DECLARACIÓN
“CHIAPAS EN REDDELDIA”
¡BASTA DE REDD+ Y DE ECONOMÍA VERDE!
Del 25 al 28 de septiembre de 2012 los gobiernos subnacionales de seis países del mundo se reunieron en esta ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México, para impulsar y decidir acciones sobre el nuevo pretexto sombrilla con el que se pretende privatizar, por inversores y anfitriones, las selvas tropicales: se llama REDD+ (Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de los Bosques +) y el tema de excusa en turno es ahora el clima.
Los 17 gobiernos subnacionales de las provincias o Estados que participan son: Chiapas y Campeche, de México; Aceh, Central Kalimantan, East Kalimantan, West Kalimantan, Papúa y West Papúa, de Indonesia; Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso y Pará, de Brasil; California e Illinois, de los Estados Unidos; Madre de Dios, de Perú; y Cross River, de Nigeria. Este grupo pretende avanzar, mediante este mecanismo sombrilla, en la privatización de la Madre Tierra, 1) para apoderarse de sus recursos y servicios (el objetivo detrás de la bio-conservación, como en Chiapas el gobierno llama a su proyecto REDD+ en la Selva Lacandona), 2) para elevar la insustentable producción de biocombustibles destruyendo a su paso toda forma de vida, y 3) para fracturar el obstáculo histórico del capital en los bosques y selvas de nuestros países: la cultura y organización comunitarias. Todo esto cobijado bajo el concepto de “economía verde”.
REDD+ se ampara en el Convenio Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CNMUCC) y el Mecanismo de Desarrollo Limpio. En este marco, REDD+ se cobija bajo el doble pretexto consistente en que la deforestación aporta entre el 12% y 18% de los gases de efecto invernadero (GEI), y que las selvas tropicales son las mayores absorbentes naturales de este tipo de gases. Así, REDD+ se concibe formalmente en una carretera de doble vía: para reducir la aportación de Gases Efecto Invernadero generada por la deforestación y para, reiniciado el proceso de recuperación de este tipo de bosque, fortalecer mediante su biomasa la captura natural del más del 80% de estos gases emitidos fundamentalmente por la geografía industrial y la del consumo capitalista. El “+” o plus hace referencia, al manejo sustentable, al aumento de reservas de carbono forestal (que incluye no solo a los bosques sino a los monocultivos) y a la conservación de los ecosistemas por los productos y servicios que genera, siendo el más codiciado el de la biogenética.
Países con regímenes neoliberales ubicados en las latitudes intertropicales, grandes empresas contaminantes y grupos ambientalistas del “coyotaje verde”, han centrado su interés en este mecanismo que anuncia ganancias integradas a aquellos países y comunidades indígenas o campesinas que tienen bosques tropicales húmedos, o allanan el espacio para plantaciones, y a los Estados y empresas que emiten grandes cantidades de GEI para compensarlos y poder seguir contaminando.
Bajo REDD+ se inscriben iniciativas privadas y de Naciones Unidas relacionadas formalmente al tema climático en etapa de discusión. Pero también existen ya proyectos ejecutivos subnacionales como es el caso del Acuerdo REDD+ suscrito hace dos años entre los Estados de Chiapas, Acre y California, dos semanas antes de la Cumbre de Cambio Climático celebrada en Cancún, México, para anticiparse al previsible desacuerdo sobre la creación de mercados de carbono. El grupo internacional dentro del cual estos tres países suscribieron ese Acuerdo y que se reunirá en Chiapas los días 25, 26, 27 y 28 de Septiembre, es el llamado Governors’ Climate Change and Forests Task Force – GCF (Grupo de Fuerza de Trabajo de Gobernadores sobre Clima y Bosques). En el Estado de California ese Acuerdo trisubnacional (955680042) es parte de una ley estatal que propone soluciones al cambio climático y demanda la reducción de emisiones de ese Estado (al nivel que mantenía en el año 1990, pero con vigencia sólo hasta el año 2020).
Esta opción compensatoria es el primer piloto global para impulsar la implementación de REDD+ como mecanismo de obligación legal, de ahí la importancia de alertar al resto del mundo de los peligros que conlleva esta legislación y vía privatizadora de los bosques y la biodiversidad, destructoras de la vida comunitaria de los pueblos originarios y campesinos.
La entidad subnacional de California en los EEUU, en lugar de atacar las causas que provocan sus emisiones de GEI, optó por la lógica de la acumulación del capital, su compensación, comprando créditos de carbono que jurídicamente le permitan continuar reproduciendo su modelo depredador y consumista, alegando además que con ello contribuye a la protección de las selvas en Chiapas y Acre, pero sin mencionar los bionegocios que hay detrás de este supuesto altruismo; a la generación de energías bajas en emisiones de carbón, aunque omitiendo la destrucción de la biodiversidad y del medio ambiente en general que conlleva; y al desarrollo sustentable de los pueblos que las habitan, ocultando sus consecuencias como la fractura cultural y organizativa de las comunidades.
La entidad subnacional de Chiapas en México, operador favorito de la “economía verde” al que se han sumado los gobiernos de la región de la Selva Maya, con el apoyo y dirección estratégica del gobierno de la República, pretende asegurar su devastador negocio local de biocombustibles, al que denomina ‘energía limpia’, por un lado; y garantizar a los inversionistas trasnacionales y al coyotaje ambiental nacional (ex funcionarios ambientales y ONGs conservacionistas), los negocios verdes como la biogenética, mediante la conservación de la biodiversidad de ecosistemas más protegidos, ubicada en su inmensa mayoría en territorios indígenas, por el otro. Eso explica por qué, para la primera acción de REDD+ en su versión chiapaneca, se eligió la Reserva de la Biosfera Montes Azules y no aquellas regiones forestales degradadas o deforestadas, cuya recuperación ofrecería a los mercados de carbono una mayor captura de GEI, o al menos congruencia con los postulados de su concepto.
El programa REDD+ es el nuevo maquillaje, nutrido por la crisis climática, de una conocida y vieja forma de colonialismo que promueve la apropiación de las tierras y territorios mediante el despojo, los desalojos violentos directos, o su arriendo perpetuo a las comunidades indígenas poseedoras. Esto evidencia la incongruente lógica del capitalismo verde, que promueve, por un lado, con su opción “climática” de biocombustibles, la destrucción de los corredores biológicos en zonas bajas de las selvas, las mejor irrigadas; y por otro lado la conservación de la biodiversidad en las áreas protegidas vecinas.
Ante todo ello, declaramos que:
1) El mecanismo de REDD+ no respeta los derechos de Pueblos Indígenas consagrados tanto en declaraciones y acuerdos internacionales como en el propio marco constitucional nacional. Las comunidades indígenas y campesinas de Chiapas afectadas no han sido previa ni suficientemente informadas, ni consultadas ni este programa prevé la pertinencia cultural de sus objetivos y medios.
2) El mecanismo de REDD+ incentiva la destrucción de la biodiversidad. Los estados subnacionales, las empresas y los organismos multilaterales re conceptualizan convenientemente el término de bosque al incluirle las plantaciones, como las de palma aceitera, la Jatropha (piñón), el eucalipto y otras cuya sobrevivencia demanda grandes volúmenes de agrotóxicos, y de bienes comunes naturales como el agua.
3) El mecanismo de REDD+ no soluciona de raíz el problema del cambio climático. No se enfoca en la urgente disminución de GEI que se producen en los países industrializados que más contaminan; y permite que sigan contaminando mediante la llamada compensación, como el mecanismo REDD+ suscrito entre California (Estados Unidos), Acre (Brasil) y Chiapas (México).
4) En el mecanismo de REDD+ Las emisiones de carbono “capturadas” no son cuantificables con exactitud, ni permanentes. En el mecanismo REDD+ no es posible tener una contabilidad real del carbono capturado por las “fugas” de la deforestación a otras áreas y a otros sectores. La falta de permanencia del carbono forestal capturado hace de REDD+ un engaño como solución. El carbono forestal no es capturado de manera permanente (contrario a las emisiones de los combustibles fósiles).
5) El mecanismo de REDD+ responsabiliza a las comunidades indígenas y campesinas de los países del Sur intertropical de ser los sumideros del dióxido de carbono que los países del norte industrial emiten, obligándolas, entre otras acciones, a constituir reservas boscosas, o las criminaliza si se oponen. Bajo el esquema de REDD+, la amenaza de que pueblos indígenas y campesinos estén siendo desalojados de sus tierras -para poder arrasar las selvas y dar lugar a plantaciones- se está materializando. Por otro lado los se quedaron en sus territorios, al disminuir sensiblemente el precio mundial de los biocombustibles, han sido encarcelados por tumbar las palmas aceiteras cuya siembra ignoraban que estaba vinculada a proyectos REDD+; otros más han sido perseguidos por comerciantes de carbono de las plantaciones forestales como en el Congo. REDD+ incluye todo tipo de plantaciones y monocultivos, todo lo que se siembre por las grandes corporaciones agroindustriales, incluso el suelo.
6) El mecanismo REDD+ divide y enfrenta a las comunidades indígenas. La aceptación del proyecto REDD+ Chiapas hecha por la Comunidad Lacandona, un pueblo indígena inventado por el gobierno hace 40 años para llevar adelante su negocio de la extracción de maderas finas, es: 1) contrainsurgente porque confronta a ese grupo de familias caribes con las comunidades indígenas vecinas de la Reserva de la Biosfera Montes Azules (en abril del 2011 en ceremonia oficial el gobernador de Chiapas les entregó armas y uniformes para hacer rondas en el perímetro colindante con las comunidades tzeltales en resistencia que se oponen al paso de su brecha agraria –la llamada brecha Lacandona- que consolidaría los contratos de despojo); 2) es antidemocrático porque no representa la palabra de la mayoría de las comunidades indígenas de la Selva Lacandona y, 3) es un robo a la Nación porque bajo el maquillaje de esta impostura climática pretende tras-nacionalizarse la inmensa biodiversidad del trópico húmedo mexicano, estratégica para el desarrollo soberano del país.
7) Mientras se consolida el Acuerdo con California, el estado de Chiapas se inventó un programa clon provisional denominado “Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Evitada (REDD+E) para la Selva Lacandona.”, que subsidia con impuestos de los chiapanecos a la Comunidad Zona Lacandona (conformada por familias caribes y población tzeltal y chol reconcentrada en esta zona). Se trata de recursos públicos provenientes de una de las entidades más endeudadas del país; perpetuando las políticas paternalistas, la actitud de “si no me pagas deforesto” y aumentando la desigualdad distributiva al dotar con más recursos a la Comunidad indígena del país que más ingresos de origen fiscal per cápita recibe por conservar.
8) El mecanismo de REDD+ crea las bases para un nuevo ciclo de especulación capitalista basado en mercados especulativos y compensatorios de bonos de carbono forestal presentados como ‘comercio del aire’ y que conllevan un impacto real en la propiedad y control de la tierra al crear nuevos regímenes de privatización, como la titularización de las reservas de carbono en los territorios fuente. Amplían así las fronteras de la mercantilización y el acceso de los mercados a bienes como la tierra, el agua y la biodiversidad a contramano de la protección y defensa de estos bajo políticas públicas y/o manejo colectivo por parte de comunidades indígenas y tradicionales.
9) El mecanismo REDD+ promueve la descampesinización, el abandono del soporte cultural de los pueblos indígenas: la producción tradicional de alimentos de autosustento y la pérdida de agro biodiversidad. Al impedir la práctica de rotación de acahuales (a los que considera biomasa de captura inamovible), condenar el cultivo de alimentos de ciclo anual (la milpa) y volver imposible para los que permanezcan la ancestral selección de semillas, al convertirlos, sin posibilidad de elección, en rentistas forestales, atentando directamente en contra de su soberanía alimentaria.
10) Denunciamos la escalada privatizadora bajo el maquillaje de soluciones verdes impulsada por el gobernador saliente Juan Sabines que decidió, a través del Congreso local, constituir un fideicomiso irrevocable por 20 años para que el Estado de Chiapas y sus 122 municipios compren la electricidad que consumen a la empresa de aero-generación del Grupo Salinas, dueño de TV Azteca, que apadrinada por aquel inauguró el pasado mes de marzo su parque eólico en la planicie costera chiapaneca. Un exfuncionario de ese corporativo encabeza el consejo consultivo del programa ciudades rurales sustentables de Chiapas y otro más, ex director de uno de los canales de la televisora, acaba de ser electo por el partido Verde Ecologista al cargo de Senador por Chiapas. Por su parte el gobernador electo por el partido Verde Ecologista y PRI, Manuel Velasco Coello, asistió como testigo de honor al acto de constitución del fideicomiso. Los negocios económicos tienen su contraparte en los políticos.
Por todo lo anterior exponemos:
En relación al clima:
1) Se requieren medidas democráticas y técnicamente coherentes para transitar a un sistema energético sustentable, y para poder eliminar con carácter de urgente el uso y abuso de los hidrocarburos.
2) Los grandes emisores de GEI, destacadamente los países del Norte industrial y consumista, deben implementar mecanismos urgentes de reducción de GEI sin sustituciones ni compensaciones, enfocándose en la metas de reducciones en sus propios países.
3) Los recursos y medidas para conservar los bosques y las selvas deben ser adicionales y democráticamente definidos y no aprobarse en compensación ni imposición para seguir contaminando. Deben tomar en cuenta las alternativas sustentables de los pueblos originarios y campesinos en armonía con la Madre Tierra, que apoyen la gestión y conservación de bosques desde una visión comunitaria; que no sean parte de los mercados y que no sean controlados por corporaciones, instituciones financieras internacionales o coyotes verdes; y sí colectivamente por los pueblos.
En relación al mecanismo REDD+:
1) Denunciamos el diseño sombrilla de este programa el cual, bajo el signo + (plus), integra al resto de los productos y servicios que proporcionan los ecosistemas tales como la biodiversidad y el agua, foco de las ganancias sobre las nuevas fuentes de riqueza y control, y también el despojo o alienación de las comunidades indígenas y campesinas que habitan las regiones más biodiversas y con mayor captación de agua del planeta.
2) Evidenciamos la profunda incoherencia de la propuesta plus de conservación y provisión de servicios ambientales, que considera para efectos de captura de GEI a los mega monocultivos tóxicos, sobre todo de biocombustibles, sin importar que devasten zonas inmensas fundamentales a los corredores biológicos, como ocurre en las llanuras aluviales que circundan a la Selva Lacandona en el estado de Chiapas.
3) Condenamos la función histórica de servilismo de los gobiernos subnacionales que se reunirán en san Cristóbal de Las Casas los días 25, 26 y 27 de septiembre, encabezados por Juan Sabines, responsables de allanar “jurídica, políticamente y culturalmente” el camino del despojo que demandan las corporaciones internacionales, la oligarquía doméstica, los Estados y el “coyotaje ambiental”.
Alertamos a los pueblos y comunidades del mundo sobre la excusa cínica de este programa de despojo, en donde la destrucción o la conservación de todos los tipos de bosques tropicales, incluso de los bosques de mangle (como ha ocurrido recientemente en Guatemala y México), o su reverso perverso las plantaciones y monocultivos, se declaran e imponen como la causa o el remedio primario al cambio climático.
¡LA MADRE TIERRA NO ESTÁ EN VENTA!
Septiembre de 2012, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México
Firmantes:
México
Comunidades de la Región Amador Hernández, Chiapas, Grupos comunitarios de Marqués de Comillas, Chiapas, Grupos comunitarios de Benemérito de las Américas, Chiapas, Consejo de Médicos y Parteras Indígenas Tradicionales de Chiapas (COMPITCH), Chiapas, Sociedad Civil Las Abejas. Chiapas. Comité de Derechos Humanos de Base de Chiapas Digna Ochoa (CDBHH).-Chiapas, Laklumal Ixim-Nuestro Pueblo de Maíz, Otros Mundos Chiapas.- Amigos de La Tierra México, Movimiento Mexicano de Alternativas a las Afectaciones Ambientales y al Cambio Climático (MOVIAC)/Capítulo Chiapas, K´INAL ANTSETIK A.C. Procesos Integrales para la Autogestión de los Pueblos, Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C (Prodh), MEDIO AMBIENTE Y SOCIEDAD, A. C.- Baja California, Taller de Desarrollo Comunitario A.C. (TADECO) –Guerrero., Frente, Amplio Opositor a Minera San Xavier, (FAO) SLP, Pro San Luis Ecológico, SLP, Desarrollo de la Mujer Oaxaqueña AC (IDEMO).- Universidad de la Tierra en Puebla, Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio (RMALC), Bia´lii. Asesoría e Investigación, A.C, Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC), Red Manglar México, La Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua (COMDA) Alianza Internacional de habitantes, Pobladores AC., Alianza Mexicana por la, Autodeterminación de los Pueblos (AMAP),Bios-iguana.- Colima, UPVG, Unión Popular Valle Gómez, Red Nacional Género y Economía (REDGE), Mujeres para el Diálogo, A.C. (MpD), SIEMBRA A,C, La Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio.( RMALC.), Asociación de Mujeres Líderes Microempresarias, AC ( AMMULIMI). Maderas del Pueblo del Sureste, AC, Comité Nacional para la defensa y Conservación de los Chimalapas, RED DE LA ESPERANZA. Economía solidaria.-, Colectivo Tsunel bej. Chiapas., Madre Tierra México A.C, Asamblea veracruzana de iniciativas y defensa ambiental. LA VIDA.-, Movimiento de Afectados por las presas y en defensa de los ríos. (MAPDER) , Sursiendo-Comunicación e Intervención Social, Ik balam -Agencia de Noticias ambientales, Grupo Ecológico Manglar de Nayarit, La Sociedad Organizada en Lucha-DF, Centro de Educacion Integral de Base (CEIBA)-Comitán.
Guatemala
CEIBA-Amigos de La Tierra Guatemala, Savia, Escuela de Pensamiento Ecologista, Consejo de Pueblos de Occidente (CPO), Frente Petenero contra las Represas, Asamblea Departamental de Los Pueblos de Huehuetenango(ADH), Movimiento de Víctimas y Afectados por el Cambio Climático (MOVIAC).- Guatemala,
El Salvador
Asociación Santa Marta, (ADES), Centro salvadoreño de Tecnología Apropiada .(CESTA) Amigos de LA Tierra El Salvador, Movimiento de Víctimas y Afectados por el Cambio Climático (MOVIAC) El Salvador
Honduras
Organización Fraternal Negra Hondureña, (OFRANEH), Consejo Cívico de Organizaciones Populares de Honduras (COPINH), COMPA/Insurrectas Autónomas Honduras, Movimiento Madre Tierra, (CTC/COMPA) HONDURAS,
Costa Rica
COECO-CEIBA-Amigos de la Tierra Costa Rica
Panamá
Colectivo Voces Ecológicas (COVEC),
Haití
Plate-forme haïtienne de Plaidoyer pour un Développement Alternatif (PAPDA)-
Cuba
Centro Memorial Martin Luther King (CMMLK)
Venezuela
Coalición de Tendencias Clasistas (CTC)
Colombia
CENSAT.-Agua Viva/ Amigos de La Tierra Colombia, Otros Mundos Colombia, Movimiento Colombiano en Defensa de los Territorios y Afectados por Represas «Ríos Vivos».
Ecuador
Acción ecológica, Instituto de Estudios Ecologistas del Tercer Mundo
Perú
Movimiento por el Poder Popular (MPP)
Brasil
Núcleo de Amigos de la Tierra (NAT) Brasil.-Federação de Orgãos para Assistência Social e Educacional (FASE) Espírito Santo. Movimiento de Afectados por las Represas (MAB.).
Paraguay
Sobrevivencia.- Amigos de La Tierra Paraguay
Argentina
Amigos de La Tierra Argentina
Redes y movimientos Latinoamericanos.
Convergencia de Movimientos de los Pueblos de las Américas (COMPA), Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero (M4), Amigos de La Tierra América Latina y el Caribe (ATALC), Red Latinoamericana contra Represas y por los ríos, sus comunidades y el Agua (REDLAR), Misiones Agrícolas de Estado Unidos de América, Red Latinoamericana contra los monocultivos de árboles (RECOMA), Movimiento Mundial por los Bosques (WRM), Red-manglar Internacional RMI.
Redes y organizaciones internacionales
Global Justice Ecology Project- USA, Carbon Trade Watch, Indigenous Environmental Network, Aktions gemeinchaft solidarische welt. AWS Brasilien, France Ameriue Latine.- Francia, Council of Canadians- Canada, Communities for a better environment.-USA, Movement Generation: Justice and Ecology Project, Oakland, CA .-USA, Amigos de la Tierra USA, Internatinal Development Exchage (IDEX).USA. Comité de Apoyo a Chiapas-Chiapas Support Committee, CA.-USA. Other Wolrds USA. Espoir Chiapas-Francia, Global Exchange.- USA
Firmantes a titulo personal
Elsa Stettner, Comité Pro Defensa de Arcediano, A.C., Alfredo Menchaca, Amigos de la Barranca, A.C., David Barkin.-Profesor Distinguido de Universidad Autónoma Xochimilco, Mario Bladimir Monroy Gómez.- Grupo Jade, Mtra. Rocío Mejía, REDGE.-México, José Enrique González Ruíz.-Programa de posgrado de Derechos Humanos de la, Universidad –Autónoma de La Ciudad de México. (UACM), Camille Chalmers, Profesor de la Universidad de Estado de Haití. Tatiana Rodríguez Maldonado.- CENSAT/Agua Viva Colombia, Antonio Zambrano Allende Movimiento por el Poder Popular (MPP) Perú.

En América Latina, las izquierdas -sea en su matriz anticapitalista como nacional-popular- han sostenido y continúan sosteniendo una lectura productivista, y tienden a minimizar o presta escasa atención a las nuevas luchas sociales concentradas en la defensa del territorio y los bienes comunes.
En términos más generales, la ilusión desarrollista, promovida por los gobiernos progresistas más radicales como Bolivia y Ecuador, aparece hoy asociada a la acción del Estado productor y relativamente regulador junto a una batería de políticas sociales, dirigidas a los sectores más vulnerables, cuya base misma es la renta extractivista. Ciertamente, no es posible desdeñar la recuperación de determinadas herramientas y capacidades institucionales por parte del Estado nacional, el cual se ha vuelto a erigir en un actor económico relevante y, en ciertos casos, en un agente de redistribución. Sin embargo, en el marco de las teorías de la gobernanza mundial, que tiene por base la consolidación de una nueva institucionalidad basada en marcos supranacionales o meta-reguladores, la tendencia no es precisamente que el Estado nacional devenga un «mega-actor». Al contrario, la hipótesis de máxima apunta al retorno de un Estado moderadamente regulador, capaz de instalarse en un espacio de geometría variable, esto es, en un esquema multiactoral de complejización de la sociedad civil, ilustrada por movimientos sociales, Ongs y otros actores, pero en estrecha asociación con los capitales privados multinacionales, cuyo peso en las economías nacionales es cada vez mayor. Ello coloca límites claros a la acción del Estado nacional y un umbral inexorable a la propia demanda de democratización de las decisiones promovida por las comunidades y poblaciones afectadas a causa de los grandes proyectos extractivos.
Este escenario de contrastes que presenta hoy América Latina abre a un terreno de grandes acechanzas. Uno de los rasgos más notorios de la época es que el Consenso de los Commodities impuso una brecha, una herida, en el pensamiento crítico latinoamericano, el cual en los `90, mostraba rasgos mucho más aglutinantes, frente al carácter monopólico del neoliberalismo como usina ideológica. Así, el presente latinoamericano refleja diferentes tendencias políticas e intelectuales: por un lado, están aquellas posiciones que dan cuenta del retorno del concepto de Desarrollo, en sentido fuerte; esto es, asociado a una visión productivista que incorpora conceptos engañosos, de resonancia global -Desarrollo sustentable en su versión débil, Responsabilidad Social Empresarial, gobernanza- al tiempo que busca sostenerse a través de una retórica falsamente industrialista. Sea en el lenguaje crudo de la desposesión del neodesarrollismo neoliberal, como en un neodesarrollismo progresista que apunta al control del excedente por parte del Estado, el actual modelo de desarrollo se apoya sobre un paradigma extractivista, se nutre de la idea de «oportunidades económicas» o «ventajas comparativas» proporcionadas por el Consenso de los Commodities, y despliega ciertos imaginarios sociales -la ilusión desarrollista- desbordando las fronteras político-ideológicas que los años `90 habían erigido. Por encima de las diferencias que es posible establecer en términos político-ideológicos y los matices que puedan hallarse, dichas posiciones reflejan la tendencia a consolidar un modelo neocolonial de apropiación y explotación de los bienes comunes, que avanza sobre las poblaciones desde una lógica vertical (de arriba hacia abajo), colocando en un gran tembladeral los avances alcanzados en el campo de la democracia participativa e inaugurando un nuevo ciclo de violación de los Derechos Humanos.
Más allá del neodesarrollismo imperante, en sus versiones progresistas y neoliberales, en América Latina existe una perspectiva crítica diferente, que hoy aparece ilustrada por diferentes organizaciones sociales y posicionamientos intelectuales que cuestionan abiertamente el modelo de desarrollo extractivista hegemónico y su concepto de naturaleza. En un contexto de retorno del concepto de desarrollo como gran relato y en sintonía con los cuestionamientos propios de las corrientes indigenistas, el campo del pensamiento crítico ha venido retomando la noción de «post-desarrollo» elaborada por Arturo Escobar , así como elementos propios de una concepción «fuerte» de la sustentabilidad. En efecto, al compás de los conflictos socio-ambientales se han ido forjando marcos interpretativos de la acción, que expresan un cruce entre discurso ambientalista y matriz indigenista; consignas movilizadoras en defensa de los bienes comunes, la justicia ambiental, el buen vivir y los derechos de la naturaleza; esto es, una gramática común latinoamericana. Asimismo, desde la tradición crítica del pensamiento latinoamericano, la perspectiva del post-desarrollo ha venido promoviendo otras valoraciones de la Naturaleza, que provienen de otros registros y cosmovisiones: pueblos originarios, perspectiva ambientalista, eco-comunitaria, eco-feminista, decoloniales, movimientos eco-territoriales, entre otros.
Con motivo de celebrarse el pasado viernes el Día Internacional de Lucha contra los Monocultivos de Árboles, Radio Mundo Real (Amigos de la Tierra Internacional) presenta un corto audiovisual titulado “Ocupación silenciosa”, en el que se denuncia el avance de los monocultivos forestales en diversas partes del mundo y la resistencia de numerosas comunidades.
Del 25 al 28 de septiembre de 2012 los gobiernos subnacionales de seis países del mundo se reunirán en esta ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México, para impulsar y decidir acciones sobre el nuevo pretexto sombrilla con el que se pretende privatizar, por inversores y anfitriones, las selvas tropicales: se llama REDD+ (Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de los Bosques +) y el tema de excusa en turno es ahora el clima. Los 17 gobiernos subnacionales de las provincias o Estados que participan son: Chiapas y Campeche, de México; Aceh, Central Kalimantan, East Kalimantan, West Kalimantan, Papúa y West Papúa, de Indonesia; Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso y Pará, de Brasil; California e Illinois, de los Estados Unidos; Madre de Dios, de Perú; y Cross River, de Nigeria. Este grupo pretende avanzar, mediante este mecanismo sombrilla, en la privatización de la Madre Tierra, 1) para apoderarse de sus recursos y servicios (el objetivo detrás de la bio-conservación, como en Chiapas el gobierno llama a su proyecto REDD+ en la Selva Lacandona), 2) para elevar la insustentable producción de biocombustibles destruyendo a su paso toda forma de vida, y 3) para fracturar el obstáculo histórico del capital en los bosques y selvas de nuestros países: la cultura y organización comunitarias. Todo esto cobijado bajo el concepto de “economía verde”.
Los países en desarrollo, con la mayoría de la población mundial, deben exigir el pago de la deuda climática para poder contribuir a evitar un desequilibrio planetario catastrófico.
El control de las energías renovables es un instrumento ideal para la imposición de mecanismos adicionales de dominación. Es parte de la batalla global por el control de las fuentes de energía, incluyendo petróleo, gas y energía nuclear, batalla en la que se encuentran enmarcadas las guerras de agresión contra Irak, Afganistán, Libia, Siria e Irán, la partición de Sudán y la desestabilización de Venezuela
La principal contribución de cada país al cambio climático es proporcional a sus correspondientes emisiones de CO2 acumuladas en la atmósfera al menos desde el año 1900. Entre 1900 y el año 2010 se emitieron 1.300 Giga-toneladas métricas de CO2 a la atmósfera provenientes del consumo de combustibles fósiles, más del 60% por países industrializados.

Propuesto por primera vez en la década del sesenta, el comercio de emisiones [de carbono] fue desarrollado por economistas estadounidenses, negociantes de derivados y de materias primas y grupos ambientalistas “súper verdes” y alianzas comerciales de Washington.
Toda mercancía, para ser intercambiable, debe ser divisible y mensurable. Por ello los arquitectos del mercado del carbono tienen que construir sus productos basados en las moléculas de dióxido de carbono. Los departamentos gubernamentales, los científicos en los paneles de Naciones Unidas, y expertos técnicos de todo tipo, están encargados de contar las moléculas y seguirlas a medida que viajan de los combustibles fósiles a la chimenea y del tubo de escape a la atmósfera, donde se mueven entre el aire, el mar, la vegetación, las rocas, el agua dulce, y así sucesivamente. Los políticos, diplomáticos y funcionarios tratan luego de asignar la responsabilidad de los flujos de moléculas, las reducciones y los ahorros a los diversos países o corporaciones.