Frente Popular en Defensa del Soconusco denuncia criminalización y hostigamiento por defender su tierra de la minería

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Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a 09 de Diciembre del 2015.

-Pobladores del municipio de Escuintla, Chiapas denunciamos la falta de resolución  de las autoridades municipales y estatales a las afectaciones que viven nuestras familias por la actividad minera en el ejido Nueva Francia.

-Expresamos preocupación por la criminalización y hostigamiento que viven miembros del Frente Popular en Defensa del Soconusco “20 de Junio” por defender su tierra.

A partir del 20 de junio del presente año habitantes de los municipios de Acacoyagua y Escuintla conformamos un frente para analizar y denunciar los impactos de la explotación de titanio e ilmenita en nuestros ejidos y comunidades. A casi 10 años de que diversos proyectos mineros se instauraron en nuestra región, la población detecta afectaciones, como la contaminación del río, enfermedades en la piel y cáncer en mujeres, adolescentes y niños/as, división comunitaria, compra de conciencias, falsas promesas de desarrollo, construcción de infraestructura para los ejidos y empleo, así como diversas problemáticas entre los habitantes por conflictos de intereses.

Es por está razón que las y los habitantes de los ejidos de Independencia, Nueva Francia, Cintalapa y del municipio de Escuintla decidimos, en nuestro derecho a la participación sobre la vida y desarrollo de nuestro territorio, hacer un llamado a las autoridades municipales, estatales y federales para solicitarles información del estado actual de los proyectos de explotación minera “El Bambú”, “Nueva Francia” y de la trituradora “Pataste”, vigilancia del cumplimiento de las normas ambientales; pero sobre todo a actuar frente a la evidente violación de nuestros derechos: al medio ambiente sano, la salud, la alimentación, la información y la consulta. 

Ante al decisión determinante de la población y de las peticiones a las autoridades evitamos el paso de las maquinas el 29 de septiembre, y aceptamos invitación de parte del presidente municipal de Escuintla, él Ing. Mauro Cruz Javaloi para presentar la problemática al subsecretario de gobierno Juan Francisco Plaza Quevedo, quienes se comprometieron a interceder ante la Secretaría del Medio Ambiente (SEMARNAT), la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y la Procuraduría Federal de Protección Ambiental (PROFEPA). Este proceso de interlocución nos llevó dos reuniones de trabajo, donde nos informaron que el proyecto minero “Nueva Francia”, a cargo de Héctor Silva no cuenta con la aprobación de la Manifestación de Impacto Ambiental para la explotación, por lo tanto no tiene derecho a continuar trabajando, y que la trituradora “Pataste” cuenta con un informe preventivo emitido por la CONAGUA por no cumplir con las normas para la calidad de agua. Ante las evidentes irregularidades con las que operan los proyectos mineros solicitamos que la PROFEPA inspeccionara, pero además que las autoridades coadyuvaran para vigilar que se ejerzan las sanciones correspondientes y la suspensión definitiva de las actividades, sin embargo las autoridades: no accedieron a brindarnos las evidencias de la no aprobación de la MIA de “Nueva Francia” ni del informe preventivo de la CONAGUA, argumentando que es información confidencial que nosotros debíamos buscar mediante Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI); no nos permitieron ser parte de la inspección que la PROFEPA realizó el 12 de noviembre, ni entregaron informe ni resolución el 25 de noviembre. La falta de solución en tiempo y forma causó reacción en los y las habitantes, por lo que se realizó un bloqueo de carretera el 26 de noviembre que culminó en un nuevo dialogo sin solución, falta de respuesta de las autoridades, evidenciando la poca voluntad política para hacer justicia a los pobladores que vivimos las consecuencias de los proyectos mineros.

Además, a pesar de que las autoridades estatales se comprometieron durante mesas de trabajo a no ejercer acciones penales contra nosotros o hacer uso de la represión, durante nuestra manifestación fuimos rodeados y amenazados por la policía federal. Lo más preocupante, es el ambiente de criminalización de nuestro trabajo, generado por las autoridades estatales y municipales, así como de los medios de comunicación locales. Durante dos semanas hemos sido victimas de acusaciones graves hacia nuestras personas, donde se señalan nombres y frases como “con pistola en mano amedrentan a los pobladores”, que hemos “privado de libertad” a funcionarios del municipio de Escuintla durante el bloqueo de carretera, entre otras. Denunciamos también llamadas amenazantes a nuestras familias, vigilancia fuera de los domicilios, entrega de mensajes con amenazas. 

El Frente Popular en Defensa del Soconusco “20 de Junio” exigimos:

Entrega de informe y dictamen de inspección de la PROFEPA al proyecto “Nueva Francia”.
Cancelación definitiva los proyectos mineros “Nueva Francia”, “El Bambú” y las ocho concesiones mineras del municipio. Nuestras comunidades no permitirán más la contaminación de las tierras y las enfermedades en las familias.
Cese a la criminalización y hostigamiento que viven los miembros del Frente.

Llamamos a las organizaciones nacionales de defensa de los derechos humanos y ambientales a que estén atentos y colaboren a denunciar el riesgo en el que nos encontramos los defensores de la tierra.

Frente Popular en Defensa del Soconusco “20 de Junio”
Otros Mundos Chiapas A.C.
Centro de Derechos Humanos “Digna Ochoa”
Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA)

El poder de los pueblos cobra fuerza mientras los políticos fracasan en París

Declaración final de Amigos de la Tierra Internacional en la COP21

En las últimas dos semanas, las manifestaciones y protestas masivas ganaron fuerza en todas partes del mundo, quitándole protagonismo a las negociaciones en París sobre el clima y demostrando la fortaleza del movimiento respecto de los planes para 2016 y más allá.

Miembros de las comunidades más expuestas que ya están sintiendo las consecuencias más graves del cambio climático y las energías sucias alzaron sus voces. Los movimientos de la gente que trabaja para implementar soluciones de energía renovable controladas por las sociedades, a menudo en medio de contextos muy difíciles, se reunieron para compartir ideas e inspirarse. Indígenas, jóvenes y cientos de miles de activistas inundaron las calles de distintas ciudades y pueblos de todo el mundo para enviar un claro mensaje: exigimos justicia climática y seremos escuchados.

En París, donde las protestas públicas siguen estando restringidas debido al estado de emergencia declarado, los activistas encontraron formas creativas de torcer las reglas o fueron incluso más allá y decidieron forzar los límites del Estado policial y enfrentar las consecuencias. Durante la segunda semana de las negociaciones sobre el clima, las acciones se intensificaron y pusieron en la mira a los verdaderos delincuentes climáticos. Se denunció a las empresas contaminantes que pagan para ejercer influencia en las negociaciones sobre el clima. Se desenmascararon las falsas soluciones, que son sólo excusas y una distracción peligrosa para permitir que el PBI aumente mientras que se destruye el planeta, y se puso en evidencia a sus defensores.

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Se denunció que los sistemas injustos de producción y distribución de alimentos intensifican la crisis y empeoran los impactos del clima. Se defendió la soberanía alimentaria y más específicamente la agroecología campesina como la única solución climática segura y adecuada para nuestros sistemas alimentarios fracasados. Y nuevamente, es la gente, con métodos ya probados, que está solucionando estos problemas.

La influencia del cabildeo empresarial en las negociaciones sobre el clima de este año fue tan insidiosa como siempre. Las empresas contaminantes y otras responsables del gran daño ambiental y las graves violaciones a los derechos humanos intentaron hacerse pasar como parte de la solución a la crisis climática, pero no lo lograron. Los activistas en París y otras partes del mundo organizaron manifestaciones para develar el maquillaje verde de las empresas y la influencia que ejercen en las negociaciones. A las empresas no les compete estar en estas negociaciones y menos que menos a las contaminantes y violadoras de derechos humanos.

Climate justice peace

Desafortunadamente, las iniciativas para combatir la deforestación planteadas en las negociaciones sobre el clima a lo largo de los años han sido sumamente cínicas, como si el único propósito de los bosques fuera ser esponjas para absorber las emisiones excesivas del Norte global. Los bosques son ecosistemas complejos y dinámicos a los que no se les puede asignar otro propósito como por arte de magia. Debemos encarar la deforestación de manera urgente y razonable. Lamentablemente, demasiadas ideas en los pasillos de la ONU implican otorgar licencias para continuar deforestando con el argumento de que se puede “compensar” plantando árboles en otro lugar. Todo esto hace caso omiso del hecho que hay millones de personas que viven en los bosques, que entienden cómo funcionan los ecosistemas, saben cómo manejarlos de manera sustentable y son los mejor posicionados para proteger la inviolabilidad de sus hogares y recuerdos ancestrales. Y a medida que avanzaban las negociaciones, gente de todo el mundo se reunía para fortalecer sus conocimientos sobre manejo comunitario de bosques y manifestarse para rechazar las falsas soluciones frente a la deforestación y la crisis climática.

Una nueva ronda de negociaciones sobre el clima acaba de terminar, develando el fracaso de los llamados líderes mundiales y una falta inexcusable de justicia y ambición. El acuerdo abandonó a la gente y el planeta. Sin embargo, el movimiento por la justicia climática, por las soluciones populares, la equidad, la solidaridad, por el planeta, por la esperanza y la paz, desencadenó un torrente de ambición invencible.

Este es un movimiento arraigado en los reclamos de la gente que ya enfrenta los efectos del cambio climático y las comunidades cuyas vidas y bienestar se ven amenazados. Es un movimiento mundial en términos de su alcance y perspectivas. No tolerará la injusticia, la cobardía política ni la corrupción.

Y París demostró una vez más que nadie nos puede detener.

¡Adelante!

Imagen: Luka Tomac/Amigos de la Tierra Internacional

Manual Antiminero. Guía práctica para comunidades contra las minas

CentroProdh

La actividad minera en México cada día va cobrando más importancia debido al incremento de concesiones otorgadas por aparte del gobierno de nuestro país a empresas privadas (nacionales y extranjeras), representando un peligro para cientos de comunidades, pueblos y regiones. Además del riesgo que implica para las y los habitantes de las comunidades en términos territoriales, la minería tiene fuertes impactos sociales, políticos, económicos, culturales y sobre el medio ambiente.

Este manual nace con la intención de ser un material de apoyo para las diversas luchas que se enfrentan a proyectos mineros en el país, integrando experiencias y conocimientos, brindando información, haciendo visible la realidad y proporcionando estrategias para fortalecer la organización y la resistencia para la defensa de la tierra y el territorio.

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Colectivos y organizaciones se pronuncian en solidaridad con Las Abejas y a favor de la autonomía y resistencia

A la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal.
Al Congreso Nacional Indígena.
Al EZLN.
A la Sexta, en México y en el mundo.
A la Sociedad Civil Nacional e Internacional.
A nuestr@s herman@s de Los Chorros, Colonia Puebla, Kexalukum
A las y los compañeros de los medios libres, autónomos, alternativos o como se llamen.

Comp@s, herman@s,

Nosotros, desde nuestras geografías, nos hemos enterado de la situación que viven nuestr@s herman@s de las comunidades de la Sociedad Civil de Las Abejas de Acteal, en las Comunidades de Los Chorros, cuna de los paramilitares, Colonia Puebla, donde hace 2 años se desplazaron más de 100 personas durante varios meses, y Kexalukum.

En su comunicado del 2 de diciembre, la organización de Las Abejas, avisó que un grupo de personas encabezados por el agente municipal y paramilitares que participaron en los hechos previos a la masacre de Acteal, fueron el día 30 de noviembre a cortar la luz y el agua a 13 integrantes de su organización, en la comunidad de Los Chorros.

Denunciamos igualmente lo que está pasando en la Colonia Puebla, donde un miembro de Las Abejas fue encarcelado por no aceptar un cargo, así como en la comunidad Xunuch’, donde familias están amenazadas de que les van a cortar la luz, si la organización no «convence» a la CFE que están exentos de pago.

Afirmamos que los pueblos tienen derechos a rechazar los proyectos asistencialistas del mal gobierno y tienen derecho a la libre determinación. No se puede obligar a un compañero de tomar cargo de proyecto en cual no beneficia. Exigimos que se respete la resistencia y la autonomía de las y los compañeros.

Denunciamos la estrategia del mal gobierno dentro de su guerra de contrainsurgencia, entregando «programas asistencialistas» con la meta de dividir a las comunidades.

Denunciamos la presencia provocadora del Gobernador de Chiapas Manuel Velasco Suárez, en Acteal, el día 12 de noviembre haciéndose pasar por Acteal Zapatista y provocando así a Acteal Abejas, para entregar numerosos proyectos a los partidistas venidos de 20 comunidades, como estrategia de esa misma guerra de contrainsurgencia y con el propósito de confundir a los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quienes el 20 de octubre recibieron un peritaje de parte de la organización de Las Abejas, dando nuevas pruebas que las acciones de los paramilitares fueron parte clave de la estrategia contrainsurgente implementada por el gobierno de México, dentro del Plan De Campaña Chiapas 94.

A 23 años del nacimiento de la organización, a 18 años de la masacre de Acteal, denunciamos el regreso de los paramilitares liberados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación a sus comunidades. El hecho de nunca haber hecho justicia en esta masacre, provoca tensiones, hostigamientos y desplazamientos.

Por eso, exigimos:

* Un alto a las intimidaciones de los partidistas en contra de los y las que resisten y construyen su autonomía.

* Respeto a la resistencia y la autonomía de las y los compañeros Abejas, y de la Sexta en General.

* Respeto a los y las que luchan en contra de los altos tarifas de luz.

* Justicia y Castigo a los asesinos de Manuel López Pérez, a 6 meses de su cobarde asesinato.

*Un alto a la guerra de baja intensidad

FIRMAN:

*Asociación Espoir Chiapas / Esperanza Chiapas, Francia

*Sector de Trabajador Adherentes a la Sexta, Mexico

*Plataforma Vasca de Solidaridad con Chiapas

*Adhesiva, Espai de Trobada i Accio

*Adherentes a la Sexta, Barcelona

*Grains de Sable, Francia

*Colectivo Batsilk’op, Chiapas,

*Radio Zapatista, Adherentes a la Sexta, SudCalifornia

*Associacio Solidaria Cafe Rebeldia-Infoespai, Catalunya

*Kolectivo BoCa En BoCa, Chiapas

*Otros Mundos AC, Chiapas

*Mut Vitz 13, Francia

*Collectif Marseille-Ayotzinapa, Francia

*Uk Zapatista Network:

-Dorset Chiapas Solidarity Group

-Edinburgh Chiapas Solidarity Group

-Kiptik (bristol)

-London Mexico Solidarity Group

-Manchester Zapatista Collective
-UK Zapatista Education, Culture and Communication team
-UK Zapatista Translation Service
-Zapatista Solidarity Group – Essex
-Individual members of the network

*Associaziones Ya Basta, Milano

*Colectivo Paris Ayotzinapa, Francia

*Collectif Bon pied Bon Oeil Francia Mexico

*Colectivo de la Revista “Lucha Indígena”, Perú

*20zln, Italia

*Mexicanxs Unidxs por la Regularización de Montreal, MUR, Canada,

*Centro de Derechos de la Mujer, Chiapas

*Plataforma de Solidaridad con Chiapas y Guatemala de Madrid

*Casa Nicaragua, Bélgica

*Grupo CafeZ, Lieja, Bélgica

*Kolectivo Pozol, Chiapas

*Ceiba, Centro de Educacion Integral de Base AC, Comitan, Chiapas

*Xch’ulelal jlumaltik, Colectivo de videoastas independientes en Chiapas

*Strollad La Obra, Douarnenez, Francia

*Grupo de trabajo No Estamos Todxs, Mexico

*ASSI (Accion Social Sindical Internacionalista), Zaragoza

*Centro de Documentacion sobre el Zapatismo, CEDOZ

*Henri Gueguen, Francia

*Rocio Servin Jimenez, Mexico

*Margarita Rodriguez Ornela

*Hugo Blanco, Peru, Director de Publicacion

*Beatriz Amor, Vicepresidente Apdh La Costa Regional Tuyu, Bsas, Argentina

III DECLARACIÓN DE TAPACHULA POR TERRITORIOS LIBRES DE REPRESAS Y MINERÍA EN LA SIERRA MADRE del SUR Y LLANURA COSTERA DE CHIAPAS

«Acompañados por diversas organizaciones nacionales, ratificamos la declaración de que nuestras tierras y territorios SON LIBRES DE REPRESAS HIDROELÉCTRICAS Y EXPLOTACIÓN MINERA. Una vez más confirmamos nuestra posición expresada desde la primer Declaración de la VOZ EL PUEBLO, difundida el 10 de diciembre de 2013, en este mismo Parque Central».

Parque Central Miguel Hidalgo, Tapachula, Chiapas, México
8 de Diciembre de 2015

 Al Presidente de la República Mexicana, Enrique Peña Nieto
Al Gobernador del Estado de Chiapas, Manuel Velasco Coello
Al Presidente Municipal de Tapachula, Neftalí del Toro
A las demás autoridades de los tres niveles de gobierno
A las organizaciones nacionales e internacionales
Al Pueblo de México.

Siendo el 8 de Diciembre de 2015, reunidos en el Parque Central Miguel Hidalgo, Tapachula, Chiapas, México, los 40 ejidos, bienes comunales, comunidades y organizaciones sociales, campesinas e indígenas; representados por sus autoridades legales y legítimos de los núcleos agrarios, por sus delegados y delegadas provenientes de los municipios de Tuzantan, Huhuetan, Motocintla, Tapachula, Escuintla, Acacoyagua y Motozintla, Chicomuselo y Comalapa ; y acompañados por diversas organizaciones nacionales, ratificamos la declaración de que nuestras tierras y territorios SON LIBRES DE REPRESAS HIDROELÉCTRICAS Y EXPLOTACIÓN MINERA. Una vez más confirmamos nuestra posición expresada desde la primer Declaración de la VOZ EL PUEBLO, difundida el 10 de diciembre de 2013, en este mismo Parque Central, donde exigimos que las autoridades federales, estatales y municipales escuchen y respeten la decisión de los ejidos, bienes comunales, comunidades, organizaciones y pueblos, y cancelen todo tipo de acuerdo, licencia, concesión o permiso para construir estos proyectos que hayan otorgado sobre nuestras tierras y territorios.
Los pueblos tenemos el derecho al BUEN VIVIR, de definir sobre nuestro destino y patrimonio de nuestras familias, el mejor uso de nuestras tierras y territorios para lograr las mejores condiciones de vida y el respeto a los derechos humanos y de los pueblos indígenas.

Es de nuestro conocimiento que las autoridades federales, estatales y municipales de Chiapas establecen acuerdos de colaboración con las empresas para obtener autorización y permisos para la exploración de nuestras tierras y ríos con el fin de explotar minería y/o construir proyectos de hidroeléctricas en nuestro territorio. El modelo energético, de gestión del agua y de desarrollo que se pretende instalar en México, con las reformas estructurales y en particular la reforma energética amenaza nuestros pueblos, contamina y nos despoja de los bienes naturales que durante años hemos cuidado. Es por está razón que nos oponemos a los proyectos de la hidroeléctrica Chespal y Cuilco, así como a la explotación de la minería en la región.

Ante la oposición de proyectos extractivos en nuestro territorios proponemos organizarnos y vincularnos con otras luchas que también defienden sus derechos y bienes naturales del agua y la tierra, especialmente con nuestro compañeros de los municipios de Escuintla y Acacoyagua que viven las consecuencias de la contaminación por minería y quienes ahora emprenden una lucha por defender sus ríos y comunidades; saludamos a los compañeros de la Unión de Campesinos y Pescadores de la Sierra y Costa de Chiapas quienes el 30 de noviembre de este año también decretaron a sus municipios libres de presas y minerías. A nivel nacional nos unimos con todas las luchas de Jalisco, Nayarit, Puebla, Oaxaca, Guerrero y Veracruz para oponernos a la construcción de presas y solidarizarnos para denunciar y evitar la criminalización y represión hacia las y los compañeros indígenas y campesinos que defendemos los derechos de los pueblos y la naturaleza.

LA VOZ DEL PUEBLO declaramos una vez más nuestros territorios libres de represas y minería, y responsabilizamos a los tres niveles de gobierno de cualquier conflicto que pretendan generar con el fin de dividir e imponer los proyectos de despojo a costa de la violación a nuestros derechos humanos.

Nos sumamos también a los reclamos de justicia por los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, Guerrero.

¡Vivos se los llevaron, Vivos los queremos!

LA VOZ DEL PUEBLO

Acompañamos:

Frente Popular en Defensa del Soconusco 20 de Junio
Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER)
Otros Mundos Chiapas A.C.

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Cumbre sobre Cambio Climático en París: se necesita transparencia en forma urgente

Amigos de la Tierra Internacional

París, Francia. 7 de diciembre de 2015. A menos de una semana de que finalicen las negociaciones de las Naciones Unidas sobre cambio climático en París, Amigos de la Tierra Internacional advirtió que no se ha permitido la asistencia de observadores de la sociedad civil a partes fundamentales de las negociaciones, y exigió absoluta transparencia en la Cumbre.

Durante la primera caótica semana de la conferencia, muchas negociaciones tuvieron lugar en múltiples reuniones “oficiosas” y de subgrupos en perjuicio de muchos países en desarrollo, cuyas delegaciones son demasiado pequeñas para poder asistir a todas las reuniones importantes al mismo tiempo. Muchos países en desarrollo afirmaron que las organizaciones de la sociedad civil son una fuente vital de experiencia para las delegaciones más pequeñas.
Sin embargo, los observadores de la sociedad civil, entre ellos Amigos de la Tierra Internacional, fueron excluidos de todos los foros, excepto el principal, donde las partes informaron que no hubo progreso en las negociaciones.

“Las negociaciones deberían desarrollarse de manera transparente, sin discriminar a las delegaciones de los países pequeños y en plena presencia de la sociedad civil. Apoyamos a los 135 países en desarrollo que criticaron a muchos países desarrollados por obstruir el avance de las negociaciones y por negarse a discutir varias de sus propuestas”, afirmó Jagoda Munic, presidenta de Amigos de la Tierra Internacional. Munic añadió: “Los países ricos no deberían intimidar al resto del mundo a puertas cerradas para que logren un acuerdo que les convenga a ellos y no a los países en desarrollo”.

“En lugar de liderar mediante la reducción urgente de sus emisiones, los países desarrollados, que son los más responsables de la crisis climática, están intentando pasar la responsabilidad a los países en desarrollo. Los países que produjeron la mayor cantidad de carbono en la atmósfera, encabezados por Estados Unidos, ahora están renunciando a su responsabilidad de adoptar medidas. Los políticos están permitiendo que los países más ricos se salgan con la suya. Se trata de una gran injusticia para los países más pobres y los menos responsables de la crisis climática”, afirmó Dipti Bhatnagar, coordinadora del programa Justicia Climática y Energía de Amigos de la Tierra Internacional.

Millones de personas ya están pagando con sus vidas la persistente falta de acción de los Gobiernos. La crisis climática afecta en forma desproporcionada a los países y a las personas más pobres, que no son responsables de esta crisis. Los países más ricos han utilizado más de la parte del espacio atmosférico que les corresponde y deben reducir drásticamente sus emisiones y transformar completamente sus economías y sociedades, según Amigos de la Tierra Internacional.

“Necesitamos la presión de la sociedad civil en París y después. No podemos contar con la buena voluntad de nuestros gobiernos para combatir la crisis climática. La transformación a la energía renovable socialmente controlada está ocurriendo y la están realizando los verdaderos líderes: la gente. Si se adoptan universalmente las soluciones propuestas por la gente, en lugar de que los tomadores de decisiones las sigan postergando, podremos lograr grandes avances hacia sociedades con un clima seguro”, afirmó Lucy Cadena, coordinadora del programa Justicia Climática y Energía de Amigos de la Tierra Internacional.

Activistas de los Jóvenes de Amigos de la Tierra Europa realizaron hoy una protesta en las negociaciones de las Naciones Unidas sobre cambio climático para exigir transparencia y preguntar “¿qué están ocultando?”.

Demandan a Monsanto por crímenes de lesa humanidad

RT

Varias decenas de organizaciones no comerciales y activistas de derechos humanos han demandado a la transnacional biotecnológica Monsanto por crímenes de lesa humanidad y ecocidio, que tendrá que enfrentarse a un juicio en el tribunal internacional de La Haya en octubre del próximo año.

El anuncio de la celebración del juicio ha sido realizado en una rueda de prensa en el marco de la Cumbre del Clima que se está celebrando en París, ha informado la defensora ecológica y sanitaria OCA.

Según los demandantes, Monsanto viene desarrollando desde principios del siglo XX productos tóxicos que están causando un daño irreparable al medio ambiente y la salud humana.

Entre las sustancias se encuentra el Roundup, un herbicida altamente tóxico que es el más utilizado en el mundo; bifenilos policlorados, un contaminante orgánico persistente que afecta la fertilidad humana y animal; el Lasso, un herbicida que ahora está prohibido en Europa; y el 2,4,5-T, uno de los componentes del Agente Naranja que fue empleado por el Ejército estadounidense durante la guerra de Vietnam, causando malformaciones congénitas y cáncer.

Entre el 12 y el 16 de octubre de 2016 está prevista la celebración del juicio después de que el tribunal de La Haya haya estudiado los hechos que se le imputan a la estadounidense Monsanto.

El juicio se basará en los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos, adoptados por la ONU en 2011. Entre los demandantes se encuentran la OCA, IFOAM International Organics, Navdanya, Regeneration International y Millions Against Monsanto entre otros grupos.

Semillas nativas derrotan adversidad climática en El Salvador

Por Edgardo Ayala, IPS Noticias

Puñal en mano, Domitila Reyes abre de un tajo las capas de las hojas que cubren la mazorca de maíz, que arranca de la planta con cuidado en un proceso que repite toda la mañana, en medio de un mar de plantas de este cereal esencial en la dieta de los salvadoreños.

Reyes realiza lo que en El Salvador se denomina “tapisca”, un vocablo derivado del nahuat “pixca”, que significa cortar la mazorca cuando la planta ya está seca y los granos duros.

Ese proceso culminará, semanas después, con la selección de las semillas de calidad que asegurarán la soberanía y seguridad alimentaria de buena parte de los campesinos pobres de este país centroamericano de 6,3 millones de habitantes.

Unos 614.000 salvadoreños son agricultores y 244.000 de ellos cultivan maíz o frijol en terrenos de 2,5 hectáreas promedio, según el Ministerio de Agricultura y Ganadería.

En el área rural, 43 por ciento de los hogares viven en pobreza, frente a 29,9 por ciento de los urbanos, de acuerdo a la última encuesta anual del Ministerio de Economía.

“Veo que la cosecha está buena, a pesar de que la lluvia estuvo molestando”, dijo Reyes a IPS, una mujer de 25 años, que gana unos 10 dólares diarios “tapiscando”.

En efecto, las alteraciones climáticas han trastocado los ciclos productivos en el país, que soporta periodos largos de sequía en invierno, la estación húmeda que va de mayo a octubre, y de lluvia en verano, la estación seca, lo que ha arruinado muchos sembradíos de maíz y frijol.

Pero Reyes, ataviada con gorro, pantalón vaquero y  blusa de manga larga, para defenderse del sol, se muestra aliviada de que las semillas de calidad, o mejoradas, como también se les llama aquí, lograron resistir los embates de la cambiante naturaleza.

“Este maíz ha resistido mejor, la lluvia afectó, pero poquito… otras semillas no hubieran soportado el golpe”, aseguró a IPS en medio del maizal, antes de proseguir su faena de clavar el puñal en las hojas de las mazorcas, que los campesinos salvadoreños llaman “tuzas”.

Reyes forma parte de la veintena de trabajadores que, bajo el cadente sol del verano, laboran temporalmente en un sembradío de maíz de siete hectáreas, uno de los varios perteneciente a la Asociación Mangle, en el asentamiento Ciudad Romero, en el municipio de Jiquilisco, en el oriental departamento de Usulután.

La región es conocida como el Bajo Lempa, por el río que atraviesa El Salvador desde el norte hasta desembocar en el océano Pacífico. Allí se asientan 86 comunidades con una población total de 23.000 habitantes.

Buena parte son excombatientes de la otrora guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), que de 1980 a 1992 libró una guerra contra los gobiernos de derecha en la que murieron unas 70.000 personas.

La Asociación Mangle es una de las dos productoras de semillas criollas (propias de cada zona) en El Salvador o de polinización libre, que no son producto de cruce de variedades, como las híbridas. La otra es la cooperativa Nancuchiname, también en el Bajo Lempa.

Su producción de 500.000 kilógramos de estas semillas la venden  al gobierno para que este las distribuya a 400.000 campesinos, como parte del Plan de Agricultura Familiar (PAF). Cada agricultor recibe 10 kilógramos de semillas de maíz y frijol, así como fertilizantes.

“Un logro de nuestra organización es que el gobierno haya aceptado la producción y abastecimiento al PAF de semillas criollas”, explicó Juan Luna, Coordinador del Programa Agrícola de la Asociación Mangle.

Luna aseguró a IPS que con esas semillas los agricultores salvadoreños están mejor preparados para afronta el cambio climático y garantizar la seguridad y soberanía alimentaria de la población.

Una población de la que 12,4 por ciento está subalimentada, unas 700.000 personas, según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

La Asociación Mangle y otras tres cooperativas de la zona producen 40 por ciento de las semillas mejoradas del PAF, ya sea criollas o la variedad híbrida llamada H59, desarrollada por el gubernamental Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal Enrique Álvarez Córdova (Centa).

El resto lo generan otras cooperativas localizadas en otras regiones del país.

“Las semillas trabajadas por el Centa son un material genético de alta calidad que se adapta desde el nivel del mar hasta los 700 metros”, señaló a IPS el representante y coordinador residente de FAO en El Salvador, Alan González.

Añadió que ese esfuerzo de promover ese tipo de semillas como una herramienta para enfrentar el cambio climático y fortalecer la seguridad y soberanía alimentaria está enmarcado dentro del programa Mesoamérica sin Hambre, impulsado por la FAO desde 2014 en América Central, Colombia y República Dominicana.

“Las semillas de alta calidad son estratégicas para el país, porque permite que las familias productoras puedan reproducir sus cultivos en una época de crisis, nacional y mundial, dada la variabilidad de cambio climático”, dijo González.

Hasta 2009, la producción de las simientes para el PAF la acaparaban unas cinco empresas. Pero ese año llegó al poder el FMLN, convertido en partido político con los Acuerdos de Paz de 1992, y modificó las reglas del juego para que los pequeños productores organizados en cooperativas pudieran participar en el negocio.

Otra de las ventajas de estas simientes mejoradas, además de su resistencia a la sequía o a la humedad, es su alto rendimiento. La FAO calcula que la productividad aumenta en 40 por ciento en el caso del frijol y en 30 por ciento en el del maíz, lo que incide en la seguridad alimentaria y nutricional de las familias más vulnerables.

“Abunda más, y nos queda un poquito más de ingresos”, contó Ivania Siliézar, de 55 años, productora de una variedad de frijol mejorada en la comunidad de El Amate, en el municipio de San Miguel, en el departamento del mismo nombre, a 135 kilómetros al este de San Salvador.

Siliézar contó a IPS que se tomó el tiempo para contar cuántas vainas de la legumbre tiene una sola planta de este frijol. “Tenía más de 35 vainas, por eso abunda”, detalló orgullosa.

La variedad de frijol que producen ella y otros 40 miembros de la cooperativa Fuentes y Palmeras se llama chaparrastique, desarrollada también por los técnicos del Centa y que recibe el nombre del volcán en cuyas faldas esa y otras seis cooperativas producen la legumbre, que venden en los mercados locales y al PAF.

Siliézar cultiva su finca de poco más de tres hectáreas, y en la llamada cosecha de postrera, la última del año, obtuvo 1.250 kilogramos, un excelente rendimiento.

Tan buenos resultados han obtenido los 255 agricultores de esas siete cooperativas, que fundaron una empresa: Productores y Comercializadores Agrícolas de Oriente SA (Procomao), y han logrado mecanizar sus procesos con la instalación de una planta que cuenta con máquinas como secadoras, entre otras.

La planta, con una inversión de 203.000 dólares, financiados por la cooperación española, fue montada con el apoyo de la FAO, el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, la alcaldía de San Miguel y el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Tiene capacidad para procesar tres toneladas de frijol por hora.

Otras tres empresas de pequeños productores han seguido ese camino, en las que participan otras 700 familias del departamento de San Miguel, Usulután y otro vecino.

“Tuvimos plagas, pero gracias a Dios, y a la calidad de estas semillas, allí tenemos la cosechita”, comentó alegre Siliézar.

El TiSA imposibilitará nuevas leyes ambientales que estorben al libre mercado

L.V. publico.es
Una clausula en el documento que 50 países negocian en secreto inhibe ante futuras regulaciones en esta materia.

El TiSA, el tratado que negocian en secreto cincuenta países (entre ellos EEUU y la Unión Europea) para un acuerdo comercial de los servicios, no pasará de largo sobre el medio ambiente. El texto que se discute en estos momentos y que Wikileaks ha desvelado en exclusiva para doce medios de comunicación internacionales, entre ellos Público, incluye un anexo dedicado a los servicios medioambientales que, entre otros muchos peligros, supone un «retroceso de las salvaguardas normativas sobre medio ambiente».

Esta es una de las conclusiones principales sobre el documento que ha hecho la organización Amigos de la Tierra en EEUU –Friends of Earth– en un análisis para Wikileaks en el que también advierte de que será prácticamente inviable para los países aprobar nueva legislación en materia medioambiental una vez que entre en vigor el acuerdo. Una clausula en el pacto establece que «los términos, limitaciones y condiciones que afecten al mercado de la provisión de servicios medioambientales deberán ser aquellas medidas que el estado miembro mantiene en la fecha en que entre en vigor este acuerdo, o la continuación o pronta renovación de esas mismas medidas». En la práctica, dice la ONG, lo que se pretende es «excluir» o «inhibir» futuras iniciativas medioambientales.

Así, aunque el TiSA reconoce a los estados «el derecho de regular y de introducir nueva normativa para cumplir sus objetivos de políticas públicas», también concede a los tribunales internacionales el poder de dictar, en represalia, sanciones comerciales contra un país que viole sus obligaciones dentro del tratado, en un claro desincentivo a desafiar sus normas. Además, estos acuerdos suelen incluir lo que se denomina una «clausula de la nación más favorecida», que supone que, al otorgar un trato favorable a una de las partes, se extiende automáticamente al resto de miembros en el acuerdo. Bajo el criterio de Amigos de la Tierra, esto supondrá que en materia medioambiental se aplique el «mínimo denominador común».

Más allá de la OMC

El comercio multilateral de servicios está ya en gran parte regulado desde 1995 dentro el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS, por sus siglas en ingles) de la Organización Mundial del Comercio, que incluye también algunos servicios sobre medio ambiente. El objetivo del TiSA, asegura la ONG ecologista, es «ir más allá» de la OMC, que con el paso de los años y el surgimiento de nuevas economías emergentes como Brasil o India, ha resultado insuficiente para los intereses de la coalición de países desarrollados.

En este sentido, el TiSA centra su interés en la regulación medioambiental y los servicios públicos que supuestamente interfieren y entorpecen la eficiencia del libre mercado, en lugar de en otros conceptos más típicos de este tipo de acuerdos comerciales como la rebaja de impuestos, etc. Esas «barreras» al libre comercio, según Amigos de la Tierra, pueden ser servicios como el agua, la energía o la recogida de basuras. La organización advierte de los «riesgos» de su privatización y las pocas o limitadas excepciones que el TiSA concede a algunos de estos servicios básicos que, como el agua, han sido declarados un derecho humano por las Naciones Unidas.

«Basándose en anteriores acuerdos comerciales de EEUU, las declaraciones de los funcionarios y los documentos filtrados, parece que el objetivo de las negociaciones del TiSA es conceder a las multinacionales y a los burócratas comerciales amplios derechos para desafiar las políticas de los gobiernos democráticos», sentencia el análisis, redactado por el especialista en comercio Bill Waren.

Brasil frustra esperanza de California de compensación de emisiones de carbono basada en bosques

AVISO A LA PRENSA   
Amigos de la Tierra Internacional
2 de diciembre de 2015

Brasil frustra esperanza de California de compensación de emisiones de carbono basada en bosques

Berkeley, California / Brasilia, Brasil / París, Francia. 2 de diciembre de 2015. Las medidas nacionales anunciadas por Brasil la semana pasada frustrarán los planes de California y de otros estados de Estados Unidos de comprar créditos de compensación de carbono basados en bosques de Acre y otros estados de la Amazonía.

El anuncio fue celebrado por Amigos de la Tierra Internacional y movimientos sociales de Brasil como una medida
positiva para limitar el alcance de los mercados de carbono mundiales. [1]

El 27 de noviembre, Brasil publicó un decreto oficial que establece su marco para la Reducción de las Emisiones debidas a la Deforestación y la Degradación Forestal (conocido como REDD+), en el que declara que “no se permitirá que los pagos brasileños basados en los resultados de REDD+ y sus respectivos títulos sean utilizados como créditos de carbono, directa o indirectamente, para cumplir las promesas de mitigación de otros países en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC)” y que “esos títulos no generarán derechos ni créditos de ningún tipo”. [2]

La decisión de Brasil de prohibir la venta de créditos internacionales de REDD+ antes de la Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático es un claro rechazo a las aspiraciones de algunos países del Norte y especuladores de carbono de que colocaría a la mayor zona tropical del mundo en un mercado mundial de carbono.

Para Amigos de la Tierra Internacional, la mayor red de organizaciones ambientalistas de base del mundo, la decisión de Brasil fortalece los esfuerzos de los movimientos sociales de rechazar los mercados de carbono, la compensación de REDD+ y otros medios a través de los cuales los Gobiernos del Norte pretenden evadir su responsabilidad histórica.

La compensación de las emisiones de carbono, a menudo llamadas permisos de contaminación, son ampliamente consideradas como una laguna para los contaminadores que simplemente desplazan las emisiones, en lugar de ser una forma legítima de reducción de emisiones. Provocan la financiarización de la naturaleza y violaciones a los derechos humanos cuando la carga injusta de compensar las emisiones de carbono recae en las poblaciones que dependen de los bosques [3].

“Los países industrializados necesitan el apoyo de los países del Sur para evitar la deforestación y adaptarse al cambio climático catastrófico, pero los mercados de carbono internacionales son una fuente injusta y no confiable de financiación para satisfacer esta necesidad”, afirma Jeff Conant, campañista de bosques de Amigos de la Tierra Internacional.

El anuncio tuvo lugar mientras el Departamento de Recursos Aéreos de California está a punto de incluir la compensación de REDD+ de Acre y otras jurisdicciones tropicales en su programa de límites máximos y comercio como forma de cumplir con las metas de reducción de emisiones mediante la compra de créditos del extranjero [4]. Muchas organizaciones ambientalistas y de justicia ambiental de California se oponen firmemente a la idea.

Conant añadió: “Al frustrar las esperanzas de California de ampliar su mercado de carbono, esperamos que el anuncio de Brasil aumente la presión para que el estado adopte medidas reales para realizar la transición de los combustibles fósiles y para evitar la destrucción de la selva mediante la reducción del consumo de crudo, aceite de palma y otras mercancías destructivas de la Amazonía”.

“Esta medida es coherente con lo que el Gobierno brasileño ha dicho en conversaciones con la sociedad civil y responde a nuestras preocupaciones sobre la posibilidad de contar dos veces el carbono en las contribuciones previstas de Brasil (CPDN) en la CMNUCC”, afirmó Lucia Ortiz de Amigos de la Tierra Brasil.

“Sin embargo, a nivel nacional seguiremos luchando contra los mercados de carbono y los mecanismos de compensación basados en los bosques, como aquellos creados por la Nueva Ley Forestal de 2012. Las compensaciones de carbono basadas en los bosques tienden a permitir múltiples pagos por una sola área de bosques naturales, financiar la expansión de las plantaciones industriales de árboles y aumentar los precios de la tierra y los conflictos territoriales en la Amazonía, incluso mientras la construcción de grandes represas y la explotación de combustibles fósiles continúan destruyendo la región y el clima mundial”, sostuvo Ortiz.

“Los mercados de carbono, REDD+, la compensación de la biodiversidad y las falsas soluciones no contribuyen a combatir el cambio climático ni a proteger a las poblaciones que dependen de los bosques. Por el contrario, benefician a los contaminadores y provocan conflictos territoriales”, añadió Isaac Rojas, coordinador del Programa Bosques y Biodiversidad de Amigos de la Tierra Internacional.

“Ya es hora de volver a poner el manejo de los bosques en manos de las comunidades que los han manejado de manera sustentable durante generaciones”, afirmó Rojas. “Las falsas soluciones como REDD+ provocan un daño incalculable. El manejo comunitario de los bosques es un conjunto de metodologías que representan siglos de sabiduría de trabajo con la naturaleza. El manejo comunitario de los bosques es bueno para el clima, la biodiversidad y las personas”. [5]

NOTAS:

[1] Para acceder a la declaración del Grupo Carta de Belém, véase: http://www.cartadebelem.org.br/site/organizacoes-e-movimentos-sociais-membros-do-grupo-carta-de-belem-se-posicionam-sobre-decreto-que-cria-a-comissao-de-redd/

[2] Para acceder al decreto de Brasil sobre la Comisión Nacional de REDD+, véase: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8576.htm

[3] Para acceder al informe sobre Economía Verde y Violaciones de los Derechos Humanos en Acre, véase: http://www.foe.org/news/news-releases/2014-12-new-report-on-human-rights-violations-linked-to-redd

[4] Para acceder al documento técnico de CARB sobre las compensaciones de los bosques basadas en sectores, véase: http://www.arb.ca.gov/cc/capandtrade/sectorbasedoffsets/ARB%20Staff%20White%20Paper%20Sector-Based%20Offset%20Credits.pdf

[5] Para leer el Nuevo informe de ATI sobre el Manejo Comunitario de los Bosques, véase: http://www.foei.org/resources/publications/publications-by-subject/climate-justice-energy-publications/community-forest-management-matters-background-briefing

Mapder XII: Luisa Paré analiza la “ofensiva” privatizadora de los sistemas de agua en México (VIDEO)

VIDEO: Luisa Paré: La privatización de la gestión del agua en México

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El 15 de diciembre, los diputados y senadores federales se irán de vacaciones sin haber emitido una nueva Ley de Aguas Nacionales. Esta tarea les incumbe desde el año 2012, cuando el derecho humano al agua fue agregado a la Constitución mexicana, obligando al Congreso nacional a reformar la Ley de 1992, un texto neoliberal que no garantiza el acceso de la población al agua potable y favorece la entrega de los recursos hídricos al sector privado.

En marzo de 2015, el Congreso estuvo a punto de aprobar una propuesta de reforma elaborada por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), pero ésta fue frenada por la presión popular. En ése periodo, se multiplicaron las voces dentro de la sociedad civil contra este texto que favorecía aún más la participación del sector privado en la gestión de los sistemas de agua municipales y las concesiones de agua a la industria. El dictamen fue descartado, pero una propuesta parecida podría resurgir el próximo año.

«El Estado pierde el control sobre las decisiones para el manejo del agua»

«No se había visto una ofensiva como la que pretendía la Ley General de Aguas que la Conagua presentó al Congreso para su aprobación», alertó la especialista Luisa Paré, también académica en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, durante una entrevista realizada por medios libresel 12 de noviembre durante el XII Encuentro Nacional del Movimiento Nacional de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER) en Jalcomulco, Veracruz. «Allí se manifiesta de manera mucho más profunda la intención de la privatización del agua de una manera total y absoluta, donde el Estado pierde el control sobre las decisiones para el manejo del agua», añadió la investigadora, quien participó en el evento como integrante de la Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (LAVIDA).

¿Porqué se privatizan los sistemas de agua en México? ¿Qué consecuencias tiene la entrada del sector privado en la gestión de los sistemas de agua y de saneamiento municipales? ¿Qué buscan las empresas que entran en este negocio? Luisa Paré contestó estas preguntas en un video pedagógico de 15 minutos que les invitamos a compartir libremente en sus redes y en sus talleres. Paré es miembro de Agua para Todos, Agua para la Vida, una coordinación nacional que reúne a más de 400 organizaciones e investigadores en el país y que ha elaborado una propuesta de reforma ciudadana y alternativa. En el video, la investigadora trató también de dar pistas sobre lo que podemos hacer para proteger el agua de la ola privatizadora en México.

☆   Este material está publicado bajo una licencia Creative Commons. Copia, reproduce y distribuye; sin fines comerciales. Colaboramos en este esfuerzo: Koman Ilel, Otros Mundos, Agencia SubVersiones, Espora, Geocomunes, Hijos de la Tierra, Radio Teocelo y Telar de Raíces.

La Cumbre del Clima, entre la represión y la amenaza de “colapso”

Enric Llopis, Rebelión

En torno a 120.000 policías, gendarmes y militares se encargarán durante los próximos quince días de la seguridad en la Cumbre del Clima que se celebra en París, a la que asistirán delegaciones de 195 países. Con carácter previo a las reuniones, 24 activistas fueron sometidos a arresto domiciliario y más de 300 personas resultaron detenidas durante las concentraciones del 29 de noviembre. Mientras, en 2.500 ciudades de todo el mundo han tenido lugar actos reivindicativos en relación con el cambio climático y en el estado español, la Alianza por el Clima, de la que forman parte 40 organizaciones ecologistas, sindicales y ONG, han pedido la reducción de los gases de efecto invernadero de acuerdo con las recomendaciones del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el cambio climático de Naciones Unidas (IPCC), para que no se sobrepasen los 2ºC de temperatura media global, o preferentemente los 1,5ºC. Alianza por el Clima ha recomendado asimismo las contribuciones comprometidas en el Fondo Verde para el Clima, de 100.000 millones de dólares anuales para 2020, que deberían contribuir a un cambio hacia un modelo bajo en carbono que impulse las energías renovables y la eficiencia energética.

En las últimas fechas han proliferado los estudios, investigaciones y estadísticas sobre los efectos del cambio en el clima. Un tercio de las reservas mundiales de petróleo, el 50% de las gasísticas y más del 80% de las de carbón se tendrían que mantener intactas entre 2000 y 2050 para evitar que la temperatura terrestre aumente en 2ºC, según un estudio publicado en la revista “Nature” por los investigadores Cristophe McGlade y Paul Ekins. Pero “el instinto de los políticos es aprovechar las reservas territoriales por completo y con rapidez”, afirman los autores. Recientemente Naciones Unidas ha recordado que anualmente se producen 30.000 muertes por inundaciones, tormentas, olas de calor u otros desastres relacionados con el cambio climático. Las catástrofes atribuidas en la última década a estos fenómenos asciende a una media de 355 anuales, un 14% más que en los diez años anteriores. Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha alertado del incremento de enfermedades infecciosas, como la malaria, el dengue o el cólera, asociadas al aumento de las temperaturas.

La concentración de CO2 en la atmósfera ya ha superado el punto neurálgico de las 400 partes por millón, advierte el biólogo, experto en sostenibilidad ambiental y militante ecologista Ricardo Almenar, quien se manifiesta poco optimista respecto a los resultados de la Cumbre de París. Explica que el precio del barril de petróleo se sitúa en torno a los 45 dólares (ha caído desde los 105 dólares desde el verano de 2014), lo que implica un precio muy barato de la energía. “Con los precios de una materia prima como el crudo a esos niveles, es muy difícil pensar en políticas de ahorro; son precios que incentivan al consumo”.

Además, los delegados de los países que asisten a la Cumbre de París lo hacen con “propuestas de carácter voluntario”, que en caso de incumplirse no llevan aparejada una sanción. En resumen, “no se considera la atmósfera un bien común, sino un bien libre donde estados, ciudadanos y empresas pueden emitir lo que les parezca”, explica el autor de los libros “El fin de la expansión” (Icaria) y “El bosc protector” (Bromera) en un acto organizado por la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente y Cambio Climático en colaboración con la Universitat de València. Considera asimismo Almenar que las limitaciones al aumento de la temperatura del planeta en 2ºC hasta finales de siglo deberían haberse establecido ya en la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro (1992). “La de París es la que hace 21, llevamos unos 25 años de retraso”.

Otra cuestión es la de las prioridades políticas. El informe Stern sobre la economía del cambio climático, encargado por el gobierno británico y publicado en 2006, pedía el 1% del PIB mundial para atenuar los efectos de las modificaciones en el clima. “El gasto público dedicado a rescatar a los sistemas financieros ha tenido un volumen mucho mayor”. El biólogo y activista considera capital que en las próximas décadas “nuestros descendientes puedan encontrar Islas de naturaleza no antropizada, para que tengan las posibilidad de palpar algo de lo que todavía hoy consideramos medio natural”, Sin embargo, a juicio de Ricardo Almenar más grave que el cambio climático es una humanidad que llegue a pensar que puede vivir sin el resto de la naturaleza. “Sería la derrota definitiva, porque somos medio natural”. De hecho, “éste es el gran reto en un mundo donde lo virtual va comiéndose cada vez más a lo real”.

Según los informes del IPCC, desde 1950 se han observado cambios en el clima que no tienen precedente. Además, la temperatura media global ha aumentado en torno a 1ºC desde la revolución industrial (hace 150 años). En el hemisferio norte, 1983-2012 es el periodo de tres décadas más cálido de los últimos 800 años. En 2014 la concentración media anual de CO2 alcanzó el 143% de la media en la era industrial. La retahíla de cifras y efectos devastadores resultaría interminable. “Es el momento de una guerra abierta contra el cambio climático”, sostiene Amparo Vilches, profesora de Didáctica de las Ciencias Experimentales de la Universitat de València. La docente advierte de algunas confusiones en torno al concepto de “efecto invernadero”, ya que éste “no se trata de un fenómeno negativo, de hecho permite que la temperatura media en el planeta se mantenga en torno a 15ºC”. El problema, asegura, reside en el exponencial incremento de las emisiones de gases de efecto invernadero por actividades humanas como la quema de combustibles fósiles o la deforestación.

Hace quince años el presidente de la Asociación Europea por la Conservación del Suelo y primer director del Centro de Investigación sobre la Desertificación (CIDE), José Luis Rubio, ya alertaba de que aproximadamente el 40% de la superficie terrestre se halla amenazada por la desertificación, en un territorio donde vive el 35% de la población mundial. No se establece habitualmente este vínculo entre suelo y cambio climático. Rubio recuerda que en las últimas dos décadas un tercio de las emisiones antrópicas de CO2 son consecuencia de los cambios en el uso del suelo y la deforestación. En consecuencia, afirma el científico, “la protección y conservación del suelo permitiría que éste puediera capturar y almacenar dióxido de carbono”. Los dignatarios reunidos en la Cumbre de París seguramente no relacionen el cambio climático con las guerras, pero el conflicto que estalló en Dahrfur (oeste de Sudán) en 2003 tuvo en su origen una grave sequía, procesos de degradación del suelo y un incremento demográfico. La consecuencia fue una guerra que se saldó con una cifra de muertos que oscila entre 200.000 y 500.000, además de 2,4 millones de desplazados. En Ruanda y Somalia se vivieron procesos similares, recuerda José Luis Rubio, quien para frenar el cambio climático parafrasea a Gandhi: “Sé el cambio que quieras ver en el mundo”.

La batalla contra la modificación del clima pasa por un nuevo modelo energético y, en el estado español, también por poner coto al imperio de las compañías eléctricas. El ingeniero industrial y miembro de la Plataforma per un Nou Model Energètic, Pau Lillo, recuerda en la Universitat de València que un oligopolio formado por cinco empresas –Iberdrola, Endesa, E.ON, Gas Natural-Fenosa y Energías de Portugal- controlan en España el 95% de la generación eléctrica y un porcentaje similar de la distribución. En París no se señalará a este oligopolio, multado en 2011 por la Comisión Nacional de la Competencia a 60 millones de euros, aunque la multa fue anulada en abril de 2015 por la Audiencia Nacional. Entre 2008 y 2014 el precio de la energía eléctrica que pagan las familias españolas aumentó en un 52%, cifra que duplica el incremento registrado en la Unión Europea. Pau Lillo relaciona estos desmanes con un titular del diario El Mundo del 23 de febrero de 2014: “43 políticos enchufados en eléctricas”. El cuerpo de la información incluye en la nomina de las empresas del sector a José María Aznar (Endesa), Miguel Boyer (Red Eléctrica) o Felipe González (Gas Natural-Fenosa). Sobre la Cumbre del Clima en París, “la energía más barata es la que no se consume, y esta idea nos conduce al decrecimiento”, remata el activista.