Posicionamiento ante Visita del Presidente de México a Temacapulín, Jalisco: Un hecho histórico para nuestros pueblos y un triunfo para la resistencia

Compartimos este pronunciamiento del Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo, IMDEC, MAPDER – A 16 de agosto del 2021

Temacapulín, Jalisco. 16 de agosto de 2021

Las comunidades campesinas de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, ubicadas en los Altos de Jalisco, agradecemos la visita del Presidente, Andrés Manuel López Obrador, a nuestro territorio, el pasado sábado 14 de agosto. Visita que consideramos un hecho histórico para nuestros pueblos y un triunfo para la resistencia, que durante 16 años hemos mantenido en defensa de nuestro río Verde, territorio, agua y derechos humanos.

Valoramos que los pueblos ganan, con los resultados obtenidos en la visita, y que representan un triunfo para nuestra resistencia, por los siguientes motivos:

1.Se logra la cancelación del Acueducto Zapotillo -León, una de las tres obras que contempla el Sistema Zapotillo. 

2.Se muestra voluntad política para presentar a las comunidades una alternativa que respete nuestra postura no negociable: LA NO INUNDACIÓN DE TEMACAPULÍN, ACASICO Y PALMAREJO.

3.Se refrenda el compromiso y la palabra empeñada del Presidente con los pueblos desde que era candidato, y ahora como mandatario se compromete a respetar nuestra decisión. La última palabra sobre el futuro de la Presa El Zapotillo la definirán las comunidades: ¡EL PUEBLO MANDA!.

Estos logros sin duda abren una nueva etapa en la lucha de las comunidades. Sin embargo,  no resuelven de manera equitativa, integral y sustentable el problema de abastecimiento de agua en la región. Tampoco solucionan el conflicto socio ambiental ocasionado por el Sistema Zapotillo- Acueducto Zapotillo León – Presa Derivadora El Purgatorio. Por lo que quedan las siguientes tareas y pendientes aún por resolver:

a)La propuesta que presentará la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), próximamente  a las comunidades, para su valoración, debe garantizar no solo la no inundación de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, si no, la garantía y seguridad de que los pueblos no quedarían en riesgo, frente a situaciones extraordinarias o errores en la regulación de la infraestructura hidráulica.

b)El proyecto debe ser sometido a una auditoría técnica y financiera, exigencia que se le presentó al Presidente López Obrador, en su visita a Temacapulín.

c)La definición desde las comunidades de un plan para la reparación integral de los daños ocasionados por el Sistema Zapotillo, con garantías y medidas de no repetición, así como las disculpas públicas que el Estado Mexicano debe dar a las comunidades.

d)Los pueblos tenemos el ¡DERECHO A DECIR NO!.  De ninguna manera aceptaremos que se nos responsabilice por la inversión derrochada en la obra, por las deficientes políticas hídricas implementadas en las ciudades y el desabasto del agua.

Coincidimos con el Presidente López Obrador: el pueblo no es tonto, tonto es el que piensa que el pueblo es tonto, el pueblo es sabio, sabe bien lo que le conviene y lo que no le conviene”, y por ello, como pueblos sabios tenemos la libertad y el derecho de articularnos con otras luchas, de ser acompañados y asesorados por quienes nosotros decidamos y elijamos.

#LosPueblosDeciden

#LosPueblosNoSeInundan

Imagen: Visita del Presidente de México a Temacapulín – Somos el Medio

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Presa Zapotillo no se desmantela, le dan 300 mdp en 2021; CONAGUA insiste en inundar

Compartimos esta nota publicada en el diario Perimetral sobre la presa Zapotillo – A 11 de septiembre de 2020

Por Jade Ramírez

Temacapulin, Jalisco 10 de agosto 2020.- “Estamos muy contentos porque el presidente de la República nos ha instruido de que no habrá más presupuesto para la presa del Zapotillo dado que ha pedido a los gobernadores de Guanajuato y Jalisco que se sienten a trabajar alternativas con los pueblos, con los productores, con la ciudadanía en en general”, así resonó la voz de Gabriel Espinoza, vocero de los afectados ambientales por la presa Zapotillo, la noche del 13 de agosto de 2019 en Palacio Nacional.

Salían de reunión con Andrés Manuel López Obrador quien se convirtió en el primer presidente de México en recibir una lucha longeva como es la de Temacapuli y Acasico contra la presa El Zapotillo; antes se sentó con los gobernadores Enrique Alfaro de Jalisco y Diego Sihue de Guanajuato con quienes acordó: no destinarle más recursos al megaproyecto del trasvase del río Verde y trabajar en conjunto “las alternativas. Eso no pasó.

Al revisar el proyecto de Egresos de la Federación para 2021 se lee en la página 128 que a la presa El Zapotillo se le destinarán 300 millones de pesos “con la cual se podrá continuar con la construcción de un proyecto que incluye el sistema de captación, conducción, potabilización y distribución de hasta 3.8 m3/s de agua potable en su primera etapa”, cita el párrafo que se encuentra en el apartado Infraestructura Hidroagrícola, agua potable y saneamiento, dentro del apartado 1.2.3.1 titulado “prioridades de inversión 2021” donde encabeza la lista el Tren Maya.

En agosto del año pasado explica Claudia Gómez, el presidente fue claro con los dos grandes grupos alrededor del conflicto socio-ambiental entre Jalisco y Guanajuato: no se desmantela la represa, pero no se incrementa la altura. No se derriba la obra ni se opta por la iniciativa de pozos profundos, pero también se pretende “salvar” a los pueblos.

¿Ese recurso para qué se usa? pues básicamente para obras de mantenimiento aunque había el compromiso saliendo de la renión con el presidente de que no se iban a etiquetar recursos para la presa mientras no se resolviera el conflicto. Nos pidieron en una reunión con el presidente y después la secretaria de la presidencia y Conagua que necesitaban ese recurso para evitar accidentes o el derrame de una ladera con un deslave, esos conductos se podrían tapar y producir un llenado prematuro de la presa; las comunidades aceptaron esas obras de mantenimiento para evitar un accidente.

CONAGUA insiste en 105 metros de altura en la cortina e inundar los pueblos

La información a la que se ha acercado Perimetral, es que la Comisión Nacional del Agua es la dependencia que insiste en incrementar la altura de la cortina de 80 metros a 105 metros de altura como lo exigen los gobernadores de ambos estados; la idea es captar agua del río Verde para acumular el mayor flujo de agua, aunque no existe Medición de Impacto Ambiental aprobada por la SEMARNAT para ello.

Pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2014 resolvió una controversia constitucional que mantiene detenida la obra a una altura de 80 metros. Es importante recordar que a 105 metros de altura, los tres poblados desaparecerían.

Gómez Godoy, asesora legal de los pueblos en oposición al megaproyecto pone luces en cuidar cómo se usan los 300 millones de pesos, tomando en cuenta que para terminar la presa al proyecto ejecutivo se requieren 3 mil millones.

Sí lo que vamos a solicitar es monitorear ese recurso en qué se va. Esos 300 millones es lo que se gastan como en 10 días y sabemos que el proyecto no está cancelado, está latente. No se han podido iniciar las mesas de negociación por la pandemia y porque estamos esperando la entrega de información. Nosotros creemos que es momento de dejar de apostar a los grades proyectos de desarrollo, de obra hidraúlica y apostar por soluciones pequeñas que puedan resolver los conflctos que hay y las necesidades en las ciudades: es momento de repensar qué tipo de almacenamiento de agua y generación de energía necesitamos.

Lo que llama la atención en la narración del proyecto que envía el presidente López Obrador a discutir entre diputados, es que el discurso se mantiene completamente alejado del concepto de gestión integral del agua y sigue siendo extractivista como acaparador de recursos naturales; el gobierno federal y la Cuarta Transformación no rompen con el modelo de desarrollo basado en la depredación, pues justifica que el proyecto “beneficiará a 1.4 millones de habitantes en León, Guanajuato y forma parte de la reactivación económica del país al generar muchos empleos”. Un argumento escuchado durante 13 años a la CONAGUA.

En un año no se eligieron alternativas a la millonaria represa

Lo que parecía claro en septiembre de 2019 no se logró. Al no realizarse las reuniones de trabajo para definir alternativas de una gestión integral del agua que permitiera asomar la posibilidad de desmantelar el megaproyecto transexenal, a los 70 mil millones de pesos erogados hasta 2020, se le suman 300 más para el próximo año.

Lo que hubo fueron reuniones en la Cd de México y un foro en Guadalajara donde desfilaron opiniones de académicos sobre cómo administran el agua en Estados Unidos y una propuesta de crear una red de pozos profundos para sostener la necesidad de abastecimiento de agua.

Se trató de mesas de trabajo de sociedad civil y el movimiento antirrepresas, pero no asistieron los gobernadores o la titular de la Comisión Nacional del Agua, Blanca Jiménez Cisneros de quien se cuestiona si es aliada de la gestión integral del agua y los pueblos o de los empresarios.

Aunque se ha pretendido retomar los diálogos y mesas de trabajo, por la pandemia se ha sugerido por la vía virtual, pero para Temacapulin eso resulta imposible. De nuevo está sin telefonía celular y a decir de la abogada, en el contexto rural las cosas se manejan diferente.

Por décimo tercer año consecutivo, la presa El Zapotillo es un megaproyecto del que han quedado documentados los daños en dos sexenios, pero al que se le siguen destinando recursos y definitivamente, no se va a desmantelar la represa, entrará en algún momento en operación y Jalisco va a tener que resolver de otra forma, cómo alimenta las demandas de agua para Guadalajara y la zona de los Altos de Jalisco, la agrícola, líder productora de huevo y en clara aceleración de desertificación.

A los 300 millones de pesos para la presa Zapotillo sin uso, aparecerán otros rubros como millones para terminar la construcción del centro de reubicación en Acasico, regularizar los predios ilegales a donde desplazaron familias de Palmarejo, e inyección financiera, de nuevo, para el Acueducto Zapotillo-León que ni siquiera ha iniciado su construcción, por estar también, impugnado y congelado jurídicamente.

Guanajuato sin saneamiento

Gustavo Lozano de Acción Colectiva, agrupación que inició un litigio contra la industria curtidora en León en la contraloría del Sistema de Alcantarillado y Agua Potable porque 259 millones de litros diarios en “La capital de los negocios”, no son tratados , califica que el gobierno federal etiquete más dinero en 2021 a la represa, como de innecesario.

Nos parece un gasto innecesario en un contexto en el que las inversiones se deben cuidar mucho y el Sistema de Agua Potable de la ciudad de León contribuye a la contaminación a la cuenca del río Turbio, que es la ruta por la cual el SAPAL debería regresar aguas limpias al estado de Jalisco cuando llegara a recibir agua del Zapotillo; esto significa que ni León está listo para, de llegarse a concluir el proyecto y operar, cumplir con la parte que le corresponde a León respecto de Jalisco.

Justo en la tabla de asignación de recursos por sector, subsector y fuentes de financiamiento, los más de 3 mil millones de pesos en infraestructura hidroagrícola, salen de la captación fiscal.

A la presa Zapotillo lo respaldan las bancadas de Movimiento Ciudadano y Acción Nacional por los beneficios que representa para los dos gobernadores que heredaron de otros panistas, la conclusión del proyecto.

Difícilmente habrá contrapeso o negativa entre los diputados para excluir 300 millones de pesos del proyecto de egresos que el presidente López Obrador a través de su operadora del agua, Blanca Jiménez, le destina al megaproyecto en 2021.

Imagen: Carlos Domínguez

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Jalisco: Denuncian ataques contra wixárikas de San Lorenzo de Azqueltán

Compartimos esta nota publicada en Desinformémonos sobre las resistenicas a mega proyectos en territorios Wirikutas – A 26 de marzo de 2020

Ciudad de México | Desinformémonos. Autoridades municipales y caciques de Villa Guerrero, Jalisco, han permitido y ordenado ataques violentos contra integrantes de la comunidad autónoma wixárika y tepehuana de San Lorenzo de Azqueltán, a raíz de «la lucha colectiva en defensa de su territorio ancestral y autonomía», denunció el Congreso Nacional Indígena – Concejo Indígena de Gobierno (CNI-CIG).

El CNI-CIG señaló a miembros del gobierno y la policía municipal de estar involucrados en el ataque con piedras y robo de pertenencias contra los domicilios de Camerino Márquez Aguilar y Genaro González Bañuelos, sucedido el pasado 22 de marzo.

«A pesar de que estas personas han sido denunciadas en varias ocasiones, han sido solapadas por el gobierno municipal de Villa Guerrero, que no ha tomado acciones para sancionar, sino por el contrario ha promovido la violencia y la confrontación, por lo que lo hacemos responsable de estos hechos, cuyo objetivo es la represión y el despojo», indicó el CNI-CIG, por lo que exigió sanción para los responsables y justicia para las víctimas.

A continuación el comunicado completo:

Al pueblo de México
A los medios de comunicación

Denunciamos que persiste la violencia en contra de autoridades y comuneros de la comunidad autónoma wixárika y tepehuana de San Lorenzo de Azqueltán, municipio de Villa Guerrero, Jalisco, motivada por la lucha colectiva en defensa de su territorio ancestral y autonomía.

Condenamos las cobardes agresiones perpetradas por personas al servicio de Favio Flores (alias la polla) y del gobierno municipal de Villa Guerrero el pasado domingo 22 de marzo, cuando los señores Teódulo Pérez Martínez, quien es policía municipal de Villa Guerrero, Jalisco, en compañía de Abram Pérez Bañuelos, Manuel de Jesús Herrera, Esteban Aguilar Herrera, Marcos Aguilar Bañuelos, Gustavo Pérez Bañuelos, Jairo Pérez Bañuelos y Aldo Herrera González, llegaron a las 23:15 horas a la casa del compañero Camerino Márquez Aguilar, quien es de avanzada edad, apedreando puertas y ventanas mientras gritaban “Los gobernantes, el comandante y el topil son culos” “con el tisón (pistola) al cabrón que salga nos lo vamos a chingar”.

Posteriormente se trasladaron a la casa del señor Genaro González Bañuelos, quien es también de avanzada edad, donde igualmente apedrearon su casa diciéndole que saliera para matarlo a pedradas, destruyendo su puerta y ventana, y robando el burro que tenía amarrado.

A pesar de que estas personas han sido denunciadas en varias ocasiones, han sido solapadas por el gobierno municipal de Villa Guerrero, que no ha tomado acciones para sancionar, sino por el contrario ha promovido la violencia y la confrontación, por lo que lo hacemos responsable de estos hechos, cuyo objetivo es la represión y el despojo.

Esto sucede mientras maquinaria del ayuntamiento con el supuesto objetivo de abrir un camino cercano al sitio sagrado de Los Pilares ha estado invadiendo y destruyendo cercos en cuamiles de varios comuneros.

Exigimos que cese la violencia y el robo descarado del territorio comunal de Azqueltan, y que sean castigados los culpables de estos hechos.

Atentamente

Marzo de 2020

Por la reconstitución integral de nuestros pueblos.

Nunca más un México sin Nosotros

Congreso Nacional Indígena – Concejo Indígena de Gobierno

Imagen: Alejandra Padilla / Noticias de abajo

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Jalisco: Invierte el gobierno federal $500 millones en la presa El Zapotillo

Compartimos esta nota publicada en La Jornada sobre la presa el Zapotillo – A 17 de febrero 2020

Niega Conagua desacato a la SCJN – No se elevará la cortina sin aval de los habitantes, asegura

Por Juan Carlos G. Partida Corresponsal

Guadalajara, Jal., El gobierno federal realiza obras con una inversión de al menos 500 millones de pesos, las cuales considera urgentes para proteger y dar mantenimiento a la presa El Zapotillo, a pesar de que existe una suspensión provisional otorgada en 2013 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para evitar que las autoridades ejerzan cualquier acto de autoridad que viole los derechos de los pobladores de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, comunidades amenazadas con ser desplazadas por la inundación que provocaría el embalse.

A partir de una visita de inspección que realizaron el pasado 14 de febrero, habitantes de la región, a quienes se les permitió por vez primera el acceso a los trabajos, cuyo proyecto fue anunciado hace casi 15 años, señalaron que con las labores en la presa la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en efecto pretende cuidar el embalse, pero se ha desestimado la protección a los lugareños y a sus poblados.

La obra sigue avanzando y la amenaza sobre los derechos de las comunidades está ahí, porque todas las obras que se hacen son para proteger la presa. Nos queda muy claro a nosotros como comunidades que Conagua lo que está protegiendo es la infraestructura de esta obra hidráulica, reprochó Gabriel Espinoza, vocero del comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo.

Trabajos urgentes: Conagua

Las labores que se efectúan son urgentes, indicó José Luis Acosta, director de la cuenca Lerma-Chapala-Santiago de la Conagua, quien estuvo a cargo de responder dudas que le plantearon los visitantes, entre quienes se hallaron funcionarios de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Cedhj), así como activistas del Instituto Mexicano de Desarrollo Comunitario (Imdec), y del Colectivo de Abogados y Especialistas del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (Iteso).

Los trabajos implican edificar un tanque de amortiguamiento cuyo costo se calcula en 300 millones de pesos, con el que se busca evitar un derrame catastrófico en caso de que ocurriera en el río Verde una avenida de agua tan fuerte que superara los 80 metros de altura de la presa.

También se han construido represas aguas arriba de la cortina de El Zapotillo para retener troncos o maleza que pudieran obstruir el canal de desvío, el cual está a punto de ser concluido y forma parte de elementos provisionales necesarios para permitir que fluya el agua del Verde en tanto se decide el destino final del embalse.

De igual manera, se refuerzan las laderas con concreto para evitar derrumbes de tierra y rocas sobre la presa. Una caída de material ocurrió durante la visita de inspección en una de las áreas sin reforzar, que no dejó daños mayores pero obstruyó un camino durante unos minutos, hasta que llegó maquinaria para reabrir la ruta.

Acosta aseguró que la Conagua ha respetado la sentencia de la SCJN. No rebasamos la elevación (de) 80 (metros) y se cancelaron todos los conceptos de obra que estaban hacia arriba, y lo único que se hizo fueron la obras necesarias para brindar la seguridad física, porque la inversión federal que se ha hecho es muy grande.

El funcionario calculó que una vez realizadas estas labores se requerirá que el gobierno federal se encargue del mantenimiento del embalse, que costará unos 40 millones de pesos anuales.

En lo que se resuelve de fondo, es necesario destinar recursos. Tenemos que seguir haciendo monitoreo ambiental, la instrumentación sísmica, de inclinómetros, la vigilancia, el mantenimiento de caminos. Son cosas elementales pero que se tienen que hacer, afirmó.

En su resolución de la controversia constitucional 93/2012, la SCJN determinó anular un convenio suscrito en 2007, que permitía que la presa fuera construida con una cortina de 105 metros y evitar cualquier acto de autoridad que pudiera afectar intereses de ciudadanos y habitantes de Jalisco respecto a la dotación de agua que corresponde al estado.

La impresión de los pobladores de que la edificación continúa, si bien no se aumenta el tamaño de la presa, fue compartida por la Cedhj y por el Imdec.

Prevalece la incertidumbre que implica aspectos técnicos para saber si las obras que se están realizando entran en el rubro de acciones de protección para la población. No se tiene un estudio ni acciones de protección civil ante una eventualidad. El riesgo no sería solamente para las poblaciones aguas abajo, sino para Acasico, Palmarejo y Temacapulín, porque el embalse crecería, dijo Alfonso Hernández Barrón, presidente de la Cedhj.

Si bien el ombudsman ponderó la apertura del gobierno federal para dejar entrar a la presa por primera vez a los pobladores de las comunidades que podrían ser perjudicados por el embalse, recordó que sobre la presa pesan dos recomendaciones de la Cedhj, porque desde que comenzó a edificarse se violaron derechos humanos.

La obra nació sin garantizar el derecho a la consulta, sin tomar una serie de medidas para mitigar depreciación de inmuebles, falta de servicios públicos, hostigamiento de autoridades y desplazamiento de personas. Pese a que hay dos recomendaciones en lo sustancial no se avanzó, al contrario, los tres gobiernos involucrados no han entrado al fondo del asunto, agregó.

María González Valencia, del Imdec, señaló que durante la inspección se constató un fuerte impacto y deterioro ambiental de la cuenca, pero en particular una inversión que no cesa para mantenimiento, pero no para salvaguarda de la seguridad de las personas y las comunidades.

Javier Claussen, especialista en presas y académico del Iteso, quien coordinó a un grupo de estudiantes durante la visita, consideró que los trabajos del gobierno federal claramente determinan que se decidió dejar la cortina del embalse a 80 metros de altura y no hay visos de que pudiera ser derrumbada, como demandan las comunidades.

Armando Alfonso Jiménez, miembro de la coordinación de asesores de la Presidencia de la República, quien fue enviado para estar a cargo de la inspección, manifestó que el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene claros dos principios sobre El Zapotillo: la presa no aumentará de tamaño sin la aprobación de las comunidades que serán afectadas, pero tampoco será destruida para no desperdiciar la multimillonaria inversión que se ha hecho en ella.

Quienes hablaron escasamente, mostrando sentimientos encontrados por estar en la cresta del dique, fueron dos pobladores de Temacapulín, María Abigaíl Ramos y Alfonso Íñiguez, quienes desde casi 15 años atrás, cuando se anunció el proyecto, cambiaron sus tranquilas vidas por el activismo en defensa de su tierra, de sus casas, de sus descendientes y de sus muertos.

Imagen: En la presa El Zapotillo, en Jalisco, la Comisión Nacional del Agua realiza obras de mantenimiento a pesar de que existe una suspensión provisional otorgada en 2013 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación ante la amenaza que representaría para las comunidades aledañas.Foto Arturo Campos Cedillo

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