Un paraíso para las multinacionales… ¿o eso era antes?
Crónicas del estallido en Latinoamérica
Emma Gascó, Martín Cúneo, Periódico Diagonal
En 1995, cinco mil indígenas u’wa amenazaron con un suicidio colectivo si las petroleras Oxy y Shell entraban en sus territorios. Era una forma de decir que la explotación petrolera equivalía a la muerte de su pueblo. Dos años después, la Corte Constitucional colombiana les daba la razón. Las petroleras tuvieron que retirarse.
Podría parecer un hecho curioso y aislado, para el que hasta el cantante Sting prestó su imagen. De no ser porque en abril de 2000, en Cochabamba (Bolivia), la población expulsó literalmente a pedradas a un consorcio de multinacionales –la española Abengoa entre ellas– que se había hecho con el servicio del agua. Una situación que se repetía dos años después en Arequipa (Perú), donde la población evitó que se privatizara la empresa de energía.
Cada vez quedaba más claro que no se trataba de casos aislados. En octubre de 2003, los movimientos sociales bolivianos provocaron la caída del presidente neoliberal Gonzalo Sánchez de Lozada. Este político había intentado que otro consorcio de tres multinacionales –una de ellas Repsol– exportara gas a EE UU a través de Chile dejando en Bolivia apenas el 12% de los beneficios. Le costó la presidencia. Los movimientos sociales ecuatorianos ya habían impulsado la destitución de dos presidentes por sus políticas neoliberales: Abdalá Bucaram en 1997 y Jamil Mahuad en 2000. Por los mismos motivos también caerían en 2005 Lucio Gutiérrez en Ecuador y Carlos Mesa en Bolivia.
América Latina entera estaba cambiando. Los nuevos gobiernos surgidos de esta ola de protestas, llamados “progresistas” o del “socialismo del siglo XXI”, dejaron atrás las políticas más ortodoxas del Consenso de Washington. Los Estados recuperaron protagonismo en la economía, generalizaron las ayudas sociales gracias a un espectacular aumento del precio de las materias primas y en muchos casos renacionalizaron algunas empresas privatizadas durante los años 90.
Pero, según defiende el analista uruguayo Raúl Zibechi, el modelo neoliberal siguió funcionando en América Latina. Ya no gira en torno a las privatizaciones, la apertura económica y las desregulaciones, defiende Zibechi, sino que se ha volcado en la apropiación de los “bienes comunes”, los recursos petroleros y minerales, el agua, la tierra, para abastecer las necesidades industriales y especulativas de las viejas potencias, y también de las nuevas, como India, China, Corea o Brasil. No obstante, estas compañías –a menudo empresas estatales– se han encontrado con una resistencia generalizada. En el negocio de la minería metálica a gran escala y a cielo abierto es donde las empresas más han notado las pérdidas.
Según afirmaba recientemente César Padilla, del Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL), en los últimos años este movimiento continental de oposición a la megaminería ha causado daños económicos a las multinacionales por valor de 30.000 millones de dólares. Para este investigador, “la resistencia ha puesto en jaque a la minería” en países tan diversos como Colombia, Perú, México, El Salvador, Argentina y Guatemala.
En 2002 se producía la primera gran victoria contra la minería metálica a gran escala: los vecinos de Tambogrande, en el norte de Perú, lograban expulsar a la minera canadiense Manhattan tras meses de protestas y una consulta popular, la primera realizada en el continente. La experiencia se replicaba al año siguiente en Esquel, en la Patagonia argentina, donde un novedoso movimiento vecinal impidió una mina de oro a cielo abierto que pretendía llevarse el 97% de los beneficios y dejar a cambio millones de toneladas de agua contaminada con cianuro.
Estas dos experiencias se convirtieron en un referente inevitable de los centenares de conflictos que estallaron en todos los países. Loncopué, Andalgalá, Chilecito, Tinogasta, Puno, Cocachacra, Quilish, Cañaris, Íntag, Santurbán, Careperro, Guarjila, San Isidro, Sipacapa, San José del Golfo, San Rafael Las Flores… Todos estos nombres corresponden a localidades, de sur a norte del continente, que han conseguido frenar hasta el momento minas a cielo abierto de oro, plata, uranio, cobre, entre una larga lista de minerales de la tabla periódica.
En los últimos años, Perú y Guatemala se han sumado al club de países convulsionados por manifestaciones y cortes de carreteras. En Perú, desde 2009, las luchas de las comunidades de la sierra y la costa han conseguido paralizar decenas de emprendimientos mineros transnacionales. En Guatemala, desde 2005, se han realizado 74 consultas para impedir megaproyectos, principalmente hidroeléctricas y minas a cielo abierto. Este proceso, además, está ayudando a reparar el tejido social destruido por el conflicto armado (1960-1996), afirma Claudia Samayoa, destacada defensora de derechos humanos. Según Samayoa, gracias a las consultas, se está empezando a “superar el miedo”. Para la líder maya kakchiquel Rosalina Tuyuc, se trata de un proceso muy “novedoso porque ya no son las organizaciones las que abanderan estas luchas, sino las comunidades”.
Por estar “sentados” sobre los recursos naturales, las comunidades campesinas e indígenas, “pueblos enteros prescindibles en el esquema”, son los que han liderado esta resistencia y han ofrecido con mayor claridad fórmulas alternativas, expone Gustavo Esteva, director de la Universidad de la Tierra de Oaxaca, en México. Este analista no sólo reconoce los reveses recibidos por las empresas multinacionales, sino que va mucho más allá: afirma que los movimientos han contribuido a la actual crisis del capitalismo. “La combinación de luchas de los pueblos ha ayudado a detener la expansión del capital. La crisis actual no es simplemente la codicia de los de Wall Street, si no que, entre comillas, nosotros la creamos. Cierto tipo de luchas se libraron en secreto. Son luchas que paran el proceso de expansión, como la lucha contra las mineras. Y el capital que no crece, muere”, dice.
Algunas historias de resistencia
2005 La multinacional del agua Suez abandona El Alto (Bolivia) tras una revuelta. Las movilizaciones llevan a subir las regalías a las petroleras del 18% al 50%. Sipacapa (Guatemala) impide la ampliación de la mina Marlin.
2006 Un levantamiento indígena en Ecuador expulsa a la petrolera Oxy y frustra la firma del TLC con EE UU. Bolivia recupera la mayoría accionarial en sus petroleras.
2008 32 campos petroleros de la Faja del Orinoco (Venezuela) pasan oficialmente a control estatal, dentro de un plan más amplio de nacionalizaciones.
2009 En Ecuador, el movimiento indígena paraliza la ley de agua, que abría la puerta a la minería trasnacional. El baguazo (Perú) tumba cuatro decretos que entregaban la Amazonía a las multinacionales.
2011 Las comunidades de Puno (Perú) obligan al Gobierno a retirar el proyecto minero Santa Anta.
2012 30.000 campesinos e indígenas ganan el juicio a Chevron-Texaco en Ecuador.
2013 Comunidades campesinas e indígenas paralizan el proyecto minero El Tambor (Guatemala).
Si bien la mayor parte de las reservas mundiales de petróleo son pequeñas, son unas pocas reservas de gran tamaño las que contienen la mayoría del petróleo en el mundo, concentradas en unas pocas regiones (provincias petroleras) donde se formaron cuencas de sedimentación que almacenan petróleo y gas en campos y yacimientos.
En países del Sur, largamente abusados por la colonización y cercados para hacerlos dependientes, el petróleo suele ser una maldición, encontrando en los países del África su máxima expresión. Las comunidades de Kuwait, Nigeria, Angola, República del Congo, Gabón, países petroleros de la región, han sufrido y siguen sufriendo la “maldición” del petróleo, que no les ha traído ninguna riqueza.
En el norte de Alberta, bajo un área del tamaño de Florida, se encuentran las arenas de alquitrán – una mezcla de arena, arcilla y un crudo pesado o sustancia alquitranada llamada bitumen.
Este 29 y 30 de Noviembre del 2013 en Atotonilco de Tula, nos reunimos comunidades de los Estados de Puebla, San Luis Potosí, Hidalgo y el Estado de México que están siendo afectados por la industria cementera para compartir experiencias y reconocer que esta industria forma parte de este modelo extractivo que esta envenenando comunidades enteras en todo el país.
México, Distrito Federal. “Los cuidadores, sembradores y guardianes del maíz somos un estorbo para un modelo económico que es violento y depredador contra los pueblos indígenas”, afirma Luis Macas, dirigente indígena, político e intelectual ecuatoriano de nacionalidad kichwa, uno de los jurados dictaminadores de la audiencia final “Violencia contra el maíz, la soberanía alimentaria la autonomía” del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP).
Por todo el mundo, los ecosistemas y las comunidades que dependen de ellos son dañados por grandes proyectos de infraestructuras, industrias extractivas y mercados financieros.1 Para facilitar estas actividades, entidades públicas y privadas están promocionando nuevos planes para permitir que los impactos medioambientales sean “compensados”. Esto podría suponer un aumento de los daños, pero lo que aún es más preocupante es que podrían derivar en la mercantiliza la naturaleza. Por esta razón, las organizaciones abajo firmantes alertan de los impactos negativos de esta falsa solución diciendo “No a la compensación de biodiversidad”. 
Casos anteriores de compensación de biodiversidad demuestran cómo se abren los recursos naturales a la explotación y se socavan los derechos de las comunidades de ser capaces de gestionar y proteger los bienes naturales. Los ejemplos incluyen:
Por estas razones, rechazamos cualquier intento de incluir la compensación de biodiversidad en cualquier legislación, estándares o políticas públicas enfocadas en la creación de nuevos mercados que incluyan en su contabilidad la naturaleza o el “capital natural”. Anexo: algunos ejemplos de políticas y proyectos de compensación
Con la ruptura violenta del orden constitucional en Honduras el 28 de junio de 2009 con el golpe de Estado, el pueblo hondureño ha sido obligado luchar por la restauración de la democracia y los derechos en el país. En esta resistencia, que ha costado cientos de vidas, las mujeres organizadas han jugado un papel fundamental.
La nueva conferencia de cambio climático de la ONU, celebrada durante dos semanas en Varsovia, ha frenado en seco las expectativas para alcanzar un acuerdo ambicioso en la negociación del pacto mundial sobre el clima que se debe cerrar en París el 2015. La presentación de las nuevas metas (que entrarán en vigor en el 2020!) se podrá demorar hasta el primer trimestre del 2015. Los negociadores ganan más tiempo. Pero ¿saldrá perdiendo otra vez el clima?
La cumbre superó el síndrome del tifón Haiyan, que segó la vida a más de 4.000 personas en Filipinas. Pero en los debates se puso sobre la mesa la reclamación de las naciones menos adelantadas en favor de un fondo para «pérdidas y daños»: una indemnización por el clima extremo que sufren algunos de esos países. Las naciones industrializadas se resistieron a pagar la nueva factura, porque sería tanto como asumir que son responsables directos de las de calor o los ciclones más intensos.
El 27 de noviembre de 2009 fue asesinado frente a su domicilio Mariano Abarca Roblero, en el municipio de Chicomuselo, Chiapas, México, por trabajadores de la minera canadiense Blackfire, luego de que la misma empresa lo acusara falsamente, por lo cual estuvo detenido varios días en la cárcel preventiva de la capital del estado de Chiapas.
A cuatro años del asesinato de Mariano Abarca, la Fundación Ambientalista Mariano Abarca (FAMA), la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema) de Chiapas, miembros del Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero (M4), seguimos exigiendo justicia por el asesinato de Mariano Abarca, y el deslinde de responsabilidades por la corrupción cometida por la empresa canadiense. Exigimos al gobierno canadiense por medio de su embajada mínimas disculpas a la familia Abarca; que apoye en la investigación del asesinato y genere leyes y normatividades vinculantes para el respeto a los derechos humanos de sus empresas fuera de sus fronteras y, en tal caso, acciones penales contra ellas por las violaciones que cometan a los derechos humanos.
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Ejidatarios del municipio de Chicoasén se manifestaron en contra de la presa Chicoasén 2, que pretende construir la Comisión Federal de Electricidad (CFE), porque prevén que afectará sus tierras. Asimismo señalaron que pretenden comprárselas a precios bajos y saben de casos en que la paraestatal no ha pagado.
Se trata de una herramienta para desenmascarar los mitos de la minería y del modelo extractivista de «desarrollo”.