, con un especial momento de activismo en París, Francia, donde se llevará a cabo la COP 21. Desde ya los movimientos sociales del mundo nos preparamos para dar continuidad a las luchas desde nuestros territorios en defensa de la vida, hasta que nuestras exigencias sean atendidas. Seguiremos en lucha hasta cambiar el sistema… No el Clima!
 
Cumbre de los Pueblos
 
Lima 11 de diciembre 2014.

El pueblo San Juan Cancuc movilizado contra el despojo

Marie-Pia Rieublanc / Otros Mundos AC/Chiapas

En San Juan Cancuc, municipio de la región Altos de Chiapas, donde la mayoría del pueblo es tseltal, más de 900 personas se sumaron a la marcha convocada por la Parroquia este 25 de noviembre de 2014, a la cual participó Otros Mundos A.C. En el marco del día internacional por la eliminación de la violencia hacia la Mujer, el Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio, que reúne once parroquias de la diócesis de San Cristóbal de Las Casas (Chiapas, México), incluyendo la de Cancuc, organizó en esta fecha su segunda gran peregrinación en defensa de la Madre Tierra. Hace seis meses, la primera gran peregrinación del movimiento había reunido a más de 15.000 personas en el estado. De nuevo, miles de chiapanecos originarios, en mayoría tsotsiles y tseltales, caminaron en los 11 municipios representados (San Cristóbal de las Casas, representado por los ejidatarios de La Candelaria, Huixtán, Tumbalá, Cancuc, Tenejapa, Oxchuc, Ocosingo, Altamirano, Bachajón-Chilón, Yajalón y Salto de Agua).

VIDEO: Segunda Peregrinación en defensa de la Madre Tierra en San Juan Cancuc

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En Cancuc, los peregrinos alzaron la voz contra la alta tasa de feminicidios en Chiapas (50 mujeres fueron asesinadas en la entidad este año según Kinal Antsetik) y también contra la violencia de Estado, solidarizándose con los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa (Guerrero), víctimas de un ataque policíaco mortal el 26 de septiembre en Iguala (Guerrero), en el cual 3 de ellos fueron asesinados y 43 otros desaparecidos. Durante esta marcha de dos horas que inició a las nueve de la mañana, los habitantes de Cancuc gritaron su indignación frente a una de las formas más agresivas de la violencia de Estado: el despojo. «Basta de derramar más sangre y a la destrucción de la Madre Tierra !», dijo en el micrófono un representante de la Parroquia leyendo la palabra del Pueblo Creyente de Cancuc. En su comunicado, la Parroquia expresó su rechazo a «la súper carretera (San Cristóbal de Las Casas-Palenque), autopistas, represas hidroeléctricas, minas, extracción del petróleo» y se opuso a la voluntad del gobierno de «convertir en negocios nuestros lugares sagrados, manantiales, ríos, lagos, cuevas, cerros, los pueblos antiguos, vía el ecoturismo» así como al «saqueo de los recursos genéticos de la biodiversidad de nuestro estado de Chiapas».

>> LEER el comunicado de la Parroquia de San Juan Cancuc

El rechazo a la nueva autopista de 153 km que el gobierno de Chiapas y el presidente de la República Enrique Peña Nieto quieren construir entre San Cristóbal de Las Casas (Altos de Chiapas) y Palenque (región Selva), cristalizó el descontento de todos los manifestantes que marcharon ese día en el estado. Si esa carretera de dos carriles (que ocuparán 60 metros de ancho) ve la luz con su trazo actual, miles de hectáreas de siembras, de cerros, de bosques y de cuencas van a ser arrasadas en la entidad. «En estos meses hemos consultado a nuestras comunidades si quieren o no que se construya la super-carretera San Cristóbal-Palenque y su respuesta ha sido: que es una obra que va a destruir a la madre naturaleza», expresó el Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio en un comunicado conjunto que fue leído en cada uno de los municipios participantes. «Beneficiará a las grandes compañías, a los empresarios y si acaso a algunos comerciantes, pero no a la gran mayoría del pueblo pobre (…) Si realmente, los gobiernos estatal y federal quieren, como dicen, beneficiar a las comunidades para salir de su pobreza, pedimos que los miles de millones que quiere emplear en esa obra, los utilicen para terminar los más de 40 hospitales y clínicas, que desde el sexenio pasado, por corrupción, quedaron inconclusos; que pavimenten los cientos de caminos rurales que están en pésimas condiciones», añadió el Movimiento en su comunicado.

>> LEER el comunicado del Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio

En Cancuc, la carretera pasará por al menos 3 localidades: Yashnail, Crusiljá y Pocolna. Según el convenio 169 sobre los Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, suscrito por México, los pueblos originarios como lo son los habitantes de Cancuc, tienen el derecho de ser consultados de manera previa e informada cada vez que sus tierras pueden ser afectadas por un proyecto industrial o de infraestructura (sea una carretera, una mina, una presa o un complejo turístico). El estado de Chiapas y el gobierno mexicano violaron esta ley internacional ya que no consultaron a ningún de los chiapanecos que van a perder sus tierras con el paso de la carretera. Los habitantes de Yashnail, Crusiljá y Pocolna fueron informados sobre asunto sólo cuando ingenieros entraron en sus tierras este año para decirles que por allí iba a pasar la autopista. «Los habitantes dijeron que no estaban de acuerdo pero los ingenieros continuaron a venir», explicó un habitante de Cancuc después de la marcha.

A un lado del parque central, frente a la Iglesia, se encuentra un tornillo grueso colocado en el piso (ver video abajo). «A principios de junio de este año, ingenieros vinieron aquí para hacer un estudio satélite. Pusieron ese tornillo que es un punto de GPS», que sirve para los ingenieros a hacer estudios topográficos previos a la construcción de la obra, explicó el encargado de la comunicación de la Parroquia de Cancuc. «Después, me encontré en San Cristóbal de Las Casas con esos mismos ingenieros colocando otros puntos GPS», añadió. La entrada de estos trabajadores en las tierras de los habitantes de Cancuc que no han sido consultado y han rechazado públicamente el proyecto varias veces constituye una grave violación de sus derechos.

VIDEO: El pueblo de Cancuc movilizado contra el despojo:

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Hay otro megaproyecto que amenaza a los habitantes de San Juan Cancuc: la construcción de una presa hidroeléctrica sobre el río Chacté, al nivel del precioso Cañón Chacté. El proyecto de la presa Chacté nació hace casi 40 años, cuando Cancuc todavía pertenecía al municipio de Ocosingo (fue reconocido como municipio libre en 1989). Fue en 1978 que los comuneros vieron por primera vez a empleados de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) llegar en el centro del pueblo y entrar en la comunidad de Chacté para estudiar la factibilidad de este proyecto. Los comuneros nunca habían sido informados de que la CFE quería construir una presa en ese lugar y tampoco habían sido consultados para que se le otorgara al personal de la Comisión el permiso de empezar a trabajar en sus tierras.



En 1986, el Profesor Lorenzo Pérez, profesor de educación primaria en Cancuc y conocido como el organizador del pueblo (luchó para que sea reconocido como municipio libre), empezó a reunir más información sobre el proyecto. Se enteró de que el personal había recibido un permiso de la Secretaría de la Reforma Agraria (hoy Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, SEDATU) después de haber recibido la autorización escrita del presidente de Bienes Comunales de Cancuc que no había consultado al pueblo antes de firmar. Según documentos que se procuró el Profesor en ese entonces, la construcción de la presa Chacté iba a inundar 3000 hectáreas de tierras, obligando a los habitantes de 8 comunidades a desplazarse. Ese mismo año, los comuneros de Cancuc hicieron una asamblea en la cual pidieron al Presidente de la República, a la Comisión Federal de Electricidad y a la Secretaría de la Reforma Agraria, la cancelación definitiva del proyecto, lo que no obtuvieron.



En 1987, funcionarios de la CFE llegaron al domicilio del Profesor Lorenzo para proponerle dinero en cambio de que debía dejar de organizar asambleas en contra del proyecto y dar su acuerdo. «Yo nunca acepté ese dinero porque sería vender al pueblo, y también, ¿a dónde iría la gente ? Porque se iba a desplazarla pero no se sabía donde. No era justo que yo como persona, como organizador del pueblo, yo me vendiera a espalda de la gente», dijo el maestro durante una conferencia en San Cristóbal de Las Casas en octubre de 2013 en el marco del seminario «Las Venas Abiertas del Chiapas Contemporáneo» organizado por Otros Mundos A.C. con otras instituciones y organizaciones. El maestro rechazó la propuesta de la CFE que aceptó organizar una asamblea con los comuneros de Cancuc, quienes pidieron de nuevo la cancelación del proyecto. Allí la Comisión firmó un documento que anula el proyecto, «pero en realidad no se canceló», advirtió Lorenzo Pérez.



>> ESCUCHAR la ponencia completa del Profesor Lorenzo Pérez (Más Audios de Koman Ilel)



En junio de 2012, el presidente de Bienes comunales de Cancuc se reunió con funcionarios de la Secretaría de la Reforma Agraria y también un representante de una empresa privada canadiense, la Pan American Hydro Corporation, quienes querían proponerle la reactivación del proyecto. Esta vez, no era la CFE la que iba a construirla, sino esta compañía canadiense que tiene 9 proyectos en México, incluso 6 en Chiapas, y otros 39 en Guatemala (ver mapa). Los comuneros fueron informados de esta reunión y convocados al teatro municipal. «La gente dijo que no estaba de acuerdo. Pero el empresario no quiso dar la cara, dijo que ya no quería estar con la gente, porque se iba a politizar lo que había venido a realizar», nos contó el encargado de comunicación de la Parroquia de Cancuc. Los comuneros pidieron al presidente municipal que se firme un documento que cancela definitivamente el proyecto, pero «no supimos nada de este documento, parece que no se hizo», lamentó.

«No vamos a permitir que se construye esta presa, vamos a seguir manteniendo la fuerza de nuestros primeros padres. No vamos a permitir que se inundan de tierra a nuestros hermanos, porque están allí los recursos naturales, nuestras tierras sagradas, cuevas sagradas, los ecosistemas, la casa de los animales, y entre ellos estamos también nosotros», insistió. Enumeró las 12 comunidades que se encuentran alrededor del Cañon y que podrían ser afectadas por la construcción de la presa: Chacté, Juchiljá, Chicjá, El Pozo, Nichteel San Antonio, Tzumbal, Chijil, Tzunjok, Bapuz, Independencia y San José de Chacté.



Por el momento, el proyecto de la Pan American Hydro Corporation aparece en su página internet en amarillo, como un proyecto «potencial» y no «seguro». El proyecto de la presa Chacté debe ser cancelado definitivamente. Primero para respetar la voluntad del pueblo de Cancuc que expresó en varias asambleas su rechazo. Segundo porque de acuerdo con un estudio publicado por la propia Comisión Federal de Electricad en 1987 (CFE. Subdirección de Construcción. Unidad de Estudios de Ingeniería Civil. “Trabajos de exploración geológica desarrollados en el Sistema Cancuc, trasferencia alto Usumacinta-Tacotalpa, Chiapas, 1987″), esta presa no es viable. «Sus principales problemas serán los espesores de roca descomprimidos,  la presencia de algunos bloques inestables y el posible desarrollo cárstico”, dice el estudio.

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