Informe: Desmitificando la Financiación del Desarrollo

Les compartimos este informe publicado y coordinado por la Coalición para los Derechos Humanos en el Desarrollo sobre el impacto y poder de los Bancos Mundial de Desarrollo sobre la vida, los pueblos y las y los defensores de derechos humanos; donde Otros Mundos participa con un capítulo de análisis – A 5 de septiembre del 2023

DESMITIFICANDO LA FINANCIACIÓN DEL DESARROLLO

CÓMO AFECTAN LOS BANCOS PÚBLICOS DE DESARROLLO A LOS PUEBLOS Y AL PLANETA

Coalición para los Derechos Humanos en el Desarrollo, septiembre de 2023
Este informe ha sido redactado colectivamente por miembros y socios de la Coalición para los Derechos Humanos en el Desarrollo.
Este documento está publicado bajo una licencia Creative Commons (CC-BY-SA). El texto puede utilizarse gratuitamente para fines de incidencia, campañas, educación e investigación, siempre que se cite íntegramente la fuente. Este informe está concebido como un documento vivo: todo o parte del material puede ser duplicado, modificado, traducido o adaptado para apoyar su labor de incidencia colectiva, pero rogamos que se mencione debidamente, que no se utilice el material con fines comerciales y que se nos mantenga informados de cómo piensan modificar y utilizar este informe.

Para más información: rightsindevelopment.org/PDBs contact@rightsindevelopment.org

RESUMEN

Los Bancos Públicos de Desarrollo (BPD) constituyen uno de los actores más poderosos de la economía mundial. Los fondos que movilizan y sus prioridades políticas pueden influir –directa o indirectamente— en nuestras vidas y en el bienestar del planeta. Los BPD financian proyectos, proporcionan apoyo presupuestario general y préstamos a gobiernos y empresas, promueven reformas políticas, establecen normas mundiales y sirven como herramientas geopolíticas para los gobiernos que los poseen. Su considerable influencia les permite actuar como gobiernos en la sombra dentro de la arquitectura financiera mundial, y dentro de los países y regiones del Sur Global.

Desde la fundación del Banco Mundial en 1944, el número de estas instituciones y el papel que desempeñan han crecido exponencialmente. En los últimos años, especialmente tras el azote de la pandemia de Covid-19, los BPD han abogado por un papel aún mayor y más fondos para responder a la crisis climática y prevenir futuras pandemias.

Pero, ¿se corresponde su narrativa con la realidad sobre el terreno? ¿Abordan realmente los BPD las causas profundas de la actual policrisis mundial, promueven el desarrollo sostenible y luchan contra la pobreza, la desigualdad y el cambio climático?

Este análisis colectivo analiza algunos de los desafíos clave del actual enfoque de desarrollo impulsado por los BPD en sus proyectos, políticas y prácticas. A través de estudios de caso y una visión general de las principales tendencias en la financiación pública del desarrollo, muestra cómo –con demasiada frecuencia— los BPD acaban exacerbando la policrisis en lugar de abordar sus causas profundas. Algunos efectos de las inversiones de los BPD, como las repercusiones sociales y medioambientales de sus megaproyectos, son más visibles. Otros, como la privatización de los servicios sociales o la creciente deuda de los países del Sur Global, pueden permanecer más ocultos. En cualquier caso, el análisis de estos impactos muestra cómo los BPD socavan las vías y prioridades de desarrollo de los pueblos, comunidades y países del Sur Global, reforzando los desequilibrios de poder y un enfoque de arriba hacia abajo del desarrollo.

Como se explica en la sección de metodología, este documento se ha elaborado en colaboración y consulta con organizaciones y activistas que trabajan en todo el mundo sobre diversos temas, desde los derechos humanos, hasta la deuda y el cambio climático. No se trata de un análisis a profundidad, sino más bien de una visión general sobre los BPD, las tendencias clave en sus inversiones y prioridades, y algunos de los impactos más críticos que causan o a los que contribuyen.

ACERCA DE ESTE INFORME

A pesar del papel crucial que desempeñan y de la importancia de sus repercusiones, pocas personas saben qué son los bancos de desarrollo. Este análisis, elaborado de forma colectiva, pretende crear una base común de evidencia y conocimientos para comunidades, movimientos, personas defensoras de los derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil (OSC) y otros aliados sobre qué son los Bancos Públicos de Desarrollo (BPD) y cuál es su impacto en el mundo. En el proceso de construcción de una narrativa de la sociedad civil sobre los efectos y acciones de los BPD, el documento también desafía la narrativa sobre lo que éstos dicen ser.

El informe comienza con una breve descripción de lo que son los BPD, su historia, por qué son importantes, sus motivos subyacentes y las tendencias de sus inversiones. A continuación, analiza sus salvaguardias medioambientales y sociales y su marco de rendición de cuentas, incluidos sus puntos fuertes y sus limitaciones. Por último, profundiza en los impactos visibles y ocultos de las actividades apoyadas por los BPD.

La mayoría de los ejemplos de este informe viene de los grandes bancos multilaterales de desarrollo, como el Banco Mundial, y de bancos multilaterales regionales, como el Banco Asiático de Desarrollo (BAsD). También prestamos atención a los bancos multilaterales de desarrollo nacionales, sobre todo de China y Europa, que conceden préstamos internacionales, incluidas las agencias nacionales de crédito a la exportación. Sin embargo, prestamos muy poca atención a las repercusiones de los BPD nacionales que prestan a nivel nacional en sus propios países, ya que los colaboradores de este informe tienen más experiencia en inversiones internacionales. Tampoco se analizan los efectos diferenciados de los bancos de desarrollo en las distintas regiones y países.

Cualquier generalización que se haga en el informe debe leerse con la advertencia de que los BPD son increíblemente diversos en cuanto a sus estructuras y actividades. Dado que se trata de un documento vivo, agradecemos las sugerencias y críticas de nuestros lectores y lectoras para desarrollar futuros análisis sobre estas tendencias y repercusiones específicas, incluso a escala nacional y regional.

FMO retira financiamiento a banco FICOHSA. FICOHSA es responsable de hechos de violencia que llevaron al crimen contra Berta Cáceres.

Comunicado del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras COPINH – A 21 de mayo del 2021

FICOHSA es responsable de hechos de violencia que llevaron al crimen contra Berta Cáceres.

El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras COPINH se pronuncia acerca de la noticia del NO otorgamiento de un nuevo préstamo del banco holandés FMO al banco FICOHSA de Honduras por las reclamaciones acerca de su involucramiento en actos de corrupción así como graves violaciones de Derechos Humanos.

  1. Saludamos la decisión del banco FMO de no otorgar el préstamo de 60 millones de dólares al banco FICOHSA Honduras del señor Camilo Atala. El camino correcto es el de escuchar las voces de las comunidades y organizaciones que hemos sufrido del coloniaje, el empobrecimiento, la corrupción y la desigualdad en Honduras a manos de las élites económicas.
  2. Comunicamos que los chats e intervenciones de las comunicaciones evacuadas en el juicio contra David Castillo por el asesinato de Berta Cáceres, comprueban la existencia de financiamiento e involucramiento del Banco FICOHSA al proyecto Agua Zarca y su responsabilidad con los hechos de violencia que llevaron al asesinato de Berta Cáceres. A pesar de su reiterada negación por parte de FICOHSA.
  3. Exigimos el esclarecimiento de las responsabilidades de los bancos FICOHSA, Banco Centroamericano de Integración Económica BCIE y banco FMO en los hechos de violencia sufridos por la comunidad indígena Lenca de Río Blanco y el asesinato de Berta Cáceres.
  4. Exigimos a los bancos inversores en estos proyectos a que presten atención al llamamiento de comunidades afectadas y detengan inmediatamente las inversiones que afectan los derechos al agua y al territorio, antes de que más personas sean asesinadas, criminalizadas y desplazadas por reivindicar sus legítimos derechos.
  5. Reconocemos el trabajo de comunidades afectadas y organizaciones para detener la inversión de los bancos de desarrollo en otros proyectos ilegales e ilegítimos en el país, como el proyecto Jilamito en Atlántida.
  6. Exhortamos a la sociedad nacional e internacional a combatir el funcionamiento del sistema financiero internacional responsable del empobrecimiento, corrupción y violación de los derechos de las comunidades y pueblo hondureño.

Dado a los 21 días del mes de mayo de 2021 en la ciudad de Tegucigalpa.

“Con la fuerza ancestral de Berta, Lempira, Mota, Iselaca y Etempica, se levantan nuestras voces llenas de vida, justicia, libertad, dignidad y paz”

Imagen: COPINH

Más información:

[PDF] La “integración de la biodiversidad” en las industrias extractivas: escondiendo la devastación y el acaparamiento de tierras

Les compartimos esta compilación de artículos del boletín del Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales (WRM) con motivo de la catorceava reunión de la Conferencia de las Partes del Convenio de Diversidad Biológica (CDB) que se realiza del 17 al 29 de noviembre en Sharm El-Sheikh, Egipto

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Introducción: Compensaciones de la biodiversidad: legalizando la destrucción

Propuestas para “integrar la biodiversidad en los sectores de energía y minería, infraestructura, manufactura y procesamiento” estarán en la agenda de la conferencia del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), de la ONU, que se realizará en noviembre de 2018. Esta compilación de artículos del WRM destaca los numerosos peligros y amenazas que las propuestas de compensación de la biodiversidad representan para las poblaciones que dependen de los bosques así como para la propia biodiversidad, los bosques y el clima.

En noviembre de 2018, las Partes del Convenio de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica (CDB) celebrarán su 14º reunión para discutir, entre otros puntos, propuestas para la “integración de la biodiversidad en los sectores de energía y minería, infraestructura, manufactura y procesamiento”.

El enfoque de la reunión no es una sorpresa. La realidad es que estos sectores de la industria son responsables de la destrucción a gran escala de la diversidad biológica; y las autoridades políticas, las ONG conservacionistas, las organizaciones multilaterales y financiadoras y las propias industrias están a la búsqueda de herramientas que oculten esta devastación. Numerosos anuncios, campañas de relaciones públicas e iniciativas de estos actores han comenzado a referirse a la biodiversidad (y a la naturaleza en general) como un ‘capital natural’.

También se refieren a las funciones y ciclos vitales y diversos de la naturaleza – tales como los espacios de vida de una red diversa de plantas y animales, el ciclo de nutrientes, la filtración del agua y el aire y la fertilidad del suelo-, como ‘servicios ecosistémicos’.

Siguiendo esta tendencia, según la Secretaria Ejecutiva del CDB, el actual modelo económico y de desarrollo mundial debe “tener en cuenta el capital natural y los servicios ecosistémicos que brinda la biodiversidad”. (1)

No se trata de palabras elegidas al azar. Como el WRM ha señalado en numerosas ocasiones, reducir las funciones y los ciclos interconectados de la naturaleza a conceptos afines al mercado sienta las bases para el uso de una pieza clave en la expansión del modelo económico destructivo: las compensaciones. Ya sea para la biodiversidad, el carbono u otro similar, los sistemas de compensación se han convertido en la luz verde para destructivas actividades industriales que enfrentan cada vez más oposición popular y obstáculos legales.

En el caso de las compensaciones por pérdida de biodiversidad, el requisito para permitir que se realicen actividades destructivas en lugares donde la regulación ambiental no lo permitiría es que la biodiversidad destruida en el sitio de interés para la empresa sea recreada o reemplazada en otro lugar. Se supone que la biodiversidad perdida tendría que ser ‘equivalente’ a la zona supuestamente protegida o (re)creada. Sin embargo, además del hecho de que no hay dos lugares realmente equivalentes, la ‘equivalencia’ fabricada en realidad silencia importantes contradicciones y cuestiones de poder, derechos territoriales, desigualdades y violencia (ver los artículos de esta compilación).

El CDB y el Banco Mundial: abriendo el camino para establecer la pérdida de biodiversidad Si bien el término ‘compensación por pérdida de biodiversidad’ no aparece en el documento borrador de las decisiones de la conferencia del CDB sobre la integración de la biodiversidad, el mecanismo se deja ver claramente en las propuestas para incorporar la biodiversidad después de 2020 en el ‘enfoque estratégico a largo plazo’ del CDB. (2)

Instituciones de las Naciones Unidas, tales como su Programa para el Medio Ambiente (PNUMA), han estado trabajando con las industrias de la minería y la energía para influir en la agenda de la conferencia del CDB de noviembre. El Centro de Seguimiento de la Conservaci.n Mundial del PNUMA, por ejemplo, organizó en octubre de 2017 una reunión en Londres cuyo anfitrión fue IPIECA, la asociación de la industria del petróleo y el gas, con el objetivo de brindar “una oportunidad para que la industria, las asociaciones comerciales, los inversores, los gobiernos y otros expertos hagan aportes importantes al proceso que conduce a la Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica de 2018”. (3)

Un documento preparatorio de la Secretar.a del CDB, publicado en mayo de 2018, señala que “un gran número de países dependientes de la minería y ricos en diversidad biológica ya están aplicando políticas de compensación. Australia, por ejemplo, tiene políticas de ámbito tanto nacional como subnacional, así como herramientas de orientación y medición. Otros países tienen legislación o políticas que contribuyen a facilitar la compensación voluntaria.” (4)

Además, una nota de la Secretaría Ejecutiva del CDB de octubre de 2017, destaca el papel central de los bancos multilaterales, como el Banco Mundial, en el establecimiento de normas y salvaguardas, como un modelo a seguir. (5)

Como era de esperar, la Corporación Financiera Internacional (CFI), el brazo del sector privado del Banco Mundial, en 2012 cambió su Norma de desempeño 6. Cualquier empresa que desee acceder a un préstamo de la CFI para un proyecto que destruirá lo que la CFI considera ‘un hábitat crítico’, debe presentar un plan que establezca que la biodiversidad destruida se compensará en otro lugar. En consecuencia, los gobiernos, principalmente del Sur Global, están suavizando cada vez más sus leyes ambientales con la inclusión de disposiciones para compensar la pérdida de biodiversidad, siguiendo así las ‘normas’ establecidas por las instituciones financieras y sus aliados empresariales. Liberia y Mozambique, por ejemplo. El Banco Mundial ha estado financiando iniciativas en materia de políticas de biodiversidad en ambos países. En Liberia, consultores del Banco Mundial incluso elaboraron una hoja de ruta nacional de compensación por la pérdida de biodiversidad. En esta propuesta del Banco Mundial, tanto la minería como otros proyectos extractivos pueden ser autorizados en áreas protegidas o de alta biodiversidad con la única condición de que se pague una tarifa de compensación por pérdida de la biodiversidad, que luego será utilizada para mantener y administrar (otros) parques nacionales y áreas protegidas (ver más información sobre el caso de Liberia en los artículos de esta compilación).

Según una organización que apoya la hoja de ruta de compensación por la pérdida de biodiversidad en Mozambique, “lejos de ser una carga para las empresas privadas, esta nueva reglamentación puede acelerar el proceso de aprobación de nuevos proyectos al aclarar los procedimientos, abriendo un camino para que las empresas puedan cumplir con las normas nacionales e internacionales, a las que deben cada vez m.s rendirles cuentas”. (6)

Es así que las empresas no solo pueden tener un acceso más rápido a las concesiones sino que además, las normas que alegan cumplir, de hecho han sido convertidas en mecanismos de mercado que permiten la destrucción, siempre y cuando exista la promesa de compensarla en algún otro lugar.

El Proyecto COMBO es otro claro ejemplo de cómo las normas del Banco Mundial influyen en las políticas a nivel mundial. Este proyecto, llevado a cabo por tres ONG conservacionistas internacionales, tiene como objetivo trabajar con los gobiernos, los promotores empresariales y la industria para expandir y mejorar la aplicación de las compensaciones por pérdida de biodiversidad en Guinea, Madagascar, Mozambique y Uganda. (7)

Es de suma urgencia detener las causas subyacentes de la pérdida y la degradación de la biodiversidad y los bosques. Sin embargo, el CDB y sus aliados, que buscan formas para que las empresas puedan continuar destruyendo la biodiversidad – o, en sus palabras, para incorporar la biodiversidad dentro de estos sectores -, están dirigiendo la política, los fondos y las discusiones hacia un camino peligroso. La idea de la compensación es fundamentalmente errónea. Al prometer compensar la destrucción de la biodiversidad causada por las empresas, ¡no hace nada por detener en primer lugar la destrucción causada!

Notas:

(1)Entrevista con la Secretaria Ejecutiva del CBD, Dra. Cristiana Paşca Palmer, septiembre de 2018, https://www.unenvironment.org/news-and-stories/story/more-needs-be-done-protect-biodiversity

(2) Ver, por ejemplo, CBD (2018): Integración de la diversidad biológica en el sector de la energía y la minería. 26 de mayo de 2018. https://www.cbd.int/doc/c/ff32/3675/2255ec92d46e9588f9576803/sbi-02-04-add3-es.pdf
http://www.ipieca.org/media/3671/unep-wcmc-cbd-mainstreaming-workshop-12oct-invite-v10.pdf

(3) Ver, por ejemplo, CBD (2018): Integración de la diversidad biológica en el sector de la energía y la minería. Párrafo 34. https://www.cbd.int/doc/c/ff32/3675/2255ec92d46e9588f9576803/sbi-02-04-add3-es.pdf

(4) Nota de la Secretaria Ejecutiva, CBD, 12 de octubre de 2017:”Las normas y salvaguardas, tales como las establecidas por bancos de desarrollo multilaterales y las directrices para el sector industrial han establecido una norma de alcance mundial, y es probable que otros bancos de desarrollo multilaterales, as. como otras instituciones, hagan lo mismo”. https://www.cbd.int/doc/c/1b26/9aa3/9394b879144a3b38e701ae44/sbstta-21-05-es.pdf

(5) PROFOR, In Mozambique, government, conservationists and private sector come together to protect biodiversity, enero de 2018, https://www.profor.info/content/mozambique-government-conservationistsand-private-sector-come-together-protect-biodiversity

(6) The COMBO Project: Conservation, impact mitigation and biodiversity offsets in Africa, http://comboafrica.org/ El proyecto COMBO dice usar la ‘jerarquía de mitigación’, una herramienta que abarca una secuencia de cuatro acciones claves: ‘evitar’, ‘minimizar’, ‘restaurar’ y ‘compensar’. Si bien se supone que las compensaciones serían el último recurso para las empresas, terminan siendo la única opción cuando, por ejemplo, un proyecto minero necesita talar un bosque para poder funcionar.

Carta al gobierno de California contra el Estándar de Bosque Tropical (EBT)

Carta firmada por organizaciones de la sociedad civil – A 29 de octubre 2018

Mary Nichols

Presidenta de la Junta de Recursos del Aire de California

1001 I Street

Sacramento, CA 95814

Las organizaciones abajo firmantes instamos a la Junta de Recursos del Aire de California a que se rehúse a poner en consideración el Estándar de Bosque Tropical (EBT), que sentaría las bases para que el sistema de comercio de carbono de California acepte el uso de créditos de compensación de emisiones de carbono por Reducción de Emisiones de la Deforestación y la Degradación de Bosques (REDD).

La preservación de los bosques tropicales es esencial para conservar la biodiversidad, proporcionar hogares, recursos culturales y medios de sustento a millones de personas y proteger el clima mundial. Pero el EBT propuesto por la Junta de Recursos del Aire de California es completamente desacertado, socavaría la integridad de las políticas climáticas de California y provocaría o perpetuaría violaciones de derechos humanos.

La compensación de emisiones de carbono perpetúa la contaminación

Abrirle las compuertas a la compensación de emisiones de carbono de los bosques tropicales alienta a los contaminadores a evitar reducir sus propias emisiones. En el mejor de los casos, la compensación genera una reducción de emisiones equivalente a cero. En el marco del sistema de comercio de carbono de California, daría lugar en realidad a un aumento de las emisiones industriales mucho mayor que el que permitiría la AB32, la histórica ley de California sobre el cambio climático.

Esto implicaría impactos significativos para la salud de las comunidades más expuestas de California –la mayoría de las cuales son de personas de color— que viven cerca de grandes emisores de gases de efecto invernadero (GEI). Cuando a las refinerías y a otras instalaciones se les permite continuar emitiendo gases de efecto invernadero, también emiten co-contaminantes nocivos tales como partículas en suspensión, óxido de nitrógeno y otros agentes cancerígenos. Por eso la compensación de emisiones perpetúa los focos neurálgicos de contaminación y el racismo ambiental, lo cual debería ser motivo de gran preocupación para la Junta de Recursos del Aire en cuanto ente regulador de la contaminación del aire.

La compensación de emisiones de carbono de los bosques tropicales implica riesgos para los Pueblos Indígenas y los derechos humanos

El Estándar de Bosque Tropical se creó como paso preliminar previo a permitir el uso de créditos de compensación de emisiones de carbono de REDD en el sistema de comercio de carbono de California. Los proyectos REDD tienen un historial conocido de contribuir a actividades ilegales, violencia, toma de decisiones forzada, acaparamientos de tierras y otras violaciones de los derechos humanos de muchos grupos indígenas y pueblos que dependen de los bosques en todo el mundo. En particular, estos impactos negativos suelen asociarse con jurisdicciones con sistemas de gobernanza débil, leyes de tenencia de la tierra poco claras e inestabilidad política, que son rasgos comunes a muchas de las jurisdicciones potencialmente socias de California en Brasil, Nigeria e Indonesia, entre otros lugares.

Aunque el EBT intenta resolver estas inquietudes, los proyectos REDD en el fondo generan divisiones entre los Pueblos Indígenas, en un contexto de intimidación, coacción y poderío económico enormemente desproporcionado ejercido por los gobiernos y las grandes empresas. Es prácticamente imposible que la Junta de Recursos del Aire monitoree los programas internacionales de compensación de emisiones de los bosques en jurisdicciones extranjeras para evitar que ocurran este tipo de  abusos y garantizar que se cumpla con las normas de derechos humanos del ETB.

Los proyectos de conservación de bosques tropicales no son aptos para el sistema de créditos de compensación de emisiones

Todos los sistemas de compensación de emisiones son muy problemáticos en general, pero hay varios problemas importantes que son particulares a los proyectos REDD que los hacen bastante inadecuados para compensar las emisiones industriales. Muchos de estos problemas se describen en la evaluación de impacto ambiental del EBT aunque no se los encara debidamente, como es el caso de los problemas de permanencia y no adicionalidad, entre otros. Dicho simplemente, la compensación de emisiones de carbono de los bosques tropicales permite determinado grado de daño permanente (la emisión de más gases de efecto invernadero provenientes de fuentes industriales) a cambio de una retención esperada de carbono incierta y transitoria.

Dado que se trata de problemas muy intrincados, ninguna jurisdicción del mundo acepta créditos REDD en su mercado de cumplimiento. Aceptar los créditos de compensación de emisiones de carbono de REDD no solo socavaría la integridad de la política climática de California, sino que violaría el requisito de la AB32 de que todas las reducciones de emisiones sean “reales, adicionales, cuantificables, permanentes, verificables y aplicables”.

Por las razones antedichas instamos con vehemencia a la Junta de Recursos del Aire a que se rehúse a poner en consideración el EBT y rechace cualquier intento de aceptar créditos REDD en el sistema de comercio de carbono de California.

Atentamente,

FIRMAMOS:

Acción Ecológica, Ecuador
AfrosRD, Dominican Republic
All India Forum of Forest Movements, India
Amigos de la Tierra, Spain
Amigos de la Tierra Argentina
ARA, Germany
Asia Pacific Forum on Women, Law and Development, Thailand
Associação 11 de Junho, Brazil
Association Nigérienne des Scouts de l’Environnement (ANSEN), Niger
Biofuelwatch, International
California Communities Against Toxics, United States
Censat Agua Viva- Amigos de la Tierra Colombia
Center for Environment/Friends of the Earth Bosnia and Herzegovina
Center for Sustainable Economy , United States
CESTA, Amigos de la Tierra El Salvador
Colectivo Sumaj Kawsay- Equipo de Investigación Ecología Política del Sur, Argentina
Companhia de Jesus, Brazil
Escuela de Agroecología
U Yits Ka’an, Mexico
Friends of the Earth Canada
Friends of the Earth England, Wales and Northern Ireland, United Kingdom
Friends of the Earth Finland
Friends of the Earth Ghana
Friends of the Earth International
Friends of the Earth Spain
Friends of the Earth U.S.
Global Forest Coalition, International
Green Delaware, United States
GroundWork, South Africa
Heinrich Boell Stiftung North America
Indian Social Action Forum – INSAF, India
Institute for Agriculture and Trade Policy, United States
Justiça Ambiental/Friends of the Earth Mozambique
Les Amis de la Terre – Togo
Local Clean Energy Alliance, United States
Milieudefensie- Friends of the Earth Netherlands
New York Climate Action Group, United States
NGO Forum on ADB, Philippines
No REDD in Africa Network (NRAN), Africa-wide
NOAH/Friends of the Earth Denmark
Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra Mexico
Passionist Center for Justice Peace and Integrity of Creation (PC-JPIC), Philippines
Pastoral de la Tierra del Vicariato Apostólico de Yurimaguas, Perú
Rainforest Action Network, United States
Rainforest Resource and Development Centre (RRDC), Nigeria
Re:Common, Italy
Seventh Generation Fund for Indigenous Peoples, United States
Social Development Integrated Centre (Social Action), Nigeria
Texas Drought Project, United States
The Corner House, United Kingdom
Third World Network, Malaysia
TierrActiva, Peru
WRM – World Rainforest Movement, Uruguay
Youths and Environmental Advocacy Centre (YEAC), Nigeria
cc:
Diane Takvorian
Dean Florez
Hector de la Torre
John Gioia
Dr. John Balmes
Dr. Alex Sherriffs
Assembly Member Eduardo Garcia
Katie Valenzuela Garcia
Senator Ricardo Lara
Mike Peterson
Phil Serna
Lisa Nava
Judy Mitchell
Sandra Berg
Daniel Sperling
Barbara Riordan
Ron Roberts
John Eisenhut
Richard Corey
Veronica Eady
Jason Gray
Catalina Hayes-Bautista
Saul Gomez
Alice Reynolds
Senate President Pro Tempore, Toni Atkins
Kip Lipper
Assembly Speaker, Anthony Rendon
Marie Liu
Carrie Cornwell
Assembly Member Eduardo Garcia
Assembly Member Autumn Burke
Assembly Member Jim Frazier
Senator Henry I. Stern
Senator Ben Hueso
Senator Nancy Skinner
CalEPA Secretary, Matthew Rodriquez
CalEPA EJ Officer, Yana Garcia
Attorney General’s Office EJ team, Arsenio Mataka

Sobre el mismo tema:

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REDD: una colección de conflictos, contradicciones y mentiras

[PDF] Declaración De Territorios Libres: Recopilación De Ideas Y Experiencias

Publicación de Amigos de la Tierra Internacional (ATI) – Febrero 2018

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Texto elaborado por Isaac Rojas, co-coordinador Programa Bosques y Biodiversidad Amigos de la Tierra Internacional con comentarios de Claudia Ramos y Gustavo Castro (Otros Mundos – Amigos de la Tierra México); Jeff Conant (Amigos de la Tierra Estados Unidos), Nele Marien (co-coordinadora Programa Bosques y Biodiversidad Amigos de la Tierra Internacional), Peter Kodde (Milieudefensie – Amigos de la Tierra Holanda) y Héctor de Prado (Amigos de la Tierra España).

Diseño: Nicolás Medina

Introducción

En el Programa de Bosques y Biodiversidad de ATI, hemos venido reflexionando acerca de las múltiples formas para detener y expulsar los proyectos y políticas de financiarización de la naturaleza (FN) en nuestros territorios. Nuestro proceso de reflexión producto de la reunión de Uganda [1] nos llevó a la necesidad de ir juntando y acercando las estrategias compartidas que junto con comunidades y Pueblos Indígenas, en ese momento, se habían llevado a cabo: algunas tenían que ver más con trabajo nacional y sus implicaciones en labores de cabildeo y lobby con autoridades locales, otras tantas del trabajo en el territorio local, además de surgir importantes reflexiones en la parte del trabajo internacional.

Compartimos acerca del reto de explicar estas temáticas de forma más sencilla, sin perder los puntos críticos que nos hacen rechazar estos proyectos y visibilizar las soluciones reales que desde los pueblos y comunidades ya se están poniendo en marcha. Una de las ideas surgidas fue, ¿por qué no declarar nuestros territorios libres de REDD? Conocemos experiencias de diversos grupos de ATI que han hecho lo mismo en por ejemplo, luchas contra la minería y los transgénicos.

Con el paso del tiempo y conforme hemos ido trabajando otros temas como la FN, algunos grupos también han manifestado el interés por declarar territorios libres de proyectos de financiarización al ser estas, parte del modelo extractivo. La percepción de los impactos de REDD y de la FN en general, son muchos más abstractos puesto que no son tan visibles como los provocados por la minería por ejemplo. Además se les presenta como una forma de conservación de la Naturaleza donde además, se dará dinero por realizar esa labor.

Estas circunstancias, complican el proceso de declaración de un territorio libre de REDD o de FN. En Costa Rica [2], un grupo de personas indígenas del territorio indígena de Talamanca al sur del país, declararon su territorio libre de REDD. De inicio enfrentaron varios retos. El principal fue cómo explicar que algo que es presentado como un instrumento que ayudará en la conservación de los bosques y además, dará dinero, conlleva impactos negativos.

Durante el proceso, fue visible que este reto sería abordado con éxito debido a que la declaratoria se daría en un territorio indígena donde existe una dimensión espiritual y cultural en relación al bosque y así es más fácil entender esos impactos. Además, el territorio es comunitario y toda la comunidad lo cuida. Otro punto abordado fue el de la autonomía indígena: ¿de dónde viene la propuesta REDD?; ¿Es algo que surge desde los mismos Pueblos Indígenas o desde organismos internacionales que plantean que para conservar el bosque hay que sacar a todas las comunidades del mismo?; ¿Qué quieren los Pueblos Indígenas?. Este tipo de preguntas abrió espacios importantes para la reflexión sobre REDD que incluyó un análisis de quiénes son los responsables directos de causar el cambio climático y cómo mecanismos como este permiten a grandes corporaciones seguir contaminando. Finalmente, la experiencia de los Pueblos Indígenas con el pago por servicios ambientales (PSA) en Costa Rica -y REDD fue presentado como un nuevo PSA- ayudó a ver que más bien podría traer nuevos problemas como la distribución de los posibles dineros, divisiones en las comunidades y restricciones al uso del bosque. Una experiencia similar tiene REDDeldía [3] en la región Selva en Chiapas.

Así que nos dimos a la tarea de juntar, leer y agrupar ideas provenientes del trabajo de varios de nuestros grupos con el fin de que puedan ser utilizadas y enriquecidas. De esta forma, podremos ver qué significa declarar un territorio libre -de REDD, FN o cualquier otra amenaza- al tiempo que compartimos varias experiencias. Este documento no es un recetario porque una declaratoria de un territorio libre varía mucho a lo interno de un país y de uno al otro. Lo que buscamos es simplemente compartir ideas para que ojalá sean enriquecidas a través del trabajo por declarar nuestros territorios libres de políticas y amenazas para que así, sigan estando repletos de nuestras propuestas.

¿Qué implica declarar libre un territorio?

Declarar un territorio libre, es una práctica de autonomía. Esta idea es la que mejor resume y explica el significado y las implicaciones de un proceso como este. Es una práctica política para ejercer los Derechos Humanos, sobre todo los colectivos, esos que nos protegen como comunidad, como personas que somos parte de algo más colectivo, una comunidad. No solo nos referimos al Derecho Humano a decidir desde los territorios, las actividades y políticas que pueden existir en el mismo, sino también se pone en vigencia los Derechos Humanos a contar con información en forma oportuna, a contar con el tiempo necesario para analizar y comprender esa información, siguiendo, en el caso de existir, formas tradicionales.

El derecho a la participación ciudadana entendida como un proceso que promueve, permite y respeta que las comunidades y sus organizaciones formen parte fundamental del análisis y comprensión de cualquier elemento que facilite tomar una decisión final sobre una actividad o política que afecte sus territorios. El derecho a la autonomía y autodeterminación son fundamentales ya que sin territorio no hay autonomía ni autodeterminación y viceversa. Además, la autonomía y la autodeterminación en un territorio, no pueden ejercerse si violentan la autonomía y la autodeterminación -y otros Derechos Humanos- de otros territorios. Así, la declaratoria de territorio libre, tiene estrecha relación con la puesta en práctica, la vigencia y el respeto a los Derechos Humanos.

El trabajo o proceso para declarar un territorio como libre surge de una decisión tomada por una comunidad, pueblo u organización, para defender su territorio de cualquier actividad o política que es considerada como una violación, un desmedro, un debilitamiento o la erosión de la forma de vida -o modelo de desarrollo- que se quiere para su territorio.

El movimiento, como cualquier otro, se construye mediante alianzas entre diversas organizaciones y comunidades. Puede surgir desde la propuesta de una organización o comunidad que con ideas, muestra como una actividad o política, provoca impactos negativos en diversas áreas de la vida cotidiana que se lleva en la comunidad. Normalmente, estas actividades o políticas no surgen de la comunidad sino que son impuestas por autoridades del gobierno ya sea mediante la autorización para llevar a cabo una actividad a un actor privado como las corporaciones, o por la aplicación de una política pública.

En algunos casos la declaratoria puede ir de la mano de mecanismos legales, en otros no. La declaratoria conlleva un trabajo fuerte de divulgación, información, capacitación, comunicación, cabildeo, construcción de alianzas, entre otras, y el lograrla, es un primer paso porque la declaratoria como tal no garantiza nada aun cuando pueda ser amparada por algún mecanismo legal. Luego tendrá que darse un trabajo para ponerla en vigencia y defenderla. Así, los procesos organizativos que permiten obtener esa declaratoria deben ser permanentes. Por ello es fundamental que, independientemente de la legalización del territorio libre, se logre establecer en la opinión pública así como en la autoconciencia del movimiento, la legitimidad política de una declaración de territorio libre. Al mismo tiempo se tiene que establecer su legitimidad social, ética, moral, ancestral, de consciencia global ambiental, de Derecho Humano. En definitiva, que luchamos por algo justo y necesario. Esto será fundamental para defender esta práctica política ante los embates que seguirá siendo objeto por la disputa del territorio.

1. Reunión Bosques y biodiversidad realizada en Uganda, 2013.
2. Comunicación personal con Mariana Porras de COECOCEIBA-AT
3. https://grupocartadebelem.wordpress.com/2013/07/15/chiapas-suspendido-el-programa-redd-plus-dice-semahn/

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El Acuerdo REDD+ entre California-Acre-Chiapas: Legalizando los mecanismos de desposesión

> ENGLISH VERSION: REDD+ The carbon market and the California-Acre-Chiapas cooperation

Compartimos el informe de Amigos de la Tierra Internacional (ATI) “El Acuerdo California-Acre-Chiapas: Legalizando los mecanismos de desposesión” (Junio 2017) en el que participó Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México. Aborda el tema de la implementación del programa de Reducción de Emisiones por la Deforestación y la Degradación d los Bosques (REDD+) en el estado de Chiapas (México) como mecanismo de compensación de las emisiones de gases a efecto invernadero del estado de California (Estados Unidos) y de sus empresas.

Autora: Fabrina Furtado
Equipo de trabajo: Isaac Rojas (Amigos de la Tierra Internacional), Claudia Ramos (Otros Mundos – Amigos de la Tierra México), Gary Hughes y Jeff Conan (Amigos de la Tierra Estados Unidos), Lúcia Ortiz y Fernando Campos Costa (Amigos de la Tierra Brasil). Diseño: Nicolás Medina

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Introducción:

Desde la firma en 1997 del Protocolo de Kioto, que es un tratado complementario a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), el mercado de carbono viene siendo promovido como uno de los principales instrumentos de enfrentamiento al cambio climático. La posibilidad de comprarle el derecho a emitir carbono más allá de la meta establecida por la CMNUCC, a otra parte cuyas emisiones son inferiores a esa meta, no solo ha demostrado la incapacidad de reducir emisiones y enfrentar el problema del clima, sino que ha tenido como resultado la generación de nuevos conflictos ambientales. Aunque cuestionados y deslegitimados, tanto el sistema de “topes y comercio” (Cap and Trade, en inglés), como los Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL), instalaron la perspectiva de la comercialización y compensación (offset, en inglés) de emisiones, y llevaron a crear iniciativas como REDD+1 (Reducción de emisiones por deforestación y degradación de los bosques), una propuesta de Pago por Servicios Ambientales (PSA). De esta manera, sigue prevaleciendo la idea de que los mecanismos, prácticas y lenguaje de la lógica mercantil y del sistema financiero, que son un traje a la medida de las empresas, deben seguir dominando las políticas y el pensamiento sobre el medio ambiente, el clima y la biodiversidad.

En este contexto, el gobierno de California viene buscando hacer una articulación entre su sistema de topes y comercio, mediante el cual comercializó el primer crédito de carbono en 2013, y otros programas subnacionales, así como insertar compensaciones sectoriales a nivel internacional, especialmente a través de REDD+. Sería el primer programa vinculante que permitiría la compra de créditos de carbono a partir de programas jurisdiccionales de REDD+ para compensar sus propias emisiones sectoriales. La propuesta de mecanismos de REDD+, que incluye inversiones públicas y privadas en manejo, conservación y aumento de la reserva de carbono forestal, permite remunerar a quienes mantienen sus bosques en pie, sin deforestar, con el fin de evitar las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) asociadas a la deforestación y la degradación forestal.

Al mismo tiempo, en 2010 en Acre, el estado amazónico brasileño conocido por la lucha de los trabajadores del caucho en la que fue asesinado el dirigente histórico Chico Mendes, se creó el Sistema de Incentivos a los Servicios Ambientales (SISA), con el objetivo de fomentar el mantenimiento y ampliación de la “oferta de servicios y productos ecosistémicos” en ese estado. El primero de los seis programas del SISA fue el Programa de Servicios Ambientales de Carbono (ISACarbono), considerado el programa jurisdiccional de REDD+ más avanzado en el mundo, con potencial de generar lecciones relevantes para otros regímenes de REDD+ y de PSA en el mundo.

En 2009 en el estado mexicano de Chiapas, que tiene una amplia historia de lucha que incluye al referente internacional Movimiento Zapatista, se comenzó a desarrollar un Programa de acción ante el Cambio Climático, cuya prioridad fue la implementación de un sistema jurisdiccional de REDD+.

El estado ya venía implementando programas de REDD+ en la Selva Lacandona, territorio en el que conviven grupos indígenas como los Choles, Tzeltales, Tzotziles, cuya posesión fue reconocida por decreto presidencial a los Maya Lacandones en 1978. La Ley para la Adaptación y Mitigación ante el Cambio Climático del estado de Chiapas fue aprobada en 2010 incorporando acciones de REDD y la creación y uso de sistemas PSA, impulsados de manera “voluntaria” por organizaciones conservacionistas.

De esta manera, en noviembre de 2010, los gobiernos de California, Acre y Chiapas, firmaron un Memorando de entendimiento sobre Cooperación Ambiental (Memorandum of Understanding (MOU) on Environmental Cooperation) con el propósito de crear un sistema de créditos de carbono de REDD+ entre los tres estados, posibilitando así el financiamiento de REDD+ en Acre y en Chiapas y la compensación de emisiones en el estado de California.

Hasta el momento, la cooperación ha avanzado poco más allá de debates y publicaciones, debido a que el programa de comercialización de carbono de California todavía no permite que sus empresas compren créditos provenientes de iniciativas de reducción de emisiones en Chiapas y Acre con el objetivo de compensar sus propias emisiones.

Sin embargo, este proceso puede avanzar en 2017 junto a otras propuestas subnacionales, tanto en Brasil y México, como en China y otros países. Los errores del pasado se siguen cometiendo, ocultando e ignorando. Son muchas las lecciones que se pueden sacar de la cooperación California-Acre-Chiapas y de los impactos de REDD en estos estados, en su relación con los procesos internacionales y nacionales que avanzan en el sentido de lo que llamamos mercantilización y financierización de la naturaleza. Se trata de un proceso que viene siendo cuestionado por los grupos de Amigos de la Tierra Internacional en los tres países, y desde el Programa de Bosques y Biodiversidad, debido a su importancia en términos del establecimiento de un precedente para las políticas de clima y biodiversidad.

Los análisis contenidos aquí fueron elaborados a partir de investigaciones de fuentes secundarias, entrevistas con integrantes de organizaciones de los tres países y de los gobiernos de California y Acre, así como de actividades con dirigentes indígenas y campesinos. La primera parte de este informe aborda el memorando en sí, sus orígenes, objetivos y resultados, destacando los actores centrales en este proceso; la segunda, la política de California desde la perspectiva de las organizaciones sociales de EEUU; la tercera y cuarta, los impactos de las políticas y proyectos REDD en Acre y Chiapas respectivamente; y en la quinta, se comparten algunas reflexiones que esta cooperación tiene para enseñarnos, especialmente a partir de la idea de participación, de la incorporación de valores indígenas, tradicionales y de género, así como del papel de las grandes organizaciones conservacionistas; de la construcción e implementación de salvaguardas; y de algunos conceptos y prácticas fundantes como los de comunidad, deforestación evitada, servicios ambientales, y la idea del consenso respecto de las políticas sobre cambio climático. Por último, presentamos algunas recomendaciones para garantizar el cumplimiento de los derechos humanos y ambientales de las comunidades y poblaciones más impactadas por el cambio climático y la lógica fundante de REDD+ en el contexto de la cooperación California-Acre-Chiapas.

Foto: Extracción de madera, fruto del ‘manejo forestal sustentable” en el ancho de la carretera entre Rio Branco y Xapuri, Acre. (Crédito: Amigos da Terra Brasil)

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Artículo de Ivonne Yánez, integrante de la organización ecuatoriana Acción Ecológica, publicado en el Boletín Nº234 – Noviembre 2017 del Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales (WRM, por sus siglas en inglés)

“El fundamento del pensamiento crítico, entonces, está en la disconformidad
con el estado de cosas existentes y en la búsqueda de alternativas,
a partir de caracterizaciones de la situación presente, cuyas
causas pueden, evidentemente, ser buscadas en el pasado.” (1)
in memorian Hector Alimonda

La propuesta de incluir los bosques en las negociaciones sobre clima de la ONU cumplirá 10 años. Desde 2007, cuando se llevó a cabo la conferencia sobre clima en Bali, Indonesia, en el marco del avance del mecanismo REDD+ (2), el tema de los derechos humanos, de los pueblos indígenas, de las mujeres, de las comunidades locales, entre otros, ha sido un ir y venir de actores, guiones, escenarios, repartos, comedias, pero sobre todo han primado los efectos especiales y el arte del maquillaje.

LO BUENO

Hay que reconocer que el hecho de que en estos años se haya tratado de abordar el asunto de los derechos de los pueblos ante un problema tan grave como es el cambio climático es algo bueno. Quienes hemos levantado la voz desde hace veinte años, clamando por verdaderas soluciones al calentamiento global como la de dejar los hidrocarburos fósiles en el subsuelo, apelamos siempre a los derechos de los pueblos en donde se los extraen, a los derechos de las comunidades en donde se han aplicado proyectos bajo el mecanismo de desarrollo limpio (MDL) u otros de compensación de carbono, o también a los derechos de la naturaleza.

Así, desde que se empezó a discutir el mecanismo REDD+ en las negociaciones sobre clima, muchas organizaciones sobre todo a nivel internacional presionaban para que se incluyera el término de derechos de los pueblos indígenas. Esta presión se encaminó eventualmente hacia la propuesta de “No Rights, no REDD+” (sin derechos no hay REDD+) en diciembre de 2008. Sin embargo, estas justas demandas tomaron otro curso en los años siguientes.

Un ejemplo es el del derecho al territorio que es un derecho colectivo que ha sido reivindicado por decenios, en particular el de la titulación de tierras y territorios. Si bien este último es un derecho ajeno a las prácticas consuetudinarias de demarcar y organizar sus territorios, ha sido necesario demandarlo ante la arremetida de los Estados.

En este contexto, el mecanismo REDD+ y los programas tipo REDD+ a nivel nacional, claramente están tergiversando este derecho esencial de los pueblos, puesto que para que el negocio del carbono funcione, a la propiedad colectiva se le debe dar un uso privado, pues en la transacción de créditos de carbono tiene que estar claro quién es el dueño de qué, en qué cantidad y, para este caso, en dónde y en qué extensión. Los compradores serán dueños de un título de propiedad sobre el carbono que se encuentra en una determinada –delimitada y titularizada- cantidad de tierra cubierta por bosques. La titulación de tierras entonces está siendo promovida y utilizada en este caso por los mercaderes de carbono para presentar ante los compradores una garantía de propiedad del carbono contenido.

Lo bueno de que los derechos humanos y de los pueblos hayan podido ser parte de la base de cualquier medida frente al cambio climático se corrompió.

LO MALO

Quienes han dominado las negociaciones sobre clima, desde actores corporativos, financieros hasta ONGs de la conservación y representantes gubernamentales hegemónicos, entienden y asumen el tema de los derechos de una manera totalmente diferente a la de los pueblos indígenas y otras comunidades locales. Los derechos humanos y de la naturaleza han sido sometidos al capital y a supuestos derechos empresariales y financieros. Los espacios de lobby y negociación empresarial que cooptan las cumbres sobre cambio climático han garantizado que los intereses corporativos primen por sobre el sentido común bajo el guion de que son los superhéroes salvadores del planeta. Así se establece un claro conflicto de derechos pues el dinero, como capital, ha pasado a ser sujeto de derechos, por encima del humano y de todas las formas de vida.

El Acuerdo de París, firmado en las negociaciones sobre clima de 2016, COP21, presenta una nueva escenografía pero con los mismos protagonistas. Entre otros inconvenientes, ratifica (Art. 5) la inclusión de los bosques “para conservar y aumentar, según corresponda, los sumideros y reservorios de gases de efecto invernadero”. Esto profundizará la pérdida de derechos de los pueblos a nivel local y, con la posibilidad de compensar las emisiones a través de proyectos tipo REDD+, se seguirá aumentando la extracción y quema de petróleo, gas y carbón y ahondará el problema del cambio climático. El Acuerdo de París, al mejor estilo de la Comedie-Française con su troupe permanente de actores, perenniza el reparto de cuotas de contaminación entre los más contaminantes y la posibilidad de hacer un negocio global, ya no solo con empresas sino también entre Estados.

Con el Acuerdo de París, la lógica de entregar los bosques para compensar contaminación se imprime con carácter planetario. Si bien REDD+ incluye plantaciones forestales, agricultura y suelos, es decir, cualquier vegetación o suelo que pueda contener carbono, pone la mira principalmente sobre los bosques de África, Asia y América Latina, que están en su mayor parte bajo sistemas de propiedad colectiva de los pueblos indígenas y son, por esta misma razón, los mejor cuidados y los de mayor extensión.

REDD+ convierte a los pueblos indígenas y a la naturaleza en proveedores permanentes de servicios ambientales o ecosistémicos, por lo que podemos afirmar también que REDD+, no solamente contribuye a más pérdida de derechos de los pueblos y hace que empeore el cambio climático sino que, además, viola los derechos de la naturaleza, sometiéndola –como se hace con los pueblos- a procesos de esclavitud, servidumbre, y apropiación de sus obras, al convertir a sus ciclos biológicos, funciones, la recreación de la vida y ciclos reproductivos en un trabajo y mercancías que pueden ser compradas y vendidas.

LO FEO

Entre los objetivos de los promotores de REDD+ está el de tratar de disminuir las resistencias a la implementación de los proyectos en territorios indígenas, principalmente, y buscan convencer a las organizaciones para que el mecanismo REDD+ sea bien visto y aceptado.

Así, como un efecto especial cinematográfico, los derechos humanos y de los pueblos en las negociaciones sobre el clima se han ido esfumando o sufrieron metamorfosis. Derechos se convirtieron en estándares; derechos de las mujeres se transformaron en salvaguardas voluntarias; otros derechos se convirtieron en participación e involucramiento en el reporte y monitoreo; derechos colectivos y territoriales se convirtieron en gobernanza forestal; la protección y exigibilidad de derechos pasó a ser solo promoción o algo que se tomará en cuenta; derechos se convirtieron en establecer modelos operacionales para cumplir con las salvaguardas y consolidar los co-beneficios es decir “beneficios no-carbono” como señala la iniciativa  REDD+ Indígena que la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) sostiene a nivel internacional (3).

En definitiva, la inclusión de los derechos humanos en REDD+ no es más que un maquillaje para que se vea bonito, para tratar de detener la rebelión de los pueblos y para ocultar la verdad detrás de estos proyectos.

Ante esto, se debe proteger el derecho a la resistencia, a decir NO a proyectos de compensación de carbono, a no ser desplazados, a no ver restringido el acceso y uso tradicional de sus territorios, o a no ser utilizados para que compañías petroleras o mineras puedan violar los derechos de otra comunidad en algún otro lugar del planeta, a no ser manipuladas por el mercado internacional para que la maquinaria siga funcionando.

EPÍLOGO

Para terminar, se debe acotar más el sentido al que nos referimos cuando decimos derechos.

Aun cuando sabemos que los derechos son inherentes a los sujetos -humanos y no humanos-, estos no son estáticos. Los derechos son un proceso: histórico, político, social y natural.  Son una cuestión de dignidad y van surgiendo como una reacción frente a la opresión, la discriminación, la pérdida del sustento de vida. Son un ideal a conquistar y no son donados por Naciones Unidas, ni menos por el Banco Mundial o las transnacionales de la conservación.

REDD+ asume que los derechos son una realidad ya conseguida, adjudicados por los operadores de este tipo de proyectos y los tergiversa al considerarlos una cuestión de gobernanza, burocracia o ingeniería institucional. También pervierte los derechos porque los “universaliza” en un marco de modernidad occidental capitalista; hoy los derechos por circunstancias históricas y políticas están embebidos de pluriversalidad cultural y natural.

Cuando se incluye el concepto de derechos en las negociaciones sobre el clima, como en el binomio REDD-derechos, se prioriza el beneficio del libre mercado y al mismo tiempo se anulan los contextos culturales y políticos de los pueblos en donde se desarrollan este tipo de programas y proyectos.

La propuesta de incluir los derechos en REDD+ debiera haber exigido el derecho a la real práctica de los derechos colectivos que se nutren de, según el mexicano Enrique Leff, los “derechos del ser cultural a la construcción de mundos de vida diversos”, de los “derechos a reinventar sus identidades culturales”, o de los “derechos para reconstruir mundos de vida y diseñar futuros posibles”. (4) REDD+ claramente impide el ejercicio de estos derechos.

(1) CLACSO. Pensamientos críticos contemporáneos: análisis desde Latinoamérica. Piedrahita C., Díaz A., Vommaro P. (comp.). Bogotá, 2015.

2) “Por ejemplo REDD+ aspira a cubrir 4.000 millones de hectáreas, es decir el 31 por ciento de la superficie de la tierra (no marina)”. Tribunal por los Derechos de la Naturaleza. Presentación REDD+ COMO UN CASO DE VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS DE LA NATURALEZA. Lima, 2014.

(3) CBC-GIZ. REDD+ INDÍGENA EN EL PERÚ: Perspectivas, avances, negociaciones y desafíos desde la mirada de los actores involucrado. Pinto, V. Molero, M. (Eds). Lima, febrero 2014.

(4) Leff, Enrique. “Las relaciones de poder del conocimiento en el campo de la ecología política: una mirada desde el sur”. En: ECOLOGÍA POLÍTICA LATINOAMERICANA. VOLUMEN I. Ecología política latinoamericana: pensamiento crítico, diferencia latinoamericana y rearticulación epistémica. CLACSO. Héctor Alimonda [et al.] (Coords). Buenos Aires 2017.

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¿Qué tienen que ver los bosques con el cambio climático, los mercados de carbono y REDD+?

Compartimos este librillo publicado por el Movimiento Munidal por los Bosques Tropicales (WRM, por sus siglas en inglés) – “¿Qué tienen que ver los bosques con el cambio climático, los mercados de carbono y REDD+? – Herramientas para activistas comunitarios”

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Diseños: Nieves Capote
Diagramación: Juan Morante

En los últimos 10 años, en diversos debates internacionales en torno a cómo detener la pérdida de bosques, se ha inventado una nueva palabra: REDD. Con REDD, los países con altos índices de deforestación reciben dinero por adoptar medidas que resultan en la Reducción de Emisiones derivadas de la Deforestación y Degradación de los bosques. El pago está condicionado a que el receptor demuestre que se han reducido las emisiones de carbono causadas por la destrucción de bosques. Es por eso que en ocasiones se dice que REDD es un pago en base a resultados. Pero esto es sólo una parte de la historia de REDD.

La otra parte de la historia rara vez se menciona: contrariamente a lo que sugiere el nombre, en realidad REDD no tiene nada que ver con los bosques. Ante todo y sobre todo REDD tiene que ver con los países industrializados y las empresas que dependen de la combustión de petróleo y carbón, y posterga la decisión de poner fin al uso de estos combustibles fósiles. Cuando el petróleo y el carbón son quemados se libera un gas llamado dióxido de carbono. Cuando se destruyen bosques también se libera ese mismo gas, el dióxido de carbono, porque los árboles acumulan carbono en su tronco y ramas mientras crecen. Un gran aumento de la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera está causando el cambio climático. Las empresas que dependen de la combustión de petróleo y carbón afirman que “el dióxido de carbono es el mismo en cualquier parte”. Por lo tanto, argumentan, detener las emisiones de carbono derivadas de la pérdida de bosques contribuye a la lucha contra el cambio climático y a poner fin a la liberación del carbono fósil – el carbono que está en el corazón del modelo de negocios de esas empresas.

La información que se brinda en este librillo explicará por qué importa el lugar en el que se reduce la emisión de carbono, y por qué eso guarda importancia para el cambio climático; por qué el carbono de un bosque no es lo mismo que el carbono fósil de la gasolina o el carbón cuando se trata del cambio climático, y por qué REDD es un mal negocio para el clima, los bosques y los pueblos de los bosques.

El librillo comienza con una breve introducción acerca de cómo las empresas y los países que tienen mayor responsabilidad por el cambio climático, usan REDD para seguir quemando carbono fósil. Los capítulos que siguen aportan más información a la presentada en los 7 afiches que usted puede encontrar en el sitio web del WRM así como también junto a la versión impresa de este librillo. Los dibujos de estos afiches procuran ayudar a los activistas de las comunidades a explicar qué tiene que ver REDD con los bosques, la energía, el cambio climático y las emisiones de gases de efecto invernadero; qué se esconde detrás de REDD; y por qué algunas personas que visitan a comunidades de los bosques presentan a REDD como una oportunidad para una vida mejor y una nueva herramienta para proteger los bosques, mientras que otros advierten sobre los riesgos que REDD implica
para el control de la comunidad sobre sus territorios.

Los afiches interactivos y este librillo que los acompaña tienen como objetivo brindar apoyo a las comunidades interesadas en explorar qué hay detrás de REDD y que implica REDD para ellas. Los afiches pueden ser utilizados de muchas formas diferentes. Se pueden usar en conjunto, organizar una exhibición y comenzar la reunión con los participantes estudiando las imágenes y compartiendo las ideas que las imágenes provocan. O, se pueden seleccionar algunos de los afiches para una discusión más en pro-fundidad, por ejemplo seleccionando aquellos que provocaron mas reacciones o interés entre los participantes. O también se pueden utilizar algunas imágenes solamente para explicar una sección especial de la conexión entre bosques – cambio climático y el mercado de
carbono. También se puede optar por resaltar algunas partes específicas del afiche, y luego agregar sus propios dibujos y comentarios en el mismo, o cubrir partes de los dibujos del afiche que no son de particular interés en la discusión para de esta forma enfocar en los restantes.

En otras palabras, estas imágenes fueron pensadas para ser un instrumento versátil que facilite la explicación de las complejidades de la conexión entre bosques – cambio climático y el mercado de carbono y, y dan la libertad para trabajar con solo aquellas imágenes que son más relevantes para su reunión o taller o discusión. Las imágenes de los afiches han sido insertadas a lo largo del texto para que resulte más sencillo vincular las explicaciones en este librillo con las imágenes de los afiches. Los argumentos centrales o puntos importantes han sido resaltados en negro, direcciones de páginas webs con otros materiales de interés se pueden encontrar al final de esta publicación.

Los materiales pretenden explicar qué es REDD sin recurrir a un lenguaje elitista y técnico. Somos conscientes de que, para quienes están buscando conocer a fondo REDD, esos materiales por sí solos seguramente no brinden información suficiente. No es ésa la intención, sino que, más bien, han sido concebidos para ayudar a que quienes ya están familiarizados con conceptos como REDD, mercados de carbono y justicia climática, puedan explicar más fácilmente a las comunidades con las que trabajan, lo que se esconde detrás de REDD y de la conservación basada en el mercado. Además, la información destaca cómo y por qué REDD reduce los bosques a unidades comercializables de dióxido de carbono. Esta idea reduccionista está estrechamente vinculada a la visión tecnocrática del mundo que tiene la ciencia occidental. Sería difícil imaginarla en cosmovisiones que conciben a cada bosque como único, integrado a un lugar y como una red indivisible e intrincada de relaciones e interacciones humanas y no humanas y en constante cambio.

Considerada desde la perspectiva de esas visiones del mundo, la idea de REDD sin duda parecerá aún más extraña y contradictoria que a quienes tienen su pensamiento arraigado en la ciencia occidental y el móvil económico. Esperamos que este material les resulte útil e informativo y agradecemos las sugerencias que nos ayuden a mejorar los afiches y la información presentada en este folleto.

DESCARGAR LOS AFICHES POR SEPARADO:

AFICHE 1: ¿Cómo se introducen los proyectos REDD+ en las comunidades? ¿Quién participa en la promoción de REDD+?

AFICHE 2: ¿De qué carbono hablan los consultores, las empresas y las ONG conservacionistas que llegan a las comunidades de los bosques?

AFICHE 3: ¿Qué tiene que ver el carbono con el cambio climático? ¿Qué es el calentamiento global?

AFICHE 4: ¿Qué hacen los gobiernos respecto al cambio climático? ¿Cuáles son los principales acuerdos internacionales sobre el cambio climático?

AFICHE 5: ¿En qué consiste el comercio de carbono?

AFICHE 6: ¿Cómo saben los proyectos de compensación de carbono cuántos créditos de carbono pueden vender?

AFICHE 7: ¿Qué es REDD+? ¿Por qué REDD+ es una amenaza para el uso del bosque por los pueblos de los bosques?

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Artículo de Marcela Gómez y Andrea Echeverri de CENSAT Agua Viva / Amigos de la Tierra Colombia, publicado en el Boletín 232 del Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales

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Colombia es uno de los primeros países latinoamericanos en configurar e implementar normas y regulaciones concretas sobre las compensaciones por pérdidas de biodiversidad. Además del artículo 50 de la Ley 99 de 1993, la Resolución 1503 de 2010 y la Ley 1450 de 2011, establecen la necesidad de estandarizar los mecanismos de compensación ambiental. Luego, en 2012, el Ministerio de Ambiente aprobó la Política Nacional para la Gestión Integral de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos (PNGIBSE), donde establece como uno de sus ejes estratégicos “Fortalecer las actividades e institucionalidad relacionada con la evaluación de los impactos ambientales, recuperación de pasivos ambientales y con la asignación de compensaciones ambientales por pérdida de biodiversidad, ligadas a proyectos licenciables ambientalmente, a escala nacional, regional y local”.

Más adelante en el mismo año, el Manual para la Asignación de Compensaciones por Pérdida de Biodiversidad (MACPB) se adoptó a través de la Resolución 1517, con apoyo de ONGs transnacionales como la WWF o The Nature Conservancy. La aplicación de dicho Manual es de uso obligatorio para solicitantes de licencia ambiental de los sectores minería, hidrocarburos, infraestructura, eléctrico, marítimo y portuario. Su aplicación considera la determinación y cuantificación de las compensaciones desde la etapa de planeación de los proyectos licenciables, y que debe considerar tres aspectos: establecer cuánto compensar en términos de área, dónde compensar y cómo hacerlo con un enfoque de “no pérdida neta”, donde la disminución de la diversidad en un sitio puede ser compensada en otro sitio con “equivalencia ecológica”, es decir sumas y restas engañosas.

Tanto la Ley de 2011 como el Manual fueron criticados por los sectores ecologistas colombianos. Una de las principales críticas se debía a que el puñado de ONGs trasnacionales involucradas mantienen un estrecho vínculo y reciben financiamiento de las mismas corporaciones que necesitan la compensación para mantener y aumentar sus niveles de destrucción. Se prescindió de la consulta a diversos actores colombianos como la academia y organizaciones nacionales y locales.

Basados en esas normativas y en el discurso que promueve la reducción de la huella de carbono, la Corporación Autónoma Regional de las cuencas de los ríos Negro y Nare – Cornare (1) propone la creación de “BanCO2” para la ejecución de planes de compensación por pérdida de biodiversidad, a través de un alianza con Bancolombia, la Alianza Clima y Desarrollo (CDKN, por su sigla en inglés), WWF y la Fundación Natura.

BanCO2 fue lanzada en 2013 por Cornare y fue adoptada rápidamente por otras Corporaciones Autónomas Regionales. Se está implementando a través de una supuesta cooperación o pago a familias rurales, a partir del apoyo de las Corporaciones Autónomas Regionales (actualmente 20) y la inversión de empresas, tales como las energéticas ISAGEN, Ecopetrol y Petrobras, las mineras AngloGoldAshanti Colombia y Antioquia Gold, la cementera Argos, la industrial de servicios públicos EPM, entre otras. Estas empresas figuran como “compensadoras”, es decir, son quienes pagan una cuota para supuestamente compensar su degradación ambiental. De esta manera, el pago por la conservación de una determinada área en alguna parte de Colombia le permite a estas empresas poder seguir con sus industrias extractivas en otra(s).

Tres ejemplos de BanCO2:

– Al oriente del departamento de Antioquia, en el municipio de San Roque, el proyecto Gramalote de la minera multinacional AngloGoldAshanti Colombia, le paga a 15 familias campesinas por la protección de 215 hectáreas. Sin embargo, ese proyecto de extracción de oro abarca un área de más de 9.413 hectáreas en seis municipios, afectando potencialmente a 50 mil personas. Además, mientras que en BanCO2 tiene una plataforma perfecta para que la AngloGoldAshanti se presente como “cuidadora del ambiente”, esta multinacional sudafricana posee 504 títulos mineros en Colombia y otras 3.074 solicitudes que contarían con la posibilidad de desplazar y afectar a miles de familias en el territorio nacional (Censat Agua Viva, 2016).

Las Empresas Públicas de Medellín (EPM) es una multinacional colombiana que actualmente está construyendo el megaproyecto hidroeléctrico Hidroituango, para el cual ha talado más de 4 500 hectáreas de bosque seco tropical, uno de los ecosistemas más amenazados de Colombia. La compensación de esta empresa a través de BanCO2 por sus enormes afectaciones ambientales ha sido un pago a 56 familias que por tres años asciende a 1.209 millones de pesos colombianos (alrededor de US 421.482 dólares). Las utilidades de EPM en 2016 fueron de 1.86 billones de pesos colombianos (alrededor de US 619.392.994 dólares) (Gómez & Echeverry, 2017).

– “Bosques de paz” es un programa del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible que a través de la resolución 0470 de 2017 propone formular actividades productivas “con el fin de generar bienes y servicios mercadeables y contribuir a la conservación…”. Con base en ello se invertirán en el municipio de Granada 3.500 millones de pesos (alrededor de US 1.172.409 dólares) en prácticas agroforestales en 1 200 hectáreas de bosque. La meta es crear 150 Bosques de Paz en todo el territorio nacional a través de la siembra de alrededor de 8 millones de árboles en los próximos dos años, acompañado de estrategias de compensaciones ambientales como BanCO2.

Con la implementación de BanCO2 se abre una verdadera disputa por los derechos de uso de los territorios campesinos. Si bien los territorios no cambian de propietario, cuando los campesinos se inscriben al BanCO2, se cambia quienes ejercen poder sobre la finalidad de uso en determinado territorio. La familia campesina pierde su poder de decisión sobre su territorio y lo otorga a las corporaciones regionales, quienes son los encargados de controlar el cumplimiento de dichos compromisos, al servicio del mercado.

Sumado a ello, más recientemente, se creó la estrategia “Banco de Hábitat” a través del Decreto 2099 de 2016, que fue lanzado públicamente en 2017 por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. El Banco de Hábitat empezará con una inversión privada de US 1.5 millones de dólares para la restauración y conservación de 605 hectáreas en el municipio de San Martín, Meta,  financiada por el Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) (6). Este programa “busca que las empresas que tienen la obligación de compensar los impactos negativos que generan sobre el medio ambiente, puedan hacerlo a través de estos predios predestinados a la conservación y restauración“.

Como vemos los proyectos conservacionistas de compensación donde se apela a la “responsabilidad social y ambiental” de las empresas son una hábil maniobra con una doble ganancia para estas. La legitimación de sus políticas se traduce en mayores precios de las acciones y en una suerte de aval para continuar expandiéndolas. Las empresas apuntan a construir una imagen como redentoras de los territorios, centrándose en medidas compensatorias altamente publicitadas pero cuyas credenciales ecológicas son cuando menos cuestionables.

(1) Las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR), son “entes corporativos de carácter público, integrados por las entidades territoriales, encargados por ley de administrar -dentro del área de su jurisdicción- el medio ambiente y los recursos naturales renovables, y propender por el desarrollo sostenible del país”

La COP 13 no logra afrontar el desafío de proteger la biodiversidad

Amigos de la Tierra Internacional decepcionados por los resultados de la COP 13 del CDB

Comunicado de prensa de Amigos de la Tierra Internacional (ATI) sore los resultados de la decimotercera Conferencia de las Partes (COP13) de la Convención de Naciones Unidas sobre Diversidad Biológica (CBD) que se llevó a cabo del 4 al 17 de diciembre del 2016 en Cancún, Quintana Roo, México.

Imagen: Proyecto de Reforestación en Pesalat, Central Kalimantan, Indonesia ©World Resources Institute/Flickr CC

 

El interés sobre la Conferencia de las Partes de la Convención en Diversidad Biológica (COP 13) fue alto debido a que la biodiversidad se pierde a un ritmo alarmante y una acción urgente es necesaria. Amigos de la Tierra Internacional está altamente desilusionado de que los resultados no estuvieran a la altura del reto debido a que éstos no nos llevan al necesario cambio de sistema para frenar la acelerada pérdida de biodiversidad. Ni la lógica del crecimiento económico sin límites ni la del modelo productivo extractivo y predador, han sido cuestionados.

  • Sobre la incorporación de la biodiversidad

El tema central de la COP 13 fue la incorporación de la biodiversidad en todos los sectores y en particular, en la agricultura, forestería, pesca y turismo. Es una buena propuesta que estos sectores tomen en cuenta la biodiversidad a la hora de decidir sobre aspectos que puedan impactarla. Desafortunadamente, las decisiones finales fracasan al no imponer acciones que hubieran forzado a estos sectores a actuar dentro de límites globales. Al contrario, parece ser que sus intereses están presentes en el texto sobre incorporación y no hay justificación alguna sobre su responsabilidad en la creación de esta crisis.

En el sector agrícola por ejemplo, podemos ver que existe un llamado permanente para promover la revolución verde, específicamente,grandes inversiones e investigación sobre nuevas tecnologías. Son precisamente éstas, como los agroquímicos y los OGMs, que han causado un caos en la biodiversidad. Llamar a estas tecnologías como sustentantes, nos las convierte en tales.

Otro ejemplo es el sector turístico que continua promoviendo crecimiento y afirmándose como una actividad ecológica. Sin embargo, los reclamos de Pueblos Indígenas son inmensos demostrando como el (eco)turismo destruya las áreas naturales donde viven al tiempo que les priva del ejercicio de su derecho a vivir en sus territorios de los cuales son sus guardianes históricos.

  • Sobre los derechos de los Pueblos Indígenas

Los Pueblos Indígenas y las comunidades locales estuvieron bajo mucha presión desde varios frentes. El concepto de libre perteneciente al consentimiento libre, previo e informado, fue reconocido sin mucho entusiasmo y luego de duras negociaciones. Muchos países además, querían hacer depender las leyes consuetudinarias,protocolos comunitarios, prácticas y procesos tradicionales en la toma de decisiones, de la legislación nacionales, eliminando así la soberanía y autonomía de los Pueblos Indígenas. Solamente cuando hubo protestas de los Pueblos Indígenas a las que se unieron los demás sectores de la sociedad civil, incluyendo a Amigos de la Tierra Internacional, fue que el derecho fundamental a la soberanía fue, en alguna forma, restaurado.

  • Sobre biología sintética

El principio precautorio, elemento clave en todas las convenciones ambientales de Naciones Unidas estuvo bajo ataques severos. Los países que están a favor de los OGMs priorizan los intereses corporativos y comerciales sobre la seguridad ambiental y la salud humana. El principio precautorio y cualquier evaluación de riesgo son como una línea roja para esos países que quieren atacar a cualquier costo. Esto resultó en la pérdida de mecanismos para desarrollar una evaluación de riesgo de los OGMs bajo el Protocolo de Cartagena; el fracaso en detener la biopiratería digital al no regular las secuencias digitales genéticas y el cierre del grupo de expertos que lidiaría con los riesgos de la biología sintética.

En relación a los impulsores genéticos, una nueva tecnología de ingeniería genéticacapaz de cambiar las características de una especie completa o de llevarla a su extinción fue debatida. Muchos países reconocen sus amenazas y varios pidieron una moratoria. Sin embargo esto no fue aprobado y los llamados a la acción fueron bloqueados.

  • Sobre el sector privado y la Financiarización de la Naturaleza

Todo esto sucedió en un contexto donde el sector privado tiene cada vez más y más poder e influencia más dentro de la CDB. Al menos un tercio de los/as delegados/as de la COP representan intereses corporativos mientras que otro/as representantes de negocios son parte de las delegaciones oficiales. El comportamiento de algunos países muestra que están bajo una fuerte influencia corporativa al defender intereses económicosicos sobre la biodiversidad y los ecosistemas y sobre los derechos de quienes viven en los bosques y otros ecosistemas.

Un aspecto de avance corporativo es la financiarización de la Naturaleza. En previos eventos, eventos paralelos y en los corredores, los conceptos de pago por servicios ambientales, compensación de la biodiversidad y otras formas de valoración económica de la Naturaleza eran las palabras de moda. En muchos casos se les presenta como la única solución viable para atender la problemática ambiental. Luego de varias batallas, fue sacado de los textos oficiales pero el ímpetu de esta tendencia es claro.

  • Sobre el ambiente de la COP

El nivel de decencia de la COP parece descender año tras año. Esto fue sentido por varias de las personas delegadas de ATI entre otros/as más quienes sufrieron ataques verbales al defender los intereses de la Naturaleza, campesinos/as, pescadores/as, habitantes de los bosques, Pueblos Indígenas y mujeres.

  • Sobre el ambiente de la COP

En conclusión, ninguna de estas decisiones de la CDB nos llevarán al necesario cambio de sistema para salvar la Naturaleza. Lo que necesitamos son propuestas como la gobernanza comunitaria de los bosques, la agroecología y el fortalecimiento de los derechos colectivos. Por lo tanto, Amigos de la Tierra Internacional continuará trabajando localmente en los 74 países donde nos basamos para apoyar a quienes generan este cambio de sistema en la cotidianidad de sus comunidades y ciudades.

Contactos de prensa:

Isaac Rojas: isaac@coecoceiba.org – +50683383204
Nele Marien: nele@foei.org – +32488652153

Para mayor información pueden contactar a nuestra media coordinator Leonie Beunen: leonie@foei.org, 0031 (0)20 622 1369.

Visiten la página de ATI sobre la COP 13

Life is not a business!

En español

Joint statement of indigenous peoples of Mexico on the inauguration day of the COP 13 – December 4, 2016, Cancun, Quintana Roo, Mexico

CONSIDERING THAT:

  • The COP13 on Biodiversity to be held in Cancun as of December 4, 2016 is carried out in the framework of a predatory extractivist model;
  • The Mexican State has put itself at the service of large transnational corporations and the so-called “green economy”;
  • A recurrent feature of previous COPs has been the turning of a meeting to discuss issues related to biodiversity into a business fair and a platform for the implementation of mega-projects;
  • Mining, wind parks and hydroelectric projects, as well as the advance of the monoculture plantation model and the promotion of the use of toxic inputs contribute to the plundering of lands and territories of indigenous communities and lead to serious human rights and native people rights violations;
  • Corporations pollute the soil and water with impunity, they destroy the social ties within indigenous and farmers communities while environmental defenders are criminalized;
  • Environmental impact studies are rigged to respond to the interests of large corporations and the rights of native peoples to free, prior and informed consent processes is not respected;
  • The plundering of indigenous territories is also supported and promoted by big tourism companies and the building of large luxury housing projects;
  • The threats to the territory and culture of native peoples come hand in hand with deception, opacity, contract manipulation, violation of agrarian agreements, promises of economic heavens, conservationist speeches and concerns about climate change that don´t go beyond mere rhetoric;
  • When these deceptive speeches don’t work, they resort to pressuring peoples who resist, through statements of academics and “environmental” organizations linked to the predatory extractivist system, threats to withdraw governmental support programs, and even violent actions by security bodies and the establishment of clash or paramilitary groups, often associated to organized crime;
  • Territorial plundering comes hand in hand  with the privatization of culture and the fight against the indigenous identity, its language and its way to see the world;
  • The process of criminalization of people and communities in resistance constantly endangers the defenders of the commons and selectively represses those who, in their legitimate right, oppose this economic system of death;

The signatories of this Statement, aware of the fact that in the COP 13 of the Convention on Biological Diversity (CBD) there will be important discussions, such as the regulation of modified living organisms, bioprospecting and the use of biodiversity by Indigenous Peoples and communities, want to have a say.

We are peoples with memory. We won’t forget the experience of the Maya ICBG (Pharmaceutical research and sustainable use of ethnobotanic knowledge and biodiversity in the Mayan Region of the Highlands of Chiapas, Mexico), operated by El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR), the University of Georgia, with the economic support of the US government, and the molecular biotechnology company Nature Limited of Wales (UK).

The Maya ICBG, the largest biopiracy project, was stopped by the strength of indigenous and farmers communities of Chiapas and of the Traditional Indigenous Doctors and Midwives Organizations of Chiapas (COMPITCH). But we know that new forms of colonialism are looming in our territories and the sacred lands we inhabit.

Therefore,

WE STATE THAT:

  • The biocultural heritage at stake does not have a price: it is intangible and immeasurable. We have the moral, ethic and historical obligation to continue protecting it and sharing it, because it is linked to the processes of our life, processes we learned from our Mother Earth and which are the result of the ancestral knowledge of our peoples.
  • We are not against taking care of nature: we have been its keepers for thousands of years. The imposition of the projects mentioned above, their implementation based on traps and deception, and the fact that information about what these projects really mean for our territories is being concealed, convince us that these projects are not aimed at protecting biodiversity.
  • We are deeply concerned over the way decisions are made at the COP13 because they can compromise natural resources and put at risk our ancestral knowledge.
  • The promotion of the REDD+ Program (“Reducing Emissions from Deforestation and forest Degradation; and the role of conservation, sustainable management of forests and enhancement of forest carbon stocks in developing countries) exemplifies the lack of will to find real solutions to climate change, one of the greatest threats against life on the planet. Native peoples are not laboratories where can be tested mechanisms to reach sustainable development goals.
  • Native peoples know that it is necessary to consider and address the real causes of the loss and degradation of biodiversity. We want to continue defending our territories, our culture, our community identity. In all corners of the world, indigenous people manage our forests and territories, our mountains, our rivers and our seas, respecting and promoting biodiversity, with logics that are far away from this “green economy” that only wants to turn Mother Earth into a commodity.
  • We are decided to continue aiming at our food sovereignty through clean practices that generate food for our own consumption and that allow us to exchange our surplus in local markets. If we lose control of our territories and hand it to transnational companies, we will miss all opportunities to produce our own food.

We have not lost our memory.

TO THE BIG COMPANIES AND THEIR ALLIES WE SAY:

“You have ruined nature. You don’t care about water, air, nor life. You only care about making more profits. You’ve turned oil into the only source of energy just in order to make profits. Profit itself is the reason behind your new “green economy”. We are willing to find solutions to the problems that your predatory economy has caused around the globe, but you can’t avoid the huge responsibility over the current climate crisis.”

AS PENINSULAR MAYAN PEOPLE, WE SAY to the authorities, civil organizations and those linked to agroecology and the society in general:

  • The Nagoya and Cartagena Protocols, which will be negotiated in parallel to the COP 13, favor multinational companies and promote the privatization of goods and ancestral knowledge.
  • In our country, those who lead these projects, big “green coyotes” (The National Commission for the knowledge and the use of biodiversity – CONABIO, and the German cooperation agency – GIZ, for example) are not known for searching the wellbeing of the people and native communities, but that of transnational corporations.
  • Under a rigged process and rhetoric, the CBD does not represent us. It pretends to bind an unstoppable development which is intrinsically predatory, to a so-called will to preserve and safeguard biodiversity.

We already know this speech. We don´t believe you.

Life is not a business!

Mother Earth, biodiversity and common natural resources are not for sale:
they are cared for and defended!

Signatories:
Mayan Communities and Peoples of the Yucatan Peninsula
“U Yits Ka’an” – Agroecology School of Maní (Yucatan)
Inhabitants of Chablekal (Yucatán)
Reddeldía de Los Montes Azules Movement (Chiapas)
Traditional Indigenous Doctors and Midwives Organizations of Chiapas – COMPITCH
Cooperative Society for Regional Consumption Chac-Lol (Yucatan)
The Indigenous Regional and Popular Council of Xpujil – Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil (Campeche)

Adherents:
Friends of the Earth International
Otros Mundos A.C. (Chiapas, Mexico)
Indignación A.C. (Yucatan, Mexico)
Procesos Integrales para la Autogestión de los Pueblos – PIAP (Guerrero, Mexico)
U Yich Lu’um A.C. (Calakmul, Campeche, Mexico)
Mesoamericana Movement against the Extractive Mining Model (M4)
CEIBA
COECO-CEIBA
Colectivo Voces Ecológicas (COVEC, Panama)
Haiti Survie
CENSAT-Agua Viva
NAT
Friends of the Earth Argentina
Friends of the Earth-United States
Red Latinoamericana Contra los Monocultivos de Árboles (RECOMA)
World Rainforest Movement (WRM)
Brother Tomás González, de La 72, Home-Refuge for migrating people (Tabasco, Mexico)
Ernestina López, from the Indigenous Pastoral of Guatemala
Florentina Hernández Galindo, from Heroica Ciudad de Tlaxiaco (Oaxaca, Mexico)
Dr. Isabel Hawkins, from the Yakanal Project (California, United States)

COP 13 – Conservación y areas de salvaguarda, la cara más reciente del modelo extractivo en México

Artículo de Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México, a 8 de noviembre, Cancún, Quintana Roo, México

El 5 de diciembre de 2016, el presidente mexicano acudió a la COP 13 en el Moon Palace, en Cancún, Quintana Roo, México, para anunciar la creación de cuatro nuevas areas naturales protegidas (ANP), declaradas como “Reservas de la Biósfera”. En el marco de esta reunión en la que los 196 países miembros de la Convención sobre Diversidad Biológica (CBD, por sus siglos en inglés) negocian la protección de la biodiversidad, Enrique Peña Nieto presentó a México como un país a la “vanguardia de la conservación”.

Las cuatro nuevas ANP son: el Caribe Mexicano (5.7 millones de hectáreas en la franja marítima de Quintana Roo), las Islas del Pacífico y sus aguas adyacentes (1.2 millones de hectáreas de franja marítima de Baja California y Baja California Sur), el Pacífico Mexicano Profundo (57.8 millones de hectáreas de franja marítima de Chiapas a Nayarit y alrededor del Archipiélago de Revillagigedo), y la Sierra de Tamaulipas (308 hectáreas). El país cuenta ahora con 91 millones de hectáreas de areas naturales protegidas. En contraposición, existen 38 millones de hectáreas de concesiones mineras a lo largo del territorio.

Foto: Enrique Peña Nieto en la COP 13 el 5 de diciembre – Otros Mundos A.C.

Dos areas naturales protegidas amenazadas por la minería en Chiapas

En México, las ANP no representan una garantía contra las actividades extractivas. Bien lo vemos en la zona Costa de Chiapas, donde existen 21 concesiones mineras en los municipios de Acacoyagua y Escuintla, ubicados justo entre dos Reservas de la Biósfera, la del Triunfo y la de la Encrucijada. La realización de estos proyectos mineros tendría impactos graves en los ecosistemas de estas areas frágiles de bosques y manglares.

 

“No es cierto que aquí en México se protege el medio ambiente y se preservan las áreas naturales protegidas”, alerta Luís Rojas Nomura, habitante de Acacoyagua y miembro del Frente Popular en Defensa del Soconusco 20 de Junio. Su organización forma parte de la Red mexicana de afectados por la minería (REMA) y hace un gran trabajo para parar la actividad minera en la region. “¿Para qué sirve crear otras cuatro reservas naturales para proteger la biodiversidad, si aquí con la minería van a destruir dos?”, pregunta.

Además, nos preocupa que en México las ANP se estén instrumentalizando como una forma de control territorial, agundizándose con la creación este año la figura de la gendarmería ambiental, encargada de “garantizar y salvaguardar las áreas naturales protegidas”, para “prevenir los delitos y faltas administrativas en materia ambiental”. Se instaló en regiones claves como la Selva Lacandona, en Chiapas, donde tiene una connotación contrainsurgente.

Los pagos por servicios ambientales sustituyen prácticas colectivas con estrategias individualistas

En su discurso, el presidente promovió el sistema de Pagos por Servicios Ambientales (PSA), en el que individuos reciben un pago por actividades de manejo “sustentable” de los ecosistemas que generan “servicios ambientales” como biodiversidad, agua limpia o aire limpio. Se puede tratar de captar y la filtrar el agua o proteger ciertas especies de fauna o de flora. En el caso de los bosques, los pagos vienen de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), con dinero aportado entre otros por el Fondo Mundial para el Medio Ambiente Global, banco para la conservación creado para financiar los proyectos de la CBD, en el que se encuentran instituciones como el Banco Mundial y empresas.

“Es preocupante que el esquema de PSA siga siendo promocionado como la forma más adecuada de manejo de bosques en México”, comenta Claudia Ramos, integrante de Otros Mundos A.C. y co-coordinadora del Programa de Bosques y Biodiversidad para Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe. “Más del 60% de los bosques en nuestro país está en manos de ejidos y comunidades y mucho de estos ecosistemas han pervivido gracias a prácticas colectivas que las propias comunidades han mantenido desde centenas de años. El problema con los PSA es que sustituyen esas prácticas colectivas con estrategias individualistas y de corto plazo, dependientes de financiamientos y mercados externos.”

Los PSA son vinculados al mercado de carbono, de tal modo que una de las actividades retribuidas es la captura de CO2, es decir la generación de bonos de carbono para las empresas que quieren compensar sus actividades emisoras de gases a efecto invernadero. Eso permite que el sector privado y países del Norte global sigan contaminando y no representa una verdadera solución al cambio climático.

Más pagos por servicios ambientales en la Selva Lacandona

Unas horas después de su aparición en la COP 13, Enrique Peña Nieto viajó a la Selva Lacandona para exponer su estrategia de defensa del medio ambiente en la zona, en la que prioriza los PSA. “Ya hemos visto como estos programas han afectado a comunidades en la región”, agrega Claudia Ramos, presente en la COP 13 como parte de la delegación de Amigos de la Tierra Internacional. “Varias se quejaron de las restricciones que implicaba la implementación de los programas y de las que no habían sido informado al momento de firmar su contrato, como la de no poder extender sus tierras agrícolas, o no aprovechar ciertos productos del bosque. Por ello, decidieron dejar de recibir los pagos.”

A parte de cuatro nuevas ANP, el presidente anunció la creación de cinco nuevas áreas de salvaguarda, zonas donde se prohibe explotar y extraer hidrocarburos. Una es justamente la “Región Selva Lacandona” (18 mil 348.9 Km2 dentro de la Provincia Petrolera Cinturón Plegado de Chiapas). Según el decreto por el que se crea esta zona de salvaguardia, esto contribuirá a cumplir con uno de los objetivos de la Meta Nacional “México Próspero”: “Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo”. Abre claramente la puerta al desarrollo de proyectos de la economía verde en la región.

Isaac Rojas, co-cordinador del Programa de bosques y biodiversidad para Amigos de la Tierra Internacional, también presente en la COP 13 como observador, señala: “Estas areas de salvaguarda pueden ser utilizadas para la compensación en biodiversidad y para generar créditos para seguir contaminando”. (más información sobre la compensación en biodiversidad, biodiversity offset en inglés, en el boletín 227 del Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales, pagina 5).

Nuevo impulso en el sector de los hidrocarburos

Vemos como a nivel global, la política de conservación, a través de su financiación, va paradójicamente de mano con el desarrollo del modelo extractivo y la destrucción del medio ambiente. En México, al mismo tiempo que se multiplican las ANP y las areas de salvaguarda, el sector de los hidrocarburos está conociendo un nuevo impulso. En el 2014, el presidente promulgó una reforma energética que acabó con la nacionalización del sector, además de abrir la puerta a la extracción a grande escala de hidrocarburos no convencionales mediante el fractura hidráulica (fracking en inglés). En consecuencia, se están actualmente imponiendo proyectos de extracción de hidrocarburos en comunidades rurales, indígenas y campesinas, como en la zona Zoque de Chiapas, donde se proyecta perforar doce pozos.

Enrique Peña Nieto no tiene el derecho de posicionarse en la escena internacional como protector de la biodiversidad, cuando viola derechos de los pueblos indígenas y de las comunidades locales. El Estado mexicano enfrenta denuncias por graves casos de violación de derechos humanos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La constante ha sido la política de despojo a través de la imposición de proyectos de extracción en donde se resguarda únicamente los intereses de las grandes empresas nacionales y transnacionales.

Más información:

Mecanismos financieros en la CBD: abriendo las puertas hacia más privatización de la biodiversidad

– ¡La Vida no es un negocio!

– El Foro de Negocios y Biodiversidad 2016: la vida y los bienes comunes al servicio del sector privado

– Los retos de la COP 13 de la Convención sobre la Diversidad Biológica

– Pueblos de Chiapas dicen no a la Gendarmería Ambiental