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Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 22 de julio de 2020

Como todos los años desde el 2009, este 22 de julio los pueblos del mundo nos manifestamos en forma coordinada ante la devastación y desposesión provocadas por la ambición de los poseedores de capitales que imponen el extractivismo sobre nuestros territorios a lo largo y ancho del orbe. Más que considerarla una efeméride –como otras tantas en el “calendario ambiental”-, se trata de una fecha en que los movimientos en defensa del territorio denunciamos y ponemos al descubierto la complicidad entre gobiernos y capitales quienes lucran a costa de la salud, la vida y derechos de los pueblos. Es una denuncia y defensa que sostenemos a lo largo de los 365 días del año puesto que, cuando la vida está en juego, no hay espacio para bajar los brazos en una lucha profundamente asimétrica por la supervivencia.

El Día Internacional de Acción en Contra de la Minería tiene su origen en México, que se gesta en el contexto de la lucha contra el proyecto de extracción de oro por tajo a cielo abierto impulsado por Minera San Xavier -New Gold Incorporated de Canadá-. Este proyecto -al que ya se le denomina como el Museo Nacional del Ecocidio-, opera sobre los restos del despojo en las proximidades al Cerro de San Pedro, en San Luis Potosí y, una vez que arrasaron con todo el territorio, incluyendo la vida comunitaria y el pueblo de quienes ahí habitaban, la empresa dio inicio a la fase de abandono, a la cual, la propia empresa denomina eufemísticamente como el “cierre de mina ejemplar”. La compañía Minera San Xavier deja tras de sí; un tajo de grandes dimensiones, una montaña de pasivos ambientales sobresaliendo sulfatos y metales pesados; otra montaña de óxidos residuales ya lixiviados; pérdida de especies de flora y fauna locales; la destrucción total del cerro emblemático que dio origen al escudo de armas de San Luis Potosí; coloca en un riesgo severo el abasto de agua para la capital de San Luis Potosí, así como también ocasionó la contaminación de otras fuentes de agua que abastecen a pueblos circunvecinos, del mismo modo deja a la intemperie miles de toneladas de partículas de metales tóxicos que estarán suspendidas en el aire que son causal de un daño potencial para quienes habitan el valle de la metrópoli y pueblos contiguos; un historial de múltiples derrames de la presa de jales; del mismo modo que son parte de su historia las múltiples sentencias judiciales desacatadas por la empresa sin que tuviera sanciones por parte del gobierno. Igual sucede con la desatención a las graves afectaciones a la salud que ha generado y, por supuesto deja también una irreversible división comunitaria que fue creada por la empresa, así como el abandono de la región por desplazamiento forzado. En resumen, este proyecto es el mejor ejemplo del evidente contubernio que persiste entre el gobierno y las empresas.

El proyecto minero de Cerro de San Pedro es emblemático porque marcó la ruta del verdadero significado de la devastación de la minería a cielo abierto. Al día de hoy México se encuentra plagado de extremo a extremo por este tipo de proyectos, con aproximadamente 1,500 proyectos mineros operando, mismos que marcan un futuro sin retorno para quienes habitan esos territorios. Peor aún es que el gobierno de la Cuarta Transformación (4T) constantemente se queja de la entrega desmedida del territorio nacional, al mismo tiempo que muestra su total complacencia al no mover un ápice su postura para cancelar las más de 25 mil concesiones mineras vigentes, al mismo tiempo que reiteradamente mencionan y se ufanan de ello, que NO entregarán más concesiones mineras, queriendo mostrar ante la opinión pública una falsa postura de que la 4T significa un cambio de fondo. Mentira, con las concesiones que ya estaban operando y las que se encuentran vigentes enfrentamos una debacle sin retorno, tal como lo hemos documentado desde hace más de 11 años en la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA), En ese contexto, este gobierno se niega a detener y cambiar la política neoliberal del extractivismo minero.

En la temática minera –aunque no sólo en ese rubro-, el gobierno de la 4T es igual de decepcionante que sus antecesores, porque continúa de la mano de los grandes depredadores nacionales quienes, a pesar de los cientos de agravios que existen en su contra, no sólo NO LOS LLAMA a la rendición de cuentas, sino que les continúa entregando pedazos enteros de nuestro país. Los Larrea, Slim, Salinas Pliego, Bailléres, Romo, son una muestra fehaciente de que la impunidad continúa. Igual de deprimente es escuchar a este gobierno decir que en Canadá o en Estados Unidos la minería es responsable y ambientalmente correcta, porque con ese tipo de declaraciones sólo muestran el cinismo o la ignorancia para hacernos creer que, un llamado desde la Presidencia es suficiente para que las empresas extranjeras se “porten bien en México, tal como lo hacen en sus países”. De igual manera, es un insulto que se piense que el litio sea considerado como el petróleo blanco del futuro, porque muestra una visión cortoplacista y reduccionista que revela, entre otras cosas, un gran desconocimiento sobre las cadenas de valor asociadas al extractivismo que retroalimentan a las mal llamadas energías renovables, verdes, limpias o sustentables.

Es en ese sentido que nos parece absurdo que, desde la Secretaría de Fomento y Normatividad Ambiental de la SEMARNAT, a través del Subsecretario Julio Trujillo Segura, anuncie que harán modificaciones a las Normas Oficiales Mexicanas para impulsar al sector minero con el fin de iniciar la transición a energías “sustentables, limpias y renovables”. Es claro que SEMARNAT, aun con la auto-presunción de estar integrada por científicos especializados, actúan igual que el resto de los gobiernos del mundo, solamente afinando o “mejorando” reglas o procedimientos, los cuales, de antemano, más allá de si lo hacen bien o mal, ni siquiera se tiene capacidad instalada para supervisar si las empresas llevan a cabo los procesos que les “imponen” o peor aun, cuando el sector presiona políticamente -como sucedió con el tema del Glifosato, el cual, cuando la industria y el sector dominante presionaron, la SEMARNAT tuvo que “negociar” entre los daños a la salud y al ambiente ante la continuidad del uso del Glifosato–, está claro que la “ciencia” no les alcanzará para soportar la intimidación e influencia política de sectores empoderados.

Otro sinsentido, es que las empresas extractivas paguen impuestos cuando estos para nada subsanan el destrozo de la vida, el territorio y los bienes naturales. De nada sirve hablar todos los días en contra de la corrupción si ésta fluye cada vez con más fuerza en los territorios mineros. De nada sirve militarizar al país si la inseguridad en donde hay empresas mineras se incrementa. Por supuesto tampoco servirá una Ley Minera renovada, justa, con el goce de derechos humanos a plenitud, tal cual se pregona con el mal llamado derecho al consentimiento previo libre e informado, así como igualmente de infructuosa será la incorporación de los estándares internacionales más altos, porque simple y llanamente la verdadera vocación de la minería es la depredación de la vida y la continuidad del despojo.

La minería actual genera daños permanentes integrales y cancela el futuro de las próximas generaciones en donde se desarrolla.

Este día también es para recordar a nuestras y nuestros compañeros asesinados por y entre el contexto de las empresas mineras. Sirva también para recordar fraternalmente a las y los compañeros que han muerto en accidentes mineros por la negligencia de los empresarios sin que, a la fecha, ni gobierno, ni empresas hayan actuado para la reparación del dolor de miles de familias. Un abrazo fraterno a las familias de los compañeros fallecidos de Pasta de Conchos, quienes continúan con la esperanza de recuperar a sus hijos, esposos, hermanos, amigos y que el delincuente socioambiental del Sr. Larrea vaya a la cárcel. Abrazamos a todas las luchas del mundo que en este día refrendan su lucha cotidiana contra la actividad más depredadora del mundo, tan depredadora que es un sinsentido realizarla y una majadería intentar regularla.

Un abrazo especial y combativo para nuestras hermanas y hermanos de los Movimientos Sociales de Haití y República Dominicana, con quienes coincidimos plenamente cuando afirman que; “en el contexto del Covid-19 y ante las pretensiones de expansión de la actividad extractiva, lanzamos un grito para denunciar la manipulación de las empresas mineras, en complicidad con los gobiernos, quienes presentan a la actividad minera como una actividad esencial que dará solución para la recuperación económica que sufrimos, negando una vez más, la importancia del agua, de los árboles, de las reservas forestales, del patrimonio colectivo y la necesidad de poner la salud de los pueblos al centro de toda agenda política y toda estrategia de inversión”.

REMA refrenda su denuncia. La 4T salvaguarda la continuidad del modelo extractivo minero que ocasiona despojo y desplazamiento forzado, mata la vida y atenta de forma masiva contra los pueblos de México.

LA MINERÍA DEBE ESTAR PROHIBIDA EN MÉXICO Y EN EL MUNDO

TERRITORIOS LIBRES DE MINERÍA

Firma

RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA

Imagen: Mina Peñasquito – Desinformémonos

Más información:

• Oaxaca: Minería podría agudizar sequía en pleno pico de pandemia
• REMA: La minería y el gatopardismo de la incidencia política
• La minería extermina a la vida de las mujeres

Cada 22 de julio se conmemora el Día Mundial contra la Megaminería de tajo a cielo abierto, la conmemoración de este año será dedicada a la defensa del Valle de Putaendo, Chile.

Te invitamos a que sigas la transmisión en vivo de este panel donde participaron integrantes de diferentes organizaciones de Chile, Argentina, México, Estados Unidos y Canadá.

>>Sigue la transición en vivo aquí<<

Habrá participación musical de Rubén Albarrán y Juan Pablo Rivera desde México y de Madhava Priya Devi Dasi y Kruch desde Chile

#VidaSi #MinaNo

Más de 300 organizaciones expresan solidaridad con comunidades y trabajadorxs afectadxs por la manera de beneficiar de la pandemia del COVID-19 por parte de la industria minera – A 2 de junio de 2020

La industria minera es una de las más contaminantes, letales y destructivas del mundo. Sin embargo, hasta la fecha, las respuestas de las empresas mineras a la pandemia del COVID-19, han recibido poco escrutinio en comparación con otras industrias que están buscando beneficiarse de esta crisis.

Las organizaciones abajo firmantes condenamos y rechazamos las formas en que la industria minera y numerosos gobiernos están aprovechando la pandemia para fabricar falsas oportunidades y aceptación social para el sector minero, ahora y en el futuro.

Estas acciones suponen una amenaza inmediata para la salud y la seguridad de lxs trabajadorxs, y de las comunidades y organizaciones que han estado luchando durante décadas por defender la salud pública, contra la destrucción y la devastación de sus territorios por el extractivismo minero. Sobre la base de un análisis colectivo desarrollado con comunidades afectadas, trabajadorxs y organizaciones de la sociedad civil, hemos identificado las siguientes tendencias que ejemplifican estas amenazas. Un examen de más de 500 fuentes de medios de comunicación, comunicados de prensa e informes sobre la minería en el contexto de COVID-19 informa aún más estos hallazgos.

Uno: las compañías mineras han decidido ignorar las amenazas reales de la pandemia y continúan operando, utilizando cualquier medio disponible.
Las empresas mineras y muchos gobiernos han presionado para que se clasifique a la minería como un servicio esencial, lo que permite que las operaciones continúen a pesar de los riesgos sustanciales que esto presenta. Al hacerlo, están poniendo en gran riesgo a las comunidades, a las poblaciones rurales y urbanas y a su fuerza de trabajo. En muchos casos, las comunidades indígenas y rurales ya se enfrentan a un grave riesgo por el virus, especialmente las comunidades cuya salud se ha visto dañada por la contaminación generada por el extractivismo minero. Están luchando para poder protegerse de posibles brotes.

Dos: Los gobiernos de todo el mundo están adoptando medidas extraordinarias para silenciar las protestas legítimas y promover el sector minero.
Libre de supervisión y escrutinio públicos, los gobiernos han impuesto restricciones a la libertad de asociación y al movimiento de personas para proteger la salud pública. Sin embargo, estas medidas severas y frecuentemente militarizadas comprometen la capacidad de los pueblos para defender sus territorios y sus vidas. Quienes defienden la tierra y el territorio tienen un mayor riesgo de sufrir violencia selectiva y algunxs siguen encarceladxs injustamente, lo que plantea riesgos adicionales de infección. Los gobiernos también han desplegado fuerzas estatales (militares y policiales) para reprimir a protestas legítimas y pacíficas, especialmente en los casos en que existe una oposición de larga data a las actividades de una empresa. Mientras tanto, se permite a las empresas mineras seguir operando en estos mismos territorios o hacerlo, a pesar de las restricciones. Estas y otras acciones benefician cínica e injustamente al sector minero extractivista.

Tres: Las compañías mineras están usando la pandemia como una oportunidad para lavar sus sucios historiales y presentarse como salvadores con espíritu ciudadano. En un momento en que países enteros están luchando por conseguir el mínimo de equipos de ensayo necesarios, las empresas se han jactado de los millones de equipos de ensayo de origen privado que han proporcionado a las comunidades y trabajadorxs afectadxs. Esto es una cobertura deficiente para los efectos a largo plazo sobre la salud que habitualmente se derivan de las actividades mineras y las formas a menudo solapadas en que esas mismas empresas operan.
También representa una afrenta al bien público en general y a los esfuerzos colectivos de muchos Estados y comunidades para asegurar el acceso público a las pruebas, lo que pone de relieve las flagrantes asimetrías de poder entre las empresas multinacionales y los estados del Sur Global. En algunos casos, las empresas están distribuyendo víveres directamente a la población, generando división social y socavando la resistencia pacífica, mientras la población no puede movilizarse en el contexto de la pandemia.
Algunas empresas mineras han establecido fondos de asistencia o han hecho importantes donaciones considerables a los ministerios estatales. Estas «donaciones» directas en efectivo no sólo están lejos de ser proporcionales a los impactos reales de sus actividades, sino que también representan un riesgo de corrupción, que se evidencia a medida que vemos a los gobiernos dispuestos a debilitar las medidas de emergencia, o a permitir el incumplimiento de las mismas, o a simplemente eximir a la industria de cumplirlas.

Cuatro: Las empresas mineras y los gobiernos están utilizando la crisis para conseguir un cambio de normas que favorezca a la industria, a expensas de los pueblos y el planeta.
Mientras posicionan a la minería como actividad esencial, tanto ahora como para la recuperación económica mundial posterior al COVID-19, las empresas mineras siguen ejerciendo presión para agilizar las decisiones administrativas y debilitar las medidas, ya limitadas, que existen para hacer frente a los efectos sociales, culturales, ambientales y económicos de sus actividades, que casi siempre recaen en las comunidades afectadas con total impunidad.Ya sea explícitamente, suspendiendo la escasa supervisión y aplicación de las normas ambientales que había, o implícitamente, haciendo más difícil que las comunidades afectadas obtengan información e intervengan en los procesos de concesión de permisos, los gobiernos están haciendo profundas concesiones a la industria minera, y las empresas están ahora presionando a los gobiernos para que esa desregulación sea permanente.
Al mismo tiempo, las empresas utilizan cada vez más mecanismos supranacionales de solución de disputas Inversor-Estado (ISDS), incorporadas en miles de acuerdos comerciales bilaterales y multilaterales, para demandar a los gobiernos, especialmente en el Sur Global. Siguen interponiendo o amenazando con interponer demandas por cientos de millones, o incluso miles de millones de dólares, por decisiones tomadas por gobiernos, tribunales e incluso organismos de derechos humanos, socavando la soberanía nacional para la toma de decisiones de protección de la salud pública y atacando la autodeterminación de los pueblos que luchan por proteger su bienestar frente a los proyectos extractivistas. Las reclamaciones mineras pendientes conocidas -y de lugares donde se dispone de información- ascienden actualmente a 45.500 millones de dólares, aunque el total real podría ser mucho mayor. Por ende se temen nuevas amenazas en respuesta a las medidas adoptadas durante la pandemia.
Condenamos estas respuestas a la pandemia del COVID-19 como actos de agresión que agravan los riesgos que enfrentan diariamente las comunidades afectadas, los pueblos indígenas, lxs defensorxs de la tierra y lxs trabajadorxs de las minas.

Rechazamos la afirmación de base de que la minería representa un servicio esencial, ya sea ahora o en el periodo de recuperación económica. En el contexto de una crisis mundial sanitaria, económica, ecológica y climática, que avanza en paralelo, afirmamos que lo esencial es la salud de las comunidades, los pueblos indígenas, lxs trabajadorxs y los movimientos sociales, no los beneficios de las empresas mineras depredadoras.
Hacemos un llamado a los gobiernos nacionales para que respeten y apoyen los procesos autónomos de organización y autodeterminación de las comunidades afectadas por la minería y los pueblos indígenas. Sus esfuerzos son vitales para proteger la salud de la comunidad y el medio ambiente con la información que proviene de sus propios conocimientos y tradiciones; estos esfuerzos protegen también la soberanía alimentaria de las poblaciones rurales y urbanas a través de la agricultura en pequeña escala y otras actividades productivas.
La «reactivación» económica no debe promover más minería, sino que debe reconocer e impulsar las iniciativas de base comunitaria.

Pedimos a los organismos internacionales de derechos humanos que presten atención y condenen activamente las violaciones de los derechos humanos cometidas por los gobiernos y las empresas mineras durante la pandemia y el período de recuperación posterior.

Nos solidarizamos con las comunidades de primera línea, los pueblos indígenas y lxs trabajadorxs más afectadxs por la crisis del COVID-19 y por las respuestas de la industria minera.

Hacemos un llamamiento a los demás sectores para que los apoyen en sus campañas fundamentales en pro del bienestar colectivo y la justicia.

Lista completa de organizaciones firmantes.

La carta abierta viene acompañada del informe «Voces del territorio: Cómo la industria minera está beneficiando de la Pandemia COVID-19”, también disponible en inglés y portugués.

Imagen: Noalamina.org

Más información:

• REMA: La minería y el gatopardismo de la incidencia política
• Protección y seguridad, un trato especial para las mineras