Informe de Giorgio Trucchi publicado por Alba Sud (Mayo 2017) en el que se documentan dos casos de conflictos por procesos de desposesión territorial vinculados a la inversión turística en comunidades de los pueblos garífunas en Honduras. Realizado con el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona a través del Programa Barcelona Solidaria en el marco del proyecto «Turismo responsable, derechos humanos y trabajo decente» (convocatoria 2015) ejecutado por Alba Sud.
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PRÓLOGO
(Por Ana Ortega, docente e investigadora hondureña, presidenta de la junta directiva del Comité por la Libre Expresión C-Libre en Honduras)
El expolio de territorios garífunas es una expresión más de la profundización del despojo de bienes naturales, ambientales, culturales y sociales en que se sostiene el modelo económico extractivista, cuya racionalidad es precisamente extraer a bajo o ningún costo bienes de la naturaleza, trabajo, sobre todo de mujeres y juventudes, víctimas por excelencia, de la precarización laboral y en general extraer todo tipo de riqueza de países y regiones enteras sometidas a un proceso con características neo y recoloniales.
En el relato hegemónico este despojo se presenta como «desarrollo» y como parte de las libertades de mercado que requiere el capital para generar riqueza, supuestamente, para toda la sociedad. Así intentan legitimar que todo lo que esté fuera de esta lógica deba ser ignorado o aniquilado, aun cuando apele y defienda la sobrevivencia y otras formas de ser y estar en el planeta, en armonía y de manera responsable con la sostenibilidad y reproducción de la vida. En esa línea, uno de los dirigentes comunitarios que se cita en esta investigación se pregunta para quién es el desarrollo y a costa de qué y de quiénes, y de manera clara y contundente concluye que los proyectos turísticos en sus comunidades suponen un desarrollo para los ricos que genera más pobreza para la gente, en este caso, de las comunidades garífunas hondureñas.
Esta supremacía de la ganancia por encima de la vida, ha sido una característica del sistema, en todas sus etapas y formas de acumulación, pero en la actual adquiere características hegemónicas, de pensamiento único. Así logran ocultar o disfrazar el pillaje como bien lo señala David Harvey, desde la teoría de acumulación por desposesión:
«La libertad para el pillaje de recursos de las poblaciones indígenas y locales, para desplazar y saquear pueblos enteros donde lo considerara necesario, de sobrecargar el uso de los ecosistemas, en algunos casos mucho más allá de su capacidad para reproducirse, se convirtió en una parte clave de las libertades exigidas por el capital.» (David Harvey, en Diecisiete contradicciones y el fin del capitalismo, p. 204 – 2014)
Paradójicamente, esta recolonización que en su dimensión financiera y «legal» presenta algunas nuevas características propias del proceso de globalización, sin límites ni barreras, que cruza y rebasa fronteras de todo tipo incluyendo las fronteras territoriales, en su dimensión material y de implicaciones humanas, en cambio, está absolutamente territorializada. Es en los territorios y sobre las personas que en ellos habitan que se ejerce el expolio, ya sea por la vía legal o ilegal, pero en todo caso violenta. Dicha violencia se expresa de diferentes maneras, desde el engaño, el chantaje, la persecución e imputación legal, encarcelamiento, desplazamiento de familias o comunidades enteras hasta el asesinato de personas con liderazgo reconocido tanto a nivel comunitario, nacional o internacionalmente. La territorialización del despojo tiene como una de sus consecuencias el desplazamiento forzado y, por tanto, la desterritorialización de comunidades y sus respectivas culturas, lo cual pone en el escenario, una vez la llamada destrucción creativa a que se refiere el marxismo, que a la par que crea riqueza para unos pocos destruye formas de vida de grupos étnicos y pueblos culturalmente diferenciados.
«La territorialización de los sectores económicos que poseen el capital conlleva la desterritorialización de los mundos campesino, afro e indígena. Es imposible el avance de grandes proyectos minero–energéticos sin el despojo de esas culturas, sin el incremento de la violencia contra las mujeres, sin el deterioro ambiental, sin la militarización de los territorios, sin la opresión a los pueblos indígenas: la actividad extractiva ha conducido a la extinción de diversas etnias.» (R. Avendaño y L. Navas, en Extractivismos. Conflictos y resistencias, p. 35 – Publicación de Censat Agua Viva/Amigos de la Tierra Colombia, 2014)
La violencia inherente a la acumulación capitalista es otra de las grandes paradojas del sistema, por un lado es el motor de la acumulación pero por otro juega en contra del ambiente sin conflictos y «armonioso» para la inversión, que tanto reclama el capital nacional y transnacional. En ese sentido, Harvey retoma los aportes de Rosa Luxemburgo en relación a que la acumulación capitalista tiene lugar en los sitios de producción de la plusvalía: la fábrica, la mina, la hacienda o el mercado de mercancías, configurando así un proceso puramente económico, aparentemente pacífico. Pero también existe otro proceso entre el capital y las formas de producción no capitalistas, en el que, enfatiza Luxemburgo, reinan, como métodos la política colonial, el sistema de empréstitos internacionales, la política de intereses privados y la guerra, propios de una economía de rapiña:
«Aparecen aquí, sin disimulo, la violencia, el engaño, la opresión, la rapiña. Por eso cuesta trabajo descubrir las leyes severas del proceso económico en esta confusión de actos políticos de violencia, y en esta lucha de fuerzas, la teoría burguesa liberal no abarca más que un aspecto: el dominio de la ‘competencia pacífica’, de las maravillas técnicas y del simple tráfico de mercancías. […]. Los dos aspectos de la acumulación del capital se hallan ligados orgánicamente por las condiciones de reproducción del capital mismo, y sólo de ambos reunidos sale el curso histórico del capital. Este, no sólo «gotea, de arriba abajo, sangre e inmundicia por todos los poros», sino que se impone así, paso a paso, al mismo tiempo que prepara de este modo, en medio de convulsiones cada vez más violentas, su propia ruina.» (Rosa Luxemburgo en La acumulación del capital, p. 224 – 1913)
La situación descrita es una constante del sistema, tanto en el siglo XVIII, como actualmente, en el siglo XXI. Una diferencia sustancial es que en la actualidad las grandes empresas transnacionales no necesitan invadir con los ejércitos de sus países como se dio en Centroamérica en los inicios del siglo XIX cuando se impuso en varios países la economía de enclave bananero, de capital estadounidense. Ahora es el ejército nacional y la policía con todo su despliegue de fuerza represiva, pero también el Congreso con sus concesiones y leyes a favor del capital, el poder judicial y el ejecutivo que ponen en marcha la criminalización de la protesta contra el despojo, las gremiales empresariales, en fin… como bien explica Rita Segato en El sexo y la norma: frente estatal, patriarcado, desposesión, colonidad (Revista Estudios Feministas, 2014), observamos todo el poder del frente estatal, empresarial, político y religioso para promover el despojo a la vez que salen al paso a cualquier manifestación de resistencia que ponga en riesgo sus ganancias.
Ese despliegue de fuerza y violencia estatal y paraestatal es el que enfrenta el pueblo Garífuna, que habita la costa atlántica, el caribe hondureño, donde se ubican las playas más codiciadas por la inversión nacional y extranjera para desarrollar lujosos proyectos turísticos de sol y playa. Este interés particular, presentado como de beneficio general, explica la arremetida del despojo que después del golpe de Estado del 2009 se ha profundizado y del que da cuenta esta oportuna investigación del periodista Giorgio Trucchi, que bien conoce la realidad de las luchas contra hegemónicas del pueblo hondureño, las viene acompañando desde hace algunos años, y no solo del pueblo garífuna, también de los diversos movimientos de resistencia, incluyendo la resistencia al golpe de Estado.
Después del golpe de Estado del 2009 se profundiza el despojo de bienes comunes de la naturaleza, incluyendo la disputa por tierras ancestrales del pueblo garífuna, en una zona donde, además, el conflicto es mayor y más complejo, dado el desarrollo de actividades económicas ilegales, como así lo confirman otras investigaciones:
«En Honduras la desigualdad incontrolada, el sistema judicial débil, el crimen organizado, la inestabilidad política, la creciente vigilancia policial, además de su total impunidad y corrupción, han creado una crisis particularmente aguda. Desde el golpe de estado del año 2009 […] el Gobierno de derecha ha promovido agresivamente las inversiones y el desarrollo en la explotación minera, la industria agraria y los proyectos de infraestructura hidroeléctrica. Ha privatizado la tierra, el agua, y ha quitado barreras para desarrollar proyectos de gran escala, frecuentemente en detrimento de los indígenas, las comunidades y los campesinos.» (J. Homand, en Berta Cáceres y el mortal costo de defender la tierra y la vida, publicado en la Revista de Ecología Política, núm. 51 – junio 2016)
Uno de estos megaproyectos turísticos, el denominado Indura Beach and Golf Resort, muestra, según el reciente informe de Global Witness, Honduras: el lugar más peligroso para defender el planeta, cómo fondos provenientes de actividades fraudulentas vinculadas a grandes casos de corrupción se cruzan con inversiones de tipo «legal», volviendo difusa la distinción legal/ilegal, ya no solo en la inversión sino en todo el proceso, incluyendo la adquisición de las tierras que las comunidades denuncian como una forma más de expolio.
Pese a lo aparentemente aplastante y bien articulado del expolio, vale resaltar que a la par también se generan luchas por la sobrevivencia. Se trata de resistencias ancestrales de pueblos que se niegan a desaparecer, a ser despojados de sus medios de subsistencia y de su cultura, en esa lucha contra hegemónica ponen en cuestión los propios criterios de validez de la economía liberal, como bien se apunta desde el enfoque de acumulación por desposesión, ya referido:
«Están plantadas las semillas de la sublevación humanista contra la inhumanidad que presuponen la reducción de la naturaleza y de la naturaleza humana a la pura forma.» (David Harvey, en Diecisiete contradicciones y el fin del capitalismo, p. 211 – 2014)
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Nota de prensa de Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra Internacional
El procedimiento administrativo ante las autoridades ambientales mediante el cual la empresa química The Chemours Company pretendía obtener un permiso para llevar a cabo su «Proyecto San Luis» consistente en instalar, en el municipio de San Luis de la Paz en Guanajuato, una planta para producir 65,000 toneladas de Cianuro de Sodio (NaCN) al año ha sido cancelado.
La coordinadora del programa de Justicia Climática y Energía de Amigos de la Tierra Internacional hizo las siguientes declaraciones como respuesta al anuncio de Trump:
