Trampas de REDD y de otros proyectos de conservación de bosques

Editorial: Amigos de la Tierra Internacional

Desde hace algunos años, campos y selvas están llenos de personas, abogados y empresarios que ofrecen a pueblos y comunidades que incluyan sus territorios en proyectos de conservación de bosques o REDD (Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Evitada). Esta propuesta, considerada novedosa, en realidad no lo es.

Existen varios antecedentes de proyectos que proponen “pagar por conservar”, basados en análisis de economistas que argumentan que la única forma de valorar la selva es mediante el precio que se ponga por ella. Así desconocen que para millones de personas que viven en los bosques existen otros valores que los incentivan a conservar esos territorios. Valores fundamentados en aspectos culturales, espirituales y de uso, que les permiten amar, respetar y valorar el vivir en su territorio.

En estos proyectos, no siempre aparece el nombre REDD: pueden ser llamados proyectos de compensación ambiental, de pago por servicios ambientales, de conservación de bosques, entre otros. En la mayoría de los casos, esos proyectos representan enormes riesgos para las comunidades, al punto de que pueden significar su salida del territorio. Esto puede traer consigo la pérdida de su cultura, de sus formas de vida tradicionales, su manera de producir y garantizar la satisfacción de sus necesidades básicas, lo que conduce también a perder el legado que pueden dejar a sus hijos, quienes ya no conocerán más la vida en el bosque, las formas de entenderlo, respetarlo y de vivir en él y de él.

Este es un manual de prevención, elaborado a partir del análisis de documentos,  contratos propuestos o ya firmados, que muestra lo que está ocurriendo con las comunidades que los firman y los riesgos latentes que existen para quienes aún no lo han hecho.

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Tensa minería a Oaxaca y Chiapas

Vía Movimiento M4

Tres concesiones mineras de exploración que pretenden pasar a fase de explotación reactivaron la tensión en poblados de la zona de Los Chimalapas, en los límites del territorio que disputan Oaxaca y Chiapas.

Se trata de tres concesiones otorgadas hace seis años con los números 231753, 225472 y 232208 las cuales comprenden 30 mil hectáreas, la mayoría en territorio oaxaqueño en los municipios de San Miguel Chimalapas, Zanatepec y Tapanatepec.

 

Las empresas Zalamera, Maya Minas y Minerales y Radius Gold-Geonorte pretenden extraer cobre, plata y oro, así como puzolana (cemento de alta calidad) mediante minas a cielo abierto.

Ninguna de las concesiones están ubicadas en el territorio de disputa, motivo de la controversia constitucional que enfrentan las entidades vecinas, pero sí en la zona limítrofe, lo que amenaza con agravar el conflicto entre comunidades donde la situación es delicada, advirtió el Comité Nacional para la Defensa y Conservación de Los Chimalapas.

“Las autoridades empezarían a jalonearse por obtener los beneficios o mejor dicho las migajas que les pueden dejar empresas como las mineras. Y en medio quedarían las comunidades como las más afectadas“, expresó Miguel Ángel García Aguirre, coordinador regional del Comité de Defensa Chimalapa.

“Sería otro foco de conflicto, de violencia social”, advirtió.

Lo anterior sin considerar los daños ambientales, pues por el territorio concesionado escurren los ríos Ostuta, Zanatepec y Novillero, los cuales desembocan en el Golfo de Tehuantepec, uno de los sitios con mayor diversidad marina del país. De ocurrir un derrame el daño sería desastroso, sostuvo el ambientalista.

La actividad minera podría afectar 10 municipios oaxaqueños y 3 chiapanecos, según estimaciones del Movimiento Mesoamericano contra el Modelo extractivo Minero (M4).

Los habitantes oaxaqueños de las comunidades de Chocomanatlán, Nuevo San Juan, Pilar Espinoza y Río Frío se declararon en alerta, ya que sostienen que en el lado chiapaneco, en el municipio de Cintalapa, un grupo denominado “El Ejército Chamula” está realizando invasiones a punta de pistola y amenazan con invadir parte del territorio en disputa.

Los denunciantes acusaron a los Gobernadores Gabino Cué y Manuel Velasco de desatender el conflicto.

Los Gobiernos de ambas entidades alistan un encuentro para abordar los temas de gobernabilidad de esa región, en tanto la Corte resuelve la controversia, pero no han dado fecha ni detalles de la reunión.

Fuente: El Norte

No es oro todo lo que reluce

El conflicto en La Puya, Guatemala, comenzó un 2 de marzo de 2012, cuando las comunidades hicieron frente al avance de un proyecto minero en sus tierras.

Carlos Escaño – Alianza por la Solidaridad
en eldiario.es

Esta historia se ubica en La Puya, Guatemala, una zona de conflicto en la que el agua es defendida por la población de sus comunidades, arriesgando incluso sus vidas con tal de mantener su preciado oro azul,. Nos la contó Álvaro Sandoval, miembro de la Comunidad en Resistencia Pacífica La Puya, en su visita por Madrid. Y como su visita ha pasado un poco desapercibida en España, creemos que es bueno difundirla. Porque es posible que su historia se repita, y pronto, en España.

Sandoval paso por España de la mano Brigadas Internacionales de Paz y Amnistía Internacional a contarnos una historia. De lucha y ambición. En su Guatemala natal. El conflicto comenzó un 2 de marzo de 2012, cuando las comunidades hicieron frente al avance de un proyecto minero en sus tierras.

Entonces, una mujer se plantó delante de las máquinas desafiando con su vida el avasallamiento que pretendía realizar la empresa Exploraciones Mineras de Guatemala, S.A. (Exmingua), subsidiaria de la canadiense Radius Explorations Ltd. Este fue el inicio de un proceso de resistencia no violenta de unas comunidades que por más de dos años lleva vigilando 24 horas al día los accesos a sus tierras.

La Comunidad en Resistencia Pacífica La Puya continúa oponiéndose a la actividad minera en sus tierras. Álvaro Sandoval, como representante de una comunidad en resistencia contra una minera, explica que “a día de hoy la policía tiene entre 6 y 8 patrullas que a diario custodian la entrada a la mina”, para que así la empresa pueda avanzar en su intención de extracción de oro. Nos dice que las comunidades se mantienen firmes, y dicen: “Mi tierra no se vende”.

Está haciendo una gira por Washington, Barcelona, Madrid y Bruselas, solicitando apoyo para la realización de un nuevo estudio de impacto medioambiental, y que esta vez sea independiente, con el objeto de parar las intenciones de Exmingua, ahora subsidiaria de la norteamericana Kappes Kassiday & Associates (KCA).

Para entender esta historia tenemos que adelantarnos a 2011, cuando las poblaciones de La Puya tuvieron conocimiento de los intereses de la empresa de extraer el oro de sus tierras. A sabiendas del impacto contaminante en el agua de las prácticas para la obtención del preciado metal, miembros de las comunidades fueron a preguntar a las autoridades competentes por el necesario estudio de impacto medioambiental.

Sandoval nos cuenta que las autoridades les dijeron que no se preocuparan, que el proyecto no saldría. Si bien tiempo después supieron que el Ministerio de Energía y Minas guatemalteco aceptó el citado estudio y que había autorizado la explotación.

Según se resalta en el informe de Amnistía Internacional “ La minería en Guatemala: Derechos en peligro” las comunidades deben disponer de información completa y objetiva, facilitada de forma clara y culturalmente adecuada. Marta Mendiola, responsable DESC de Amnistía Internacional España, nos aclara que en Guatemala existe un clima de impunidad importante, y que no se cumple con las obligaciones de consulta a las comunidades previa a la concesión de una explotación.

En este contexto, las personas que defienden los derechos humanos están sufriendo ataques e intimidación. En 2003 UDEFEGUA, ONG especializada en la defensa de Derechos Humanos, registró un total de 657 casos de agresión contra defensores y defensoras en Guatemala. La relatora especial de la ONU sobre la situación de los defensores de los derechos humanos señaló en un informe de 2013 que Guatemala era uno de los seis países que habían recibido el mayor número de comunicaciones de su oficina, de las cuales la tercera parte se refieren a denuncias de asesinatos y de tentativas de asesinato.

El reto que nos plantea Álvaro Sandoval es difícil, puesto que “los empresarios fuertes de Guatemala están detrás de estos proyectos, y ellos han hecho siempre lo que han querido”. Ante ello recalca la importancia de la resistencia no violenta.

Para acabar, Sandoval nos avisa que lo que vemos lejano puede suceder en nuestra tierra. En España la ciudadanía empieza a movilizarse ante la entrada del fracking en el territorio español o la aprobación del Tratado de Libre Comercio entre EEUU y la UE, conocido como TTIP por sus siglas en ingles. De momento cientos de municipios se han declarado libres de fracking, según el registro de Amigos de la Tierra. Ecologistas y comunidades autónomas se enfrentan al Gobierno por esta técnica que podría contaminar los acuíferos subterráneos. Aquí también empezamos a asumir que el agua es un derecho que hay que defender.

¿Nos han de importar las causas y los derechos globales? En un mundo tan interconectado está claro que deberíamos. La defensa de los derechos humanos y del medio ambiente nos debe tocar a todas las personas, desde la exigencia de cumplimiento a nivel global y actuando desde lo local, puesto que con frecuencia es implicándonos desde lo pequeño como podemos cambiar el mundo.

Declaran a Chicomuselo territorio libre de minería

Por Fredy Martin Pérez, en Chiapas Paralelo

Habitantes de Chicomuselo, municipio de Chiapas ubicado en la sierra, efectuaron marchas y manifestaciones este lunes, como parte de una jornada de actividades de tres días, para declarar a Chicomuselo como un “municipio libre de la minería”.

José Luis Abarca, presidente de la Fundación Mariano Abarca -asesinado en el marco de la defensa que hizo del territorio de Chicomuselo-, dio a conocer que la marcha que efectuaron por las principales calles de la cabecera municipal, es porque su territorio está siendo disputado por empresario y políticos, a los campesinos dueños de la tierra, porque tienen una riqueza minera, que de extraerse, acabaría con los ecosistemas del lugar y la salud y vida de miles de familias de la zona.

Por ello las y los manifestantes se unieron a la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema), independiente que formen parte de organizaciones sociales, sindicatos de maestros y miembros de la sociedad civil.

En la marcha que se llevó participaron integrantes del Frente de Organizaciones Populares por Chicomuselo y las organizaciones Campesina Emiliano Zapata (OCEZ) DI UNOPII y la agrupada a la CNPA, así como miembros de organismos no gubernamentales.

La marcha tiene el propósito de pedir que no regrese la empresa canadiense Blackfire, al municipio por considerar que durante el tiempo que laboró en el municipio, “únicamente polarizó la sociedad”.

Incluso, por la presencia de la empresa que extraía barita,fue asesinado Mariano Abarca, sin que por este incidente haya personas en la prisión.

El miércoles, el último día de la actividad, se espera la presencia del obispo de la diócesis de Huehuetenango, Guatemala, Alvaro Ramazzini, que en su territorio ha mantenido una batalla en contra de la actividad minera.

El obispo que estará acompañado de párrocos locales, oficiará una misa durante un evento que se realizará en la cabecera municipal de Chicomuselo.

José Luis Abarca, dijo que “no es suficiente” que el 20 de noviembre del 2009, el gobierno haya declarado a “Chiapas como estado libre de la minería”, pues hay amenazas de que pueden regresar los empresarios y confrontar a la ciudadanía como ocurrió entre el 2005 al 2009 en Chicomuselo.

DESCARGAR LA DECLARACIÓN DE CHICOMUSELO LIBRE DE MINERÍA (REMA/CHIAPAS)

Hay alternativas al extractivismo

Centro Peruano de Estudios Sociales – CEPES
Red Peruana por una Globalización con Equidad – RedGE

Vía Movimiento M4

Presentando al extractivismo [fragmento]

postextractivismoLas grandes explotaciones mineras o petroleras son ejemplos de extractivismo. Son acciones que realizan los seres humanos para obtener recursos naturales: taladran, perforan, fragmentan, y así sucesivamente, obteniendo productos que luego se utilizarán con otros fines.

El “extractivismo” es un caso particular de la extracción intensa de recursos naturales, y se lo define en la presente guía de una manera particular: (1) son extracciones de grandes volúmenes, y (2) que son esencialmente exportados.

 

Los ejemplos más conocidos son la minería a cielo abierto o la explotación de hidrocarburos. Pero esta definición también permite afirmar que otras actividades representan formas de extractivismo, destacándose la agricultura intensiva de monocultivos de exportación.

Actualmente se observa una fuerte expansión del extractivismo en América del Sur. La minería, hidrocarburos y monocultivos reciben grandes inversiones y se inician nuevos emprendimientos en casi todos los países. Se apela a prácticas cada vez más intensivas, a veces utilizando productos tóxicos y peligrosos, muchas veces usando explosivos, y se cubren áreas geográficas mayores, afectando por ejemplo las cuencas hidrográficas. Viejos emprendimientos son reactivados y profundizados, y países que no eran extractivistas ahora están comenzando a serlo.

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Patrimonio Biocultural y Megaminería: un Reto Múltiple

Patrimonio Biocultural y Megaminería: un Reto Múltiple
Exposición Itinerante

¿inversiones? ¿negocio? ¿desarrollo? ¿vida campesina? ¿futuro?
Ellos nunca preguntaron. Simplemente llegaron…

Inauguración:
Museo Regional Cuauhnáhuac,
Cuernavaca Centro
Sábado 15 de noviembre de 2014, a las 12h.

COMUNICADO DE OILWATCH: El futuro de América Latina no está en el fracking

Oilwatch Latinoamérica

El fracking es una agresiva técnica para extraer petróleo y gas de formaciones compactas, como la roca madre, fracturándolas con la inyección de un coctel de cientos de químicos y millones de litros de agua. Es la expresión de un patrón energético capitalista que, ante el agotamiento de las fuentes de hidrocarburos convencionales, amplía las fronteras geográfica y tecnológica. Su aplicación provoca iguales -y aún peores- impactos en la salud y el ambiente que las tradicionales operaciones petroleras, e incrementa el despojo y el empobrecimiento de nuestros pueblos.

Investigaciones como las realizadas por científicos de las universidades de Duke y Politécnica de Pomona (California, EE.UU.) o el Tyndall Centre for Climate Research de la Universidad de Manchester (UK), por citar algunas, han demostrado la multiplicidad de impactos del fracking sobre las aguas, el aire y los territorios. Es decir, sobre todas las formas de vida.

Pueblos indígenas y comunidades campesinas hoy ven amenazada la permanencia en sus territorios por proyectos de explotación de yacimientos no convencionales. El Pueblo Mapuche, en la Patagonia argentina, y las comunidades campesinas del departamento Boyacá, en Colombia, son testimonios de la resistencia continental a la ampliación de la frontera extractiva.

El fracking ha sido presentado por gobiernos y empresas como una tecnología limpia, un aliado en la lucha contra el cambio climático, que permitirá la gasificación de la matriz energética, reduciendo el consumo de otros combustibles fósiles -sucios- como el carbón y el crudo. Sin embargo, se ha verificado que la aplicación de esta técnica produce mayores emisiones de metano que los yacimientos de gas convencionales. Además la hidrofractura también es utilizada para la extracción de crudo, por lo que en lugar de servir como puente hacia la Soberanía Energética, con energías limpias y renovables, constituye una herramienta para extender el consumo de fósiles.

El incremento de las reservas de gas y crudo de América Latina, para ser explotadas con aplicación del fracking, no estarán destinadas a satisfacer las necesidades de los pueblos, por el contrario, continuarán dirigiéndose a los grandes consumidores mundiales. Alejarán aún más a los países del Sur de la anhelada y urgente transición. La promoción de esta técnica, por parte de los gobiernos de nuestros países, nos ata a la condición de exportadores de commodities, agudizando la dependencia económica, geopolítica y tecnológica en el sistema mundial.

En este tipo de explotaciones el sector más beneficiado es el de las empresas de servicios como las estadounidenses Baker Hughes, Halliburton, Weatherford, Schlumberger, que desarrollaron esta tecnología. Estas compañías permanentemente organizan o auspician foros internacionales para promover el desarrollo de no convencionales. Su poder de lobby le ha permitido a este sector, por ejemplo, que en 2005 el Congreso de EE.UU. apruebe la reforma de la Ley de Aguas, conocida como Enmienda Halliburton, que reduce la capacidad de regulación sobre los fluidos empleados en la fractura hidráulica. Esa capacidad de lobby está activa en cada uno de nuestros países, donde presionan, seducen y logran, en muchos casos, allanar el camino al fracking.

En este Día Internacional contra el Fracking / Global Frackdown, Oilwatch Latinoamérica celebra la lucha de los movimientos anti-fracking alrededor del mundo, que han generado una alta sensibilización de la ciudadanía acerca de los daños socioambientales que esta técnica provoca. Esto se ha traducido en triunfos como la prohibición en Francia o los límites puestos a este tipo de proyectos en más de 400 pueblos y ciudades de EE.UU. También en Argentina más de 40 municipios sancionaron ordenanzas prohibiendo la técnica y normas similares fueron aprobadas en Uruguay y Brasil. El rechazo global al fracking se manifestó de manera contundente en septiembre último, en la Marcha Climática de los Pueblos, donde más de 300 mil personas se movilizaron por las calles de Nueva York.

Oilwatch Latinoamérica propone abrir un debate serio y franco sobre los patrones energéticos, el modelo hegemónico de sociedad, nuestra relación con la Naturaleza y la necesidad de dejar los hidrocarburos en el subsuelo. Nos comprometemos a continuar acompañando las luchas en defensa de nuestros territorios e invitamos a seguir promoviendo formas de producción y consumo locales, autónomas, descentralizadas y armónicas con la Naturaleza, en pro de trascender esta civilización petrolera.

Latinoamérica, octubre de 2014.

coord-owla@oilwatch.org
www.oilwatchsudamerica.org

Exploración Petrolera en Honduras, áreas protegidas y cambio climático

La exploración y posible explotación de hidrocarburos en la plataforma continental del Caribe hondureño, coloca al pueblo Garífuna en una endeble situación ante la enorme fragilidad ambiental existente y las graves consecuencias del cambio climático.

 

Honduras según el Global Climate Risk Index 2014, es considerado el país más afectado en el planeta por el cambio climático entre los años 1993 al 2012. Sin embargo, las iniciativas estatales para su mitigación y adaptación han sido mínimas, dedicándose la Dirección Nacional de Cambio Climático a promover falsas soluciones las cuales son promovidas por los organismos financieros internacionales.
 
La costa norte de honduras ha sido uno de los parajes mas afectados por las inundaciones relacionadas con huracanes y tormentas tropicales en la cuenca del Caribe. Los pueblos Miskito y Garìfunas hemos visto nuestros territorios frecuentemente inundados, efecto en la mayoría de los casos por la deforestación y subsecuente sedimentación de las cuencas hidrográficas, cuya destrucción ya era más que un hecho palpable durante el huracán Mitch. Sin embargo no se tomó ninguna lección al respecto y en los últimos 15 años se intensificó el ecocidio sistemático que se viene dando en Honduras.
 
Desde la década de los años 90 comenzó una privatización de los hábitats funcionales de las comunidades de los pueblos indígenas que habitamos en el caribe hondureño. La creación de áreas protegidas costeras y marinas inconsultas, conllevó a una aparente protección de los ecosistemas, situación que en muchas ocasiones generó abusos a los derechos humanos y la distorsión de los propósitos conservacionistas.
 
El Sistema de Arrecifal Mesoamerciano (SAM) y el silencio sobre las exploraciones petroleras
 
El SAM fue creado con el propósito de aglutinar una serie de áreas protegidas marítimas que se extienden desde la isla de Holbox hasta el río Patuca. A lo largo del arrecifal se encuentran vastos yacimientos de hidrocarburos, los que se han comenzado a explorar, sin que las organizaciones involucradas en la protección del arrecifal se hayan pronunciado de forma pública al respecto.
 
El enorme logro del pueblo beliceño en relación a la suspensión de la exploración en el simbólico agujero azul (Blue Hole), después de haber efectuado un referéndum al respecto, demostró la capacidad de movilización de los grupos ambientalistas en la excolonia británica. Mientras tanto en Honduras el Grupo BG adelanta sus exploraciones en un bloque de 35,000 kms2, que fueron otorgados por el Estado de Honduras, sin efectuar consulta previa, libre informada como exigen tratados y convenios firmados y ratificados por el Estado de Honduras.
 
En el caso de Honduras existen yacimientos de hidrocarburos en la denominada cuenca de Tela, la cual se extiende desde la Moskitia hasta la bahía de Tela. En algunos de los humedales costeros se encuentran filtraciones de petróleo las que de forma frecuente se observan en la superficie de lagunas y pantanos vecinos a las comunidades Garífunas.
 
Posterior a la entrega del bloque de 35.000 kms2 en la plataforma marítima al Grupo British Gas, Chevron mostró interés en un bloque contiguo de aproximadamente 38.000 kms2. Es de esperar que posteriormente el Estado de Honduras comience a licitar bloques en los humedales costeros, como sucede tanto en Belice y Guatemala en las áreas protegidas en las inmediaciones del río Sartum.
 
En el caso específico de los habitantes del “área protegida” de Cayos Cochinos, las autoridades encargadas de “administrar” el lugar, se han vuelto cómplices por su silencio y nunca informaron a la comunidad Garifuna que habita en dichos cayos, sobre la enorme contradicción existente entre protección ambiental y explotación petrolera.
 
Las pavorosas imágenes de la contaminación ambiental en el delta del Niger es muy posible que se repetirán en la costa norte de Honduras, tomando en cuenta la corrupción imperante y la probada inconsistencia de la aplicación de leyes ambientales.
 
El Estado de Honduras y la denegación del derecho a la Consulta Previa
 
Desafortunadamente la actual dictadura civil promotora del colapso judicial existente, y comprometida en la entrega del bloque marítimo a BG, se mofó del derecho a la consulta para el consentimiento, previo, libre e informado, como dispone el Convenio 169 de la OIT y la Declaratoria de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas; además de los artículos 8j y 10c del Convenio de Diversidad Biológica.
 
La Secretaría de Recursos Naturales (SERNA) envió una nota a nuestra organización de fecha 5 de agosto, de 2013, con el propósito de iniciar la supuesta socialización a la cual denominaron consulta. Para el 27 de mayo SERNA había colocado en su portal de internet el Contrato con BG, el que fue aprobado por el Congreso Nacional a matacaballo el 15 de agosto.
 
Para mediados del mes de octubre, SERNA y BG efectuaron una socialización en la Moskitia, y según reportes de prensa la población indígena manifestó repudio en contra de la exploración y explotación de hidrocarburos.
 
SERNA como BG, han ignorado el posible peligro que alberga tanto para el litoral como el territorio insular del Caribe hondureño un derrame de hidrocarburos. Ante las usuales corrientes marina en esa zona del Caribe, todas las comunidades Garífuna en Honduras, Guatemala y Belice se verán afectadas por cualquier desastre que ocurra en el bloque concedido a BG.
 
Erosión costera y la paulatina desaparición de las comunidades Garífunas
 
Mientras las compañías petroleras afinan sus contratos leoninos con el estado de Honduras, las consecuencias del cambio climático se incrementan, y las playas del Caribe hondureño sufren de una enorme erosión costera. Las comunidades Misquitas y Garífunas se encuentran amenazadas por el avance de la línea de la marea, en especial aquellas que se encuentran localizas en cordones litorales. La salinización de las lagunas costeras afecta a los manglares además de incidir en las especies que suelen reproducirse en ese tipo de ecosistema.
 
Es inaudito como el Estado de Honduras se ha rezagado en relación a una respuesta adecuada al cambio climático y la erosión costera, dedicándose exclusivamente a las falsas soluciones como es el Programa REDD+ y los proyectos de Mecanismos de Desarrollo Limpio. El primero orientado a una distorsionada e irreal protección del bosque y el segundo encaminado a la destrucción de cuencas hidrográficas, a través de la construcción de represas hidroeléctricas que terminarán en fiascos ante los cambios de precipitación pluvial que se están dando en Honduras.
 
En buena parte de las comunidades Garífunas ya se observa como la línea más alta de la marea se encuentra en frente de sus casas y la playa ha desaparecido en los últimos tres años. La pérdida de los cocos hace una década y la destrucción de los bejucos de playa además de la extinción de los pastos marinos, han generado un efecto demoledor sobre los remanentes de las playas a lo largo de todo el litoral caribeño.
 
Sambo Creek, 28 de Octubre del 2014

Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH

¡Di NO a la Prohibición de Plantas Medicinales en México!

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El Gobierno Mexicano a través de su órgano regulador, la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) publicó una lista de 200 Plantas Medicinales -muchas de ellas de la Medicina Tradicional Indígena- que quiere PROHIBIR su uso en tes, infusiones y suplementos alimenticios. Esta lista incluye hierbas tan tradicionales y de uso generalizado como Árnica, Epazote, Anís Estrella, Equinacea, Pasiflora, Valeriana, Zarzaparrila y Sábila; además del Hongo Reishi, el Ginseng, el Ginko Biloba y hasta el Té Mate, entre otros.

Los únicos beneficiados de esta medida serán las empresas farmacéuticas, que serían las únicas que podrían elaborar productos con estas plantas, acabando con la Medicina Tradicional Indígena. Su prohibición es un ataque a las Culturas Étnicas y a los derechos humanos de todos los mexicanos. Esta lista se encuentra ya en la Comisión Federal para la Mejora Regulatoria (COFEMER) del Gobierno Mexicano, para su aprobación; y en espera de la firma del Presidente Enrique Peña Nieto. Ayúdanos a evitar que este atentado a las libertades ciudadanas sea impuesto desde las altas esferas del gobierno. Firma nuestra petición y ayuda a difundirla. Es por el bien de todos los mexicanos.

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Nueva alerta sobre las enfermedades respiratorias en la población de Cahuaré, contaminada por la mina Cales y Morteros

Otros Mundos A.C. / Movimiento Salvemos Al Cañón del Sumidero

Viernes 17 de Octubre 2014. San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México

En Otros Mundos A.C., miembro de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), somos parte del “Movimiento Salvemos Al Cañón del Sumidero”, fundado por el Comité Pro-Mejoras de Cahuaré (Chiapa de Corzo, Chiapas). Junto con los habitantes de esta localidad ubicada en la entrada del Parque Nacional del Cañon del Sumidero, luchamos por el cierre definitivo de las actividades de la mina Cales y  Morteros del Grijalva S.A. de C.V. y denunciamos las crecientes enfermedades en la salud de la población que se ve afectada por las emisiones contaminantes de la calera.

En junio pasado hemos realizado entrevistas con una docena de habitantes en las cuales casi todos confirmaron que el único remedio que les podía curar, según sus doctores, era de irse de la localidad para vivir lejos de la calera o de obtener su cierre.

Tercera alarma de la Secretaría de Salud de Chiapas
 
Por la tercera vez en tres años, la Secretaría de Salud de Chiapas emitió el mes pasado un estudio alarmante sobre el estado de salud de los habitantes de Ribera Cahuaré, expuestos día y noche a las emisiones contaminantes de la mina Cales y Morteros del Grijalva S.A. de C.V., instalada desde 1963 cerca de sus viviendas, dentro del Parque Nacional del Cañón del Sumidero. La morbilidad por infecciones respiratorias agudas en Cahuaré “constituye un problema serio de salud en la localidad”, alertó la Secretaría en este informe.
 
“Las Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) son la primera causa de morbilidad” en la Ribera Cahuaré, según el estudio epidemiológico entregado el 19 de septiembre de 2014 por la Secretaría al Comité Pro-Mejoras de Cahuaré, quien lucha desde hace 12 años por el cierre de la minera y quien solicitó este informe. Las infecciones respiratorias agudas representan un 12,6% de las consultas realizadas entre el 28 de diciembre de 2013 y el 2 de agosto de 2014 en la segunda sección de la Casa de Salud de Ribera Nambadúa, que presta atención a la población de Ribera.
 
Tos, estornudos, escurrimiento nasal, dolor de garganta…
 
Las infecciones respiratorias son la plaga que agobia a la población de Cahuaré, expuestas a las partículas de calhidra y de petcoke (residuo de petróleo usado como combustible) que emite la mina Cales y Morteros 24 horas al día, 365 al año. Según el mismo estudio epidemiológico, para el cual fueron encuestados 513 habitantes, 25% de las personas encuestadas tenían tos (128 personas). 23,1% tenían estornudos (119), 23% sufrían de escurrimiento nasal (117), 22% tenían dolor o ardor de garganta (114) y 21% sufrían de obstrucción nasal (110).
 
Adjunto a su estudio epidemiológico, la Secretaría de Salud emitió un diagnóstico sanitario en el cual denuncia que “la empresa genera cantidades de humo y polvo , producidos por el tipo de material y/o producto que elaboran; dichos residuos son liberados al aire libre o a cielo abierto”. Precisa que no sólo los habitantes se ven afectados por estas emisiones, sino que también “la flora que se encuentra a la periferia de la empresa debido a que el polvo y humo cubre a los árboles rompiendo con el equilibrio ecológico.”
 
Rinitis alérgica, asma, bronquitis, dermatitis…
 
En este diagnóstico sanitario, para el cual se realizaron encuestas en 121 viviendas de Cahuaré entre el 18 y el 23 de agosto de 2014, se reportan graves enfermedades que pueden ser vinculadas a la contaminación provocada por Cales y Morteros. Resultó que 15,7% de la población estudiada sufría de enfermedades respiratorias. La más frecuente era la rinitis alérgica (9,9% de las personas encuestadas), luego el asma (4,90%) y la bronquitis (0,8%). Además, se registraron casos de dermatitis (patología dermatológica que se traduce por el hinchazón o el enrojecimiento de la piel) en un 12,3% de la población estudiada.
 
“La cal esparcida en el ambiente es un factor importante”
 
Los habitantes de Cahuaré saben que están perdiendo su salud a causa de las actividades ultra-contaminantes de Cales y Morteros. Y no son los únicos. La Secretaría de Salud del estado de Chiapas también lo sabe desde hace años. Lo denunció por primera vez un diagnóstico de la situación de salud de la población de Cahuaré realizado en mayo de 2011, en el cual había escrito: “los problemas de salud más frecuentes son afecciones de las vías respiratorias y de la piel, lo cual se asocia con la expansión de cal de la fábrica que se encuentra en la localidad”.
“La cal esparcida en el ambiente es un factor importante en el desarrollo de las enfermedades respiratorias”, subrayaba el documento, concluyendo que “la asociación de este factor sumada a la casuística de las enfermedades nos hace pensar que el origen de estas enfermedades está directamente relacionado”.
 
Dos años y medio después, en un estudio epidemiológico publicado en octubre de 2013, la Secretaría alertaba que un 25,9% de la gente enferma en Cahuaré, es decir 192 personas, “presentaban comorbilidad a infección respiratoria aguda (IRA)”. “La presencia esparcida de cal en las viviendas es un factor de riesgo ambiental determinante para el desarrollo de enfermedades respiratorias agudas”, añadía el documento.
 
¿ Cuántas alertas más ?
 
¿ Cuántas alertas más de la Secretaría de Salud se van a necesitar para que las autoridades chiapanecas y federales tomen en serio el asunto? ¿Qué utilidad tienen los estudios de la autoridad sanitaria si no resultan en medidas concretas para dar un fin a las actividades contaminantes de Cales y Morteros quien sabemos está trabajando sin permiso en una área natural protegida en total ilegalidad ?
 
El derecho de protección a la salud es un derecho fundamental de todos los ciudadanos mexicanos, garantizado por el Artículo 4 de la Constitución. Por ello, denunciamos la inacción de la Secretaría de Salud que se contenta de repartir “frascos de plata coloidal para la desinfección de frutas y verduras” y “folletos alusivos a técnica de lavado de manos y manejo higiénico de alimentos” (como lo precisa en su informe) a la población de Cahuaré en vez de emitir recomendaciones firmes y claras a las autoridades para el cierre de la mina.

¿ Cuántas alertas más de la Secretaría de Salud se van a necesitar para que las autoridades chiapanecas y federales tomen en serio el asunto? ¿Qué utilidad tienen los estudios de la autoridad sanitaria si no resultan en medidas concretas para dar un fin a las actividades contaminantes de Cales y Morteros quien sabemos está trabajando sin permiso en una área natural protegida en total ilegalidad ?
 
El derecho de protección a la salud es un derecho fundamental de todos los ciudadanos mexicanos, garantizado por el Artículo 4 de la Constitución. Por ello, denunciamos la inacción de la Secretaría de Salud que se contenta de repartir “frascos de plata coloidal para la desinfección de frutas y verduras” y “folletos alusivos a técnica de lavado de manos y manejo higiénico de alimentos” (como lo precisa en su informe) a la población de Cahuaré en vez de emitir recomendaciones firmes y claras a las autoridades para el cierre de la mina.

Denunciamos la inacción del gobierno de Manuel Velasco Coello que no ha hecho esfuerzos serios para poner un fin a la injusticia que afecta Cahuaré. Cuando la Secretaría de Medio Ambiente e Historia natural (Semanh) de Chiapas ordenó la suspensión temporal del banco de material de la mina en julio de 2014, esta decisión ni fue acompañada de medidas de implementación ni verificación de su cumplimiento por parte de la empresa. El resultado tres semanas después de la clausura oficial, es que la empresa continuaba con la extracción de piedras calhidras del Cañón del Sumidero y contaminando el ambiente.
 
Tienen el derecho a vivir en un ambiente sano
 
Denunciamos la inacción de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) a quienes les corresponde garantizar el derecho a un medio ambiente sano, que es reconocido en el derecho internacional. Hace años que estas autoridades, junto con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) hubieran obligado a la empresa cerrar sus operaciones por no tener permisos, por contaminar el ambiente y por destruir el Cañon del Sumidero, cuyas paredes se encuentran gravemente fracturadas a causa de las actividades de la mina.
 
Los habitantes de Cahuaré tienen el derecho a vivir en un ambiente sano y en buena salud. No deberían ser obligados de huir de sus casas para curarse de las enfermedades respiratorias que les provocaron las emisiones contaminantes de la mina Cales y Morteros. Quieren que las autoridades actúan para protegerles y garantizar sus derechos en vez de proteger a los dueños de la calera. Junto con ellos, ¡ exigimos el cierre definitivo de la mina ¡
 
¡ Ya basta con tanta impunidad !

 ¡ Cierre de la mina Cales y Morteros del Grijalva, ya ¡

Más información:
– EL ESCARAMUJO 48: Cañón del Sumidero: el pueblo de Ribera Cahuaré enfermo a causa de la mina Cales y Morteros (julio de 2014)
 
– Cañón del Sumidero: a pesar de la clausura temporal, la mina Cales y Morteros sigue excavando (julio de 2014)

El Zapotillo y las decisiones autoritarias

Rubén Martín/El respetable
Vía cronicadesociales.org

El proyecto público-privado de construcción de la presa El Zapotillo y el acueducto que se llevará el agua de la cuenca del río Verde (Jalisco) a León (Guanajuato) se ha manejado desde su arranque en la opacidad y el autoritarismo.

En la opacidad, porque desde que se diseñó y asignó a contratistas privados, las entidades públicas responsables del proyecto, como son la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y los gobiernos de Jalisco y Guanajuato, han evitado hacer pública toda la información sobre el proyecto, por lo que se ha engañado y manipulado a las poblaciones afectadas directamente y a los habitantes de los dos estados involucrados.

Y ha sido un proyecto manejado autoritariamente porque nunca se consultó a los pobladores que se verían afectados directa o indirectamente. Y a siete años del proyecto, todavía y a pesar de la intensa movilización social que hay en contra de El Zapotillo, las autoridades involucradas dicen que la presa se hará pese a todo. Así lo declaró la semana pasada José Elías Chedid Abraham, delegado de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en un debate organizado por Agustín del Castillo en el diario Milenio.

Hasta ahora, buena parte del debate en torno a El Zapotillo ha girado (de manera justificada) sobre la suerte de las poblaciones de Temacapulín, Acasico y Palmarejo dado que la altura de la cortina de la presa (105 metros) concebida por Conagua y las constructoras privadas inundaría dichos pueblos.

Digo que este debate ha sido justificado porque es de primordial importancia evitar la inundación de tres poblaciones por una decisión autoritaria del gobierno.

Pero hay otros aspectos del debate que, o se escondían o se ignoraban. Y ha sido en buena medida por las advertencias del especialista español Pedro Arrojo Agudo, que se puede tener un mapa más amplio de los temas y riesgos que implica el proyecto de la presa El Zapotillo.

Como bien dijo en distintos foros el español Pedro Arrojo en su visita la semana pasada, la presa El Zapotillo es apenas la punta del iceberg de un asunto más amplio: la decisión de trasvasar agua de una cuenca sobreexplotada como es la del río Verde, a una cuenca que tiene sus propias reservas de agua, como es León.

Pedro Arrojo, como ya antes habían hecho los pobladores de Temacapulín y Juan Guillermo Márquez del Consejo Regional de Desarrollo Sustentable de Los Altos (Conredes), ha señalado de manera certera que esa es una decisión no solo cuestionable en términos técnicos, pues la estimación de reservas de agua en la cuenca del río Verde es inexacta.

Por eso mismo la decisión del trasvase de agua a León es también injusta socialmente, porque debido a su explotación actual y a el cambio climático, la cuenca del río Verde será deficitaria, por lo que el trasvase a la ciudad de León pone en riesgo el abasto para los propios pobladores de Los Altos.

La otra advertencia de Pedro Arrojo es más preocupante, pues advierte sobre posibles “guerras fratricidas” entre los pobladores de Los Altos y de la zona metropolitana de Guadalajara, dado que el trasvase de la cuenca del río Verde a León, necesariamente hará que los pobladores de ambas regiones jaliscienses compitan por el agua.

El Zapotillo es un proyecto concebido para garantizar el agua a poblaciones urbanas que la desperdician, y para privilegiar su consumo en procesos industriales o comerciales, es decir, de valorización privada, antes que en garantizar el consumo humano del agua.

A pesar de que para las autoridades El Zapotillo ya es un hecho, lo más sensato ahora y en el futuro es detener y cancelar la presa aludida y poner en primer plano el consumo humano del agua y no la privatización de la misma, acompañada de lucrativos negocios de obras hidráulicos, como presas y acueductos.

Otras notas:
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Los procesos de minería a cielo abierto y su impacto en la salud y medio ambiente

lajornadadeoriente.com.mx

Cañadas del río apulco, SIERRA NORTE DE PueBLA, Méx. El segundo taller que se realiza en el marco del Encuentro de Pueblos en Contra del Modelo Extractivo Minero, celebrado entre los días 14, 15 y 16 de marzo en la comunidad de Tlamanca, reunió a personas de diferentes regiones del país con experiencias diversas en cuanto a los impactos en la salud por la actividad minera, particularmente a cielo abierto. En algunos pueblos la minería se ha llevado a cabo desde hace ya varios años y en otros aún no se han logrado instalar dichos proyectos.

La experiencia y la voz directa de Carrizalillo, Guerrero, fue valiosa en Tlamanca, ya que se trata de impactos en la vida después de 8 años de extracción minera. En ese caso, han aparecido enfermedades en piel (manchas, escamación), ojos y garganta. Han muerto hombres y mujeres que trabajaban en los laboratorios porque no hay cuidado de los botes que contienen los productos químicos tóxicos utilizados en la minería. También ha habido abortos, partos prematuros y niños con deformaciones. La problemática de salud es fuerte y se agrava porque las instituciones de salud no dan información completa y adecuada de lo que ocurre. No explican si las muertes recientes son ocasionadas por procesos ligados a la minería y se oculta y manipula la información.

Además del contacto directo con sustancias tóxicas y con metales durante diferentes etapas del proceso de minería, esto se debe también a la extinción de flora y fauna y a la contaminación del agua, la tierra y los alimentos. Por otro lado, las amenazas de secuestros a las familias detonan enfermedades psicológicas y emocionales en los opositores a la mina. Así mismo, con la creación de conflictos, la mina daña la salud colectiva y comunitaria. “En la comunidad dejamos de tener salud por no saber qué ocurrirá, por pelearnos, por desunirnos”.

Además de la salud, el territorio y la madre tierra han sido también dañados, hay muerte de animales en zonas de agua represada y además muere la fauna que toma agua de ahí. Ya no hay vida verde, es un ambiente seco, los manantiales desaparecieron o se contaminaron. También se daña el suelo que nos da sustento, el aire que respiramos y el agua que bebemos. Al ver la muerte caemos en la tristeza y miedo, lo cual ocasiona más daños.

Ante todo este territorio adverso, también nos damos cuenta y queremos hacer mucho. Primero nos hemos dado cuenta de que además de un problema de salud es un problema social y hay que compartir nuestra información para hacer fuerza y no dejarnos engañar. No podemos dejarnos engañar o adormecer ni creer que somos menos, tenemos que organizarnos a nivel nacional, municipal y estatal y llevar a cabo acuerdos comunitarios para expulsar a las mineras que violan las leyes que protegen nuestra salud, nuestra vida y el lugar donde vivimos.

Todo este panorama de muerte pero también de lucha por defender y fortalcer la vida, fue enriquecido por la participación del doctor hondureño Juan Armendariz y el científico italiano Flaviano Bianchini, de Asistencia Internacional, organización no gubernamental que acompaña documentando los daños a la salud de empresas extractivas.

En su intervención, Juan Armendariz partió de lo que él llamó “la idea de la vida” y no de la salud. Dijo que tenemos que entender que lo más importante es la vida, la vida total, la que está en cada aspecto de la madre tierra, en una roca, en una montaña, en un bosque, en el agua. Ésta es la idea de lo sagrado, de que la vida es sagrada, no la salud. Mencionó que si impactamos lo que creemos no viviente, dañamos nuestra salud. Debe existir unidad de caos y orden, eso da armonía.

Algo muy triste es que las mineras van a utilizar su poder político y económico para decirle a los investigadores que mientan diciendo que no hay contaminación. Pero que son importantes los trabajos de los académicos mientras estén ligados a las comunidades organizadas para tener conciencia y conocimiento.

Para Flaviano Bianchini, la afectación es general porque es algo mayor a los metales específicos. Hay que considerar que son proyectos inmensos. Mencionó que “cuando hemos ido a los pueblos con proyectos mineros a tomar las muestras de agua, tenemos que tomamos dos días en auto alrededor de la mina. Podemos darnos cuenta de que su impacto es inmenso, solo por el hecho de ausencia de bosque, alteración de causes de ríos, movimiento de tierra, impacta todo: la biosalud, la ecología.

Si afectamos el medio ambiente, afectamos nuestra fuente de trabajo, nuestras actividades productivas, y con eso la alimentación (causando desnutrición) y la economía (aumentando la pobreza).

En este taller, además se presenta el caso de Guatemala y los participantes hacen mención de las hay diferencias en la percepción entre los que viven el problema de forma directa y los que aún, aunque tienen una licencia de explotación, no la han vivenciado. En un caso en Guatemala, en frontera con México, se ha realizado un estudio de aguas donde se llevan 7 años de monitoreo ambiental en la cuenca del río Cuilco que pasa de San Marcos a Huehuetenango y luego a México convertido en el Río Grijalba, Hay una mina operando por más de 60 años que explota plata, propiedad de la empresa canadiense Gold Corp.

El estudio de aguas se ha presentado en un concentrado de todos los años en los que se demuestra que sí hay contaminación para alertar a población y autoridades, pese a que los análisis certificados de la empresa indican que no. La contaminación es por diversos minerales. Lo que el análisis temporal expresa es que los metales han rebasado las cantidades permitidas nacional e internacionalmente.

Sobre la situación que guardan los cuerpos de agua, los testimonios presentados en este taller, hacen evidente que la situación del agua es alarmante: Se secan pozos y las fuentes de agua además están contaminada en lo superficial y en lo subterráneo. Otra cosa es la utilización apabullante de agua por las empresas. Se ha generado una competencia y disputa por este recurso, en donde las empresas han incurrido en maniobras legales para controlar el preciado líquido por encima de las necesidades de las comunidades que se localizan en el perímetro de la empresa.

Sobre las acciones ha realizar o continuar en comunidades en donde ya se han instalado las mineras, se destacó que es necesario continuar estudios pero trascenderlos porque no son reconocidos ni se obtiene que ningún laboratorio reconocido lo sustente porque todo es un negocio y no quieren verse confrontados con el poder que ostentan las empresas mineras.