Durango: Declaratoria del Primer Encuentro Lagunero por la Vida y el Territorio

Pronunciamiento del Frente Unido de Pueblos de la Laguna en Defensa de la Vida y el Territorio, que forma parte de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA)– Ejido El Siete, Pueblo Nuevo, Durango, a 28 de octubre 2017

En el contexto del Primer Encuentro Lagunero por la Vida y el Territorio, con la presencia y participación de Don Raúl Vera, Obispo de Saltillo,, Coahuila y amigo de las comunidades, pueblos y organizaciones que integramos el FRENTE UNIDO DE PUEBLOS DE LA LAGUNA EN DEFENSA DE LA VIDA Y EL TERRITORIO, nos hemos reunido para reconocernos y reafirmarnos en la lucha contra proyectos como el de Chemours Laguna que, desde la lógica del modelo extractivo, abonan al despojo y deteriorio de los bienes comunes naturales pues hemos podido constatar que dichos proyectos se imponen cada vez más con mayor impacto en nuestros territorios, generando una serie de injusticias y atentados a los derechos humanos, acaparamiento de tierras y destrucción de la naturaleza.

Durante esta jornada de intercambios y reflexión, las comunidades, organizaciones y las personalidades presentes coincidimos en que de múltiples formas, los procesos de extracción, producción y transporte de bienes comunes naturales, así como la evacuación de residuos afectan o excluyen -directa o indirectamente- a millones de personas, algunas de las cuales se organizan y protestan.

Tenemos la claridad para afirmar y denunciar que estos proyectos de muerte se gestan en un contexto en el que el modelo de desarrollo imperante posibilita que las empresas se enriquezcan externalizando sus costes, aprovechando el clima de impunidad que genera la permisividad de la legislación y la corrupción de los gobiernos que contribuyen, por acción u omisión, al diseño e implementación de políticas que, lejos de representar los intereses de nuestras comunidades, legitiman los intereses privados, nacionales o extranjeros que buscan incrementar su riqueza desarrollando este tipo de proyectos que catalogamos como proyectos de muerte.

Así, empresas extranjeras como la Chemours Company buscan aprovecharse de la pobreza de la gente y la ausencia de alternativas, lo que suele facilitar la explotación de la mano de obra y de la naturaleza. Es esa lógica de acumulación por despojo la que nos ha llevado a enfrentar una de las crisis más severas de violaciones a los derechos humanos en nuestro país, crisis que se materializa en la violencia estructural que sufren nuestros pueblos y que se echa de ver en los indignantes niveles de pobreza y en la discriminación que sufren nuestros pueblos y comunidades.

La lucha contra el Proyecto Chemours Laguna y su pretensión de producir 70,000 toneladas de cianuro de sodio al año ha colocado al FRENTE UNIDO DE PUEBLOS DE LA LAGUNA como el primer frente de lucha y resistencia en contra del modelo extractivo minero de la región. No tememos denunciar y rechazar las injusticias socioambientales que ocasionan las empresas extractivas a su paso, nos oponemos a la división de las comunidades, al debilitamiento del tejido social y la militarización de nuestros territorios, al hostigamiento y atentados contra la integridad física y emocional de nuestros defensores de derechos humanos y luchadores sociales, a la criminalización de la protesta y a la coercion de la libertad de expresión; a la privatización de nuestros bienes comunes naturales, a la pérdida de soberanía alimentaria, de biodiversidad y del paisaje; a la generación de empleos precarios que generan el falso desarrollo, a las afectaciones a la salud y a la injerencia de las empresas extranjeras en las decisiones políticas y económicas de nuestros territorios.

De igual forma, consideramos que bajo el actual sistema capitalista y de acumulación no existen proyectos «sustentables», «éticos», «socialmente responsables», «ecológicos» o «limpios», pues la extracción y privatización de nuestros bienes, aunque tenga el nombre de «minería verde» sigue generando afectaciones y muerte en nuestros territorios.

Por ello nos dirigimos a las autoridades responsables para:

1.Exigir que no seamos invisibilizados y se reconozca la existencia de nuestros pueblos, para que se garanticen nuestros derechos colectivos.

2.Exigir que se reconozca la labor de todas las mujeres compañeras de lucha, nos oponemos a invisibilizar su labor, cuando es evidente que son ellas las principales gestoras y promotoras de la defensa de la vida, además del trabajo cotidiano, de la reproducción, el cuidado y las trasmisoras de lo que somos como personas, familia y pueblo.

3.Exigir la salida inmediata de las empresas extranjeras y sus proveedoras de nuestros territorios.

4.Exigir la cancelación inmediata y permanente de cada una de las concesiones y permisos que han entregado tanto a las empresas mineras como a otras empresas relacionadas al modelo extractivo, de tal forma que estemos en mejores condiciones para dedicar nuestras fuerzas al mejoramiento de los procesos organizativos para la vida y no para luchar contra sus proyectos de muerte.

5.Exigir el cese a las modificaciones y adecuaciones -a favor de las empresas- de leyes, tratados y derechos constitucionales que cómo pueblos tenemos, al mismo tiempo les decimos que continuaremos defendiendo el respeto de nuestros derechos ya conquistados.

6.Exigir que se detengan de manera inmediata las campañas de estigmatización, persecución, hostigamiento, amenazas y señalamientos hacia cada uno de los procesos de resistencia que defienden su territorio.

7.Exigir el cese total a la represión a defensoras y defensores de derechos humanos, de la tierra y del territorio. Exigimos las garantías de protección y respeto de la vida para nuestras compañeras y compañeros, quienes en defensa del territorio han sido amenazados, perseguidos y criminalizados.

8.Demandar el esclarecimiento los crímenes de cada uno de las y los compañeros que han sido asesinados por defender el territorio y los derechos de los pueblos.

9.Establecer de manera clara y contundente que no aceptamos la imposición de su idea de progreso y desarrollo basado en el extractivismo que, en contubernio con los políticos en turno y de manera violenta, quieren implementar en nuestros territorios. Nadie más que nosotros -las comunidades, ejidos y pueblos organizados-, seremos quienes decidiremos cómo queremos vivir.

Convocamos a todos los Pueblos y Organizaciones de la región a permanecer alertas y en guardia contra gobernantes y gente ajena a los territorios que sólo buscan generar discordia, divisiones y confusión para, posteriormente saquear nuestros bienes naturales.

Expresamos nuestra solidaridad con la lucha digna de los trabajadores de la educación, quienes de manera organizada pugnan por el respeto a los derechos laborales, por la mejora de las condiciones en el Tecnológico de Torreón y por la cancelación definitiva de todos los cobros en las insitituciones de educación pública.

Reafirmamos nuestro deseo de tener una vida digna, de que nuestra participación sea tomada en cuenta, queremos desarrollo, pero integral y no a cualquier costo. No venderemos ni reubicaremos el patrimonio de vida de nuestro pueblo, no seremos el vertedero de desechos, materiales y humanos de industrias irresponsables, no venderemos nuestra salud ni nuestro territorio, no aceptaremos proyectos que constituyan una amenaza para nuestras comunidades.

Aspiramos a la construcción de un modelo de sociedad basado en normas, valores, reglas, comportamientos y políticas que promuevan la democratización y participación de los pueblos en la toma de decisiones, la máxima realización de los derechos humanos y la reducción de la violencia, el final de las desigualdades de género, la sustentabilidad de las actividades económicas, una sociedad que mantenga una interacción con los minerales que obedezca a las necesidades humanas y no a los intereses de acumulación de riquezas.

En ese sentido, de manera contundente les decimos:

¡AISPURO, AISPURO NO QUEREMOS CIANURO, QUEREMOS AIRE PURO!
¡FUERA CHEMOURS DE NUESTRO PUEBLO!
¡FUERA CHEMOURS DE LA LAGUNA!
¡FUERA CHEMOURS DE MÉXICO!
¡EL CIANURO MATA!
POR TERRITORIOS LIBRES DE PROYECTOS DE MUERTE

Firman:

FRENTE UNIDO DE PUEBLOS DE LA LAGUNA EN DEFENSA DE LA VIDA Y EL TERRITORIO
ACCIÓN COLECTIVA
RED MEXICANA DE AFECTADOS POR LA MINERÍA (REMA)
RED NORTE
COCOPO
PROYECTO CULTURAL REVUELTAS
CNTE
COLECTIVO SI A LA VIDA
COLECTIVO RICARDO FLORES MAGÓN
CEP- PARRAS A.C.
ALZANDO VOCES LAGUNA

Foto: Primer Encuentro Lagunero por la Vida y el Territorio en El Siete, Pueblo Nuevo, Durango, el 28 de octubre 2017 – Crédito: Alejandro Ponce / La Jornada Baja California

Más lectura:

Durango: el proyecto de planta de cianuro «Chemours Laguna» es ilegal

Se oponen habitantes y ONG a una planta de cianuro en Gómez Palacio

Nadie impedirá que se instale una fábrica de cianuro en Gómez Palacio: alcaldesa

El obispo Raúl Vera llama a ciudadanía a manifestarse contra injusticias del gobierno 

Informe de los investigadores del GAIPE sobre el caso Berta Cáceres

Informe del Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas (GAIPE) sobre el cao Berta Cáceres, coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honras (COPINH) asesinada el 2 de marzo 2016 en La Esperanza, Intibucá, Honduras – Presentación en Tegucigalpa, Honduras el 31 de octubre 2017

TRANSMISIÓN EN VIVO DE LA PRESENTACIÓN:

{YOUTUBE}AKz2OrUxEcM{/YOUTUBE}

>> DESCARGAR EL INFORME «REPRESA DE VIOLENCIA: EL PLAN QUE ASESINÓ A BERTA CÁCERES» <<

Resumen ejecutivo del Informe:

El 2 de marzo de 2016, ocurrió el asesinato de la lideresa Berta Isabel Cáceres Flores, y la tentativa de asesinato del líder ambiental mexicano Gustavo Castro Soto, en la Esperanza, Departamento de Intibucá, Honduras. De inmediato, familiares y el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), demandaron una investigación independiente ante las sospechas que que las autoridades hondureñas no identificarían a los autores intelectuales de ese hecho.

Los familiares de Berta Cáceres y el COPINH presentaron esa solicitud ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), las Naciones Unidas y numerosos actores nacionales e internacionales, internacionales. Sin embargo, jamás tuvo eco al interior del Estado hondureño.

Ante esa negativa, la familia, y el COPINH, acompañados por el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y por organizaciones nacionales e internacionales, insistieron en la conformación del equipo de expertos independientes. Es así como, en noviembre de 2016, surge el Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas (GAIPE), integrado por Dan Saxon, Roxanna Altholz, Miguel Ángel Urbina, Jorge Molano y Liliana Uribe Tirado.

Desde esa fecha, el GAIPE realizó cuatro viajes a Honduras; entrevistó a más de treinta personas; estudió diversos informes de organismos internacionales de derechos humanos, consultó diez procesos penales por denuncias del COPINH y acciones legales instauradas por la ausencia de consulta previa, libre e informada en el Proyecto Agua Zarca. Además, tuvo acceso parcial a la prueba contenida en el proceso por el asesinato de Berta Isabel Cáceres y la tentativa de asesinato de Gustavo Castro.

El GAIPE reconoce que las autoridades estatales han identificado y procesado, a la fecha, a ocho personas, cuyos nombres son de dominio público, siendo ellas: Sergio Ramón Rodríguez Orellana, Douglas Giovanny Bustillo, Mariano Díaz Chávez, Henrry Javier Hernández Rodríguez, Óscar Aroldo Torres Velásquez, Elvin Heriberto Rápalo Orellana, Edilson Atilio Duarte Meza y Emerson Eusebio Duarte Meza.

A la fecha, la prueba que fundamenta las acusaciones del Ministerio Público contra los ocho imputados, se centra en la información telefónica. El GAIPE ha tenido acceso a una fracción de esta data, compuesta por los registros telefónicos y extracciones de aparatos electrónicos y Tarjetas SIM, que contienen mensajes de texto, llamadas, correos electrónicos, contactos, imágenes, vídeos, grabaciones, geolocalización, entre otros.

Con base en el análisis de la prueba recopilada, el GAIPE logró documentar numerosas conductas delictivas, irregularidades en la investigación, así como identificar a posibles autores intelectuales del asesinato.

Los principales hallazgos:

  • A partir de la información analizada, el GAIPE concluye que el asesinato de Berta Isabel Cáceres no es un hecho aislado.
  • El informe del GAIPE permite evidenciar las diversas estrategias emprendidas por socios, personal directivo, gerencial y operativo de la empresa Desarrollos Energéticos, Sociedad Anónima (DESA); de empresas de seguridad privada al servicio de DESA; de funcionarios públicos y aparatos de seguridad del Estado para violentar el derecho de la consulta, previa, libre e informada del pueblo indígena lenca.
  • La estrategia tenía por objeto controlar, neutralizar, y eliminar cualquier oposición. Estas acciones incluyeron: la instrumentalización de las comunidades para generar ruptura del tejido social; campañas de desprestigio, infiltración, seguimiento, amenazas, sicariato y sabotaje del equipo de comunicaciones del COPINH; cooptación de operadores de justicia y fuerzas de seguridad; y fortalecimiento de estructuras paralelas a las fuerzas de seguridad del Estado.
  • La Secretaria de Seguridad de Honduras cumplió un doble rol. Por un lado, destinó personal y recursos para la protección de las instalaciones del Proyecto Agua Zarca, influenciada por las relaciones con socios y personal directivo de DESA; y, por otro lado, omitió proteger a la lideresa, pese a que conocía el grave e inminente riesgo sobre la vida e integridad de Berta Isabel Cáceres Flores.
  • La información a la que accedió el GAIPE, también permite concluir que DESA no contaba con el capital suficiente para construir el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca. A causa de ello, los fondos provenientes del sistema financiero fueron empleados para incrementar los niveles de violencia en la zona de influencia de dicha empresa, atacar sistemáticamente a personas del COPINH y a Berta Isabel Cáceres Flores, entre otros.
  • A partir del análisis realizado, el GAIPE establece la negligencia deliberada por parte de instituciones financieras, como el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el Banco de Desarrollo Holandés (FMO) y el Finnfund. Dichas entidades tenían conocimiento previo de las estrategias empleadas por DESA, a través de reiteradas denuncias y estudios de consultores internacionales. Pese a ello, no adoptaron medidas idóneas, eficaces y oportunas para garantizar el respeto a los derechos humanos de las comunidades indígenas impactadas por la represa Agua Zarca, ni mucho menos para proteger la vida e integridad de Berta Isabel Cáceres Flores. Tampoco realizaron suficientes esfuerzos para exigir las investigaciones penales correspondientes.
  • Respecto del hecho concreto ocurrido el 2 de marzo, el GAIPE, con la misma información que tiene en su poder el Ministerio Público al menos desde el 2 de mayo de 2016, ha establecido que la planeación, ejecución y encubrimiento del asesinato de Berta Isabel Cáceres Flores inició en el mes de noviembre de 2015, lo que coincide con movilizaciones de las comunidades indígenas y del COPINH en oposición al proyecto Agua Zarca.
  • Durante los meses de enero y febrero 2016, algunos de los imputados y personas no identificadas, realizaron labores de reconocimiento y seguimiento en la ciudad de la Esperanza, lugar de residencia de Berta Isabel Cáceres Flores y donde funcionan las oficinas y sedes del COPINH. El 5 y 6 de febrero de 2016, se desplegó un operativo para cometer el crimen en el que participaron, según la información analizada, varios de los imputados. Por razones de logística el operativo fue «abortado». Según la información analizada por el GAIPE, al menos cuatro de los presuntos autores materiales del asesinato se agruparon el 2 de marzo de 2016 en la Ceiba, para desplazarse a la ciudad de La Esperanza, del Departamento de Intibucá, en horas de la mañana. A la llegada a dicha ciudad, realizaron labores de reconocimiento antes de perpetrar el asesinato.
  • Al analizar el tráfico de llamadas entre los imputados, el GAIPE considera que participaron otras personas en la ejecución del asesinato, las cuales no han sido identificadas por el Ministerio Público.
  • Los agentes estatales a cargo de la investigación, construyeron hipótesis que carecen de fundamento. Atribuyeron el asesinato de Berta Cáceres a un excompañero sentimental, dándole una connotación de crimen pasional. También sostuvieron que el ataque obedecía a conflictos de interés dentro del COPINH.
  • Por otra parte, el Ministerio Público ha impedido la participación oportuna y diligente de las víctimas constituidas en acusadores privados, al declarar la reserva del expediente. Esa decisión ha limitado el acceso a documentos, diligencias y pruebas conducentes a la identificación, procesamiento y juzgamiento de otros autores materiales e intelectuales por el asesinato de Berta Cáceres y la tentativa de asesinato contra Gustavo Castro. La falta de entrega de dicha información ha incidido, también, en la impunidad de ataques criminales en contra de personas integrantes del COPINH y de las comunidades lencas opositoras al Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca.
  • Pese a la secretividad con que se ha manejado la investigación, el GAIPE ha logrado establecer la participación de directivos, gerentes y empleados de DESA; de personal de seguridad privada contratado por la empresa; de agentes estatales y de estructuras paralelas a las fuerzas de seguridad del Estado en actos delictivos anteriores, concomitantes y posteriores al asesinato del 2 de marzo de 2016. Esos hechos aún permanecen impunes.
  • Del análisis de la información telefónica se deduce, además, que los socios y directivos de DESA mantuvieron contacto con autoridades de la Secretaría de Seguridad y de la Policía Preventiva para conocer los detalles de las primeras diligencias judiciales relacionadas con el asesinato, inclusive, antes de ser informada la familia de Berta Isabel Cáceres Flores o sus representantes legales. A la vez, se demuestra que estos actores influyeron para que las diligencias iniciales se dirigieran hacia personas integrantes del COPINH o cercanas a Berta.

>> DESCARGAR EL INFORME «REPRESA DE VIOLENCIA: EL PLAN QUE ASESINÓ A BERTA CÁCERES» <<

Más información:

La página oficial del GAIPE

Avances del Tratado de la ONU para reducir la impunidad de las transnacionales y las violaciones de derechos humanos

Pronunciamiento de Amigos de la Tierra Internacional (ATI) – Ginebra, Suiza, a 30 de octubre 2017

Amigos de la Tierra Internacional recibe con beneplácito la conclusión positiva de la tercera sesión (23-27 octubre) del Grupo de Trabajo Intergubernamental (IGWG, por su sigla en inglés) sobre el tratado de la ONU en materia de empresas transnacionales y derechos humanos, tras importantes discusiones sobre el contenido, la participación notable y diversa de los movimientos sociales y una presencia sin precedentes de 101 Estados miembro.

Karin Nansen, presidenta de Amigos de la Tierra Internacional, sostuvo: «Amigos de la Tierra Internacional recibe con beneplácito las recomendaciones del informe de la presidencia y se compromete a continuar involucrados activamente en el camino hacia la cuarta sesión de negociaciones en 2018. A pesar del intento de la Unión Europea de socavar el proceso hacia un tratado legalmente vinculante, el liderazgo constructivo de la presidencia posibilitó llegar a una conclusión positiva en la tercera sesión del IGWG. Esperamos ahora con ansias el borrador cero de la presidencia y las negociaciones del año próximo».

Hemantha Withanage de Amigos de la Tierra Asia Pacífico dijo: «Estamos listos para refrenar la impunidad de las empresas transnacionales y llevar el Tratado al próximo nivel. Llegó la hora de desmantelar la impunidad de las empresas transnacionales».

Lucia Ortiz, coordinadora del programa internacional de Justicia Económica de Amigos de la Tierra Internacional dijo: «Durante toda la semana, la presencia y las voces de las comunidades afectadas, los movimientos sociales y los pueblos indígenas que defienden sus territorios, medios de vida y bienes comunes, nos dieron la fuerza para combatir y desmantelar los muros de la impunidad y el colonialismo».

Alberto Villarreal de Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC) dijo: «El tratado vinculante debe reflejar los reclamos de los pueblos y la supremacía de los derechos humanos por sobre los acuerdos de comercio e inversiones, tal como propone la Campaña Global para Desmantelar el Poder Corporativo y los elementos del Tratado presentados por Ecuador«.

Apollin Koagne Zouapet de Amigos de la Tierra África dijo:

«Las tantas víctimas, actuales y futuras, exigen el derecho a ver que su humanidad se restablece y preserva, el derecho a creer en la justicia, el derecho a tener acceso a un tribunal internacional. Las tantas comunidades que representamos exigen un ‘tribunal por la vida’ y seguiremos presionando a favor de él.»

Durante las negociaciones, los representantes de la UE argumentaron que hay problemas procedimentales y técnicos en el tratado y por lo tanto no estaban seguros de si podían continuar apoyando que el proceso continúe.

Anne van Schaik de Amigos de la Tierra Europa declaró: «La amenaza de la UE de bloquear el proceso, ocultándose detrás de excusas técnicas y procedimentales, es totalmente inaceptable. La Comisión siempre se mostró reticente a ser parte de un proceso para el establecimiento de un tratado que mejore el acceso a la justicia para los pueblos afectados cuando hay muchas empresas europeas involucradas en violaciones de derechos humanos y ambientales fuera de la UE. Esto representa un marcado contraste con sus esfuerzos para hacer avanzar el Tribunal Multilateral de Inversiones, donde se estima que contribuirá anualmente con 5.400.000 de euros en concepto de costos operativos. ¿Por qué no invertir este dinero, tiempo y energía en el establecimiento de un tratado vinculante en el marco de la ONU?»

{YOUTUBE}vl_8MPgJhOQ{/YOUTUBE}

Durante la semana de movilizaciones en Ginebra, más de 200 organizaciones de la sociedad civil de 80 países se movilizaron en Ginebra y buscaron el apoyo de las capitales y los parlamentos, lo que tuvo como resultado una victoria en la protección del proceso del tratado. A Amigos de la Tierra Internacional le enorgullece ser parte de este creciente movimiento imparable que tiene como fin acabar con la impunidad de las empresas y defender los derechos colectivos.

Portavoces:

Karin Nansen, presidenta de Amigos de la Tierra Internacional: +598 98 707 161 o chair@foei.org

Lucia Ortiz, coordinadora del programa internacional de Justicia Económica de Amigos de la Tierra Internacional: +55 48 99915 0071 o lucia@foei.org

Por consultas generales de medios: press@foei.org

Audios de Radio Mundo Real sobre el tema:

Lamentable: Reacción de Vía Campesina Internacional a accionar de UE en negociaciones de tratado sobre transnacionales y DDHH

Fue por los pueblos: Avanza proceso en ONU por tratado legal sobre transnacionales y sus violaciones a los derechos humanos

Por derechos básicos: La posición del sindicalismo latinoamericano: graves denuncias contra transnacionales en América Latina

Más lectura sobre el tema:

Termina la semana de negociaciones de la ONU hacia un Tratado Vinculante sobre empresas y Derechos Humanos

Afectados por las empresas transnacionales alertan sobre el bloqueo a un tratado vinculante en la onu que proteja sus derechos humanos

La propuesta de texto de la Campaña Global

Declaración del Movimiento Global por un Tratado Vinculante

Informe: Los derechos de los pueblos frente al poder empresarial en América Latina

Termina la semana de negociaciones de la ONU hacia un Tratado Vinculante sobre empresas y Derechos Humanos

Nota informativa de Otros Mundos A.C. – Última actualización: Viernes 27 de octubre 2017

Del 23 al 27 de octubre, cientos de organizaciones y movimientos sociales, entre los cuales la federación Amigos de la Tierra Internacional (ATI), se movilizaron en Ginebra (Suiza) en el marco de la tercera ronda de negociaciones hacia la adopción de un nuevo Tratado Vinculante de la Organización de Naciones Unidas (ONU) que se están llevando a cabo en el Palacio de las Naciones, sede del Consejo de Derechos Humanos de la institución. Este texto obligaría a las empresas transnacionales a respetar los derechos humanos, poniendo un fin a las normas voluntarias que las empresas se autoaplican sin temer ninguna sanción. Denominación oficial de este Tratado impulsado por los gobiernos de Ecuador y Sudáfrica: «Instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre empresas transnacionales y otras empresas con respecto a los derechos humanos».

Las agrupaciones sociales, aglutinadas en la Campaña Global para Reivindicar la Soberanía de los Pueblos, Desmantelar el Poder Corporativo y Poner Fin a la Impunidad, reclamaron durante toda a semana a los 95 países miembros de la ONU participantes en este proceso que se comprometan y realicen avances sustanciales en las discusiones. Organizaron una conferencia de prensa el 23 de octubre frente al Palacio, en la Plaza de las Naciones de Ginebra, para exigir que las negociaciones tomen en cuenta la palabra de los pueblos y no se dejen influenzar por el cabildeo de las transnacionales.

«Este instrumento que se está negociando hoy en Naciones Unidas es el que va a permitir que las comunidades, de una vez por todas, puedan denunciar las violaciones de derechos humanos que acontecen a diario en sus territorios y que les niegan sus derechos fundamentales», dijo Karin Nansen, presidenta de ATI, en entrevista con Radio Mundo Real después de la conferencia. «Por eso exigimos a los países que hoy están negociando y están aquí presentes que se comprometan con este Tratado Vinculante para que tengamos en la cuarta sesión de negociaciones un instrumento vinculante sobre la mesa que nos permita avanzar. Hoy tenemos elementos ya que consideramos sumamente importantes. Vemos que la propuesta de Ecuador ha recogido mucho de los elementos que han planteado las organizaciones y movimientos sociales. De todos modos, nosotros como Campaña Global y como ATI, vamos a seguir proponiendo y planteando nuestros propios elementos porque pensamos que es fundamental que la justicia y todos los instrumentos jurídicos respondan a las demandas de los pueblos.»

Entrevista completa de Karin Nansen:

{YOUTUBE}cCqizwaxCmc{/YOUTUBE}

Pablo Fajardo, representante de la Unión de Afectados por Chevron recordó que «los pueblos víctimas de los crímenes corporativos, que se producen en todo el mundo, somos testigos que en la actualidad quienes más violan los derechos humanos son las Transnacionales. El tratado vinculante es una herramienta para proteger de forma real y practica los derechos humanos de los pueblos víctimas.»

El miércoles 25 de octubre, la Campaña Global presentó su propia propuesta de texto en un evento público organizado en paralelo a las discusiones. Según Erika González, del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL), la propuesta de texto de la Campaña Global tiene tres ideas fundamentales:

– «Fortalecer la idea de un derecho internacional desde abajo, un uso alternativo del derecho construido por organizaciones y movimientos sociales, por sectores críticos de la Academia y por las Comunidades afectadas por las empresas»;

– «Poner limites al enriquecimiento de las elites económicas: tiene que haber un acuerdo que deje fuera de la acumulación de capital los derechos humanos, medioambientales y laborales»;

– «Invertir la pirámide jurídica internacional por la cual se pueda expresar claramente que el derecho internacional de los derechos humanos es jerárquicamente superior a las normas de comercio e inversión.»

La activista denunció que «las políticas económicas del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, de Bancos Regionales y otros organismos financieros de la propia Organización Mundial del Comercio (OMC) contribuyen a la construcción de la arquitectura jurídica de la impunidad de la que gozan las transnacionales y son además responsables directas de la violación de derechos humanos.»

Dentro de las propuestas del texto, podemos destacar:

1) La creación de una Corte Internacional sobre las Empresas Transnacionales y sus Directivos. Tendrá la competencia de recibir, investigar y juzgar las quejas contra las Transnacionales y sus directivos por violaciones o infracciones a los derechos humanos. Las decisiones y sanciones de la Corte son directamente aplicables y jurídicamente vinculantes.

2) La creación de un Centro Internacional de Monitoreo de las Empresas Transnacionales encargado de evaluar, investigar e inspeccionar las actividades y prácticas de esas corporaciones y tiene que emitir recomendaciones en base a sus investigaciones. La composición de este Centro debe asegurar el control público y la participación social, siendo gestionado de forma conjunta por Estados, movimientos sociales, comunidades afectadas y organizaciones de la sociedad civil.

>> Leer la propuesta de texto de la Campaña Global <

Desde el inicio de esta tercera ronda, la Unión Europea (UE) adoptó una posición crítica hacia el proceso, despreciando el liderazgo de Ecuador y Sudáfrica que presiden el Grupo de Trabajo encargado de hacer avanzar las negociaciones, por su desconocimiento de los procedimientos y retraso en los plazos por ejemplo. También cuestionaba el sentido del Tratado argumentando que no solo las empresas transnacionales violan derechos humanos sino también empresas nacionales. El viernes 27 de octubre en la mañana, antes de concluir la ronda de negociaciones, el representante de la UE, Jérôme Bellion-Jourdan, convocó a la sociedad civil a una reunión donde se le pidió comprometerse a apoyar el proceso. Pero no lo hizo, explicando que la UE no tiene influencia política en este grupo de trabajo de la ONU y que otros países estaban bloqueando el proceso.

«Muchas comunidades, personas afectadas y activistas de los países del Sur vinieron a explicar sus casos de los cuales muchos tienen que ver con empresas europeas que violan derechos humanos y ambientales. Por ello es totalmente inaceptable que la Unión Europea esté ahora amenazando con bloquear este proceso por razones burocráticas cuando en realidad se trata de un proceso político», denunció hoy Anne Van Schaik, miembro de Amigos de la Tierra Europa. «Quedó clara la posición de la UE de trabajar con las empresas y que las inversiones son mucho más importantes que las comunidades afectadas», observó con indignación Tchenna Masso, representante del Movimiento de Afectados por las Presas de Brasil (MAB) y Vía Campesina Internacional.

>> Ver la reacción de Anne Van Schaik (en inglés) <<

{YOUTUBE}vl_8MPgJhOQ{/YOUTUBE}

En la tarde, la delegación de Ecuador presentó el informe de la tercera ronda de negociocianes, que debe servir de base para la redacción del futuro Tratado Vinculante. La representación de la UE intentó paralizarlo en varias ocasiones, acusando a Ecuador de haber hecho modificaciones al texto sin consulta, pero el texto fue aprobado y se acordó que el Grupo de trabajo tendrá una cuarta ronda de discusiones en el 2018. Próxima reunión: marzo.

Más trabajos de Radio Mundo Real sobre el tema:

Lamentable: Reacción de Vía Campesina Internacional a accionar de UE en negociaciones de tratado sobre transnacionales y DDHH

Fue por los pueblos: Avanza proceso en ONU por tratado legal sobre transnacionales y sus violaciones a los derechos humanos

Por derechos básicos: La posición del sindicalismo latinoamericano: graves denuncias contra transnacionales en América Latina

«No se puede ser tan hipócrita»: Europarlamentaria española cuestionó duramente posición de UE en negociaciones de ONU sobre transnacionales y DD.HH.

Más lectura sobre el tema:

Afectados por las empresas transnacionales alertan sobre el bloqueo a un tratado vinculante en la onu que proteja sus derechos humanos

Ecuador presenta texto para avanzar en tratado para controlar multinacionales

Tratado vinculante de la ONU sobre empresas y derechos humanos: urge que los Estados hagan avanzar las discusiones

Declaración del Movimiento Global por un Tratado Vinculante

Informe: Los derechos de los pueblos frente al poder empresarial en América Latina

El Escaramujo 70: CEMEX VIOLA LOS DERECHOS HUMANOS DEL PUEBLO PALESTINO

Portavoces de ATI disponibles toda la semana en Ginebra:

– Lucia Ortiz, coordinadora del programa Justicia Económica y Resistencia al Neoliberalismo de Amigos de la Tierra Internacional: +55 48 99915 0071 o lucia@foei.org

– Anne van Schaik, Amigos de la Tierra Europa (Países Bajos): +31 6 243 43968 o anne.vanschaik@foeeurope.org

– Juliette Renaud, Amigos de la Tierra Francia: +33 6 37 65 56 40 o juliette.renaud@amisdelaterre.org

– Alberto Villarreal, campañista de comercio e inversiones, Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (Uruguay): +598 98 556 360 o comerc@redes.org.uy

– Khalisah Khalid, Amigos de la Tierra Asia Pacífico (Indonesia): +62813 1118 7498 o sangperempuan@gmail.com

– Apollin Koagne Zouapet, Amigos de la Tierra África (Camerún): +237 754 18644 o akoagne@cedcameroun.org

– Karin Nansen, presidenta de Amigos de la Tierra Internacional: +598 98 707 161 o chair@foei.org

Video: Celebramos el Festival del Maíz de las Mujeres en San José Buenavista

{YOUTUBE}-c_PeK7_8uc{/YOUTUBE}

En el marco del Día nacional del Maíz 2017, celebramos el Festival del Maíz de las Mujeres en San José Buenavista, una comunidad del municipio de San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, México, honrando el gran papel que juegan las campesinas en la protección de nuestra Soberanía Alimentaria.

Las organizaciones convocantes, Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México y Mujeres y Maíz A.C., quisimos reivindicar el trabajo de las mujeres a favor de la Agroecología a través de la muestra y venta de productos artesanales hechos a partir de maíz sembrado en la comunidad. Denunciamos que el maíz transgénico está amenazando las 64 especies nativas de este cereal que existen en México, con pláticas informativas y la representación de la obra de teatro «Ya ni pal Maíz hay Maíz» del colectivo Los Zapayasos.

«Recientemente salió un artículo donde se decía que el 90.4 de las tortillas y el 82% de las tostadas que se venden en México contienen maíz transgénico entonces ya el consumo de maíz transgénico es muy alto aquí», informó Celia Díaz, integrante de Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra, a los y las participantes en el evento. Agregó que «uno de los problemas que conlleva son los probables cancerígenos porque dentro del grano del maíz transgénico hay presencia de glifosato, que es un probable cancerígeno».

Hay 1.6 mil millones de campesinas en el mundo, pero sólo el 2% de las tierras les pertenecen. [Fuente: Women’s World Summit Foundation (WWSF, 2007)] Para conocer de cerca el trabajo de las mujeres en el campo, realizamos un recorrido en las parcelas de las compañeras de San José Buenavista, quienes nos compartieron sus conocimientos.

Antonia, habitante de la comunidad, llevó a visitantes de Amatenango del Valle, un municipio de Chiapas ubicado a una hora de San Cristóbal de las Casas, a conocer sus numerosos nopales y sus arboles de durazno alrededor de los cuales hace crecer chilacayotes (pequeñas calabazas).

«A veces, queremos comer verduras como éstas y no es necesario comprarlas si uno mismo las tiene sembradas y las puede venir a cortar, para no tener que gastar dinero», observó Juana, de Amatenango, interesada por las prácticas agrícolas de Antonia que difieren de las de su pueblo de tierra caliente, donde siembra calabazas grandes en lugar de chilacayotes.

El recorrido era abierto a todos los participantes, también del area urbana de San Cristóbal de las Casas, curiosos de conocer de dónde vienen los productos agroecológicos que se consumen en la ciudad y cómo se construye día con día la Soberanía Alimentaria en los Altos de Chiapas.

Campesinas de San José Buenavista en el Festival del Maíz de las Muejres el 30 de septiembre 2017 – Foto: Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México

¡Vivan las campesinas de Chiapas y todo México!

¡Semillas para la vida! ¡No para la Muerte!

Más lectura:

Transgénico el 90% del maíz de las tortillas en México: académica de la UNAM

Celebramos el Día Internacional de la Soberanía Alimentaria y contra las Corporaciones Transnacionales desde Chiapas

 

Campeche: opositores a la soya transgénica denuncian el contubernio del poder judicial con Monsanto

Boletín de prensa del colectivo MA OGM – Hopelchén, Campeche, A 23 de octubre 2017

Juez de Distrito de Campeche, encargado de vigilar la consulta sobre la soya transgénica, favorece los intereses de Monsanto

  • Después de un año y medio de consulta sobre soya transgénica, el Juez Segundo de Distrito de Campeche quiebra el proceso de consulta desde su raíz emitiendo un acuerdo a favor de Monsanto para que la consulta sobre soya transgénica se lleve a cabo sólo con 6 comunidades en lugar de las 34 que lo habían acordado previamente.
  • Mientras se atienden las preocupaciones de esta empresa, se ignora la siembra ilegal de soya transgénica en más de 23mil hectáreas del municipio de Hopelchén.

Protesta de los defensores de Campeche ante el Juzgado Segundo de Distrito  Foto: Robin Canul

El Juez Segundo de Distrito de Campeche, el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, cedió ante la presión de Monsanto Comercial S.A. de C.V. y decidió ignorar los derechos de los pueblos mayas para favorecer el supuesto derecho de Monsanto en la ejecución de las sentencias dictadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los juicios de amparo colectivos interpuestos por organizaciones de apicultores y autoridades de comunidades de los Chenes.

La trasnacional, de enorme poder económico y político en nuestro país y el mundo, envuelta en múltiples demandas legales por los efectos negativos provocados por sus productos y escándalos por corrupción, logró presionar al juez de distrito para que emitiera acuerdos (de fecha 19 y 20 de septiembre de 2017) en los juicios de amparo interpuestos por miembros de las comunidades mayas para dividirlas, ya que se han organizado para llevar a cabo el proceso de consulta sobre soya transgénica en Los Chenes de manera conjunta. El acuerdo del juez establece que la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (CIBIOGEM) y la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) deben consultar únicamente a seis de 34 comunidades: SucTuc, Xmaben, Cancabchén, Pakchén, Ich-Ek y Bolonchén de Rejón. Este acuerdo del juez va en contra de todo el trabajo de un año y medio de las comunidades mayas de Hopelchén que están siendo consultadas sobre la liberación comercial de la soya transgénica de Monsanto y de los acuerdos de las comunidades de ir juntas en el proceso. Además ejerce presión indebida sobre las comunidades promoviendo división interna.

 

Los acuerdos del juez deben suspenderse porque se han interpuesto recursos de queja por los representantes de estas comunidades en contra de ellos, pero la CIBIOGEM y la CDI prestos a este acuerdo, realizaron visitas a las seis comunidades para llevar a cabo sesiones con cada comunidad. En las comunidades, los representantes y las autoridades les han informado que seguirán juntas como lo han establecido en los acuerdos iniciales del proceso de consulta porque ese es su derecho para que dicho procedimiento  sea culturalmente adecuada y acorde a su libre determinación.

Ninguno de los acuerdos anteriores del juez que obligan a la CIBIOGEM y la CDI a cumplir con los principios de buena fé y libertad se cumplieron por estas autoridades en ningún momento. Tampoco los acuerdos del juez de que el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) atendiera a las sesiones fue obedecido. Esto exhibe la influencia de Monsanto sobre las decisiones judiciales y la discriminación que sufren los pueblos originarios en nuestro país que de nuevo ven sus derechos colectivos violados a favor de los intereses de las empresas.

En las semanas y los meses anteriores, los miembros de las comunidades le habían solicitado al juez en diversas ocasiones obligar a la CIBIOGEM y la CDI a continuar la consulta reconociendo a sus autoridades y representantes pero el Juez Novelo Pérez los ignoró. También se le solicitó que obligara al SENASICA a impedir la siembra de soya transgénica en la zona, ya que el permiso para ello está suspendido por orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin embargo hizo caso omiso a esta solicitud. Así también se le solicitó que los obligará a respetar los acuerdos logrados y a continuar con las negociaciones en el proceso de consulta pero nunca lo llevo a cabo. Sin embargo, cuando Monsanto le pidió que dividiera la consulta, lo acató sin dudarlo y sin tomar en consideración toda la evidencia que consta en los expedientes sobre la voluntad de los pueblos mayas de Hopelchén e ignorando los derechos colectivos de las comunidades de Hopelchén, actuando con criterios regresivos en perjuicio de sus derechos humanos.

Este giro en la ejecución de las sentencias de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, las cuales ha presumido como acciones del poder judicial en defensa de los derechos colectivos de pueblos originarios, expone la falta de preparación de los tribunales federales y la discriminación con la que siguen actuando hacia los pueblos indígenas y en la interpretación y protección de sus derechos. Es lamentable el acuerdo del juez que obedece a una solicitud de Monsanto para proteger sus derechos como empresa y tercero interesado, soslayando el trabajo de un año y medio de acuerdos entre la CIBIOGEM, la CDI y las más de 34 comunidades mayas del municipio de Hopelchén y el derecho a la libre determinación de los pueblos de este municipio, el derecho de más de 20,000 personas.

Muchos pueblos originarios en México han optado por el uso de las vías legales y su continua lucha para poner en acción el estado de derecho a diferencia de otros actores en el país. Sin embargo, es evidente que las vías legales no tienen impacto en su realidad, dado que la discriminación continúa y otros deciden las políticas públicas para sus territorios ancestrales, su gente y sus pueblos. Las afectaciones continúan mientras la batalla legal se da en los tribunales. El 85% de la soya que se sembró este año en el municipio de Hopelchén es soya transgénica que es propiedad de Monsanto. La selva se destruye a marchas aceleradas por la tala ilegal, el despojo ilegal de tierras, la pérdida de cuerpos de agua temporales y la contaminación del manto freático de la península de Yucatán por cocteles de agroquímicos, incluyendo el glifosato, afectando la salud de todos sus pobladores. Los apicultores tuvieron afectaciones graves en el 80% de sus colonias esta y la temporada pasada, y la SAGARPA y demás instancias de gobierno se niegan a apoyarlos, mientras que sí dan apoyos a los productores de soya.

Sin embargo, desde el 2012 las comunidades indígenas de Hopelchén se mantienen sobre sus acuerdos y su unidad. Su organización ha crecido y hoy gozan de gran apoyo entre la población urbana y rural. La CIBIOGEM y la CDI y el gobierno federal son despreciados en las comunidades y gozan de poca confianza debido a la forma en la que se conducen con la gente. Con determinaciones como esta, el poder judicial federal exhibe impericia, promueve desigualdad y discriminación y denota un alarmante favorecimiento  hacia los intereses de grandes empresas en detrimento de los más desaventajados de este país.

Firman: Colectivo de Comunidades Mayas de los Chenes  / Greenpeace México / MA OGM Colectivo / Centro de Derecho Ambiental CEMDA

Más lectura:

[AUDIO] La lucha de MA OGM: de la defensa de la miel a la resistencia al modelo agroindustrial

Transgénico el 90% del maíz de las tortillas en México: académica de la UNAM

Defensores mayas en lucha contra Monsanto denuncian al gobierno mexicano por hostigar e intentar dividirlos

[GUÍA EN PDF] El lobby de Monsanto: un ataque contra nosotros, nuestro planeta y nuestra democracia

Comunidades se oponen a 21 proyectos mineros en la Sierra Madre de Chiapas

Reportaje de Rodrigo Soberanes publicado en Mongabay Latam el 20 Octubre 2017 en la serie «Activistas amenazados»

  • Un grupo de campesinos defiende 51 000 hectáreas de la minería.
  • Las minas están ubicadas en una importante Reserva de la Biósfera del estado de Chiapas.
  • Opositores han sido amenazados de muerte y se han registrado enfrentamientos violentos en la región.

Los campesinos que tratan de frenar 21 concesiones mineras, dentro de una zona de reserva en la Sierra Madre de México, llevan varios días y muchas horas hablando sobre cómo fue su última pelea con machetes y piedras contra un grupo de personas contratado —aseguran— por las empresas afectadas por su lucha.

Si los campesinos no olvidan esta pelea y no dejan de hablar de ella, es porque saben que después del último episodio violento, cualquier cosa puede pasar.

Esta disputa ocurre en la costa del estado de Chiapas, al sur de México, en un municipio llamado Acacoyagua. Allí, al pie de la Sierra Madre de Chiapas  —considerada como la última frontera minera del sur de México— viven más de 17 000 habitantes rodeados de las reservas de la biósfera La Encrucijada y El Triunfo, en una región conocida como El Soconusco.

Opositores a la minería en el puente donde impiden el paso a los camiones mineros. Foto: Rodrigo Soberanés.

En el caso puntual de su último enfrentamiento, señalan directamente a la minera El Puntal SA de CV, desarrolladora de la mina Casas Viejas, pero también han tenido dificultades con otras más, como el Grupo Minero Male, Honour Up Trading, GTM Mineral o personas que han identificado como las beneficiarias de las concesiones.

En esa región de reserva existen 51 000 hectáreas que podrían ser afectadas por proyectos, ya aprobados por el gobierno de México, que promoverían la apertura de 21 minas para la extracción de titanio. De esas 21 concesiones, tres ya han sido activadas y son el motivo de un intenso enfrentamiento entre opositores a la minería y las empresas que extraen el mineral.

Hoy, en los puntos estratégicos donde se instalará la logística minera, se han ido montando campamentos de lugareños —campesinos en su mayoría— opositores a ese plan de desarrollo económico empresarial para la región.

El Triunfo abarca desde zonas altas hasta parajes costeros. Es una región de más de 119 000 hectáreas que fue decretada como Reserva de la Biósfera para proteger, según el gobierno, el bosque de niebla que es el más diverso del Norte y Centroamérica, y «el ciclo hidrológico de las cuencas y la selva tropical húmeda del Soconusco».

La investigadora del Colegio de la Frontera Sur, Violeta Galicia, especialista en análisis de la minería en Chiapas, identificó anomalías graves sobre la actividad minera en general dentro de El Triunfo: dijo que la Comisión Nacional de Áreas Protegidas (CONANP) «se encuentra en una situación difícil», porque las concesiones mineras han sido aprobadas por la Secretaría de Economía del gobierno mexicano y, hasta el momento, «no existe una postura clara» de parte de esa institución —la CONANP— que se encarga de cuidar las áreas protegidas del país.

En su investigación «Cartografías del deseo en Chiapas: entre la conservación y el extractivismo», Violeta Galicia narra que trabajadores de la Conanp reciben «presión» de funcionarios de las altas esferas de esa institución, que están «posiblemente coludidos con los intereses mineros».

Y publica incluso, en el estudio, el testimonio de un trabajador de la CONANP que solicitó que su identidad se mantenga en reserva: «a nosotros como dependencia nos llega información de un proyecto y realizamos las observaciones. Decimos que no y mandamos la opinión a la Secretaría de Medio Ambiente. Entonces ellos nos regresan el oficio y nos dicen: ‘no te estamos preguntando tu opinión, te estamos avisando que se va a hacer el proyecto'».

Mongabay Latam pidió la versión de la CONANP y hasta el momento la dependencia solo ha contestado que su respuesta está en trámite.

En opinión del delegado de la Secretaría del Medio Ambiente (SEMARNAT) en Chiapas, Amado Ríos, el permiso de exploración y explotación concedidos a El Puntal se dio para extraer en bruto la materia prima y llevarla a otro lado para obtener el titanio, con lo cual, la dependencia da por hecho que la mina Casas Viejas no contamina.

Galicia identificó que la minería en El Triunfo afectará la captación de agua y el drenaje hídrico natural, con lo cual cambiaría el flujo de las filtraciones «alterando la calidad del agua debido a una contaminación por sedimentos y residuos de la actividad minera».

Reserva de la Biósfera El Triunfo. Foto: Marco Girón/ Ecosur.

Cuando los campesinos notaron la contaminación en sus ríos y detectaron varios tipos de enfermedades entre sus comunidades, crearon el Frente Popular en Defensa del Soconusco 20 de junio (FPDS) para sacar la minería de El Triunfo y se integraron a la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), una organización que trabaja en todo México y que ha seguido de cerca las amenazas que rondan a ese movimiento de resistencia.

Cuando el pueblo se enfermó

Los pobladores inconformes tienen claro cuáles son los problemas de contaminación y salud que los afectan,  pero muy poca información sobre las empresas responsables. La organización Impunidad Cero —que realiza investigaciones independientes sobre faltas o delitos que no son sancionados en México— documentó que no existe en el país un reglamento o norma con los criterios para otorgar las concesiones, y la SEMARNAT y la Secretaría de Economía no publican detalles de los proyectos.

El Instituto Mexicano para la Competitividad reveló en 2016 que «los expedientes de cada concesión solo pueden ser consultados por quien acredite interés jurídico o a través de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública». Por lo tanto, los pobladores tienen muy pocos nombres de las empresas que explotan recursos naturales en El Triunfo.

El Grupo Minero Male tiene una página web donde describe su misión en El Triunfo. «Queremos utilizar de manera sustentable el mineral que ahí existe. No haremos pozos, no dinamitaremos, no haremos túneles, no utilizaremos agua de enfriamiento, no haremos grandes movimientos de tierra», señala la empresa.

También habla de los beneficios que entregarían a la región: «Generar empleos, programas de interés social, ofrecer a las nuevas generaciones otras oportunidades de trabajo, evitar la migración de la gente, evitando así peligros y pérdidas para las familias chiapanecas, impulsar el desarrollo económico y cultural de toda la región», son las promesas que anuncia el Grupo Minero Male en su website.

Y son esos compromisos los que hace alrededor de 12 años transmitieron a los habitantes de Acacoyagua y que sirvieron para convencerlos, según recuerda Luís. «Nos dijeron cosas maravillosas, muy hermosas. Todos los ejidatarios quedamos impresionados de todo lo que nos iban a dar a cambio de que les diéramos el permiso de el paso», contó el profesor.

Opositores a la minería marchan en Acacoyagua lanzando consignas. Foto: Rodrigo Soberanés.

Pero hoy, los lugareños que en un principio estuvieron de acuerdo, se oponen francamente al desarrollo de proyectos mineros en las inmediaciones de sus comunidades, argumentando que tanto su salud como el medio ambiente se han visto gravemente afectados.

En Acacoyagua abundan las versiones sobre mortandad de peces, proliferación de enfermedades en la piel y aumento en la incidencia de cáncer en la región.

En la casa de Luís, quizá la voz con más peso dentro del grupo por su capacidad de organización y decisión dentro del movimiento, se habla de un hecho que marcó los acontecimientos recientes. Se trata de la historia de un joven sordomudo llamado Filigonio León que cada día iba al río Cacaluta a nadar por las mañanas. El chico sufrió una enfermedad en los ojos que lo llevó hasta la ceguera.

En Ciudad de Guatemala, cuenta Luís, un oculista les dijo que la causa de la tragedia fue la exposición al agua contaminada y aunque no tienen pruebas científicas para probarlo, la comunidad culpó a la minería de eso y más.

«Desde ahí comenzó la inquietud y unos compañeros de Escuintla (municipio aledaño) se presentaron en la casa ejidal y coincidió con la llegada del representante minero del Puntal, hace dos años. Ellos dieron a conocer la situación y cuando les tocó participar, la gente dijo ‘no queremos nada de minería'», contó el profesor en entrevista con Mongabay Latam.

Los pobladores de Acacoyagua reclaman por el «envenenamiento de sus aguas». Foto: Rodrigo Soberanés.

Los expertos de la organización defensora de derechos humanos, Otros Mundos, detectaron enfermedades de la piel causadas por el agua potable, encontraron que el agua de los pozos tiene capas de grasa, que el contacto con el agua de los ríos causa comezón, resequedad, agrietamiento, ronchas y manchas en la piel. También enrojecimiento, ardor y conjuntivitis en los ojos.

«Se ha observado un aumento de cáncer en el colon, el estómago, el hígado y los riñones. Datos del médico local, Juan Velázquez, afirman que la tasa de muerte por cáncer en el ejido Cacaos —en las inmediaciones de El Triunfo— subió del 7 % al 22 % entre el 2005 y el 2015», informó Otros Mundos. Son datos que coinciden con la llegada de las mineras a El Triunfo.

De acuerdo con Impunidad Cero —organización que realiza investigaciones independientes sobre faltas o delitos que no son sancionados en México— no hay aún investigaciones científicas que comprueben los problemas de contaminación y salud en la región. Por eso la investigadora Sandra Moreno Andrade, de la Universidad de Ciencias y Artes (en Chiapas), está buscando financiamientos para saldar este pendiente con la población afectada.

Mientras tanto, la población que se opone a las operaciones mineras en la reserva de biósfera ha elaborado una lista de exigencias que ayudaría a reducir la tensión: solicitan que se realice un estudio toxicológico para averiguar el vínculo entre la actividad minera y el aumento de los casos de cáncer; que se elaboren estudios geológicos para identificar los posibles niveles de radiación en las fallas de extracción de ilmenita; y que se desarrollen estudios de calidad del agua para reconocer los niveles de contaminación de los ríos Cacaluta, Cintalapa y Doña María.

Bajo esas exigencias es que nació la oposición que comenzó hace dos años con marchas, mesas de trabajo entre la población y las autoridades, y visitas constantes al municipio. Fue así como lograron que las autoridades de Acacoyagua aceptaran firmar un documento en agosto de 2017 que declara a ese municipio libre de minería durante el actual periodo de la municipalidad, que termina en 2018.

Una copia de ese documento está cubierta con un plástico y cuelga de uno de los parantes de la carpa del campamento permanente ubicado en el ejido Jalapa. Solo eso. En la práctica no tiene otra utilidad porque la minería sigue.

Las amenazas

Las protestas comenzaron hace dos años y desde entonces han ido aumentando las tensiones en la zona. Acosos, rumores sobre «levantones» (secuestros) inminentes, órdenes de aprehensión por denuncias inexistentes, amenazas verbales de muerte y enfrentamientos han sido constatados por las tres organizaciones que trabajan con los opositores a la minería (Otros Mundos, REMA y el Comité de Derechos Humanos Digna Ochoa).

El sábado 16 de septiembre se realizó una manifestación contra la minería. Participaron mujeres, hombres, un buen número de niños de cinco comunidades rurales y todos los barrios de Acacoyagua, que caminaron a pesar del calor y la humedad abrazantes de esa mañana.

La marcha ciudadana fue un suceso que suplió al tradicional desfile del Día de la Independencia en México, porque las autoridades municipales decidieron suspender el acto conmemorativo.

La manifestación contra la minería suplió al desfile de la Independencia en Acacoyagua. Foto: Rodrigo Soberanés.

Luís, profesor del pueblo y opositor a la minería, aseguró que la población de Acacoyagua está dividida a tal nivel, que hay una tensión sumamente fuerte que podría derivar en violencia y por eso —dijo— el municipio prefirió cancelar el evento cívico.

Después de la marcha, los niños volvieron a sus casas y algunos adultos se enfilaron hacia el campamento donde está la resistencia de los ciudadanos, al pie de la Sierra Madre, en el inicio de la Reserva de la biosfera El Triunfo.

El punto elegido para montar el campamento es estratégico, está en el cruce de dos caminos que son la vía de acceso para los empleados del Grupo Minero Male, quienes utilizan esa ruta para subir a realizar sus faenas de extracción de minerales. Lo que hacen, básicamente, es bloquear el ingreso a la mina Casas Viejas, situada dentro de la zona de reserva de la biósfera.

El campamento tiene lo básico: sillas, un fogón para cocinar y una lona que los protege de la lluvia. Así han permanecido desde hace dos años y, actualmente, la historia de este campamento está en su punto álgido. Saben que los recientes acontecimientos de violencia ocurridos en ese lugar entre ellos y pobladores de municipios aledaños, que según los campesinos actúan bajo consigna de los grupos mineros, pueden repetirse.

«Aquí hemos estado a punto de derramar sangre. No les permitimos el acceso, aquí vamos a estar hasta que veamos que ellos retiran toda su maquinaria y nos dejen vivir en paz como antes», dijo el profesor Joselino, habitante de la ranchería Jalapa, donde está instalado el campamento.

Para defender sus comunidades y la Reserva de Biosfera El Triunfo, los miembros de la resistencia se organizan por turnos para no abandonar el lugar y conseguir vigilar la mina toda la semana, las 24 horas del día. La idea es impedir el paso de vehículos que sean propiedad del Grupo Minero Male.

Pese al recelo que tienen contra los periodistas por el trato informativo que han recibido de la prensa local, permitieron el acceso de Mongabay Latam a su campamento.

El campamento del Frente Popular para la Defensa del Soconusco, en la comunidad de Jalapa. Foto: Rodrigo Soberanés.

Al ingresar lo primero que pudimos ver es que duermen sobre la misma tierra pero que no pasan frío en las noches porque es una zona de intenso calor y humedad, aunque sí quedan expuestos a las picaduras de mosquitos. Reciben apoyo de otras organizaciones para comprar alimentos y comen tres veces al día.

«Nos organizamos por grupos, nos vamos turnando. Aquí dormimos, aquí es la cama donde dormimos», contó mientras señalaba el suelo Gabriela Ordóñez Espinoza, habitante de la ranchería El Castaño, de Acacoyagua.

De acuerdo con la organización Otros Mundos, ya hay cuatro proyectos en Acacoyagua en fase de exploración y explotación de ilmenita, la piedra de la cual se extrae el titanio.

Los expertos de Otros Mundos han estudiado el caso durante dos años y han levantado varias observaciones sobre la forma de trabajo de los grupos empresariales que están en la región del Soconusco impulsando la minería. De acuerdo con esa organización, la mayor parte de las concesiones están a nombre de «prestanombres de empresas extranjeras», entre ellas GTM Mineral, de China; y Honour Up Trading, de Estados Unidos, las cuales ya han hecho obras en la región.

Tanto Otros Mundos como los pobladores que se oponen a la minería, no se cansan de repetir que tanto la zona núcleo de la Reserva de la Biósfera de El Triunfo, así como la zona de amortiguamiento y la zona de influencia se verían afectadas con los proyectos mineros.

Gráfico realizado por Colectivo Geocomunes y Otros Mundos A.C. (ver el mapa en alta calidad)

>> LEER EL REPORTAJE COMPLETO <<

{YOUTUBE}csoQarSWQCQ{/YOUTUBE}

Más lectura:

«Yo pensaba qué bello es mi pueblo, qué rico es. No sabíamos que era la muerte»

 

Defensores y defensoras de la costa de Chiapas exigen el cese de la minería ante el Gobernador

La REMA se solidariza con los opositores a la minería en la costa de Chiapas

Opositores a la minería en la costa de Chiapas sufrieron dos agresiones en una semana

Tratado vinculante de la ONU sobre empresas y derechos humanos: urge que los Estados hagan avanzar las discusiones

Comunicado de la federación Amigos de la Tierra Internacional (ATI), de la cual forma parte Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México – A 19 de octubre 2017

Con motivo de la próxima ronda de negociaciones en materia de un tratado de las Naciones Unidas sobre empresas transnacionales y derechos humanos en Ginebra, del 23 al 27 de octubre de 2017, Amigos de la Tierra Internacional urge a los Estados a que participen de forma constructiva en las negociaciones para el establecimiento de un tratado vinculante que obligue a las empresas transnacionales a rendir cuentas por las violaciones de derechos humanos y ambientales que cometan.

Lucia Ortiz (Amigos de la Tierra Internacional), dijo:

   «Existen actualmente cientos de acuerdos legalmente vinculantes que protegen los intereses comerciales de las empresas transnacionales en el extranjero, pero ninguno que las haga rendir cuentas en materia de derechos humanos. Necesitamos un tratado vinculante que refrene las violaciones. Sobre la mesa se encuentran actualmente elementos concretos del tratado que proporcionan una base mínima para la negociación, pero es necesario proteger el proceso de la ONU de la influencia indebida de las grandes empresas y evitar los conflictos de intereses que implica la participación de actores no estatales.»

Según Amigos de la Tierra Internacional y sus grupos miembro de todo el mundo, las empresas transnacionales impulsan las crisis mundiales climáticas, alimentarias, financieras y humanitarias y es necesario acabar con su menosprecio hacia el medioambiente y la intimidación de los activistas locales que lo defienden.

Apollin Koagne Zouapet (Amigos de la Tierra África) sostuvo:

   «Para las miles de comunidades afectadas por la impunidad de las empresas en África y en todas partes del mundo, un tratado ofrecería el derecho a la justicia a través de un tribunal internacional. En algunos casos, la supervivencia misma de determinados pueblos indígenas locales depende de ello.»

Alberto Villarreal (Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe) afirmó:

   «Las empresas transnacionales devastan nuestros territorios con el fin de impulsar sus ganancias aún más, pero se esconden detrás de cientos de identidades nacionales y sus cadenas de suministro para escapar de la responsabilidad por los impactos de sus decisiones. Este velo empresarial debe levantarse y los responsables políticos de las empresas deben rendir cuentas.»

Khalisah Khalid, Amigos de la Tierra Asia Pacífico, dijo:

   «Las instituciones financieras internacionales y las empresas transnacionales gozan actualmente de inmunidad que las protege de ser demandadas legalmente. El tratado debe permitir a las partes afectadas hacer que las empresas rindan cuentas en tribunales locales e internacionales. También debe proteger a los/as defensores/as del medioambiente, especialmente a las mujeres, que son más vulnerables a la presión que sufren cuando defienden sus territorios contra la codicia de las empresas.»

Anne van Schaik, Amigos de la Tierra Europa, declaró:

   «La Comisión Europea (CE) continúa reticente a participar en este proceso. Sin embargo, los ciudadanos europeos y el parlamento europeo se han manifestado varias veces y apoyan el tratado. Francia adoptó recientemente una ley sin precedentes relativa al deber de diligencia de las empresas multinacionales en 2017, que podría servir de inspiración. La CE debe aprovechar esta oportunidad y demostrarle a sus ciudadanos que le importan los derechos humanos.»

Esta será la tercera sesión del grupo de trabajo intergubernamental (IWG por su sigla en inglés) sobre empresas transnacionales y otras empresas en materia de derechos humanos. Se espera que se negocie un borrador de los elementos del Tratado y las organizaciones ambientales, las comunidades afectadas y los movimientos sociales de todo el mundo se movilizarán para monitorear el proceso de la ONU y sus resultados.

Una delegación de Amigos de la Tierra Internacional estará presente en la sesión, entre ellos activistas que trabajan por la justicia ambiental, defensores/as de los derechos humanos y representantes de comunidades afectadas de: Brasil, Camerún, Colombia, El Salvador, Finlandia, Francia, Honduras, Hungría, Indonesia, Mozambique, Países Bajos, Nigeria, Rusia, Sri Lanka, Suecia y Uruguay.

Más información:

–  Informe: Los derechos de los pueblos frente al poder empresarial en América Latina

– Sitio web oficial del grupo de trabajo intergubernamental sobre empresas transnacionales y otras empresas en materia del respeto de los derechos humanos

– Declaración del Movimiento Global por un Tratado Vinculante

– Sitio web de la Semana de movilizaciones en Ginebra, llevada a cabo por los grupos miembro de Amigos de la Tierra y aliados

Portavoces disponibles toda la semana en Ginebra:

– Lucia Ortiz, coordinadora del programa Justicia Económica y Resistencia al Neoliberalismo de Amigos de la Tierra Internacional: +55 48 99915 0071 o lucia@foei.org

– Anne van Schaik, Amigos de la Tierra Europa (Países Bajos): +31 6 243 43968 o anne.vanschaik@foeeurope.org

– Juliette Renaud, Amigos de la Tierra Francia: +33 6 37 65 56 40 o juliette.renaud@amisdelaterre.org

– Alberto Villarreal, campañista de comercio e inversiones, Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (Uruguay): +598 98 556 360 o comerc@redes.org.uy

– Khalisah Khalid, Amigos de la Tierra Asia Pacífico (Indonesia): +62813 1118 7498 o sangperempuan@gmail.com

– Apollin Koagne Zouapet, Amigos de la Tierra África (Camerún): +237 754 18644 o akoagne@cedcameroun.org

– Karin Nansen, presidenta de Amigos de la Tierra Internacional: +598 98 707 161 o chair@foei.org

Aidez-nous à construire une auberge dans notre centre écologique Alter Natos dans le Chiapas !

ENGLISH VERSION

VERSIÓN EN ESPAÑOL

Nous, membres de l’association mexicaine de défense du territoire Otros Mundos A.C., avons lancé une campagne de collecte de fonds sur la plateforme solidaire Generosity.com. Nous avons besoin de 120 00 dollars pour terminer de construire une auberge de 320 mètres carrés por 40 personnes dans notre Centre Ecológique Alternatif «Alter Natos» à San Cristobal de las Casas, dans l’État du Chiapas, Sud-Est du Mexique. Nous pourrons alors recevoir et loger les habitants de communautés rurales du Chiapas, d’autres États du Mexique et d’autres pays, qui viendront partager leurs connaissances et leurs expériences dans notre centre, pour concevoir ensemble de nouveaux modes de vie plus respectueux de la Nature.

{YOUTUBE}0bOq22eRNHE{/YOUTUBE}

>> VOIR NOTRE CAMPAGNE SUR LE SITE DE GENEROSITY <<

Otros Mundos A.C./Les Amis de la Terre Mexique est une association née il y a dix ans à San Cristobal de las Casas, dans l’état du Chiapas, dans le Sud-Est du Mexique. Depuis lors, nous accompagnons des communautés et des movements sociaux qui défendent les fleuves et les rivières, la souveraineté alimentaire, la santé, les terres et les territoires, face à la déprédation capitaliste. Notre travail a pour but de renforcer les droits collectifs et de construire ce que nous appelons les Alter Natos: les formes de vie qui diffèrent du système dominant et naissent d’en bas, des peuples.

C’est dans le cadre de ce travail que nous avons commencé en février 2015 à construire notre Centre Écologique Alternatif «Alter Natos» dans les montagnes qui entourent San Cristobal de las Casas. Il s’agit d’un lieu de partage et d’apprentissage collectif, construit avec des matériaux naturels et des écotechnologies, en harmonie avec l’environnement. L’idée d’ «Alter Natos» est de contribuer à la recherche d’alternatives aux problèmes sociaux et environnementaux que doivent affronter les centres urbains, tels que la pollution de l’air et de l’eau, les systèmes d’accès à l’eau déficients ou nuls, l’absence d’eau courante potable et la déforestation qui accélère le réchauffement climatique.

Nous avons achevé 75% de la construction jusqu’ici, mais nous avons besoin de votre aide (120.000 dollars) pour la touche finale: l’auberge dans laquelle nous recevrons les personnes qui viendront réaliser leurs activités dans notre centre. Cette auberge de 320 mètres carrés sera construite avec des matériaux naturels et des techniques de bio-construction: des structures en bambou, des murs en terre, des toitures végétales (ou toits verts), des toilettes sèches ou encore un système de récupération des eaux de pluie. Il pourra abriter 40 hôtes et disposera de 10 chambres partagées, de douches, de toilettes sèches, d’un salon et d’une buanderie.

Si vous nous aidez, nous aurons la possibility d’héberger des centaines de personnes chaque année pour qu’elles puissent profiter de notre Centre Écologique Alternatif «Alter Natos», construit avec amour et respect envers la Nature. Dans le Centre, nos hôtes pourront utiliser différentes écotechnologies qui permettent d’avoir un usage plus durable et propre de l’eau et de l’énergie, ainsi que de mieux gérer les déchets. L’endroit est parfait pour tout travail de groupe, aussi bien pour les ateliers que nous organisons régulièrement avec les communautés que nous côtoyons, que pour des retraites que certains aimeront organiser dans le cadre de thérapies alternatives, ou encore des sessions de méditation. L’atmosphère se prêtera au dialogue, à l’apprentissage et aux processus de création.

Nous pensons que la connaissance est un bien commun et désirons qu’Alter Natos soit un lieu qui invite au rassemblement et au partage d’expériences, de rêves et d’espoirs, pour rendre possible la construction collective d’autres mondes.

Nous donnerez-vous un coup de main ?

Plus d’info:

– Notre page Facebook: @otrosmundos.chiapasac

– Notre compte Twitter: https://twitter.com/OtrosMundosChia

Convocatoria: Súmate a las brigadas del CDH Digna Ochoa por la bioreconstrucción de la costa de Chiapas

El 7 de septiembre 2017, un sismo de magnitud 8.2 con epicentro en el golfo de Tehuantepec destruyó miles de viviendas en la zona costa de Chiapas. Según el Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa A.C., se registran daños totales o parciales en 4700 viviendas de Tonalá, 4300 de Ariaga y 2100 de Pijijiapan.  A más de un mes de los hechos, muchos habitantes se sienten olvidados por las autoridades. Unos ni fueron visitados por Protección Civil. Otros se enteraron que sin certificado no podrán recibir ninguna ayuda oficial. Los demás no tienen información precisa de cuándo recibirán un apoyo del Fondo de Desastres Naturales (el FONDEN) para reconstruir sus casas.

>> VER EL REPORTAJE DE AL JAZEERA (AJ+) <<

Ante la gravedad de esta situación, que implica graves problemas humanitarios, el Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa A.C. propone a habitantes voluntarios iniciar un proceso de bio-reconstrucción comunitaria en los próximos días, que implica la participación voluntaria de personas solidarias de todos lados. El CDH Digna Ochoa A.C., con sede en Tonalá, y el colectivo Cambalache, con sede en San Cristóbal de las Casas, corrdinarán los grupos de trabajo voluntario.

En esta etapa de la bio-reconstrucción comunitaria, se necesitan:

  • CONSTRUCTORE/AS (ARQUITECTOS, INGENIEROS, BIOCONSTRUCTORES, CARPINTEROS, SOLDADORES, ALBAÑILES, MAESTROS DE OBRA): Experiencia de obra mínimo 1 año. Capacidad de evaluar estructuras, proponer soluciones y supervisar obras. Conocimientos en bioconstrucción (ecotecnologías, bambú, tierra cruda, madera).
  • MANO DE OBRA: No es necesaria experiencia previa. Se requiere resistencia física para acarreo de material, trabajo pesado (cargar, excavar), uso de herramientas manuales y eléctricas.
  • CAPACITADORE/AS: Experiencia en construcción de mínimo un año. Habilidad para comunicar y compartir el conocimiento, facilitar proceso de acción participativa y círculos de diálogo.
  • DISEÑADORE/AS: Manejo de programas (Sketchup, Archicad, Autocad, Photoshop, Illustratror).

Si quieres sumarte a este proceso y tienes unas de estas habilidades, comunícate con el Cambalache:

cambalach@autoproduzioni.net – 967 146 41 41 – Calle de los Arcos #5C, Barrio de Cuxtitali, San Cristóbal de las Casas, Chiapas

>> DESCARGAR LA IMAGEN <<

>> DESCARGAR LA IMAGEN <<

>> DESCARGAR AUDIO: ANTE EL ABANDONO, SE VUELVE NECESARIA LA RECONSTRUCCIÓN COMUNITARIA  <<

Más info:

Ante la destrucción y el olvido, la solidaridad de los pueblos de la costa de Chiapas

La minera canadiense Blackfire en Chiapas contra defensores de los territorios y de la vida

Capítulo 3 del informe de Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC) «Los Derechos de los Pueblos frente al poder empresarial en América Latina

>> DESCARGAR EL INFORME COMPLETO <<

>> IN ENGLISH <<

Por Gustavo Castro Soto – Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México

Según el Departamento de Recursos Naturales de Canadá (NRCAN por sus siglas en inglés), 52% de las empresas mineras en el mundo cotizan en las bolsas de valores de Canadá. México se ubica en segundo lugar en el mundo en términos de los bienes mineros canadienses fuera de Canadá. En 2015, 11.3% o CAD$19.4 mil millones de los bienes mineros canadienses fuera de Canadá se radicaron en México en manos de 125 empresas mineras, superado solamente por los Estados Unidos con 14.5%. Según la Secretaría de Economía de México, hasta 2013, las empresas mineras canadienses representaban 69% de las empresas mineras extranjeras operando en México.

En el estado de Chiapas existen 99 concesiones mineras – de diversas empresas entre ellas canadienses – activas en 16 municipios que abarcan un millón de hectáreas (25% de la superficie territorial de la entidad). Entre los años 2007 a 2010, la empresa minera Blackfire Exploration, con sede en Calgary, Canadá , y su filial Blackfire Exploration México S. de R. L., se encontraban en operación en el municipio de Chicomuselo para la extracción de barita, a través de la mina Payback/La Revancha, misma que se encuentra ubicada en el ejido Grecia, municipio de Chicomuselo. Para llegar al Ejido Grecia y a la mina se requiere pasar por el ejido Nueva Morelia. El municipio de Chicomuselo cuenta con casi 40 mil habitantes y con el 90% de la población en pobreza con actividades de agricultura y ganadería de subsistencia.

El líder ambientalista y coordinador local de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), Mariano Abarca Roblero, fue criminalizado y posteriormente privado de la vida el 27 de noviembre de 2009 como consecuencia de su actividad en contra de los efectos negativos de la actividad de la mina Paypack/La Revancha, propiedad de la empresa canadiense Blackfire Exploration. Abarca está marcado por su trabajo en defensa de la tierra, a un medio ambiente sano y contra los efectos negativos de la mina y sistemáticas violaciones a los derechos humanos. Sufrió sucesivas amenazas y ataques físicos provenientes de personas vinculadas a la empresa, denuncias penales llevadas a cabo por él sin que prosperaran y concluyeran en castigo a los responsables. Por el contrario, sí prosperaban, y con extraña agilidad, acusaciones penales interpuestas por la empresa Blackfire, con el respaldo de la embajada canadiense, en contra de Mariano Abarca por delitos inverosímiles, usualmente utilizados para contrarrestar la actividad de defensores de derechos humanos, como la asociación delictuosa, delincuencia organizada y ataques al Estado, entre otros, que justificaron su detención, arraigo y posterior liberación. La impunidad para con quienes amenazaron y atacaron su integridad física, y su detención por el estado, fortalecen la presunción de que su asesinato correspondió a una decisión última llevada a cabo por los dirigentes de la empresa en connivencia con las autoridades del gobierno del estado de Chiapas, que a la vez había sido presionada por la embajada canadiense a favor de los intereses de la empresa.

Antes de iniciarse la operación de la mina con los ejidos Grecia y Nueva Morelia; tanto el gobierno como la empresa violaron el derecho a la consulta previa; el primero al otorgar la concesión minera sin consultar a la población, el segundo al no realizar el proceso informativo. La empresa también violó derechos de los habitantes del ejido Grecia, al arrendar tierras ejidales sin el debido procedimiento agrario y sin acuerdo de toda la población, virtud que los efectos de la actividad minera afectan a todos los habitantes y no solo a ejidatarios. Por lo tanto, el Estado mexicano ha violado en su perjuicio los artículos 1.1 (Obligación de respetar los derechos humanos), 4 (derecho a la vida), 5 (derecho a la integridad personal), 7 (derecho a la libertad personal), 8 (garantías judiciales), 15 (derecho de reunión), y 25 (protección judicial) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

{YOUTUBE}l1M-lUnfxrE{/YOUTUBE}

>> Mariano Abarca, la historia de un asesinato anunciado <<
>> Firma nuestra carta en línea: ¡Justicia para Mariano Abarca! <<

Blackfire utilizó diversos mecanismos para asegurar su inversión y su impunidad en el asesinato y la corrupción. El gobierno mexicano garantizó por ley priorizar el uso del suelo para la explotación minera donde hubiera concesiones. Por ello las autoridades ambientales y otras dependencias gubernamentales federales y estatales facilitaran las inversiones mineras. La empresa canadiense logró obtener los favores políticos del gobierno de Chiapas, así como del presidente municipal de Chicomuselo al que le otorgó dinero a su cuenta personal para que asegurara e proyecto y controlara a la oposición. Esta demanda de corrupción fue interpuesta ante las autoridades canadienses misma que luego de algunos años desestimaron.

Los directivos de la empresa Blackfire dividieron a la comunidad. Otorgaron dinero a las autoridades para que éstos llevaran a cabo el convencimiento de la comunidad y aceptaran el proyecto minero. Lograron también el apoyo de algunos sectores económicos locales que se beneficiarían de la inversión como taxistas, hoteleros, trabajadores, transportistas, mismos que hacían eco de los hostigamientos y discursos de la empresa contra los opositores. Por otro lado, la empresa canadiense contrató a personal local dentro de su plantilla. El mismo encargado de las relaciones públicas de la empresa Blackfire poseía armas con las cuales amedrentaba y amenazaba a los opositores.

Los trabajadores de la empresa canadiense no solo amenazaron a Mariano Abarca, sino que intentaron corromperlo, los hostigaron e incluso golpearon. La empresa canadiense le inventó cargos vinculados a delitos de Asociación delictuosa y Atentados contra la Paz y la Integridad del Estado por lo que Abarca fue preso y luego liberado por la presión de la campaña nacional e internacional que implementó la organización Otros Mundos AC/ Amigos de la Tierra para su liberación. Mariano Abarca denunció ante funcionarios de la embajada de Canadá en la Ciudad de México que la empresa Blackfire le acosaba y que le amenazaban de muerte, por lo que la embajada sería responsable también si algo le pasara. Al final, fue asesinado.

La misma embajada de Canadá apoyó y asesoró a la empresa para facilitar su proyecto minero y la impunidad de sus actos. El gobierno mexicano ha otorgado todo su respaldo político y legal a las inversiones mineras pese a la sistemática violación a los derechos humanos e incluso a otros pasivos ambientales irreversibles. Luego del asesinato de Abarca Roblero el gobierno entorpeció las investigaciones, no avanzó en ellas. La investigación penal no fue llevada a cabo con la debida diligencia, puesto que no se esclarecieron debidamente los hechos ni se determinaron las responsabilidades de quienes actuaron como autores directos e indirectos en el crimen. A la fecha, la averiguación previa ha retornado al Ministerio Público para continuar con la investigación penal.

El asesinato de Mariano Abarca Roblero originó el inicio de una investigación ministerial, la número 051/FS10/2009, en la que declararon diversas personas como testigos, entre ellos Mario López Zunún y José Mariano Abarca Montejo, quienes afirmaron haber visto que quien huía de la escena del crimen portando un arma fue Jorge Carlos Sepúlveda Calvo, ex contratista de la empresa Blackfire. No obstante, la investigación penal no profundizó en el esclarecimiento de los hechos, el Ministerio Público indujo a los testigos en función de responsabilizar a una persona, diciéndoles que otras personas, que no habían aceptado declarar, vieron que el autor de los disparos fue Sepúlveda Calvo. Adicionalmente, el Ministerio Publico no llevó acabo otras diligencias, que habrían resultado importantes al momento de establecer responsabilidades, como son la identificación del arma utilizada, la trayectoria de los disparos, la altura probable del autor en función de la ubicación de los disparos en la anatomía de Abarca Roblero y Velázquez Rodríguez. La indagatoria tampoco amplió la investigación al interrogatorio de otras personas que pudieron aportar información testimonial sobre hechos previos y posteriores al crimen.

La causa penal 11/2010 del Juzgado Primero del Ramo Penal con sede en Cintalapa, Chiapas, en que constan los hechos relativos al crimen, carece de información que indique el desarrollo y agotamiento de una línea de investigación en relación a la probable participación de los directivos de la empresa Blackfire Exploration México en los hechos, pese a que los antecedentes del crimen suponen la alta probabilidad de estar involucrados. En ningún momento fueron escuchados en declaración, como no lo fue el Subsecretario de Gobierno que habría vertido expresiones de amenaza a la vida de Abarca Roblero.

Durante el año 2010 fueron aprehendidos Caralampio López Vázquez y Jorge Carlos Sepúlveda Calvo. También fueron detenidos los señores Caralampio López Vázquez y Ricardo Antonio Coutiño Velasco. Caralampio López Vázquez fue «empleado» de la empresa (gerente de personal y de seguridad de Blackfire, además de traductor y chofer de un ejecutivo de Blackfire). Ricardo Antonio Coutiño Velasco fue “contratista” y dueño de un camión que manejaba para Blackfire. Ahora, todos en libertad. Sin embargo, el gobierno utilizó el asesinato para perseguir a otros enemigos políticos.

Al privar de la vida a Mariano Abarca Roblero, el agente del Ministerio Público inicio, de oficio, la averiguación previa en Enero de 2010. El Juez Primero del Ramo Penal con sede en el municipio de Cintalapa, Chiapas, abrió el expediente penal iniciando el proceso penal. En junio de 2013, se dictó sentencia absolutoria a favor de la única persona inculpada por el crimen, Jorge Carlos Sepúlveda Calvo, ex contratista de la empresa Blackfire Exploration. En mayo de 2015, la Sala Regional Colegiada en materia Penal Zona 1, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas, al resolver la apelación interpuesta en contra de la sentencia absolutoria confirma la misma sin que exista ningún otro recurso legal interpuesto en contra de la misma. Sin embargo, el Ministerio Público no siguió con la investigación.

En julio del año 2016, la esposa de Mariano Abarca Roblero solicitó que se le informara de las diligencias de investigación, pero hasta la fecha no hay respuesta. En marzo de 2017 solicitó la práctica de diligencias de prueba y que se girara citatorio para que comparecieran Horacio Culebro Borrayas, Nemesio Ponce Sánchez y Julio César Velázquez Calderón, para ampliar sus declaraciones ministeriales. En abril ella compareció ante la Fiscalía Especial de Investigación de los Delitos de Homicidio para ratificar la solicitud. Sin embargo, desde el asesinado de Mariano Abarca Roblero, y desde que fue absuelta la única persona procesada, no se ha llevado a cabo ninguna investigación adicional.

El Estado mexicano fracasó en su obligación convencional de proteger la vida de Mariano Abarca Roblero, privilegiando los intereses empresariales y respondiendo a las gestiones de la embajada canadiense. También fracasó en prevenir que su vida fuera interrumpida, y en garantizar el ejercicio del derecho, pese a conocer que se encontraba en riesgo. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (la Corte o la Corte Interamericana) ha sido enfática al precisar las obligaciones de los estados con relación al derecho a la vida.

La Corte Interamericana, ha establecido que la responsabilidad del Estado surge aun cuando no existe identificación individual del agente transgresor. Para establecer que se ha producido una violación de los derechos consagrados en la Convención no se requiere determinar, como ocurre en el derecho penal interno, la culpabilidad de sus autores o su intencionalidad, y tampoco es preciso identificar individualmente a los agentes a los cuales se atribuyen los hechos violatorios. Es suficiente la demostración de que ha habido apoyo o tolerancia del poder público en la infracción de los derechos reconocidos en la Convención, u omisiones que hayan permitido la perpetración de esas violaciones.

Hay elementos para suponer la responsabilidad directa del Estado por acción de sus agentes en la privación de la vida de la víctima; sin embargo, aun suponiendo que quienes llevaron a cabo el acto fueran particulares vinculados a la empresa minera, la responsabilidad del Estado mexicano subsiste, dado el respaldo y tolerancia para sus actos que supuso la impunidad ante las denuncias de Abarca Roblero, y la detención sin causa justificada que sufriera tres meses antes del crimen. Para la Corte Interamericana, «es suficiente la demostración de que ha habido apoyo o tolerancia del poder pЬblico en la infracciЧn de los derechos reconocidos en la Convención, u omisiones que hayan permitido la perpetración de esas violaciones.»

Sin embargo, no se ha logrado establecer responsabilidades penales contra los autores corporativos intelectuales violadores de los derechos humanos allende sus fronteras. También se ponen trabas jurídicas para identificar a los empleados nacionales como empleados de la empresa transnacional. Ni siquiera el caso administrativo contra Blackfire sobre la corrupción prosperó en Canadá, el paraíso fiscal, político y de impunidad de las trasnacionales mineras en el mundo. Esta impunidad se refuerza con los Tratados de Libre Comercio que facilita esta impunidad al obligar a los estados a modificar las legislaciones y otras medidas arancelarias, de lo contrario las demandas económicas son tan enormes e en su contra como insostenibles para los gobiernos.

La estrecha vinculación de intereses entre los estados y las corporaciones, los intereses de inversiones millonarias en juego, impide acceder a la justicia plena. Por ello urge un Tratado vinculante para responsabilizar a las corporaciones trasnacionales ante tanta violación a los derechos humanos y las afectaciones irreversibles al medio ambiente.

>> DESCARGAR EL INFORME COMPLETO <<

>> IN ENGLISH <<

 

Celebramos el Día Internacional de la Soberanía Alimentaria y contra las Corporaciones Transnacionales desde Chiapas

Pronunciamiento de Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México

San Cristóbal de las Casas, Chiapas, a 16 de octubre 2017

Hoy, 16 de octubre 2017, es oficialmente el Día Mundial de la Alimentación, según lo decreto la Organización de la Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) en el año 1979. Pero nosotras y muchas organizaciones en el mundo preferimos celebrar el Día Internacional de la Soberanía Alimentaria y contra las Corporaciones Transnacionales (TNCs). Exigimos un cambio de sistema que priorice la defensa de lo/as pequeño/as agricultore/as y la agroecología y proponga un verdadero modelo de soberanía alimentaria en lugar de promover falsas soluciones como la agricultura intensiva, los monocultivos y la agricultura climáticamente inteligente que favorecen transnacionales.

Vivimos un momento crítico en el que el 90.4% de las tortillas que consumimos en México contiene maíz transgénico. La mayoría de este maíz transgénico presente en nuestra alimentación básica proviene de Estados Unidos y contiene glifósato, un agrotóxico cancerígeno usado masivamente en el cultivo en el cultivo del maíz OGM. Estamos perdiendo a la vez nuestra soberanía alimentaria y nuestra salud.

Desde Chiapas, reconocemos la enorme e indispensable labor de las mujeres de nuestra entidad, de todo México y de todo el mundo en la incansable lucha por nuestra Soberanía Alimentaria. Somos testigo/as día con día en nuestros territorios de que su gran trabajo es el que nos permite seguir consumiendo alimentos locales y sanos en un contexto de permanente agresión por parte de las transnacionales que nos quieren envenenar y someter a la voluntad de la industria agroalimentaria. Exigimos que se reconozca, se respete y se valore su trabajo, y que se les den un mayor acceso a la tierra. No es aceptable que hoy en día, las mujeres campesinas sean mil 600 millones en todo el planeta y posean sólo el 2% de la tierra [Fuente: Women’s World Summit Foundation (WWSF, 2007)]

Fotos: Imágenes del «Festival del Maíz de las Mujeres» convocada por Mujeres y Maíz A.C. y Otros Mundos Chiapas A.C./Amigos de la Tierra México en San José Buenavista, en el municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, el 30 de septiembre 2017. (Crédito: Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México)

En México está prohibida la siembra de maíz transgénico con fines comerciales pero existen terrenos de experimentación que ya generaron la dispersión de semillas OGM y por ende la contaminación de nuestras semillas criollas. Para que se acerquen al tema de la defensa de las semillas en América latina (Ecuador, Brasil, Costa Rica, México, Honduras, Argentina, Colombia y Guatemala.Ecuador, Brasil, Costa Rica, México, Honduras, Argentina, Colombia y Guatemala), les compartimos el documental «Semillas, ¿bien común o propiedad corporativa?», realizado este año por varias organizaciones del continente y editado por Radio Mundo Real, la radio en linea de Amigos de la Tierra Internacional, federación de la cual formamos parte.

{VIMEO}218841301{/VIMEO}

«Las protagonistas son las semillas criollas, nativas, nuestras, en manos de las comunidades campesinas y los pueblos indígenas. El documental aborda la defensa de las semillas nativas como parte integral de la defensa del territorio, la vida y la autonomía como pueblos, la relación entre las mujeres indígenas y las semillas nativas, los flujos de semilla en las comunidades, la historia del origen del maíz, las ceremonias mayas sobre la importancia de las semillas, el agradecimiento y bendición de semillas, las ferias e intercambios de semillas, y las experiencias locales de recuperación y manejo de semillas criollas.»

¡Vivan las mujeres campesinas de Chiapas y todo México!

¡Vivan nuestra diversidad de semillas criollas y nuestra soberanía alimentaria!

Más lectura:

Alimentamos nuestros pueblos y construimos movimiento para cambiar el mundo

Disputar las inversiones y la promoción del comercio como forma de consolidar la Agroecología

¡Soberanía alimentaria para enfriar el planeta!