Les invitamos a participar este DOMINGO 3 DE JULIO en Mercado de Moneda Comunitaria.
Donde estamos construyendo una alternativa económica.
Recuerda que para participar tienes que traer algunos productos para intercambiarlos.
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El Paliacate
espacio cultural
5 de Mayo # 20
Barrio de la Merced
San Cristóbal de las casas, Chis.
A la prensa nacional e internacional,
A los organismos de los derechos humanos
A la sociedad civil nacional e internacional
A los Medios de Comunicación Comunitarios, nacionales e internacionales
A los pueblos en general
Ejidatarios y Ejidatarias de Unión Hidalgo, indígenas zapotecas, continuamos denunciando enérgicamente la forma en que empresas extranjeras en contubernio con el gobierno federal, estatal y municipal continúan despojándonos de nuestras tierras y territorio. Las empresas extranjeras, la mayoría españolas llegaron al Istmo de Tehuantepec arrendando las tierras ejidales y comunales y de pequeña propiedad, con la intención de construir parques eólicos y abastecer de energía eléctrica a otras empresas. Estas transnacionales prometieron grandes beneficios y desarrollo, para instalar el Megaproyecto Eólico del Istmo de Tehuantepec, sin embargo al día de hoy lo que vemos es una política de abuso e intimidación en contra de las y los dueños de las tierras.
El día de ayer 23 de junio del presente, representantes de la empresa españolas DEMEX se presentaron con lujo de violencia a nuestros terrenos ubicados en la Fase 1 Las Palmas Zapotal del Polígono Piedra Larga en que DEMEX proyecta construir un parque eólico para abastecer a la empresa BIMBO (según declaraciones de Georgina Kessel). La intención de los representantes de DEMEX era desalojarnos de nuestros propios terrenos, amenazándonos e intimidándonos con la presencia de la Agencia Estatal de Investigación quienes declararon que se sigue una investigación penal en nuestra contra por oponernos a un falso desarrollo y a un contrato leonino a todas luces. En todo momento los representantes de la empresa española DEMEX contaron con la protección de los Agentes Estatales de Investigación, quienes armados y a bordo de una camioneta blanca Nissan sin placas observaban y resguardaban a los empresarios españoles.
El 24 de mayo del presente año decidimos en asamblea de inconformes cercar nuestros terrenos al ver las grandes e irreparables afectaciones que han realizado en nuestras tierras, cosa que no nos explicaron al momento de contratar, diciéndonos solamente que serian afectaciones mínimas. Toda esta situación hace evidente la violación a los derechos de los pueblos indígenas zapotecas ya que la empresa DEMEX entro a nuestro territorio sin darnos la información necesaria y efectiva, esto en complicidad con las autoridades el gobierno estatal y federal y en flagrante violación al convenio 169 de la OIT que establece condiciones claras de protección para las tierras de los pueblos indígenas en su Artículo 17 inciso 3 que a la letra dice: “Deberá impedirse que personas extrañas a esos pueblos puedan aprovecharse de las costumbres de esos pueblos o de su desconocimiento de las leyes por parte de sus miembros para arrogarse la propiedad, la posesión o el uso de las tierras pertenecientes a ellos.”
A mas de 5 Años de que llegaron los representantes españoles de DEMEX a Unión Hidalgo lo que tenemos es:
· La firma de un contrato leonino, que de haber sabido su contenido y consecuencias nunca hubiéramos firmado
· nos prometieron pagos por afectaciones a nuestras tierras, que si bien no firmamos, por que confiamos en su palabra, se han negado a cumplir, y ahora que les exigimos que cumplan, nos mandan a la policía y nos reprimen.
· La empresa DEMEX con quien firmamos los contratos, ha cedido los derechos sobre nuestra parcelas a otra empresa que no conocemos, sabiendo solamente que NAFINSA esta financiándolos con dinero publico.
· Se han coludido con el presidente municipal, con el gobierno del estado y el gobierno federal. Para AMENAZARNOS, emplean la fuerza publica estatal para que la empresa siga destruyendo nuestras tierras y nuestra cultura.
Ante esto reiteramos:
· nuestra lucha de resistencia frente a la invasión extranjera y del Megaproyecto Eólico transnacional
· el rescate de la dinámica de la propiedad colectiva, constituyéndonos en asamblea y nombrado a nuestros propios representantes para defender nuestros derechos como pueblo indígena.
Exigimos:
· La cancelación del Megaproyecto Eólico del Istmo de Tehuantepec por violentar los derechos de los Derechos de los pueblos indígenas.
· Cancelación de los contratos civiles de arrendamiento que firmamos con DEMEX,
· La cancelación de las Averiguaciones Previas y órdenes de aprehensión que obren en contra de todos los que nos oponemos al despojo de nuestro territorio.
· Exigimos al Gobierno de Gabino Cue que defina si está del lado de los pueblos o al lado de las empresas!
Atentamente:
Ejidatarios de Unión Hidalgo, afectados por DEMEX
Asamblea de los Pueblos del Istmo en Defensa de la Tierra y Territorio
Por François Houtart
La idea de extender el cultivo de los agrocombustibles en el mundo y particularmente en los países del Sur es desastrosa. Ella forma parte de una perspectiva global de solución a la crisis energética. En los próximos 50 años tendremos que cambiar de ciclo energético, pasando de la energía fósil, que es cada vez más rara, a otras fuentes de energía. En el corto plazo es más fácil utilizar lo que es inmediatamente rentable, es decir los agrocombustibles. Esta solución, al reducirse las posibilidades de inversión y al esperar ganancias rápidas, parece la más requerida a medida que se desarrolla la crisis financiera y económica.
Como siempre, en un proyecto capitalista, se ignora, lo que los economistas llaman, las externalidades, es decir, lo que no entra dentro del cálculo del mercado, para el caso que nos preocupa, los daños ecológicos y sociales.
Para contribuir a la solución de la crisis energética con un porcentaje de entre el 25 y el 30% de la demanda, se tendrá que utilizar centenas de millones de hectáreas de tierras cultivables para la producción de agroenergía, en su mayor parte en el Sur, ya que el Norte no dispone de la superficie cultivable suficiente.
Se tendrá, igualmente, según ciertas estimaciones, que expulsar de sus tierras a por lo menos 60 millones de campesinos. El precio de estas “externalidades” no pagado por el capital sino por la comunidad y por los individuos, es espantoso.
Los agrocombustibles son producidos bajo la forma de monocultivos, que destruyen la biodiversidad y contaminan los suelos y el agua.
Personalmente, he caminado kilómetros en las plantaciones del Chocó, en Colombia, y no he visto ni una ave, ni una mariposa, ni un pez en los ríos, a causa del uso de grandes cantidades de productos químicos, como fertilizantes y plaguicidas. Frente a la crisis hídrica que afecta al planeta, la utilización del agua para producir etanol es irracional. En efecto, para obtener un litro de etanol, a partir del maíz, se utiliza entre 1200 y 3400 litros de agua. La caña de azúcar también necesita enormes cantidades de agua. La contaminación de los suelos y del agua llega a niveles hasta ahora nunca conocidos, creando el fenómeno de “mar muerto” en las desembocaduras de los ríos (20 Km² en la desembocadura del Mississippi, en gran medida causado por la extensión del monocultivo de maíz destinado al etanol). La extensión de estas culturas acarrea una destrucción directa o indirecta (por el desplazamiento de otras actividades agrícolas y ganaderas) de los bosques y selvas que son como pozos de carbono por su capacidad de absorción.
El impacto de los agrocombustibles sobre la crisis alimentaria ha sido comprobado. No solamente su producción entra en conflicto con la producción de alimentos, en un mundo donde, según la FAO, más de mil millones de personas sufren de hambre, sino que también ha sido un elemento importante de la especulación sobre la producción alimentaria de los años 2007 y 2008.
Un informe del Banco Mundial afirma que en dos años, el 85% del incremento de los precios de los alimentos que precipitó a más de 100 millones de personas por debajo de la línea de pobreza (lo que significa hambre), fue influenciado por el desarrollo de la agroenergía. Por esta razón, Jean Ziegler, durante su mandato de Relator Especial de las Naciones Unidas por el Derecho a la Alimentación, calificó los agrocombustibles de “crimen contra la humanidad”, y su sucesor, el belga Olivier De Schutter, ha pedido una moratoria de 5 años para su producción.
La extensión del monocultivo significa también la expulsión de muchos campesinos de sus tierras. En la mayoría de los casos, aquello se realiza por la estafa o la violencia. En países como Colombia e Indonesia, se recurre a las Fuerzas Armadas y a los paramilitares, quienes no dudan en masacrar a los defensores de sus tierras. Miles de comunidades autóctonas, en América Latina, en África y en Asia, son desposeídas de su territorio ancestral. Decenas de millones de campesinos ya han sido desplazados, sobre todo en el Sur, en función del desarrollo de un modo productivista de la producción agrícola y de la concentración de la propiedad de la tierra. El resultado de todo esto es una urbanización salvaje y una presión migratoria tanto interna como internacional.
Es necesario igualmente anotar que el salario de los trabajadores es bien bajo y las condiciones de trabajo generalmente infrahumanas a causa de las exigencias de productividad. La salud de los trabajadores es también afectada gravemente.
Durante la sesión del Tribunal Permanente de los Pueblos sobre las empresas multinacionales europeas en América Latina, realizada paralelamente a la Cumbre europea-latinoamericana, en mayo del 2008, en Lima, fueron presentados muchos casos de niños con malformación, debido a la utilización de productos químicos en el monocultivo de plátano, soya, caña de azúcar y de palmeras.
Decir que los agrocombustibles son una solución para el clima, está igualmente a la moda. Es verdad que la combustión de los motores emite menos anhídrido carbónico en la atmosfera, pero cuando se considera el ciclo completo de la producción de la transformación y de la distribución del producto, el balance es más atenuado. En ciertos casos, se convierte en negativo en relación a la energía fósil.
Si los agrocombustibles no son una solución para el clima, si solo lo son de una manera marginal, para mitigar la crisis energética, y si ellos acarrean importantes consecuencias negativas, tanto sociales como medio ambientales, tenemos el derecho de preguntarnos por qué ellos tienen tanta preferencia.
La razón es que a corto y mediano plazo ellos aumentan de manera considerable y rápidamente la tasa de ganancia del capital. Es por esto que las empresas multinacionales del petróleo, del automóvil, de la química y del agronegocio, se interesan al sector.
Ellos tienen como socios al capital financiero (George Soros, por ejemplo), los empresarios y los latifundistas locales, herederos de la oligarquía rural. Entonces, la función real de la agroenergía es en la práctica ayudar a una parte del capital a salir de la crisis y a mantener o eventualmente aumentar su capacidad de acumulación.
En efecto, el proceso agroenergético se caracteriza por una sobreexplotación del trabajo, el desconocimiento de las externalidades, la transferencia de fondos públicos hacia el sector privado, permitiendo ganancias rápidas, pero también una hegemonía de las compañías multinacionales y una nueva forma de dependencia del Sur con respecto al Norte. Todo aquello es presentado con la imagen de benefactores de la humanidad ya que producen «energía verde». En lo que concierne a los gobiernos del Sur, ellos ven ahí una fuente de divisas útiles de mantener, entre otros, el nivel de consumo de las clases privilegiadas.
Por lo tanto, la solución es reducir el consumo, sobre todo del Norte e invertir en nuevas tecnologías (solar especialmente). La agroenergía no es un mal en sí y puede aportar soluciones interesantes a nivel local, a condición de respetar la biodiversidad, la calidad de los suelos y del agua, la soberanía alimentaria y la agricultura campesina, es decir, lo contrario de la lógica del capital. En Ecuador, el Presidente Correa ha tenido el coraje de detener la explotación del petróleo de la reserva natural del Yasuni. Esperemos que los gobiernos progresistas de América Latina, de África y de Asia, tengan la misma firmeza. Resistir en el Norte como en el Sur, a la presión de los poderes económicos es un problema político y ético.
Por lo tanto, denunciar el escándalo de los agrocombustibles en el Sur se constituye en un deber.
François Houtart es ex-catedrático de la Universidad Católica de Lovaina, fundador del Centro Tricontinental y autor del libro: El Escándalo de los Agrocombustibles para el Sur, Ediciones La Tierra y Ruth Casa editorial, Quito, 2011.
Agencia Latinoamericana de Informacion
http://alainet.org
El proyecto viola su derecho a la alimentación, señalan ante relator especial de la ONU
La lucha de pobladores contra la hidroeléctrica es «infructuosa», reitera funcionario estatal
Oliver de Shutter ofrece a los inconformes continuar gestiones ante autoridades mexicanas
Juan Carlos García Partida. Periódico La Jornada
Guadalajara, Jal., 19 de junio. Como parte del proyecto hidroeléctrico El Zapotillo, el gobierno de Jalisco pretende reubicar a los habitantes de Temacapulín, Acasico y Palmarejo en terrenos poco aptos para la agricultura, actividad que les da sustento, advirtió Oliver de Schutter, relator especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre Derechos de los Pueblos a una Alimentación Adecuada.
Al visitar este sábado en Talicoyunque las casas que se construyen para reubicar a los moradores de los tres poblados que inundará la presa, De Schutter fue recibido por Héctor Castañeda, negociador de la Comisión Estatal del Agua (CEA) con los afectados, quien dijo que las autoridades tienen estudios hidrológicos que demuestran que el punto elegido, sobre los cañones del río Verde, es idóneo para el proyecto.
El Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo informó que durante el recorrido por los terrenos agrestes con que se pretende resarcir a los desplazados, el funcionario estatal dijo al relator de la ONU que la lucha contra la presa «es infructuosa» y se basa en «falsas esperanzas» creadas por abogados de los inconformes.
Posteriormente De Shutter fue a Temacapulín (sede de la resistencia al proyecto), acompañado de sus colaboradores y miembros del comité opositor, encabezados por su presidenta, Abigaíl Agredano Sánchez, y su vocero, el sacerdote católico Gabriel Espinoza Íñiguez .
“El pueblo de Temaca es patrimonio de la humanidad. Aquí tenemos tierras fértiles y nuestra vida se verá trastornada con la reubicación. Muchos de nuestros hermanos han muerto durante la resistencia. No nos explicamos por qué el gobierno se empecina en imponer el proyecto”, señaló Agredano Sánchez.
«La Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la CEA nos hacen puras promesas y se burlan. No nos han escuchado pese a que ya recorrimos todas las instancias nacionales», denunció.
María Alcaraz, otra vecina, cuestionó: «¿En Talicoyunque sembraremos cacahuate, maíz, alfalfa? ¿Tendremos las vacas en las azoteas?» Varios de los afectados recordaron que no los consultaron sobre el plan de reubicación, pero 98 por ciento lo rechaza. De Shutter dijo estar preocupado, pero instó a no perder la esperanza, pues hay tribunales para proteger a la gente, y ofreció volver a la zona, enclavada en el municipio alteño de Cañadas de Obregón.
«A nadie se le puede privar de su derecho a la alimentación, que no sólo es poder alimentarse, sino producir los alimentos, como marca la Constitución, y espero que los tribunales lo hagan valer», expuso el relator; y garantizó a las comunidades que mantendrá la gestión de su caso ante autoridades federales y estatales.
«No están solos. Quiero asegurarles que su lucha importa a muchas personas, y es esencial que conserven sus medios de subsistencia, pues viven de cultivar productos que no van a crecer donde serían reubicados», dijo.
Abandona el Estado el desarrollo rural en favor del libre mercado, acusan organizaciones de Chiapas ante el relator especial de la ONU para el derecho a la alimentación
Por Emanuel Gómez.
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, 15 de junio de 2011. En el marco de la visita oficial del relator especial de la ONU en Chiapas, México, las organizaciones presentes denunciaron que en Chiapas se operan políticas económicas favorables al libre mercado en materia de desarrollo rural, marcadas por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), lo que ha contribuido dejar de ser el principal centro productor de maíz en el sureste y pasar a ser un estado de tránsito para las empresas productoras e importadoras de maíz, lo que representa una pérdida de soberanía alimentaria, afectando a cientos de miles de familias indígenas y campesinas.
El relator de la ONU, Oliver De Shutter, después de visitar Santiago El Pinar, municipio donde opera el programa Ciudades Rurales, conoció de viva voz las denuncias y propuestas de las organizaciones, entre ellas las de productores de maíz, que acusaron al Estado de facilitar la siembra experimental de maíz transgénico en 1,000 hectáreas en el norte de México y la apertura a que la empresa Monsanto, principal interesada en la comercialización de organismos genéticamente modificados en el mundo, establezca hasta 20,000 has. de siembra experimental de maíz, a través de un convenio recientemente firmado entre el gobierno del estado y la fundación Fundar, filial de la multinacional en Chiapas. También los cafetaleros denunciaron que la empresa AMSA, filial de Nestlé, está promoviendo, sin éxito entre los productores, la adopción de café robusta, así como está próxima a liberarse una variedad de café transgénico.
“La desnutrición en las comunidades indígenas de Chiapas, es muy grave, no en vano en esta región tzeltal-tzotzil se ubican 14 de los municipios con el menor Índice de Desarrollo Humano de México”, recordó Juan Velasco, de la cooperativa Chol Xumulhá, quien señaló que la producción de maíz es básica para el autodesarrollo y la alimentación y sin embargo la tendencia en la población es la producción agrícola comercial, por ejemplo de café, que si bien es un ingreso importante para los campesinos, no resuelve problemas para autoconsumo.”
“En Los Altos de Chiapas, la tenencia de la tierra se ha pulverizado hasta llegar a media hectárea por familia, lo que resulta insuficiente y es factor de conflictos sociales. La pulverización de la tenencia de la tierra ha sustituído el sistema agrícola de los mayas, que se basaba en el sistema de Roza-Tumba y Quema, por un sistema dependiente de insumos agrícolas distribuídos por el gobierno, y esto representa una pérdida de $600 pesos. por ha, lo que anteriormente se resolvía con la incorporación de insumos orgánicos a la tierra”, señaló Velasco.
Se denunció que la SAGARPA (Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación) tiene un programa de apoyo a la agricultura de maíz de autoconsumo en zonas marginadas, y sin embargo en 2011 este programa se operó en las zonas Soconusco y Frailesca, donde no viven los productores de autoconsumo, sino los de alta producción. Ante esta situación, la Unión de Milperos y la Red de Semillas Nativas o Red Maíz Criollo, demandó que el fomento de las semillas nativas sean la base de todos los programas de gobierno.
Por su parte, Jesús Andrade, de UNORCA-Vía Campesina, señaló que el impulso de los programas de fomento a la producción de alimentos debería sustituir los programas de importación de alimentos o de distribución de insumos agrotóxicos; así como se pronunció por la prohibición de las semillas transgénicas.
El dr. Manuel Parra, académico de El Colegio de la Frontera Sur (Ecosur), señaló que la población ha perdido su capacidad de producir sus propios alimentos. Mencionó que los ingresos familiares se componen de agricultura minifundista, remesas por inmigración y subsidios gubernamentales. “Hace 20 años, las familias disponían hasta de 20 has para producción agrícola, y actualmente sólo cuentan con 0.5 a 2 has, lo que es insuficiente para alimentar a las familias, los terrenos tienen poca disponibilidad de agua y se encuentran alejados de los centros de población, lo que aumenta la inseguridad alimentaria.
Por su parte, el Dr. Marcos Arana, del Instituto Nacional de Nutrición y del Centro de Capacitación para Campesinos (CCESC), comentó que la dispersión de la población en Chiapas, que afecta a 20,000 comunidades y 25,000 personas desplazadas por conflictos armados desde 1994 y aún antes, ha tenido poca atención estatal, al grado que no existe un informe oficial de las condiciones de salud y alimentación de la población. “En este contexto de dispersión poblacional, el estado es incapaz de brindar atención adecuada a la población, por lo que ha instrumentado el programa Ciudades Rurales, sin embargo, no hay una política gubernamental de acceso a la información de este programa, se ofrece a la población reubicarse en viviendas construídas con materiales inadecuados para las condiciones regionales.
Es necesario una evaluación de impacto de Ciudades Rurales, externa e independiente, que profundice las consecuencias en la población. Chiapas se ha convertido en un estado expulsor de población, se calcula que en los últimos años, entre el 8 y 10% de la población chiapaneca ha emigrado hacia Estados Unidos, Cancún y Ciudad Juárez, un síntoma del abandono en que se encuentra la población rural”, señaló el investigador, quien acusó que en las comunidades indígenas el programa Oportunidades distribuye hasta 6 millones de despensas alimentarias con altos índices de azúcares, lo que es un riesgo muy alto de incrementar la desnutrición y diabetes infantil. El 80% de los niños de Chiapas vive en viviendas donde se cocina con leña, por lo que están expuestos al humo de leña, por su parte, el gobierno promueve la construcción de estufas ahorradoras de leña, pero no se ha evaluado su impacto, aceptación por la población y resultados, dijo.
Las organizaciones coincidieron que la cultura alimentaria está en un proceso de erosión, señalaron que en las comunidades indígenas los refrescos tienen un precio más bajo que el agua y la leche, lo que ha disparado el consumo de refrescos entre las comunidades indígenas, particularmente las que tienen acceso limitado al agua de ríos. Las compañías refresqueras han sido tratadas con privilegios sin parámetros, por ejemplo, se afirmó que en San Cristóbal de Las Casas, la empresa Coca Cola tiene acceso a los acuíferos de mayor calidad.
Julio Arce, de la Unión Campesina del Sur, denunció que el Programa Especial de Seguridad Alimentaria (PESA), aplicado por la Secretaría del Campo del gobierno del estado con metodología de la FAO, favorece a las empresas de insumos agrícolas, que se asocian con las comunidades para que se les elija como proveedoras exclusivas de las familias beneficiadas por el programa, pues las comunidades son incapacez de aportar el 30 ó 50% de los recursos financieros que exige el gobierno para acceder a los proyectos productivos. Esto se debe, dijo, a la situación de desempleo y muy bajos ingresos obtenidos por la agricultura.
Entre las propuestas que las organizaciones de la sociedad civil de Chiapas hicieron al relator, se insistió en la importancia de prohibir la siembra de maíz trasnsgénico y, en su lugar, fomentar la agricultura indígena, familiar y de pequeños campesinos, con base en los conocimientos tradicionales de manejo de los agroecosistemas y la incorporación de insumos natuales u orgánicos. El relator coincidió en que la agroecología es la base de una nueva agricultura de bajo impacto ambiental y económico, mas se preguntó cómo hacer de las experiencias exitosas una política de estado.
Se propuso al relator sugerir al Congreso de la Unión que la asignación del presupuesto para el desarrollo rural fuera bianual, de tal manera que la entrega de recursos a los campesinos estuviera marcada por el calendario agrícola, pues en la actualidad el calendario fiscal obliga a las instituciones en la materia a gastar los recusos asignados en menos de 6 meses, por lo que los recursos no se pueden aplicar durante las actividades agrícolas y se malgastan. Otra propuesta para el Congreso de la Unión fue que se reconociera la agricultura indígena y familiar mediante un decreto o ley de fomento a la cultura agrícola.
En su momento, el relator especial de la ONU para el derecho a la alimentación, Oliver De Shutter, agradeció a la sociedad civil su participación y señaló que en sus próximas reuniones con las autoridades estatales y federales les haría llegar sus propuestas. Así mismo, comentó que observa una dificultad en la situación actual que, por un lado, hay un modelo de desarrollo diseñado para Chiapas, Oaxaca y Guerrero, los estados más pobres de México, pero por otro lado está la modernización en curso, que al considerla como la única posible se omite un tercer camino, el del reconocimiento de la participación social de las autoridades.
“Es importante hacer las denuncias, pero la construcción de alternativas es más importante. Para que estas alternativas sean políticamente posibles y duraderas, es necesario un diálogo con las autoridades. Por ejemplo, el último cambio que hizo el Senado mexicano al artículo 4 de la Constitución, podría ser la base de un Plan de estrategia nacional que dirija sus esfuerzos hacia hacer efectivo el derecho a la alimentación”, señaló el relator.
“¿Cómo podemos hacer para implementar estas medidas estratégicas para asegurar el derecho a la alimentación?”, se cuestionó De Shutter, sugiriendo que se requiere la institucionalización de las experiencias de las organizaciones sociales, lo que es posible mediante el diálogo abierto. Lo que impacta es lo que funciona a nivel local, como la agroforestería, la agroecología, el almacenamiento del agua de lluvia, las reservas comunitarias o familiares de semillas, sin embargo, está claro que las políticas públicas no están ahí.
El relator hizo preguntas a los participantes, entre ellas respecto al Programa Estratégico de Seguridad Alimentaria (PESA), pues mencionó que en sus recientes entrevistas con funcionarios de agricultura consideran que este programa tiene excelentes resultados. Sin embargo, parece que este programa no puede resolver el problema de acceso al crédito.
También se cuestionó acerca de la efectividad de programas con base en subsidios como Oportunidades o Procampo, pues estos programas no llegan a las comunidades más alejadas: “Está claro que estos programas y otros deben diseñarse con base en los derechos humanos, y esto no es únicamente un argumento: los programas no pueden basarse en la caridad, sino en el derecho de las personas”, concluyó el funcionario de la ONU.
Oliver De Shutter observó que está claro que el programa Ciudades Rurales atiende las consecuencias de la dispersión poblacional, no las causas, como la pulverización de la tenencia de la tierra y el desempleo, como señalaron las organizaciones. Sin embargo, se preguntó lo que significaba brindar servicios de educación o salud a las poblaciones, pues mencionó que las autoridades le argumentaron que antes del programa los niños tenían que caminar de 2 a 3 horas para
llegar a la escuela, y esto, dijo, es un avance.
Respecto a los cultivos transgénicos, mencionó que PNUD ha diseñado una metodología denominada PACK, de próxima publicación, para que los gobiernos del mundo analicen las capacidades de los agricultores, en particular los que no tienen acceso a los créditos y su vulnerabilidad ante la distribución de transgénicos.
Por último, el relator retomó los datos difundidos por Marcos Arana en esta reunión: más del 80% de los niños de Chiapas tienen problemas nutricionales como sobrepeso o desnutrición, y señaló que esto se debe en gran medida a los alimentos disponibles para la población infantil, ricos en grasas, azúcares y proteínas. Señaló que el programa Oportunidades tiene un componente nutricional muy importante, y sería importante conocer la compatibilidad nutricional de las despensas distribuídas por el gobierno y las necesidades de la población infantil.
Resultado de la actual política agropecuaria, dice De Schutter
Matilde Pérez U. Periódico La Jornada.
Olivier de Schutter, relator especial de la Organización de Naciones Unidas para el Derecho a la Alimentación, advirtió que de continuar aplicándose las actuales políticas públicas en el sector agropecuario, en tres décadas México dependerá en 80 por ciento de las importaciones de alimentos y los campesinos seguirán abandonando sus parcelas.
En la reunión que sostuvo con once agrupaciones campesinas e integrantes del movimiento Sin maíz no hay país, que organizaron el foro El hambre no espera, la crisis alimentaria en México, manifestó su preocupación por la creciente dependencia de México en el rubro, el alza de los precios internacionales de los granos y su repercusión en el incremento de la pobreza alimentaria.
Al iniciar su visita oficial al país, comentó que de 1997 a 2005 y como uno de los efectos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, los agricultores perdieron mil millones de dólares anuales, siendo los más afectados los pequeños productores, los más pobres.
Además, 7 millones dejaron de practicar la agricultura. “Una mañana de enero de 2007, me impactó que la población haya salido a las calles a quejarse por el incremento de 50 por ciento en el precio de la tortilla. Me pregunté por qué pasó esto si la producción de maíz blanco en el país estaba por arriba de los niveles promedio: me di cuenta que un pequeño grupo de compañías poderosas –como Cargill y Maseca– dominan los sistemas de distribución y utilizan su poder en el mercado para imponer precios altos, es a ellos a los que se les debe exigir que bajen los precios.”
Adelantó que durante su estancia en el país y en las reuniones que sostendrá con autoridades de diversas instituciones, preguntará qué pasa con los apoyos que se les dan a los agricultores, pues «me he quedado muy impactado porque los programas como ingreso objetivo y Procampo en vez de reducir la desigualdad la provocan y hacen que los grandes productores del norte sean los beneficiados. No me queda claro qué ha hecho el gobierno para ayudar a los campesinos más pobres, sobre todo en el periodo 1997-2005».
Asentó que continuará la volatilidad e incremento de los precios internacionales de los granos y otros alimentos, pues el cambio climático pone a los mercados muy nerviosos y la producción agrícola está dirigiéndose hacia los biocombustibles, como el etanol y biodiesel. En México, además, la agricultura se ha dirigido más a los monocultivos de exportación y a la industria.
A los integrantes de las organizaciones campesinas y sociales les propuso estrechar la relación con los consumidores urbanos; integrar cooperativas para utilizar su poder de negociación en la cadena de dstribución de alimentos; aplicar una agricultura más ecológica para reducir la dependencia de los energéticos y de las grandes corporaciones y pasar de la necesidad y caridad, al reconocimiento del derecho a la alimentación, sin discriminar a nadie y sin prácticas clientelistas.
Antes Emilio García, de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala; Olegario Carillo, de la Unión Nacional de Organizaciones Rurales Campesinas Autónomas, y Miguel Colunga, del Frente Democrático Campesino de Chihuahua, pidieron al relator su apoyo para que el gobierno ponga como asunto de emergencia nacional la producción y reserva nacional de alimentos.
Amigos de la Tierra Internacional
El informe, “Banco Mundial: catalizador del cambio climático devastador”, responde a las preocupaciones expresadas por los países en desarrollo acerca del papel cada vez mayor que está adquiriendo el Banco Mundial en el financiamiento para el clima.
El informe muestra como el Banco invierte cada vez más en combustibles fósiles, lo que induce a países como India y Sudáfrica a depender cada vez más en el carbón. Además, el Banco impulsa la expansión de los mercados del carbono, que son una válvula de escape a disposición de los países industrializados para evitar reducir sus emisiones, que causa daños ecológicos y el desplazamiento de comunidades en el Sur global. Y a pesar de sus impactos negativos en términos ambientales, sociales y de cambio climático, el Banco Mundial continúa aumentando significativamente su apoyo a las grandes represas hidroeléctricas.
A pesar de los préstamos que otorga para proyectos sumamente insustentables en todo el mundo, el Banco está procurando asegurarse un papel influyente en el nuevo Fondo Verde para el Clima de la ONU y en los mecanismos para reducir las emisiones derivadas de la deforestación y la degradación de los bosques (REDD).
El Coordinador del Programa de Justicia Económica de Amigos de la Tierra Internacional, Sebastián Valdomir, dijo: “El Banco Mundial es parte del problema climático, no de su solución. Sus conflictos de interés y sus pésimos antecedentes sociales y ambientales deberían servir para descalificarlo automáticamente de cualquier participación en el diseño del Fondo Verde para el Clima, y del financiamiento para el clima en general”.
El Banco Mundial es acusado de conflictos de interés al oficiar de administrador interino del Fondo Verde para el Clima (función fiduciaria) y formar parte de la Unidad de Apoyo Técnico que está diseñando el fondo (función de consultoría). Como consecuencia, el Banco estaría diseñando un fondo que supuestamente debería supervisar sus propias actividades.
Las inversiones del Banco Mundial en combustibles fósiles y el impulso a las falsas soluciones al cambio climático como el comercio de carbono y las grandes represas, deberían ser suficientes para excluir al Banco de cualquier tipo de participación en el diseño del Fondo Verde para el Clima de la CMNUCC. Amigos de la Tierra Internacional reclama que el financiamiento para el clima provenga de aportes presupuestarios y otras fuentes innovadoras que no estén basadas en el mercado –tales como impuestos a las transacciones financieras- y que su monto guarde proporción con el papel desproporcionado de los países ricos en la generación del problema del cambio climático.
Kate Horner, analista de políticas de Amigos de la Tierra Estados Unidos, dijo: “El Banco Mundial pretende mostrar liderazgo en la lucha contra el cambio climático, pero como muestra este informe, es uno de los mayores financiadores de proyectos de combustibles fósiles sucios, comercio del carbono y mega-represas. Estas iniciativas agravan la pobreza y nos llevan al borde de un desastre ambiental mundial”.
NOTAS:
[1] El informe muestra que en 2010 el Banco batió un nuevo récord en materia de financiamiento para combustibles fósiles (6.600 millones de dólares en total), lo que representa un aumento del 116% con respecto a 2009. De ese total, 4.400 millones de dólares se invirtieron en proyectos asociados al carbón, lo que también significó un incremento récord del 365% respecto del año anterior.
[2] El brazo prestamista del Banco Mundial para el sector privado, la Corporación Financiera Internacional (CFI), aprobó una inversión de 450 millones de dólares para la central de energía eléctrica a carbón de 4000 megavatios de Tata Mundra en Gujarat, India, que emitirá 25,7 millones de toneladas anuales de CO2 durante 25 años o más.
En abril de 2010, el Banco Mundial aprobó un voluminoso préstamo de 3.750 millones de dólares, la mayor parte del cual se utilizará para financiar la central a carbón de Medupi de 4800 megavatios que está construyendo Eskom, la empresa estatal de energía eléctrica de Sudáfrica. Sudáfrica es hoy en día responsable del 40% de todas las emisiones de gases de efecto invernadero de África, y este préstamo le agregará aun más emisiones.
[3] El Banco Mundial ha venido incrementando sus inversiones en grandes represas desde 2003, después de una pausa en su actividad inversionista en ese rubro en la década de 1990, a pesar que las represas ya han desplazado entre 40 y 80 millones de personas.
[4] Los Fondos de Inversión en el Clima (FIC) del Banco Mundial incluyen un Programa Piloto sobre la Capacidad de Adaptación al Cambio Climático (PPACC), que permite dar préstamos para la adaptación, a diferencia de los fondos de la CMNUCC y el Fondo de Adaptación. Esto condujo recientemente a protestas en Nepal y Bangladesh.
[5] La versión en español del informe está disponible en: http://www.foei.org/es/recursos/publicaciones/pdfs-por-ano/2011/banco-mundial-catalizador-del-cambio-clima301tico-devastador/
La versión en inglés del informe está disponible en: http://www.foei.org/en/resources/publications/pdfs/2011/world-bank-catalysing-catastrophic-climate-change/
[6] Las principales conclusiones del informe se presentarán en un evento paralelo a las negociaciones de la CMNUCC sobre el clima, en Bonn, Alemania, el sábado 11 de junio desde las 18:45 a 19:45, en WIND, en el edificio del Ministerio de Medio Ambiente.
El Organismo de Cuenca Lerma Santiago Pacífico (OCLSP) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), a cargo de Raúl Benítez, y quien ha insistido en el beneficio que traerá la represa El Zapotillo, no asegura que se tendrán agua incluso con la represa el Zapotillo. Según la OCLSP, el volumen de agua de las principales presas de Jalisco y de la Cuenca Lerma Chapala se encuentra en una situación crítica, ya que sólo almacenan el 54% de su capacidad máxima.[1] O sea, que las represas no garantizan que la población de Guadalajara tendría agua con la represa del Zapotillo que se pretende construir a costa del desplazamiento de la población de Acasico, Palmarejero y Temacapulín. En las últimas décadas se han sufrido largos periodos de sequías en el río verde.
Según el monitoreo de la Dirección Técnica del OCLSP, en las 52 presas más importantes de Jalisco, con excepción de El Salto, al 86% y Calderón al 65%, todas las demás están entre el 30 y 50% de su capacidad total. La presa más grande del estado, Cajón de Peña, en Tomatlán, se encuentra al 58%, seguida de Basilio Vadillo, en Ejutla, al 57%, Tacotán y Trigomil, en Unión de Tula, ambas al 56%. La Pólvora, en Degollado, al 48%; Santa Rosa, en Amatitán, al 46%; El Cuarenta, en Lagos de Moreno, al 42%; La Vega, en Ameca, al 39% y La Red, en Tepatitlán, al 37%.
Las principales presas de la Cuenca Lerma Chapala, que comprende los estados de México, Querétaro, Guanajuato, Michoacán y Jalisco, presentan todavía almacenamientos más bajos, que las ubican al 39% de su capacidad. La presa Solís, la más grande de la región hidrológica encuentra al 34%, mientras que Tepuxtepec se ubica al 62%. Laguna de Yuriria, al 45%; Ignacio Allende, al 37%; La Purísima, al 46%; Melchor Ocampo, al 11%; Tepatitlán, al 38%; Ignacio Ramírez, al 26%; Alzate al 13% y Peñuelitas al 16%. El lago de Chapala tiene un descenso es de 1.39 metros, nivel que no se ha presentado en al menos los últimos 14 años. Chapala tiene el 63.34% de su capacidad total.
Lo anterior confirma que las represas y específicamente el Zapotillo, no garantizan el agua a las ciudades. Además se ha demostrado que contribuyen a la crisis climática, obligan el desplazamiento de población, provocan empobrecimiento, inundación de patrimonio cultural, violencia y represión; desaparición de manglares, bosques y biodiversidad; desaparición de recarga de acuíferos, salinización de tierras, corrupción, generación de sismos, eliminación de especies nativas; desfogues e inundaciones con la pérdida de pueblos y tierras productivas, entre otras consecuencias que al misma Comisión Mundial de Represas ha documentado en todo el mundo.
Es necesario y urgente detener el represamiento de los ríos en el país, dejar los ríos vivos y buscar nuevas alternativas sustentables para la gestión del agua. Existen alternativas viables y responsables.
El MAPDER se solidariza con la lucha de los integrantes de la Organización “Salvemos el Río” del estado de Veracruz que se manifestaron en Plaza Lerdo contra los planes de CONAGUA que pretende modificar la veda del río Los Pescados para la construcción de la represa de Jalcomulco. Son más de un millón de personas que están en contra de dicho proyecto de las comunidades de Jalcomulco, Paso de Ovejas, Apazapan, entre otros. Nos sumamos a sus consignas de “Xalapa: la recolección de agua de lluvia es una opción para solucionar tu desabasto”; “No a la modificación de veda del río La Antigua”; “No a las presas”; “Señor Gobernador ¿usted conoce Jalcomulco?, prometió ayudarnos; “CFE: No inundes nuestras comunidades”; “Dame vida no muerte”. En Veracruz la CFE pretende construir 10 presas hidroeléctricas en varias cuencas de la entidad.[2]
¡AGUA PARA LA VIDA, NO PARA LA MUERTE!
¡EXIGIMOS LA CANCELACIÓN INMEDIATA DE LA REPRESA EL ZAPOTILLO!
MOVIMIENTO MEXICANO DE AFECTADOS POR LAS REPRESAS Y EN DEFENSA DE LOS RIOS (MAPDER)
NOTAS:
[1] Guadalajara | Martes 07 de junio de 2011 Notimex | El Universal18:05, http://www.eluniversal.com.mx/notas/771130.html
[2] http://www.imagendelgolfo.com.mx/resumen.php?id=250947
Buenos Aires, 10 de junio 2011.
En los últimos días se ha sucedido en la Argentina el libramiento de órdenes judiciales de detención y allanamiento contra una docena de miembros del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase), parte del Movimiento Nacional Campesino Indígena – Vía Campesina en una nueva oleada de criminalización de la protesta social y la lucha por tierra para alimentar a los pueblos y no para el agronegocio.
Según ha informado el equipo legal del Movimiento, en el juzgado criminal 4to turno de la ciudad de Santiago Capital, a cargo de Tarchini Saavedra, se libró una orden de detención contra 12 integrantes del Movimiento por una denuncia de la Sociedad Julián Hnos., autodenominados propietarios del campo La Flor, en el departamento Alberdi. Las justificaciones para librar dicha orden son: asociación ilícita, daños, usurpación y tenencia de armas de guerra. Los compañeros y compañeras emplazados son Ángel Strapazzón, René Santillán, Javier Santillán, Lino Santillán, Deolinda Carrizo, Hugo Carrizo y Gustavo Carrizo, entre otros.
Se trata de una ofensiva que no resulta novedosa para el MOCASE que lleva dos décadas de lucha por la reivindicación de los Derechos Humanos campesinos y por la distribución de la tierra en esa provincia argentina y que por ende ha sufrido la presecusión y represión contra sus miembros.
Lastimosamente, los mecanismos jurídicos han sido empleados como forma de acallar y desvirtuar la lucha de las comunidades y organizaciones en Argentina y en la región latinoamericana y caribeña en su totalidad, como lo hemos comprobado los integrantes de Amigos de la Tierra venidos de diez países reunidos en esta ciudad para nuestra Asamblea Anual.
Desde esta, nuestra máxima instancia de decisión regional, ATALC manifiesta la solidaridad con los compañeros y compañeras del Movimiento Nacional Campesino Indígena afectados directamente por las órdenes de allanamiento y detención.
Al tiempo que difundiremos a través de nuestros grupos de base y el conjunto de las redes en las que participamos a nivel nacional, regional y global esta situación, cosechando mayor solidaridad con los compañeros y compañeras, reclamamos la anulación de las órdenes de allanamiento de sus viviendas y detención de sus personas, por improcedentes.
Reclamamos asimismo el inmediato cese del acoso de que son víctimas los luchadores y las luchadoras del MOCASE y el MNCI desde los tribunales judiciales a instancias de las empresas y terratenientes movidos por el objetivo de ampliar su dominio de los bienes naturales y maximizar sus ganancias.
Esta Asamblea ha ratificado el compromiso de nuestra Federación y grupos de base como un todo para la visibilización y censura a los procesos de criminalización de la resistencia de los pueblos, en lo urbano y rural, contra el avance del capital sobre sus derechos y bienes naturales.
Como hemos podido comprobar a través de testimonios de compañeros del MNCI que nos han acompañado en esta instancia de encuentro, la criminalización de su organización no se encuentra desligada del fenómeno de acaparamiento de tierras que ha vulnerado los derechos de estados y comunidades en todo el Planeta y que incluso ha sido objeto de preocupación desde la Organización de Naciones Unidas.
Instamos finalmente a otras redes amigas a manifestar su solidaridad y acompañamiento a las compañeras y compañeros y las organizaciones involucradas.
9 de Junio de 2011
BOLETÍN DE PRENSA MAPDER
La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) nuevamente impone el control de la información sobre el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) para ocultar la verdad sobre el dictamen donde se especifica que el poblado de Temacapulín, por su composición histórica de más de mil cuatrocientos años, natural y arquitectónica, no debe ser inundado por la represa El Zapotillo.
El pasado 6 de junio, el INAH archivó como clasificada por dos años la información del dictamen que presentó el investigador Cuauhtémoc de Regil. En este dictamen se protegían los monumentos y tesoros históricos y culturales del poblado de Temacapulín que pretende inundar la CONAGUA. Ya desde el 2008 el primer reporte no se protocolizó como dictamen lo que le permitió a CONAGUA seguir en la ilegalidad de la obra. Apelando a los artículos 14, fracción VI, y 45, párrafo primero de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el INAH argumenta que “la información que se solicita está clasificada como reservada, toda vez que, la Comisión Nacional del Agua hizo valer una impugnación al dictamen de referencia”. Sin embargo, el dictamen ya es de conocimiento público (Anexo).
Aunque no hay monumento histórico removido en el país por la inundación de cientos y cientos de represas en todo el territorio mexicano, CONAGUA pretende que la sociedad crea que trasladarán la Capilla de Acasico, el cementerio antiguo y la Iglesia de Temacapulín, además del portal de la Delegación Municipal. El 31 de mayo pasado, el director del organismo de Cuenca Lerma-Santiago-Pacífico, Raúl Antonio Iglesias Benítez aseguró que cada vestigio con valor histórico será removido “piedra por piedra”, conforme al Dictamen Técnico del INAH. Sin embargo, Iglesias Benítez, respecto del nuevo dictamen del INAH que se elaboró en tan sólo 5 días, señaló que únicamente se recomienda rescatar la fachada de la basílica, entre otros 4 puntos. Mañana dirán que no era necesario ninguno. Cabe recordar que el Puente de Arcediano en Jalisco, único en América Latina, se prometió reubicarlo “piedra por piedra” para la construcción de la represa Arcediano. Hoy, el puente de patrimonio histórico y cultural se encuentra desmontado, derruido y abandonado. Y la represa Arcediano nunca se construyó pero sí favoreció arcas de corrupción. Así, no sólo las leyes son nuevamente violadas sino los tratados internacionales en la materia que México ha signado.
La conclusión del Dictamen Técnico del INAH (Anexo a este boletín de prensa) con fecha del 14 de abril del 2011, confirma:
“La población o centro urbano de Temacapulín, tal como se desprende de los argumentos expresados en los numerales previos del presente dictamen, así como a las referencias a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, los documentos internacionales de los cuales México es signatario, a la valoración técnica, histórico y social que se expresan en el presente dictamen, contiene un alto porcentaje (cerca del 70%) de su territorios urbano, monumentos históricos que de acuerdo a la ley Federal deberán ser conservados, sustentándose lo anterior en el interés general y público sobre el patrimonio cultural edificado de la Nación. Asimismo, por la arquitectura rural que subsiste mezclada en el territorio urbano y que se extiende más allá de los límites urbanos, se trata de un conjunto de monumentos históricos claramente identificado.”
“Por tal motivo, los monumentos históricos y ambientales, así como paisajísticos y naturales en los que se inserta el poblado deben ser protegidos y conservados por ser de interés de la nación. La eventual construcción de la presa El Zapotillo, al inundar el poblado y sus inmediaciones implica la destrucción del patrimonio histórico, social y cultural identificado a través de diversos estudios y documentos, Ante ello sería imposible recuperar los elementos ambientales y el locus propio y rasgo identitario de Temacapulín, con las consecuencias que ya han sido estimadas y respaldadas por estudios sobre el particular de la UNESCO, ya que los habitantes del asentamiento tienen el derecho inalienable a conservar su patrimonio identitario”.
“Como resultado del análisis llevado a afecto y como parte de la materia de interés jurídico del INAH en el ámbito de los monumentos históricos, el conjunto representa un hito histórico cuyo valor es de interés manifiesto de sus habitantes y su conservación responsabilidad del Estado mexicano y de interés de la Nación tal como lo señalan las leyes en la materia”
¿Derechos de la Naturaleza?, ¿Ecologista?, ¿Ambientalista?, ¿Ecologismo de los Pobres?, ¿Teología del Medio Ambiente?, ¿Feminismo Ecologista?, ¿Capitalismo verde?, ¿Ecologismo pacifista?, ¿se puede ser anticapitalista y no ecologista?
Te recomendamos estas lecturas:
Movimiento ecologista
http://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_ecologista
Ecologistas, Ecólogos y Ambientalistas: ¿De qué va todo esto?
25/05/2006
http://ecosofia.org/2006/05/ecologistas_ecologos_ambientalistas
CONTRA LA BARBARIE ECOLÓGICA DEL CAPITALISMO.
ENTREVISTAS SOBRE ARISTAS TRÁGICAS (Y FRECUENTEMENTE OSCURECIDAS) DE LA CIVILIZACIÓN CAPITALISTA.
SALVADOR LÓPEZ ARNAL (editor). PRÓLOGO DE GUSTAVO DUCH
222 págs. 1.1MB
http://www.rebelion.org/docs/92501.pdf
El ecologismo de los pobres
Juan Martínez Alier. Lima en febrero 1992
15 págs. 328 kb
http://www.archivochile.com/Chile_actual/07_ecogra/chact_ecol0004.pdf
Del anticapitalismo y el ecologismo como alternativa política
Esther Vivas. Adital. 23 Mayo 2011
http://www.redescristianas.net/2011/05/23/del-anticapitalismo-y-el-ecologismo-como-alternativa-politicaesther-vivas/
Para ser ambientalista, hay que ser anticapitalista
Por: Johan Benard. 19/08/07
http://www.aporrea.org/ideologia/a39922.html
COMUNICADO DE PRENSA:
En un operativo militar, este pasado 4 de junio, fue detenido el empresario Jorge Hank Rhon en su domicilio ubicado en la ciudad de Tijuana. El Ejército encontró más de medio centenar de armas. El saldo fue de tres escoltas heridos, la detención del chofer y su jefe de escoltas Jorge Vera (hijo de Antonio Vera Pestina, asesino material del periodista Héctor Félix Miranda, El Gato) y personal de seguridad. En 1996, Jorge Hank fue detenido en el Aeropuerto Internacional “Benito Juárez” de la ciudad de México acusado de contrabando de artículos de piel y después alcanzó su libertad bajo fianza.
La familia Hank Rhon es dueña de la empresa La Peninsular, parte del consorcio Hermes Construcción a quienes el gobierno les ha otorgado por años las licitaciones para construir represas como El Cajón y ahora construyen la Represa El Zapotillo, junto con la trasnacional española Fomento de Construcciones y Contrata (FCC).
La dueña de FCC es la millonaria española Esther Koplowitz Romero de Juseu, Marquesa de Casa Peñalver, quien es la principal accionista. La riqueza de Esther Koplowitz Romero de Juseu, según la revista Forbes del año 2009, ocupa el puesto 430 del mundo. Se presume como la empresa más importante del sector en España. Mientras que con su Fundación Esther Koplowitz tiene una imagen social responsable, en México se beneficia con la construcción que va a implicar dejar sin hogar ni tierras a los habitantes de tres poblados que pretenden ser reubicados por la fuerza, expropiadas sus viviendas y hacinados en pequeñas viviendas mal construidas. Mientras en Madrid y en Barcelona, España, Esther Koplowitz construye viviendas dignas para personas mayores, acá no le importa la muerte de ancianas mayores que durante el 2010 fallecieron en la comunidad de Temacapulín, causadas por la crisis traumática que les ocasiona la tensión de que serán expulsadas de sus viviendas por la construcción de la represa que lleva a cabo la empresaria Esther Koplowitz.
Mientras las ilegalidades han sido ampliamente documentadas, el gobierno estatal ni federal ha presentado pruebas de lo contrario. Por ello las empresas que la construyen operan en la ilegalidad y cometen delitos ambientales graves e irreversibles para las cuencas de la región. El proyecto ha estado plagado de irregularidades desde su origen. Ya desde el 2009 la Secretaría de la Función Pública determinaría si suspendía el proceso de licitación, pues Conagua usó un permiso ambiental irregular. Desde aquel entonces dos de los siete participantes en la licitación presentaron inconformidades por el fallo que nombró ganador al consorcio encabezado por las empresas de Carlos Hank Rhon.
Sin cambio de uso de suelo, sin respeto a los derechos humanos, ni consulta; con amenazas a la población, con órdenes de aprehensión contra las personas que además pretenden desalojar violentamente; pese a las recomendaciones del Congreso del Estado, de Amnistía Internacional, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de detener la obra, de amparos, de peritajes psicosociales, del peritaje del INAH, en la total ilegalidad de la obra la corporación trasnacional española FCC y el Grupo Hermes siguen a pasos acelerados la construcción de la presa El Zapotillo, con sus instalaciones rodeadas de cercos policíacos para evitar nuevamente la toma de las instalaciones.
Y la búsqueda de alternativas viables y sustentables para la gestión del agua en el país!
MOVIMIENTO MEXICANO DE AFECTADOS POR LAS REPRESAS Y EN DEFENSA DE LOS RIOS (MAPDER)
Detienen en Tijuana a Jorge Hank Rhon por posesión de 88 armas