Comunidades se oponen a 21 proyectos mineros en la Sierra Madre de Chiapas

Reportaje de Rodrigo Soberanes publicado en Mongabay Latam el 20 Octubre 2017 en la serie «Activistas amenazados»

  • Un grupo de campesinos defiende 51 000 hectáreas de la minería.
  • Las minas están ubicadas en una importante Reserva de la Biósfera del estado de Chiapas.
  • Opositores han sido amenazados de muerte y se han registrado enfrentamientos violentos en la región.

Los campesinos que tratan de frenar 21 concesiones mineras, dentro de una zona de reserva en la Sierra Madre de México, llevan varios días y muchas horas hablando sobre cómo fue su última pelea con machetes y piedras contra un grupo de personas contratado —aseguran— por las empresas afectadas por su lucha.

Si los campesinos no olvidan esta pelea y no dejan de hablar de ella, es porque saben que después del último episodio violento, cualquier cosa puede pasar.

Esta disputa ocurre en la costa del estado de Chiapas, al sur de México, en un municipio llamado Acacoyagua. Allí, al pie de la Sierra Madre de Chiapas  —considerada como la última frontera minera del sur de México— viven más de 17 000 habitantes rodeados de las reservas de la biósfera La Encrucijada y El Triunfo, en una región conocida como El Soconusco.

Opositores a la minería en el puente donde impiden el paso a los camiones mineros. Foto: Rodrigo Soberanés.

En el caso puntual de su último enfrentamiento, señalan directamente a la minera El Puntal SA de CV, desarrolladora de la mina Casas Viejas, pero también han tenido dificultades con otras más, como el Grupo Minero Male, Honour Up Trading, GTM Mineral o personas que han identificado como las beneficiarias de las concesiones.

En esa región de reserva existen 51 000 hectáreas que podrían ser afectadas por proyectos, ya aprobados por el gobierno de México, que promoverían la apertura de 21 minas para la extracción de titanio. De esas 21 concesiones, tres ya han sido activadas y son el motivo de un intenso enfrentamiento entre opositores a la minería y las empresas que extraen el mineral.

Hoy, en los puntos estratégicos donde se instalará la logística minera, se han ido montando campamentos de lugareños —campesinos en su mayoría— opositores a ese plan de desarrollo económico empresarial para la región.

El Triunfo abarca desde zonas altas hasta parajes costeros. Es una región de más de 119 000 hectáreas que fue decretada como Reserva de la Biósfera para proteger, según el gobierno, el bosque de niebla que es el más diverso del Norte y Centroamérica, y «el ciclo hidrológico de las cuencas y la selva tropical húmeda del Soconusco».

La investigadora del Colegio de la Frontera Sur, Violeta Galicia, especialista en análisis de la minería en Chiapas, identificó anomalías graves sobre la actividad minera en general dentro de El Triunfo: dijo que la Comisión Nacional de Áreas Protegidas (CONANP) «se encuentra en una situación difícil», porque las concesiones mineras han sido aprobadas por la Secretaría de Economía del gobierno mexicano y, hasta el momento, «no existe una postura clara» de parte de esa institución —la CONANP— que se encarga de cuidar las áreas protegidas del país.

En su investigación «Cartografías del deseo en Chiapas: entre la conservación y el extractivismo», Violeta Galicia narra que trabajadores de la Conanp reciben «presión» de funcionarios de las altas esferas de esa institución, que están «posiblemente coludidos con los intereses mineros».

Y publica incluso, en el estudio, el testimonio de un trabajador de la CONANP que solicitó que su identidad se mantenga en reserva: «a nosotros como dependencia nos llega información de un proyecto y realizamos las observaciones. Decimos que no y mandamos la opinión a la Secretaría de Medio Ambiente. Entonces ellos nos regresan el oficio y nos dicen: ‘no te estamos preguntando tu opinión, te estamos avisando que se va a hacer el proyecto'».

Mongabay Latam pidió la versión de la CONANP y hasta el momento la dependencia solo ha contestado que su respuesta está en trámite.

En opinión del delegado de la Secretaría del Medio Ambiente (SEMARNAT) en Chiapas, Amado Ríos, el permiso de exploración y explotación concedidos a El Puntal se dio para extraer en bruto la materia prima y llevarla a otro lado para obtener el titanio, con lo cual, la dependencia da por hecho que la mina Casas Viejas no contamina.

Galicia identificó que la minería en El Triunfo afectará la captación de agua y el drenaje hídrico natural, con lo cual cambiaría el flujo de las filtraciones «alterando la calidad del agua debido a una contaminación por sedimentos y residuos de la actividad minera».

Reserva de la Biósfera El Triunfo. Foto: Marco Girón/ Ecosur.

Cuando los campesinos notaron la contaminación en sus ríos y detectaron varios tipos de enfermedades entre sus comunidades, crearon el Frente Popular en Defensa del Soconusco 20 de junio (FPDS) para sacar la minería de El Triunfo y se integraron a la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), una organización que trabaja en todo México y que ha seguido de cerca las amenazas que rondan a ese movimiento de resistencia.

Cuando el pueblo se enfermó

Los pobladores inconformes tienen claro cuáles son los problemas de contaminación y salud que los afectan,  pero muy poca información sobre las empresas responsables. La organización Impunidad Cero —que realiza investigaciones independientes sobre faltas o delitos que no son sancionados en México— documentó que no existe en el país un reglamento o norma con los criterios para otorgar las concesiones, y la SEMARNAT y la Secretaría de Economía no publican detalles de los proyectos.

El Instituto Mexicano para la Competitividad reveló en 2016 que «los expedientes de cada concesión solo pueden ser consultados por quien acredite interés jurídico o a través de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública». Por lo tanto, los pobladores tienen muy pocos nombres de las empresas que explotan recursos naturales en El Triunfo.

El Grupo Minero Male tiene una página web donde describe su misión en El Triunfo. «Queremos utilizar de manera sustentable el mineral que ahí existe. No haremos pozos, no dinamitaremos, no haremos túneles, no utilizaremos agua de enfriamiento, no haremos grandes movimientos de tierra», señala la empresa.

También habla de los beneficios que entregarían a la región: «Generar empleos, programas de interés social, ofrecer a las nuevas generaciones otras oportunidades de trabajo, evitar la migración de la gente, evitando así peligros y pérdidas para las familias chiapanecas, impulsar el desarrollo económico y cultural de toda la región», son las promesas que anuncia el Grupo Minero Male en su website.

Y son esos compromisos los que hace alrededor de 12 años transmitieron a los habitantes de Acacoyagua y que sirvieron para convencerlos, según recuerda Luís. «Nos dijeron cosas maravillosas, muy hermosas. Todos los ejidatarios quedamos impresionados de todo lo que nos iban a dar a cambio de que les diéramos el permiso de el paso», contó el profesor.

Opositores a la minería marchan en Acacoyagua lanzando consignas. Foto: Rodrigo Soberanés.

Pero hoy, los lugareños que en un principio estuvieron de acuerdo, se oponen francamente al desarrollo de proyectos mineros en las inmediaciones de sus comunidades, argumentando que tanto su salud como el medio ambiente se han visto gravemente afectados.

En Acacoyagua abundan las versiones sobre mortandad de peces, proliferación de enfermedades en la piel y aumento en la incidencia de cáncer en la región.

En la casa de Luís, quizá la voz con más peso dentro del grupo por su capacidad de organización y decisión dentro del movimiento, se habla de un hecho que marcó los acontecimientos recientes. Se trata de la historia de un joven sordomudo llamado Filigonio León que cada día iba al río Cacaluta a nadar por las mañanas. El chico sufrió una enfermedad en los ojos que lo llevó hasta la ceguera.

En Ciudad de Guatemala, cuenta Luís, un oculista les dijo que la causa de la tragedia fue la exposición al agua contaminada y aunque no tienen pruebas científicas para probarlo, la comunidad culpó a la minería de eso y más.

«Desde ahí comenzó la inquietud y unos compañeros de Escuintla (municipio aledaño) se presentaron en la casa ejidal y coincidió con la llegada del representante minero del Puntal, hace dos años. Ellos dieron a conocer la situación y cuando les tocó participar, la gente dijo ‘no queremos nada de minería'», contó el profesor en entrevista con Mongabay Latam.

Los pobladores de Acacoyagua reclaman por el «envenenamiento de sus aguas». Foto: Rodrigo Soberanés.

Los expertos de la organización defensora de derechos humanos, Otros Mundos, detectaron enfermedades de la piel causadas por el agua potable, encontraron que el agua de los pozos tiene capas de grasa, que el contacto con el agua de los ríos causa comezón, resequedad, agrietamiento, ronchas y manchas en la piel. También enrojecimiento, ardor y conjuntivitis en los ojos.

«Se ha observado un aumento de cáncer en el colon, el estómago, el hígado y los riñones. Datos del médico local, Juan Velázquez, afirman que la tasa de muerte por cáncer en el ejido Cacaos —en las inmediaciones de El Triunfo— subió del 7 % al 22 % entre el 2005 y el 2015», informó Otros Mundos. Son datos que coinciden con la llegada de las mineras a El Triunfo.

De acuerdo con Impunidad Cero —organización que realiza investigaciones independientes sobre faltas o delitos que no son sancionados en México— no hay aún investigaciones científicas que comprueben los problemas de contaminación y salud en la región. Por eso la investigadora Sandra Moreno Andrade, de la Universidad de Ciencias y Artes (en Chiapas), está buscando financiamientos para saldar este pendiente con la población afectada.

Mientras tanto, la población que se opone a las operaciones mineras en la reserva de biósfera ha elaborado una lista de exigencias que ayudaría a reducir la tensión: solicitan que se realice un estudio toxicológico para averiguar el vínculo entre la actividad minera y el aumento de los casos de cáncer; que se elaboren estudios geológicos para identificar los posibles niveles de radiación en las fallas de extracción de ilmenita; y que se desarrollen estudios de calidad del agua para reconocer los niveles de contaminación de los ríos Cacaluta, Cintalapa y Doña María.

Bajo esas exigencias es que nació la oposición que comenzó hace dos años con marchas, mesas de trabajo entre la población y las autoridades, y visitas constantes al municipio. Fue así como lograron que las autoridades de Acacoyagua aceptaran firmar un documento en agosto de 2017 que declara a ese municipio libre de minería durante el actual periodo de la municipalidad, que termina en 2018.

Una copia de ese documento está cubierta con un plástico y cuelga de uno de los parantes de la carpa del campamento permanente ubicado en el ejido Jalapa. Solo eso. En la práctica no tiene otra utilidad porque la minería sigue.

Las amenazas

Las protestas comenzaron hace dos años y desde entonces han ido aumentando las tensiones en la zona. Acosos, rumores sobre «levantones» (secuestros) inminentes, órdenes de aprehensión por denuncias inexistentes, amenazas verbales de muerte y enfrentamientos han sido constatados por las tres organizaciones que trabajan con los opositores a la minería (Otros Mundos, REMA y el Comité de Derechos Humanos Digna Ochoa).

El sábado 16 de septiembre se realizó una manifestación contra la minería. Participaron mujeres, hombres, un buen número de niños de cinco comunidades rurales y todos los barrios de Acacoyagua, que caminaron a pesar del calor y la humedad abrazantes de esa mañana.

La marcha ciudadana fue un suceso que suplió al tradicional desfile del Día de la Independencia en México, porque las autoridades municipales decidieron suspender el acto conmemorativo.

La manifestación contra la minería suplió al desfile de la Independencia en Acacoyagua. Foto: Rodrigo Soberanés.

Luís, profesor del pueblo y opositor a la minería, aseguró que la población de Acacoyagua está dividida a tal nivel, que hay una tensión sumamente fuerte que podría derivar en violencia y por eso —dijo— el municipio prefirió cancelar el evento cívico.

Después de la marcha, los niños volvieron a sus casas y algunos adultos se enfilaron hacia el campamento donde está la resistencia de los ciudadanos, al pie de la Sierra Madre, en el inicio de la Reserva de la biosfera El Triunfo.

El punto elegido para montar el campamento es estratégico, está en el cruce de dos caminos que son la vía de acceso para los empleados del Grupo Minero Male, quienes utilizan esa ruta para subir a realizar sus faenas de extracción de minerales. Lo que hacen, básicamente, es bloquear el ingreso a la mina Casas Viejas, situada dentro de la zona de reserva de la biósfera.

El campamento tiene lo básico: sillas, un fogón para cocinar y una lona que los protege de la lluvia. Así han permanecido desde hace dos años y, actualmente, la historia de este campamento está en su punto álgido. Saben que los recientes acontecimientos de violencia ocurridos en ese lugar entre ellos y pobladores de municipios aledaños, que según los campesinos actúan bajo consigna de los grupos mineros, pueden repetirse.

«Aquí hemos estado a punto de derramar sangre. No les permitimos el acceso, aquí vamos a estar hasta que veamos que ellos retiran toda su maquinaria y nos dejen vivir en paz como antes», dijo el profesor Joselino, habitante de la ranchería Jalapa, donde está instalado el campamento.

Para defender sus comunidades y la Reserva de Biosfera El Triunfo, los miembros de la resistencia se organizan por turnos para no abandonar el lugar y conseguir vigilar la mina toda la semana, las 24 horas del día. La idea es impedir el paso de vehículos que sean propiedad del Grupo Minero Male.

Pese al recelo que tienen contra los periodistas por el trato informativo que han recibido de la prensa local, permitieron el acceso de Mongabay Latam a su campamento.

El campamento del Frente Popular para la Defensa del Soconusco, en la comunidad de Jalapa. Foto: Rodrigo Soberanés.

Al ingresar lo primero que pudimos ver es que duermen sobre la misma tierra pero que no pasan frío en las noches porque es una zona de intenso calor y humedad, aunque sí quedan expuestos a las picaduras de mosquitos. Reciben apoyo de otras organizaciones para comprar alimentos y comen tres veces al día.

«Nos organizamos por grupos, nos vamos turnando. Aquí dormimos, aquí es la cama donde dormimos», contó mientras señalaba el suelo Gabriela Ordóñez Espinoza, habitante de la ranchería El Castaño, de Acacoyagua.

De acuerdo con la organización Otros Mundos, ya hay cuatro proyectos en Acacoyagua en fase de exploración y explotación de ilmenita, la piedra de la cual se extrae el titanio.

Los expertos de Otros Mundos han estudiado el caso durante dos años y han levantado varias observaciones sobre la forma de trabajo de los grupos empresariales que están en la región del Soconusco impulsando la minería. De acuerdo con esa organización, la mayor parte de las concesiones están a nombre de «prestanombres de empresas extranjeras», entre ellas GTM Mineral, de China; y Honour Up Trading, de Estados Unidos, las cuales ya han hecho obras en la región.

Tanto Otros Mundos como los pobladores que se oponen a la minería, no se cansan de repetir que tanto la zona núcleo de la Reserva de la Biósfera de El Triunfo, así como la zona de amortiguamiento y la zona de influencia se verían afectadas con los proyectos mineros.

Gráfico realizado por Colectivo Geocomunes y Otros Mundos A.C. (ver el mapa en alta calidad)

>> LEER EL REPORTAJE COMPLETO <<

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Tratado vinculante de la ONU sobre empresas y derechos humanos: urge que los Estados hagan avanzar las discusiones

Comunicado de la federación Amigos de la Tierra Internacional (ATI), de la cual forma parte Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México – A 19 de octubre 2017

Con motivo de la próxima ronda de negociaciones en materia de un tratado de las Naciones Unidas sobre empresas transnacionales y derechos humanos en Ginebra, del 23 al 27 de octubre de 2017, Amigos de la Tierra Internacional urge a los Estados a que participen de forma constructiva en las negociaciones para el establecimiento de un tratado vinculante que obligue a las empresas transnacionales a rendir cuentas por las violaciones de derechos humanos y ambientales que cometan.

Lucia Ortiz (Amigos de la Tierra Internacional), dijo:

   «Existen actualmente cientos de acuerdos legalmente vinculantes que protegen los intereses comerciales de las empresas transnacionales en el extranjero, pero ninguno que las haga rendir cuentas en materia de derechos humanos. Necesitamos un tratado vinculante que refrene las violaciones. Sobre la mesa se encuentran actualmente elementos concretos del tratado que proporcionan una base mínima para la negociación, pero es necesario proteger el proceso de la ONU de la influencia indebida de las grandes empresas y evitar los conflictos de intereses que implica la participación de actores no estatales.»

Según Amigos de la Tierra Internacional y sus grupos miembro de todo el mundo, las empresas transnacionales impulsan las crisis mundiales climáticas, alimentarias, financieras y humanitarias y es necesario acabar con su menosprecio hacia el medioambiente y la intimidación de los activistas locales que lo defienden.

Apollin Koagne Zouapet (Amigos de la Tierra África) sostuvo:

   «Para las miles de comunidades afectadas por la impunidad de las empresas en África y en todas partes del mundo, un tratado ofrecería el derecho a la justicia a través de un tribunal internacional. En algunos casos, la supervivencia misma de determinados pueblos indígenas locales depende de ello.»

Alberto Villarreal (Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe) afirmó:

   «Las empresas transnacionales devastan nuestros territorios con el fin de impulsar sus ganancias aún más, pero se esconden detrás de cientos de identidades nacionales y sus cadenas de suministro para escapar de la responsabilidad por los impactos de sus decisiones. Este velo empresarial debe levantarse y los responsables políticos de las empresas deben rendir cuentas.»

Khalisah Khalid, Amigos de la Tierra Asia Pacífico, dijo:

   «Las instituciones financieras internacionales y las empresas transnacionales gozan actualmente de inmunidad que las protege de ser demandadas legalmente. El tratado debe permitir a las partes afectadas hacer que las empresas rindan cuentas en tribunales locales e internacionales. También debe proteger a los/as defensores/as del medioambiente, especialmente a las mujeres, que son más vulnerables a la presión que sufren cuando defienden sus territorios contra la codicia de las empresas.»

Anne van Schaik, Amigos de la Tierra Europa, declaró:

   «La Comisión Europea (CE) continúa reticente a participar en este proceso. Sin embargo, los ciudadanos europeos y el parlamento europeo se han manifestado varias veces y apoyan el tratado. Francia adoptó recientemente una ley sin precedentes relativa al deber de diligencia de las empresas multinacionales en 2017, que podría servir de inspiración. La CE debe aprovechar esta oportunidad y demostrarle a sus ciudadanos que le importan los derechos humanos.»

Esta será la tercera sesión del grupo de trabajo intergubernamental (IWG por su sigla en inglés) sobre empresas transnacionales y otras empresas en materia de derechos humanos. Se espera que se negocie un borrador de los elementos del Tratado y las organizaciones ambientales, las comunidades afectadas y los movimientos sociales de todo el mundo se movilizarán para monitorear el proceso de la ONU y sus resultados.

Una delegación de Amigos de la Tierra Internacional estará presente en la sesión, entre ellos activistas que trabajan por la justicia ambiental, defensores/as de los derechos humanos y representantes de comunidades afectadas de: Brasil, Camerún, Colombia, El Salvador, Finlandia, Francia, Honduras, Hungría, Indonesia, Mozambique, Países Bajos, Nigeria, Rusia, Sri Lanka, Suecia y Uruguay.

Más información:

–  Informe: Los derechos de los pueblos frente al poder empresarial en América Latina

– Sitio web oficial del grupo de trabajo intergubernamental sobre empresas transnacionales y otras empresas en materia del respeto de los derechos humanos

– Declaración del Movimiento Global por un Tratado Vinculante

– Sitio web de la Semana de movilizaciones en Ginebra, llevada a cabo por los grupos miembro de Amigos de la Tierra y aliados

Portavoces disponibles toda la semana en Ginebra:

– Lucia Ortiz, coordinadora del programa Justicia Económica y Resistencia al Neoliberalismo de Amigos de la Tierra Internacional: +55 48 99915 0071 o lucia@foei.org

– Anne van Schaik, Amigos de la Tierra Europa (Países Bajos): +31 6 243 43968 o anne.vanschaik@foeeurope.org

– Juliette Renaud, Amigos de la Tierra Francia: +33 6 37 65 56 40 o juliette.renaud@amisdelaterre.org

– Alberto Villarreal, campañista de comercio e inversiones, Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (Uruguay): +598 98 556 360 o comerc@redes.org.uy

– Khalisah Khalid, Amigos de la Tierra Asia Pacífico (Indonesia): +62813 1118 7498 o sangperempuan@gmail.com

– Apollin Koagne Zouapet, Amigos de la Tierra África (Camerún): +237 754 18644 o akoagne@cedcameroun.org

– Karin Nansen, presidenta de Amigos de la Tierra Internacional: +598 98 707 161 o chair@foei.org

Aidez-nous à construire une auberge dans notre centre écologique Alter Natos dans le Chiapas !

ENGLISH VERSION

VERSIÓN EN ESPAÑOL

Nous, membres de l’association mexicaine de défense du territoire Otros Mundos A.C., avons lancé une campagne de collecte de fonds sur la plateforme solidaire Generosity.com. Nous avons besoin de 120 00 dollars pour terminer de construire une auberge de 320 mètres carrés por 40 personnes dans notre Centre Ecológique Alternatif «Alter Natos» à San Cristobal de las Casas, dans l’État du Chiapas, Sud-Est du Mexique. Nous pourrons alors recevoir et loger les habitants de communautés rurales du Chiapas, d’autres États du Mexique et d’autres pays, qui viendront partager leurs connaissances et leurs expériences dans notre centre, pour concevoir ensemble de nouveaux modes de vie plus respectueux de la Nature.

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>> VOIR NOTRE CAMPAGNE SUR LE SITE DE GENEROSITY <<

Otros Mundos A.C./Les Amis de la Terre Mexique est une association née il y a dix ans à San Cristobal de las Casas, dans l’état du Chiapas, dans le Sud-Est du Mexique. Depuis lors, nous accompagnons des communautés et des movements sociaux qui défendent les fleuves et les rivières, la souveraineté alimentaire, la santé, les terres et les territoires, face à la déprédation capitaliste. Notre travail a pour but de renforcer les droits collectifs et de construire ce que nous appelons les Alter Natos: les formes de vie qui diffèrent du système dominant et naissent d’en bas, des peuples.

C’est dans le cadre de ce travail que nous avons commencé en février 2015 à construire notre Centre Écologique Alternatif «Alter Natos» dans les montagnes qui entourent San Cristobal de las Casas. Il s’agit d’un lieu de partage et d’apprentissage collectif, construit avec des matériaux naturels et des écotechnologies, en harmonie avec l’environnement. L’idée d’ «Alter Natos» est de contribuer à la recherche d’alternatives aux problèmes sociaux et environnementaux que doivent affronter les centres urbains, tels que la pollution de l’air et de l’eau, les systèmes d’accès à l’eau déficients ou nuls, l’absence d’eau courante potable et la déforestation qui accélère le réchauffement climatique.

Nous avons achevé 75% de la construction jusqu’ici, mais nous avons besoin de votre aide (120.000 dollars) pour la touche finale: l’auberge dans laquelle nous recevrons les personnes qui viendront réaliser leurs activités dans notre centre. Cette auberge de 320 mètres carrés sera construite avec des matériaux naturels et des techniques de bio-construction: des structures en bambou, des murs en terre, des toitures végétales (ou toits verts), des toilettes sèches ou encore un système de récupération des eaux de pluie. Il pourra abriter 40 hôtes et disposera de 10 chambres partagées, de douches, de toilettes sèches, d’un salon et d’une buanderie.

Si vous nous aidez, nous aurons la possibility d’héberger des centaines de personnes chaque année pour qu’elles puissent profiter de notre Centre Écologique Alternatif «Alter Natos», construit avec amour et respect envers la Nature. Dans le Centre, nos hôtes pourront utiliser différentes écotechnologies qui permettent d’avoir un usage plus durable et propre de l’eau et de l’énergie, ainsi que de mieux gérer les déchets. L’endroit est parfait pour tout travail de groupe, aussi bien pour les ateliers que nous organisons régulièrement avec les communautés que nous côtoyons, que pour des retraites que certains aimeront organiser dans le cadre de thérapies alternatives, ou encore des sessions de méditation. L’atmosphère se prêtera au dialogue, à l’apprentissage et aux processus de création.

Nous pensons que la connaissance est un bien commun et désirons qu’Alter Natos soit un lieu qui invite au rassemblement et au partage d’expériences, de rêves et d’espoirs, pour rendre possible la construction collective d’autres mondes.

Nous donnerez-vous un coup de main ?

Plus d’info:

– Notre page Facebook: @otrosmundos.chiapasac

– Notre compte Twitter: https://twitter.com/OtrosMundosChia

Convocatoria: Súmate a las brigadas del CDH Digna Ochoa por la bioreconstrucción de la costa de Chiapas

El 7 de septiembre 2017, un sismo de magnitud 8.2 con epicentro en el golfo de Tehuantepec destruyó miles de viviendas en la zona costa de Chiapas. Según el Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa A.C., se registran daños totales o parciales en 4700 viviendas de Tonalá, 4300 de Ariaga y 2100 de Pijijiapan.  A más de un mes de los hechos, muchos habitantes se sienten olvidados por las autoridades. Unos ni fueron visitados por Protección Civil. Otros se enteraron que sin certificado no podrán recibir ninguna ayuda oficial. Los demás no tienen información precisa de cuándo recibirán un apoyo del Fondo de Desastres Naturales (el FONDEN) para reconstruir sus casas.

>> VER EL REPORTAJE DE AL JAZEERA (AJ+) <<

Ante la gravedad de esta situación, que implica graves problemas humanitarios, el Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa A.C. propone a habitantes voluntarios iniciar un proceso de bio-reconstrucción comunitaria en los próximos días, que implica la participación voluntaria de personas solidarias de todos lados. El CDH Digna Ochoa A.C., con sede en Tonalá, y el colectivo Cambalache, con sede en San Cristóbal de las Casas, corrdinarán los grupos de trabajo voluntario.

En esta etapa de la bio-reconstrucción comunitaria, se necesitan:

  • CONSTRUCTORE/AS (ARQUITECTOS, INGENIEROS, BIOCONSTRUCTORES, CARPINTEROS, SOLDADORES, ALBAÑILES, MAESTROS DE OBRA): Experiencia de obra mínimo 1 año. Capacidad de evaluar estructuras, proponer soluciones y supervisar obras. Conocimientos en bioconstrucción (ecotecnologías, bambú, tierra cruda, madera).
  • MANO DE OBRA: No es necesaria experiencia previa. Se requiere resistencia física para acarreo de material, trabajo pesado (cargar, excavar), uso de herramientas manuales y eléctricas.
  • CAPACITADORE/AS: Experiencia en construcción de mínimo un año. Habilidad para comunicar y compartir el conocimiento, facilitar proceso de acción participativa y círculos de diálogo.
  • DISEÑADORE/AS: Manejo de programas (Sketchup, Archicad, Autocad, Photoshop, Illustratror).

Si quieres sumarte a este proceso y tienes unas de estas habilidades, comunícate con el Cambalache:

cambalach@autoproduzioni.net – 967 146 41 41 – Calle de los Arcos #5C, Barrio de Cuxtitali, San Cristóbal de las Casas, Chiapas

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>> DESCARGAR AUDIO: ANTE EL ABANDONO, SE VUELVE NECESARIA LA RECONSTRUCCIÓN COMUNITARIA  <<

Más info:

Ante la destrucción y el olvido, la solidaridad de los pueblos de la costa de Chiapas

La minera canadiense Blackfire en Chiapas contra defensores de los territorios y de la vida

Capítulo 3 del informe de Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC) «Los Derechos de los Pueblos frente al poder empresarial en América Latina

>> DESCARGAR EL INFORME COMPLETO <<

>> IN ENGLISH <<

Por Gustavo Castro Soto – Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México

Según el Departamento de Recursos Naturales de Canadá (NRCAN por sus siglas en inglés), 52% de las empresas mineras en el mundo cotizan en las bolsas de valores de Canadá. México se ubica en segundo lugar en el mundo en términos de los bienes mineros canadienses fuera de Canadá. En 2015, 11.3% o CAD$19.4 mil millones de los bienes mineros canadienses fuera de Canadá se radicaron en México en manos de 125 empresas mineras, superado solamente por los Estados Unidos con 14.5%. Según la Secretaría de Economía de México, hasta 2013, las empresas mineras canadienses representaban 69% de las empresas mineras extranjeras operando en México.

En el estado de Chiapas existen 99 concesiones mineras – de diversas empresas entre ellas canadienses – activas en 16 municipios que abarcan un millón de hectáreas (25% de la superficie territorial de la entidad). Entre los años 2007 a 2010, la empresa minera Blackfire Exploration, con sede en Calgary, Canadá , y su filial Blackfire Exploration México S. de R. L., se encontraban en operación en el municipio de Chicomuselo para la extracción de barita, a través de la mina Payback/La Revancha, misma que se encuentra ubicada en el ejido Grecia, municipio de Chicomuselo. Para llegar al Ejido Grecia y a la mina se requiere pasar por el ejido Nueva Morelia. El municipio de Chicomuselo cuenta con casi 40 mil habitantes y con el 90% de la población en pobreza con actividades de agricultura y ganadería de subsistencia.

El líder ambientalista y coordinador local de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), Mariano Abarca Roblero, fue criminalizado y posteriormente privado de la vida el 27 de noviembre de 2009 como consecuencia de su actividad en contra de los efectos negativos de la actividad de la mina Paypack/La Revancha, propiedad de la empresa canadiense Blackfire Exploration. Abarca está marcado por su trabajo en defensa de la tierra, a un medio ambiente sano y contra los efectos negativos de la mina y sistemáticas violaciones a los derechos humanos. Sufrió sucesivas amenazas y ataques físicos provenientes de personas vinculadas a la empresa, denuncias penales llevadas a cabo por él sin que prosperaran y concluyeran en castigo a los responsables. Por el contrario, sí prosperaban, y con extraña agilidad, acusaciones penales interpuestas por la empresa Blackfire, con el respaldo de la embajada canadiense, en contra de Mariano Abarca por delitos inverosímiles, usualmente utilizados para contrarrestar la actividad de defensores de derechos humanos, como la asociación delictuosa, delincuencia organizada y ataques al Estado, entre otros, que justificaron su detención, arraigo y posterior liberación. La impunidad para con quienes amenazaron y atacaron su integridad física, y su detención por el estado, fortalecen la presunción de que su asesinato correspondió a una decisión última llevada a cabo por los dirigentes de la empresa en connivencia con las autoridades del gobierno del estado de Chiapas, que a la vez había sido presionada por la embajada canadiense a favor de los intereses de la empresa.

Antes de iniciarse la operación de la mina con los ejidos Grecia y Nueva Morelia; tanto el gobierno como la empresa violaron el derecho a la consulta previa; el primero al otorgar la concesión minera sin consultar a la población, el segundo al no realizar el proceso informativo. La empresa también violó derechos de los habitantes del ejido Grecia, al arrendar tierras ejidales sin el debido procedimiento agrario y sin acuerdo de toda la población, virtud que los efectos de la actividad minera afectan a todos los habitantes y no solo a ejidatarios. Por lo tanto, el Estado mexicano ha violado en su perjuicio los artículos 1.1 (Obligación de respetar los derechos humanos), 4 (derecho a la vida), 5 (derecho a la integridad personal), 7 (derecho a la libertad personal), 8 (garantías judiciales), 15 (derecho de reunión), y 25 (protección judicial) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

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>> Mariano Abarca, la historia de un asesinato anunciado <<
>> Firma nuestra carta en línea: ¡Justicia para Mariano Abarca! <<

Blackfire utilizó diversos mecanismos para asegurar su inversión y su impunidad en el asesinato y la corrupción. El gobierno mexicano garantizó por ley priorizar el uso del suelo para la explotación minera donde hubiera concesiones. Por ello las autoridades ambientales y otras dependencias gubernamentales federales y estatales facilitaran las inversiones mineras. La empresa canadiense logró obtener los favores políticos del gobierno de Chiapas, así como del presidente municipal de Chicomuselo al que le otorgó dinero a su cuenta personal para que asegurara e proyecto y controlara a la oposición. Esta demanda de corrupción fue interpuesta ante las autoridades canadienses misma que luego de algunos años desestimaron.

Los directivos de la empresa Blackfire dividieron a la comunidad. Otorgaron dinero a las autoridades para que éstos llevaran a cabo el convencimiento de la comunidad y aceptaran el proyecto minero. Lograron también el apoyo de algunos sectores económicos locales que se beneficiarían de la inversión como taxistas, hoteleros, trabajadores, transportistas, mismos que hacían eco de los hostigamientos y discursos de la empresa contra los opositores. Por otro lado, la empresa canadiense contrató a personal local dentro de su plantilla. El mismo encargado de las relaciones públicas de la empresa Blackfire poseía armas con las cuales amedrentaba y amenazaba a los opositores.

Los trabajadores de la empresa canadiense no solo amenazaron a Mariano Abarca, sino que intentaron corromperlo, los hostigaron e incluso golpearon. La empresa canadiense le inventó cargos vinculados a delitos de Asociación delictuosa y Atentados contra la Paz y la Integridad del Estado por lo que Abarca fue preso y luego liberado por la presión de la campaña nacional e internacional que implementó la organización Otros Mundos AC/ Amigos de la Tierra para su liberación. Mariano Abarca denunció ante funcionarios de la embajada de Canadá en la Ciudad de México que la empresa Blackfire le acosaba y que le amenazaban de muerte, por lo que la embajada sería responsable también si algo le pasara. Al final, fue asesinado.

La misma embajada de Canadá apoyó y asesoró a la empresa para facilitar su proyecto minero y la impunidad de sus actos. El gobierno mexicano ha otorgado todo su respaldo político y legal a las inversiones mineras pese a la sistemática violación a los derechos humanos e incluso a otros pasivos ambientales irreversibles. Luego del asesinato de Abarca Roblero el gobierno entorpeció las investigaciones, no avanzó en ellas. La investigación penal no fue llevada a cabo con la debida diligencia, puesto que no se esclarecieron debidamente los hechos ni se determinaron las responsabilidades de quienes actuaron como autores directos e indirectos en el crimen. A la fecha, la averiguación previa ha retornado al Ministerio Público para continuar con la investigación penal.

El asesinato de Mariano Abarca Roblero originó el inicio de una investigación ministerial, la número 051/FS10/2009, en la que declararon diversas personas como testigos, entre ellos Mario López Zunún y José Mariano Abarca Montejo, quienes afirmaron haber visto que quien huía de la escena del crimen portando un arma fue Jorge Carlos Sepúlveda Calvo, ex contratista de la empresa Blackfire. No obstante, la investigación penal no profundizó en el esclarecimiento de los hechos, el Ministerio Público indujo a los testigos en función de responsabilizar a una persona, diciéndoles que otras personas, que no habían aceptado declarar, vieron que el autor de los disparos fue Sepúlveda Calvo. Adicionalmente, el Ministerio Publico no llevó acabo otras diligencias, que habrían resultado importantes al momento de establecer responsabilidades, como son la identificación del arma utilizada, la trayectoria de los disparos, la altura probable del autor en función de la ubicación de los disparos en la anatomía de Abarca Roblero y Velázquez Rodríguez. La indagatoria tampoco amplió la investigación al interrogatorio de otras personas que pudieron aportar información testimonial sobre hechos previos y posteriores al crimen.

La causa penal 11/2010 del Juzgado Primero del Ramo Penal con sede en Cintalapa, Chiapas, en que constan los hechos relativos al crimen, carece de información que indique el desarrollo y agotamiento de una línea de investigación en relación a la probable participación de los directivos de la empresa Blackfire Exploration México en los hechos, pese a que los antecedentes del crimen suponen la alta probabilidad de estar involucrados. En ningún momento fueron escuchados en declaración, como no lo fue el Subsecretario de Gobierno que habría vertido expresiones de amenaza a la vida de Abarca Roblero.

Durante el año 2010 fueron aprehendidos Caralampio López Vázquez y Jorge Carlos Sepúlveda Calvo. También fueron detenidos los señores Caralampio López Vázquez y Ricardo Antonio Coutiño Velasco. Caralampio López Vázquez fue «empleado» de la empresa (gerente de personal y de seguridad de Blackfire, además de traductor y chofer de un ejecutivo de Blackfire). Ricardo Antonio Coutiño Velasco fue “contratista” y dueño de un camión que manejaba para Blackfire. Ahora, todos en libertad. Sin embargo, el gobierno utilizó el asesinato para perseguir a otros enemigos políticos.

Al privar de la vida a Mariano Abarca Roblero, el agente del Ministerio Público inicio, de oficio, la averiguación previa en Enero de 2010. El Juez Primero del Ramo Penal con sede en el municipio de Cintalapa, Chiapas, abrió el expediente penal iniciando el proceso penal. En junio de 2013, se dictó sentencia absolutoria a favor de la única persona inculpada por el crimen, Jorge Carlos Sepúlveda Calvo, ex contratista de la empresa Blackfire Exploration. En mayo de 2015, la Sala Regional Colegiada en materia Penal Zona 1, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas, al resolver la apelación interpuesta en contra de la sentencia absolutoria confirma la misma sin que exista ningún otro recurso legal interpuesto en contra de la misma. Sin embargo, el Ministerio Público no siguió con la investigación.

En julio del año 2016, la esposa de Mariano Abarca Roblero solicitó que se le informara de las diligencias de investigación, pero hasta la fecha no hay respuesta. En marzo de 2017 solicitó la práctica de diligencias de prueba y que se girara citatorio para que comparecieran Horacio Culebro Borrayas, Nemesio Ponce Sánchez y Julio César Velázquez Calderón, para ampliar sus declaraciones ministeriales. En abril ella compareció ante la Fiscalía Especial de Investigación de los Delitos de Homicidio para ratificar la solicitud. Sin embargo, desde el asesinado de Mariano Abarca Roblero, y desde que fue absuelta la única persona procesada, no se ha llevado a cabo ninguna investigación adicional.

El Estado mexicano fracasó en su obligación convencional de proteger la vida de Mariano Abarca Roblero, privilegiando los intereses empresariales y respondiendo a las gestiones de la embajada canadiense. También fracasó en prevenir que su vida fuera interrumpida, y en garantizar el ejercicio del derecho, pese a conocer que se encontraba en riesgo. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (la Corte o la Corte Interamericana) ha sido enfática al precisar las obligaciones de los estados con relación al derecho a la vida.

La Corte Interamericana, ha establecido que la responsabilidad del Estado surge aun cuando no existe identificación individual del agente transgresor. Para establecer que se ha producido una violación de los derechos consagrados en la Convención no se requiere determinar, como ocurre en el derecho penal interno, la culpabilidad de sus autores o su intencionalidad, y tampoco es preciso identificar individualmente a los agentes a los cuales se atribuyen los hechos violatorios. Es suficiente la demostración de que ha habido apoyo o tolerancia del poder público en la infracción de los derechos reconocidos en la Convención, u omisiones que hayan permitido la perpetración de esas violaciones.

Hay elementos para suponer la responsabilidad directa del Estado por acción de sus agentes en la privación de la vida de la víctima; sin embargo, aun suponiendo que quienes llevaron a cabo el acto fueran particulares vinculados a la empresa minera, la responsabilidad del Estado mexicano subsiste, dado el respaldo y tolerancia para sus actos que supuso la impunidad ante las denuncias de Abarca Roblero, y la detención sin causa justificada que sufriera tres meses antes del crimen. Para la Corte Interamericana, «es suficiente la demostración de que ha habido apoyo o tolerancia del poder pЬblico en la infracciЧn de los derechos reconocidos en la Convención, u omisiones que hayan permitido la perpetración de esas violaciones.»

Sin embargo, no se ha logrado establecer responsabilidades penales contra los autores corporativos intelectuales violadores de los derechos humanos allende sus fronteras. También se ponen trabas jurídicas para identificar a los empleados nacionales como empleados de la empresa transnacional. Ni siquiera el caso administrativo contra Blackfire sobre la corrupción prosperó en Canadá, el paraíso fiscal, político y de impunidad de las trasnacionales mineras en el mundo. Esta impunidad se refuerza con los Tratados de Libre Comercio que facilita esta impunidad al obligar a los estados a modificar las legislaciones y otras medidas arancelarias, de lo contrario las demandas económicas son tan enormes e en su contra como insostenibles para los gobiernos.

La estrecha vinculación de intereses entre los estados y las corporaciones, los intereses de inversiones millonarias en juego, impide acceder a la justicia plena. Por ello urge un Tratado vinculante para responsabilizar a las corporaciones trasnacionales ante tanta violación a los derechos humanos y las afectaciones irreversibles al medio ambiente.

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Celebramos el Día Internacional de la Soberanía Alimentaria y contra las Corporaciones Transnacionales desde Chiapas

Pronunciamiento de Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México

San Cristóbal de las Casas, Chiapas, a 16 de octubre 2017

Hoy, 16 de octubre 2017, es oficialmente el Día Mundial de la Alimentación, según lo decreto la Organización de la Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) en el año 1979. Pero nosotras y muchas organizaciones en el mundo preferimos celebrar el Día Internacional de la Soberanía Alimentaria y contra las Corporaciones Transnacionales (TNCs). Exigimos un cambio de sistema que priorice la defensa de lo/as pequeño/as agricultore/as y la agroecología y proponga un verdadero modelo de soberanía alimentaria en lugar de promover falsas soluciones como la agricultura intensiva, los monocultivos y la agricultura climáticamente inteligente que favorecen transnacionales.

Vivimos un momento crítico en el que el 90.4% de las tortillas que consumimos en México contiene maíz transgénico. La mayoría de este maíz transgénico presente en nuestra alimentación básica proviene de Estados Unidos y contiene glifósato, un agrotóxico cancerígeno usado masivamente en el cultivo en el cultivo del maíz OGM. Estamos perdiendo a la vez nuestra soberanía alimentaria y nuestra salud.

Desde Chiapas, reconocemos la enorme e indispensable labor de las mujeres de nuestra entidad, de todo México y de todo el mundo en la incansable lucha por nuestra Soberanía Alimentaria. Somos testigo/as día con día en nuestros territorios de que su gran trabajo es el que nos permite seguir consumiendo alimentos locales y sanos en un contexto de permanente agresión por parte de las transnacionales que nos quieren envenenar y someter a la voluntad de la industria agroalimentaria. Exigimos que se reconozca, se respete y se valore su trabajo, y que se les den un mayor acceso a la tierra. No es aceptable que hoy en día, las mujeres campesinas sean mil 600 millones en todo el planeta y posean sólo el 2% de la tierra [Fuente: Women’s World Summit Foundation (WWSF, 2007)]

Fotos: Imágenes del «Festival del Maíz de las Mujeres» convocada por Mujeres y Maíz A.C. y Otros Mundos Chiapas A.C./Amigos de la Tierra México en San José Buenavista, en el municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, el 30 de septiembre 2017. (Crédito: Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México)

En México está prohibida la siembra de maíz transgénico con fines comerciales pero existen terrenos de experimentación que ya generaron la dispersión de semillas OGM y por ende la contaminación de nuestras semillas criollas. Para que se acerquen al tema de la defensa de las semillas en América latina (Ecuador, Brasil, Costa Rica, México, Honduras, Argentina, Colombia y Guatemala.Ecuador, Brasil, Costa Rica, México, Honduras, Argentina, Colombia y Guatemala), les compartimos el documental «Semillas, ¿bien común o propiedad corporativa?», realizado este año por varias organizaciones del continente y editado por Radio Mundo Real, la radio en linea de Amigos de la Tierra Internacional, federación de la cual formamos parte.

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«Las protagonistas son las semillas criollas, nativas, nuestras, en manos de las comunidades campesinas y los pueblos indígenas. El documental aborda la defensa de las semillas nativas como parte integral de la defensa del territorio, la vida y la autonomía como pueblos, la relación entre las mujeres indígenas y las semillas nativas, los flujos de semilla en las comunidades, la historia del origen del maíz, las ceremonias mayas sobre la importancia de las semillas, el agradecimiento y bendición de semillas, las ferias e intercambios de semillas, y las experiencias locales de recuperación y manejo de semillas criollas.»

¡Vivan las mujeres campesinas de Chiapas y todo México!

¡Vivan nuestra diversidad de semillas criollas y nuestra soberanía alimentaria!

Más lectura:

Alimentamos nuestros pueblos y construimos movimiento para cambiar el mundo

Disputar las inversiones y la promoción del comercio como forma de consolidar la Agroecología

¡Soberanía alimentaria para enfriar el planeta!

¡Exigimos Justicia Climática para América Latina, el Caribe y los pueblos del mundo!

Pronunciamiento de Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC) a 13 de octubre 2017, Día de Acción Global por la Justicia Climática y Energética

[ENGLISH VERSION]

¡Soberanía alimentaria para enfriar el planeta!

Amigos de la Tierra Internacional nos movilizaremos en seis continentes el 13 y 14 de octubre de 2017 para demostrar que somos un movimiento ecologista mundial para alertar sobre la emergencia climática, luchar contra la energía sucia y las falsas soluciones y exigir la transformación de nuestro sistema energético para colocarlo en manos de los pueblos. Además, el 16 de octubre se celebrará mundialmente el Día Internacional de la Soberanía Alimentaria. En este día, el movimiento campesino y ambiental reafirma que sólo es posible acabar con la crisis alimentaria y climática en el mundo con soberanía alimentaria y una producción agroecológica.

¿Qué relación tienen estos dos temas? es simple, el sistema agroalimentario industrial genera entre el 44 % y 57 % de todas las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) al deforestar para las plantaciones, al inundar con fertilizantes, al transportar alimentos por todo el mundo, en la refrigeración, al generar desperdicios, entre otros. Juntar todas las partes nos permite entender la responsabilidad de este sistema en la emisión de GEI globales [Fuente: GRAIN]. Además, este sistema agroalimentario acapara los alimentos y decide qué comemos, muchas personas no pueden pagar el precio de los comestibles, los alimentos se han convertido en una mercancía y si no puedes costearlos se tiran. El sistema de producción, distribución y consumo de alimentos está diseñado únicamente para dar dinero a aquellas empresas del agronegocio que monopolizan de inicio a fin la cadena agroalimentaria. El sistema agroalimentario actual contribuye a la crisis climática y socava la soberanía alimentaria de los pueblos.

Mientras tanto, en los foros de alto nivel sobre cambio climático se discute cada vez más el papel de la agricultura, y se promueven diferentes iniciativas que «ayudarán a los agricultores/as a adaptarse al cambio climático y a mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero derivadas de las prácticas agrícolas»; sin embargo, estas iniciativas están fuertemente influenciadas por empresas y gobiernos que buscan proteger a la agricultura industrial y los sistemas alimentarios empresariales.

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Actualmente, la agricultura campesina e indígena en pequeña escala esta bombardeada por la promoción agresiva de una serie de falsas soluciones para enfrentar el cambio climático, entre ellas podemos mencionar REDD+ o la de la agricultura climáticamente inteligente. Estas iniciativas afirman beneficiar a los pequeños agricultores, pero la realidad es que la mayoría debilita la agricultura campesina y los sistemas alimentarios, al afirmar que las prácticas tradicionales de agricultura (especialmente los cultivos itinerantes) son la principal causa del cambio climático y la deforestación, y al despojar a los campesinos del acceso a la tierra y a los bosques o restringir lo que los campesinos pueden hacer con sus tierras.

Actualmente, nuestros pueblos viven una catástrofe afectados por la crisis climática: el huracán Irma, el huracán María y la reciente tormenta tropical Nate -por mencionar algunas- dejaron destrucción a su paso en varios países de la región. Esto no es culpa de la naturaleza, es culpa del deterioro ambiental, la deforestación, es la construcción inadecuada, es la agricultura industrial, el uso de combustibles fósiles que promueven una fuente de energía obsoleta y un modelo de energía centralizado y anticuado, proyectos hidroeléctricos a gran escala, la minería, son las relaciones de producción y consumo del sistema capitalista neoliberal, las relaciones de poder de dominación que este sistema ha impuesto a la naturaleza y a los pueblos.

Por lo tanto:

  • Denunciamos la injusticia climática que se acrecienta con las definiciones de los escenarios multilaterales en los que no se tiene en cuenta la responsabilidad diferenciada de los países del Norte y el Sur Global por la crisis. Se siguen entregando garantías al modelo corporativo transnacional para avanzar en sus prácticas destructivas.
  • Rechazamos las políticas globales que buscan avanzar en la privatización, mercantilización y financiarización de la naturaleza, con falsas soluciones al cambio climático que buscan asegurar el modelo de consumo del Norte global y perpetuar las ganancias de las grandes corporaciones transnacionales.
  • Denunciamos las Megafusiones agrícolas Monsanto-Bayer, Syngenta-ChemChina y DuPont-Dow, que controlan el 67% de esta industria a nivel mundial.
  • Rechazamos que se promueva la agricultura comercial basada en el monocultivo de grandes extensiones de tierra y rechazamos totalmente a la introducción de semillas transgénicas. Enormes áreas de tierras agrícolas y ganaderas son destinadas a la producción de madera para celulosa (eucaliptos, pinos) de agrocombustibles ó monocultivos para exportación (soja, palma aceitera, caucho).
  • Promovemos la agricultura campesina e indígena, que recuperan todas las prácticas campesinas para hacer una agricultura sin pesticidas, fungicidas o herbicidas, que produce de forma integrada y en pequeña escala de cultivos y animales.
  • Fomentamos la soberanía alimentaria, que los agricultores puedan decidir qué cultivan, que tengan acceso a la tierra, al agua, a las semillas, y a los mercados locales.
  • Consideramos que las soluciones de los pueblos son hoy la única posibilidad de revertir la catástrofe a la que nos enfrenta el sistema capitalista de producción y consumo: la soberanía alimentaria, la agroecología, el manejo comunitario de bosques, el manejo público – comunitario del agua, la soberanía energética, son caminos de construcción popular y nuestra posibilidad para el cuidado y la preservación de la vida.

¡Justicia Climática Ya!
¡Soberanía Alimentaria Ya!

Más lectura:

Martes 17 de octubre de 2017, 6 pm. Cine-Debate: «Monocultura, la expansión en América latina»

¡Justicia Climática para América Latina, el Caribe y los pueblos del mundo ante los desastres!

«Integración de la biodiversidad»: ¿solución real a la devastación de la naturaleza?

 

 

We need Food Sovereignty to cool the planet!

Friends of the Earth Latin America and the Caribbean*’s statement on October 13th, Day of Global Action for Climate Justice [DOWNLOAD THE STATEMENT]

Climate Justice for Latin America, the Caribbean and the peoples of the world:
Food sovereignty to cool the planet

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Friends of the Earth International will mobilize on six continents on October 13th and 14th 2017 to demonstrate that we are a global environmental movement. We will highlight the climate emergency; fight against dirty energy and false solutions; and demand the transformation of our energy system into a system that is in the hands of the people. Additionally, on October 16th, we will celebrate the International Day of Food Sovereignty: on this day, the peasant and environmental movement will reaffirm that it is only possible to end the global food and climate crisis with food sovereignty and agroecological production.

How are these two themes related? It is simple, the agro-industrial system generates between 44% and 57% of all greenhouse gas (GHG) emissions – by destroying forests for plantations, through massive use of fertilizers, by transporting food all around the world, in refrigeration and generating waste, amongst others [Source: GRAIN]. Connecting these issues allows us to understand how this system is responsible for global GHG emissions. In addition, this agro-food system monopolizes food and decides what we eat, many people cannot pay the price of groceries, food has become a commodity and huge amounts are thrown away, including when people cannot afford to pay for it. The system of production, distribution and consumption of food is designed exclusively to generate profits for those agribusiness companies that monopolize the agri-food chain from start to finish. The current agro-food system contributes to the climate crisis and undermines the food sovereignty of the people.

Meanwhile, high-level forums on climate change are increasingly discussing the role of agriculture, and various initiatives are being promoted to «help farmers adapt to climate change and mitigate greenhouse gas emissions derived from agricultural practices». However, these initiatives are strongly influenced by companies and governments that seek to protect industrial agriculture and corporate-led food systems, blocking the real solutions to the crisis.

Today, small-scale peasant and indigenous agriculture is bombarded by the aggressive promotion of a series of false solutions to address climate change, including REDD + and climate-smart agriculture. These initiatives claim to benefit small-scale farmers, but the reality is that they generally weaken peasant agriculture and food systems, stating that traditional farming practices (especially itinerant agriculture) are the main cause of climate change and deforestation, stripping peasants of access to land and forests, or restricting what they can do with their land.

Our people are living a disaster affected by the climate crisis: Hurricane Irma, Hurricane Maria and the recent tropical storm Nate – to mention a few – left destruction in their wake in several countries in our region. This is not the fault of nature, it is the fault of environmental deterioration, deforestation, inadequate construction, industrial agriculture, fossil fuel use that promotes an obsolete energy source and a centralized and outdated energy model, hydroelectric projects on a large scale, mining, the production and consumption patterns of a neoliberal capitalist system, the power relations that this system based on domination has imposed on nature and people.

Therefore:

  • We denounce the climate injustice that is compounded by the failure of multilateral fora to take into account the differentiated responsibilities of the countries of the global North and the global South for the crisis. Furthermore, the transnational corporate model is given further instruments to advance its destructive practices.
  • We reject global policies that seek to advance the privatization, commodification and financialization of nature, and false solutions to climate change that seek to secure the global North’s consumption model, perpetuating the profits of huge transnational corporations.
  • We denounce Monsanto-Bayer, Syngenta-ChemChina and DuPont-Dow agricultural megamergers, which control 67% of this industry worldwide.
  • We reject the promotion of industrial/commercial agriculture based on monocropping on large tracts of land, and completely oppose the introduction of GM seeds. Enormous areas of agricultural and livestock rearing lands are dedicated to produce wood for cellulose (eucalyptus, pine), agrofuels, or crop monocultures for export (soybean, palm oil, rubber).
  • We promote peasant and indigenous agriculture, which recovers peasant practices as a basis to establish pesticide, fungicide and herbicide-free agriculture, with integrated crops and livestock production in small-scale systems.
  • We promote food sovereignty: that farmers can decide what they grow; and that they have access to land, water, seeds and local markets.
  • We believe that the people’s solutions are the only prospect of reversing the catastrophe we face because of the capitalist system of production and consumption. Food sovereignty; agroecology; community forest management; public community-based water management; and energy sovereignty are some of the popular ways of construction and our possibility to nourish and preserve life.

Climate Justice Now!

More reading:

In solidarity with those affected by recent hurricanes and disasters caused by the neoliberal capitalist system

Why we need to stand as one globally to combat climate change

Financial Mechanisms in the CBD: Opening the Doors to More Privatization of Biodiversity

*Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe – ATALC

LEER EL PRONUNCIAMIENTO EN ESPAÑOL

Informe: Los Derechos de los Pueblos frente al poder empresarial en América Latina

Informe de Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC), grupo regional de la federación internacional Amigos de la Tierra Internacional, de la cual forma parte Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México – Octubre 2017

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INTRODUCCIÓN

La demanda por el control del poder que ejercen las empresas transnacionales a nivel global no es nuevo. Fue el tema del discurso de Salvador Allende ante la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) en 1972, a menos de un año de su muerte el 11 de septiembre de 1973, cuando el definitivo golpe militar implementó la dictadura de Pinochet, contando con Milton Friedman como consejero para asuntos económicos. Fue el inicio del Neoliberalismo en América Latina.

Desde 2014 está nuevamente en el horizonte de la ONU un proceso de elaboración, por sus Estados miembro, de un Tratado internacional jurídicamente vinculante sobre Transnacionales y otras empresas con respecto a los Derechos Humanos. Ahora, este proceso de negociación se desarrolla en un contexto de nueva ofensiva ultra neoliberal sobre los pueblos de nuestra América; de escalada de violencia sobre defensores y defensoras de los territorios y de la vida; de mayor concentración del poder del capital trasnacional para violar derechos humanos y cometer crímenes ambientales en todo el mundo, y de avance de la arquitectura de impunidad que construye muros de resguardo de las ganancias e intereses de las empresas transnacionales, a través de acuerdos de «libre» comercio y de protección de inversiones que atentan contra los derechos, la soberanía de los pueblos y las políticas públicas estatales.

Esta publicación presenta casos de violación sistémica y sistemática de los derechos humanos, ambientales y de pueblos afectados en ocho países de la Región. Son luchas vivas descritas por miembros de Amigos de la Tierra America Latina y el Caribe, de las cuales se extraen denuncias, enseñanzas desde las resistencias y propuestas concretas para avanzar, desde abajo, en la ley internacional sobre Derechos Humanos y para desmantelar el poder empresarial. Por estas propuestas estaremos movilizados desde el nivel local y nacional hasta el internacional, dándole seguimiento a las negociaciones de un nuevo instrumento vinculante, que empieza con un texto borrador en la mesa a partir de este año del 2017 en el ámbito del Grupo de Trabajo Intergubernamental del Consejo de Derechos Humanos de la Naciones Unidas.

CASO 1 – BRASIL – CRIMEN SIN FIN: LA LAMA DE BHP BILLITON Y VALE NO DEJA DE ESCURRIR

Por Arthur Viana – Amigos da Terra Brasil

Cuatro y media. La caldera olvidada sobre el fuego grita con el agua caliente para el café. Demasiado tarde: hirvió, y en algún momento siempre hierve. Abro la ventana y veo la lama.

Pasados casi dos años del más grande crimen ambiental de la historia de Brasil, los juicios se suspenden y Samarco, joint-venture de BHP Billiton y Vale, planea el retorno de las actividades. La historia de la rotura de la represa de Fundão, en la localidad de Bento Rodrigues, ciudad de Mariana, en el estado brasileño de Minas Gerais, no empieza aquí ni ahora. Para que viniera la lama, tuvo que romperse la represa, y una represa no se rompe fácilmente – o al menos no debería. Esta, la de Fundão, de responsabilidad de la empresa Samarco S.A., colapsó el 5 de noviembre del 2015, configurando uno de los más grandes crímenes socio ambientales de la historia de la humanidad, el más grande ya registrado en Brasil y el más importante relacionado a la minería en el mundo.

Al mirar por la ventana, es eso lo que veo, y haga el esfuerzo de imaginárselo: 62 millones de metros cúbicos de lodo con desechos de minería, cantidad que se calcula que haya escurrido de los depósitos rotos de Samarco, viniendo hacia mi, hacia mi casa, mis animales, mi ciudad. Confieso que me asusta. Mejor correr – pero correr para dónde?

Antes de todo, es necesario nombrar a los personajes de esta historia. Al nombrar a la empresa Samarco S.A. se habla en realidad de BHP Billiton, empresa anglo-australiana, y de Vale S.A., brasileña privatizada bajo el gobierno de Fernando Henrique Cardoso en 1997. Estas empresas reparten las acciones de Samarco en una join-venture, 50% para cada una.

La gigante anglo-australiana llegó a Brasil en 19843 y además de la actuación a través de Samarco, actúa hoy también en el sector de aluminio, con participación del 14,8% en la minera de bauxita MRN (Mineração Rio do Norte)4 y participaciones en la empresa Alumar (Consórcio de Alumínio do Maranhão). Según un ranking elaborado en 2017 por la consultora PwC, BHP Billiton es la minera más grande del mundo; Vale es la quinta. En 2014, un año antes de que se rompiera la represa, BHP Billiton tuvo facturación de US$13,8 mil millones (apenas para el primer semestre y en dólares); la Vale, de casi mil millones de reales, en un alta de 729% en relación al año de 2013. Y aun así, sin importar sus tamaños o sus ganancias, fallaron en lo crucial y expusieron sus crímenes: no oyeron a Joaquim. Me explico:

Estamos en 2014 y la represa de Fundão todavía está allá, tapando toda la lama de desechos que derramaría sobre las ciudades y que acabaría con la cuenca de todo un río. El fin del Río Doce, en ese entonces, no es ni siquiera imaginable. En una inspecciЧn a las instalaciones de Samarco (acéerdense: BHP Billiton y Vale), el ingeniero Joaquim Pimenta de Ávila – que se diga de paso fue el que proyectó la represa años antes y ahora ofrecía servicios de consultoría – detectó fisuras, verdaderas aperturas, en las obras que modificaron la pared lateral izquierda de la represa de Fundão. (…)

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CASO 2 – MÉXICO – LA MINERA CANADIENSE BLACKFIRE EN CHIAPAS

CONTRA DEFENSORES DE LOS TERRITORIOS Y DE LA VIDA

Por Gustavo Castro Soto  – Otros Mundos, A.C./Amigos de la Tierra México

Según el Departamento de Recursos Naturales de Canadá (NRCAN por sus siglas en inglés), 52% de las empresas mineras en el mundo cotizan en las bolsas de valores de Canadá. México se ubica en segundo lugar en el mundo en términos de los bienes mineros canadienses fuera de Canadá. En 2015, 11.3% o CAD$19.4 mil millones de los bienes mineros canadienses fuera de Canadá se radicaron en México en manos de 125 empresas mineras, superado solamente por los Estados Unidos con 14.5%. Según la Secretaría de Economía de México, hasta 2013, las empresas mineras canadienses representaban 69% de las empresas mineras extranjeras operando en México.

En el estado de Chiapas existen 99 concesiones mineras – de diversas empresas entre ellas canadienses – activas en 16 municipios que abarcan un millón de hectáreas (25% de la superficie territorial de la entidad). Entre los años 2007 a 2010, la empresa minera Blackfire Exploration, con sede en Calgary, Canadá , y su filial Blackfire Exploration México S. de R. L., se encontraban en operación en el municipio de Chicomuselo para la extracción de barita, a través de la mina Payback/La Revancha, misma que se encuentra ubicada en el ejido Grecia, municipio de Chicomuselo. Para llegar al Ejido Grecia y a la mina se requiere pasar por el ejido Nueva Morelia. El municipio de Chicomuselo cuenta con casi 40 mil habitantes y con el 90% de la población en pobreza con actividades de agricultura y ganadería de subsistencia.

El líder ambientalista y coordinador local de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), Mariano Abarca Roblero, fue criminalizado y posteriormente privado de la vida el 27 de noviembre de 2009 como consecuencia de su actividad en contra de los efectos negativos de la actividad de la mina Paypack/La Revancha, propiedad de la empresa canadiense Blackfire Exploration. Abarca está marcado por su trabajo en defensa de la tierra, a un medio ambiente sano y contra los efectos negativos de la mina y sistemáticas violaciones a los derechos humanos. Sufrió sucesivas amenazas y ataques físicos provenientes de personas vinculadas a la empresa, denuncias penales llevadas a cabo por él sin que prosperaran y concluyeran en castigo a los responsables. Por el contrario, sí prosperaban, y con extraña agilidad, acusaciones penales interpuestas por la empresa Blackfire, con el respaldo de la embajada canadiense, en contra de Mariano Abarca por delitos inverosímiles, usualmente utilizados para contrarrestar la actividad de defensores de derechos humanos, como la asociación delictuosa, delincuencia organizada y ataques al Estado, entre otros, que justificaron su detención, arraigo y posterior liberación. La impunidad para con quienes amenazaron y atacaron su integridad física, y su detención por el estado, fortalecen la presunciЧn de que su asesinato correspondió a una decisión última llevada a cabo por los dirigentes de la empresa en connivencia con las autoridades del gobierno del estado de Chiapas, que a la vez había sido presionada por la embajada canadiense a favor de los intereses de la empresa. (…)

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CASO 3 – HONDURAS – CASO AGUA ZARCA: FMO (HOLANDA), FINNFUND (FINLANDIA)

Y EL BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA (BCIE) VERSUS COPINH

Por Martha Alejandra Canales Silva y Mario Ernesto Zavala Garay – Movimiento Madre Tierra / Amigos de la Tierra Honduras

En Honduras, para los próximos 10 años, se ha previsto que el Estado invierta 88 mil millones de lempiras (cuatro mil millones de dólares), destinados para la ejecución de proyectos de extracción metálica, no metálica y de hidrocarburos. Hasta la fecha se estima en 155 el número de concesiones de explotación, que abarcan la tercera parte del territorio hondureño, equivalentes a 35 mil kilómetros cuadrados; un territorio mayor que la superficie de El Salvador.

El proyecto Hidroeéectrico Agua Zarca queda ubicado en el municipio de San Francisco de Ojuera en la zona noroccidente de Honduras, proyecto que de forma inconsulta se establecóo en las zonas de Rio Blanco, sobre el Rio Gualcarque comunidad lenca a la cual no se consultó en clara violación al convenio 169 de la OIT, como una apuesta colonialista y bajo la idea de «energía limpia» en Honduras, desde que se dio el golpe de Estado de 2009, se han concesionado alrededor de 200 proyectos hidroeléctricos y mineros que están amparados por la Ley General de Aguas, decretada en 2009. A partir del golpe de Estado de junio de 2009, se acentóo la tendencia de los gobiernos para desmontar todas las prohibiciones legales para concesionar proyectos, como el de Agua Zarca.

La empresa de capital hondureño Desarrollos EnergОticos S. A de C.V (DESA), desde el ñno 2009, pretende construir la represa Agua Zarca en el río Gualcarque, en la frontera de la reserva de vida silvestre Montaña Verde, con una capacidad de producción de 21.3 MW de energía. «Para la construccón e instalación del proyecto, en el 2012, el Banco Interamericano de Integración Económica (BCIE) otorgó a DESA un préstamo entre 24.4 y 25 millones de dólares» y ha ganado hasta la fecha 381 millones de dólares, significando que aumentó 15 mil veces su capital social inicial, una de las razones por las que la MACCIH investiga a esta empresa.

DESA se instala en un contexto critico en el país, un golpe de Estado, del cual se logra colocar el gobierno de facto de Roberto Micheletti, que durante su mandato aprobó leyes lesivas como «el decreto 233 que deroga todos los anteriores decretos que prohibían proyectos hidroeléctricos en áreas protegidas». (…)

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CASO 4 – URUGUAY – LA DEMANDA DE PHILIP MORRIS  CONTRA URUGUAY

Por Alberto Villarreal  – REDES / Amigos de la Tierra Uruguay

Philip Morris (PMI), la empresa tabacalera más grande del mundo cuya sede administrativa se encuentra en Lausana, Suiza (aunque es originalmente una transnacional estadounidense) desplegó una ofensiva contra las políticas en materia de salud pública que diversos países –entre ellos Uruguay- promulgaron y aplicaron en consonancia con sus obligaciones asumidas en el marco del Ьnico convenio multilateral vinculante de protección de la salud en la órbita de la Organización Mundial de la Salud (OMS) – el Convenio Marco sobre el Control de Tabaco (CMCT).

La tabacalera presentó una demanda ante el foro de arbitraje internacional CIADI (Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias Relativas a las Inversiones) que funciona bajo la Оgida del Banco Mundial, impugnando las medidas y leyes adoptadas por el gobierno uruguayo para proteger a sus ciudadanos/as frente a los riesgos probados que conlleva para la salud el consumo de productos del tabaco, alegando incumplimiento del Acuerdo de Promocóon y Protección Recíproca de las Inversiones entre Suiza y Uruguay firmado en 1988 (y ratificado en 1991). El CIADI es uno de los principales foros de solución de diferencias inversionista-Estado, sus fallos son inapelables y ha sido incluido en numerosos tratados de libre comercio e inversiones, ofreciendo a las empresas un mecanismo de coacciЧn que les permite imponer sus intereses a los Estados. Cuando las empresas presentan una demanda contra el Estado amparándose en Tratados de Libre Comercio (TLC) y Acuerdos de Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones (APPRI o TBI-tratados bilaterales de inversiones), se conforma un tribunal ad hoc compuesto por tres árbitros que pertenecen a un selecto nЬcleo de empresas de arbitraje internacional y que actúan a veces como jueces y otras como abogados de las ETN, e incluso algunos han sido miembros de la Junta de grandes Empresas Transnacionales, por lo que tienen intereses sesgados.

Las normas y procedimientos de protección de las inversiones extranjeras incluidas en los APPRI o TBI y en los capítulos de inversiones de los TLC, son un arma poderosa de la que se valen las empresas transnacionales para hacer prevalecer su afán de lucro en detrimento de los derechos de los pueblos. Tanto los APPRI, los TBI y los TLC son resultado de la doctrina económica neoliberal impuesta contra la voluntad popular en las últimas décadas del siglo pasado y que provocó las múltiples crisis que han afectado y aún afectan a las grandes mayorías, al tiempo que benefician a unos pocos que concentran más y más recursos. (…)

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CASO 5 – ARGENTINA – EL CIADI Y EL AGUA EN ARGENTINA:

IMPACTOS EN  LOS DERECHOS HUMANOS Y DERECHOS CONSTITUCIONALES

Por Natalia Salvático  – Amigos de la Tierra Argentina

En el año 2006, luego de 13 años de privatización, el Estado Argentino recuperaba su mayor empresa de provisión de agua potable y cloacas, hoy llamada Aguas y Saneamiento sociedad anónima (AySA). Había sido el sistema de saneamiento dado en concesión más grande del mundo, con 6 millones de usuarios.

La empresa de Aguas tuvo relevancia desde su fundación en 1912, cuando se crea con un objetivo de salud pЬblica: detener las epidemias de fiebre amarilla que asolaban la ciudad de Buenos Aires desde finales del 1800. Obras Sanitarias de la Nación centralizó como empresa estatal los servicios para todo el país hasta 1980, cuando la gestión del servicio se vuelca a las provincias, y la empresa conserva la prestación de servicios para la ciudad capital y el área metropolitana. Desde los años 90, se trasnacionalizó la economía argentina mediante la entrada masiva de capitales que accedieron a concesiones de servicios pЬblicos, entre ellos el agua y el saneamiento en varias ciudades, incluyendo la Ciudad de Buenos Aires y su área metropolitana, y también otras provincias como Santa Fe, Mendoza, Tucumán y Córdoba. En 1993, en entonces presidente C. Menem decreta privatizar completamente Obras Sanitarias de la Nación. Se cedieron todos los derechos a la empresa Aguas Argentinas S.A por 30 años. El pasivo y las deudas de la empresa no fueron asumidos por la privatizadora y quedaron a cargo del Estado. Los socios mayoritarios de esta nueva empresa eran Suez Lyonaisse des Eaux-Dumez y el grupo nacional Soldati.

A partir de la privatización, la empresa se caracterizó por sostener una operación negligente del servicio, que produjo desbalance hídrico y ascenso de las napas freáticas lo cual contribuyó a contaminar el Acuífero Puelche, del cual se proveen los usuarios sin conexión de agua corriente de vastas zonas de la Provincia de Buenos Aires. Sin embargo por este sistema la empresa fue responsable de proveer agua potable deteriorada (por exceso de cloro, turbiedad, etc.) utilizando al Río de la Plata como fuente de provisión de agua y a la vez de desagüe cloacal, generando riesgos sanitarios. También fue responsable de no realizar obras esenciales como la cuarta cloaca máxima y la planta de tratamiento de efluentes en la ciudad de Berazategui. La cobertura del área asignada se realizaba según la capacidad de pago de los usuarios, generando exclusión en amplios segmentos de la población y baja presión de agua en otros. (…)

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CASO 6 – EL SALVADOR – PUEBLO SALVADOREÑO VENCE A MINERA TRANSNACIONAL

Por Ana María Vásquez  – CESTA / Amigos de la Tierra El Salvador

La empresa Oceana Gold cuenta con activos en Filipinas, Nueva Zelanda y Estados Unidos. Tiene operaciones en la Mina de Oro y Cobre Didipio ubicada en la isla de Luzón en Filipinas. En la isla norte de Nueva Zelandia, opera la mina de oro Waihi, en la Isla Sur de Nueva Zelanda, opera la mina de oro más grande del país en el Macraes Goldfield que está compuesto por una serie de minas a cielo abierto y el Frasers underground mía. En Estados Unidos está construyendo actualmente la mina de oro Haile, un activo de alto nivel ubicado en Carolina del Sur a lo largo del Terrane de Carolina.

La presencia de esa empresa en el país, inicia con los estudios para reabrir la mina El Dorado en San Isidro Cabañas, comenzaron en 1993, la concesión de exploración fue otorgada a la Canadiense Pacific Rim Mining Corp, en 2002, la empresa encontró en el subsuelo de la zona norte del país un aproximado de 1.2 millones de onzas de oro de alta pureza y más de 7.5 millones de onzas de plata. Además de otras 558 mil onzas de oro y 1.2 millones de plata de menor calidad. En el 2004 Pacific Rim solicitó permiso al Estado salvadoreño para la explotación de los metales preciosos, el cual le fue denegado ante el incumplimiento de observaciones en el Estudio de Impacto Ambiental hechas por el Ministerio del Ambiente.

Ante la negativa de no autorizarle la explotación, Pacific Rim inicia una demanda contra el Estado salvadoreño en El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). La petición pedía que se le pagara $77 millones de dólares por el monto invertido en la etapa de exploración, la exigencia fue incrementada a $ 301 millones y finalmente se redujo a $ 250 millones. Pacific Rim se declaró en quiebra en el 2013 y vendió sus acciones a la transnacional Australiana Oceana Gold por 10.2 millones de dólares, quien continuó diligentemente el proceso de la demanda.

El proceso de litigio de la Pacific Rim en el CIADI contra el Estado salvadoreño se hizo en dos etapas: la primera demanda hecha en 2009, la empresa se había acogido al Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Domincana (CAFTA-DR), en junio de 2012 el tribunal desestima la petición por tratarse de una empresa canadiense; en la segunda etapa presenta una demanda en marzo de 2013 amparados en la Ley de Inversión nacional de El Salvador.

La fuerte denuncia y protesta de las organizaciones y movimientos sociales, lleva a que el gobierno salvadoreño presente a finales del 2012 una iniciativa de ley denominada «Ley Especial para la suspensión de los Procedimientos Administrativos relacionados a Proyectos de Exploración y Explotación de Minería Metálica». Este instrumento permite suspender la exploración y explotación de la minería en el país. (…)

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CASO 7 – COSTA RICA – EL MONOCULTIVO DE LA PIÑA: UNA HISTORIA IRRESPONSABLE EN EL PAÍS MÁS INTOXICADO DEL MUNDO

Por Mariana Porras – COECO Ceiba / Amigos de la Tierra Costa Rica

Costa Rica es actualmente el mayor exportador de piña del mundo. La piña fresca, el jugo procesado y la piЦa cortada son comercializados en grandes mercados como el de Estados Unidos y el Europeo; segЬn el censo agropecuario las extensiones de piña entre el período de 1984- 2014 crecieron en casi 1500% en ese período.

Dos multinacionales con sede en Estados Unidos, Del Monte y Dole, dominan el comercio de esta fruta a nivel mundial, y tres cuartas partes de las piñas en las estanterías europeas ahora provienen de Costa Rica. Se estima que la producción costarricense de piña está en un 75.8% en manos de cuatro empresas y sólo un 20% está en manos de 1.191 pequeños productores, que a su vez vende la piña a estas grandes empresas para su exportación.

Empresas como Dole, Chiquita o Del Monte que se benefician del jugoso negocio de las piЦas son las mismas que protagonizaron el boom bananero, el cual trajo impactos ambientales y a la salud de trabajadores/as sin que estas compaЦТas asumieran responsabilidades, esto se repitió no solo en Costa Rica sino en otros países latinoamericanos donde estas empresas tienen plantaciones.

El crecimiento del monocultivo de la piЦa, ha sido el de mayor crecimiento en el país en los últimos 20 años. Los datos de la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER) revelan un crecimiento del 300% en la exportación de este producto en el periodo que va del año 2002 al 2012 llegando a 1.876.000 toneladas. En términos de divisas, los datos de PROCOMER muestran que se exportaron 121 millones de dólares ($) en el año 2000 mientras que en el 2012 esta suma se eleva a $791 millones lo que representa un crecimiento de más del 650%. A pesar del incremento en las exportaciones, esta actividad no paga aranceles nacionales y municipales así como tampoco lo hace sobre materias primas y recibe incentivos para la exportación. Con esta exención de pagos de impuestos, se imposibilita el mejoramiento de las condiciones socio-econЧmicas de los territorios donde se ubican estos monocultivos. (…)

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CASO 8 – COSTA RICA – GUATEMALA – LA RESISTENCIA DE LA COMUNIDAD DE IXQUISIS, SAN MATEO IXTATÁN, HUEHUETENANGO, A LOS PROYECTOS HIDROELÉCTRICOS POJOM I, POJOM II Y SAN ANDRÉS A CARGO DE LA EMPRESA PROMOCIÓN Y DESARROLLO HÍDRICO, S.A. (PDHSA)

Por Eric Hernández Palacios, Basilio Tzoy Grijalva, Ruben Herrera y Elías Raymundo Raymundo  – CEIBA / Amigos de la Tierra Guatemala  – Asamblea de Pueblos de Huehuetenango – ADH

La empresa PDHSA se presentó en el año 2010 en las comunidades de la microrregión de Ixquisis, San Mateo Ixtatán, Huehuetenango, dando a conocer que establecería tres proyectos hidroeléctricos de su propiedad: Pojom I, Pojom II y San Andrés. La responsable de su construcción sería la empresa SolelBoneh Ltda. La generación/producción de electricidad por parte de esas hidroeléctricas fueron concesionadas a las subsidiarias: Generadora San Mateo, Sociedad Anónima, y Generadora San Andrés, Sociedad Anónima, respectivamente.

La empresa PDHSA fue inscrita en el Registro Mercantil en diciembre de 2007. La sede que en acta consta, se ubica a la Oficina 1101 de la Torre Oeste del Centro Corporativo Muxbal, a la par de la oficina donde fueron creadas las empresas Generadora San Mateo (GSM), Generadora del Río (GR) y Generadora San Andrés (GSA).

La instalación de estos proyectos está asentada en la cuenca de Pojom, y abarca los ríos Pojom, Negro, Primavera Yalhuitz, Varsovia, Tercer Arroyo y Palmira. La empresa que pretende instalar estos proyectos tienen financiamiento de organismos internacionales como la Corporación Interamericana de Desarrollo (CII), instancia financiera del Banco Interamericano de Desarrollo BID, como también, el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

Ixquisis es una microrregión del municipio San Mateo Ixtatán, conformada por las comunidades Yulchen Frontera, Bella Linda, Ixquisis, Pojom, El Platanar, Nuevo San Mateo, y los caseríos San Francisco, Varsovia/Primavera, Concepción y El Rincón. El municipio forma parte del departamento de Huehuetenango, que se sitúa en la parte noroccidental de Guatemala, en Centro América.

San Mateo Ixtatán se compone de 59 aldeas y 7 caseríos, y 29 de estas aldeas no cuentan a la fecha con energía eléctrica. El 21 de mayo del año 2009, organizado por la municipalidad de San Mateto Ixtatán, se realizó la Consulta Comunitaria con los habitantes de las 59 aldeas y 7 caseríos. Se llevó a cabo un día jueves, y participaron 25,646 personas, el resultado fue contundente, el 99% de la población rechazó los proyectos extractivos, mineros e hidroeléctricos en este municipio.

Pese a ello, el Estado de Guatemala, aprobó la implementación de los proyectos hidroeléctricos Pojom I, Pojom II y San Andrés en la microrregión de Ixquisis. Ingresar a la microrregión e iniciar con la construcción de Pojom I, lo hizo la empresa a través del engaño, la falsedad y la desinformación. Pocos meses después de realizada la consulta comunitaria, a una de las aldeas llegaron personas foráneas haciéndose pasar por delegados de la ElectrificaciЧn Nacional, y utilizando a un presidente del Comité Regional de Ixquisis y representante regional ante el Consejo Municipal de Desarrollo (COMUDE), informaron a las comunidades que tenían varios proyectos en sus manos, y ofrecieron a las comunidades proyectos que traerТan muchos beneficios y desarrollo para la aldea. Hablaron principalmente de un proyecto de luz. (…)

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Mensaje de la REMA a Justin Trudeau: La minería canadiense despoja a los pueblos indígenas y campesinos

Ante la visita del presidente de Canadá Justin Trudeau a México, la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) le exige detener y retirar la invasión de las empresas mineras canadienses en nuestro país

Ciudad de México, a 11 de octubre de 2017

El primer ministro de Canadá Justin Trudeau, se ha presentado a la sociedad internacional como un demócrata, defensor de las libertades y los derechos humanos, e incluso ha declarado su compromiso con el cumplimiento de la Declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, aunque hay que señalar lo ha hecho apoyado en una tenue postura que considera una interpretación dentro de los alcances que permita la constitución canadiense, lo cual no es cosa menor, menos aún si Canadá continua negándose a ratificar el convenio 169 de la OIT y respetar la auto-determinación de los
pueblos indígenas en la práctica.

Su visita a nuestro país ha sido anunciada como una oportunidad para fortalecer los lazos comerciales entre México y Canadá, lo que significa una mala noticia para los pueblos y comunidades indígenas quienes están siendo severamente afectados principalmente por la actividad minera canadiense, hoy convertida en el inversionista extranjero minero más importante del mundo y para México, a tal grado que se estima del total de empresas mineras extranjeras que hay, el 65% se encuentran inscritas en Canadá. Específicamente para Canadá, México se volvió el segundo país más importante para las empresas mineras canadienses que operan en el mundo, después de los EE.UU., lo cual no es menor ya que del total de activos mineros canadienses que tiene a nivel mundial, el 11.3% se encuentran adscritos en México.

El poder ejercido por la minería canadiense en toda la región latinoamericana ha sido fomentado abiertamente y arbitrariamente por todo su cuerpo diplomático según su política de la «diplomacia económica» a través de las embajadas, quienes como buenos colonialistas, continúan ponderando el racismo y odio hacia los pueblos indígenas y campesinos cuando, por un lado fomentan la inversión para la minería, al mismo tiempo que emiten alertas a sus ciudadanos turistas que transitan en México para que se abstengan de visitar, por ejemplo; el estado de Guerrero -sitio de gran inversión de la
minería canadiense-, por la violencia y riesgos que se viven en esa zona.

Es una realidad el peso político y financiero de las empresas mineras y el gobierno canadiense en el tema minero, a tal grado que son participes influyentes en la promoción de reformas constitucionales, de leyes y de reglamentos del ramo para facilitar la llegada de inversiones, pero también para adelgazar u obviar, la restitución de daños, el pago de impuestos o de plano suprimir cualquier aspecto que afecte su relación de ganancias.

Esto en México ha generado una legislación inconstitucional y violatoria de derechos humanos, porque entre otros aspectos, se considera a la minería como actividad preferente por sobre cualquier otra susceptible de aprovechamiento, aunque está literalmente desarrollada por privados es considerada de utilidad pública, que sólo ha significado el despojo y desplazamiento forzado de los legítimos propietarios y cuando estos últimos pretenden defender sus derechos, estos le son totalmente negados por las propias empresas de forma directa o a través de sus estructuras de fuerza ilegales o en total contubernio con diversos actores del gobierno mexicano.

Daños a la salud, contaminación y destrucción ambiental, criminalización de la protesta social, amenazas, hostigamiento, campañas de desprestigio, persecución, detenciones arbitrarias y el asesinato de defensoras y defensores son la fórmula de progreso y desarrollo que trae la inversión minera canadiense a nuestro país, aunque para contrarrestar su brutalidad, siempre están ponderando en los medios y en las estructuras de poder, su compromiso con los códigos de responsabilidad social corporativa, de certificación de industria limpia o de buen uso del cianuro, o su inscripción a sus absurdos estándares de «oro libre de conflictos» que son avalados y certificados por instancias que en su mayoría han sido creadas por el mismo sector empresarial.

Para corroborar el despojo, saqueo, desplazamiento y violencia que viven los pueblos causados por empresas mineras canadienses, basta visitar las comunidades de Carrizalillo y Nuevo Balsas en Guerrero, de Salaverna y Mazapil en Zacatecas, las de Sierra Norte en Puebla o Tetlama en Morelos, o La Sierrita de Galeana en Durango, además de Chicomuselo, Chiapas, lugar en donde fue asesinado Mariano Abarca por oponerse a una empresa minera canadiense, hecho que fue avisado y monitoreado previamente a su asesinato por la propia embajada de Canadá en México.

Las violaciones de las empresas canadienses son constantes, repetitivas y siempre apuntan por lo menos en contra de los derechos humanos al territorio, a la propiedad, al medio ambiente sano, a la participación, a la consulta y el consentimiento, a la legalidad y seguridad jurídica por ejemplo; cuando una misma empresa (Goldcorp) muestra un patrón delictivo al comprar tierras de uso común de forma recurrente y cínica como lo hizo en Carrizalillo, Guerrero y, tres años después, en Mazapil, Zacatecas. Hoy, del total de los proyectos mineros en México, las empresas canadienses operan 65%, o más de 850
proyectos que se encuentran en fase de exploración, desarrollo y explotación.

Habrá que decirle al Sr. Justin Trudeau, que la inversión minera de su país lo único que nos garantiza es el despojo y el riesgo potencial de que miles y miles de comunidades y personas pierdan para siempre su cultura e identidad por la destrucción del territorio; garantiza también el ingreso del crimen organizado aunque sus empresas estén inscritas en el pomposo estándar de oro libre de conflictos, se garantiza también el incremento de la violencia, la represión y la criminalización de quienes defienden sus territorios y la vida.

En ese contexto, desde REMA al gobierno canadiense le exigimos detenga la operación institucional y política proporcionada a través de sus aparatos diplomáticos para que la inversión de privados canadienses acumulen riqueza por medio del despojo; exigimos también dejen de impulsar políticas y proyectos de leyes laxas para con el cumplimiento de la legalidad de dichas empresas mineras, entre ellas las conocidas como Responsabilidad Social Empresarial o marcos de códigos voluntarios, y no de exigencia y cumplimiento obligatorio; y en vez de ello urge se pondere la rendición de cuentas para detener las constantes atrocidades e ilegalidades en contra de los derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas y campesinas.

Por otra parte, más allá de las cuentas alegres que desde los sectores empresariales y gobernantes promulgan favor del Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN), este solamente ha servido para legalizar el despojo, acumular más riqueza de los sectores ya enriquecidos, generar un desplazamiento paulatino tanto de los productos como de las economías locales, para crear una nueva de acumulación y control del capital, un
incremento de los procesos para desregular la propiedad de la tierra, de tal forma que diluyen la protección del interés y la utilidad pública y en cambio se valide el saqueo de privados. En resumen, el principal propósito del Tratado de Libre Comercio entre México, EE.UU. y Canadá ha sido desaparecer el campo y a los campesinos.

Para finalizar al Sr. Trudeau, queremos recordarle que hace más de un año (el 26 de abril del 2016), varias organizaciones le enviamos una carta a la cual le solicitábamos su amable atención, justo para revisar el contexto de las violaciones de las empresas canadienses, en México y Latinoamérica, aprovechando su recién ingreso como ministro, en el cual usted y su partido manifestó gestos de apoyo a los derechos humanos. No obstante, hasta la fecha no hemos tenido respuesta a la carta, ni tampoco hemos visto acciones concretas por proteger los derechos humanos.

LA INVERSIÓN MINERA CANADIENSE DESTRUYE NUESTRO PAÍS
LAS EMPRESAS MINERAS CANADIENSES VIOLAN
LOS DERECHOS HUMANOS
¡POR TERRITORIOS LIBRES DE MINERÍA!
RED MEXICANA DE AFECTADOS POR LA MINERÍA

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Malinaltepec, Guerrero, México a 8 de octubre del 2017

Los Pueblos integrados en el Concejo Regional de Autoridades Agrarias de las regiones Montaña-Costa Chica del Estado de Guerrero, en Defensa del Territorio contra la Minería y la Reserva de la Biosfera (CRAADT), así como los representantes de los pueblos de Acacoyagua y del ejido Israelita/Chiapas, de Guadalcazar/San Luís Potosí, de Salaverna/Zacatecas, de Cajamarca/Perú, de del ejido Benito Juárez/Chihuahua, de la CDMX y los delegados de organizaciones sociales, nos reunimos durante dos días en el municipio de Malinaltepec, en el marco del Encuentro Nacional contra el Modelo Extractivo Minero, para compartir enseñanzas y experiencias desde la resistencias que tenemos diversos pueblos organizados, con el propósito de enfrentar una de las políticas globales extractivistas más despiadadas que nos aquejan, basadas en el despojo del territorio, porque «legalizan» el saqueo y la destrucción de los bienes naturales, atentan directamente contra la integralidad de la vida, transforman nuestra convivencia basada en la comunalidad, además de amenazar y desmantelar nuestros procesos identitarios y culturales, todos elementos totalmente contrarios y contradictorios con la falsa premisa de progreso y desarrollo que dicen tener este tipo de proyectos.

Los saberes y diálogos compartidos entre todas y todos los participantes, refrendan y refuerzan el compromiso que tenemos para continuar implementando el pleno ejercicio de nuestros derechos basados en la libre determinación, por lo tanto, este encuentro fortaleció nuestro principio de persistir promoviendo nuestros propios procesos de Consulta y de Consentimiento Previo, Libre, Informado y Culturalmente Adecuado, con lo cual enviamos un claro mensaje al estado, los políticos y a las empresas extractivistas, que en nuestro territorio comunitario no permitiremos violenten y violen nuestros derechos colectivos con falsos y amañados procesos y procedimientos de consulta o de consentimiento.

Estos días de intercambio y reflexión entre las mujeres y los hombres de pueblos hermanos en resistencia, nos ayudó a aclarar dudas y cuestionamientos sobre los daños a la salud y el ambiente que genera el modelo extractivo, nos dimos cuenta cómo las diferentes experiencias que escuchamos, incluso desde otras naciones que nos acompañaron, son una película que se repite de la misma manera en cada pueblo del territorio nacional, por lo tanto, evidenciamos que nos enfrentamos a un sistema que nos impone un modelo de extracción basado en el engaño para generar el desplazamiento forzado de quienes ahí habitamos, en donde los políticos actuales son ya apurados promotores del empoderamiento de privados, quienes además actúan en contubernio con fuerzas armadas «legales» e ilegales.

Entre todos refrendamos que la defensa del territorio es la defensa de la vida; que defender el territorio ancestral es también resguardar la cultura y, por lo tanto, significa nuestra permanencia como pueblos. En consecuencia:

  1. Reafirmamos la importancia de continuar con esta lucha organizada entre los pueblos de México y de Latinoamérica en defensa del territorio y la vida.
  2. Reconocemos que los movimientos debemos trascender y cambiar la forma en la cual hemos actuado para con nuestras compañeras de lucha, porque no podemos continuar invisibilizando su lucha, cuando es evidente son ellas las principales gestoras y promotoras de la defensa de la vida, además del trabajo cotidiano, de la reproducción, el cuidado y las trasmisoras de lo que somos como personas, familia y pueblo.
  3. Al gobierno mexicano le exigimos la cancelación inmediatamente y permanente de cada una de las concesiones que ha entregado tanto a las empresas mineras como a otras empresas relacionadas al modelo extractivo, de tal forma que estemos en mejores condiciones para dedicar nuestras fuerzas al mejoramiento de los procesos organizativos para la vida y no en cambio estemos dedicando tiempo y esfuerzo para detener sus proyectos de muerte.
  4. Rechazaremos cualquier iniciativa de gobierno y de privados, que atente contra el ejercicio de nuestros derechos territoriales y fundamentales, así como no dejaremos entrar a quienes pretendan la enajenación de nuestro territorio y nuestros bienes naturales. Dicho lo anterior, reafirmamos nuestro rechazo contra del decreto de la Reserva de la Biosfera en la Montaña de Guerrero.
  5. Frente a la vulneración estructural, sistemática e intencionada para adelgazar y desregularizar los derechos de los Pueblos Indígenas y Campesinos de México, al gobierno y sus operadores parlamentarios les EXIGIMOS dejar de modificar y vejar -a favor de las empresas-, las leyes, tratados y derechos constitucionales que cómo pueblos tenemos, al mismo tiempo les decimos que continuaremos defendiendo el respeto de nuestros derechos de forma organizada, pacífica y basada en nuestros usos y costumbres, porque es así como garantizamos que no haya detrimento de los derechos conquistados, ni de los avances jurisprudenciales, normativos y estándares internacionales que nuestra histórica lucha ha logrado.
  6. Rechazaremos la imposición de consultas o de consentimiento previo libre e informado, que pretenda imponer el gobierno para facilitar el ingreso de cualquier empresa que ambicione los bienes naturales que tenemos en nuestro territorio comunitario.
  7. Rechazamos enfáticamente las campañas de estigmatización, persecución, hostigamiento, amenazas y señalamientos hacia cada uno de los procesos de resistencia que defienden su territorio tanto en México y Latinoamérica.
  8. Exigimos las garantías de protección y respeto de la vida para nuestras compañeras y compañeros, quienes en defensa del territorio han sido amenazados, perseguidos y criminalizados.
  9. Demandamos el esclarecimiento de cada uno de las y los compañeros que han sido asesinados por defender el territorio y los derechos de los pueblos. Basta señalar que Amnistía Internacional ha registrado que, en el trascurso de solamente dos años en 22 países, han sido asesinados 437 ambientales y defensores de derechos humanos, quedando en impunidad el 95% de los casos.
  10. Convocamos a todos los Pueblos, Organizaciones, Autoridades Ancestrales, Agrarias y Ciudadanas/Municipales a estar vigilantes y en guardia permanente contra gobernantes y gente ajena a los territorios que sólo buscan ingresar a los pueblos con el fin de generar discordia divisiones y confusión para, posteriormente y con el uso de diferentes argucias y mentiras, crear mejores condiciones para el saqueo de los bienes naturales.
  11. No aceptamos la imposición de su idea de progreso y desarrollo basado en el extractivismo que, en contubernio con los políticos en turno y de manera violenta, quieren implementar en nuestros territorios. Nadie más que nosotros – las comunidades indígenas, campesinas, ejidos y pueblos organizados-, seremos quienes decidiremos cómo queremos vivir.
  12. Los pueblos de Acacoyagua y del ejido Israelita/Chiapas, de Guadalcazar/San Luís Potosí, de Salaverna/Zacatecas, del ejido Benito Juárez, Chihuahua y de la CDMX, nos solidarizamos con los pueblos en resistencia contra el modelo extractivista en el Perú, especialmente en la región de Cajamarca, Celendín, quienes vienen luchando frente a proyectos mineros e hidroeléctricas que pretenden destruir su territorio. Trabajaremos para seguir articulándonos y caminando juntos para liberarnos de este enemigo común que tenemos los pueblos del mundo.
  13. Demandamos la cancelación de las concesiones mineras otorgadas en el municipio de Guadalcazar, S.L.P., la anulación de los proyectos que ya se encuentran en fase de exploración, así como exigimos la revisión y solución a la demanda de eliminación del proyecto de confinamiento de desechos tóxicos que, pese a la oposición de la población, fue instalado en 1994 en el predio “La Pedrera”, en el ejido Los Amoles, mismo que desde hace 20 años sólo fue cubierto por cemento y se encuentra abandonado, sin mantenimiento y sin supervisión, en consecuencia, desde entonces se mantiene contaminando los mantos acuíferos de la región, razones por lo cual, las comunidades de municipio de Guadalcazar se encuentran en lucha contra del modelo extractivo minero y en firme oposición al basurero tóxico.
  14. El Frente Popular en Defensa del Soconusco 20 de junio de Acacoyagua, Chiapas, exige al gobierno federal y del estado, dejen de ser partícipes y protectores de los intereses de las empresas e inmediatamente cancelen las concesiones entregadas de forma indiscriminada en nuestro territorio.
  15. A 5 años del asesinato de los defensores del medio ambiente; Ismael Solorio y Manuelita Solís, opositores al proyecto minero “5 de Mayo” de la empresa canadiense Mag Silver, en el Ejido Benito Juárez Mpio. de Buenaventura Chihuahua, le demandamos al gobierno del estado de Chihuahua el esclarecimiento del homicidio de nuestros compañeros.
  16. A 11 años de iniciado el proceso de despojo en Salaverna Mazapil, causado por de la minera Frisco-Tayahua de Carlos Slim Helú, demandamos que el gobernador del estado de Zacatecas, el Sr. Alejandro Tello Cristerna y la Srta. Fabiola Gilda Torres, secretaria de gobierno, acepten de inmediato las recomendaciones emitidas por la Comisión de Derechos Humanos y con ello se garantice el estado de derecho que permita hacer pagar a los responsables del desplazamiento forzado y todos los delitos cometidos por la empresa el 23 de diciembre del 2016. Así mismo hacemos un llamado a las comunidades zacatecanas en resistencia contra el despojo minero, para sumarnos en una lucha unida y organizada contra los proyectos de muerte.
  17. Demandamos la cancelación de todas las concesiones mineras en la costa central del Golfo, en la región de “Los Tuxtlas”, así como en el resto del territorio veracruzano. Las comunidades de Actopan y Alto Lucero señalan que, a pesar de que la empresa Candelaria Mining retiró su proyecto de manifestación de impacto ambiental debido a la presión ejercida por los pueblos de la costa central del estado de Veracruz, los seis tajos a cielo abierto proyectados por Candelaria Mining y Almaden MInerals a menos de 3.2 kms. de la Central Nucleoeléctrica de Laguna Verde siguen vigentes.
  18. Ante el pleno del encuentro, el C. presidente municipal constitucional de Malinaltepec, el Sr. Sebastián Ramírez Hernández, refrendo que en asamblea de cabildo abierto se ha levantado el acta con la Declaratoria de “Municipio Libre de Minería”, a la vez que refrenda su compromiso de no proporcionar ningún permiso de uso de suelo para las empresas mineras.

Finalmente, reiteramos nuestro compromiso que como pueblos y luchas tenemos para continuar defendiendo nuestro territorio y la vida, porque nuestros derechos y la madre tierra no son negociables y seguiremos en resistencia hasta que se apague el sol.

¡TERRITORIOS LIBRES DE MINERÍA!
¡POR TERRITORIOS LIBRES DE MEGAPROYECTOS!
¡POR EL RESPETO DE NUESTROS DERECHOS!

>> AUDIOS DEL ENCUENTRO <<

Más información:

De la Huasteca al Itsmo de Tehuantepec, resistir

Mensaje a AMLO: «Todas las concesiones mineras deben ser canceladas de forma inmediata en México»

La Red Mexicana de Afectados por la Minería celebra 10 años en defensa de la vida y el territorio

Minas de Oro en los EEUU: Informe de Derrames y Fracasos

Historial de los impactos ambientales resultante de derrames, descargas accidentales y fracasos en la captura y trata de aguas impactadas por la minería, por BONNIE GESTRING (Earthworks) y JOHN HADDER (Great Basin Resource Watch) – Julio 2017

Traducción parcial del U.S. Gold Mines: Spills & Failures Report

INTRODUCCIÓN

La minería de oro es una fuente significativa de emisiones tóxicas en los EE.UU. – incluyendo liberaciones de cianuro, arsénico, mercurio, cadmio y otras sustancias peligrosas en el aire, el agua y la tierra.

El método más común para procesar oro de la minería es la lixiviación con cianuro, la cual utiliza el cianuro para extraer oro y otros metales del mineral. La lixiviación de cianuro facilita la extracción de grava, que genera grandes volúmenes de residuos mineros que se convierten en un elemento permanente del paisaje.

Estos residuos de la mina, así como los productos químicos que se utilizan para la extracción del oro, pueden ser una fuente de contaminación de las aguas superficiales y subterráneas. Debido a que prácticamente todo lo que se extrae de una mina se convierte en desperdicio, y que estos desperdicios mineros están conservados dentro de la instalación minera, los materiales tóxicos contenidos en el desperdicio también son permanentes.

Este informe compila el registro de los derrames y accidentes en el control de las filtraciones de las minas de oro en funcionamiento en los Estados Unidos y los impactos asociados a la calidad del agua.

Las instalaciones de la mina donde pueden producirse liberaciones de materiales peligrosos incluyendo lechos de lixiviación en pilas, retenes de rebalses, tuberías, procesos extractivos, estanques de agua, residuos, pilas de roca y depósitos de coladera.

  • Los patios de lixiviación: Los patios de lixiviación se usan para procesar el mineral de grado inferior utilizando el riego superficial con una solución de cianuro de sodio, que recoge oro y otros metales a medida que se infiltra a través de la tierra.

Los patios de lixiviación a menudo tienen una línea de contención o geomembrana que sirve como captura primaria de la solución cargada de oro y cianuro. Algunas minas incorporan dos revestimientos. El segundo revestimiento se utiliza para controlar la fuga del revestimiento principal. A pesar de la existencia de estos revestimientos, aún hay fugas cuando el revestimiento está comprometido o se degrada con el tiempo.
  • Rebalses: El mineral de mayor grado es triturado y combinado con productos químicos de procesamiento en tinas grandes. Los desechos, llamados rebalses, suelen almacenarse como una suspensión de textura fina detrás de una presa de tierra. En la mayoría de los casos estos rellenos de rebalses no están forrados.
  • Los estanques de proceso están revestidos, de un tamaño mucho menor y normalmente se eliminan por completo como parte del proceso de recuperación.
  • Los patios de lixiviación en pilas, los embalses de rebalses y los estanques de soluciones de proceso: generalmente contienen altos niveles de metales y cianuro, por lo que la contención es vital para evitar la contaminación. Estas instalaciones pueden ser una fuente de contaminación a largo plazo si la recuperación y el mantenimiento a largo plazo son inadecuados.

El drenaje ácido de la mina se puede desarrollar en las minas de oro donde están presentes los minerales del sulfuro. Cuando los minerales de sulfuro están expuestos al aire y al agua, reaccionan para formar ácido sulfúrico, que puede lixiviar minerales de la roca circundante para formar el drenaje ácido de la mina. Si el drenaje ácido de la mina no está contenido, se convierte en una fuente a largo plazo de contaminantes.

Cuando la minería ocurre debajo del nivel freático, hay que bombear agua de la mina para mantenerla seca. Una vez que las operaciones de minería cesan, el agua subterránea se filtra nuevamente de forma natural dentro de las minas subterráneas o regresa al pozo para crear un lago de pozos.

Para las minas a cielo abierto, la mayoría de las minas de oro se producen en áreas de alta evaporación, el flujo de agua suele estar en el pozo abierto. Sin embargo, si ocurre el desagüe, el agua subterránea puede ser degradada ya que el agua del lago y el agua de las minas subterráneas son típicamente de peor calidad que las aguas subterráneas circundantes.

MÉTODOS

Este informe se basa en la información obtenida de una extensa revisión de documentos estatales y federales, informes de noticias y una base de datos federal. Proporciona datos de 27 minas de oro en operación en los Estados Unidos, que representan el 93% de la extracción de oro de los Estados Unidos en 2013. Los datos más actuales sobre la extracción de oro de los Estados Unidos están disponibles en el “US Geological Survey”. El informe se centra en documentar dos modos de accidentes:

  1. Derrames de tuberías y / o otras liberaciones accidentales de materiales peligrosos, y
  2. Fracasos en la colección de filtración y tratamientos.

Aunque el informe se centra en los impactos de calidad del agua, los impactos al suelo también pueden ocurrir en una liberación peligrosa. Este informe no cataloga los impactos al suelo. La mayoría de las minas en este informe son principalmente de oro. Sin embargo, el oro se puede producir como un subproducto en otras minas metálicas (por ejemplo, operaciones de cobre, zinc/plomo).

Este informe incluye datos de las minas de Bingham Canyon, Robinson y Greens Creek debido a que el oro es un subproducto significativo como se identificó en el informe de oro del 2013 del USGS. Nuestro Informe no evaluó la mina de oro Cresson (Cripple Creek y Victor), una mina de oro en funcionamiento en Colorado, debido a la dificultad de obtener información completa sobre el sitio.

RESULTADOS

Nuestra investigación determinó que el 100% de las operaciones mineras revisadas en este informe experimentaron al menos una falla, con la mayoría de las minas experimentando fallas múltiples.

  • En 27 de las 27 operaciones mineras (100%), han experimentado al menos un derrame de tubería u otra liberación accidental, como derrames de solución de cianuro, rebalses de minas, combustible diesel y concentrado de mineral.
  • En 20 de las 27 operaciones mineras (74%), no han capturado o controlado las filtraciones contaminadas. La filtración de la solución de cianuro fue uno de los impactos más comunes. El desarrollo del drenaje ácido de las minas se asoció con algunos de los impactos más duraderos.
  • En 20 de las 27 operaciones mineras (74%), se identificaron impactos de calidad del agua en las aguas superficiales y / o subterráneas, incluyendo impactos en el suministro de agua potable para residencias y negocios, pérdida de hábitat de peces y vida silvestre y muerte de peces.
  • Los impactos de la calidad del agua a las aguas superficiales y/o subterráneas se identificaron en 20 de las 27 operaciones mineras (74%), incluyendo impactos en el suministro de agua potable para hogares y negocios residenciales, pérdida de hábitat de peces y vida silvestre y muerte de peces.
  • Los impactos de la calidad del agua no fueron identificados en 7 de las 27 operaciones mineras. En 6 de esas 7 minas (86%), no había corrientes constantes en la zona del proyecto y las aguas subterráneas eran generalmente profundas

Las investigaciones muestran que las minas con alta potencial de generación de ácido y en las proximidades de las aguas superficiales y subterráneas, corren el mayor riesgo de impactos en la calidad del agua. La disponibilidad de agua es clave para el desarrollo del drenaje ácido y el grado de contención. Muchas de las minas de oro actualmente en funcionamiento se encuentran en el suroeste árido, donde la precipitación es baja (a menudo menos de 10 pulgadas por año). Por lo tanto, el potencial de precipitación superficial para transportar contaminantes al agua subterránea es significativamente limitado. El drenaje ácido de la mina requerirá el tratamiento del agua y captura a perpetuidad en la mina Bingham Canyon Mine, Golden Sunlight Mine y Phoenix Mines, entre otros.

En 6 de las 7 minas de oro donde no se identificaron impactos de calidad del agua (por ejemplo, Bald Mountain, Ruby Hill, Mineral Ridge, Mesquite, Denton / Rawhide, Turquoise Ridge) no hay corrientes perennes en el área del proyecto y el agua subterránea es generalmente profunda, mayor a 250 pies).


Por ejemplo, en la mina Denton Rawhide en Nevada, el agua subterránea es tan profunda que no se ha localizado y no hay agua superficial en al menos cinco millas a la redonda de la mina. Los impactos a corrientes efímeras, donde el agua fluye brevemente después de los eventos de lluvia, son más difíciles de evaluar. Las oportunidades de monitoreo son limitadas y en algunos casos las corrientes efímeras no están protegidas por las disposiciones de las Leyes de Agua Limpia. Por ejemplo, en la Mina Mineral Ridge, se determinó que los arroyos efímeros en el área de la mina no eran navegables y por lo tanto, no sujeto a las protecciones de calidad del agua y los requisitos de monitoreo proporcionados por la Ley de Agua Limpia.

La capacidad de realizar plenamente el alcance de los impactos se ve obstaculizada por las limitaciones del monitoreo. A menudo, las filtraciones de rebalses o de otras instalaciones de la mina se reconocen mediante una inspección visual de la presa de contención. Sin embargo, la filtración puede y ha ocurrido desde porciones de una instalación que no son monitoreadas o son difíciles de monitorear. En muchos casos, la documentación de los accidentes no ocurre hasta que la contaminación alcanza el punto más cercano al punto de monitoreo del agua. Como se indicó anteriormente, la profundidad del agua subterránea puede ser grande y existe el potencial de que un fallo de contención pueda ocurrir y no sea notado hasta después de que la mina esté cerrada. A pesar de la incorporación de sistemas de detección de fugas, que se aplican en la mayoría de las minas nuevas (las regulaciones varían de un estado a otro), muchos de los fallos de contención ocurren más allá de la detección.

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