Categoría: Defensa de los derechos colectivos

Por Mayeli Sánchez Martínez, en e-Consulta.com

Escribió José Revueltas en el prólogo de Los muros de agua que «la realidad siempre resulta un poco más fantástica que la literatura», que esto sería siempre un problema para el escritor ya que la «realidad literalmente tomada no siempre es verosímil, o peor, casi nunca lo es». Llevo ya varias días meditando como contar esta historia, y es que por ahora se hace necesario tratar de precisar parte de esta realidad «terrible» de la que Revueltas habla, pero entre más la argumento más fantástica parece.

Mina Navarro describe en su investigación el sorprendente aumento exponencial de los conflictos socioambientales en México que surgen a partir de la explotación y mercantilización de lo que se conoce como «bienes comunes naturales», el despojo de los territorios Latinoamericanos -que comenzó hace más de 500- años continua con nuevas especificidades que es necesario puntualizar para dilucidar lo que como sociedad nos ocurre.

De los factores que intervienen para caracterizar el despojo en la época actual Navarro considera cuatro elementos entorno a los bienes comunes naturales empleados en la industria:

1) su creciente agotamiento (p. ej. la próxima llegada al umbral de explotación del petróleo)

2) cambios tecnológicos para su exploración y explotación enfocados en extraer la mayor cantidad de estos bienes con un alto costo para los ecosistemas y para los y las trabajadoras.

3) la transformación de los bienes naturales considerados renovables en bienes naturales potencialmente no renovables y cada vez más escasos (p. ej. el agua)

4) la conversión de los bienes naturales –tanto renovables como no renovables– en commodities, es decir la entrada de estos bienes en el mundo financiero sujetos a inversión y especulación lucrando incluso con «mercados futuros».

Estos aspectos generan una presión mayor sobre la obtención de los bienes naturales comunes y con ello nuevas formas de presión por parte del Estado y de las Corporaciones para hacerse de estos bienes. Y cito textualmente a Navarro:

1. Los proyectos de despojo se presentan como medios para el desarrollo, progreso y bien común. Sin embargo, este desarrollo no es igual para todos; al contrario, hay poblaciones y territorios que son sacrificados y que su vida es transformada radicalmente. Aquí, el Estado aparece como un árbitro neutral y autónomo de la lógica económica. En su aparente búsqueda por garantizar la igualdad de derechos de todos los ciudadanos, despliega una legalidad que en nombre de la igualdad jurídica favorece a los poderosos, consagrando el despojo y manteniendo la desigualdad de propiedad.

2. Si bien sabemos que las ganancias del desarrollo de unos cuantos son a costa del sacrificio de otros, para evitar la oposición de las comunidades “afectadas” se les promete  desarrollo local, crecimiento económico y prosperidad social. Sin embargo, esta narrativa desarrollista es también una apariencia, debido a que estos proyectos al funcionar con una lógica de enclave -es decir, sin una propuesta integradora de las actividades primario-exportadoras al resto de la economía y la sociedad-, no promueven los mercados internos, ni generan los empleos prometidos.

3. Todos aquellos que se oponen al interés general de las mayorías se presentan como intransigentes, instigadores del orden y opositores del progreso, con lo que se busca justificar el uso de la violencia para mantener el control social y no poner en riesgo las jugosas inversiones del capital.

4. Existe una guerra contra las formas comunitarias –que en la mayoría de los casos son indígenas y campesinas- consideradas como prescindibles, intrascendentes y en algunos casos inexistentes. La narrativa desarrollista se impone sobre un único modo de pensamiento y de vida, el resto de formas son pre-modernas o primitivas. Con ello se busca desconocer y disimular el vital aporte de las economías de sustento en la producción de alimentos, así como en la conservación de bienes comunes naturales, para el resto de la población.

¿Cómo se vive todo esto en los territorios que el capital disputa? Una de las formas que toma en la gente es la el de la indignación y la necesidad imperante de defender la vida, lo que lleva a la organización social para buscar resistir. En México esta organización ha logrado detener grandes proyectos, como es el caso de los Wixarika que han logrado frenar la explotación minera en un cerro sagrado en San Luis Potosí. Otro ejemplo es en Guerrero, en el que el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la presa La Parota (Cecop) ha logrado frenar este megaproyecto de la Comisión Federal de Electricidad.

Sin embargo la respuesta a estas resistencias ha sido brutal, según el informe «Grandes proyectos de desarrollo y las/los defensores de derechos humanos» presentado por Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA)y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) en junio de 2013 se ha visto una escala en agresiones y amenazas contra defensores de derechos humanos en general pero especialmente «Entre enero de 2009 y diciembre de 2012, al menos 51 agresiones en contra de defensores y defensoras del ambiente han sido documentadas; en 23 de estos casos las y los defensores fueron asesinados, y 2 más permanecen desaparecidos. Los abusos en contra de las personas defensoras de derechos humanos se dan en un contexto de criminalización y estigmatización por parte de autoridades de alto nivel, y son cometidas en muchas ocasiones con la anuencia del Estado.”

Desafortunadamente a estas cifras se sumarán la reciente detención arbitraria en Guerrero de Marco Antonio Suástegui Muñoz vocero del CECOP por 15 averiguaciones previas por diversos delitos derivados de su lucha de oposición a la construcción de la presa de La Parota y en contra de la extracción de grava y arena que distintas empresas realizan en el río Papagayo. Y en Puebla las recientes detenciones de Enedina Rosas, Juan Carlos Flores y Abraham Cordero, quienes enfrentan cargos derivados de su participación en contra del Proyecto Integral Morelos (PIM).

El sábado 18 junio tuve la oportunidad de visitar Juan Carlos Flores, preso en el penal de Cholua. Al proceso ya de por si difícil de entrar a una cárcel, con el trato que le dan una en el que se ve obligada a mostrar incluso los «calzones» a discreción de lo que considere la funcionaria pública que te revise, se suma la indignación de saber que se visita a un preso político. Aunque pertenecemos a la misma generación, el trabajo de Juan Carlos y el que yo desarrollo nunca logró afinidad en la práctica, sin embargo reconozco que en la lucha por su liberación nos jugamos el derecho que todas las personas debemos tener para expresarnos y defender la vida.

Fui arrogante al pensar que al entrevistarlo podría escribir sobre las reflexiones que hace sobre su propio proceso en el movimiento, con el reconocimiento de errores y la reivindicación de la defensa en contra del PIM, lo intenté pero al iniciar desde el momento en el que el llega a la cárcel y los reos rezaban y el guardia le indica «sí, los que están aquí deben rezar, porque si no estuvieran aquí estarían muertos» me corta las palabras y llena mis ojos de lágrimas por la impotencia de la injusticia y sabernos presos a todos en un Estado cárcel que nos llena de miedo.

En este punto viene a mi memoria un texto de Zibechi:

«Cuando los pueblos se lanzan a la lucha no calculan las relaciones de fuerzas en el mundo. Simplemente pelean. Si antes de hacerlo se dedicaran a examinar las posibilidades que tienen de vencer, no existirían ni los movimientos antisistémicos ni la multitud de levantamientos, insurrecciones y resistencias que están atravesando el mundo y nuestra región…La gente común aplica en su vida cotidiana…una racionalidad otra, hilvanada de indignaciones, sufrimientos y gozos, que los lleva a actuar bajos su sentido común de dignidad y ayuda mutua. Los cálculos racionales, eso que cierta izquierda ha dado en llamar <<correlación de fuerzas>>, no forma parte de las culturas de abajo. Pero tampoco se pone en acción de forma mecánica, espontánea…sino en consulta con otros y otras que comparten los mismos territorios en resistencia. Ahí sí, evalúan y analizan, teniendo en cuenta si ha llegado el momento de lanzar nuevos desafíos. Lo que suele ocupar el centro de sus análisis es si están capacitados para afrontar las consecuencias del desafío, que siempre se miden en muertos, heridos y cárcel. En suma los de abajo se lanzan a la acción luego de evaluar cuidadosamente la fortaleza interior, la situación de sus propias fuerzas y no tanto las relaciones entre los arribas y los abajos que, salvo excepciones, siempre son desfavorables.»

En un país como el nuestro, donde el Estado de Derecho no prevalece, resulta preocupante el poder que será otorgado a través de la Ley Telecom, a las autoridades que frecuentemente violan derechos humanos. Prueba de ello es el pasado 1 de julio, cuando el Ejército asesinó a 22 personas llamándolas criminales, rechazando directamente su presunción de inocencia.

Por: Miguel Guevara y Lucía Vergara. En Animal Político

El gobernador Javier Lozano cuelga el teléfono; acaba de hablar con su amigo, el jefe de los servicios de inteligencia mexicana. Lozano le pidió un favor: enviarle un archivo electrónico con toda la información que se tenga de Natalia Zuvire, conocida activista de la capital poblana por su oposición a una mina a cielo abierto en Tetela de Ocampo y por sus exigencias sobre transparencia en el gasto público. Natalia se ha convertido en una piedra en el zapato para el ex senador Lozano, que gustaría de gobernar sin grillos que hagan “ruido” por todo.

Dos horas después, en el correo del gobernador, hay un archivo de varios gigabytes. Contiene los lugares que ha visitado Natalia desde julio del 2014, fecha en la que el entonces presidente Enrique Peña Nieto promulgó la Ley Federal de Telecomunicaciones. El archivo, además, contiene los registros de todas las llamadas que ha hecho la activista desde entonces, la duración de las llamadas, los nombres de aquellos con quienes se comunicó, las páginas de internet que ha visitado, la información de los correos electrónicos que ha mandado, los registros de sus chats de WhatsApp y todas las marcas digitales que ella ha dejado.

El correo contiene un link con un nombre de usuario y contraseña al sistema que le permitirá al gobernador seguir en tiempo real la ubicación de Natalia, saber con quién habla. La información le servirá al mandatario para amedrentar a la activista para que le baje. En caso contrario, el Ejecutivo le ha comentado a sus asesores que escalará la intimidación “hasta las últimas consecuencias.”

Esto es lo que podría pasar en México, en unos años, si el Congreso aprueba la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. El proyecto, en su artículo 190, otorga a las agencias de seguridad del Estado mexicano (Procuradurías, CISEN, Ejército, Marina, PF, Segob) la capacidad de recolectar todos los datos que nuestras comunicaciones y actividad en línea generen sin control judicial. Es decir, el ejército podrá exigirle a nuestro proveedor de acceso a internet el registro de nuestras comunicaciones. Además, se tendrá una plataforma que monitoree en tiempo real cada paso que damos, dónde estamos, con quién nos reunimos y cualquier huella digital que generemos.

En un país como el nuestro, donde el Estado de Derecho no prevalece, resulta preocupante el poder que será otorgado a las autoridades quienes frecuentemente violan derechos humanos. Prueba de ello es el pasado 1 de julio, cuando el Ejército asesinó a 22 personas llamándolas criminales, rechazando directamente su presunción de inocencia.

El proyecto de ley es un cheque en blanco para la vigilancia masiva. No existe en la propuesta un cuerpo independiente y ciudadano que supervise la recolección de datos. Los ciudadanos tampoco sabrán al finalizar la investigación quién los investigó, por cuánto tiempo o qué datos fueron recolectados. Mucho menos se nos otorga la garantía de apelar la investigación judicial. En suma, no hay elementos para garantizar el debido proceso. Ésta, es la receta para establecer un Estado vigilante basado en el abuso, que facilite la represión de la protesta social y el camino a una nueva forma de dictadura articulada desde internet.

Si parece lejano este escenario, no es así, ya empezó. Mientras se discutía en el Senado el proyecto de ley, activistas fueron expulsados a golpes y con violencia de la discusión. Parece que al Senador Lozano (quien pidió que fueran expulsados), le incomoda desde hoy la presencia de voces disidentes.

En ARTICLE 19 se han señalado puntualmente las áreas de preocupación del proyecto. Creemos necesaria una profunda revisión y un verdadero debate público y abierto sobre estos puntos basándose en la máxima garantía de los derechos humanos. El proceso democrático de nuestro país está en riesgo, nos toca a todos hacernos escuchar.