Carta a las autoridades peruanas: «Criminalización de la libertad de expresión y de la solidaridad internacional en Perú»

Publicamos esta carta dirigida a las autoridades peruanas, que firmamos en solidaridad con nuestr@s compañer@s Jen Moore, integrante de Mining Watch Canada/ Alerta Minera Canadá, y el periodista John Dougherty, quienes están sufriendo un proceso de criminalización en Perú por haber difundido información sobre los impactos de la minería en el país – A 17 de noviembre de 2017

(Descargar la carta en PDF)

Ministro Enrique Javier Mendoza Ramírez
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

Ministro Víctor Ricardo Luna Mendoza
Ministerio de Relaciones Exteriores

CC:

Ministro Carlos Miguel Ramón Basombrío Iglesias
Ministerio de Interior

Dr. Duberlí Apolinar Rodríguez Tineo
Presidente de la Corte Suprema

Dr. Rolando Martel Chang
Presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima

Walter Gutiérrez Camacho
Defensor del Pueblo

Dr. Oscar Augusto Sumar Calmet
Presidente de la Sala Cuarta Penal con reos libres de la Cortre Superior de Lima

María Rosario Hernández Espinoza
Juez Superior Provisional integrante de la Cuarta Sala Penal para Procesos con Reos Libres de Lima

Sr. Saleh Carlos Salvador Heresi Chicoma, Presidente
Comisión de los Derechos Humanos de la Legislatura de la República – Congreso de la República

Embajadora Gwyneth Kutz
Embajada Canadiense en Lima

Alex Neve, Secretary General
Amnesty International Canada

Ana María Vidal, Secretaría Ejecutiva Adjunta
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH)

Re: Criminalización de la libertad de expresión y de la solidaridad internacional en Perú

Estimados Ministro Luna Mendoza y Ministra Mendoza Ramírez:

Las organizaciones que suscribimos esta carta nos dirigimos a ustedes para manifestarles nuestra preocupación por la criminalización de la solidaridad internacional y de la libertad de expresión en Perú. En particular, estamos alarmados por el hostigamiento, la detención ilegal y arbitraria, y la subsiguiente prohibición de ingreso al país por un período indefinido, a la que fueron sometidos la Coordinadora del programa para América Latina de Alerta Minera Canadá, Jen Moore, y el periodista estadounidense y documentalista John Dougherty, durante su estancia en Cusco del 18 al 23 de abril de 2017. Esperamos que adopten todas las medidas necesarias para poner un alto a este proceso de criminalización, así como levantar la alerta migratoria que les impide su entrada a Perú, y prevenir que situaciones como esta se vuelvan a presentar.

La Srta. Moore y el Sr. Dougherty fueron detenidos tras la proyección pública del documental «El fraude de Flin Flon», que trata sobre las operaciones de la empresa minera canadiense Hudbay Minerals en el continente. La detención fue precedida por difamación en la prensa, hostigamiento y vigilancia policial.

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El 22 de abril en la mañana, algunas horas después de haber sido detenidos por la policía y antes de que tuviesen la oportunidad de defenderse, la Srta. Moore y el Sr. Dougherty fueron acusados públicamente, en el sitio web del Ministerio del Interior, de incitar a los pobladores en contra de la minería y de amenazar el orden público, involucrándolos en una serie de actos de violencia de los cuales no fueron parte. Al actuar de esta manera, las autoridades peruanas han vulnerado los derechos de los dos investigadores a la libertad de expresión, a la privacidad y al debido proceso.

Temerosos de que pudieran ser víctimas de más irregularidades por parte de las autoridades peruanas, los dos salieron voluntariamente de Perú el 23 de abril con la intención de continuar con su proceso legal a través de sus abogados en Perú. Ese mismo día, sin notificación o respeto alguno
al debido proceso, la Superintendencia de Migración les impuso una alerta migratoria por un plazo de tiempo indefinido, prohibiendo su reingreso al país, y así determinando que presentar un documental sobre la minería constituye una amenaza al orden interno del país.

Los hechos ocurridos no solo constituyen una violación del derecho a la libertad de expresión de los dos investigadores, sino también una violación al aspecto colectivo de este derecho, que es fundamental para el intercambio de información y comunicación. Tanto las comunidades cercanas a la mina de Hudbay Minerals, así como el público en general de las ciudades de Cusco y Lima tienen derecho de acceso a la información pública sobre los impactos negativos de la minería.

Consideramos que la estigmatización en la prensa y por una autoridad pública, así como el hostigamiento policial, su detención ilegal y arbitraria, y la prohibición de reingreso al país son el resultado del conjunto de dos factores:

1) la privatización del aparato de seguridad pública en Perú;

2) la aparente intención de Hudbay Minerals y del Estado peruano de ejercer control sobre el tipo de información a la cual tienen acceso las comunidades que viven en los alrededores de su mina Constancia.

Con relación al primer punto, el 8 de mayo de este año, la subsidiaria peruana de Hudbay Minerals confirmó que tiene un convenio con la Policía Nacional para prestar servicios de seguridad. En el convenio, la Policía Nacional queda subordinada a la empresa y a sus necesidades de seguridad, lo que crea un serio conflicto de interés con su rol de servicio público. Representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reconocieron este hecho en una audiencia sobre el tema el 25 de mayo en Buenos Aires, en la cual la comisionada Margarette May Macaulay indicó que deberían prohibirse los contratos entre la policía y las empresas privadas.

El 19 de julio de 2017, el Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos de la ONU también expresó su preocupación por estos contratos luego de su visita a Perú, observando que generan confusión sobre el rol de la policía cuya responsabilidad principal es la seguridad pública y a la vez socava la confianza del pueblo en esta institución del Estado.

Con respecto al segundo punto, a pesar de que Hudbay ha negado públicamente el haber presionado a las autoridades Peruanas para que respondieran a su favor en este caso, el inmediato pronunciamiento público del Ministerio del Interior y su explícito apoyo a los intereses de la compañía tan pronto como la Srta. Moore y el Sr. Dougherty fueron detenidos, indican un nivel de interés inusual por parte del Estado peruano. Con base a versiones pasadas del contrato de Hudbay con la policía de monitorear el área de la mina Constancia durante las 24 horas, es posible que la policía fue obligada a ubicar y responder a la visita de la Srta. Moore y el Sr. Dougherty.

Sumándose a su posible participación, se reportó que el personal de Hudbay estuvo cuestionando a líderes comunitarios sobre las proyecciones del documental días antes de la detención de los dos investigadores.

Dada la situación expuesta, las organizaciones suscritas exigimos a las autoridades peruanas que pongan un alto a la criminalización de la empleada de Alerta Minera Canadá y del periodista estadounidense, que ordenen levantar la alerta migratoria que prohíbe su ingreso a Perú, y que se publique en la página web del Ministerio del Interior una rectificación completa y pública y se retire toda acusación falsa de esa misma página.

A su vez, les instamos a que tomen las medidas necesarias e idóneas para abstenerse de realizar vigilancia policial, hostigamiento, detenciones arbitrarias y criminalización tanto de los dos investigadores, como también de todo investigador, personal universitario, periodista, expositor, y defensor o defensora de derechos humanos que quiera expresar su opinión sobre la actividad minera en el Perú.

Por último, instamos a las autoridades peruanas a que, en seguimiento a lo expresado por la CIDH, eliminen la privatización de los servicios de la policía y del aparato de seguridad pública, ya que ésta facilita la criminalización de la disidencia sobre todo en áreas donde las comunidades están en conflicto con proyectos extractivos que amenazan su vida.

Organizaciones firmantes:

1. Acción Colectiva, Guanajuato, México
2. Acción Ecológica, Ecuador
3. Agrupación de Pequeños Regantes y No Regantes Río Mostazal, Chile
4. Asociación de Desarrollo Económico Social Santa Marta (ADES), El Salvador
5. Americas Policy Group, Canada
6. Atlantic Regional Solidarity Network (ARSN), Canada
7. Asociación Amigos de San Isidro Cabañas (ASIC), El Salvador
8. Asociación CEIBA, Guatemala
9. Asociación para el Desarrollo de El Salvador (CRIPDES), El Salvador
10. Bibaani A.C., Oaxaca
11. Bios Iguana A.C., México
12. CAOI
13. Cabildo por las Mujeres de Cuenca, Ecuador
 14. Canadian Centre for International Justice (CCIJ)
15. Canadian Union of Public Employees (CUPE)
16. Center for International Environmental Law (CIEL), U.S.
17. Centre for Research on Latin America and the Caribbean (CERLAC), Canada
18. Centro Humboldt, Nicaragua
19. Cercle des Premières Nations de l’Université du Québec à Montréal (UQÀM)
20. CESTA Amigos de la Tierra El Salvador
21. Censat Agua Viva – Amigos de la tierra Colombia
22. CODETAC, Panamá
23. Colectivo Voces Ecológicas, Panamá
24. Comité Ambiental en Defensa de la Vida, Colombia
25. Comité Chileno por los Derechos Humanos, Montreal, Canada
26. Comité Ixtepecano en Defensa de la Vida y el Territorio, Oaxaca
27. Comité pour les droits humains en Amérique latine (CDHAL), Montreal, Canada
28. Comité Regional de Promoción de Salud Comunitaria (Mesoamerica)
29. Common Frontiers, Canada
30. Confédération des syndicats nationaux (CSN), Québec Casa Panteón, Oaxaca
31. Consejo Tiyat Tlali, Puebla, México
32. Cooperacción, Perú
33. Coordinadora Ambiental Valles en Movimiento, Monte Patria, Chile
34. Coordinadora Ni Una Sola Mina, Costa Rica
35. COPINH, Honduras
36. The Democracy Center, Bolivia/U.S.
37. Earthworks, US
38. ECUARUNARI, Ecuador
39. Education In Action, Ottawa, Canada
40. Environmental Defender Law Center (EDLC)
41. FEDEPAZ, Peru
42. Femmes de diverses origines-Women of Diverse Origins, Montreal, Québec
43. FESPAD, El Salvador
44. First Nations Women Advocating for Responsible Mining, British Columbia, Canada
45. Forest Peoples Programme, U.K.
46. Frente Nacional por la Salud de los Pueblos, Ecuador
47. Fundacion Savia Roja, Ecuador
48. Grufides, Peru
49. Institute for Policy Studies, Global Economy Project, U.S.
50. Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario AC.
51. International Civil Liberties Monitoring Group (ICLMG), Canada
52. Inter Pares, Canada
53. Justiça nos Trilhos, Brasil
54. Madison Arcatao Sister City Project, US
55. Maritimes-Guatemala Breaking the Silence Network, Canada
56. McGill Research Group Investigating Canadian Mining in Latin America (MICLA)
57. Mining Injustice Solidarity Network (MISN), Toronto
58. Mining Justice Action Committee, Victoria, British Columbia, Canada
59. Mining Justice Alliance, Vancouver, British Columbia \, Canada
60. MiningWatch Canada
61. Movimiento Ecologista de Mujeres del Sur, Ecuador
62. Movimiento Mesoamericano en contra del Modelo Extractivo Minero (M4)
63. Movimiento Morelense Contra las Concesiones de Minería a Tajo Abierto por Metales
64. Movimiento para la salud de los Pueblos Latinoamerica (MSPLA)
65. Mujeres Jeromeñas Defensoras de la Madre Tierra, Oaxaca
66. Network in Solidarity with the People of Guatemala (NISGUA)
67. Palenke Alto Cauca – Proceso de Comunidades Negras (Colombia).
68. Plataforma Internacional contra la Impunidad
69. Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), Chile
70. Observatorio Latinoamericano de Conflictos Mineros (OCMAL)
71. Ontarians for a Just and Accountable Mineral Policy, Canada
72. Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH
73. Otros Mundos AC/Chiapas, México
74. People’s Health Movement Canada/Mouvement populaire pour la santé au Canada
75. Procesos Integrales para la Autogestión de los Pueblos (PIAP), México
76. Projet Accompagnement Solidarité Colombie (PASC), Québec
77. Public Service Alliance of Canada (PSAC)
78. Red Latinoamericana de Mujeres defensoras de Derechos Sociales y Ambientales
79. Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA)
80. Red Muqui, Perú
81. Resguardo Indígena Cañamomo Lomaprieta, Colombia
82. Rights Action, Canada
83. SICSAL (Servicios Internacionales Cristianos de Solidaridad con los Pueblos de America Latina — Oscar
Romero), Canada
84. StopTheInstitute, Vancouver, British Columbia, Canada
85. United for Mining Justice, Canada
86. United Steelworkers, Canada
87. WES Global Connections
88. Washington Ethical Society
89. World Dharma
90. Yasunidos Guapondelig, Ecuador

Más contexto:

MiningWatch Canada demanda a Perú por la detención arbitraria de Jen Moore

Sobre la detención de Jen Moore y John Dougherty en Perú: ¿Qué tiene que esconder la minera canadiense Hudbay a los peruanos?

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Urgente: Exigimos la salida inmediata y segura de Perú de Jennifer Moore y John Dougherty

16-18 de noviembre 2017: Encuentro en Montevideo por la Democracia y contra el Neoliberalismo

Nota informativa de Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México

Las más de 30 organizaciones y movimientos sociales de las Américas que hacen parte de la Jornada Continental por la Democracia y contra el Neoliberalismo están reunidas en Montevideo, la capital uruguaya, en un Gran Encuentro por la Democracia y el Neoliberalismo del 16 al 18 de noviembre 2017. La Jornada es un proceso de trabajo y de articulaciones de los movimientos populares más importantes de las Américas, entre los cuales movimientos sindicales, campesinos, indígenas, feministas, ambientalistas y antiimperialistas, que pone especial énfasis en la necesidad de las movilizaciones con planteamientos políticos articulados y que generan unidad en los diversos actores. Nació en La Havana en noviembre 2015 durante el «Encuentro Hemisférico» organizado en la capital cubana a diez años de la derrota al Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA)».

>> Seguir la transmisión en vivo en Facebook <<

>> Programa del Encuentro <<

La principal avenida de Montevideo se pobló esta mañana de miles de personas que participan del Encuentro de Montevideo. «Los movimientos sociales del continente y Amigos de la Tierra América latina y el Caribe (ATALC) se movilizan hoy en Montevideo por la Justicia Ambiental, por la Articulación de los Pueblos para lograr derrotar al Neoliberalismo construir una democracia desde todas la organizaciones, los movimientos y los pueblos del mundo», explicó Danilo Urrea, facilitador de ATALC presente en esta movilización en la que participaron más de 3.000 compañeros y compañeras que llegaron de todos los países de las Américas.

Marcharon junto a trabajadores y militantes de Uruguay, en medio de un paro parcial definido por la central sindical uruguaya, el PIT-CNT, para apoyar la movilización de este encuentro. Con el retroceso de derechos laborales en Brasil y Argentina, el PIT-CNT resolvió apoyar el arranque del encuentro con un paro parcial, al que sumó reivindicaciones de carácter nacional. Una de ellas, es la defensa de la negociación colectiva, puesto que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) estudia una queja interpuesta por los empresarios uruguayos, que reclaman por el derecho a trabajar que tienen los trabajadores que no se adhieren a un paro, durante la ocupación de un lugar de trabajo.

Video: La marcha inaugural del Encuentro de Montevideo

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En el 2015, «a diez años de la derrota del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), los movimientos sociales de América latina reunidos en La Havana, Cuba, decidimos rearticularnos nuevamente y apostarle una vez más a la unidad de los pueblos en la lucha para enfrentar la nueva arremetida neoliberal», explicó Karin Nansen, presidenta de la federación Amigos de la Tierra Internacional, durante el panel «Seguimos en la lucha: Pueblos en movimiento» organizado en el primer día del Encuentro.

«No aceptaremos que nos impidan diseñar proyectos políticos de y para los pueblos», agregó la activista, según quien la Jornada se inspira de «la lucha de los 500 años de resistencia campesina, negra y popular contra el colonialismo y el racismo que se impusieron en América latina, de la lucha de lso años 1990 contra las privatizaciones de nuestros servicios públicos y de nuestros bienes comunes como el agua, de las luchas feministas y de las luchas de las clases trabajadoras, que nos dan la fuerza para continuar».

Como en el 2005, cuando los pueblos de América Latina se unieron para impedir la puesta en marcha del ALCA, hoy les toca frenar la creación de un nuevo marco jurídico neoliberal contenido en los tratados de libre comercio actualmento en proyecto, como el Tratado de Asociación Transpacífico (TPP), que once países de la región pacífica (Australia, Brunéi, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelandia, Perú, Singapore y Vietnam) siguen negociando aún después de la salida de los Estados Unidos de las discusiones. «A pesar de que hubo modificaciones, el TPP zombie sigue incluyendo el controvertido Arreglo de diferencias relativas a inversiones (ISDS, por sus siglas en inglés) que permite a las corporaciones extranjeras demandar a gobiernos ante tribunales de comercio secretos por adoptar cualquier medida ambiental que afecte sus expectativas de ganancias», denunció Amigos de la Tierra Internacional en un comunicado publicado el 15 de noviembre.

Foto: Karin Nansen en el primer día del Encuentro / Crédito: Radio Mundo Real

«No pasarán porque los pueblos estamos movilizados contra estos tratados de libre comercio ya que conocemos sus consecuencias. Impiden que podamos ejercer nuestras demandas y proponer políticas públicas en función de los pueblos y de nuestros derechos», dijo Karin Nansen. Destacó la salida del gobierno de Uruguay del Tratado sobre Comercio de Servicios (TISA) en el 2015 tras una fuerte movilización social en contra de las negociaciones secretas como un ejemplo de que «los pueblos somos capaces de comprender los que implican esos tratados y terminar con ellos». La semana pasada, la activista se encontraba en Ginebra con los miembros de la Campaña Global para Reivindicar la Soberanía de los Pueblos, Desmantelar el Poder Corporativo y Poner Fin a la Impunidad para llamar a los Estados miembros de la ONU a adoptar un Tratado Vinculante que prevea sancionar a las empresas transnacionales que violan derechos humanos.



Video: la victoria contra el TISA en Uruguay

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Invitado a participar en el panel «Seguimos en lucha: desafíos frente a la ola conservadora y los ataques a la democracia», el expresidente de Uruguay José (Pepe) Mujica llegó bajo los aplausos para compartir sus palabras de ánimo y de resistencia ante la asamblea. «Ser militante es una forma de luchar por la libertad y por otorgar una estatura a la existencia humana, de carácter distinta», declaró el que presidó el país del 2010 al 2015. «No estamos para aplastarnos, para competir, para tener más honor, para tener más plata, estamos para amar», dijo.

En el mismo panel participó la activista estadounidense Cindy Wiesner, de Grassroots Global Justice y de la Marcha Mundial de las Mujeres Estados Unidos, quien recordó que el actual presidente de Estados Unidos Donal Trump «representa un movimiento blanco nacionalista y fascista». Agregó que «el ochenta porciento de la población no apoya a Trump» y que es urgente luchar por la democracia en su país, por lo que los sectores progresistas norteamericanos necesitan de la solidaridad de América Latina.

Video: Resúmen del primer día del Encuentro de Montevideo

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Más lectura:

Somos responsables del futuro que queremos

Declaración Final del Encuentro de Montevideo por la Democracia y Contra el Neoliberalismo

Resistencias populares frente el poder de las Transnacionales

VIDEO: Las minas canadienses que empobrecen a México

Compartimos el programa de Periodistas de a Pie difundido en la TV en línea Rompeviento el 2 de noviembre 2017

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>> Descargar el video <<

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Alberto Nájar, Periodistas de A Pie:

La explotación de minas representa el cuarto lugar en generación de riqueza para Canadá. Pero a México, donde compañías canadienses tienen presencia desde hace varios años, el negocio muestra su otra cara. Aquí, la minería provoca una serie de violaciones de derechos humanos que afecta sobre todo a comunidades indígenas, mujeres, defensores de derechos humanos y periodistas. En la segunda semana de octubre de 2017, el Primer Ministro Canadiense Justin Trudeau estuvo en México, pero mientras el político se tomaba fotografías con senadoras y periodistas, una delegación de activistas mexicanos viajó a su país para contar lo que no se dijo en la visita oficial.

Gustavo Lozano, de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), uno de los asistentes, nos comparte parte de la historia:

Nos invitaron a tratar de hablar con el gobierno canadiense para expresar el descontento que hay dentro del movimiento de Derechos Humanos en México porque la visita del primer Ministro en México la leemos más en el sentido de venir a hacer negocios. Lo que denunciamos fue el comportamiento de la Embajada de Canadá en México y cómo opera para facilitar el negocioo de las empresas mineras en México. Creemos que el gobierno canadiense puede jugar un rol importante porque puede llamar a cuentas a las mineras canadienses que tienen su domicilio, cotizan y pagan impuestos en Canadá a partir de los recursos que generan en en nuestro país.

Parte de lo que fuimos a decir ahora en esta misión a Canadá es que las mineras canadienses están matando nuestros pueblos y cómo las mineras canadienses se comportan con las comunidades. No las ven como iguales. No llegan a negociar de tú a tú. LLegan a imponer condiciones y aprovechan el contexto de corrupción e impunidad que existe en nuestro país.

Alberto Nájar, Periodistas de A Pie:

En reunión, la contraparte canadiense se dijo avergonzada por lo que sucede en México, pero luego se justificaron: «Son las comunidades quienes demandan la instalación de compañías mineras». Además, dijeron que parte de la riqueza y la prosperidad de Canadá tiene que ver con esta actividad. Y la respuesta fue: «Nada justifica que México ponga los mueros para el progreso de Canadá.» Uno de ellos es Mariano Abarca, asesinado por oponerse a la minera canadiense Blackfire en Chicomuselo, Chiapas.

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Hasta hoy el 70% de las concesiones mineras que ha otorgado el gobierno mexicano son para mineras canadienses. En 2014, implicó la presencia de 159 compañías que se beneficiaron con 20,600 millones de dólares.

Gustavo Lozano explica la realidad mexicana:

Lo que vemos son grandes cráteres que desparecen comunidades enteras, que desparecen el paisaje y que generan grandísimas contribuciones al cambio climático. En un contexto de calentamiento global, no es razonable. Nos preocupa muchísimo porque allá hay un juego macabro: las mineras dicen que van a remediar, las autoridades se lo creen y todo el mundo queda muy contento con la afectación a las comunidades y nuestros territorios.

El gobierno al día de hoy ha entregado en los últimos años alrededor de 25,500 concesiones mineras. El 13.5% del territorio nacional ha sido entregado a la explotación minera. El Estado Mexicano es corresponsable del fenómeno de violaciones a derechos humanos en relación con la industria minera en el país. Una minera, para poder operar, necesita alrededor de 26 perimisos distintos con diferentes autoridades, a todos los niveles.

¿Cómo funciona la política pública en materia de minería en México? Es una política pública que genera incentivos para que todo el mundo se alinee a los intereses de las mineras en contra de los intereses de las comunidades. Parece que los tratados de libre comercio están orientados a facilitar que estas mineras sigan generando riqeza a costa de nuestros territorios y nuestras comunidades. Nos parece inaceptable que el gobierno canadiense se lave las manos responsabilizando exclusivamente al gobierno mexicano o al Estado Mexicano de lo que ocurre en nuestro territorio sin que desarrolle e implimente mecanismos en Canadá para llamar la atención sobre sus empresas y sobre cómo se comportan en el extranjero.

Más lectura:

La minera canadiense Blackfire en Chiapas contra defensores de los territorios y de la vida

Mensaje de la REMA a Justin Trudeau: La minería canadiense despoja a los pueblos indígenas y campesinos

Posicionamiento del Encuentro Nacional contra el Modelo Extractivo Minero en Guerrero

La vida o el mineral: los cuatro ciclos del despojo minero en México

Día mundial contra la megaminería: Rechazamos el saqueo institucionalizado en México

Petición: Más de 600 organizaciones y personalidades exigimos Justicia para Berta Cáceres

Compartimos la petición lanzada por el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) tras la publicación del informe del Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas (GAIPE) «Represa de violencia: El Plan que asesinó a Berta Cáceres»

>> Firma la petición aquí <<

Han transcurrido 20 meses desde la noche del vil asesinato de la compañera Berta Cáceres, coordinadora general del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, tiempo en el que las autoridades hondureñas han demostrado la ausencia de voluntad política para enjuiciar a quienes ordenaron su asesinato, enfrentar las causas estructurales de su muerte o eliminar la persecución a quienes defienden su territorio en Honduras.

El manto de la impunidad ha cubierto a quienes quisieron cegar la vida de Berta Cáceres y con ello intentar destruir la fuerte lucha del COPINH y del pueblo Lenca. Sin embargo, a partir de los hallazgos de la investigación independiente realizada por un grupo internacional de asesores, a partir de un acceso mínimo a la información, se ha develado el entramado de corrupción, ensañamiento, persecución y odio que se encuentra detrás de su asesinato y los autores de este crimen, pertenecientes a la empresa DESA.

Ante lo anterior, los y las abajo firmantes respaldamos y exigimos a las autoridades hondureñas las peticiones realizadas por el COPINH en lo concerniente a:

1. La captura, juicio y condena para los autores intelectuales del asesinato de Berta Cáceres y la persecución al COPINH.

2. La cancelación de la concesión sobre el Río Gualcarque a la empresa Desarrollos Energéticos S.A. DESA, de la cual el informe del GAIPE demuestra claramente que formó parte de un entramado criminal y asesino.

3. Las garantías para la investigación del crimen de Berta Cáceres, mediante la destitución de todas las personas involucradas en el caso y la conformación de un nuevo equipo de investigación que tenga veeduría por parte de organismos internacionales.

4. La adopción de medidas eficaces e inmediatas de protección y seguridad para el grupo de abogados, el COPINH y la Familia, involucrados en el caso en búsqueda de justicia.

¡Berta vive!

>> Firma la petición aquí <<

Más lectura:

Informe de los investigadores del GAIPE sobre el caso Berta Cáceres

Comunicado del COPINH: ¡DESA Asesinó a Berta! ¡Captura de los autores intelectuales ya!

El Escaramujo 71: BERTA CÁCERES, NACIDA Y CRECIDA EN LA LUCHA

Trailer del nuevo documental sobre la lucha de Berta Cáceres:

«Berta no se murió, se multiplicó»

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COP 23: Los países desarrollados deben dejar de obstaculizar las medidas de reducción de emisiones

Pronunciamiento de Amigos de la Tierra Internacional publicado en el marco de la 23º Conferencia de las Partes (COP 23) del Convenio de las Naciones Unidas sobre el Cambió Climático que se lleva a cabo del 6 al 17 de noviembre 2017  en Bonn, Alemania

Bonn, Alemania,a 13 de noviembre 2017. Mientras la COP 23 se prepara para comenzar su segmento de alto nivel, Amigos de la Tierra Internacional insta a los países desarrollados a que dejen de obstaculizar los avances respecto del financiamiento y la reducción de emisiones previo a 2020 y que se comprometan a adoptar medidas.

Además, agrega que los llamados a la acción durante la marcha de los pueblos por el clima llevada a cabo la semana pasada en Bonn, donde 20.000 personas se movilizaron para reclamar que se ponga fin a la energía sucia, deben ser igualados en las negociaciones.

Meena Raman de Amigos de la Tierra Malasia sostuvo:

«Todos los años venimos a la COP y nos encontramos con un disco rayado. En lugar de demostrar esfuerzos verdaderos, los países desarrollados, incluso los que son parte de la UE, obstaculizan las medidas previas a 2020 y se confabulan con Estados Unidos en detrimento del planeta. Como sociedad civil exigimos a estos gobiernos que cumplan con sus compromisos. Ni siquiera cumplen con las metas débiles, pero vinculantes, del Protocolo de Kioto. ¿Cómo podemos esperar que cumplan con los compromisos no vinculantes y poco ambiciosos de París?»

Sara Shaw de Amigos de la Tierra Internacional agregó:

«Nos quedan solo unos pocos años para mantener el aumento de la temperatura mundial por debajo de los 1,5 grados y lograr evitar impactos climáticos incluso más devastadores para los pueblos más pobres y vulnerables. Es necesario poner fin urgentemente a la energía sucia en el Norte y financiar de forma masiva la energía renovable y sustentable en el Sur. Aquellos que se denominan a sí mismos como ‘líderes climáticos’ como la UE en realidad expanden a los combustibles fósiles dentro de sus propias fronteras, financian fuentes de energía sucia en el extranjero y no otorgan financiamiento para la transformación del sistema energético en el Sur. Eso no es liderar.»

En la primera semana de la COP23, Amigos de la Tierra Europa publicó un informe que indica que la UE no puede pretender ampliar su infraestructura de gas y al mismo tiempo no superar la parte que les corresponde del presupuesto de carbono mundial.

>> Leer el informe de Amigos de la Tierra Europa: «¿Puede el clima permitirse la adicción de Europa al gas?» <<

Mary Church de Amigos de la Tierra Escocia afirmó:

«La gente se siente frustrada con la falta de celeridad en términos del cambio climático a nivel de la UE y en otros países desarrollados. Fuimos testigos de esto en las calles de Bonn con la mayor protesta por el clima de la historia de Alemania y la acción directa mediante la cual se cerró una mina de carbón cercana. Los movimientos populares son cada vez más fuertes y comienzan a lograr los cambios reales que se necesitan para responder a la crisis climática.»

Raman concluyó:

«Los países desarrollados, que son históricamente responsables por el cambio climático, pretenden reescribir los términos del Acuerdo de París y pasarle la responsabilidad a los países en desarrollo. Esto es poco ético, injusto e inmoral. Necesitamos que se adopten medidas reales en términos del clima y que los gobiernos rindan cuentas para garantizar una transformación real que nos aleje de la energía sucia y nos acerque a un sistema energético limpio en beneficio de los pueblos.»

Antecedentes:

Amigos de la Tierra Internacional ha criticado al Acuerdo de París de 2015 por asumir un enfoque débil «de abajo hacia arriba» en términos de la reducción de emisiones de los países desarrollados y por no ofrecer ningún compromiso real de financiamiento. La organización también ha expresado su rechazo a las falsas soluciones contra el cambio climático, tales como los mercados de carbono, que le permiten a los países ricos continuar emitiendo carbono.

En la segunda semana de la COP23, Amigos de la Tierra Internacional reclamará:

  • Medidas urgentes previas a 2020 por parte de los países desarrollados en términos de mitigación y financiamiento, incluso el compromiso de descontinuar el carbón y otras energías sucias y ofrecer financiamiento para la transición. energética, la adaptación y el mecanismo de pérdidas y daños en los países en desarrollo de acuerdo con el principio de distribución justa.
  • Un diálogo facultativo genuino y efectivo que conlleve contribuciones determinadas a nivel nacional más ambiciosas en función de los principios de equidad y distribución justa.
  • Ausencia de vacíos legales: los países desarrollados no deben usar las falsas soluciones como los mercados de carbono y las tecnologías de emisiones. negativas que no han sido probadas para evitar realizar verdaderas reducciones de las emisiones.
  • Medidas inmediatas y apoyo para el mecanismo de pérdidas y daños: las comunidades ya sufren los impactos del cambio climático.

EVENTOS CLAVE:

PORTAVOCES CLAVE:

  • Dipti Bhatnagar – Amigos de la Tierra Internacional (programa de justicia climática)
  • Sara Shaw – Amigos de la Tierra Internacional (programa de justicia climática)
  • Meena Raman – Amigos de la Tierra Malasia
  • Godwin Ojo – Amigos de la Tierra Nigeria
  • Hemantha Withanage – Amigos de la Tierra Sri Lanka
  • Jagoda Munic – Amigos de la Tierra Europa
  • Ann Kathrin Schneider – Amigos de la Tierra Alemania
  • Hubert Weiger – Amigos de la Tierra Alemania (solo alemán)
  • Donald Pols – Amigos de la Tierra Países Bajos
  • Mary Church – Amigos de la Tierra Escocia

Por más información o para coordinar entrevistas, por favor comunicarse con: Julia Karlysheva/ julia@foei.org

>> Actualización: el 17 de noviembre, tras el cierre de la COP23, ATI denunció

que los países ricos demostraron un pobre liderazgo en torno a la crisis climática <<

Amigos de la Tierra Internacional afirmó que los países ricos han demostrado una vez más un pobre liderazgo al no implementar medidas concluyentes contra el cambio climático, a pesar de las nuevas pruebas que afirman que las emisiones están en aumento.

Dipti Bhatnagar, de Amigos de la Tierra Internacional, sostuvo: «Los países ricos, incluso aquellos que se denominan ‘líderes climáticos’ trajeron migajas a la mesa de discusión sobre las medidas relacionadas con el clima previas a 2020. Pero esto es insignificante, ya que continúan presionando a favor de la energía sucia en sus países y en el extranjero y siguen sin apoyar la transformación energética del Sur. Tal como nos enteramos esta semana, se prevé que las emisiones aumenten nuevamente por primera vez en tres años. Si nada cambia, entonces estos mal llamados líderes se han reservado un lugar en el lado oscuro de la historia».

Ann-Kathrin Schneider, de Amigos de la Tierra Alemania (BUND) declaró: «El carbón es una energía sucia y no tiene ningún lugar en el siglo XXI. Fue una decepción que Angela Merkel no anunciara que descontinuaría el uso del carbón aquí en Bonn. Así no es como se demuestra el liderazgo en términos del clima. Con las 25.000 personas que marcharon por las calles de Bonn en contra del carbón demostramos el poder popular y continuaremos presionando a favor de un mundo libre de combustibles fósiles«.

Más información:

¿Cuáles son los temas relevantes de la COP23?

 

«Guancasco de Medios»: Un sitio web para seguir las elecciones en Honduras desde la perspectiva de los Derechos Humanos

Les invitamos a descubrir la página web «Guancasco de Medios»: ya que se acercan las Elecciones Generales del 26 noviembre 2017 en Honduras, es hora de informarse sobre las graves violaciones a los Derechos Humanos que se están perpetrando en ese país centroamericano

Bienvenidxs al Guancasco de Medios 2017

El Guancasco es una de las tradiciones más arraigadas de las costumbres hondureñas, significa un encuentro e intercambio de paz entre los pueblos a través de la celebración de un espacio común de expresiones culturales. Desde la solidaridad internacional hemos retomado esta tradición de los pueblos originarios de Honduras, para invitar a los medios y periodistas libres e independientes a solidarizarse con las luchas y las demandas más sentidas del pueblo hondureño, para demostrar hermandad y solidaridad internacional en este momento social y político relevante que representan las elecciones generales del 26 de noviembre 2017.

Escucha el streaming radio del Guancasco el 26 de noviembre a partir de las 6 AM

¿Quiénes somos?

El Guancasco de Medios es un esfuerzo colectivo y colaborativo de diferentes Redes, Organizaciones sociales, medios independientes y periodistas individuales para generar espacios de cobertura durante las elecciones presidenciales en noviembre 2017 en Honduras con un especial énfasis en la situación de los DDHH.

Antes, durante y tras las elecciones vamos a juntar y difundir distintas producciones de periodistas, medios y organizaciones independientes y/o comunitarias y construir un puente entre Honduras y el mundo que rompa el cerco mediático y facilite el acceso a la información no sesgada por intereses económicos o políticos a la vez que es crítica con el discurso dominante. Somos una iniciativa independiente de cualquier partido político o gobierno y nuestro compromiso es únicamente con los derechos humanos y el pueblo hondureño.

A través del uso de diferentes herramientas de comunicación vamos a fortalecer un cambio en la cobertura sobre lo que sucede en Honduras con un especial enfoque en la difusión de las voces marginadas e históricamente silenciadas.

En este sitio web ofrecemos una compilación de informaciones sobre el contexto social y político de Honduras y la situación de DDHH en el país. El 26 de noviembre, el día de las elecciones presidenciales en Honduras vamos a difundir información actualizada desde diferentes puntos y regiones del país a través de un stream de radios comunitarias, una red de corresponsales, un newsticker sobre los acontecimientos del día y entrevistas con diferentes actores de la sociedad civil en Honduras.

Desde el Guancasco de Medios hacemos una llamada a los pueblos del mundo de solidarizase con el pueblo de Honduras y sumarse a esta iniciativa en las redes sociales para visibilizar la grave violación de derechos humanos que se vive día en día en este país centroamericano.

Si quieren realizar algun trabajo periodístico relacionado con el tema de los derechos humanos en Honduras en el marco de las elecciones, pueden escribir a contacto@guancascodemedios.org para obtener más insumos y contactos.

Si quieren conocer y difundir las informaciones del Guancasco, les invitamos a seguirlo en Facebook y Twitter y replicar sus publicaciones, usando el hashtag #EleccionesHondras2017:

Facebook: www.facebook.com/guancasco.demedios.1

Twitter: https://twitter.com/GuancascoHN17

Acá ya pueden descargar las postales del Guancasco para la campaña de difusión: https://guancascodemedios.org/materiales/

Más información sobre Honduras:

Documental: «Berta no se murió, se multiplicó»

Petición: Más de 600 organizaciones y personalidades exigimos Justicia para Berta Cáceres

Informe de los investigadores del GAIPE sobre el caso Berta Cáceres

[VIDEO] Gustavo Castro: «La criminalización de los movimientos sociales es cada vez mayor»

Entrevista realizada por el canal alemán Deutsche Welle (DW) a Gustavo Castro, miembro fundador de Otros Mundos A.C. – Noviembre 2017

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Sobre la COP 23:

«Una de las principales esperanzas que tenemos en las comunidades y en los pueblos, por lo menos en América Latina, es que los gobiernos se comprometan efectivamente a generar políticas para evitar el cambio climático. Por un lado, se habla de unas políticas ambientales, pero por otro lado, estamos viendo por ejemplo el impulso en todo el continente de proyectos hidroeléctricos presentados como proyectos de desarrollo que inundan selvas y bosques, desplazan poblaciones campesinas e indígenas, bloquean ríos y desaparecen manglares. Estamos desapareciendo la capa vegetal del planeta. Los gobiernos también están invirtiendo en proyectos mineros. En todo el  continente se han entregado cientos de concesiones a proyectos mineros. En las minas de oro a cielo abierto, se requiere para el proceso de lixiviación de 1 a 3 millones de litros de agua cada hora. Esto implica una depredación ambiental. Hay cantidades de proyectos así por todo el continente, de Canadá hasta la Patagonia.»

Sobre la criminalización a defensores y defensoras del territorio:

«Se va agudizando el problema, en la medida en que los gobiernos van abriendo las fronteras para inversiones en todos tipos de megaproyectos: para la extracción de gas y de petróleo, el fracking, las represas hidroeléctricas, la minería, los gasoductos, los oleoductos, las grandes plantaciones de monocultivos de palma africana, etc. Estos proyectos están afectando ríos, bloqueando cuencas y generando desplazaminetos. Por eso, la población está reaccionando, exigiendo que se respeten los derechos humanos más básicos, como el acceso al agua. Hay poblaciones afectadas por la minería a cielo abierto que se están muriendo de cáncer. Por eso insistimos mucho en la necesidad de un Tratado Vinculante sobre empresas y Derechos Humanos, que vincule a las empresas cuando violan derechos humanos fuera de sus fronteras. Porque la gravedad de la persecución y la criminalización de los movimientos sociales es cada vez mayor.»

Más información:

Gustavo Castro: «Nos parece fundamental un Tratado Vinculante sobre empresas y Derechos Humanos»

COP 23: Los países desarrollados deben dejar de obstaculizar las medidas de reducción de emisiones

Informe: ¿Puede el clima permitirse la adicción de Europa al gas?

En el marco de la 23º Conferencia de los país de la ONU miembros de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (la COP 23) organizada en Bonn, Alemania, del 6 al 17 de noviembre 2017, el grupo Amigos de la Tierra Europa acaba de publicar el informe «¿Puede el clima permitirse la adicción de Europa al gas?», mientras organizaciones de la sociedad civil presionan a los gobiernos para que abandonen las energías fósiles y trabajen por la Justicia Climática.

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INTRODUCCIÓN

En diciembre de 2015, mandatarios de todo el mundo acordaron en París, una vez más, detener el cambio climático, tal como ya lo habían acordado antes en Cancún, Copenhague, Kyoto y Río. Esta vez, los signatarios se comprometieron a «mantener el incremento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2 °C con respecto a los niveles preindustriales y redoblar los esfuerzos para limitarlo a 1,5 °C».

A pesar de estas promesas de actuación para detener el cambio climático, el mundo continúa su marcha hacia un calentamiento global catastrófico y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) advierte que, incluso si se cumplen todos los compromisos adquiridos en París, la temperatura del planeta aumentará en más de 3 °C.

En esta incapacidad de afrontar el reto de detener el cambio climático desempeña un papel central la adicción del mundo a los combustibles fósiles: el carbón, el petróleo y el gas. La industria de los combustibles fósiles sigue extrayendo y quemando estos hidrocarburos en cantidades insostenibles, e incluso continúa con las exploraciones para encontrar más. No obstante, se ha observado un cambio en la política energética mundial: aunque se sigue invirtiendo intensamente en carbón y petróleo, se ha producido un viraje importante hacia el gas.

En parte como respuesta a las políticas climáticas y a la influencia del auge del gas de esquisto en Estados Unidos (EE. UU.), la industria del petróleo y del gas está incrementando fuertemente sus inversiones en gas. Se prevé que el gas no solo será un pilar del sistema energético mundial, sino que cada vez tendrá un papel más importante. La Agencia Internacional de la Energía pronostica un aumento de un 50 % en la demanda de gas para el año 2040. En la Unión Europea (UE), el gas es central en la llamada «Unión de la Energía» -la iniciativa de la UE para el futuro de la energía en Europa-.

Pero, ¿este énfasis en el gas resulta compatible con los objetivos del Acuerdo de París refrendado por la UE? ¿Es el presupuesto de carbono disponible suficiente para sustituir un combustible fósil por otro? ¿Debe la UE seguir respaldando un futuro en el que gas tenga una gran relevancia? Y, ¿cuáles serían las consecuencias si lo hace?

TEMPERATURAS EN AUMENTO, EFECTOS DEVASTADORES

Los científicos han demostrado, fuera de toda duda, que un aumento de 2 °C en la temperatura no se puede considerar «seguro». Un aumento de esa magnitud tendrá consecuencias devastadoras que afectarán principalmente a los más vulnerables. Incluso un aumento de 1,5 °C en las temperaturas medias mundiales entraña graves riesgos y amenaza la misma existencia de algunas pequeñas naciones insulares y regiones costeras de poca altitud. Tal como se aprecia claramente a través de los actuales fenómenos meteorológicos extremos relacionados con el cambio climático, no existe un aumento de temperatura seguro ni aceptable, por lo que el objetivo de los países debe ser el de un aumento de temperatura lo más bajo posible.

El año pasado -2016- fue el más caluroso desde que se tienen registros: la temperatura media se situó 1,1 °C por encima de los niveles preindustriales. Por otro lado, 16 de los 17 años más calurosos registrados han tenido lugar desde el comienzo del siglo XXI. Además, este año varios acontecimientos nos han recordado que el mundo se enfrenta a una emergencia en relación con el clima: las inundaciones en el sur de Asia y las tormentas en el Atlántico han puesto de relieve, una vez más, el efecto destructor del cambio climático en las vidas humanas y los medios de vida, en particular para los grupos más pobres y vulnerables. Europa sufrió la ola de calor «Lucifer», que afectó a millones de personas y durante la que se registraron temperaturas de hasta 42 °C en Split, Croacia. Los huracanes Harvey e Irma (una de las tormentas atlánticas más fuertes registradas) tuvieron efectos devastadores en gran parte de la región del Caribe y demostraron que incluso los países más desarrollados son vulnerables a las catástrofes climáticas.

>> ¡Justicia Climática para América Latina, el Caribe y los pueblos del mundo ante los desastres! <<

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EL PRESUPUESTO DE CARBONO MUNDIAL SE ESTÁ AGOTANDO

El mundo sigue quemando combustibles fósiles y enviando aún más gases de efecto invernadero a la atmósfera, lo que nos está acercando a catástrofes climáticas aún mayores. En 2011, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) calculó que para lograr un 66 % de probabilidad de no alcanzar un aumento de temperatura de 2 °C, el mundo dispone de un presupuesto de carbono de solo 1 000 gigatoneladas (Gt) de dióxido de carbono (CO2). Desde entonces ya se ha utilizado una cuarta parte de ese presupuesto. [Véase Anderson, K. y Broderick, J. (2017) Natural gas and climate change, Manchester: University of Manchester – Desde 2011 se habrán emitido al menos 260 GtCO2. El IPCC presenta un presupuesto de carbono de 1000 GtCO2 a partir de 2011 para un 66 % de probabilidad de mantener en 2 grados el calentamiento global. El Global Carbon Project informa que dadas las emisiones acumuladas de CO2 previstas para 2016 se alcanzarán 565 ± 55 GtC (2075 ± 205 GtCO2) para el periodo 1870–2016.]

A las actuales tasas de emisiones, el presupuesto de carbono global se habrá agotado al cabo de solo 20 años, incluso para un aumento de temperatura de 2 °C. [Las emisiones mundiales de CO2 generadas por la industria y los combustibles fósiles son la principal fuente de emisiones globales totales de gases de efecto invernadero. En la actualidad, suponen aproximadamente el 68 %del total de emisiones globales de gases de efecto invernadero y el total calculado para 2015 fue 36,2 GtCO2 (http://www.unep.org/emissionsgap/ página xiii). Como resultado, tras 20 años de emisiones a estas tasas se agotará el presupuesto de carbono restante de 760 GtCO2.]

Por lo tanto, es necesario tomar medidas climáticas más urgentes y efectivas antes de 2020 si se quieren cumplir los compromisos adquiridos en las conversaciones de París sobre el cambio climático. Las regiones que tienen la mayor responsabilidad histórica por el cambio climático -la UE, EE. UU. y otros países desarrollados que se beneficiaron de las emisiones de gases de efecto invernadero que han generado a lo largo de la historia- siguen emitiendo gases de efecto invernadero en cantidades muy por encima de lo justo o sostenible. En el año 2015, las naciones más prósperas del mundo, en las que vive solo el 17 % de los habitantes del planeta, produjeron el 32 % de las emisiones de carbono del mundo. [Población de la OCDE de 1.276.400 y población mundial de 7.348.500]

LA CUOTA EUROPEA DEL PRESUPUESTO DE CARBONO SE ESTÁ AGOTANDO RÁPIDAMENTE

En abril de 2016, la UE y sus 28 Estados miembros firmaron el Acuerdo de París sobre el cambio climático. La contribución determinada a nivel nacional (CDN) de la UE para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero -acordada en marzo de 2015 antes de las negociaciones de París- es un objetivo vinculante de, al menos, una reducción del 40 % en las emisiones nacionales para 2030, en comparación con los niveles de 1990. Los Estados miembros de la UE se encuentran en las fases finales de un acuerdo para la implantación de este compromiso a nivel de la UE.

Sin embargo, este grado de compromiso no es suficiente para reflejar de forma adecuada la responsabilidad y la capacidad de Europa en la lucha contra el cambio climático. De acuerdo con una revisión realizada por organizaciones mundiales de la sociedad civil, como Amigos de la Tierra Internacional, que evalúa las contribuciones equitativas a los esfuerzos globales de mitigación, la UE tiene la responsabilidad de realizar aportes para la mitigación mucho mayores de los que se contemplan en su CDN. Según esta revisión de la equidad de Civil Society Review, la CDN de la UE supone solo una quinta parte de su contribución equitativa a los esfuerzos globales de mitigación. En otras palabras, la justicia climática requiere que la UE multiplique sus esfuerzos casi por cinco para mitigar el cambio climático.

A fin de determinar si el gas tiene cabida en el presupuesto de carbono de Europa, Amigos de la Tierra Europa encargó a investigadores de Tyndall Centre en la Universidad de Manchester y Teesside University que examinasen la compatibilidad del uso continuado de gas en Europa con los objetivos del Acuerdo París sobre el cambio climático. De acuerdo con el estudio, del profesor Kevin Anderson y John Broderick, Europa dispone, como mucho, de solo 9 años de 14 emisiones atribuidas únicamente a la energía antes de que se agote su presupuesto de carbono de 2 °C, teniendo en cuenta la capacidad de los países no pertenecientes a la OCDE para mitigar sus propias emisiones. Es evidente que un objetivo de temperatura más baja supondría un reto aún mayor, pero es de justicia que hagamos todo lo posible por alcanzarlo.

Para sus cálculos, Anderson y Broderick tuvieron en cuenta la capacidad para la mitigación del cambio climático en el hemisferio sur en el marco del presupuesto global de carbono para el objetivo de 2 °C y diseñaron varias trayectorias de mitigación «sumamente ambiciosas» relacionadas con las emisiones de los países no pertenecientes a la OCDE y basadas en el máximo total de sus emisiones de carbono atribuibles a la energía que se alcanzaría entre 2020 y 2025.

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Informe: la situación de los derechos humanos en México según Amnistía Internacional

En octubre 2017, la organización internacional Amnistía Internacional publicó su informe 2016/2017 sobre la situación de los derechos humanos en el mundo

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Diez años después del inicio de la denominada «guerra contra el narcotráfico y la delincuencia organizada» se seguía empleando personal militar en operaciones de seguridad pública, y la violencia en el país continuaba siendo generalizada. Seguían recibiéndose informes de tortura y otros malos tratos, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias. Persistía la impunidad por violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional. México recibió la cifra más alta de solicitudes de asilo de su historia, la mayoría de personas que huían de la violencia en El Salvador, Honduras y Guatemala. Se llevaron a cabo intensas campañas de difamación contra defensores y defensoras de los derechos humanos y contra observadores independientes, y siguieron denunciándose homicidios y amenazas contra periodistas debido a su trabajo. La violencia contra las mujeres seguía suscitando honda preocupación, y se declararon alertas de violencia de género en los estados de Jalisco y Michoacán. El Congreso rechazó uno de los dos proyectos de ley presentados que permitirían a las parejas del mismo sexo contraer matrimonio y adoptar niños o niñas.

INFORMACIÓN GENERAL

En las elecciones de junio, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), en el poder, perdió varios gobernadores en diferentes estados. El prolongado conflicto social entre gobierno y sindicatos de docentes dio lugar a manifestaciones multitudinarias y bloqueos de carreteras en todo el país; los sindicatos pedían la derogación de la reforma educativa de 2013. Tras un periodo preparatorio de ocho años, México culminó la transición de un sistema de justicia penal escrito inquisitorial a uno basado en juicios orales. A pesar de la aplicación de la reforma, persistían muchos de los problemas que aquejaban al sistema anterior, como el incumplimiento de la presunción de inocencia.

El plan de seguridad de 10 puntos, anunciado por el presidente Peña Nieto en noviembre de 2014, todavía no se había aplicado plenamente, y tampoco se había cumplido la promesa de promulgar leyes contra la tortura y las desapariciones forzadas, así como contra las desapariciones a manos de agentes no estatales. El Congreso aprobó un paquete de leyes contra la corrupción. La nueva legislación recibió críticas generalizadas porque no cumplía las expectativas generadas por los anteproyectos de ley anteriores.

Los registros oficiales indicaban un incremento del número de soldados y marinos desplegados en operaciones de seguridad en todo el país. En octubre, el secretario de Defensa admitió que la guerra contra el narcotráfico había pasado factura al ejército, que estaba exhausto, y pidió que se aclarara jurídicamente qué papel debía desempeñar éste en las tareas de seguridad pública. Los legisladores prometieron debatir reformas relativas a la participación del ejército en las operaciones de seguridad.

POLICÍA Y FUERZAS DE SEGURIDAD

La violencia aumentó notablemente; las autoridades registraron 36.056 homicidios hasta el final de noviembre —la cifra más elevada desde el inicio del mandato del presidente Peña Nieto en 2012— frente a los 33.017 de 2015. En respuesta a las manifestaciones multitudinarias de los movimientos de docentes, las autoridades llevaron a cabo varias operaciones policiales, algunas de las cuales se saldaron con muertes y heridas de civiles. Varios líderes de los movimientos fueron arrestados y recluidos en prisiones federales. Posteriormente, muchos de ellos fueron puestos en libertad en espera de nuevas investigaciones.

EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES

Los autores de ejecuciones extrajudiciales seguían gozando de impunidad; esos delitos no se investigaban adecuadamente. Las fuerzas armadas seguían participando en las investigaciones que implicaban a personal militar, en contra de lo dispuesto en la reforma de 2014 del Código de Justicia Militar. Por tercer año consecutivo, las autoridades no publicaron la cifra de personas muertas o heridas en enfrentamientos con la policía y las fuerzas militares.

Se descubrieron decenas de fosas comunes en todo el país, a menudo a iniciativa de grupos de familiares más que de las autoridades o expertos forenses oficiales.
Las autoridades locales se deshicieron ilegalmente de más de 100 cadáveres no identificados en al menos una fosa en el municipio de Tetelcingo, estado de Morelos. Los autores de los homicidios seguían sin ser identificados.

El 19 de junio, al menos ocho personas murieron y decenas resultaron heridas en Nochixtlán, estado de Oaxaca, durante una operación policial lanzada tras un bloqueo de carretera en el marco de una manifestación contra la reforma educativa del gobierno. Las imágenes emitidas por los medios de comunicación contradecían la afirmación inicial realizada por las autoridades de que los policías estaban desarmados.

En agosto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos concluyó que varios miembros de la policía federal habían torturado al menos a dos personas en el municipio de Tanhuato, estado de Michoacán, en mayo de 2015, en el marco de una operación de seguridad; la Comisión concluyó, además, que 22 de las 43 personas muertas durante la operación habían sido víctimas de ejecución arbitraria y que la policía había alterado pruebas, por ejemplo mediante la colocación de armas en las víctimas.

La investigación sobre los homicidios de 22 personas a manos de soldados en Tlatlaya, estado de México, en 2014, todavía no había arrojado resultados concretos. Las autoridades no asumieron la responsabilidad por la orden de “abatir delincuentes” (en este contexto, con el sentido de “matar”) que guió las operaciones militares en la zona en 2014, ni investigaron a los oficiales con responsabilidad de mando.

No se tuvo constancia de ningún enjuiciamiento por los homicidios de 16 personas cometidos en 2015 por agentes de la policía federal y otras fuerzas de seguridad en Apatzingán, estado de Michoacán; las autoridades no investigaron adecuadamente los homicidios ni examinaron la responsabilidad de quienes estaban al mando.

TORTURA Y OTROS MALOS TRATOS

La impunidad por tortura y otros malos tratos seguía siendo casi absoluta, con numerosas denuncias de palizas, semiasfixia con bolsas de plástico, descargas eléctricas, violaciones y agresiones sexuales durante las operaciones policiales y militares. La violencia sexual como forma de tortura era habitual durante las detenciones de mujeres.[1] Por primera vez en dos años, en abril la Procuraduría General de la República anunció la presentación de cargos de tortura contra cinco agentes federales en respuesta a la filtración de un vídeo en el que se veía a policías y soldados torturando a una mujer.

También en abril, en un caso excepcional, un juez federal impuso una condena de 52 años de prisión a un general del ejército por haber ordenado una operación en la que se infligió tortura, se cometió un homicidio y se eliminó un cadáver en el estado de Chihuahua en 2008.

En abril, el Senado aprobó una iniciativa de Ley General contra la Tortura que se ajustaba a las normas internacionales. El proyecto de ley se reformó, y al concluir el año seguía pendiente una votación general en la Cámara de Diputados.

La Unidad Especializada en Investigación del Delito de Tortura, perteneciente a la Procuraduría General de la República, informó de que se estaban revisando a nivel federal 4.715 expedientes de investigación de casos de tortura.

Como en años anteriores, en la mayoría de los casos no se aplicaron los dictámenes forenses especializados de la Procuraduría General de la República para supuestos de posible tortura; había más de 3.000 peticiones pendientes de tramitación. En muchos casos, sin un dictamen médico oficial, las investigaciones sobre torturas y otros malos tratos no avanzaban.

En septiembre, en vista de que México no aplicaba sus recomendaciones, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos remitió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos el caso de 11 mujeres sometidas a violencia sexual como forma de tortura en San Salvador Atenco en 2006.

DERECHOS DE LAS PERSONAS REFUGIADAS Y MIGRANTES

Se registró una cifra sin precedentes de solicitudes de asilo; hasta octubre se habían presentado 6.898 solicitudes, el 93% de las cuales correspondían a personas provenientes de El Salvador, Honduras y Guatemala. Se concedió la condición de refugiado a 2.162 personas, a pesar de que se estimaba que anualmente más de 400.000 migrantes en situación irregular cruzaban la frontera sur de México; según las organizaciones internacionales y los estudiosos del tema, la mitad de estas personas podía reunir los requisitos para obtener asilo. En la mayoría de los casos, las autoridades no informaban adecuadamente a las personas migrantes sobre su derecho a pedir asilo en México.

En agosto entró en vigor una reforma de la Constitución que reconocía el derecho de asilo. La aplicación del Programa Integral Frontera Sur volvió a dar lugar a un aumento de las operaciones de seguridad en la frontera de México con Guatemala y Belice, y eran frecuentes los informes de extorsión, expulsiones masivas, secuestros y otros abusos contra los derechos humanos de las personas migrantes. Hasta noviembre, 174.526 personas migrantes en situación irregular habían sido capturadas y detenidas, y 136.420 habían sido devueltas a sus países. El 97% de las personas deportadas eran de Centroamérica. Según datos de febrero del Congreso de Estados Unidos, el gobierno estadounidense tenía planes de destinar 75 millones de dólares a “operaciones de seguridad y migración” en la frontera sur de México, a través de la Iniciativa Mérida.

La Procuraduría General de la República creó una nueva Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes. Varias organizaciones de la sociedad civil participaron en el diseño del Mecanismo de Apoyo Exterior Mexicano de Búsqueda e Investigación para coordinar los esfuerzos de las autoridades mexicanas y centroamericanas, con el propósito de garantizar justicia para las personas migrantes víctimas de desapariciones perpetradas por agentes no estatales y de otros delitos en México.

En septiembre, el presidente Peña Nieto anunció un plan para personas refugiadas en una cumbre de la ONU y reconoció oficialmente la existencia de una crisis de refugiados en México y Centroamérica. El plan prometía aumentar en un 80% la financiación de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, garantizar que no se detendría a migrantes menores de 11 años, y reforzar la inclusión e integración de la población refugiada en el país. En mayo, un informe especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos identificó al menos a 35.433 víctimas de desplazamiento interno en México, a pesar de que otras estimaciones dignas de crédito basadas en datos oficiales daban una cifra al menos cuatro veces más alta.

En octubre, la Comisión publicó un informe que hacía hincapié en las precarias condiciones de vida en los centros de detención de migrantes, especialmente para los niños y niñas no acompañados.

DESAPARICIONES FORZADAS

Las desapariciones forzadas con implicación del Estado y las desapariciones perpetradas por agentes no estatales seguían siendo práctica generalizada, y los responsables seguían gozando de una impunidad casi absoluta. Las investigaciones de los casos de personas desaparecidas seguían adoleciendo de irregularidades y sufriendo demoras indebidas. En general, las autoridades no iniciaban inmediatamente la búsqueda de las víctimas.

Al concluir el año, según el gobierno, 29.917 personas (22.414 hombres y 7.503 mujeres) se hallaban en paradero desconocido. Las cifras del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas no incluían casos federales anteriores a 2014 ni casos clasificados como otros delitos, tales como secuestro o trata de seres humanos.
Las desapariciones forzadas y las desapariciones perpetradas por agentes no estatales generaban un gran dolor en las familias de las víctimas, lo que constituía una forma de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Los datos disponibles señalaban que la mayoría de las víctimas eran hombres; las mujeres conformaban la mayoría de los familiares en busca de verdad, justicia y reparación.

Algunas familias de personas desaparecidas que buscaban a sus seres queridos recibían amenazas de muerte. El Senado celebró audiencias públicas con familiares de personas desaparecidas para hablar del proyecto de Ley General sobre Desapariciones Forzadas, presentado en diciembre de 2015 ante el Congreso por el Presidente Peña Nieto. El proyecto de ley seguía pendiente ante el Congreso.

En marzo se presentaron cargos penales contra cinco marinos por la desaparición forzada de Armando Humberto del Bosque Villareal, hallado muerto semanas después de haber sido detenido arbitrariamente en el estado de Nuevo León en 2013.

En abril, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, publicó su segundo informe sobre los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero, que fueron víctimas de desaparición forzada en septiembre de 2014.

El GIEI confirmó que la afirmación de las autoridades de que los estudiantes habían sido asesinados y quemados en un vertedero local era científicamente imposible. El GIEI también reveló que, en octubre de 2014, varios funcionarios habían visitado de manera irregular otro lugar que posteriormente se relacionó con el crimen, y habían manejado pruebas importantes sin contar con la documentación ni los permisos adecuados. Un hombre, detenido en relación con el caso, había sido obligado por las autoridades a participar en esa visita sin la presencia de su abogado ni la supervisión de un juez. La visita tuvo lugar un día antes de que el gobierno descubriera un trocito de hueso en el mismo lugar.

Posteriormente, ese hueso se logró identificar como perteneciente a Alexander Mora Venancio. El funcionario al mando de la investigación dimitió de su cargo en la Procuraduría General de la República, aunque se estaba llevando a cabo una investigación sobre sus acciones. El presidente Peña Nieto le asignó inmediatamente otro alto cargo federal. En noviembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó su plan de trabajo para establecer un mecanismo de seguimiento del caso de Ayotzinapa, tras las recomendaciones formuladas por el GIEI y tras las medidas cautelares que la propia comisión había dictado en 2014, en las que ordenaba a México determinar el estado y el paradero de los 43 estudiantes desaparecidos.

PERIODISTAS Y DEFENSORES Y DEFENSORAS DE LOS DERECHOS HUMANOS

Continuaron las amenazas, el hostigamiento, la intimidación, las agresiones y los homicidios contra periodistas y defensores y defensoras de los derechos humanos. Al menos 11 periodistas fueron víctimas de homicidio a lo largo del año. El Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (mecanismo federal) no brindaba protección adecuada a estas personas.

En febrero, varias organizaciones internacionales de derechos humanos denunciaron una campaña de difamación —que las autoridades parecían tolerar— contra el GIEI y contra ONG locales que trabajaban sobre el caso de Ayotzinapa. La cifra de peticiones de protección en virtud del Mecanismo se mantuvo constante en relación con el año anterior.

En julio, Humberto Moreira Valdés, ex gobernador del estado de Coahuila y ex presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), presentó una demanda civil contra el destacado periodista Sergio Aguayo en la que pedía una indemnización de 550.000 dólares estadounidenses por los presuntos daños morales que el periodista había ocasionado a su reputación a través de un artículo de opinión. Lo excesivo de la cantidad solicitada podía constituir una forma de castigo e intimidación que podría, potencialmente, afectar al derecho a la libertad de expresión en el debate público.

En agosto, el preso de conciencia y defensor comunitario del medio ambiente Ildefonso Zamora fue puesto en libertad tras nueve meses de encarcelamiento por cargos falsos.

LIBERTAD DE REUNIÓN

La Suprema Corte de Justicia seguía analizando la impugnación de la Ley de Movilidad de Ciudad de México de 2014. En agosto, resolvió que la Ley no debía ser interpretada de manera que impusiera un régimen de autorización previa para la celebración de manifestaciones, sino sólo como una regla que permitiera a las personas notificar previamente a las autoridades cualquier manifestación prevista.

La Corte consideró que la falta de disposiciones sobre manifestaciones espontáneas en ningún caso significaba que éstas estuvieran prohibidas. Finalmente, votó a favor de una norma que prohibía las manifestaciones en las avenidas principales de la ciudad.

DERECHOS DE LESBIANAS, GAYS, BISEXUALES, TRANSGÉNERO E INTERSEXUALES

En mayo, el presidente Peña Nieto presentó ante el Congreso dos anteproyectos de ley para reformar la Constitución y el Código Civil Federal. El Congreso rechazó en noviembre una propuesta de reforma constitucional para garantizar de manera expresa el derecho a contraer matrimonio sin discriminación.
La segunda reforma del Código Civil propuesta prohibiría la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género a la hora de permitir el matrimonio o la adopción; dicha reforma también incluía el derecho de las personas transgénero a que México les reconociera su identidad de género. El proyecto de ley seguía pendiente de debate en el Congreso.

En septiembre pasó a ser vinculante para todos los jueces y juezas del país la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia que confirmaba los derechos de las parejas del mismo sexo a contraer matrimonio y adoptar sin sufrir discriminación por su orientación sexual o su identidad de género.

VIOLENCIA CONTRA MUJERES Y NIÑAS

La violencia contra las mujeres y las niñas seguía siendo endémica. En abril, decenas de miles de personas se manifestaron en todo el país para exigir el fin de la violencia contra las mujeres, incluido el acoso sexual.

El mecanismo de “Alerta de Género” se activó en los estados de Jalisco y Michoacán, tras su activación en los estados de Morelos y México el año anterior. La falta de datos precisos, actualizados y desglosados sobre violencia de género constituía un importante obstáculo para abordar el problema.

DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

A consecuencia de una información de última hora de la Secretaría de Economía relativa a la cancelación de dos concesiones mineras a empresas en la comunidad de San Miguel Progreso, en el estado de Guerrero, la Suprema Corte rechazó considerar los efectos que la Ley Minera de 1991 tenía sobre los derechos de los pueblos indígenas.
Seguía estando en gran medida ausente del debate legislativo un marco legal sobre el derecho de los pueblos indígenas al consentimiento libre, previo e informado, a pesar de que se había debatido un proyecto de ley en foros públicos y de que en octubre la Comisión Nacional de los Derechos Humanos había formulado una recomendación al Congreso para que legislara sobre esta materia.

En septiembre, el municipio indígena de Guevea de Humboldt, estado de Oaxaca, permitió por primera vez a las mujeres de la comunidad ejercer el derecho al voto en las elecciones locales.

[1] Sobrevivir a la muerte. Tortura de mujeres por policías y fuerzas armadas en México (AMR/41/4237/2016)

Chiapas: aumentan los feminicidios a pesar de la Alerta de Violencia de Género

Nota informativa de Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México

El 7 de noviembre 2017, a las 6 de la tarde, en nuestro conversatorio mensual en el Centro de Investigaciones Multidisciplinarias sobre Chiapas y la Frontera Sur (CIMSUR) de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, hablamos de la lucha contra las violencias hacia las mujeres y los feminicidios en Chiapas y México. Contamos con la presencia de la abogada Martha Figueroa Mier, fundadora de la asociación civil COLEM-Mujeres Libres A.C., también integrante de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos de México y del Observatorio Nacional Ciudadano del Feminicidio.

Hace casi un año, el 18 de noviembre 2016, el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (SNPASVM) decretó en nuestra entidad una «Alerta de Violencia de Género», prevista por el artículo 22 de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Esta Alerta se presenta como «un conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida», o un «mecanismo de actuación de las autoridades públicas que buscan cumplir con las obligaciones del Estado respecto del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, atendiendo específicamente, entre otras, a una de las violaciones más graves a este derecho: la violencia feminicida».

La Alerta fue decretada en 7 municipios de Chiapas: Chiapa de Corzo, Comitán, San Cristóbal de las Casas, Tapachula, Tonalá, Tuxtla y Villaflores. Además, existe un «programa de trabajo» en 14 municipios de la zona Altos: Aldama, Amatenango, Cancuc, Chalchihuitán, Chamula, Chanal, Huixtán, Larráinzar, Mitontic, Oxchuc, Pantelhó, Tenejapa, Teopisca y Zinacantan. Esta decisión de emitir la Alerta solo en algunos municipios de la entidad ha sido criticada por las organizaciones civiles que forman parte de la Campaña Popular contra la Violencia hacia las Mujeres y el Feminicidio en Chiapas. En un posicionamiento publicado el 10 de octubre del presente año, estas organizacione escriben que la Alerta «debe ampliarse a todo el estado de Chiapas debido al contexto de creciente violencia y muertes violentas contra las mujeres que las organizaciones civiles estamos documentando».

Además, la Alerta no ha sido eficiente para disminuir el número de feminicidios en el estado. El Observatorio Feminista contra la Violencia a las Mujeres de Chiapas denunció el pasado 24 de octubre en su página Facebook que desde el 18 de noviembre, se han contambilizado 201 muertes violentas de mujeres, 58 feminicidios consumados y 79 tentativas de feminicidios en el estado. Según la Red Colectiva Ciudadana de Prevención a la Violencia Feminicida, en el primer semestre del año 2017 se han contabilizado más muertes violentas de mujeres en Chiapas que en todo el año 2016 y se ha registrado un incremento en las tentativas de feminicidios en comparación al 2016.

Para expresar su indignación ante la falta de acciones concretas contra las violencias a las mujeres en Chiapas, varios colectivos feministas y en defensa de los derechos humanos organizaron marchas y actos de protesta durante las celebraciones de Día de Muertos en Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal de las Casas. Durante la «Marcha de las Catrinas» sancristobalense el 31 de octubre en San Cristóbal, Martha Figueroa Mier leyó una calavera de Silbia Núñez Esquer:

«De todas la muertes avisadas
Hay una que la parca quiso invadir
Son las mujeres asesinadas
Cuando no se quieren ir

Pensaba la catrina feminista
Que ya estuvo bueno el cuento
Pues ya va muy larga la lista
Y no puede con tanto evento

Y así pensaba la huesuda infeliz:
Este agobio me va a convencer de raíz
Son muchas niñas y mujeres muertas,
para el feminicidio tengo cerradas las puertas

‘Yo soy feliz llevando personas en un costal’
Decía la calavera sin reparo
Pero no seguiré haciendo el paro
A tan horrendo crimen patriarcal (…)»

Foto: La marcha de las Catrinas el 31 de octubre 2017 en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. / Crédito: Voces Feministas

Foto: Martha Figueroa Mier durante la marcha de las Catrinas el 31 de octubre 2017 en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. / Crédito: Voces Feministas

Al día siguiente, en la captial del estado, las mujeres que participaron en la Marcha de las Catrinas tuxtleca clausuraron simbólicamente los edificios de la Fiscalía General del Estado (FGE) y de la Secretaria de Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres (SEDEM) para denunciar la ineficencia de dichas instancias.

Foto: La periodista y activista, Gely Pacheco, coloca una pancarta en la entrada del edificio gubernamental de la Torre Chiapas/ Crédito: Andrés Domínguez – Chiapas Paralelo

Foto: La entrada de la Torre Chiapas: en la cual se encuentra las oficinas de la SEDEM, fueron cubiertas con cruces rosas. / Crédito: Andrés Domínguez – Chiapas Paralelo

Más lectura:

Diagnóstico de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos como integrante de los grupos de trabajo que dan seguimiento a los procedimientos de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres

COP 23 sobre el cambio climático en Bonn: No al carbón, sí a un sistema energético limpio centrado en los pueblos

Hoy, 6 de noviembre 2017, inicia la 23º Conferencia de los países miembros de la Convención de la ONU sobre el Cambio Climático (la COP 23) en Bonn, Alemania. Les compartimos el pronunciamiento de la federación Amigos de la Tierra Internacional, publicado el 3 de noviembre.

 En las negociaciones de la ONU sobre el clima es necesario poner fin al carbón y comprometerse con un sistema energético limpio centrado en los pueblos

Foto: Más de 20,000 personas se movilizaron en Bonn para exigir el fin del carbón y de la energía sucia y llamar por la justicia climática en el marco de la COP23. 4 de noviembre 2017. © Amelia Collins/Amigos de la Tierra Internacional

Con motivos de las negociaciones de la ONU sobre el clima (6 -17 de noviembre) cuyo anfitrión será Fiyi pero que comenzarán la semana que viene en Bonn, Alemania – Amigos de la Tierra Internacional acompañará a Amigos de la Tierra Alemania y a miles de activistas en una manifestación del «poder popular» en pos de descontinuar el uso del carbón en Alemania y en todo el mundo.

Hubert Weiger, presidente de Amigos de la Tierra Alemania, sostuvo:

«El nuevo gobierno alemán debe seguir el ejemplo de Canadá, Italia, Países Bajos y el Reino Unido, que anunciaron que descontinuarán el uso del carbón antes del año 2030. La cancillera Merkel debe anunciar que descontinuará el uso del carbón aquí en Bonn e implementar la medida en Berlín. La política climática comienza en casa».

Las negociaciones de este año sobre el clima se realizarán en la puerta de una de las regiones con las minas de carbón más grandes y contaminantes de Europa. Y a nivel mundial se tiene previsto construir 1600 nuevas centrales a carbón en 850 sitios, lo que amenaza con socavar los esfuerzos para mantener el aumento de la temperatura mundial por debajo de la meta establecida en el Acuerdo de París de 1,5 grados o incluso 2 grados. El aumento de la temperatura promedio mundial ya superó 1 grado y nos estamos enfrentando a una emergencia planetaria: inundaciones, tormentas, sequías y el aumento del nivel del mar causan devastación y afectan en mayor medida a los pueblos más pobres y vulnerables.

En Bonn, Amigos de la Tierra Internacional exigirá que se ponga fin a la energía sucia, que incluye al carbón, como solución clave ante la crisis climática y se manifestará a favor de un nuevo sistema energético que sea limpio, justo, dirigido por las comunidades y que transforme la vida de la gente.

Las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional actuales y el financiamiento proveniente de los países desarrollados carecen de la ambición necesaria para impulsar una transformación urgente en el Norte Global y una revolución energética centrada en los pueblos en el Sur Global. Amigos de la Tierra Internacional considera que esto es una injusticia, ya que los más afectados por el cambio climático no son los que generaron la crisis en primer lugar.

Karin Nansen, presidenta de Amigos de la Tierra Internacional, afirmó:

«Poner fin al carbón y otras formas de energía sucia es esencial para abordar la emergencia climática a nivel mundial. No tiene sentido llevar a cabo debates abstractos sobre la ambición en términos del clima dentro de un salón de conferencias sin abordar la búsqueda continuada de combustibles fósiles por fuera. Urgimos a los gobiernos de los países desarrollados que dejen de explotar las energías sucias de forma inmediata y que ya no financien los proyectos de energía sucia en sus países y en los países en desarrollo. Estos proyectos no solo son perjudiciales para el clima, sino que también perjudican a las comunidades con acaparamientos de tierras y niveles peligrosos de contaminación».

Los grupos de Amigos de la Tierra de todo el mundo exigen que se ponga fin al carbón y a todas las formas de energía sucia como solución para la crisis climática.

Nur Hidayati, director de WALHI/Amigos de la Tierra Indonesia, afirmó:

«Para muchas comunidades de Indonesia, el bosque es vida. El carbón destruye los bosques y los medios de vida de los pueblos, deja de lado las alternativas energéticas limpias y pone en riesgo el compromiso de Indonesia de reducir las emisiones de carbono en el marco del Acuerdo de París. Debemos movilizarnos para detener la minería de carbón, en Indonesia y en todas partes».

Amigos de la Tierra Internacional se pone del lado de las comunidades que resisten contra la energía sucia y que están tomando control de sus propios futuros limpios en términos de energía. Amigos de la Tierra Internacional se pone del lado de los que enfrentan los impactos devastadores del cambio climático en este momento.

Nansen concluyó:

«Desde Alemania a Indonesia y en todas partes del mundo, los pueblos quieren un futuro energético renovable, seguro, sustentable y justo. La transición hacia este futuro debe ser justa para los trabajadores y las comunidades. La transición hacia el futuro no puede incluir al gas, que también es una forma de energía sucia. Necesitamos una transformación energética de forma inmediata. Necesitamos justicia climática de forma inmediata.

Agenda para los medios:

Lunes 6 de noviembre de 2017 – 12:00 – 12:30

Conferencia de prensa de apertura de la COP23: Expectativas de las negociaciones con un enfoque en las comunidades afectadas por el clima en Asia Pacífico y otras partes

Organizador: Amigos de la Tierra Internacional

Modera: Karin Nansen, presidenta de Amigos de la Tierra Internacional

Panel: Hemantha Withanage (Amigos de la Tierra Sri Lanka), Dipti Bhatnagar (Amigos de la Tierra Internacional), Kwami Dodzi Kpondzo (Amigos de la Tierra Togo). Otros/as oradores/as: a confirmar

Lugar: Salón de conferencias 2, Zona BULA (en el siguiente hipervínculo podrán encontrar más información sobre el lugar: http://unfccc.int/meetings/bonn_nov_2017/items/10068.php#gc_20)

Jueves 9 de noviembre de 2017 – 16:45-18:15

Evento paralelo de Amigos de la Tierra Internacional: Gas fósil: ¿un camino hacia un futuro energético limpio o en rumbo hacia un peligroso cambio climático? Amigos de la Tierra Europa presentará su nuevo informe centrado en si el gas es compatible con el presupuesto de carbono de Europa.

Oradores: Oradores de las comunidades más afectadas por el desarrollo de proyectos de gas en el Sur Global y el Norte Global, como por ejemplo el profesor Kevin Anderson (Uppsala University, Suecia), Jagoda Munic (Amigos de la Tierra Europa), Corporate Europe Observatory y más.

Lugar: Salón 10, Zona Bonn

Más lectura:

Década Cero: Necesitamos medidas rápidas y audaces para enfrentar las causas estructurales del cambio climático (2016)

Portavoces y contacto:

Los portavoces de Amigos de la Tierra Internacional de África, Asia Pacífico, Europa y América Latina estarán disponibles para entrevistas a lo largo de la COP23, como por ejemplo:

– Karin Nansen (Uruguay) – presidenta de Amigos de la Tierra Internacional

– Sara Shaw (Reino Unido) – coordinadora internacional del programa de justicia climática y energía de Amigos de la Tierra Internacional

– Dipti Bhatnagar (Mozambique) – coordinadora internacional del programa de justicia climática y energía de Amigos de la Tierra Internacional

Por más información y para coordinar entrevistas, por favor comunicarse con: julia@foei.org


>> Mensaje de Amics de la Terra desde Mallorca:

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Comunicado del COPINH: ¡DESA Asesinó a Berta! ¡Captura de los autores intelectuales ya!

Comunicado del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) – La Esperanza, Intibucá, a 3 de noviembre 2017

(IN ENGLISH)

El 4 de marzo de 2016, apenas unas horas después del asesinato de nuestra Coordinadora Berta Cáceres, el COPINH y las hijas e hijo de nuestra compañera denunciamos que su asesinato provenía de la lucha que ella lideró en contra de la empresa DESA por la oposición de la comunidad de Río Blanco en contra del proyecto de muerte Agua Zarca.

Hoy, a 20 meses de su asesinato, el grupo de investigadores del GAIPE nos corroboran con la mayor objetividad posible, la vinculación inequívoca de esta empresa asesina, de sus dueños, directivos y empleados en la persecución, criminalización, estigmatización que sufrió, así como en la planificación, coordinación y ejecución de su asesinato. (DESCARGAR EL INFORME «REPRESA DE VIOLENCIA: EL PLAN QUE ASESINÓ A BERTA CÁCERES»)

La corroboración de las acciones para su asesinato, no parte de testigos ni de suposiciones, parte de las palabras mismas de sus autores, de sus conversaciones telefónicas, mensajes de texto y de WhatsApp. Son ellos mismos quienes se involucran. La información obtenida de sus propias palabras son la clave.

La información analizada por el GAIPE es la misma que tiene en su poder el Ministerio Público desde por lo menos el 2 de mayo de 2016, lo que quiere decir que desde hace año y medio las autoridades tienen las pruebas y no han tenido la mínima voluntad de ir tras los autores intelectuales. El manto de la impunidad cubre toda la investigación y lo hemos denunciado desde el inicio. Todas las irregularidades, robo de información, falta de transparencia, ilegalidades, atrasos y suspensiones de audiencias son entendidas ahora con el objetivo de querer encubrir a los autores intelectuales por parte del Ministerio Público hondureño, obviamente presionado por parte del ejecutivo y los grupos empresariales detrás del asesinato.

Se demuestra una vez más la captura del Estado por parte de una mafia asesina en la que las víctimas somos todo el pueblo hondureño y en especial los pueblos indígenas. Se demuestra una vez más que la clase económica, beneficiada por el golpe de Estado del 2009, cree que puede hacer lo que quiera sin que tengan que pagar las consecuencias.

El COPINH no se opone al desarrollo de Honduras, a lo que nos oponemos es a que este «desarrollo» signifique la muerte de nuestras comunidades, nuestra identidad y nuestros territorios, nos oponemos a que gente «tragiversadora» se llenen los bolsillos de dinero a costa de nuestras muertes, a costa de la muerte de Berta Cáceres y todas aquellas personas que luchamos contra este sistema injusto en el que las mayorías somos reprimidas para el disfrute de pequeños grupos económicos.

La producción de supuesta «energía renovable» o «energía limpia» son simples discursos baratos de empresarios que ven en la producción de energía un negocio y están dispuestos a pasar por encima de lo que sea, por supuesto por encima de la ley y los pueblos, para sacar todas las ganancias posibles.

El asesinato de Berta Cáceres no va quedar impune, el COPINH, el pueblo Lenca y todas las personas con dignidad en Honduras y en el mundo vamos a luchar hasta las últimas consecuencias para que se haga justicia, para que se castiguen a los autores intelectuales y para que no tengan que suceder más estas muertes. Para que los pueblos sigamos defendiendo nuestros territorios.

La empresa Desarrollos Energéticos S.A. dirigida por David Castillo, miembros de la familia Atala Zablah, y otros directivos, constructora del Proyecto Hidroeléctrico de muerte Agua Zarca, financiada por los bancos BCIE, FMO y FinnFund; apoyada por la USAID, SERNA (MiAmbiente), Banco Ficohsa, Voyth Hydro-Siemens, las Fuerzas Armadas de Honduras, la Policía Nacional y fuerzas privadas de seguridad, el COHEP y la AHER, fue la empresa que asesinó a Berta Isabel Cáceres Flores, lo hemos dicho desde el principio y ha sido ratificado por la reciente investigación.

Por lo cual, el COPINH exige:

1. La captura, juicio y condena para todos los autores intelectuales del asesinato de Berta Cáceres y la persecución al COPINH.

2. La cancelación de la concesión sobre el Río Gualcarque a la empresa criminal y asesina Desarrollos Energéticos S.A. DESA.

3. Las garantías para la investigación del crimen de Berta Cáceres, mediante la destitución de todas las personas involucradas en el caso y la conformación de un nuevo equipo de investigación que tenga veeduría por parte de organismos internacionales.

4. La adopción de medidas eficaces e inmediatas de protección y seguridad para el grupo de abogados, el COPINH y la Familia, involucrados en el caso, en búsqueda de justicia.

Hacemos un llamado a la sociedad hondureña a que no se permita que este caso quede impune, justicia para Berta significa justicia para nuestros pueblos y para tantas y tantos asesinados por las manos criminales de las empresas y el Estado.

Llamamos a las organizaciones y movimientos sociales y populares hondureños a seguir avanzando en la defensa de los territorios y la vida. A demostrar que Berta no murió, sino que se multiplicó.

Convocamos a la solidaridad internacional a que nos acompañe en estas exigencias de justicia.

¡Berta Vive, COPINH sigue!
¿Qué exigimos? ¡Justicia!
¡Castigo para los autores intelectuales!
#DesaAsesina
#20MesesSinJusticia
#JusticiaParaBerta
#DondeEstanLosAutoresIntelectales

¡Con la fuerza ancestral de Berta, Iselaca, Lempira, Mota y Etempica se levantan nuestras voces llenas de vida, justicia, dignidad, libertad y paz!

Más lectura:

Informe de los investigadores del GAIPE sobre el caso Berta Cáceres

DESCARGAR EL INFORME «REPRESA DE VIOLENCIA: EL PLAN QUE ASESINÓ A BERTA CÁCERES»

El Escaramujo 71: Berta Cáceres, nacida y crecida en la lucha

Hechos y circunstancias alrededor del asesinato de Berta Cáceres: en la búsqueda de los autores intelectuales