Premios Pinocho 2014: ¡comienza la votación!

¿Cuál es la empresa que mejor mintió este año? Shell, Total, el Crédit Agricole, EDF, Pur Projet, GDF Suez, Perenco, Samsung o Lyon-Turin Ferroviaire ? Estas compañías, en mayoría francesas, han sido nominadas para la séptima edición de los «Premios Pinocho del desarrollo sustentable».

 

 

Organizado por la federación Amigos de la Tierra Francia, que reúne unas treinta asociaciones ambientales en el país, este concurso recompensará el 18 noviembre de 2014 a las tres empresas que mejor supieron manipular los medios de comunicación para hacer creer que sus actividades son las más verdes y las más responsables socialmente, cuando en realidad son unas de las más contaminantes y menos respetuosas de los derechos humanos, con los métodos financieros menos transparentes. El jurado de este concurso es la sociedad civil internacional, que puede votar desde ahora vía el sitio internet de Amigos de la Tierra Francia, en esta página: http://www.prix-pinocchio.org/es/nomines.php.

La competición se divide en tres categorías y los internautas pueden votar para una empresa en cada categoría.

1) La primera categoría, «¡Una para todos, todo para mí!», recompensa la empresa que haya manejado la política más agresiva en términos de acaparamiento, sobreexplotación o destrucción de los recursos naturales. Allí se desempeñan:

La compañía petrolera holandesa Shell, por explotar gas de esquito en Ucrania usando la fractura hidráulica (o fracking en inglés) en condiciones muy peligrosas para el medio ambiente y la salud: las aguas tóxicas que utiliza para fracturar las piedras de esquito y así extraer el gas están almacenadas al aire libre y separadas del agua subterráneo por una simple capa de plástico. También tiene concesiones para hacer fracking en Patagonia (Argentina), incluso en áreas naturales protegidas y en zonas de ganadería tradicional, cuyas adquisiciones están llenas de irregularidades.

La compañía petrolera francesa Total, cuya explotación de gas en tierra Egi en el Delta del Níger (Nigeria) se hace al detrimento de la población desde 1964. Para extender su central a partir del 2006, acaparó tierras sin indemnizar a toda la población expropiada. Hubo muertos y heridos en manifestaciones organizadas por familias Egi  en contra de la empresa Además, ocurrieron varios accidentes técnicos en los últimos años como explosiones o fugas de gas que provocaron graves daños al ecosistema y a la salud de la población.

El banco francés Crédit Agricole, por financiar a empresas que explotan carbón en los Apalaches (Estados Unidos) usando el método de la «remoción de cima» (Mountaintop Removal – MTR en inglés). Esta técnica consiste en hacer explotar las cimas de las montañas, destruyendo el ecosistema y provocando lluvias de metales pesados ultra contaminantes para la salud de población que vio los casos de cáncer multiplicarse en los últimos años. En 2013, CA cambió su política sobre minería y metales, pero nunca dejo de financiar el MTR, al contrario de otros bancos como el francés BNP Paribas.

2) La segunda categoría, «Más verde que verde», recompensa la empresa que haya manejado la campaña publicitaria más abusiva y engañosa comparada con sus actividades reales. Los tres nominados son:

La empresa estatal francesa Electricidad de Francia (EDF), que invierte cada vez mas en energías fósiles como el carbón, haciendo todo el contrario de lo que promete en sus campañas de comunicación donde asegura que lucha contra las emisiones de CO2. En Serbia, quiere construir una nueva central de lignito, una forma de carbón rica en sulfuro cuya explotación es conocida por provocar lluvias ácidas. La nueva central Kolubara B debe construirse en una zona donde ya existen minas a cielo abierto y centrales: expondrá la población local a aún más contaminación.

El colectivo Pur Projet (Proyecto Puro), nacido en Francia y que reúne hoy unas 50 empresas en el mundo, dedicado a «compensar los impactos socio-ambientales» de empresas contaminantes, permitiéndoles de invertir en proyectos de reforestación o de conservación de bosques en países del Sur. Basado en el modelo del sistema REDD (Reducción de Emisiones de carbono causadas por la Deforestación y la Degradación de los bosques), nacido con el Protocolo de Kyoto en 1992, Pur Projet permite a empresas seguir emitiendo CO2 y limpiar su imagen al mismo tiempo para parecer verde. Pero muchas veces, estos proyectos de conservación son sinónimos de acaparamiento de tierras y de violación de derechos de poblaciones tradicionales a quienes impiden vivir en el bosque para supuestamente protegerlo, como es el caso en Perú.

La empresa productora y distribuidora de gas y electricidad GDF Suez (Francia), por haber invertido una parte de los 2.5 billones de euros que recibió en mayo de 2014 de varios organismos financieros internacionales bajo el titulo de «obligaciones verdes» en un proyecto de muerte en la Amazonía brasilera: la construcción de la presa hidroeléctrica de Jirau, que provocó inundaciones y violó el derecho a la consulta. Estos green bonds le fueron otorgados con la obligación de ser usados para desarrollar energías limpias y proyectos socialmente responsables. Pero como los criterios que definen qué proyecto es verde o no fueron determinados por cuatro bancos (Bank of America Merrill Lynch, Citi, Crédit Agricole CIB, JPMorgan Chase & Co) más interesadas en ganancias que en sustentabilidad, GDF Suez pudo usarlo para promover esta presa.

3) La tercera categoría, «Manos sucias, Bolsillos llenos», recompensa la empresa que haya manejado la política más abusiva en términos de opacidad a nivel financiero (evasión fiscal, corrupción), en términos de cabildeo/presión, o en su cadena de suministro. Se encuentran:

La petrolera franco-británica-bahameña Perenco, por enriquecerse explotando petróleo en zonas muy pobres de países del Sur, siempre en condiciones financieras muy opacas. Su técnica es comprar a otras empresas petroleras cuando ya están maduros, es decir cuando la zona de explotación esta ya muy contaminada. No le importa seguir dañando el medio ambiente y el hábitat de las poblaciones cuando es sinónimo de ganancia para ella. Está presente desde el año 2000 en la ciudad de Muanda (República democrática del Congo), conocida como la ciudad petrolera más pobre del mundo, donde su contrato ni se ha hecho publico. Los accidentes allí son recurrentes y los contestatarios (vecinos o huelguistas) han sido víctimas de represalias.

El fabricante de productos electrónicos coreano Samsung, por recorrer a una mano de obra muy barata y explotada en China para fabricar sus «smartphones». Incluye menores de 16 años en las líneas de producción, violando la legislación local, según un estudio de China Labor Watch. Ellos no tienen contratos de trabajo, es decir ninguna protección social. Los obreros en general trabajan hasta 16 horas diarias, sin medidas de seguridad ni sanitarias. Al mismo tiempo, Samsung gasta mucho dinero en campañas de comunicación mentirosas para promover una imagen de empresa «ciudadana» y «socialmente responsable» que lleva una política de «cero tolerancia» hacia el trabajo infantil.

 – La sociedad franco-italiana Lyon-Turin Ferroviaire (financiada por la Unión europea y por los gobiernos de ambos países), encargada de construir la línea de tren de alta velocidad entre Lyon (sureste de Francia) y Turín (noroeste de Italia) que necesitaría cavar gigantescos túneles en las montañas de Los Alpes. El proyecto tiene un presupuesto de 26 millones de euros y su realización impediría a Francia invertir en otros proyectos hasta 2030, advirtió la Corte de Cuentas francesa. Su utilidad es controvertida ya que ya existente una línea que podría ser modernizada. Además, los costos ambientales serían muy altos: extracción de millones de metros cúbicos de roca, drenaje de 60 a 125 millones de m3 de agua por construir solo el primer túnel…

// Los Premios Pinocho del desarrollo sustentable 2014 son organizados en colaboración con Basta (www.bastamag.net) El Observatorio de las multinacionales (www.multinationales.org) y la Radio Mundo Real (www.radiomundoreal.fm).

Ilustraciones de Otros Mundos A.C. en Solidaridad con Ayotzinapa

Hace más de un mes, policías municipales de la ciudad de Iguala mataron a 3 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, así como 3 otros civiles. 19 normalistas quedaron heridos y 43 otros fueron secuestrados.

Hace 32 días que millones de mexican@s indignad@s salen a la calle para denunciar este crimen de estado infame, exigir la detención y condena de los autores de la matanza y la presentación con vida de los 43 desaparecidos. Desde Otros Mundos A.C. queremos expresar nuestra solidaridad con los normalistas y sus familiares. Les compartimos dos carteles que hemos hecho en solidaridad con Ayotzinapa, desde el dolor y la rabia, por la Justicia y la presentación con vida de los 43 normalistas.

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AYOTZINAPA 2

AYOTZINAPA 3

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Clausura simbólica de cementeras en México

Comunidades se movilizan en México en Día de acción nacional en contra de la industria cementera

En protesta por los impactos socio-ambientales que ocasiona la industria cementera y ante la falta de operatividad de las autoridades correspondientes, Frente de Comunidades decidió hacer una clausura simbólica de plantas cementeras en todo el país

Alianza Global para Alternativas a la Incineración

El día 23 de octubre, comunidades pertenecientes al Frente de Comunidades en Contra de la Incineración, en protesta por los impactos socio-ambientales que ocasiona la industria cementera y ante la falta de operatividad de las autoridades correspondientes, decidieron hacer una clausura simbólica de plantas cementeras en todo el país.

Las ciudades de Hermosillo, Atotonilco y Santiago de Anaya, entre otras comunidades en México, clausuraron de manera simbólica la entrada de las plantas cementeras de las empresas Holcim, Lafarge, Fortaleza y CEMEX en señal de protesta por los daños a la salud ambiental y humana que estas empresas ocasionan en las comunidades cercanas a las plantas.

El Frente de Comunidades en Contra de la Incineración, conformado por comunidades en todo el país., afectados por la industria cementera entre sus demandas piden que no se construya ni una cementera mas en el país., la no incineración de residuos de ningún tipo en los hornos cementeros, así como el cumplimiento total de las leyes ambientales tanto municipales, estatales y federales. Exige el respeto a las comunidades, su territorio y su cultura.

De igual forma se une a la petición de todo México por un fin de la violencia y la criminalización a los movimientos sociales, declarando el día 23 de octubre como un día de acción nacional contra la industria cementera, motor inicial del modelo extractivo.

A los 23 de octubre del 2014

Frente de Comunidades en Contra de la Incineración, miembro de la Alianza Global para Alternativas a la Incineración

COMUNICADO Otros Mundos A.C./ Amigos de la Tierra México

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México. Jueves 23 de octubre de 2014

A:
Cámara Nacional del Cemento
Holcim México
Cementos Mexicanos (CEMEX)
Cementos Fortaleza
Lafarge México
Cementos Cruz Azul
Cementos Moctezuma

Otros Mundos A.C. / Amigos de la Tierra México, por medio de este comunicado, queremos informarle de nuestro apoyo al Frente de Comunidades en contra de la Incineración que agrupa a distintas comunidades en el país que se encuentra en la lucha por la justicia socio-ambiental y en contra de las malas prácticas de sus plantas cementeras en esas poblaciones.

Sabemos de los impactos negativos en la salud ambiental y humana que se generan de la producción del cemento, así como estos se han agravado desde que sus hornos se convirtieron en incineradoras de residuos peligrosos, industriales, biológico-infecciosos, entre otros. Y ahora sumándoles los Residuos Solidos Urbanos que no solo contribuyen en el aumento de los impactos negativos por los cocteles químicos que mezclan, sino que generan una deuda en los municipios que les pagan por incinerar esto residuos y generan un impacto en la industria del reciclaje y los pepenadores informales que ven impactada su forma de vida.
A pesar de sus argumentos que esta práctica es mucho más limpia que el uso de combustibles fósiles y de que han declarado su compromiso con el medio ambiente, conocemos los daños en la salud por la mezcla que ustedes llaman combustible alterno y como este es el causante principal de afectaciones graves de las poblaciones más vulnerables.

También conocemos las denuncias interpuestas por estas comunidades a las cuales las autoridades han hecho caso omiso, de las amenazas que han sufrido los dirigentes de los movimientos por lo que exigimos lo siguiente:

No continuar con la incineración o el coprocesamiento de residuos en los hornos cementeros
Hacer un alto a las amenazas a las comunidades
No continuar expandiendo o construyendo más cementeras

¡ Ni una cementera más ! ¡ Ni un residuo más a sus hornos!

Otros Mundos A.C. / Amigos de la Tierra México
otrosmundoschiapas.org

En apoyo a el:
Frente de Comunidades en Contra de la Incineración, miembro de la
Alianza Global para Alternativas a la Incineración

¡Di NO a la Prohibición de Plantas Medicinales en México!

FIRMA AQUÍ

El Gobierno Mexicano a través de su órgano regulador, la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) publicó una lista de 200 Plantas Medicinales -muchas de ellas de la Medicina Tradicional Indígena- que quiere PROHIBIR su uso en tes, infusiones y suplementos alimenticios. Esta lista incluye hierbas tan tradicionales y de uso generalizado como Árnica, Epazote, Anís Estrella, Equinacea, Pasiflora, Valeriana, Zarzaparrila y Sábila; además del Hongo Reishi, el Ginseng, el Ginko Biloba y hasta el Té Mate, entre otros.

Los únicos beneficiados de esta medida serán las empresas farmacéuticas, que serían las únicas que podrían elaborar productos con estas plantas, acabando con la Medicina Tradicional Indígena. Su prohibición es un ataque a las Culturas Étnicas y a los derechos humanos de todos los mexicanos. Esta lista se encuentra ya en la Comisión Federal para la Mejora Regulatoria (COFEMER) del Gobierno Mexicano, para su aprobación; y en espera de la firma del Presidente Enrique Peña Nieto. Ayúdanos a evitar que este atentado a las libertades ciudadanas sea impuesto desde las altas esferas del gobierno. Firma nuestra petición y ayuda a difundirla. Es por el bien de todos los mexicanos.

FIRMA AQUÍ.

De la impunidad y la complicidad estatal a las demandas y exigencia de justicia

Los asesinatos y las desapariciones de Ayotzinapa
por Guillermo Castillo Ramírez, en Rebelión

La masacre y las desapariciones: violencia y contubernio

El saldo de los hechos violentos del 26 de septiembre en Iguala no sólo es alarmante por el gran número de víctimas y agredidos (seis asesinados, una persona con muerte cerebral, casi una veintena de heridos y cuarenta y tres jóvenes desaparecidos); también lo es por la saña de los actos cometidos y por los individuos, instituciones y grupos que perpetraron estas vejaciones. En estos crímenes tomaron parte el alcalde de Iguala y su esposa (emparentada con un cartel del narcotráfico) como presuntos autores intelectuales, y policías municipales y miembros del grupo delictivo guerreros unidos como autores materiales (en tanto agresores, secuestradores y asesinos).

 

Las muertes y desapariciones de los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa se enmarcan en el contexto más amplio y previo de dos series de actos violentos en la región que, ya en 2013, habían cobrado la vida del síndico Justino Carbajal y tres líderes de la Unidad Popular en Iguala, ambos asesinatos también atribuidos directamente al alcalde de Iguala. La violencia hacia y sobre los normalistas de Ayotzinapa se dio sobre el vasto y complejo entramado de las diversas relaciones entre funcionarios y gobernantes de nivel local, policías municipales (coludidos con grupos delictivos) y los grupos del crimen organizado. El telón de fondo más amplio tiene que ver con la violencia política que durante décadas ha sido instrumentada por ciertos sectores (el Estado, caciques, élites económicas y políticas, grupos del crimen) para intimidar y eliminar diversos grupos sociales en Guerrero: maestros, campesinos, normalistas, entre otros.

Males crónicos y violencia política: grupos delictivos y un Estado impune y cómplice

Conforme a la información recaba y difundida por ciertos medios de comunicación, los hechos violentos del 26 de septiembre son crímenes de Estado tanto por el involucramiento de los policías municipales como por ser el alcalde de Iguala y su esposa los autores intelectuales de los acontecimientos; en este tenor hay una línea de continuidad entre las agresiones a los normalistas de Ayotzinapa y los asesinatos de por lo menos cuatros personas en la región en 2013, donde también fue designado como responsable y autor intelectual de los hechos el alcalde de Iguala. Considerando un contexto histórico más extenso y en una configuración distinta del nivel del Estado involucrado, los antecedentes de las agresiones a los normalistas nos remiten a nivel nacional a la violencia estatal del 68 y a la guerra sucia de la década de 1970 dirigida a los grupos sociales inconformes por parte del ejército y las fuerzas de seguridad del Estado en los distintos niveles de gobierno (municipal, estatal y federal); particularmente en Guerrero esto se manifestó en las acciones policías y militares para reprimir a las organizaciones de Lucio Cabañanas y Género Vázquez, y, posteriormente, ya a fines del siglo XX lo política represiva oficial hacia los campesinos volvió a tener sus manifestaciones de violencia extrema con las masacres de Aguas Blancas (1995) y el Charco (1998).

Particularmente las desapariciones (la privación de la libertad y la vida) han sido y son una estrategia de agresión y eliminación a la que han recurrido sistemáticamente (con mayor o menor frecuencia) el Estado y ciertos grupos del crimen organizado desde hace décadas. En Ayotzinapa se ha comprobado mediante diversos testimonios y declaraciones que el secuestro y posterior desaparición de los jóvenes normalistas fueron llevadas a cabo por policías y miembros de grupos delictivos, en una clara muestra de la complicidad entre las fuerzas de seguridad municipales y el crimen organizado. Estas desapariciones se enmarcan en dos niveles cuyo marco histórico es mucho más vasto: (1) Por un lado, los antecedentes remotos son la guerra sucia y el terrorismo de estado a nivel federal y estatal durante la década de 1970, donde el gobierno federal y el de Guerrero recurrieron como estrategia de represión y disuasión a las desapariciones selectivas y con un carácter de violencia política. (2) Por otra parte, recientemente, con la política de la guerra contra el narcotráfico que inició Calderón a fin de legitimarse, las desapariciones (no pocas veces masivas) resurgieron como una forma de violencia generalizada y de represión por parte del crimen organizado y de las policías coludidas con grupos de delincuentes; en este tenor, cifras conservadoras difundidas por algunos medios de comunicación mencionaban en más de 26 mil el número de personas desaparecidas entre 2006 y 2012.

Así mismo no se puede omitir ni dejar de apuntar que en la historia política nacional y regional (a nivel del estado de Guerrero) tampoco es nuevo el contubernio y la colaboración entre las autoridades, las corporaciones policíacas y los grupos del crimen organizado. Particularmente para el caso de Ayotzinapa la información y evidencia recabada y publicada ha mostrado los nexos y alianzas entre los poderes locales fácticos oficiales y no oficiales, los vínculos entre el Estado (principalmente en su escala municipal aunque no sólo) y el crimen organizado, en este caso concreto en la complicidad y las estrechas relaciones de colaboración entre el alcalde de Iguala y los guerreros unidos.

Negligencia e impunidad

Las respuestas y acciones del estado de Guerrero y del gobierno federal frente a la masacre y desapariciones han sido leídas como insuficientes y negligentes por parte de los compañeros y familiares de los normalistas asesinados y desaparecidos, esta percepción es ampliamente compartida por diversos grupos y organizaciones sociales y políticas del país, así como por una porción considerable de la sociedad civil mexicana. A nivel estatal, el gobierno de Guerrero actuó de manera lenta y errática, las investigaciones no han dado resultados claros ni contundentes. Por su parte, las autoridades federales, dado que los hechos acontecieron en Iguala y en un afán por descargar toda la responsabilidad en el gobierno de Guerrero, se negaron en un primer momento a intervenir de manera directa; posteriormente, debido a la presión social y mediática nacional e internacional, se sumaron a las indagaciones de los hechos, pero sin mostrar una voluntad política clara para el esclarecimiento de estas agresiones.

Pese a la captura de varios policías municipales y de algunos miembros del grupo delictivo guerreros unidos que tomaron parte activa en los hechos violentos, las autoridades estatales y federales todavía no han dado información sobre el paradero de los normalistas secuestrados y desaparecidos; tampoco se sabe del destino de los autores intelectuales de estos acontecimientos violentos. Mediante datos obtenidos por diversas declaraciones se encontraron varias fosas clandestinas con restos humanos pertenecientes a casi tres decenas de personas, sin embargo, pese a las apresuradas aseveraciones del gobierno de Guerrero de que se trataba de algunos de los normalistas de Ayotzinapa, la PGR desmintió esta información y afirmó que los restos no pertenecían a los desaparecidos. Este suceso sólo es una manifestación exacerbada de la falta de coordinación y de la ausencia de voluntad política de cooperación entre los dos órdenes de gobierno para la resolución del caso. Así mismo, las autoridades del estado de Guerrero y del gobierno federal, en un ejercicio de desdén y falta de respeto, no han dado información pertinente y veraz a los familiares y compañeros de los normalistas asesinados y desaparecidos, tampoco les han notificado con claridad del curso y avance de las investigaciones.

Los reclamos de justicia y las movilizaciones de apoyo a los normalistas de Ayotzinapa

Frente a la indiferencia y la indolencia oficiales, las familias y compañeros de los normalistas se han movilizado y organizado una vasta serie de acciones dentro y fuera de Guerreo para manifestar su legitimo deseo de justicia y su voluntad de encontrar con vida a los desaparecidos. A nivel nacional ha habido múltiples manifestaciones de solidaridad y apoyo, expresión de esto fueron las protestas masivas en 25 estados del país el pasado 8 de octubre, en las cuales hubo marchas multitudinarias en las principales ciudades del país, así como en Chiapas y en Guerrero; a lo largo del país decenas de miles de personas de diversas organizaciones sociales y políticas y de la sociedad civil reclamaron ese día el esclarecimiento de los hechos, la presentación con vida de los detenidos y el castigo a los responsables. Así mismo ha habido pronunciamientos y acciones de protesta por parte de diversos sectores: organizaciones y centros de derechos humanos, religiosos (el padre Solalinde, el obispo Raúl Vera), organizaciones y movimientos sociales y políticos (FPDT-Atenco, Frente Francisco Villa, SME, EZLN, ERPI, EPR, entre muchos otros), maestros y normalistas, miles de estudiantes de varias universidades (UNAM, IPN, UAM, UACM, UPN y varias universidades privadas). También el repudio internacional en relación a las muertes y desapariciones de Ayotzinapa ha sido creciente y constante. Fuera de México estos acontecimientos han sido leídos como expresiones de la ausencia de derechos humanos, así como manifestaciones alarmantes y crónicas de la inseguridad e impunidad que campea en muchos estados del país. Tampoco han faltado voces y organizaciones en EU, Europa y otros países que, considerando las evidencias de la autoría e involucramiento de autoridades y fuerzas de seguridad municipales de Iguala, han catalogado lo sucedido como “crímenes de Estado”. Por su parte, la ONU y la CIDH-OEA manifestaron su preocupación y sorpresa al respecto, haciendo un llamado a intensificar la búsqueda de los desaparecidos, así como a realizar una indagación imparcial y veraz para aclarar lo acontecido. A veinte días de las desapariciones y muertes del 26 de septiembre, todavía no se sabe ni dónde están ni si se encuentran con vida los cuarenta y tres normalistas de Ayotzinapa. También quedan pendientes el castigo de los responsables intelectuales y una indagación seria e imparcial de los hechos. Dentro y fuera de México, pero especialmente en Guerrero, resuena el clamor de justicia y de presentación con vida de los desaparecidos.

Más notas:

Ayotzinapa: La crítica de los hechos
por Felipe Cuevas

Ayotzinapa, México y los crímenes de lesa humanidad
por Ricardo Martínez, RT Noticias

El genocidio de Iguala: Terrorismo de Estado, corresponsabilidad de la socialdemocracia
por Pável Blanco Cabrera

Somos Ayotzinapa

Hoy se moviliza el pueblo de México para exigir justicia por la masacre de Ayotzinapa, por el regreso de los estudiantes desaparecidos, por el cese de la violencia de Estado en todo el país.

VIDEOS:

#Ayotzinapa somos todos

cobertura que hizo en Cacto Producciones de la reciente marcha organizada en la Ciudad de México como respuesta a los lamentables hechos ocurridos el pasado 26 de septiembre en Iguala

 

Somos Ayotzinapa (subtítulos inglés)

Porque los desaparecidos nos faltan…
En San Luis Potosí, como en muchas otras ciudades de México y el mundo, repudian lo acontecido en Iguala con los normalistas de Ayotzinapa, Guerrero.

CONVOCATORIA EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Ayotzinapa: Normalistas se declaran cansados de ser ignorados

Colaboración SubVersiones /Regeneración Radio

– Lo único que hace la policía es estar destapando fosas…¿Si no hubiera pasado el caso de Ayotzinapa jamas se hubieran destapado esas Fosas?

Mensaje emitido el 18 de octubre en la radio oficial del municipio de Chilpancingo, Guerrero, dictado por la sociedad de alumnos de la Normal Rural «Raúl Isidro Burgos» de Ayotzinapa, en ese Estado.

Escuchar: AUDIO

Vacante: Investigador/a y Representante para México, Centroamérica, y el Caribe

El Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos (CIEDH) convoca postulaciones para un/a Investigador/a y Representante para México, Centroamérica, y el Caribe.

El anuncio de la vacante, el formulario para postularse, y toda la información necesaria, están disponibles AQUÍ.

DATOS:

2,5 días (17,5 horas) por semana. Con sede en México.

Los/as solicitantes deben tener:
-Por lo menos 5 años de experiencia previa de trabajo en los ámbitos de derechos humanos, derechos laborales, desarrollo, medio ambiente, justicia social, u otras cuestiones sociales – al menos parte de estas experiencias en relación a México, Centroamérica, o el Caribe;
-Excelente nivel de español y muy buen nivel de inglés;
-Compromiso con la promoción de los derechos humanos en relación a las empresas;
-Permiso / derecho a trabajar en México.

La fecha límite para recibir postulaciones es el 16 de noviembre, 2014 (11:59 p.m. hora de México).

LAGUNA SUYUL, AMENAZADA POR LA AUTOPISTA SAN CRISTÓBAL-PALENQUE

“ES PARA LOS NIÑOS QUE VIENEN DEL FUTURO, NO PARA NOSOTROS”
crónica de Hermann Bellinghausen
Laguna Suyul, Chiapas
OJARASCA, La Jornada

Esta pequeña joya escondida de la naturaleza, a sólo 15 kilómetros de la ciudad de San Cristóbal de las Casas y sorprendentemente intacta, está a punto de recibir los beneficios del progreso… de otros. Pese a los flojos desmentidos del gobierno del estado, los pobladores de la región, indígenas en su totalidad, están convencidos de que por aquí se planea que pase la autopista San Cristóbal-Palenque, viejo sueño caxlán, pesadilla recurrente para las decenas de comunidades y ejidos aquí y en el resto del posible trayecto. Más allá de las edulcoradas promesas oficiales, saben bien lo que significaría para sus vidas y las de sus descendientes. Contra lo que reza el refrán, no necesitan perderlo para saber lo que tienen.

El 17 de septiembre se reunieron aquí más dos mil indígenas procedentes de más de 70 y tantas comunidades para manifestar su oposición a que la autopista pase por los territorios ancestrales de tsotsiles y tseltales, y para dar inicio formal a su resistencia colectiva. Se congregaron bajo la hospitalidad de La Candelaria, comunidad rural del municipio de San Cristóbal de las Casas, en los márgenes de la laguna y vecindad con San Juan Chamula, uno de los municipios que comparten las bondades del peculiar cuerpo de agua. En Suyul, lugar sagrado desde hace múltiples generaciones, los pueblos mayas de los Altos y la Zona Norte rindieron tributo a la Madre Tierra y declararon que impedirán el paso de la anunciada supervía, la cual destruiría irremisiblemente tan delicado enclave de la naturaleza.

Traducidos puntualmente al castellano, nuestra lingua franca, durante horas hablaron en sus lenguas representantes de decenas de comunidades de los municipios Zinacantán, Tenejapa, San Juan Chamula, Huixtán, Oxchuc, San Juan Cancuc, Chilón, Salto de Agua y San Cristóbal mismo. En cada caso, sospechosamente, saltaba la denuncia de que su presidente municipal “ya firmó acuerdo” para que el trazo de la autopista atraviese estos territorios.

Tras la intensa ceremonia y la exposición de sus resistencias, pobladores, autoridades tradicionales, ejidales y comunitarias emitieron la Declaración de la Laguna de Suyul, “palabra verdadera de los pueblos originarios de los Altos de Chiapas”: “Sabemos que los gobiernos municipal, estatal y federal están diciendo mentiras al pueblo. Están ofreciendo megaproyectos transnacionales que traen muerte, haciendo más ricos a los ricos y más pobres a los pobres. ¿Cuál es el desarrollo para el pueblo? Creemos que sólo están viendo sus propios intereses. No queremos el desarrollo que nos trae pobreza, destruye nuestra cultura y no respeta los derechos de nuestra Madre Tierra”.

Reunidos en el Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio, en independencia de sus iglesias o grupos políticos, los indígenas advirtieron: “Defenderemos el medio ambiente, el tejido y las venas de la Madre Tierra: ríos, lagos, ojos de agua, montañas, árboles, cuevas, cerros. Defenderemos la vida de los animales”.

Llamaron a los líderes religiosos, tanto al obispo de San Cristóbal de las Casas como a los pastores de todas las iglesias (son bastantes) con seguidores en estos territorios, a que respalden la exigencia de los pueblos contra la autopista. Los asistentes anunciaron que impedirán divisiones por razones partidarias o de profesión religiosa. A los que apoyan a los pueblos afectados “y se han unido a la defensa de nuestras tierras y territorio, les pedimos que estén en alerta máxima de lo que pueda suceder”.

La reunión transcurrió en una monumental isla de bosques y helechos rodeada por la laguna de honda belleza, densa colonia de carrizos, aves acuáticas y anfibios alimentados por el agua cristalina que nace aquí mismo. Imagine por un momento el lector un Oxxo, un estacionamiento, una caseta de cobro, centenares de tráilers de doble remolque día y noche. El sitio sagrado, ofertan las autoridades, lo podrían aprovechar los pobladores con fines turísticos y “para vender sus productos”. Como si la brutalidad de la obra no fuera a aniquilar este notable ecosistema.

No todos han reaccionado. Por ejemplo Las Ollas, comunidad chamula muy cercana, que resultaría afectada, no acudió como tal pues su mayoría oficialista, siguiendo las indicaciones de sus caciques, ya se doblegó, chitón callando. También es sede de conocidos grupos criminales, aliados conspicuos de las avanzadas del progreso, en Chiapas como en Atenco, el Valle del Yaqui o donde quiera que al poder le urjan esos recursos desaprovechados en posesión de la indiada. Los planes son ambiciosos. Ya se apersonaron enviados de Coca-Cola a explorar el lugar con vivo interés. ¡Tanta agua buena!

Pero la laguna es también camino de los pueblos. La distancia les pertenece y a nadie más, y sólo así es de todos, y no al revés como trampea el gobierno. “No es para nosotros, sino para los niños que vienen del futuro”, dice un tseltal de San Jerónimo Bachajón. Allá, con sus 4 mil 600 ejidatarios y una extensión territorial considerable, por ahora no hay fisuras: nadie quiera la autopista. También hablan campesinos procedentes de San Martín Cruztón, donde el gobierno les negó los programas oficiales por oponerse a la vía; de Viniktón, en Tenejapa. Los de La Candelaria señalan: “Hay amenazas. Ven que los compañeros están unidos. Pero no nos vamos a dividir”.

Los ricos de Jovel, tan lejos de corazón pero con los colmillos tan cerca, visualizan aquí colonias residenciales, restoranes, gasolineras. El líder coleto, Mariano Díaz Ochoa, empresario de la construcción y la destrucción (decenas de cerros desaparecidos en San Cristóbal bajo su maquinaria lo demuestran), ex alcalde, actual subsecretario de Gobierno, es sólo uno de los muchos inversionistas seriamente interesados. Suyo será el search and destroy de avanzada; atrás vendrían nacionales y transacionales a repartirse las joyas. Suyul es sólo la primera. Más adentro estas montañas sólo guardan riquezas para sorprendernos. La alerta va en serio.

Dice la declaración: “La Madre Tierra es nuestro regalo milenario que de generación en generación nuestros abuelos y abuelas han cuidado y defendido. Ellos la protegieron. Ahora nos toca cuidarla y defenderla, si es necesario con nuestra propia vida. El medio ambiente, el tejido y las venas de la madre tierra, ríos, lagos, ojos de agua, montañas, árboles, cuevas, cerros. Defenderemos la vida de los animales, lugares sagrados, el ecosistema de la madre naturaleza y la vida del ser humano. La madre no se vende y no tiene precio”.

Los defensores de sus territorios, ahora resulta que tan codiciados por intereses ajenos y sumamente comerciales, advierten: “No permitiremos que sigan violando nuestros derechos. Exigimos que nos respeten conforme al Convenio 169 de la OIT y de la declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas”, que “defiende los derechos colectivos e individuales de los pueblos, especialmente a sus tierras, bienes, recursos vitales, territorios y recursos”.

Concientes de las acechanzas por la codicia de los ricos, denuncian que cuando el pueblo se organiza para defender sus derechos “el gobierno reprime, compra líderes, amenaza, asesina y desaparece a la gente”. En consecuencia, “desde este momento hacemos responsable a los gobiernos municipal, estatal y federal de lo que nos pueda pasar por defender nuestra vida, por cuidarla y por conservar la fuente de nuestros alimentos y de nuestra vida”

Nueva alerta sobre las enfermedades respiratorias en la población de Cahuaré, contaminada por la mina Cales y Morteros

Otros Mundos A.C. / Movimiento Salvemos Al Cañón del Sumidero

Viernes 17 de Octubre 2014. San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México

En Otros Mundos A.C., miembro de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), somos parte del “Movimiento Salvemos Al Cañón del Sumidero”, fundado por el Comité Pro-Mejoras de Cahuaré (Chiapa de Corzo, Chiapas). Junto con los habitantes de esta localidad ubicada en la entrada del Parque Nacional del Cañon del Sumidero, luchamos por el cierre definitivo de las actividades de la mina Cales y  Morteros del Grijalva S.A. de C.V. y denunciamos las crecientes enfermedades en la salud de la población que se ve afectada por las emisiones contaminantes de la calera.

En junio pasado hemos realizado entrevistas con una docena de habitantes en las cuales casi todos confirmaron que el único remedio que les podía curar, según sus doctores, era de irse de la localidad para vivir lejos de la calera o de obtener su cierre.

Tercera alarma de la Secretaría de Salud de Chiapas
 
Por la tercera vez en tres años, la Secretaría de Salud de Chiapas emitió el mes pasado un estudio alarmante sobre el estado de salud de los habitantes de Ribera Cahuaré, expuestos día y noche a las emisiones contaminantes de la mina Cales y Morteros del Grijalva S.A. de C.V., instalada desde 1963 cerca de sus viviendas, dentro del Parque Nacional del Cañón del Sumidero. La morbilidad por infecciones respiratorias agudas en Cahuaré “constituye un problema serio de salud en la localidad”, alertó la Secretaría en este informe.
 
“Las Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) son la primera causa de morbilidad” en la Ribera Cahuaré, según el estudio epidemiológico entregado el 19 de septiembre de 2014 por la Secretaría al Comité Pro-Mejoras de Cahuaré, quien lucha desde hace 12 años por el cierre de la minera y quien solicitó este informe. Las infecciones respiratorias agudas representan un 12,6% de las consultas realizadas entre el 28 de diciembre de 2013 y el 2 de agosto de 2014 en la segunda sección de la Casa de Salud de Ribera Nambadúa, que presta atención a la población de Ribera.
 
Tos, estornudos, escurrimiento nasal, dolor de garganta…
 
Las infecciones respiratorias son la plaga que agobia a la población de Cahuaré, expuestas a las partículas de calhidra y de petcoke (residuo de petróleo usado como combustible) que emite la mina Cales y Morteros 24 horas al día, 365 al año. Según el mismo estudio epidemiológico, para el cual fueron encuestados 513 habitantes, 25% de las personas encuestadas tenían tos (128 personas). 23,1% tenían estornudos (119), 23% sufrían de escurrimiento nasal (117), 22% tenían dolor o ardor de garganta (114) y 21% sufrían de obstrucción nasal (110).
 
Adjunto a su estudio epidemiológico, la Secretaría de Salud emitió un diagnóstico sanitario en el cual denuncia que “la empresa genera cantidades de humo y polvo , producidos por el tipo de material y/o producto que elaboran; dichos residuos son liberados al aire libre o a cielo abierto”. Precisa que no sólo los habitantes se ven afectados por estas emisiones, sino que también “la flora que se encuentra a la periferia de la empresa debido a que el polvo y humo cubre a los árboles rompiendo con el equilibrio ecológico.”
 
Rinitis alérgica, asma, bronquitis, dermatitis…
 
En este diagnóstico sanitario, para el cual se realizaron encuestas en 121 viviendas de Cahuaré entre el 18 y el 23 de agosto de 2014, se reportan graves enfermedades que pueden ser vinculadas a la contaminación provocada por Cales y Morteros. Resultó que 15,7% de la población estudiada sufría de enfermedades respiratorias. La más frecuente era la rinitis alérgica (9,9% de las personas encuestadas), luego el asma (4,90%) y la bronquitis (0,8%). Además, se registraron casos de dermatitis (patología dermatológica que se traduce por el hinchazón o el enrojecimiento de la piel) en un 12,3% de la población estudiada.
 
“La cal esparcida en el ambiente es un factor importante”
 
Los habitantes de Cahuaré saben que están perdiendo su salud a causa de las actividades ultra-contaminantes de Cales y Morteros. Y no son los únicos. La Secretaría de Salud del estado de Chiapas también lo sabe desde hace años. Lo denunció por primera vez un diagnóstico de la situación de salud de la población de Cahuaré realizado en mayo de 2011, en el cual había escrito: “los problemas de salud más frecuentes son afecciones de las vías respiratorias y de la piel, lo cual se asocia con la expansión de cal de la fábrica que se encuentra en la localidad”.
“La cal esparcida en el ambiente es un factor importante en el desarrollo de las enfermedades respiratorias”, subrayaba el documento, concluyendo que “la asociación de este factor sumada a la casuística de las enfermedades nos hace pensar que el origen de estas enfermedades está directamente relacionado”.
 
Dos años y medio después, en un estudio epidemiológico publicado en octubre de 2013, la Secretaría alertaba que un 25,9% de la gente enferma en Cahuaré, es decir 192 personas, “presentaban comorbilidad a infección respiratoria aguda (IRA)”. “La presencia esparcida de cal en las viviendas es un factor de riesgo ambiental determinante para el desarrollo de enfermedades respiratorias agudas”, añadía el documento.
 
¿ Cuántas alertas más ?
 
¿ Cuántas alertas más de la Secretaría de Salud se van a necesitar para que las autoridades chiapanecas y federales tomen en serio el asunto? ¿Qué utilidad tienen los estudios de la autoridad sanitaria si no resultan en medidas concretas para dar un fin a las actividades contaminantes de Cales y Morteros quien sabemos está trabajando sin permiso en una área natural protegida en total ilegalidad ?
 
El derecho de protección a la salud es un derecho fundamental de todos los ciudadanos mexicanos, garantizado por el Artículo 4 de la Constitución. Por ello, denunciamos la inacción de la Secretaría de Salud que se contenta de repartir “frascos de plata coloidal para la desinfección de frutas y verduras” y “folletos alusivos a técnica de lavado de manos y manejo higiénico de alimentos” (como lo precisa en su informe) a la población de Cahuaré en vez de emitir recomendaciones firmes y claras a las autoridades para el cierre de la mina.

¿ Cuántas alertas más de la Secretaría de Salud se van a necesitar para que las autoridades chiapanecas y federales tomen en serio el asunto? ¿Qué utilidad tienen los estudios de la autoridad sanitaria si no resultan en medidas concretas para dar un fin a las actividades contaminantes de Cales y Morteros quien sabemos está trabajando sin permiso en una área natural protegida en total ilegalidad ?
 
El derecho de protección a la salud es un derecho fundamental de todos los ciudadanos mexicanos, garantizado por el Artículo 4 de la Constitución. Por ello, denunciamos la inacción de la Secretaría de Salud que se contenta de repartir “frascos de plata coloidal para la desinfección de frutas y verduras” y “folletos alusivos a técnica de lavado de manos y manejo higiénico de alimentos” (como lo precisa en su informe) a la población de Cahuaré en vez de emitir recomendaciones firmes y claras a las autoridades para el cierre de la mina.

Denunciamos la inacción del gobierno de Manuel Velasco Coello que no ha hecho esfuerzos serios para poner un fin a la injusticia que afecta Cahuaré. Cuando la Secretaría de Medio Ambiente e Historia natural (Semanh) de Chiapas ordenó la suspensión temporal del banco de material de la mina en julio de 2014, esta decisión ni fue acompañada de medidas de implementación ni verificación de su cumplimiento por parte de la empresa. El resultado tres semanas después de la clausura oficial, es que la empresa continuaba con la extracción de piedras calhidras del Cañón del Sumidero y contaminando el ambiente.
 
Tienen el derecho a vivir en un ambiente sano
 
Denunciamos la inacción de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) a quienes les corresponde garantizar el derecho a un medio ambiente sano, que es reconocido en el derecho internacional. Hace años que estas autoridades, junto con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) hubieran obligado a la empresa cerrar sus operaciones por no tener permisos, por contaminar el ambiente y por destruir el Cañon del Sumidero, cuyas paredes se encuentran gravemente fracturadas a causa de las actividades de la mina.
 
Los habitantes de Cahuaré tienen el derecho a vivir en un ambiente sano y en buena salud. No deberían ser obligados de huir de sus casas para curarse de las enfermedades respiratorias que les provocaron las emisiones contaminantes de la mina Cales y Morteros. Quieren que las autoridades actúan para protegerles y garantizar sus derechos en vez de proteger a los dueños de la calera. Junto con ellos, ¡ exigimos el cierre definitivo de la mina ¡
 
¡ Ya basta con tanta impunidad !

 ¡ Cierre de la mina Cales y Morteros del Grijalva, ya ¡

Más información:
– EL ESCARAMUJO 48: Cañón del Sumidero: el pueblo de Ribera Cahuaré enfermo a causa de la mina Cales y Morteros (julio de 2014)
 
– Cañón del Sumidero: a pesar de la clausura temporal, la mina Cales y Morteros sigue excavando (julio de 2014)

Naomi Klein contra el capitalismo y el cambio climático

Joan Martínez Alier
La Jornada

En su nuevo libro Naomi Klein pone el cambio climático en el centro de la política. Hay movimientos que en todas partes actúan contra el petróleo, el carbón y la extracción de gas, y también contra la deforestación. “Sea o no el cambio climático su motivación principal, (tales movimientos locales) merecen ser reconocidos como anónimos «guardadores de carbono», que mediante la protección de sus amados bosques, montañas, ríos y costas, ayudan a protegernos a todos” (p . 352). El libro tiene 570 páginas, explica la química y la economía política del cambio climático, y lleva 70 páginas de notas al pie y referencias. Es un libro muy serio y también inspirador que llama a la acción.

Naomi Klein quedó impresionada al hablar en abril de 2009 con Angélica Navarro, la embajadora boliviana ante la ONU en Ginebra, y entendió entonces la fuerza del concepto de «deuda ecológica». El libro narra con buen humor la participación de la autora como invitada en las reuniones del Heartland Institute, donde se organiza la negación por motivos políticos del cambio climático, y también en reuniones de expertos de geoingeniería como Ken Caldeira y David Keith.

Se burla de la organización The Nature Conservancy que saca petróleo en una reserva natural en Texas a la que tiene acceso con la excusa de preservar la especie llamada «gallo Attwater de la pradera».

Naomi Klein cree en el ecologismo de los pobres y los indígenas mucho más que en el ecologismo de las grandes organizaciones verdes. Su libro explica sus correrías hasta las barricadas y bloqueos contra la minería de oro a cielo abierto en Grecia y contra la fractura hidráulica de gas de esquisto en Francia y en Rumania, en los humedales de Louisiana para inspeccionar los daños del derrame de British Petroleum. Basándose en los informes de EJOLT, reconstruye la historia real de la propuesta de dejar el petróleo en el suelo en la región de los Ogoni en el delta del Níger y en la Amazonia de Ecuador, y la fundación de Oilwatch en 1995 que proponía, ya entonces, la defensa de poblaciones locales señalando a la vez que hay que dejar gran parte de los combustibles fósiles en tierra si el aumento de la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera debe ser evitado.

El libro incluye viajes a la devastación de las arenas bituminosas de Alberta en Canadá y la participación en la resistencia contra el oleoducto Keystone XL. Narra también la resistencia a la minería y transporte de carbón. Naomi Klein cita el artículo 71 de la Constitución de Ecuador sobre los derechos de la naturaleza, la obligación de respetar y restaurar los poderes regenerativos de la naturaleza. El «derecho a regenerar» es una frase clave.

La autora contribuye con este libro al movimiento por la justicia climática global. No da instrucciones detalladas sobre la forma de ponerlo en marcha y cómo debamos proceder. ¿Hay que ir a París en 2015? No hay necesidad de esto, porque ya existen muchos movimientos ambientales de resistencia en cualquier lugar donde estemos viviendo. Sin embargo, tal vez hay que ir a las calles de París, ¿un millón de personas pacíficas y hacerse cargo de la COP?  El movimiento debe buscar aliados, pero poniendo el cambio climático en el centro, «la cosa que lo cambia todo».

Naomi Klein sostiene que el ecologismo de las décadas de 1960 y 1970 fue más fuerte que en la era neoliberal de Ronald Reagan. El mercado autorregulado se convirtió en un eslogan político triunfante, aunque muy debilitado después de la crisis financiera y económica de 2008. Es hora de que haya políticas más radicales. Pero ellas no vendrán de políticos ineficaces como Obama o de la ONU.

El pasado 21 de septiembre se produjo una gran movilización contra el cambio climático y su efecto en la historia de la humanidad, con cientos de miles marchando. Uno de los manifestantes fue un fiscal de distrito del condado de Bristol, Massachusetts (EU), que se negó a procesar a activistas que anclaron su pequeño barco precisamente donde un gran barco estaba llegando para descargar carbón para una central térmica. Esos activistas que bloquean puertos de carbón forman parte del gran movimiento que Naomi Klein llama Blockadia.

La tarea urgente de disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero recae en los movimientos que forman redes mientras batallan en el terreno frente a las empresas privadas o estatales de combustibles fósiles, contra pozos de petróleo y minas de carbón, sus poliductos y sus transportes marítimos, sus refinerías y centrales térmicas.

*ICTA-Universitat Autònoma de Barcelona

El Zapotillo y las decisiones autoritarias

Rubén Martín/El respetable
Vía cronicadesociales.org

El proyecto público-privado de construcción de la presa El Zapotillo y el acueducto que se llevará el agua de la cuenca del río Verde (Jalisco) a León (Guanajuato) se ha manejado desde su arranque en la opacidad y el autoritarismo.

En la opacidad, porque desde que se diseñó y asignó a contratistas privados, las entidades públicas responsables del proyecto, como son la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y los gobiernos de Jalisco y Guanajuato, han evitado hacer pública toda la información sobre el proyecto, por lo que se ha engañado y manipulado a las poblaciones afectadas directamente y a los habitantes de los dos estados involucrados.

Y ha sido un proyecto manejado autoritariamente porque nunca se consultó a los pobladores que se verían afectados directa o indirectamente. Y a siete años del proyecto, todavía y a pesar de la intensa movilización social que hay en contra de El Zapotillo, las autoridades involucradas dicen que la presa se hará pese a todo. Así lo declaró la semana pasada José Elías Chedid Abraham, delegado de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en un debate organizado por Agustín del Castillo en el diario Milenio.

Hasta ahora, buena parte del debate en torno a El Zapotillo ha girado (de manera justificada) sobre la suerte de las poblaciones de Temacapulín, Acasico y Palmarejo dado que la altura de la cortina de la presa (105 metros) concebida por Conagua y las constructoras privadas inundaría dichos pueblos.

Digo que este debate ha sido justificado porque es de primordial importancia evitar la inundación de tres poblaciones por una decisión autoritaria del gobierno.

Pero hay otros aspectos del debate que, o se escondían o se ignoraban. Y ha sido en buena medida por las advertencias del especialista español Pedro Arrojo Agudo, que se puede tener un mapa más amplio de los temas y riesgos que implica el proyecto de la presa El Zapotillo.

Como bien dijo en distintos foros el español Pedro Arrojo en su visita la semana pasada, la presa El Zapotillo es apenas la punta del iceberg de un asunto más amplio: la decisión de trasvasar agua de una cuenca sobreexplotada como es la del río Verde, a una cuenca que tiene sus propias reservas de agua, como es León.

Pedro Arrojo, como ya antes habían hecho los pobladores de Temacapulín y Juan Guillermo Márquez del Consejo Regional de Desarrollo Sustentable de Los Altos (Conredes), ha señalado de manera certera que esa es una decisión no solo cuestionable en términos técnicos, pues la estimación de reservas de agua en la cuenca del río Verde es inexacta.

Por eso mismo la decisión del trasvase de agua a León es también injusta socialmente, porque debido a su explotación actual y a el cambio climático, la cuenca del río Verde será deficitaria, por lo que el trasvase a la ciudad de León pone en riesgo el abasto para los propios pobladores de Los Altos.

La otra advertencia de Pedro Arrojo es más preocupante, pues advierte sobre posibles “guerras fratricidas” entre los pobladores de Los Altos y de la zona metropolitana de Guadalajara, dado que el trasvase de la cuenca del río Verde a León, necesariamente hará que los pobladores de ambas regiones jaliscienses compitan por el agua.

El Zapotillo es un proyecto concebido para garantizar el agua a poblaciones urbanas que la desperdician, y para privilegiar su consumo en procesos industriales o comerciales, es decir, de valorización privada, antes que en garantizar el consumo humano del agua.

A pesar de que para las autoridades El Zapotillo ya es un hecho, lo más sensato ahora y en el futuro es detener y cancelar la presa aludida y poner en primer plano el consumo humano del agua y no la privatización de la misma, acompañada de lucrativos negocios de obras hidráulicos, como presas y acueductos.

Otras notas:
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