México se muere de hambre con el TLC

México se muere de hambre con el TLC

Escrito por Laura Carlsen*  

mexicoDesde que México aprobó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) millones de mexicanos se han unido a las filas de los hambrientos. Mientras que la violencia y la sangre de la guerra contra las drogas se apodera de los titulares muchos mexicanos, sobre todo mujeres y niños, hacen frente a la silenciosa y violenta suerte del hambre.

Los últimos informes muestran que el número de personas que viven en «pobreza alimentaria» (la incapacidad para adquirir la canasta básica de alimentos) aumentó de 18 millones en 2008 a 20 millones a finales de 2010. Alrededor de un quinto de los niños mexicanos sufren de desnutrición. El Instituto Nacional de Nutrición estimaba el 18 de octubre de 2011 en 728.909 el número de niños menores de cinco años desnutridos.
Las estadísticas del gobierno informan que el 25% de la población no tiene acceso a los alimentos básicos. Desde la crisis alimentaria de 2008, ha habido un aumento del 3% de la población sin acceso adecuado a los alimentos. Los recién nacidos muestran los mayores índices de desnutrición, lo que indica que la tragedia comienza con la salud materna.

El dramático cambio en los hábitos alimenticios de México desde que se aprobó el TLCAN no sólo se refleja en los millones de personas que se acuestan con hambre. En el lado opuesto de la escala, México se ha convertido en tan sólo una década y media en el segundo país del mundo en obesidad mórbida. El primero es EEUU. La obesidad infantil, sobrepeso y diabetes constituyen en la actualidad los principales problemas de salud, junto con el problema más tradicional del hambre.

No es que los ricos se hagan demasiado gordos y los pobres muy delgados. La gordura ya no representa la abundancia. Son los pobres los que beben Coca-Cola barata cuando no tienen acceso a agua potable o que dan a sus hijos una bolsa de papas fritas cuando los alimentos frescos de la zona ya no están disponibles.

Con otra crisis alimentaria debido al aumento de los precios internacionales, México podría enfrentar disturbios por los alimentos, así como la propagación del hambre y sus consecuencias durante el próximo año. A menos que los disturbios se vuelven violentos o se produzca una convulsión social más amplia como lo ocurrió en los países árabes, no es probable que los medios de comunicación le presten atención.

TLC: un modelo de (in)seguridad en los alimentos

Algo ha ido terriblemente mal. La nación que afirmaba entrar en la prosperidad con la firma del TLC se ha convertido en un ejemplo internacional de graves problemas estructurales en la cadena alimentaria, desde la forma en que produce sus alimentos hasta qué y cuánto (o cuán poco) que consume.

La desnutrición de México tiene sus raíces en la firma del TLC y otros programas neoliberales que han obligado a la nación a alejarse de la producción de alimentos básicos para su propio modelo de «seguridad alimentaria». «La seguridad alimentaria» afirma que un país es seguro, siempre y cuando haya suficientes ingresos para importar sus alimentos. Separa de empleo no agrícola de la seguridad alimentaria y hace caso omiso de la desigualdad de acceso a los alimentos dentro de un país.

La idea de la seguridad alimentaria basado en el acceso al mercado proviene directamente del principal argumento sobre las «ventajas comparativas» del TLCAN. En pocas palabras, la eficiencia económica exige que cada país debe dedicar su capacidad productiva a lo que mejor sabe hacer y liberalizar el comercio transfronterizo. Bajo la teoría de la ventaja comparativa, la mayor parte de México fue considerado no apta para producir su alimento básico, el maíz, ya que sus rendimientos estuvieron muy por debajo de la media de su vecino del norte y socio comercial. Por lo tanto, México debe recurrir a las importaciones de maíz y dedicar sus tierras a los cultivos en los que supuestamente tenía una ventaja comparativa, como las frutas de temporada y tropicales y hortalizas. Suena simple. Sólo tienes que eliminar tres millones de productores ”ineficientes” de maíz ineficiente (y sus familias) y trasladarles a la fabricación o ensamblaje, donde su mano de obra barata constituye una ventaja comparativa. Las consecuencias culturales y humanas para estos campesinos y comunidades enteras de obsoletos indígenas no preocupan en esta ecuación.

Diecisiete años después del TLCAN, más de 2 millones de agricultores se han visto obligados a abandonar sus tierras por los bajos precios y el desmantelamiento de los apoyos del gobierno. No encontraron puestos de trabajo en la industria. En cambio la mayoría de ellos pasaron a formar parte de un éxodo masivo como migrantes mexicanos a los Estados Unidos, que se estima en medio millón al año. En los primeros años del TLCAN, las importaciones de maíz se triplicaron y el precio al productor cayó a la mitad.

La conversión a otros cultivos llevó años en la mayoría de los casos. Los precios fueron volátiles y poco confiables las cosechas. En muchas ocasiones no eran cultivos factibles para las pequeñas parcelas, a menudo rocosas que veían en el maíz una garantía para su dieta de subsistencia. El resultado es que sólo creció un 2% la producción agrícola total.

Las áreas que se adaptaron con éxito a la agricultura industrial y los cultivos de agroexportación se caracterizan por una flagrante violación de los derechos laborales de los trabajadores agrícolas migrantes, contaminación generalizada, aguas residuales y la extrema concentración de tierras y recursos.

Para los hambrientos, esto significa que los precios fijados en el mercado internacional determinan quién come y quién se muere de hambre. Los consumidores mexicanos ahora pagan más por las tortillas de maíz y alimentos en general. Los aumentos de precios en el mercado internacional a empujar al alimento básico fuera del alcance de los millones de pobres en el país.

La dependencia de alimentos

En el post-TLCAN, el 42% de la comida que se consume en México proviene del extranjero. Antes del TLCAN, el país gastó 1.800 millones de dólares en importaciones de alimentos. Ahora gasta la friolera de 24.000 millones. En una entrevista, el investigador Ernesto Ladrón de Guevara señaló que en algunos alimentos básicos la dependencia de las importaciones es dramática: 80% en arroz, 95% de la soja, 33% en frijol y 56% en el trigo. Es el primer país del mundo en importación de leche en polvo. El una vez próspero México en el sector lácteo ahora, en virtud del TLCAN, debe importar la leche en polvo de una multinacional vinculada a la crisis de la desnutrición infantil.

México importa el 33% de lo que consume, pasando de 250.000 toneladas antes del TLCAN a los 13 millones actuales. El departamento de Agricultura de EE.UU. estima que si continúan las tendencias actuales México va a adquirir el 80% de sus alimentos de otros países (principalmente Estados Unidos). La FAO, el organismo de la ONU para la Agricultura y la Alimentación, considera que un país es dependiente en cuestión alimenticia cuando las importaciones superan el 25% del total de las exportaciones.

Cara, yo gano; cruz, tú pierdes

La toma del poder corporativo del sistema alimentario de México ha llevado a la catástrofe alimentaria y de la salud. Las empresas transnacionales de alimentos no sólo importan libremente en los mercados de comida mexicana, ahora son los productores, exportadores e importadores, todo en uno, que operan en el interior del país.

Desde el TLC, las empresas han devorado los recursos humanos y naturales en una escala casi increíble. La producción ganadera ha pasado de pequeñas granjas para los mercados locales a Tyson, Smithfield, y Pilgrims Pride. El uso masivo y la contaminación del agua y la tierra ha conducido desastres ambientales y sanitarios en todo el país. Millones de empleos se han perdido por la concentración y los métodos de la agricultura industrializada.

Tomemos el caso de Com Products International (CPI). La transnacional presentó una reclamación contra el gobierno mexicano en 2003, acogiéndose al TLC, alegando una pérdida para su negocio debido a un impuesto sobre el jarabe de maíz de alta fructosa en las bebidas. La razón de México para imponer el impuesto era para salvar una industria de caña de azúcar que proporciona empleo a miles de ciudadanos y desempeñó un papel económico crucial en muchas regiones. Curiosamente, el gobierno vio frustrado su intento de acceder, también en virtud del TLC, al muy protegido mercado estadounidense del azúcar.

Un tribunal del TLCAN dictaminó sobre el caso en 2008. México tuvo que pagar 5’8 millones de dólares a una compañía que tiene unas ventas netas de 3.700 millones de dólares anuales. La multa pagada por el gobierno mexicano podría haber cubierto un año de la canasta básica de alimentos a más de 50.000 familias pobres. La CPI es una empresa subsidiaria de la Corn Products Arancia, una de las transnacionales de alimentos más poderosas que operan en el país, junto con Maseca /Archers Daniel Midland y Cargill. Son las grandes empresas de agronegocios que desempeñaron un papel clave en la crisis de la tortilla de maíz de 2007 por el acaparamiento de las cosechas y elevación del precio internacional. Esa crisis provocó la protesta de miles de mexicanos pobres ante lo que supuso un aumento del 50% del precio de la tortilla de maíz.

El TLCAN y otros acuerdos de libre comercio otorgan a las corporaciones el poder de decidir qué comemos, qué compramos, quién tiene trabajo y quién no y si un pueblo dedicado a la producción local de alimentos va a sobrevivir o presencial el final de sus tradicionales medios de subsistencia durante generaciones.

Alimentar a los hambrientos, arreglar el sistema

Las organizaciones mexicanas han comenzado a reunirse después de años de divisiones para responder a la crisis alimentaria y arreglar un sistema en muy mal estado. Lograron que una reforma constitucional para incluir el derecho a la alimentación. Ahora la batalla es en la adaptación al presupuesto rural para que ese derecho sea una realidad.

Organizaciones de pequeños agricultores se han unido a organizaciones de agricultores familiares en los Estados Unidos y Canadá para pedir la renegociación del TLCAN y eliminar de él los alimentos básicos y la producción agrícola. Pero la Administración Obama, con sus compromisos adquiridos, deja muy poco espacio para el cambio. Sin embargo, no cejan en sus esfuerzos para arreglar el sistema alimentario antes de que se agrave la crisis. Las organizaciones de EEUU están viendo la oportunidad de unir sus demandas a las del movimiento Ocupar Wall Street Ocupar en todo el país.

El control corporativo del sistema alimentario encerrado en el TLCAN no sólo afecta a las personas en México. Nadie espera que la situación mejore por sí misma. Al profundizarse la crisis, los movimientos ciudadanos deben buscar puntos de unión transfronteriza para proteger su salud, sus medios de subsistencia y sus derechos. En el futuro, lo que comemos, cómo comemos, y si comemos dependerá de sus esfuerzos.

*Directora del Programa de las Américas para el Center for International Policy en México

Fuente: elprogresista.org

LA REMA SE SOLIDARIZA CON LA LUCHA DEL PUEBLO PANAMEÑO

LA REMA SE SOLIDARIZA CON LA LUCHA DEL PUEBLO PANAMEÑO

remaLa Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) expresa su solidaridad con el pueblo panameño en su lucha por defender sus tierras y territorios libres de minería y represas.

Rechazamos la violencia del gobierno panameño a las justas demandas por al defensa de los derechos humanos de muchos sectores de la sociedad que han salido a las calles a reclamar justicia y dignidad. Exigimos alto a la represión y criminalización del movimiento social en sus justas demandas.

¡Alto a los asesinatos, encarcelamientos y represión a la población panameña!

RED MEXICANA DE AFECTADOS/AS POR LA MINERÍA (REMA)
http://www.remamx.org

¡DE PANAMÁ A CANADÁ, LA MINERÍA NO VA!
http://www.movimientom4.org/

PROGRAMA 72 – VOZ DE LOS MOVIMIENTOS

minga

PROGRAMA 72 – VOZ DE LOS MOVIMIENTOS

Reportes desde el Foro Social Temático «Crisis capitalista, Justicia social y ambiental» (Porto Alegre – Brasil, 25 al 28 de enero).

– Destaques de la Declaración de la Asamblea de Movimientos Sociales – Patricia Amat, de REMTE, habla sobre feminismo y ecología y la lucha de las mujeres contra el capitalismo verde. – Un reporte de la Articulación de Movimientos Sociales hacia el ALBA.

Honduras: Entrevistas desde el Encuentro Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero, M4.

El Salvador: organizaciones del campo plantean la necesidad de una ley de soberanía alimentaria.

 

 

Duración: 15:23 min / 18.46 Mb

http://www.radioteca.net/temas.php?t=13&st=3

radiotecaENCUENTRO MESOAMERICANO CONTRA EL MODELO EXTRACTIVO MINERO

De la serie: INSUMOS AL PROGRAMA 72 LA VOZ DE LOS MOVIMIENTOS

Encuentro Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero, M4. Radio Temblor de Panamá entrevistó a varios participantes. Enero 2012. Entrevistas a participantes sobre las luchas contra la minería. (Radio Temblor)
Producción: Minga Informativa de los Movimientos Sociales

ESCUCHAR:

Bajar el audio:
http://www.radioteca.net/audios/13030188.mp3

Duración: 6:01 min / 5.78 MB

 

Detienen a 13 dirigentes populares de Aguán en Honduras

Detienen a 13 dirigentes populares de Aguán en Honduras

ALERTA DERECHOS HUMANOS

otramerica.com

aguanviernes 03 de febrero de 2012. En la noche del jueves 2 de febrero, la policía detuvo a 13 dirigentes del Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA). Las organizaciones de DDHH de Honduras han emitido una alarma, preocupadas por su integridad física.

El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) dio la alerta. A las 9:50 p.m. de ayer jueves fueron detenidos los activistas de la conflictiva zona del Aguán, controlada por paramilitares a sueldo de los terratenientes, en un retén policial en la comunidad de Arizona /Atlántida). Según la COPINH, fueron trasladados por “carreteras desconocidas rumbo a  la estación  policial  en la ciudad de  Tela,  los condujeron en  vehículo frontier sin placa y un segundo mitsubishi blanco también sin placa”.

Los nombres de los miembros del Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA) son: Juan Ángel Rodríguez, Omar Cano, Leonel Acosta, Orlando García, Orlando Romero, Jhony Rivas, Enemias Ortega, Raúl Ramírez, Osvaldo Laínez, Juan Chinchilla, José Ismael Quintanilla y dos más de los que no se tiene el nombre.

Los retenidos fueron llevados cuando regresaban de Tegucigalpa. La COPINH hace el llamado y hacen responsable al Estado por su integridad física y emocional. En noviembre de 2010, 5 líderes del MUCa fueron asesinados por paramilitares a las órdenes del empresario Miguel Facusse.  Este pasado 20 de enero de 2012 fue asesinado el último miembro del MUCA, Matías Valle, muerto en Quebrada Arena.

Hay que recordar que la criminalización del movimiento social y campesino en Honduras es permanente desde el golpe de Estado de 2009, así como la violación de los derechos humanos por parte de agentes del Estado y por grupos paramilitares.

Del 17 al 20 de enero, está previsto realizar un Encuentro Internacional de Derechos Humanos en solidaridad con Honduras en el Bajo Aguán, una de las zonas más golpeadas por el estado de excepción de los derechos reinante en Honduras.

Nota relacionada:

Bajo Aguan, Agrocombustibles y la Represión Sistemática
OFRANEH

Invitación a la Jornada por el Derecho al Agua

Invitación a la Jornada por el Derecho al Agua

En el marco del Día Internacional de los Humedales (2 de febrero), el día Internacional de la Mujer (8 de marzo), el día Internacional contra las Represas (14 de Marzo) y el Día Mundial del Agua (22 de Marzo); El Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (Mapder), Bios Iguana A.C., Yolotlali y el Museo Fernando del Paso de la Universidad de Colima, llevaremos a cabo la Exposición Fotográfica Internacional ”Agua, Ríos y Pueblos” y la ”Jornada por el Derecho al Agua” del 17 de Febrero al 17 de Marzo del presente, en donde tendremos conferencias, páneles, talleres, presentación de libros, mesas redondas, proyección de documentales y teatro; todo con la temática del Agua.

“Agua, Ríos y Pueblos” es una Exposición fotográfica Internacional Itinerante, que pretende dar un perfil humano de las luchas por el agua alrededor del mundo. Esta Exposición, cuyo director es el español Pedro Arrojo Agudo, de la Fundación Nueva Cultura del Agua; inició en el año 2000, después de que, en Londres, la Comisión Mundial de Presas entregara su informe en el que reconocía que se han desplazado por la fuerza, de 40 a 80 millones de personas por la construcción de represas en todo el mundo.

El objetivo de la Exposición y la Jornada es visibilizar la crisis del agua en la que nos encontramos por la contaminación, la deforestación de bosques y ecosistemas de manglar, la construcción de represas, la explotación minera, la producción industrial de agricultura insostenible, los monocultivos, el uso intensivo de agroquímicos, la privatización del agua, y los impactos por proyectos turísticos portuarios e industriales en la zona costera. En suma, todo ello contribuye a la agudización de la crisis climática en cuyo epicentro está el agua. Inundaciones, sequías, enfermedades, entre otras consecuencias sociales y ambientales tienen como eje fundamental el agua.

La Exposición que consta de 76 fotografías, se ha presentado en Sevilla, Barcelona, Zaragoza, Tarragona, Mélaga y Aínsa en España; en dos ocasiones en París, Francia; en Oslo en Noruega; en San Miguel Ixtlahuacán, Ciudad de Guatemala y Antigua en Guatemala, y en México en Distrito Federal, Jalisco y Veracruz.

En la Exposición se incluyen 12 casos de México: Estado de México, Jalisco, Guerrero, Oaxaca, Morelos, Coahuila, D.F., San Luis Potosí y Colima (Caso Laguna de Cuyutlán 6 fotografías).

“Jornada por el Derecho al Agua”, los participantes en esta Jornada serán: Amigos de la Tierra Internacional; Frente Amplio Opositor a la Minera San Xavier (FAO), San Luis Potosí; Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA); Bios Iguana A.C.,Colima; Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario A.C., Jalisco (IMDEC); Académicos de la UNAM, Michoacán y Coahuila; Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER); Centro Universitario de Gestión Ambiental, U de Col; Yolotlali, Colima; Comité Salvemos Temaca, Jalisco; Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua (COMDA); Red Nacional de Género y Economía (REDGE); Marcha Mundial de las Mujeres (MMM); Otros Mundos Chiapas; Grupo Ecológico Manglar, Nayarit; Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio (RMALC), D.F; Centro Mexicano de Justicia Ambiental (CMJA), Guanajuato

PROGRAMA (click para ampliar):

DECLARACIÓN DEL PRIMER ENCUENTRO DEL MOVIMIENTO MESOAMERICANO CONTRA EL MODELO EXTRACTIVO MINERO -M4-

DECLARACION POLITICA

PRIMER ENCUENTRO  DEL MOVIMIENTO MESOAMERICANO CONTRA EL MODELO EXTRACTIVO MINERO -M4-

M4Reunidos en Valle de Siria, Honduras; los días 26, 27, 28 y 29 de enero, delegaciones nacionales de Panamá, Costa Rica, Honduras, Salvador, Guatemala, México y con la participación de representantes de organizaciones solidarias de Estados Unidos y de Canadá  para debatir, intercambiar y establecer acuerdos de lucha en contra del modelo minero extractivo que actualmente hostiga nuestros territorios.

La agresión de las mineras en la región mesoamericana se ha venido agudizando aceleradamente, en el marco de la implementación del modelo de acumulación neoliberal; el modelo extractivo minero se caracteriza por ser un proceso agresor, depredador y  manipulador que posiciona los intereses económicos por encima de la vida misma, la sostenibilidad del ambiente y la diversidad cultural. Es un modelo perverso y sin ética, que utiliza el “maquillaje  verde”,  la  responsabilidad  social  empresarial y se autodefine como  “minería verde, sustentable y responsable”, que promueve en nuestros países el falso mito del “desarrollo” y la “economía verde”, y se basa en los supuestos avances tecnológicos que sirven para destruir en el menor tiempo posible los territorios.

Estas empresas, en su mayoría canadienses, han provocado en nuestros pueblos procesos de empobrecimiento, conflictividad social, división, enfermedades, destrucción del medio ambiente; así como también un ataque sistemático a nuestras culturas originarias que contrasta con la cosmovisión de los pueblos.

En nuestros países las empresas mineras han corrompido a la clase política gobernante para ajustar las legislaciones y las políticas públicas a su favor y conveniencia; violando la soberanía nacional y los derechos colectivos de nuestros pueblos reconocidos por instrumentos internaciones como el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de las Naciones Unidas para los Derechos de los Pueblos Indígenas, entre otros.

Por otra parte  el gobierno canadiense  ha generado una  política  de cabildeo a  favor de las  empresas  mineras ocasionando muchas  veces la  violación  de  la soberanía de  nuestros  países.

En este contexto, en la región mesoamericana se están impulsando cambios a la legislación a favor de las empresas mineras, donde la discusión se reduce a los supuestos beneficios  económicos, sin importar los riesgos que este modelo significa para la vida.  Se usa la criminalización de las luchas sociales, militarización de los territorios, y la utilización de las fuerzas de seguridad de los Estados para asesinar, reprimir e intimidar al pueblo, como estrategia para desmovilizar la resistencia.

Ante esta situación, DECLARAMOS:

-El movimiento mesoamericano nos comprometemos a luchar coordinadamente para exigir la cancelación de las  concesiones  mineras que han sido impuestas sin el consentimiento de los pueblos, el retiro de  empresas  de  nuestros  territorios afectados y el resarcimiento integral de los daños causados.

-Denunciamos la represión y  el hostigamiento que están sufriendo hermanas y hermanos que están luchando en defensa  del territorio, especialmente en Salvador, Honduras, México y Guatemala.

-Exigimos el respeto a las decisiones de los pueblos sobre sus territorios, el derecho a la consulta; la implementación  de  los  convenios internacionales  a  favor  de  los  derechos humanos y  ambientales, que  nuestros   gobiernos  han  suscrito anteriormente

-Denunciamos la injerencia de empresas transnacionales y embajadas como EEUU y  Canadá en promover reformas legales en relación a la minería, que privilegian los intereses de transnacionales y  no se está tomando en cuenta propuestas de organizaciones y pueblos, como es el caso de Panamá, Honduras y Guatemala.

-Intensificaremos acciones conjuntas a nivel mesoamericano contra el modelo extractivo minero, así como también la articulación de propuestas para un nuevo modelo de bienestar que garantice el respeto a la vida en armonía con la madre naturaleza.

Saludamos y nos solidarizamos con las movilizaciones del pueblo Panameño en contra de la minería y de las reformas legales que buscan favorecer a las empresas mineras.

Denunciamos la política entregista del gobierno mexicano de una tercera parte del territorio nacional a las trasnacionales mineras, como los graves casos de Cerro de San Pedro, Wirikuta y Caballo Blanco entre otros.

Celebramos junto al pueblo costarricense la aprobación de la ley que prohíbe la minería metálica a cielo abierto y el uso de cianuro en su territorio,  y los invitamos a mantenerse alertas ante nuevas ofensivas del modelo extractivo minero.

Rechazamos el proyecto de ley de minería que pretenden aprobar en el Congreso Nacional de Honduras puesto que es sumamente lesivo al pueblo en general, al medio ambiente y favorece a los intereses económicos de las empresas mineras y de los empresarios testaferros en el país.

Exigimos el respeto a los resultados de las más de 50 consultas comunitarias realizadas en Guatemala que han dicho no a la minería.
Saludamos la resistencia del pueblo salvadoreño y exigimos el alto al hostigamiento de los compañeros y compañeras del Comité Ambiental de Cabañas.
Celebramos el compromiso y el apoyo de personas y organizaciones solidarias de los Estados Unidos y de Canadá que denuncian y contrarrestan los abusos de las empresas de sus países que violan los derechos de los pueblos que habitan la región mesoamericana.

“DESDE PANAMA A CANADA, LA MINERIA NO VA”

Valle de Siria, Honduras, domingo 29 de enero del 2012.

DESCARGAR PDF: DECLARACIÓN

El Carrizalillo: oro por cuentas de vidrio

El Carrizalillo: oro por cuentas de vidrio

Marlén Castro y Rogelio Agustín. Revista Proceso.
carrizalillo
A la comunidad guerrerense de El Carrizalillo le cayó la maldición del oro en la figura de la megaempresa Goldcorp, que practica un tipo de minería, la superficial, devastadora para el medio ambiente y para la salud. Desde 2007 renta miles de hectáreas a los carrizalillenses para explotar el yacimiento de oro Los Filos-El Bermejal. Los comuneros saben que sus predios quedarán inservibles y proliferarán las enfermedades –la mayoría letales– entre su población, pero cierran los ojos y se conforman con la bicoca que cada año les entrega la trasnacional. El reportaje que aquí se publica sobre la tragedia de El Carrizalillo es el tercero y último de la serie de trabajos ganadores del Premio Internacional de Periodismo, convocado por Proceso con motivo de su 35 aniversario.

CHILPANCINGO, GRO.- Dejó de comer. Sólo quería dormir. A Sofía Figueroa Peña, exafanadora del consorcio minero Goldcorp, lo poco que le quedaba de vida se le agotó en dos días de vómitos y convulsiones. Alrededor de las 22:00 horas del 4 de diciembre de 2010 murió en una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Acapulco.

Apenas tenía 35 años.

“Como por el 20 de noviembre me di cuenta de que se le quitó el apetito… seguramente fue desde antes pero hasta esa fecha yo no lo supe porque ese día tuvo descanso y la vi; casi nunca la veía, siempre estaba trabajando. La vi mal y le dije: ‘Atiéndete, hija’, pero ella me dijo que estaba cansada, que lo que tenía se le quitaba durmiendo. Todos los días llegaba a dormirse”, dice doña Esther, mamá de Sofía.

Esther Peña Barrios se limpia las lágrimas con la mano; luego uno de los muchos nietos huérfanos que hay en su casa en el ejido de Carrizalillo, del municipio guerrerense Eduardo Neri, le alcanza el chal que al parecer es su paño.

“Me siento culpable porque no es posible que no me haya dado cuenta, que nadie de los que vivimos aquí nos hayamos dado cuenta de lo mal que estaba mi hija, de que ya no comía nada. Pero cómo lo íbamos a saber si ni la veíamos. Llegaba como a las ocho de la noche y ni nos venía a ver, llegaba a dormirse y así hasta el otro día, que se iba a trabajar”, cuenta doña Esther.

(Extracto del reportaje que se publica esta semana en la revista Proceso 1838, ya en circulación)

La ONU advierte sobre el modelo extractivo, agrotóxicos y la violencia en Argentina

La ONU advierte sobre el modelo extractivo, agrotóxicos y la violencia en Argentina

Por Darío Aranda. Página 12
En un informe anual, un comité de las Naciones Unidas advirtió al Estado argentino por los desmontes, agrotóxicos, soja transgénica, minería a cielo abierto y violencia contra los indígenas.

ArgentinaDesmontes, agrotóxicos, soja transgénica y minería a cielo abierto. Desalojos, violencia y vulneración de derechos indígenas. Son parte de las críticas que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) de Naciones Unidas (ONU) realizó al Estado argentino en su último informe, donde además hizo especial hincapié en el incumplimiento de la legislación que protege a los pueblos originarios y sus territorios. “El Comité está preocupado sobre las persistentes amenazas, los desplazamientos y los desalojos violentos de pueblos indígenas de sus tierras tradicionales en numerosas provincias”, denuncia el Comité de la ONU.

“El aumento de los desmontes ha forzado a los pueblos indígenas a dejar sus territorios (…). El comité está preocupado sobre casos en los cuales el creciente empleo de pesticidas químicos y siembra de soja transgénica en regiones habitadas o utilizadas por comunidades indígenas han afectado negativamente a estas comunidades”, sostiene el informe y explicita que el modelo agropecuario atenta contra la agricultura indígena. “Es un importante obstáculo para el acceso a una alimentación segura, adecuada y accesible.”

El Comité DESC es el órgano de expertos que supervisa la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Evalúa los informes presentados y comunica recomendaciones para que los estados cumplan el Pacto Internacional. Con el título “Observaciones finales”, el documento de ocho carillas fue presentado el 2 de diciembre en Suiza.

“El comité está preocupado por los casos en los cuales las fuerzas de seguridad y agentes públicos o privados han recurrido a represalias y al empleo desproporcionado de la fuerza contra personas que participan en la defensa de los DESC, en particular en el contexto de discusiones sobre la tierra”, denuncia.

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas (Odhpi) presentaron en noviembre, junto a una decena de organizaciones, un relevamiento de la situación al Comité. Es muy contundente la clara vinculación que establece entre industrias extractivas y la violencia hacia comunidades”, resaltó Diego Morales, director del área de Derechos Sociales del CELS. “Es importante que Naciones Unidas se haga eco de lo que enfrentan indígenas en Argentina y también hay que destacar que llama a que el Estado tome medidas para revertir la vulneración de derechos”, subrayó.

El Comité de la ONU denunció que en Argentina se registra la “violación de la Constitución y del Convenio 169 de la OIT”. Explicitó su “preocupación” porque la Ley Nacional 26.160 (suspende desalojos y ordena el relevamiento catastral) no se aplica “plenamente”. “El Comité insta al Estado a que garantice la aplicación plena y coordinada de la ley.”

Por fuera de la situación rural, el informe rescató como hechos positivos la sanción de las leyes nacionales de Migración, de Educación Nacional, de Glaciares, de Salud Mental y de Matrimonio Igualitario.

“El comité está particularmente preocupado por la explotación de litio en las Salinas Grandes (Salta y Jujuy) y por las consecuencias sobre el medio ambiente, sobre el acceso al agua y sobre el modo de vida y subsistencia de las comunidades indígenas”, advierte en el punto IX. En el lugar viven y trabajan 33 comunidades kolla y atacama que rechazan la instalación de empresas mineras.

Jorge Nahuel, de la Confederación Mapuche de Neuquén (CMN), evaluó que el Comité DESC “saca a la luz lo que los pueblos indígenas venimos advirtiendo desde hace décadas, las consecuencias irreparables que genera una matriz económica basada en la explotación sin control de la naturaleza”. Nahuel afirmó que “hay declarados enemigos” de los derechos culturales y territoriales indígenas: “Los gobernadores de San Juan, Formosa, Jujuy, Río Negro, Neuquén, Salta y Santiago del Estero, por citar algunos, son portavoces de las empresas que avasallan nuestros territorios. Debemos avanzar en frentes comunes para la defensa de la madre naturaleza y de nuestra vida”.

Diego Montón, del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI), dio la bienvenida al informe DESC pero explicó que la ONU “luego de más de 50 años hablando en códigos mercantiles empieza a aceptar lo que los movimientos le venimos marcando, que si se quiere luchar contra el hambre hay que fortalecer la agricultura campesina, y que la agricultura industrial y el extractivismo no sirven porque, además del aspecto ambiental, jamás serán inclusivas porque su naturaleza es de acumulación y concentración”.

El MNCI mantiene diálogo con sectores críticos al Gobierno y, luego del asesinato del campesino santiagueño Cristian Ferreyra, compartió opiniones con espacios oficialistas (Movimiento Evita, Nuevo Encuentro, Frente Transversal, La Cámpora). El lunes pasado emitió un comunicado en línea con el informe DESC, en el que cuestionó que el proyecto de ley para frenar los desalojos campesinos siga cajoneado en el Congreso e interpeló: “Votar la ley antiterrorista, permitir que el agronegocio y sus cómplices se muevan impunemente y abandonar a los campesinos a su suerte, no tiene nada que ver con los derechos humanos ni con un modelo nacional y popular”.

Sociedad civil busca salvar la cumbre Río+20

Sociedad civil busca salvar la cumbre Río+20

Por Mario Osava
rio+20RÍO DE JANEIRO, ene (Tierramérica) – Una amplia movilización social, con expresiones callejeras y actividades paralelas, es el único factor que puede evitar una nueva frustración en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20), advierten activistas y analistas.

Parece inevitable la repetición del fracaso que pautó las últimas citas anuales en las que se negoció un acuerdo mundial para mitigar el cambio climático, dijo a Tierramérica el director general del Instituto Brasileño de Análisis Sociales y Económicos (Ibase), Cândido Grzybowski, uno de los fundadores del Foro Social Mundial, el mayor encuentro mundial de la sociedad civil.

Grzybowski fundamentó su postura negativa en la crisis económico-financiera del mundo rico, en que este es un año de muchas elecciones, incluso en Francia y Estados Unidos, lo cual aleja a los gobernantes influyentes de los compromisos internacionales, y al débil poder de convocatoria de la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, en especial en cuestiones ambientales.

Solo una fuerte presión de la sociedad civil, como «una expresión unitaria» en los eventos paralelos de Río+20, podrá «arrancar compromisos más claros» de los gobiernos contra los desequilibrios globales, que empiezan por la «hegemonía financiera», acotó. El Foro Social Temático, que reunirá del 24 al 29 de este mes a representantes de movimientos y organizaciones sociales en la meridional ciudad brasileña de Porto Alegre, preparará la participación de sus activistas en la conferencia mundial climática que tendrá lugar del 20 al 22 de junio en Río de Janeiro.

La cita de Porto Alegre es uno de los muchos encuentros locales o sobre temas específicos que tienen lugar en los años pares, vinculados al Foro Social Mundial (FSM), que ahora tiene su edición global cada dos años.

Pero los referentes del FSM «perdieron fuerza» y no lograrían convocar una marcha tan masiva como la que se necesita para hacer que Río+20 no sea solo «un megaencuentro declarativo» y tenga «un impacto importante en Brasil» en términos de conciencia ambiental, opinó Eduardo Viola, profesor de la Universidad de Brasilia que analiza las consecuencias del cambio climático en las relaciones internacionales.

Juntar «un millón de manifestantes en las calles», una hazaña «poco probable pero no imposible», renovaría los efectos de la Cumbre de la Tierra de 1992 (Río 92), la primera reunión que hizo que la sociedad brasileña tuviera un alto nivel de adhesión a los asuntos ambientales, dijo Viola a Tierramérica.

Este catedrático descartó que la cumbre de Río vaya a tener un impacto mundial relevante. Será una conferencia «reiterativa», de objetivos «difusos», en un momento de «gigantescos impases internacionales», apuntó.

Pero los actos populares no deben limitarse a Río de Janeiro. El Foro Brasileño de ONG (organizaciones no gubernamentales) y Movimientos Sociales para el Medio Ambiente y el Desarrollo (FBOMS) piensa impulsar manifestaciones en muchas otras ciudades del mundo, utilizando para ello Internet y las redes sociales.

«Río tiene un significado global» y ya se acumuló experiencia exitosa en movilizaciones vía redes sociales, sostuvo Rubens Born, del FBOMS.

El Foro Social Temático de Porto Alegre ayudará a articular esas iniciativas, con la presencia de representantes de movimientos civiles como los indignados de España y los Ocupa estadounidenses, acotó a Tierramérica.

La presencia de la sociedad civil en Río+20 debe beneficiarse de las facilidades que el gobierno brasileño pretende ofrecer, interesado en contar por lo menos con una fuerte participación popular ante la probable ausencia de jefes de gobierno y de Estado en las actividades oficiales de la conferencia.

La Cumbre de los Pueblos, como se denomina el encuentro paralelo que se realizará del 15 al 23 de junio, convocará al triple de participantes de la conferencia intergubernamental, estiman observadores. La consigna es «Justicia social y ambiental», la misma del Foro Social Temático de este mes.

«Proponer una nueva forma de vivir, en solidaridad, contra la mercantilización de la naturaleza y en defensa de los bienes comunes» es el objetivo, según el Comité Facilitador de la Sociedad Civil Brasileña para Río+20, que organiza ese gran encuentro.

El encuentro, que tendrá como foro central una Asamblea Permanente de los Pueblos, busca «reinventar el mundo» como convergencia de diversificadas luchas contra el capitalismo, la división de clases, el racismo, el ‘patriarcalismo’ y la homofobia. Por ello, considera «insatisfactoria» la agenda de la conferencia oficial, concentrada en la economía verde y en la institucionalidad global.

Pero ese discurso no es consensual. Born, fundador de Vitae Civilis, una organización no gubernamental activa en el tema climático, se queja de divisiones ideológicas con los que consideran «soluciones falsas» a las acciones ambientales que no contemplen primero el derrocamiento del capitalismo.

Grzybowski identifica enfoques divergentes entre los que priorizan la justicia ambiental o la social, ubicando a su organización Ibase entre los segundos.

Chico Whitaker, otro fundador del Foro Social Mundial y un radical defensor de sus principios igualitarios y participativos, se molesta con el nombre. «Cumbre de los Pueblos» mantiene la visión jerarquizada tradicional, negando la horizontalidad defendida desde sus inicios por el FSM, criticó.

Pero todos coinciden en rechazar el orden mundial actual, que es el «modelo industrial de gran producción» para Whitaker, que es el capitalismo para los miembros del Comité Facilitador, y que es la hegemonía financiera para Grzybowski, quien le suma «desórdenes» acumulados como transportar millones de toneladas de mineral de hierro brasileño a Asia y traerlos de vuelta en forma de acero.

Todos están de acuerdo también en criticar a la conferencia Río+20 oficial y a su «borrador cero», divulgado recientemente como punto de partida para el documento final, porque entienden que elude los verdaderos desafíos.

El formato de las grandes cumbres de la Organización de las Naciones Unidas «está agotado», sentenció Viola. Es imposible que más de 190 países que tienen «distintas percepciones de la vulnerabilidad» e intereses diversos lleguen a un consenso en relación al tema climático, explicó.

En otra vertiente, los indígenas se proponen expresar su identidad cultural y ética en Río+20 con la convocatoria de representantes de todo el mundo, en lo que llaman una Aldea Carioca a instalarse en Río de Janeiro.

En la Aldea Carioca se concentrarán unos 350 aborígenes procedentes de distintas zonas de Brasil y 700 del exterior en cuatro «ocas» (casas típicas), una de las cuales servirá para reuniones plenarias y otra con equipos electrónicos que permitirán videoconferencias con indígenas ubicados en otros países o continentes, adelantó a Tierramérica Marcos Terena, uno de los organizadores de la participación indígena de Río+20, repitiendo el papel de 20 años atrás en Río 92.

*Este artículo fue publicado originalmente el 21 de enero por la red latinoamericana de diarios de Tierramérica. Fuente: IPS

Perú: Comunidades, territorio y concesiones forestales. «Nos dicen que nuestros bosques tienen otro dueño»

Comunidades, territorio y concesiones forestales. «Nos dicen que nuestros bosques tienen otro dueño»

peruPor José Álvarez Alonso. Perú.
“Ya no podemos ni ir a cazar nuestros animalitos o a sacar nuestra hoja para techar nuestras casas, nos dicen que nuestros bosques tienen otro dueño”, se quejaba un indígena Kichwa del Napo en un reciente taller en la Comunidad de Tutapischo, cuya comunidad se superpone con una concesión forestal en el bajo Napo.

Varias comunidades indígenas en la cuenca media del río Napo se quedaron sin territorio por culpa de las concesiones forestales. Decenas más están en la misma situación en Loreto y Ucayali. Hay que tener en cuenta que todavía quedan cientos de comunidades indígenas, y varios miles de ribereñas o mestizas, por reconocer y titular en la Amazonía peruana. Según el Censo del INEI del 2007, en la Amazonía peruana existen 11,978 centros poblados, de los que menos de 1500 tienen territorios titulados. Sin embargo, el censo sólo consideraba comunidades con más de 150 personas, y a las más pequeñas las clasifica como “población dispersa”, por lo que se estima que hay muchas más. En Loreto, donde el censo del INEI registra 2,271 comunidades, apenas han sido tituladas poco más de 500, entre indígenas y campesinas. Sin consideramos centros poblados “menores” quedarían por titular y reconocer más de 2000 comunidades.

En el caso del Napo, las comunidades de Pinsha, Negro Urco, Nueva Libertad, Cerro de Pasco, Floresta y Nueva Antioquía llevan años reclamando en vano la titulación de sus territorios; los de COFOPRI les contestan que no se puede porque el área está concesionada por cuarenta años a una señora Rivadeneira. La mayoría de estas comunidades están ya reconocidas formalmente como comunidades indígenas, pero de poco les sirve, porque ya no son suyos los bosques de sus ancestros, donde sus padres, abuelos y tatarabuelos cazaron los animales con que alimentaron a sus hijos, y extrajeron las plantas medicinales con que les curaron, las hojas de palmera con las que cubrieron sus casas, y las canoas con las que navegaron. Similares historias escuché de boca de pobladores de las riberas del Marañón y del Tigre, en un reciente encuentro indígena sobre la problemática forestal.

Las comunidades del Napo se enteraron de que estaban concesionados sus bosques cuando ya era tarde, los contratos habían sido firmados. Nunca fueron informados y menos consultados, violando el Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo), que establece la obligatoriedad de consultar toda norma o proyecto que pueda afectar a las comunidades indígenas y a sus territorios. No por gusto algunos afirman que, en justicia, el proceso de concesiones forestales es nulo; el poder judicial dio la razón a las comunidades del Mazán que reclamaron por las concesiones en esta cuenca, aunque lamentablemente el Tribunal Constitucional luego se desdijo con un cuestionado fallo.

¿Qué Estado es éste que niega a los pueblos originarios el derecho a sus tierras para otorgarles derechos a terceros, movidos por el ánimo de lucro? Todos quizás son peruanos, y todos tienen derecho a ganarse la vida dentro del marco de la ley. Pero obviamente, algunos tienen más derechos que otros: el derecho de los pueblos indígenas a su territorio tradicional y a sus recursos –que son esenciales para su subsistencia- es preferente e inalienable, de acuerdo a la legislación nacional e internacional. Ningún derecho al legítimo lucro se puede anteponer al derecho a la supervivencia de un pueblo.

En un documento del IIAP sobre la problemática de los bosques de producción permanente (BPP) y las concesiones forestales, elaborado en el 2009, se afirma.: “…existen hasta ahora serios problemas de superposición de los BPP y de concesiones con propuestas de nuevas áreas protegidas, con áreas prioritarias para la conservación del Plan Director de ANP, con zonas muy sensibles desde el punto de vista social (ej., posible presencia de indígenas en aislamiento voluntario) o ecológico (ej., cabeceras de cuenca, zonas de altas pendientes, bosques de varillal o pantanos), o con territorios de poblaciones amazónicas (indígenas y ribereñas).”Efectivamente, el mapa de BPP fue diseñado desde Lima sin una adecuada consulta, ni siquiera con las autoridades regionales y otros sectores involucrados (más allá de los madereros con influencias en el Ministerio de Agricultura).

Los BPP suman un total de 23.7 millones de hectáreas en cinco regiones de la Amazonía peruana, de las cuales un 32% fue entregado a 576 concesiones forestales (7.5 millones de ha, que representan el 32% del total). Gran parte de esas concesiones, especialmente en Loreto y Ucayali, no se encuentran operativas o han sido declaradas en abandono, por lo que sería relativamente fácil reordenar los bosques de producción permanente para evitar conflictos en el futuro.

Por eso la propuesta del IIAP es contundente: revisar y rediseñar los BPP con base en una ZEE y a una consulta previa con las comunidades afectadas, como establece la normatividad vigente y dicta el sentido común: “Con base en una Zonificación Ecológica Económica (ZEE) a nivel “meso” (se debe) realizar una verificación exhaustiva y detallada del mapa de los bosques de producción permanente (BPP), incluyendo las concesiones otorgadas, para el saneamiento de la superposición con áreas en conflicto con terceros (especialmente comunidades indígenas y no indígenas), con propuestas de áreas naturales protegidas y en cabeceras de cuenca, zonas de alta pendiente, bosques sobre arena blanca y otros…” También el documento recomienda, entre otras cosas, dar una atención preferente a las comunidades amazónicas en el tema forestal, lo que incluye la promoción del manejo forestal comunitario, el fortalecimiento de capacidades comunales, y el involucramiento de las comunidades en el control de la tala y caza ilegales.

La nueva ley forestal (Ley 29763), todavía no vigente (falta reglamentar, y debe pasar un proceso de consulta de acuerdo a la norma recientemente aprobada), con todos sus defectos, incorpora muchas mejoras con respecto a las leyes anteriores, especialmente en lo relativo al respeto a los derechos de las comunidades locales amazónicas, incluyendo el derecho a la consulta previa y el derecho exclusivo de las comunidades sobre sus tierras (Art. 29). Esperemos que, aprovechando los procesos de ZEE que están impulsando el Gobierno Regional y el IIAP, se revise el mapa de los bosques de producción permanente y se respeten los derechos de las comunidades locales, así como las áreas prioritarias para la conservación y los ecosistemas frágiles.

José Álvarez Alonso – Biólogo, Investigador del IIAP

Carta Abierta: Pedimos al parlamento de Canadá aprobar el proyecto de ley C-323

Parlamento de Canadá – Carta Abierta: Pedimos al parlamento de Canadá aprobar el proyecto de ley C-323

minería CanadáAmigos y Amigas, se está promoviendo el apoyo a una ley que permite que la justicia canadiense juzgue a las multinacionales por hechos cometidos fuera de su país. Este tipo de iniciativa puede ser interesante dentro de la campaña para judicializar a las trasnacionales.
En el vinculo abajo se encuentra la forma de apoyar esta campaña. Recomendamos hacerlo.

http://www.change.org/petitions/parlamento-de-canad-carta-abierta-pedimos-al-parlamento-de-canada-aprobar-el-proyecto-de-ley-c-323

Acá la carta que se firma:

 

Por qué es importante esta carta abierta?

Del dicho al hecho: Derechos humanos en el extranjero

Estimados amigos:

Siguen manifestándose inquietudes en torno a la conducta de algunas empresas canadienses en el extranjero.
Canadá tiene el deber de efectuar los cambios que permitan a nuestras instituciones y a nuestro sistema jurídico proteger de la impunidad no sólo a los canadienses, sino también a los ciudadanos que viven en el extranjero que son víctimas de violaciones de los derechos humanos, ambientales o laborales a cargo de personas o empresas canadienses. El Gobierno federal canadiense no lo está haciendo.

He vuelto a presentar el proyecto de ley C-323 (antes C-354) con la esperanza de que podamos seguir trabajando juntos y sensibilizar al gobierno conservador y ejercer presión sobre él para que tome las medidas decididas que propone el proyecto de ley C-323.

Hay empresas que llevan a cabo sus actividades de manera responsable desde el punto de vista social. En cambio, existen otras que no tienen ninguna consideración por los derechos humanos, ambientales o laborales. Actualmente estos derechos están sujetos a pocos mecanismos de aplicación precisos o eficaces. De ahí la urgencia de elaborar un mecanismo jurídico de ejecución obligatoria que resuelva las atroces violaciones de los derechos humanos internacionales que se están produciendo.

Lamentablemente, los sucesivos gobiernos federales han rechazado hasta las propuestas legislativas modestas para acabar con la impunidad de las empresas.
Creo que mi proyecto de ley C-323 (Ley de promoción y protección internacional de los derechos humanos) respondería a esta necesidad de las víctimas de violaciones de los derechos humanos en otros países cuando estas personas no dispongan de un foro para ello en el país donde se produjeron las violaciones.
Como tal vez sepan, el proyecto de ley C-323 ofrecería a las comunidades de otros países la posibilidad de emprender recursos legales en los tribunales canadienses en casos como las violaciones claras de los derechos humanos y ambientales internacionales como los siguientes: trato degradante, arresto arbitrario, secuestro, trastornos emocionales, genocidio, crímenes de guerra, ejecución extrajudicial, esclavitud, tortura y detención ilegal.

El proyecto de ley C-323 crearía una nueva base jurídica civil que permitiría a los tribunales federales ver y decidir casos de reclamación por violaciones del derecho internacional que se han producido fuera de Canadá. De manera concreta, la ley permitiría a un no ciudadano demandar a ciudadanos o empresas canadienses por violaciones graves de los derechos humanos, ambientales o laborales básicos cuando dichas violaciones se producen fuera de Canadá.
De acuerdo con nuestros objetivos comunes, confío en que prosigamos el buen trabajo que hemos realizado juntos en anteriores legislaturas. Juntos podemos lograr cambios positivos que permitan que Canadá siga progresando y sea un país puntero en el campo de los derechos humanos y de la sostenibilidad ambiental.

Peter Julian, Diputado
(Burnaby-New Westminster)

Encuentros con Gian Carlo Delgado en San Cristóbal de Las Casas

Otros Mundos A,C Convoca A:

encuentro¿Es la extracción minera de las más contaminantes que existen? ¿Por qué este aumento de proyectos de megaminería en América Latina? ¿Cuáles son las estructuras de poder detrás de este avance? ¿Es una Estrategia definida por Estados Unidos o Canadá? El Cambio Climático ¿es tan grave como dicen? ¿Cómo la vemos y vivimos?  ¿Cuánto tiempo nos queda? ¿Quienes son los culpables de la Crisis Climática? ¿Quienes paralizan las soluciones para el Planeta?

Te invitamos a reflexionar e informarnos sobre estas y otras cuestiones en los dos Encuentros siguientes, aprovechando la presencia del Dr. Gian Carlo Delgado.

Jueves 26 de Enero de 2012: Ecología Política de la Minería en América Latina. Abordaje sobre la minería como recurso estrategico para el Norte y sus implicaciones. Dr. Gian Carlo Delgado.
Lugar: Aula Magna de la Facultad de Derecho. Andador Eclesiástico, Interior Escuela de Derecho, zona centro.
Horario: De 18hrs a 20hrs.

Sábado 28 de Enero de 2012: Conversatorio sobre Cambio Climático. Una reflexión colectiva sobre este problema mundial, con la participación del Dr. Gian Carlo Delgado, Marco Von Borstel (Otros Mundos A.C) y representantes de organizaciones ambientalistas, sociales y comunidades.
Lugar: Aula Magna de la Facultad de Derecho. Andador Eclesiástico, Interior Escuela de Derecho, zona centro.
Horario: De 10 a 12 hrs.

TE ESPERAMOS

Otros Mundos A,C

Si quieres saber más sobre Dr. Gian Carlo Delgado:
Investigador del programa ‘El Mundo en el Siglo XXI’ del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (Ceiich) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Integrante del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional en Ciencia y Tecnología (CONACYT) de México.
Autor y compilador del Libro » Ecología Política de la Minería en América latina», Autor de los libros «Guerra por lo Invisible: negocio, implicaciones y riesgos sobre nanotecnología»,»Imperialismo Tecnológico y Desarrollo en AL», «Agua y Seguridad Nacional» y «La Amenaza Biológica» entre otros.