Declaración de los organismos civiles ante la posible creación de una ley estatal sobre desplazamiento forzado para el Estado de Chiapas
(extracto)
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Las organizaciones civiles firmantes,
-Tomando en cuenta el anuncio de una probable creación de una ley estatal sobre desplazamiento forzado en Chiapas,
-Recordando los lamentables sucesos de desplazamiento forzado ocurridos en el pasado por motivos calificados como de conflictos religiosos, y aquellos ocurridos en el marco del conflicto armado aún no resuelto en Chiapas, y su deficiente atención,
-Considerando la realización del Foro de Diálogo sobre Cultura de Paz, Desarrollo Local y Desplazamiento Interno de Personas, convocado por diversas agencias de las Naciones Unidas para desarrollarse los próximos 9 y 10 de marzo del presente año, en la Ciudad de San Cristóbal de Las Casas.
Manifestamos que cualquier propuesta de ley debe retomar el concepto de desplazado interno contenido en los principios Deng, estar basada en una perspectiva de derechos humanos, tanto individuales como colectivos bajo criterios pro-persona, de acuerdo a la práctica jurídica del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, destacadamente su Corte, y considerar que:
1.- El desplazamiento forzado es un atentado a la dignidad de la persona. Es una violación a los derechos humanos porque despoja a las víctimas no sólo de un sustento material sino de su territorio de existencia para desarrollar libremente sus planes de vida, afectando diferenciadamente a las víctimas por su condición social, cultural, económica, de género y edad.
2.- El desplazamiento forzado cualquiera sea su causa, debe ser eficazmente prevenido estableciendo medidas que obliguen tanto al estado como a particulares, a omitir acciones que lleven al desplazamiento forzado de cualquier persona o grupo de personas.
9.- La atención a las víctimas de desplazamiento forzado deberá estar orientada a resarcir hasta el máximo posible los daños ocasionados para la reconstrucción de condiciones que les permitan reanudar sus proyectos de vida y hasta el punto de su auto-sostenimiento económico. Esta atención deberá contemplar aspectos físicos, emocionales y materiales, que respondan a los derechos internacionalmente reconocidos y a las condiciones particulares por razones de cultura, género y edad, particularmente tratándose de poblaciones indígenas.
10.- El estado de Chiapas tendrá la obligación de coordinar y crear las instituciones, normas y reglamentos, así como dotar de los recursos que sean necesarios para garantizar una efectiva aplicación de una ley sobre desplazamiento forzado.
11.- La ley deberá reconocer a aquellos grupos de desplazados por eventos pasados, independientemente de la causa de su desplazamiento, que por su propio esfuerzo han podido reconstruir condiciones mínimas para continuar sus proyectos de vida con la poca o nula intervención del estado, y establecer mecanismos de atención, de acuerdo a los estándares descritos en los puntos anteriores y aquellos establecidos en los Principios Deng, a aquellos grupos de desplazados que aún se encuentran en situación de vulnerabilidad o precariedad, de tal modo que puedan librar los obstáculos persistentes generados por su desplazamiento en años anteriores.
Declaramos que en esta propuesta de diálogo que se pretende para el Foro de los días 9 y 10 de marzo próximos, deberá plasmar en su memoria todas las voces en condiciones de equidad, transparencia y horizontalidad, y enfocar sus resolutivos en la construcción de consensos para una ley de desplazamiento forzado que proteja eficazmente de la violación a los derechos humanos ocasionados por el desplazamiento antes, durante y después de que ocurra, de acuerdo a los puntos arriba señalados.
Las organizaciones civiles estaremos atentos y vigilantes de este proceso a fin de que cumpla con los más altos estándares de derechos humanos y de una verdadera práctica democrática.
DESCARGAR COMPLETA: organismos_ley_estatal_desplazamiento_forzado.pdf
PARÍS, feb (Tierramérica) – La desigualdad de género en detrimento de la mujer es bien conocida y documentada. Pero lo que no se sabe tanto es que también el comportamiento masculino es el mayor responsable de la emisión de gases invernadero, que causan el recalentamiento del planeta.
Agricultura a gran escala responsable de deforestación y aumento de precios de alimentos.
El comercio exterior de América del Sur no sólo no ha logrado romper la dependencia en exportar materias primas, o sea, recursos naturales, sino que ésta se acentúa, alentada por factores como la crisis económico financiera, los altos precios de los commodities, y el insaciable apetito importador asiático.
En varios foros internacionales de Naciones Unidas y otros avanza una nueva ola de discusión –o mejor dicho de cabildeo empresarial– para promover lo que llaman una nueva «economía verde». En la reunión de enero 2011 del Foro Económico Mundial en Davos –que reúne anualmente a los intereses económicos más poderosos– el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, llamó a una «revolución de libre mercado para la sostenibilidad global», destacando que esta «revolución» no amenaza sus intereses económicos. Al contrario, llamó a las grandes industrias a invertir en negocios «verdes» para salir de las crisis financieras y económicas, aprovechando oportunidades en «agua, energía y alimentación», así como con el cambio climático. Yvo de Boer, ex secretario de la Convención de Cambio Climático, alabó la posición de Ban Ki-moon y refirió que justamente el principal éxito de las negociaciones climáticas en Cancún había sido «crear un mapa de ruta para abrir nuevos mecanismos de mercado» (The Guardian, 27/1/2011), insertando el tema del cambio climático en el de la economía verde global.
Imagínate que un conocido te enseña el mapa de tu pueblo dividido en cuadrados. Y que cada uno de esos cuadrados ya está adjudicado para la explotación de minerales. ¿Qué harías? “Yo mañana paro la minera”, dijo Aldo Flores y el día 14 de diciembre de 2009 inició junto con el abogado Sergio Ramírez un corte de ruta a la empresa Yamana Gold para salvar Andalgalá, un pueblo de 20.000 habitantes en la provincia de Catamarca. Los vecinos no tardaron en sumarse masivamente al corte y así crearon la Asamblea del Algarrobo. Hasta ahora han conseguido frenar las acciones de la minera, que estaba a punto de empezar a explotar Agua Rica, una mina de oro, plata y cobre a 17 kilómetros de la ciudad, que consumiría 300 millones de litros de agua al día, mientras que Andalgalá sufre cortes en el servicio todos los veranos. “La explotación de Agua Rica dejaría el pueblo sin agua y nos obligaría a irnos. Entonces la empresa podría explotar sin problemas los minerales que hay debajo del pueblo”, comenta Ruth Vega, activista de la Asamblea.
Ban Ki-moon, los líderes del mundo no están preparados para concretar un acuerdo amplio sobre cambio climático