Autor: Otros Mundos AC

San Miguel del Progreso, un pueblo que paró a las mineras

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Vania Pigeonutt, trinchera-politicaycultura.com

«Originario de San Miguel del Progreso –Juìba Wajiìin, en su lengua materna, me’phaa–, un pueblo de Malinaltepec donde la gente dijo ¡no! a las mineras, Anastacio Basurto considera que su lucha no es por ellos, sino “por las generaciones futuras”, y se niega a que sus hijos pierdan la libertad que les dan sus tierras.

Don Tacho estuvo varios años en el Ejército, conoce la injusticia de las instituciones, porque, dice, “el gobierno siempre hace leyes que nos afectan para beneficiar a los ricos; a los pobres siempre nos afectan”.

Perteneciente a la Montaña, San Miguel tiene tres climas: templado, frío y caluroso; sus cuatro mil habitantes comen papayas, mangos, guayabas, todo el día; hay mucha fruta, y el olor del café acaricia el olfato sólo de pisar la primera calle de ese pueblo rodeado de grandes cerros y paisajes como puestos allí por la mano de un pintor.

Anastacio Basurto fue en 2011 presidente del Comisariado de los Bienes Ejidales de San Miguel, tiempo en el que la Procuraduría Agraria (PA) quiso imponer la llegada de Hochschild México, empresa británica que pretendía extraer zinc, plata y otros minerales de abajo de los cerros de la comunidad indígena. Pero, con la asesoría de organizaciones no gubernamentales, San Miguel logró ampararse contra la Ley Minera.

Su comunidad, de la que Tacho se siente muy orgulloso, es un ejemplo a escala nacional de cómo un pueblo organizado pudo argumentar jurídicamente que una ley no puede estar por encima de la autonomía de una comunidad indígena; una legislación no puede estar sobre sus derechos constitucionales como pueblos originarios.

Aun con la concesión minera que otorgó el gobierno federal, a la fecha la vida de los habitantes es placentera, como ellos la quieren: le rezan a sus santos, bailan la danza de Los 12 pares de Francia, van a los cerros a ofrendar para que llueva; sigue oliendo a café, las papayas aún se comen en abundancia.

“¡No van a entrar las mineras, no van a entrar, así tengamos que dar la vida!”, me dijo don Tacho el año pasado. Y se sostiene en lo mismo hasta la fecha. Su vida, su pueblo, su territorio, sus árboles frutales, su café y sus familias, valen más que cualquier arreglo con alguna transnacional. “No queremos estar como aquellos pueblos que se están enfermando, que cambiaron sus tierras y se están muriendo”, advierte.

***

El 15 de julio de 2013, San Miguel del Progreso interpuso una demanda de amparo que quedó radicada en el Juzgado Primero de Distrito de Guerrero, bajo el número de expediente 1131/2013. En la demanda contra la Ley Minera, la comunidad, con el apoyo jurídico del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, señaló que las concesiones entregadas a la empresa minera violentaban la autonomía de un pueblo a decidir sobre su territorio.

Sin embargo, el gobierno federal no aceptó la demanda de amparo y actualmente sigue en revisión. Tlachinollan solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que atraiga el Amparo en Revisión 167/2014, donde cuestionan la inconstitucionalidad de la Ley Minera, la cual avala otorgar concesiones sin consultar a los pueblos y violando derechos humanos de sus habitantes.

El área jurídica de Tlachinollan explica que la SCJN aún no ha contestado su petición de atracción, pero mientras haya un juicio en revisión, la empresa británica, que pretende realizar la minería a cielo abierto, contaminar bosques, mantos, dejar infértil la tierra, no podrá entrar a San Miguel.

Mientras la SCJN revisa la atracción del caso, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito Judicial lo revisa, luego de que las autoridades no reconocieron como válida la demanda de San Miguel para que se respete la decisión de una comunidad indígena que no quiere que se exploten minerales en su territorio, porque antes de que hubiera ley minera (1992) ellos estaban allí.

La acción legal incorpora además el reclamo concerniente a que la Justicia Federal analice si las disposiciones de la Ley Minera son constitucionales y compatibles con la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) y con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Aunque la demanda esté aún en trámite, es un caso que sentó un precedente, porque en el proceso han sido señaladas como responsables 17 autoridades, incluyendo tanto a las adscritas a la Secretaría de Economía que participaron en el procedimiento administrativo para el otorgamiento de concesiones, como a aquellas de los poderes Ejecutivo y Legislativo que participaron en el procedimiento legislativo que concluyó con la promulgación de la Ley Minera en vigor.

San Miguel del Progreso ha contenido la explotación de minerales por las concesiones otorgadas en Reducción Norte de Corazón Tinieblas (título 232560) y Corazón de Tinieblas (título 237861) en su territorio, porque de acuerdo a don Tacho, gracias a la asesoría de Tlachinollan y a que ellos tomaron conciencia de que no podían vender sus vidas a cambio de oro mantienen esa lucha.

La gente de San Miguel aún se reúne a hablar de la defensa de su territorio, se siente afortunada porque gracias a que se enteraron en un tiempo adecuado lo que pretendían hacer con su territorio –despojarlos, pagarles sus tierras y enviarlos a otros lugares, a olvidar sus orígenes, a dispersarse, no volver a ver a tus vecinos, amigos, parientes– supieron que esa oferta no era una opción, contó don Tacho.

Otras comunidades como Paraje Montero, en Malinaltepec, no pudieron promover a tiempo un amparo y sufren las consecuencias, porque allí ya hay fases de exploración para que se instalen las transnacionales.

El área jurídica de Tlahinollan asegura que hay muchas posibilidades de que se gane la lucha, porque el Estado ha firmado tratados internacionales que les dan carácter de propiedad de su territorio y respeto a la cosmovisión de las comunidades indígenas; la Ley Minera viola dichos acuerdos.

Entre los argumentos del amparo, justo está el despojo que habría de su territorio, sus tradiciones y su forma de vida, si se le permite la entrada a la empresa Minera Hochschild México S.A. de C.V. de capital británico.

Además de que la sentencia incorpora los estándares que emanan del derecho internacional de los derechos humanos en materia de pueblos indígenas.

“Hemos visto que sí hay una política a nivel nacional que busca profundizar el auge de la minería, incluso ignorando el derecho de la comunidades y pueblos indígenas a decidir sobre su propio desarrollo, lo único que queda es la organización de la gente y la defensa de las comunidades son acciones legales”, señaló Tlachinollan.

Es urgente, consideran, porque el modelo de la Ley Minera está presente en las nuevas iniciativas, por ejemplo en materia energética, donde hay una ausencia de consultar e ignorar el derecho al territorio, que llevaría a las empresas transnacionales a despojar a las comunidades de manera legal.

De acuerdo a la organización, en 2005 existían en Guerrero 417 títulos de concesión minera, equivalentes a 388 mil 225 hectáreas. Sin embargo, después de los “exitosos” resultados de extracción de oro y plata de la empresa canadiense GoldCorp en la comunidad de Carrizalillo, municipio de Eduardo Neri, incrementó el número de solicitud de títulos de concesión. Hay actualmente al menos 600. En Guerrero se han concesionado alrededor de 704 mil 736 hectaìreas.

Las regiones de la Montaña y Costa Chica, que concentran a la mayor población indígena de Guerrero, han despertado interés en el sector minero debido a los 42 yacimientos mineros que en su territorio se encuentran. El gobierno federal ha otorgado alrededor de 30 concesiones por 50 años para que transnacionales trabajen en terrenos de la mayoría de los 19 municipios de la Montaña.

***

Tacho me contó que veía mucha ignorancia en la gente, que a él mismo le costó trabajo entender que tenían que iniciar una lucha por sus tierras; no conocían los estragos de la minería a cielo abierto, hasta que tomaron consciencia.

En 2011, funcionarios de la PA le dijeron a Anastacio Basurto, en ese entonces presidente del Comisariado de los Bienes Ejidales, que los habitantes de San Miguel podrían progresar, ganar mucho dinero, si permitían explorar sus tierras, porque había oro, plata y zinc, entre otros minerales que potenciarían el desarrollo de la región, si cedían.

Primero él se la creyó y llevó el tema a la asamblea de la comunidad, que como en la mayoría de las poblaciones indígenas de La Montaña –Nahuas, Ñuu Saavi y Me’phaa–, ponderan sus decisiones de manera colectiva. Primero pensaron que era una excelente idea porque sólo sería “rentar” sus terrenos.

Luego, el sacerdote del pueblo, Melitón Santillán advirtió de los riesgos para una comunidad, que se ejerza la minería a cielo abierto: enfermedades, destrucción de sus cerros sagrados, huertas de frutas, de café; sus manantiales y sus tres climas, que no hay en otro pueblo alrededor.

Él fue a convenciones en varios estados para conocer el tema minero, y Roberto Gamboa, activista de Tlachinollan, expuso lo peligroso que sería permitir la entrada a Hochschild. Nada fue sencillo. Tuvieron que hablar, hablar y hablar, pero al final todos se convencieron de que tenían que ser autoridades agrarias para poder demostrar su autonomía como pueblo de manera legal.

Desde el 12 de abril de 2011 solicitaron su inscripción como autoridad agraria en el Registro Agrario Nacional, lo que les fue concedido el 13 de septiembre de 2012. Desde esa fecha, en San Miguel hay más autonomía. Un consejo que don Tacho da a todas las comunidades que estén a tiempo de frenar que la minería.

La gente de ese pueblo dice que no cambiaría su tierra por nada en el mundo. Sus árboles de hojas de diferentes tonalidades de verde, son majestuosos todo el año; los altos cerros, altos, con fragancias inefables; decenas de manantiales. Vida, mucha vida.

Los tratados comerciales, el agronegocio y la crisis climática

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GRAIN

Las negociaciones sobre el clima que se realizarán en diciembre de este año en París son consideradas la última oportunidad para que los gobiernos del mundo se comprometan de modo vinculante con objetivos que pudieran detener nuestra marcha hacia la catástrofe. Pero en la cuenta regresiva hacia París, muchos de estos mismos gobiernos ya firmaron o están impulsando una serie de ambiciosos tratados comerciales y de inversión que inviabilizarán las medidas que se podrían tomar para enfrentar el cambio climático (el Acuerdo Económico y Comercial Global, entre la Unión Europea y Canadá; el Área de Libre Comercio de Asia y el Pacífico; el Tratado sobre Comercio de Servicios, negociado secretamente entre 40 países fuera de la Organización Mundial de Comercio; la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión, entre la Unión Europea y los Estados Unidos; el Acuerdo Trans-Pacífico de Cooperación Económica, firmado por 14 países de ambos lados del Pacífico; y la Asociación Económica General Regional, entre diez miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático y seis vecinos).

Lo que sabemos hasta el momento acerca de estos acuerdos, a partir de los pocos documentos que se han filtrado de las negociaciones secretas, es que originarán una mayor producción, más comercio y más consumo de combustibles fósiles, y que serán usados para revertir las medidas populares que pudieran afectar las ganancias de las industrias contaminantes (1).
 
Menos aún se ha dicho acerca de cómo afectarán nuestro clima las disposiciones sobre producción de alimentos y agricultura incluidas en estos acuerdos. Pero la pregunta es de extrema importancia, porque la producción de alimentos y la agricultura tienen un enorme impacto sobre el cambio climático (2). Consideramos que existen siete formas mediante las cuales la producción de alimentos y la agricultura, como componentes de los actuales acuerdos comerciales y de inversión, harán que la crisis climática empeore.
 
1. Aumentar la producción, el comercio y el consumo de alimentos que emiten grandes cantidades de gases con efecto de invernadero.
 
En términos de producción agrícola, la carne y los lácteos son los principales contribuyentes al cambio climático. Solamente el 11% de toda la carne producida se comercializa internacionalmente, pero a nivel global, la producción y el consumo de carne tienen una proyección de crecimiento de 17% para el 2024 y, en definitiva, una duplicación para 2050 (3). Se espera que el aumento del comercio juegue un papel en este crecimiento y parte de éste se originará a partir de los acuerdos comerciales más recientes, lo cual podría cambiar bastante la dinámica actual del comercio de la carne (4). Por supuesto, no podemos predecir cuánto aumentará el comercio y el consumo como resultado directo de estos acuerdos, pero se estima que las disminuciones de aranceles y los estándares más bajos, provocarán un aumento de la oferta y, por consiguiente, también del consumo en los países importadores. Eso, después de todo, es lo que los grupos de cabildeo de las empresas intentan lograr. Se espera que los mercados crezcan para algunas compañías del agronegocio y sus inversionistas debido a la dilución de las regulaciones sobre sanidad alimentaria y las leyes de etiquetado, como resultado de estos nuevos acuerdos.
 
2. La promoción de la agricultura industrial de exportación en desmedro de los sistemas de agricultura y producción de alimentos locales
 
La expansión de los mercados para las aves de corral y la leche en polvo de Europa ha sido, desde hace tiempo, un aspecto importante en la agenda de la liberalización de los mercados de la Unión Europea, como bien saben los agricultores y los pequeños ganaderos de África, que se han estado movilizando desde hace años para detener el comercio desleal de pollos y excedentes lácteos altamente subsidiados, provenientes de Europa. Estas luchas están cada vez más conectadas con el cambio climático. La producción industrial de aves de corral, después de todo, es una importante fuente de emisiones de gases con efecto de invernadero. Los pollos Broiler, que son criados por su carne, producen siete veces más emisiones de GEI que las aves criadas de forma doméstica. Y las gallinas ponedoras, que son criadas por sus huevos, producen cuatro veces más (6). El consumo de pollos está aumentando en muchos países debido a que es una carne de bajo costo y, en consecuencia, se espera que el comercio global de aves de corral aumente. Todo este comercio se origina en las granjas avícolas industriales, que provocan mayores emisiones que la crianza casera o a pequeña escala de aves.
 
3. El fomento de los supermercados globales y los alimentos altamente procesados
 
Las principales actores del comercio de alimentos en supermercados están apuntando al crecimiento tanto en Asia como en África y América Latina, mediante los diversos nuevos acuerdos comerciales. La expansión de los supermercados globales trae consigo una expansión en la producción, comercio y consumo de alimentos procesados. Por ejemplo, bajo el TLCAN (tratado de libre comercio de América del Norte), la producción y el consumo de los alimentos procesados se disparó en México, trayendo consigo serios problemas de salud pública y el comercio minorista ha pasado a ser controlado por las grandes cadenas globales (7).
 
Los alimentos procesados —producidos por Mondelez, Nestlé, Pepsico, Danone, Unilever y similares— son importantes emisores de gases con efecto de invernadero, no sólo debido a la gran cantidad de energía usada en el envasado, procesamiento y transporte de los alimentos, sino también debido a las emisiones generadas en las plantaciones propiamente y las derivadas de la deforestación que trae consigo el aumento de dichos monocultivos.. Los alimentos procesados son producidos a partir de la materia prima más barata que las compañías puedan conseguir en el mundo entero. Un paquete estándar de alimento de supermercado, puede contener leche en polvo de Nueva Zelandia, maíz de los Estados Unidos, azúcar de Brasil, soja de Argentina y aceite de palma de Indonesia —todos alimentos que están en lo más alto de la escala de emisiones.
 
4. Fraude climático: la externalización de las emisiones
 
Los acuerdos comerciales favorecen la producción de alimentos en países con bajos costos y/o una producción altamente subsidiada, con altos niveles de emisión. Estos países tienen poderosos grupos de cabildeo a favor de la agricultura industrial y a menudo dependen fuertemente de las exportaciones agrícolas para obtener sus ingresos provenientes del extranjero. Es altamente improbable que estos países implementen medidas para reducir las emisiones que pudieran afectar la competitividad de sus productos agrícolas. Ya hemos visto a estos países actuando junto con sus compañías, para atajar los esfuerzos internacionales por lograr recortes significativos en las emisiones originadas por la agricultura, por ejemplo, promoviendo la Alianza Global para la Agricultura Climáticamente Inteligente, dominada por el agronegocio.
 
Es poco probable que las emisiones importadas junto con los alimentos sean tomadas en cuenta por alguno de los países importadores. Aun así, si algún país importador quisiera implementar medidas para reducir la importación de ciertas materias primas que provocan altas emisiones de gases con efecto de invernadero, podrían ser impugnadas, bajo los nuevos tratados, como restricciones desleales al comercio.
 
5. Más agro-combustibles
 
Los agro-combustibles son otra forma de energía contaminante que, junto con los combustibles fósiles, podrían aumentar a causa de los últimos acuerdos comerciales. Esto ocurre especialmente cuando los capítulos de inversión de los tratados comerciales buscan “nivelar el campo de juego” para los inversionistas extranjeros, estableciendo reglas sobre “tratamiento nacional” y “la nación más favorecida”, lo que facilita mucho el acceso a la tierra para producir combustibles agroindustriales más fácilmente. Hoy, las políticas climáticas de la Unión Europea han consolidado el acaparamiento de tierras en África para la producción de etanol para los mercados europeos.
 
6. Quebrantando el apoyo a las economías locales de producción de alimentos
 
Bajo la llamada doctrina de libre comercio, los programas de “compre lo nacional” o “compre lo local”, son consideradas generalmente discriminatorias y distorsionadoras del comercio. La Organización Mundial de Comercio (OMC) no ha hecho mucho para desalentar estas iniciativas, pero los nuevos tratados comerciales bilaterales y regionales podrían ir mucho más allá. Los grupos que han luchado por la soberanía alimentaria ven esto como una amenaza potencial para las economías alimentarias locales que han estado construyendo esforzadamente durante las últimas décadas (por ejemplo, iniciativas de los consejos sobre políticas alimentarias para apoyar el uso de alimentos producidos localmente en servicios públicos como colegios y hospitales) (8). Cualquier acción para hacer que las iniciativas para comprar o utilizar productos locales sean ilegales en el sector de los alimentos, resultará automáticamente en una mayor desestabilización climática (9). Lo mismo es cierto para las iniciativas que apoyan las compras “verdes” o los programas que exigen comprar a las medianas y pequeñas empresas, en nombre de la mitigación del cambio climático.
 
7. Declarar ilegales las medidas de seguridad alimentaria
 
En el año 2013, diversos gobiernos intentaron promulgar una regla de la OMC con la que las compras públicas de alimentos en tiempos de crisis debían ser consideradas una forma de subsidio agrícola distorsionador del comercio. Muchos gobiernos compran productos agrícolas a los agricultores para estabilizar los mercados, garantizar precios y generar reservas o sistemas de distribución en el interés público. Los estragos causados por el cambio climático en un mundo de desregulación y concentración empresarial hacen que la escasez de alimentos se torne más común y más amenazante. Esto significa que cada vez son más necesarias estas medidas básicas en materia de seguridad alimentaria así como los programas de compras públicas.
 
¡Es momento de parar la desestabilización del clima!
 
Los patrones de consumo de alimentos están cambiando. La llamada dieta “occidental” se está expandiendo, particularmente en el Sur global, llevando consigo no solamente problemas de salud sino también aumentando la presión sobre el clima. Los comerciantes de materias primas agrícolas, las empresas del agronegocio, las cadenas de supermercados, los grupos de inversión y otros tipos de corporaciones, que financian y conducen el sistema industrial de alimentos, tienen un gran interés por expandir los negocios justamente en esos mercados, y los tratados comerciales son una gran herramienta para lograrlo.
 
Tenemos que sacar cuentas. Si queremos afrontar el cambio climático, tenemos que detener el consumo de algunos alimentos y eso significa parar la producción y también el comercio. Afortunadamente, se puede hacer. Pero requiere una reducción estructural progresiva de las grandes empresas alimentarias, de los grandes supermercados y de aquéllos que lo financian. En su lugar, las pequeñas y medianas fincas, las formas de procesamiento y los mercados a pequeña y mediana escala, respaldados por las adquisiciones y el financiamiento públicos, harían un mejor trabajo. Esto requiere una arremetida y unir las luchas en torno al cambio climático a las luchas por la soberanía alimentaria y en contra de los tratados comerciales promovidos por las empresas.

Atlas del Carbón 2015

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Datos y cifras muestran impacto social y ambiental de la producción de carbón

Bruselas, Bélgica, noviembre de 2015 – La fundación Heinrich-Böll y Amigos de la Tierra Internacional publicaron hoy en Bruselas la primera edición en inglés del Atlas del Carbón 2015. El atlas contiene los últimos datos y cifras sobre el uso del carbón y sus consecuencias sociales y ambientales. Mediante más de 60 infografías detalladas, el atlas ilustra los efectos de la industria del carbón en la naturaleza, la salud, el trabajo, los derechos humanos y la política.

Además, arroja luz sobre los beneficiarios de la producción de carbón y muestra los proyectos que se están desarrollando actualmente en el sector en China, India, Estados Unidos, Rusia y Alemania.

El atlas está disponible en forma gratuita en papel y en formato digital en: www.boell.de/coalatlas

El carbón contribuye más a la crisis climática que cualquier otra fuente de energía. En 2014 fue responsable de 14,2 gigatoneladas de emisiones de dióxido de carbono (CO2), el equivalente al 44% de todas las emisiones de dióxido de carbono generadas por la energía producida a partir del carbón y más de un cuarto de todas las emisiones de gas invernadero. Además, la extracción y quema de carbón provoca daños irreversibles en el medio ambiente y la salud de las personas.

Tan solo en la Unión Europea, los problemas relacionados con la salud cuestan alrededor de 43.000 millones de euros al año. Otros efectos de la industria del carbón son los desplazamientos forzosos y la represión de los habitantes locales.

“El Atlas del Carbón 2015 demuestra que no existe el carbón limpio”, afirma Jagoda Munic, presidenta de Amigos de la Tierra Internacional. Munic añadió: “Europa sigue siendo uno de los principales consumidores de carbón. Aún en 2015, Europa sigue sufriendo daños en su medio ambiente provocados por grandes proyectos de minería de carbón, especialmente en Alemania, y por las emisiones tóxicas en los países que dependen del carbón como Polonia. La resistencia a la eliminación progresiva del carbón en Europa demuestra que la Unión Europea es presa del poderoso lobby del carbón industrial. Sin embargo, el Atlas del Carbón deja claro que Europa necesita cambiar su sistema energético antidemocrático, irresponsable e injusto y adoptar uno justo, controlado por la sociedad y que proporcione seguridad climática”.

Barbara Unmüßig y Ralf Fücks, presidentes de la fundación Heinrich-Böll-Stiftung, instan a la UE a que adopte medidas al respecto:

“Europa tiene una deuda de emisiones histórica y actual que pagar. Por lo tanto, tiene la responsabilidad de acelerar la transición de su actual sistema energético mixto hacia uno libre de emisiones. Los últimos años se ha demostrado en Alemania y los países de la Unión Europea que un fuerte aumento de la proporción de energía renovable utilizada no solamente sería perfectamente compatible con los requisitos de las economías industrializadas, sino que además tendría efectos importantes en la innovación y el empleo. Por este motivo la UE necesita mejorar sus instrumentos políticos para lograr una transición hacia una era sin emisiones. Una estrategia fundamental para ello es cambiar la unión energética por metas muchas más ambiciosas, como un precio razonable de las emisiones de CO2”. Esto implicaría también un fuerte enfoque a las subvenciones a la industria del carbón: los Estados miembros de la UE y la propia UE se han mostrado reticentes a adoptar medidas contra los proyectos de carbón y siguen destinando casi 10.000 millones de euros al año en subvenciones a las empresas que realizan actividades vinculadas con el carbón.

“Esa es la otra decisión inevitable: la UE y sus países miembros deben dejar de apoyar proyectos de carbón con dinero de los contribuyentes”, señalaron Unmüßig y Fücks. “No solamente en Alemania, donde las empresas mineras se han beneficiado de subvenciones de alrededor de 327.000 millones de euros en términos reales desde 1970, sino también a nivel mundial, la UE está subvencionando sus inversiones en la industria del carbón, generando múltiples conflictos sociales y ambientales. Hay algo indiscutible: la Unión Europea debe enviar una señal clara para eliminar progresivamente los combustibles fósiles y en primer lugar el carbón si desea liderar la transición mundial hacia un planeta libre de emisiones e influir en un posible acuerdo sobre el clima en la COP21 en París”.

Lucy Cadena, coordinadora del programa Justicia Climática y Energía de Amigos de la Tierra Internacional afirmó: “Europa se ha enriquecido mediante la quema de carbón durante más de 150 años, debido a este efecto “retardado”, estas emisiones han causado el aumento de 1°C de la temperatura que estamos experimentando en 2015. La UE se dirige a las negociaciones sobre el clima en París afirmando ser el líder en cuestiones de clima, pero los hechos no coinciden con la realidad: Europa sigue extrayendo y quemando carbón en el continente. A nivel mundial, los países europeos utilizan dinero público para financiar proyectos sucios de carbón que violan los derechos humanos en todo el mundo, mientras tercerizan las emisiones provenientes de la quema de carbón a países del Sur Global, como China, para producir bienes para el consumo europeo. Estas emisiones ‘ocultas’ se suman a una gran huella de carbono y el compromiso actual de la UE es completamente insuficiente con respecto a su responsabilidad en las emisiones. El Atlas del Carbón arroja luz sobre la gran falta de ambición de la que somos testigos mientras nos acercamos a la cumbre sobre el clima en París, y la necesidad de un cambio radical que elimine el uso del carbón”.

Sin embargo, otros actores mundiales están comenzando a considerar fuentes de energía alternativas. En 2014, el consumo de carbón de China disminuyó por primera vez en más de treinta años. Mientras tanto, el Gobierno chino está presionando para que haya una rápida expansión de la energía renovable. En Estados Unidos, las empresas de carbón están al borde de la quiebra debido al cambio en el mercado hacia las energías renovables y otras fuentes de energía. Por su parte, India y Rusia siguen dependiendo del consumo de carbón para mantener el crecimiento económico. Esto es posible únicamente gracias a las subvenciones: sin ellas, la electricidad generada a partir del carbón costaría el doble del precio actual.

El atlas está disponible en forma gratuita en versión en papel y digital en: www.boell.de/coalatlas

Posicionamiento Político de organizaciones sociales de América Latina y el Caribe hacia la COP 21

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Noviembre 2015

Los abajo firmantes, organizaciones y movimientos sociales de América Latina y el Caribe:

CONSIDERAMOS
Que la crisis actual no se trata únicamente del calentamiento global. Es también una crisis socio-económica, política, alimentaria, energética y ecológica. En suma, una crisis sistémica cuyas afectaciones son visibles a nivel global. Esta crisis tiene origen en el sistema capitalista que a su vez se sustenta en un modelo de producción y consumo extractivista, depredador de los bienes comunes y de la fuerza de trabajo, creado en función de favorecer los intereses de las grandes corporaciones transnacionales.
Entre los efectos de la crisis vemos el incremento de la discriminación y la violencia en especial contra las mujeres, las migraciones forzosas, la pérdida de soberanía sobre el patrimonio natural y la imposibilidad de seguir existiendo como comunidades originarias y de vivir en armonía con la Madre Tierra.

Si bien los impactos de la crisis climática son evidentes a nivel global, es en el Sur global donde esas consecuencias se están manifestando de forma aguda por medio de los eventos climáticos extremos, deslaves, deshielos, inundaciones, sequías, entre otras manifestaciones.
Para hacer frente a esta crisis creemos que es necesario un cambio de sistema, que modifique radicalmente nuestros patrones de producción y consumo, y que tenga como objetivo la protección del medio ambiente como forma de hacer posible la sustentabilidad de la vida.

DENUNCIAMOS Y RECHAZAMOS
1. Que el proceso multilateral de las negociaciones del clima, en el ámbito de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), ha conducido cada vez más a la privatización, mercantilización y financiarización de la naturaleza y los bienes comunes, desatendiendo las verdaderas causas estructurales del cambio climático. Asimismo, en las tratativas los estados desarrollados han logrado salirse de sus obligaciones y responsabilidades históricas por la crisis del clima. Actualmente se cuenta con una negocación basada en promesas de reducción de emisiones y que implicaría a todos los estados miembros de la Convención.

2. La captura corporativa de la Convención del Clima, que debe ser combatida urgentemente como forma también de proteger el multilateralismo. Somos defensores de ese multilateralismo, crucial para que todos los países puedan participar en las negociaciones y que así los estados en desarrollo puedan reivindicar sus posiciones. No obstante, es necesario seguir alertando de la captura corporativa de la CMNUCC y luchar para erradicarla.

3. La aceleración de los procesos de privatización, mercantilización y financiarización de la naturaleza como parte de las estrategias utilizadas por las corporaciones, basados en los principios de la economía verde, que no son otra cosa que falsas soluciones a la crisis climática. Esas falsas soluciones a su vez intensifican el acaparamiento de tierras y territorios y profundizan la violación de derechos de las comunidades locales. Así lo hemos reafirmado en la Conferencia Latinoamericana sobre Financiarización de la Naturaleza que realizamos en agosto de este año en Belém do Pará, Brasil, muchas de las organizaciones y movimientos sociales abajo firmantes.

4. Las falsas soluciones, que están siendo promovidas y profundizadas para el posible Acuerdo de París. Algunas de ellas son: los mercados de carbono, proyectos de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de los bosques (REDD), transgénicos, agrocombustibles, megaproyectos hidroeléctricos, centrales nucleares, fractura hidráulica (“fracking”), agricultura climáticamente inteligente, manipulación en gran escala de los sistemas de La Tierra (Geoingeniería), Economía de los Ecosistemas y de la Biodiversidad (TEEB).

5. A las grandes empresas, instituciones financieras internacionales, agencias de desarrollo, entre otros actores que, en complicidad con muchos gobiernos, promueven los marcos institucionales para avanzar aún más en la mercantilización y despojo de nuestros territorios. De esa forma se otorgan nuevos derechos a las grandes corporaciones transnacionales por encima inclusive de la soberanía de nuestros pueblos. Esta arquitectura de la impunidad se expresa en los Tratados de Libre Comercio (TLC), Tratados Bilaterales de Inversiones (TBI), el Acuerdo Transpacífico (TPP), el Acuerdo sobre el Comercio de Servicios (TISA), la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (TTIP) y todos aquellos que atentan contra la soberanía y autodeterminación de los pueblos. Respaldamos el proceso de negociación en el marco del “Grupo de Trabajo intergubernamental de composición abierta sobre las empresas transnacionales y otras empresas con respecto a los derechos humanos”, creado por el Consejo de Derechos Humanos de ONU para instaurar un tratado legal que obligue a las corporaciones transnacionales a respetar los derechos humanos. Seguiremos vigilantes y activos en las negociaciones de ese Grupo de Trabajo.

6. El modelo de dominación y opresión que sustenta la deuda, que a través del pago de los servicios de la deuda externa e interna, continúa desviando los ya de por si limitados recursos existentes para la inversión social. Los recursos desviados podrían utilizarse para hacer frente a las consecuencias que el cambio climático tiene en la vida de nuestros pueblos. Hablamos de una deuda económica, pero también climática, social, ecológica.

DEMANDAMOS
En el camino para la construcción de soluciones reales a la crisis, es urgente:
1. Que los países desarrollados se comprometan a reducciones de emisiones drásticas en base a su responsabilidad histórica y capacidades respectivas, a transferencia de fondos para adaptación y mitigación del cambio climático en el Sur global y a transferencia de tecnologías.
2. Poner fin a los procesos de persecución, desaparición, torturas y asesinatos de luchadores sociales y defensores de los derechos de los pueblos y de la Madre Tierra, ordenados por corporaciones en América Latina y diversas partes del mundo. Además, parar con la represión y criminalización de la protesta social de parte de numerosos gobiernos.
3. La incorporación y reconocimiento de alternativas para el Buen Vivir, la sustentabilidad de la vida, la defensa de los bienes comunes y la Madre Tierra. En este sentido, reivindicamos las formas de vida de los pueblos indígenas y campesinos, y su cosmovisión en absoluta armonía con la naturaleza, basados en principios de justicia ambiental, social y climática.
4. Que se promueva la libre determinación territorial y el autogobierno, la soberanía alimentaria, un cambio global de la matriz de energía que lleve a la transición de los combustibles fósiles y de lugar a la soberanía energética, la economía solidaria y feminista, el manejo comunitario de los bosques y territorios y del agua. Esto hace parte del paquete de soluciones reales que consideramos urgentes para hacer frente a la crisis sistémica.
5. El cambio de sistema debe implicar una transición justa, a ser construida con los trabajadores y trabajadoras y el conjunto de la sociedad. Esta transición pasa además por asegurar el empleo decente, la libertad de organización, la garantía de derechos fundamentales como la negociación colectiva, la huelga, el acceso a la salud, el diálogo social, mecanismos que aseguren la recalificación profesional. Pasa también por el establecimiento de una amplia red de seguridad y protección social, entendida como un derecho humano, además de políticas públicas que garanticen formas de trabajo dignas.
6. En ese sentido, reivindicamos la Plataforma de Desarrollo de las Américas (PLADA) desarrollada por la Confederación de Sindicatos de Trabajadores y Trabajadoras de las América (CSA), que contiene entre otras cosas el marco y el camino de la transición justa que demandamos.
7. Estas ideas presuponen también la ampliación del concepto de trabajo, el reconocimiento del trabajo de las mujeres y el equilibrio entre la producción y reproducción, para que esta última no sea una atribución exclusiva de las mujeres.

DESDE AMÉRICA LATINA NOS SUMAMOS A LAS MOVILIZACIONES
Estamos respaldando el proceso de trabajo e impulso a las manifestaciones de la Coalición Francesa, que aglutina a diversas agrupaciones sociales y organiza las actividades para que nosotros y nosotras, como pueblos del mundo, coloquemos nuestras denucias y demandas en París, y al mismo tiempo en numerosas partes del planeta.
Lo hacemos desde el acumulado que hemos trazado en las luchas y proceso comunes, en momentos como la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra en Cochabamba (Abril 2010, y que tuvo su segunda edición del 9 al 12 de octubre pasados), la Cumbre de los Pueblos de Río+20 (Junio 2012), la Pre Cop Social de Isla Margarita (Noviembre 2014) y la Cumbre de los Pueblos de Lima (Diciembre 2014).

En este camino que estamos transitando llamamos a fortalecer los lazos de hermandad, solidaridad y acción, en procesos que apunten a la construcción de sociedades y colectividades justas, equitativas, donde los derechos de los pueblos y los de nuestra tierra se respeten.

Convocamos a profundizar las resistencias locales, regionales y globales contra la implementación de las falsas y peligrosas soluciones al cambio climático, al tiempo que aumentar la promoción de las verdaderas soluciones que ya existen y provienen de los pueblos.

Exhortamos a mantener las movilizaciones y la denuncia activa del curso de las negociaciones del clima, que favorece a las grandes corporaciones transnacionales y gobiernos de los países desarrollados.

Finalmente, llamamos a manifestarnos en todos los espacios y territorios para apoyar las más de dos semanas de movilizaciones de París 2015 (del 28 de noviembre al 12 de diciembre). Entendemos que esa instancia será un momento importante de convergencia con organizaciones y movimientos sociales de diversas regiones, en un camino mucho más largo por la justicia climática, que nos debe aportar para acumular fuerzas y seguir adelante en nuestras luchas comunes.

FIRMANTES
Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas (CSA)
Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC – Vía Campesina)
Marcha Mundial de las Mujeres (MMM)
Jubileo Sur/Américas
Grupo Carta de Belém
Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC)

El cambio climático se la juega en París

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La Cumbre del Clima, marcada por los atentados del viernes, arranca en la capital francesa el 30 de noviembre. Es la última oportunidad para un acuerdo global y vinculante de reducción de emisiones, pero los compromisos de los 195 estados no son suficientes para frenar el calentamiento global.

LUCÍA VILLA, publico.es

En los últimos 135 años el planeta no ha experimentado un mes tan cálido como el del pasado julio. La cantidad de gases de efecto invernadero concentrados en la atmósfera batió de nuevo todos los récords en 2014 y la extensión de hielo ártico disminuye a ritmos desconocidos. Son tres evidencias de que el cambio climático, el mismo que muchos negaron poco tiempo atrás, nos pisa los talones.

La Cumbre del Clima de Naciones Unidas que arrancará en París el 30 de noviembre pese a los antentados del pasado viernes que hicieron temer incluso por su celebración, supone la última oportunidad de hacerle frente. Una cita determinante en la que 195 estados tratarán por primera vez de alcanzar un acuerdo global y vinculante contra el calentamiento del planeta y sus impactos.

El objetivo a corto plazo es lograr una prórroga del frustrado Protocolo de Kioto, que venció en 2012, y que sólo obligaba a algunos de los países más desarrollados a reducir sus emisiones de dióxido de carbono (EEUU, Canadá o Japón, por ejemplo, no lo firmaron). En la cumbre que se celebró en Lima hace un año se entendió por fin que el acuerdo debía comprometer a todos, pero la meta es mucho más ambiciosa. Se trata de conseguir que la temperatura de la Tierra no suba a final de siglo más de 2ºC, el límite establecido por los científicos si se quiere evitar un desenlace catastrófico.

“Dos grados es el punto de no retorno, momento en el que, aunque las emisiones se redujeran a cero, la propia inercia del clima haría que se llegara de forma segura a los tres grados, y aquí los efectos son mucho más imprevisibles”, dice a Público Jonathan Gómez Cantero, climatólogo especializado en riesgos ambientales y miembro del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático de la ONU (IPCC), la mayor red de expertos sobre la materia. Este organismo calcula que, de seguir al ritmo actual, la temperatura del planeta subiría aproximadamente unos 4ºC en 85 años.

Pero poner de acuerdo a casi 200 mandatarios, con sus respectivos intereses, deja poco espacio al optimismo. De hecho, esta última cuestión llega a París ya fracasada. Según ha declarado la secretaria de la Convención Marco de la ONU sobre Cambio Climático, Christiana Figueres, sumando los compromisos voluntarios de reducción de emisiones que ya han presentado la mayoría de los países, estaríamos ante un escenario de un aumento de la temperatura de 2,7ºC, aunque otras fuentes creen que esta es una cifra optimista y que en realidad se sobrepasarían los tres grados. Sea la que sea, resulta del todo insuficiente.

¿No hay nada que hacer, entonces? Sí y no. El relativo éxito, al menos para salvar la buena imagen de la cumbre, estriba en un mecanismo para que todos los países revisen sus compromisos de emisiones contaminantes cada cinco años. Aunque en este punto hay amplio consenso, los flecos sueltos son numerosos. En el último borrador del acuerdo aprobado la semana pasada, (una maraña de propuestas entre corchetes en la que todo está aún por decidir) no se ha fijado todavía si habrá revisión, cada cuánto tiempo será y, en caso de haberla, si será para ampliar los compromisos y no reducirlos.

“Esto es a lo que se agarran los líderes políticos. Son conscientes de que no se han presentado compromisos suficientes y crean un mecanismo que permite revisarlos. Pero volver a preguntar a los países dentro de cinco años no implica que vayan a cambiarlos, pueden no hacerlo”, explica Javier Andaluz, de Ecologistas en Acción.

La mala noticia no es sólo que en sucesivas cumbres nadie se mueva un ápice de lo ya comprometido, sino que el tiempo se agota. “El clima lleva una inercia. Es como un coche acelerado: si quieres frenarlo no puedes esperar al último momento. Personalmente sí creo que esperar cinco años a objetivos más ambiciosos sería demasiado tarde”, dice Gómez Cantero.

Además, tampoco hay acuerdo sobre el grado de legalidad del texto. La gran apuesta de la Unión Europea, que opera como un solo estado en la cumbre, es que se trate de un pacto vinculante que entre a formar parte de la legislaciones nacionales, del mismo modo que funcionan las directivas europeas de reducción de emisiones para los estados miembros. Pero aquí el principal obstáculo es EEUU, que suele entender este tipo de obligaciones como una injerencia política, como ya pasó con Kioto, y sin él un acuerdo no tiene sentido. El país norteamericano es el segundo más contaminante del mundo y el responsable del 14,4% del total de emisiones de CO2. Lo que no se contempla en ningún caso es aplicar sanciones.

Financiación insuficiente y sin garantías

El otro gran problema, como de costumbre, es el dinero. En el capítulo dedicado a la adaptación al cambio climático existe el compromiso para un ‘fondo verde’ de 100.000 millones de dólares anuales a partir de 2020, que es cuando entra en vigor el acuerdo. En principio, sólo los países desarrollados (aplicando criterios de 1990) son los que están obligados a aportar al fondo a través de financiación pública y privada, aunque ninguna empresa ha anunciado de momento que vaya a colaborar. China, por ejemplo, no está obligada a contribuir al fondo y esto es algo que se quiere negociar.

En cualquier caso la ONU ya alertó de que era una cifra insuficiente y de que, al menos, haría falta triplicar o incluso cuadruplicar esa cantidad. Los países menos desarrollados, que son lo que resultarían más afectados por el cambio climático, quieren que el acuerdo contemple un capítulo separado de ‘pérdidas y daños’, que supondría financiación aparte. Pero los países ricos y más contaminantes prefieren que este capítulo se incluya en el de ‘adaptación’, dentro de los 100.000 millones. Algunos países del sur han condicionado sus compromisos a que esto cambie.

Pero no es sólo un problema de cuantía, sino también de seguridad en la provisión: el acuerdo no contempla un método que garantice que el dinero va a seguir llegando año a año.

París es la cumbre de las cumbres, el encuentro para el que se han postergado todas las decisiones y donde el Gobierno francés, como anfitrión, se juega su reputación. El presidente François Hollande ha puesto en marcha todo su potencial diplomático para conseguir un acuerdo «histórico, definitivo y vinculante», consciente de que más allá del planeta, está en juego sobre todo su propia figura política. Lleva meses negociando con los principales mandatarios con la vista puesta en 1948, cuando Francia acogió la cumbre que aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos.  Un fracaso se entendería como su fracaso y el de todo su ejecutivo en un momento en el que su popularidad no está precisamente por las nubes.

Pero aún así muy pocos son positivos y las esperanzas son tímidas, mucho más después del chasco monumental de la cumbre de Copenhague en 2009. Los grupos ecologistas, decepcionados por los políticos, prefieren poner ahora sus ojos en los movimientos sociales para combatir la mayor amenaza que enfrentará el mundo en los años venideros.

“El mal resultado de Copenhague se llevó por delante la lucha contra el cambio climático porque estaba demasiado volcada en el lobby político. Independientemente de que es necesario que en París se alcancen acuerdos, lo que es evidente es que el cambio climático no lo van a solucionar los políticos”, dice en conversación con este diario Juantxo López de Uralde, expresidente de Greenpeace España que fue encarcelado por intentar irrumpir en la cena de gala para líderes mundiales de la cumbre del clima en Dinamarca.

MAPDER XII: Un ventarrón de protesta se levanta en Jalcomulco

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Encuentro XII Mapder

Jalcomulco, Veracruz, 12 de noviembre de 2015

En 2010 la Comisión Federal de Electricidad (CFE) dio a conocer los 510 proyectos hidroeléctricos programados a nivel nacional para el periodo 2011-2015, de los cuales 112 corresponden al estado de Veracruz: presas, plantas hidroeléctricas, acueductos, trasvases, todo orientado a la privatización del recurso más vital, el agua. Los pueblos y organizaciones de la sociedad civil que participan en el XII encuentro nacional del Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER), coinciden en que estos proyectos, lejos de contribuir al desarrollo social de las comunidades rurales y urbanas, son sinónimo de muerte y destrucción.

Los testimonios de resistencia y arraigo que nacen de los pueblos veracruzanos, en particular de Jalcomulco, donde se desenvuelve el encuentro, son tan dolorosos como esperanzadores para los diversos movimientos que acuden de todo el país al evento, pues aquí, a pesar de la represión y del poderío empresarial, muchos ríos siguen corriendo libres.

«Sacaremos a Odebrecht de la barranca»

Melesio García Morales, campesino de Limones, municipio de Cosautlán, inauguró la jornada de intercambio con sus corridos populares dedicados, entre otras, a la empresa brasileña Odebrecht, que desde 2010 amenaza con destruir la cuenca La Antigua. Este vasto sistema hídrico comprende los ríos Pixquíac, Pintores, Paso Limón, Texolo, Río Chico y Tlaltetela; atraviesa 12 municipios y soporta cerca de 1 millón de habitantes. Sus aguas caudalosas descienden por las faldas del Cofre de Perote entre barrancas y cascadas, para confluir a la altura de Jalcomulco y después seguir su camino pausado hasta el Golfo de México, ya como un sólo río: Los Pescados.

Por su ubicación geográfica pero sobre todo, por el valor de su gente, Jalcomulco es el centro neurálgico de la resistencia contra las represas proyectada por grandes potentados económicos nacionales y extranjeros sobre esta cuenca. A escasos 3 kilómetros río arriba, es donde la transnacional Odebrecht planeaba levantar la faraónica presa de derivación Propósitos Múltiples Xalapa.

Los habitantes de este poblado, famoso por su oferta ecoturística, fueron los primeros en desenmascarar este proyecto de muerte cuando en 2010 se acercaron personas desconocidas para hacer una Manifestación de Impacto Ambiental —aseguró Gabriela Maciel, vocera de Pueblos Unidos de la Cuenca La Antigua en Defensa de los Ríos (PUCARL), la organización regional anfitriona del encuentro. Fue entonces cuando las y los jalcomulquenses comenzaron a entender el tamaño de la amenaza: no sólo se trataba de construir una cortina de concreto de 100 metros de alto por 700 de ancho a orillas del ejido de Tuzamapan –supuestamente para bombear y vender agua a Xalapa (1000 metros arriba) y generar energía eléctrica para la población–, sino de producir un conjunto de obras río arriba, incluyendo la presa Matlacobatl y el complejo de «mini-presas» Isletas 2, que serviría para impulsar el «desarrollo» de la economía maquiladora y la industria extractiva en la región.

«Nos dimos a la tarea de hacer una labor de información a lo largo de toda la cuenca, que incluyó 42 comunidades albergadas en 12 municipios», explicó Gabriela. El proyecto inundaría 400 hectáreas de tierra afectando las actividades pesqueras, la ganadería, la agricultura (café, caña, mango, limón, naranja, papaya) y el ecoturismo. Lo que es peor, la sismisidad de la zona auguraba un futuro funesto a Jalcomulco y a todas las comunidades ubicadas río abajo.

La lucha se intensificó en octubre de 2013 cuando los pobladores vieron entrar la maquinaria de Odebrecht. Para impedir que la transnacional colocara la primera piedra del gigante de concreto, los defensores del río instalaron un campamento en el predio Tamarindo, bloqueando la pequeña desviación carretera que conduce al sitio previsto para la obra. Así nacieron los «Centinelas del Río», habitantes de toda la cuenca que se turnan para vigilar la zona día y noche, los 365 días del año, desde enero de 2014. Esta lucha pacífica, documentada por el colectivo Espora en La Antigua: Sangre que nutre,  «ha logrado penetrar el corazón de cada uno de los habitantes que están en la cuenca alta y baja» celebró José Luís Hernández, del tal forma que Odebrecht no ha podido empezar a construir su presa.

Además, los defensores del río están llevando una lucha jurídica sin concesiones. Reunidos en la Colectividad de la Cuenca Hidrológica del Río Los Pescados, presentaron una demanda colectiva contra la empresa, la Secretaría Nacional de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Secretaría de Energía y el gobierno de Veracruz, ante el Juzgado Décimo Quinto de Distrito en Materia Mixta, con sede en Xalapa, por «acción de obra peligrosa» que causa daños al medio ambiente. Las mil 800 personas que firmaron esta demanda siguen esperando la decisión del tribunal.

>> Audio: las palabras de Gabriela Maciel durante el encuentro

>> Video: Entrevistas con los defensores de los ríos del estado de Veracruz durante el encuentro

La presa El Naranjal

La codicia sobre los recursos naturales de Veracruz es enorme. El proyecto que quiere imponer la empresa Hidroeléctrica Naranjal SAPI de CV en el Río Blanco, afecta a las comunidades campesinas de ocho municipios: Fortín de las Flores, Ixtaczoquitlán, Naranjal, Cuichapa, Yanga, Coetzala, Amatlán de los Reyes y Omealca. La empresa «ingresó a nuestras comunidades con engaños y violencia contra ejidatarios y comuneros que poseen las tierras», denunciaron durante el encuentro Lilia Jiménez Romero y Marta Galiote, habitantes de Amatlán de los Reyes y miembros del Colectivo Defensa Verde Naturaleza para Siempre, al cual pertenecía Noé Vásquez Ortiz, asesinado por sicarios durante el X encuentro nacional del MAPDER con sede en este municipio.

La lucha de Noé y de Defensa Verde también inició en 2010. Las visitas de agentes extraños que pedían permiso para realizar estudios de suelo en sus terrenos los alertó. Estos agentes encubiertos hacían creer a las comunidades que su objetivo era inventar nuevos fertilizantes para mejorar los cultivos y quienes se atrevían a impedirles el paso, empezaron a ser sujetos de intimidaciones, incluso armadas. Por un tiempo la constructora propiedad de Guillermo X González Guajardo, quien encabeza una red de empresas dedicadas al sector energético, consiguió realizar algunos estudios, pero muy pronto se tuvo que enfrentar al rechazo sistemático de los habitantes.

Prevista para 2013, la presa se encuentra parada gracias al trabajo de Defensa Verde, que junto a La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (Lavida), se dio a la tarea de investigar e informar a las comunidades sobre los impactos del megaproyecto «para que la gente conozca sus derechos» y decidan libremente si van a vender o no sus tierras —dijeron las compañeras.

Según lo asentado en la Pre-audiencia sobre «Presas, Derechos de los Pueblos e Impunidad» del Tribunal Permanente de Los Pueblos (TPP), El Naranjal afectaría mucho más que la vida de los ríos, también mermaría la agricultura, la ganadería y el ecosistema en su conjunto.

De realizarse, El Naranjal sería la hidroeléctrica más grande de Veracruz y la novena del país. Las aguas embalsadas de los ríos Blanco y Metlac serían desviadas a través de un canal de 23 kilómetros antes de llegar a la casa de máquinas, consistente en 2 turbinas con potencia de 180 megavatios cada una. Sin embargo, ante la creciente oposición de la gente, la empresa tuvo que modificar el proyecto inicial y ahora propone enterrar el canal a unos 100 metros de profundidad. Pero a la gente no le bastó el argumento. «El problema es que el agua del río Blanco es muy sucia porque las industrias descargan sus desechos químicos allí y tememos que contaminen nuestros mantos acuíferos en caso de fisura», explicó Lilia Jiménez Romero en entrevista.

«Tenemos que luchar por nuestras tierras, por nuestra gente, por nuestras familias, por nuestros ríos», insistieron las compañeras de Amatlán ante el pleno. «El objetivo es que la empresa no lleve a cabo el proyecto en nuestras tierras porque no lo estamos pidiendo, son ellos que lo quieren imponer y deben respetar nuestra decisión».

Entre las acciones de defensa jurídica, se interpuso un amparo contra las dependencias que dieron los permisos a la empresa sin informar a las comunidades, pero éste fue rechazado por el juzgado de Córdoba. Ahora está en proceso de revisión ante el magistrado en Boca del Río. Mientras tanto, los promotores del proyecto siguen con su campaña de mentiras esperando así consumar el despojo.

>> Audio: El testimonio del Colectivo Defensa Verde Naturaleza para Siempre

>> Mapa: los proyectos de represas y trasvases en el estado de Veracruz

La defensa del río Atoyac contra los trasvases

En el 1998, el ex-gobernador de Veracruz Fidel Herrera manifestó su intención de construir un acueducto para llevarse el agua del río Atoyac, que nace en las alturas del municipio de Amatlán, hacia la ciudad de Córdoba. «Nos movilizamos contra este proyecto porque el río sustenta el sistema de riego de 120 mil hectáreas de cultivos básicos de los municipios de Atoyac, Carrillo Puerto, Yanga, Cuitláhuac y Amatlán», explicó en entrevista José Enedino González Nava, presidente de Pueblos Unidos Pro Derechos Constitucionales A.C. «Iban a sacar muchísima agua: 14 pulgadas por segundo», puntualizó.

Como salido de ultratumba, el proyecto revivió en 2012 y fue necesario instalar un campamento en la localidad de Ojo de Agua Grande para impedir la entrada de la maquinaria. Al igual que en Jalcomulco, el campamento se ha mantenido para enfrentar cualquier reactivación de la construcción y recibe regularmente visitas solidarias de organizaciones veracruzanas, nacionales e internacionales.

Todavía en 2014, el ayuntamiento de Amatlán propuso derivar las aguas del Atoyac hacia la zona industrial vecina donde se ubican empresas como Bimbo, Coca Cola y San Roque. Las consecuencias de la reiterada movilización y rechazo público por parte de los defensores del río fueron claras: «las autoridades nos dejaron sin obras y casi sin programas sociales», aseveró José Enedino.

>> Audio: El testimonio de José Enedino González Nava ante el pleno

La cuenca del Bobos-Nautla y las mini-hidroeléctricas

Existen 22 proyectos de hidroeléctricas en esta cuenca ubicada en el norte del estado, entre los cuales están las tres «mini-hidroeléctricas» (PH1, PH3 y Ocampo-Cuetzalin) que promueve la española Impulsa Generación Renovable (IGR) sobre el río Jalacingo. «Nuestra lucha ha sido difícil», sopesó Aurora Juárez Barriento, de la comunidad de Epapa, quien forma parte de la Alianza de Comunidades y Usuarios en Defensa del Río Bobos-Nautla.

Desde el 2009, la Alianza ha contenido la construcción de los «mini» proyectos y evitado sus «mega» afectaciones. En abril de este año, los habitantes de Jalacingo ganaron un amparo ante el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con sede en Boca del Río, que ordenó la suspensión provisional de las tres obras, evitando «que se afecte el entorno ecológico de las comunidades indígenas, en específico el derecho humano al agua, impidiéndose un daño irreversible en los manantiales situados en dichos sectores desprotegidos de la vida nacional», como indica el fallo de tribunal.

Ganaron una batalla pero siguen en resistencia contra la campaña de desinformación de IGR. «Hace unos 15 días estuvieron los de la empresa con integrantes de Pronatura (una organización ambientalista). Llevaron oficios a las autoridades comunitarias porque dicen que quieren dar pláticas a los niños y a los jóvenes y hablar de la importancia de la reforestación que están haciendo», contó Aurora. «En ese oficio dice que para aminorar los impactos que van a causar las hidroeléctricas van a reforestar y enseñar a los niños a cuidar a la naturaleza. Que contradicción!» —se ofendió.

Además de enfrentar la hipocresía, los opositores a las presas son señalados por la autoridad municipal que los acusa de estar «en contra del progreso» de su comunidad. «Vamos a seguir en resistencia», aseguró la luchadora.

>> Audio: El testimonio de Aurora Juárez Barriento

Teocelo protege al Río Matlacóbatl

Los habitantes del municipio de Teocelo, organizados en la Asamblea Matlacóbatl Teocelo (AMA Teocelo), combaten desde el 2012 la construcción de dos proyectos complementarios de «mini-hidroeléctricas» que fueron autorizados sin la más mínima consulta de las comunidades afectadas. El primero, Sistema de Generación Hidroeléctrica Matlacóbatl, es un proyecto de Constanza Energética, SA de CV. sobre el río Matlacóbatl (Serpiento Azul en nahuatl), al sur de Xalapa, en la cuenca de La Antigua. El segundo, bautizado «Isletas», está a cargo de Perseveranza Energética, SA de CV. e involucra a los municipios de Coatepec y Xico. Las tres «mini-hidroeléctricas» de Isletas afectarían irremediablemente a los ríos Texolo, Limón y Pintores. Ya que por más «minis» que sean, «el impacto ambiental es el mismo», sentenció Cristel Martínez, habitante de Teocelo e integrante de AMA Teocelo.

En este caso, los empresarios amenazan con destruir la barranca Matlacóbatl, «un lugar de diversidad increíble» reconocido por la Convención Ramsar relativa a los humedales de importancia internacional. A su vez las cascadas del Infiernillo y Tocuapan, reconocidas por la gente del lugar, prácticamente desaparecerán.

>> Audio: El testimonio de Cristal Martínez de AMA Teocelo

Los desplazados de Barranca Grande

En 2008, la comunidad de Barranca Grande, ubicada en las cañadas del municipio de Ixhuacán de los Reyes, sufrió un deslave que destruyó una decena de viviendas y cobró la vida de dos personas. Con este pretexto, la comunidad fue decretada zona de desastre y se dio inicio a la reubicación de 355 familias en la flamante ciudad rural de Barranca Nueva, construida a unos 10 kilómetros de ahí.

Las medidas de presión para forzar a la gente a mudarse a las «nuevas casas lujosas de cartón» —como las califican los habitantes más renuentes al desplazamiento— han ido en aumento: primero se les negó la educación a los hijos de las familias que decidieron quedarse en Barranca Grande de tal forma que la escuela del pueblo se ha quedado sin maestros; ahora el Instituto Federal Electoral se niega a empadronar a estas familias, como una medida para evitar el regreso de muchas otras que empiezan a entender el tamaño del engaño y que lamentan su nueva situación. En efecto, al mudarse a Barranca Nueva, tuvieron que dejar sus tierras y sus huertos, que eran precarias pero verdaderas fuentes de sustento cotidiano.

Hoy, la comunidad se encuentra fatalmente dividida. No son raros los casos de jefas de familia que se mudaron a la ciudad rural para garantizar la educación de sus hijos, dejando a sus maridos a cargo de las antiguas viviendas, más amplias y mejor acopladas a los gustos y necesidades de la gente. Mientras algunos desplazados retornan hacia el paraíso ecológico que dejaron al fondo de la barranca, otros siguen a la espera y comienzan a poner en duda las verdaderas intenciones del gobierno. ¿Desde cuándo las autoridades veracruzanas se han preocupado por la seguridad de los asentamientos humanos? ¿No fueron las propias autoridades de protección civil las que reubicaron en Barranca Grande a las víctimas del huracán de 2008?

El crecimiento de lucha contra las preseas, así como la articulación desde 2010 de Pueblos Unidos de la Cuenca La Antigua en Defensa de los Ríos (PUCARL), no han hecho más que profundizar una sospecha que se lee en el paisaje: tal vez, al desplazar a los habitantes de Barranca Grande, el gobierno estaba preparándose para instalar sus presas e inundar la cuenca alta de La Antigua.

>> Audio: Testimonio de uno de los desplazados de Barranca Grande

  VIDEO: Habitantes de Barranca Grande vs el desplazamiento

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El agua de Veracruz, abundante pero amenazada por la contaminación y la privatización

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Jalcomulco, Veracruz, miércoles 12 de noviembre de 2015

«El problema en Veracruz no es la escasez del agua, sino su calidad», analizó Hipólito Rodríguez durante el XII Encuetro Nacional del Moviemento mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Rios (MAPDER) en Jalcomulco, Veracruz. El investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS-Unidad Golfo, Xalapa) recordó que la entidad con sus seis cuencas (Panuco, Pantepec, Nautla, Antigua y Papaloapan y Coatzacoalcos) representan el 30% del agua que escurre en todo el país. Esta abundancia se debe a importantes precipitaciones y a numerosos bosques que capturan la humedad, pero está amenazada por la contaminación industrial. «Muchas industrias como la industria del azúcar obtienen grandes ganancias pero no invierten en el tratamiento del agua que utilizan, causando problemas de escasez en ciertas zonas donde el agua ya no puede ser utilizada para el consumo humano», explicó el investigador, miembro de la Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (LA VIDA).

 

En ciertas ciudades, al problema de la contaminación se suma una mala gestión de la distribución de agua potable como en la ciudad de Xalapa donde se registran muchas fugas. ¿Cómo las autoridades de la capital del estado piensan resolverlo? ¿Invirtiendo en nuevas infraestructuras o darle mantenimiento a las existentes? No. Construyendo una presa de 100 metros de altura y 700 metros de ancho en Jalcomulco para trasladar agua limpia del río Pescados a los capitalinos. Este proyecto, conocido como «Propósitos Múltiples Xalapa», promovido por el gobierno estatal y llevado por la empresa brasileña Odebrecht, fue detenido hasta el día de hoy gracias a la movilización de los Pueblos Unidos de la Cuenca La Antigua en Defensa de los Ríos (PUCARL). Este tipo de infraestructura «no resuelve nada», advirtió Hipólito Rodríguez, según quien urge «que las ciudades aprendan a cuidar el agua.»

«Los ríos son de la población»

En vez de promover gestiones comunitarias y sustentables del agua cuenca por cuenca, muchas municipalidades prefieren entregar los servicios de distribución de agua potable al sector privado. En Xalapa, Odebrecht no sólo quiere construir una presa sino también gestionar el sistema municipal de distribución del agua. Ya lo logró en la ciudad de Veracruz, donde acaba de obtener un contrato de 30 años para gestionar su sistema de agua junto con la empresa Aguas de Barcelona, filial del grupo francés Suez  Environnement.

No dejar el manejo de las cuencas a las poblaciones locales puede llevar a que ocurran aberraciones. Como quitar el agua de los Veracruzanos para alimentar hogares y empresas en otros estados. De esta lógica nació un proyecto de presa en el río Panuco para desviar agua hacia la ciudad de Monterrey en el estado de Nuevo León, donde a pesar de la escasez de agua se están multiplicando los proyectos de extracción de gas de lutita. Este gas no convencional se extrae mediante la técnica ultra contaminante de la fractura hidráulica, que consuma millones de litros de agua. Hipólito Rodríguez invitó al público a «participar en consejos de cuencas ciudadanos» para enfrentar la amenaza de la privatización, recordando que «los ríos son de la población.»

>> AUDIO de la presentación de Hipólito Rodríguez

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Declaración Final MAPDER XII

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Jalcomulco, Veracruz, 2015.

Del 10 al 12 de noviembre en el municipio de Jalcomulco, Veracruz, nos reunimos pueblos, organizaciones y defensores de los ríos y el agua en México para celebrar el XII Encuentro Nacional del MAPDER. El objetivo de este encuentro fue fortalecer las resistencias en defensa del agua, la vida y la tierra contra la política extractiva y diversos proyectos de  infraestructura que amenazan la vida de los pueblos y ciudades.

Durante 3 días nos dimos cita, alrededor de 400 personas provenientes de distintos estados de la Republica: Chiapas, Colima, Jalisco, Oaxaca, Ciudad de México, Estado de  México, Puebla, y  diversas regiones de Veracruz; así como la presencia de observadores internacionales: Costa Rica, España, Italia, Francia, Holanda, Argentina, Bolivia, Perú, Colombia,  Cuba.

Desde hace tres años los defensores del agua y los pueblos afectados por represas, analizamos los mecanismos que el Estado ha implementado para la imposición de la privatización de la energía y el agua, disminuir los costos de producción del capital de las industrias y desmovilizar la organización y autodeterminación de los pueblos sobre su vida. Es por eso que nos reunimos para compartir, consensar y decidir cómo y de qué manera continuaremos en nuestra lucha para defender, proteger y reivindicar nuestras alternativas de vida, distintas a las que el Estado pretende imponer sobre nuestro territorio.

Las organizaciones, movimientos, colectivos y personas que fuimos parte del XII Encuentro Nacional de los estados de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Puebla, Nayarit, Jalisco, Colima y Distrito Federal,

Firmamos:

Los anfitriones del encuentro:

Pueblos Unidos en Defensa de la Cuenca Antigua por Ríos Libres (Pucarl) y Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (LAVIDA).

Comunidades, organizaciones y comunidades de Veracruz: la Alianza Mexicana contra el Fracking, Coordinadora de Acción Solidaria en Defensa del Territorio de las Huastecas y el Totonacapan (CORASON), el Colectivo Defensa Verde Naturaleza para Siempre, Por un Veracruz Limpio, Asamblea Ama Teocelo.

Movimientos y organizaciones de Jalisco, Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo, Guadalupe Lara e Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario A.C.; Colima Bios Iguana A.C, de Nayarit, el Consejo Nayeríh; de Puebla el Consejo Tiyat Tlalli y la Organización Totanaku; de Guerrero, el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota, CECOP; de Oaxaca, el Consejo de Pueblos Unidos en Defensa del Río Verde, Copudever, y Servicios para una Educación Alternativa A.C., Educa; de Chiapas, el Comité Comunitario de Derechos Humanos del Valle Tulijá de Salto de Agua, el Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio,  el Movimiento Contra la represa de Huistán I y Huistán II, el Movimiento de Mujeres en Defensa de la Tierra y el Territorio y por la Participación de las Mujeres en la Toma de Decisiones, Chiapanecos en Defensa del Agua, la Voz del Pueblo, el Consejo Autónomo de la Costa de Pijijiapan, Las Abejas de Acteal, Movimiento Campesino Regional Independiente adherido a la Coordinación Nacional Plan de Ayala Movimiento Nacional  (MOCRI-CNPA-MN); las organizaciones Otros Mundos A.C., Casa de la Mujer y las comunidades del municipio de Salto de Agua y San Juan Cancuc; del Distrito Federal Coalición Internacional para el Habitat, Oficina para América Latina, Hic-Al; Colectivo Hijos de la Tierra, FUNDAR, Centro de Análisis e Investigación A.C.; de Colima, Bios Iguana.

Las comunidades de Veracruz: Boca del Río, Llano Grande, Municipio de Teocelo, Cosautlán, Limones, Nueva Villa Barranca Grande, Municipio Ixhuácan de los Reyes, Coetzala, Municipio de Apazapan, Xalapa, Coatepec, Teócelo, Xico. las organizaciones: SENDAS AC., Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ).

Invitados: Movimiento por la libertad del agua y vida Tlanixco, afectados de Costa Rica por la Presa Reventason.

Este encuentro se enmarca en la aplicación de la primera fase de la Reforma Energética que impulsa de sobre manera los proyectos de fractura hidráulica y de presas para la generación de energía eléctrica, amenazando severamente los cuerpos de agua de las poblaciones rurales y elevando el costo de la luz a los usuarios domésticos de la ciudad y del campo.

También se contextualiza en la lucha contra la privatización del agua y contra el impulso del agua como una mercancía, muestra de ello es la propuesta de la Ley Korenfeld que aunque se cancelo, siguen presentes proyectos de privatización del agua, como: transvases de cuenca, Proyecto Monterrey VI, las concesiones de los servicios municipales de agua de la ciudad de Medellín, Boca del Río y  el Puerto de Veracruz.

Todo esto se da en un contexto nacional de falta de confianza en las instituciones públicas que lejos de proteger la soberanía de los pueblos funciona para las empresas y el poder del Capital: Procuraduría Agraria,  SEMARNAT, CONAGUA, Gobiernos estatales, nacionales, etc.  de la democracia partidista como forma de participación política, así como en un contexto de injusticia, inseguridad, represión y criminalización de la protesta social, en  muchos casos este hostigamiento  proviene de empresas y gobiernos vinculados y/o que forman parte de las estructuras del crimen organizado.

La política extractiva que genera proyectos coordinados y de expansión, como en muchos casos, la minería tóxica asociada con la construcción de presas, gasoductos o bajo la técnica de fracking.

Proyectos a los que nos oponemos en Veracruz:

  • El Proyecto Propósitos Múltiples Xalapa, amenaza la cuenca del Río Antigua desde la parte alta de la cuenca hasta la parte media y baja, afectando a más de un millón de personas.  Las características de dicho proyecto es una presa de 100 metros de altura por 700 metros de ancho con un embalse de 400 has. Este proyecto pertenece a un convenio entre la empresa Oderbrecht y el Gobierno del Estado de Veracruz.  Además de las concesión de los servicios  municipales del agua Boca del Río, Puerto de Veracruz y Medellín.
  • Proyecto hidroeléctrico el Naranjal esta proyectado en el Río Blanco, consiste en una presa de derivación para la  producción de energía de 180MW.  Afectando a casi 60 mil personas en la región de Córdoba- Orizaba y del municipio de Amatlán.
  • Proyectos de “minihidraúlica” en la cuenca del rio Bobos-Nautla a cargo de la empresa IGR en el municipio de Jalacingo y Tlapacoyan.

DEMANDAS  

Río La Antigua

Cancelación de todos los proyectos hidroeléctricos  y de fractura hidráulica en Veracruz. Que se declare nulo el contrato realizado por la empresa brasileña Oderbrecht y el Gobierno del Estado de Veracruz.

Que se respete la veda de 1935 que protege el río La Antigua y que se ratifique el decreto.

Que se retiren las treinta y tres demandas que tienen, ejidatarios, avencidados y los miembros el comité.

Río Blanco

Destitución del delegado estatal de la Procuraduría Agraria Cirilo Rincón, quien ha estado hostigando al ejido de Cuichiapa para que vendan las tierras favor de la empresa Hidroeléctrica el Naranjal. Que el presidente municipal de Amatlán de los Reyes Miguel Ángel Castro Rosas por la intensión de despojar de un terreno comunitario de 20 has a campesinos del Naranjal los miembros del TINANM.

Que los asesinos de Noé Vásquez se les dicte sentencia acusatoria.

Cuenca del Bobos-Nautla

Destitución del presidente municipal de Jalacingo, por operar recursos públicos a favor de los proyectos privados hidroéléctricos que hoy se encuentran por Ley suspendidos. Denunciamos la injerencia de la PRONATURA a favor de la empresa IGR.

Advertimos la importancia de prohibir la técnica de fractura hidráulica, ya que atenta contra la soberanía alimentaria e hídrica.

Oaxaca

El MAPDER hace suya la exigencia del Consejo de Pueblos Unidos en Defensa del Río Verde (Copudever), de cancelación definitiva del proyecto hidroeléctrico Paso de la Reyna, y con él declaramos nuestro rechazo a todo proyecto de desarrollo e infraestructura, en específico a las concesiones mineras previstas para la región costa y sierra sur de Oaxaca, así como a los 13 proyectos hidroeléctricos.

Guerrero

El Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (CECOP), sostiene como única demanda la cancelación definitiva del proyecto hidroeléctrico presa La Parota. Después de 12 años de incansable resistencia, los comuneros y ejidatarios seguimos en pie de lucha aún cuando hemos padecido la más grave embestida por parte del gobierno en los últimos dos años con la detención de 5 compañeros entre ellos la compañera María de la Cruz Dorantes Zamora y el vocero Marco Antonio Suástegui Muñoz a los que se unen más de 80 órdenes de aprehensión y el asesinato del compañero Celerino García Hernández que se suma a los cuatro compañeros asesinados en los años anteriores.

El CECOP agradece la hospitalidad y expresa la más amplia solidaridad con el colectivo de los Pueblos Unidos de Jalcomulco.

Proponemos que a partir de la toma de conciencia de la cambiante situación nacional, el MAPDER impulse la más sólida unidad con los movimientos sociales democráticos del país y, además de la lucha contra las presas y en defensa de los ríos, nos solidaricemos con las familias de los 43 normalistas desaparecidos; impulsemos la respuesta en contra del cambio climático integrpandonos a la marca mundial contra la COP21 y participemos en la resistencia contra el Acuerdo Transpacífico (TPP) para que se cancele. ¡México no debe entrar al TPP!.

Nayarit

El MAPDER respalda y levanta la exigencia no negociable de los pueblos indígenas Nayerih y wixárika de cancelación definitiva del proyecto hidroeléctrico Las Cruces sobre el río San Pedro Mezquital. Falso que las comunidades ya aceptaron el cambio de uso de suelo en consulta y que la construcción empezaría en enero de 2016, no hay tal. Repudiamos la sucia presión que los promotores de la presa hacen sobre los pueblos para intentar doblegarlos. Hacemos nuestra la palabra de nuestros hermanos y hermanas: No queremos una mesa de negociación, ni siquiera queremos ahora la consulta, porque ya lo decidimos, a las comunidades no nos conviene la presa y nosotros no la pedimos.

Jalisco

En el MAPDER exigimos se acate el fallo de la controversia constitucional 93/2012 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y aplique su Protocolo de Proyectos de Desarrollo e Infraestructura, así como se garantice la seguridad y permanencia de las comunidades afectadas, Temacapulín, Acasico y Palmarejo, como el respeto a los Derechos Humanos de sus habitantes. Exigimos la cancelación del trasvase El Zapotillo-León que traería enormes afectaciones sociales y ambientales a Los Altos de Jalisco, una de las regiones productoras más importantes del país.

Exigimos, además, una justa indemnización y resarcimiento integral de los daños morales, económicos y psicológicos a la luchadora social María Guadalupe Lara Lara, afectada por la presa de Arcediano, Jalisco.

Puebla

El MAPDER hace suya la exigencia de los pueblos totonaku-nahua-otomí-tepehua para que se cancelen proyectos hidroeléctricos, mineros y de fractura hidráulica en la Sierra Norte de Puebla. Respaldamos la defensa de las cuencas de los ríos Apulco, Cempoala y Ajajalpan, que desembocan en el Tecolutla, y donde pretenden imponer, entre otros, los proyectos hidroeléctricos Puebla 1, Puebla 2 y Puebla 3, de la empresa Deselec-Comexhidro, que afectarían sobre todo a municipios y comunidades de Ahuacatlán, San Felipe Tepatlán y Tlapacoya. Reclamamos la cancelación de las denuncias penales contra 14 compañeros. La decisión de los pueblos es: Si llegan las máquinas  vamos a pararnos enfrente y a expulsarlas de nuestros territorios porque ya decidimos el rechazo a los proyectos de muerte.

Chiapas

En Chiapas nos oponemos a los proyectos de infraestructura y despojo de los bienes naturales de la súper carretera San Cristóbal-Palenque, contra la represa del Paso Naranjo y del Valle de Tulijá, contra la represa Huistán I y Huistán II en defensa del río Santo Domingo,  contra la presa hidroeléctrica de Tenosique en defensa el río Usumacinta, contra los monocultivos de palma africana y Eucalipto, contra la privatización del agua en Tuxtla, contra la contaminación de un manantial por parte de la empresa de basura PRO-ACTIVA, contra la presa Cuilco y Chispal que afectan al municipio de Huehuetan y Mazatan, del río Cacahuatán y Coatán,  contra la presa hidroeléctrica la Boquilla que afectará también a Guatemala, contra la presa Itsantun, Chinin y la explotación petrolera del Naranjo, así como diversos proyectos ecoturísticos.

En la cotidianidad nos enfrentamos a la criminalización de nuestras luchas, asesinatos, encarcelamientos y hostigamiento. En Chicoacén II tenemos al abogado Ortega Luna detenido y 17 órdenes de aprehensión. En nuestras comunidades hay constante intimidación, además de la compra de consciencias por medio de proyectos gubernamentales. Denunciamos la presencia paramilitar en nuestros pueblos que ha traído la muerte de nuestras familias. Esta estrategia de terror que usan los gobiernos para despojarnos de nuestras comunidades, tal es el caso del Pueblo Nuevo Solistahuacán donde asesinaron al compañero Armando Montejo López y a su hijo Celestino Montejo Díaz a mano del grupo Diablos Rojos.

Exigimos justicia para la familia Montejo, los diescisiente detenidos del MOCRI CEMPA MN  y también para la familia de Mariano Abarca. Así mismo nos unimos a la lucha por la búsqueda de los 43 normalistas desaparecidos.

Colima

El MAPDER se solidariza con la comunidad indígena nahua de Zacualpan, Colima, y exige al Registro Agrario Nacional no legalice la asamblea ilegal que promovió la delegada de la Procuraduría Agraria, María Elena Díaz Rivera, para remover de su puesto a Taurino Rincón de la presidencia del Comisariado de Bienes Comunales legítimamente electo en asamblea convocada en 2014 por la misma funcionaria y ahora lo criminaliza junto a los comuneros Rosalío Martínez y Jesús Martínez bajo denuncias penales de despojo y crimen organizado. Exigimos cese el hostigamiento y criminalización de la organización Bios Iguana, así como reclamamos respeto a la declaratoria de territorio libre de minería que hizo la comunidad indígena en asamblea legal.

Concluimos

  • Exigimos la cancelación de los proyectos de presas en México, en su lugar demandamos la protección y saneamiento de los ríos.
  • Cesen todos los proyectos de fractura hidráulica en la región Huasteca y Totonoca y sur de Veracruz.
  • Se libere y se atienda la salud de los compañeros de Chicoasén II de Chiapas y nos solidarizamos con la liberación de la compañera Nestora Salgado.

El MAPDER envia un saludo solidarios a las comunidades de la cuenca del río Doce, Brasil, departamento Bento Rodrigues Minas Gerais, donde estallaron dos represas de jales de la empresa minera Samarco Vale & Billiton que ocasionaron la muerte de 16 personas, 200 desaparecidos y contaminan el agua del afluente.

¡¡Ríos para la vida no para la muerte!!

Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER)

Convocatoria vacante Enlace Ocosingo-Agroecología

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ENLACE, Comunicación y Capacitación A.C., a través de su Equipo Regional en Ocosingo, Chiapas, abre la presente convocatoria para recibir postulaciones al cargo de:
Responsable del Proyecto Economía Cooperativa y Ecología Productiva (ECEP)

A fin de que desempeñe las siguientes funciones:
1. Coordinar el proyecto operativo Economía Cooperativa y Ecología Productiva (ECEP) en las comunidades indígenas en los municipios de Chilón, Sitalá y Ocosingo, Chis.
2. Acompañar los procesos formativos de colectivos comunitarios en temas de: producción agroecológica, manejo de ecotecnologías, economía campesina y fortalecimiento político organizativo de grupos comunitarios.
3. Formular proyectos de gestión ante diferentes instancias de financiamiento y elaborar informes narrativos de las acciones realizadas.
4. Participar activamente en las reuniones de coordinación del Equipo Regional, con el fin de contribuir al fortalecimiento de Enlace en la región.
5. Participar en espacios de articulación con diversos actores para fortalecer el posicionamiento e incidencia de ENLACE.

Criterios de evaluación:
Experiencia en el ámbito de desarrollo comunitario (mínimo dos años).
Formación básica en temas de: producción agroecológica, economía campesina, saneamiento ambiental, fortalecimiento político organizativo, educación popular y soberanía alimentaria.
Facilidad y gusto para trabajar en comunidades indígenas con mujeres y hombres.
De preferencia contar con experiencia previa de trabajo con organizaciones civiles.
Capacidad de análisis e interlocución política con diversos actores: organizaciones sociales, civiles, grupos comunitarios y autoridades locales.
Capacidad de escucha, apertura y diálogo para construir consensos.
Disposición para trabajar en un equipo interdisciplinario, asumir acuerdos y cumplir responsabilidades.
Sensibilidad y disposición de trabajar con población indígena y desde una perspectiva de género.
Compromiso para trabajar por el fortalecimiento del Proyecto Institucional de Enlace.
Disposición para viajar.
Disposición para radicar en la ciudad de Ocosingo, Chiapas.
Preferentemente hablante de lengua tzeltal.
Habilidad para manejar camioneta en caminos de terracería y asfalto.

Requisitos de postulación:
Licenciatura y/o especialidad en Agroecología, Desarrollo Comunitario o Sustentable, Veterinaria, Agronomía, Ciencias Agropecuarias y/o carreras afines.
Currículum Vitae.
Dos cartas de referencia: una de la última relación laboral y otra de una organización civil  reconocida en el ámbito del desarrollo comunitario.
Una carta de exposición de motivos.
Entrevista presencial en Ocosingo, Chiapas con el Equipo Regional y un integrante de la Coordinación Institucional el día 30 de noviembre de 2015.

Proceso de incorporación:
Disposición para integrarse al Equipo Regional, a partir del 2 de diciembre del 2015.
Disposición a llevar un proceso de prueba de cuatro meses en el Equipo Regional, al término del cual habrá una evaluación que permita formalizar un convenio de colaboración para la prestación de servicios profesionales.

Condiciones generales:
Percepción mensual de $5,500.00 (libres de impuestos) durante los cuatro meses de prueba, posterior a éste, y de continuar la colaboración, se firmará un contrato con una percepción mensual de $7,500.00 (libres de impuestos) bajo el régimen de honorarios asimilables a salarios.
Períodos vacacionales en Semana Santa y Navidad; y 10 días de descanso al cumplir un año laboral.
Pago extraordinario en diciembre de 15 días o la parte proporcional según corresponda.

Las personas interesadas por favor envíen su documentación al siguiente correo electrónico: generoocosingo@enlacecc.org; o llame al tel. 01 919 67 31305 (Oficina de ENLACE Ocosingo).

Agroecología Campesina para la Soberanía Alimentaria y la Madre Tierra, experiencias de La Vía Campesina

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Nuestras Soluciones rumbo a la COP21- Nuevo cuaderno La Vía Campesina

Título: “Agroecología Campesina para la Soberanía Alimentaria y la Madre Tierra,  experiencias de La Vía Campesina”

Resumen: La Vía Campesina se complace en presentar el cuaderno de estudio número 7:  “Agroecología Campesina para la Soberanía Alimentaria y la Madre Tierra,  experiencias de La Vía Campesina” es cual es fruto de la construcción colectiva de las diversas organizaciones en las distintas regiones como África, América, Europa, Asia, que hacen parte de nuestro movimiento alrededor del mundo; quienes desde sus territorios plasmaron en 10 artículos sus experiencias entorno a  la formación en agroecología, en la organización, en la producción y en la  comercialización  de alimentos sanos. Este conjunto de experiencias representan un proceso dinámico de prácticas y generación de conocimientos, tanto para  formación al interior de nuestro  movimiento, como para el intercambio de saberes y el diálogo campo-ciudad.

Además, este cuaderno busca   visibilizar a la Soberanía Alimentaria desde su práctica  para  la incidencia política, que genere espacios de reflexión, con  instancias académicas, políticas, aliados y amigos.  Proponemos  a la Agroecología Campesina  como un modo  de producción para el campo, donde la Soberanía Alimentaria se constituye en un principio de vida.

Año: Noviembre 2015

Lenguaje: Español (También disponible en  Francés e Inglés)

Edición: La Vía Campesina

Descargar Aquí.

Chiapas: Velasco da ‘pase libre’ a mineras que obtienen 23 mdd al mes, mismas que matan de cáncer a pobladores

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Por: Emma Martínez, Revolución TRESPUNTOCERO

Tenía poco menos de 40 años y era pescador, también trabaja la tierra y vendía los productos. Rosa, su esposa, cuenta a Revolución TRESPUNTOCERO que nunca se enferma porque “los pobres no pueden darse el lujo de enfermarse”.

Asegura que era alto, fuerte y “robusto como un árbol, trabajador imparable, nunca se cansaba, hasta hace unos meses, ya desde antes se le había comenzado a verse cansado, pálido, pero bueno a nosotros eso nos caracteriza, porque casi nunca hay para nutrirnos bien, pero luego le llegó la debilidad, se nos hizo muy raro, pero tampoco pudimos ir al médico, fue hasta después que los dolores ya eran insoportables para él”.

La familia pidió ayuda, y pudieron hacérsele estudios clínicos, pero no les daban una respuesta exacta a lo que le pasaba al hombre y aunque le habían dado medicamentos, cada día lo veían peor, “dijeron que se trataba de algo en el hígado, pero no nos dijeron más, en los centros de salud que al menos te digan dónde tienes el mal, ya es ganancia. Supimos que tenía cáncer cuando ya estaba muerto, todo lo que nos explicaron tenía que ver con las mineras que rodean la región y nos tienen atrapados, porque todos sabemos que distintas comunidades de Chiapas el cáncer se respira como el aire”, afirma Rosa.

Aunque pidió el historial médico como evidencia de los hechos y así poder hacer algo, el médico que la atendió le dijo que tenía miedo a las represalias, y aunque sabía que fue muerte por tal motivo, era peligroso arriesgarse, “así también yo pensé que tenía razón, que cómo podía pensar yo en dar a conocer una historia, si en muchos sitios chiapanecos se unen pero no consiguen nada, menos yo siendo mujer y sola”, comenta Rosa.

Ella vive con tres de sus hijos menores de 15 años y asegura que jamás borrará de su mente los gritos de dolor de su esposo, los cuales no pudo acallar con paliativos porque eran “extremadamente caros” y en el hospital al que fue (público) no se los iban a proporcionar si ella no los adquiría.

“A nosotros no han dicho médicos y gente profesionista dedicada a eso de los daños que provocan las minerías, que han sido esas empresas las que han provocado nuestro cáncer, y cómo no, si bebemos agua contaminada, comemos peces contaminados, lavamos nuestros alimentos y los cultivamos con liquido contaminado y mortal, qué podemos esperar.

Mi hija que tiene poco menos de cinco años, tiene unas manchas en su piel, estoy esperando a poder llevarla al médico la próxima semana, primero tuvo salpullido y después esto, pero es que aunque muchos de nuestros compañeros de las comunidades están en la lucha a diario nosotros como pueblo nos estamos muriendo y Velasco Coello sigue callándose, sigue volteando para otro lado, nunca habla de las mineras y de los daños, él solamente hace su negocio, para beneficiar a su familia, a costa de la muerte de los de abajo”, afirma Rosa.

En Chiapas, más de 300 representantes de los municipios de Tapachula, Huhuetan, Mazatán, Suchiapan, Tuxtla, Acacoyagua, Escuintla, Cintalapa y Tonalá  han denunciado desde hace dos años en forma constante los  impactos de la minería, que han tenido como consecuencias las afectaciones ambientales y a la salud de una gran parte de los habitantes, todo esto provocado por las 99 concesiones mineras en el estado.

En comunidades como Acacoyagua y Escuintla ya se han registrado muertes por cáncer y enfermedades en la piel, así como el aumento de la contaminación del suelo y el agua por la actividad minera en la región.

Todas estas comunidades forman parte de las poco más de 2 mil declaratorias de territorio libre de minería en el país, a las más de 80 actas ejidales y bienes comunales, y los 30 municipios de Guerrero, Oaxaca, Puebla y Chiapas que han declarado sus territorios libres de minería. Sin embargo, siguen padeciendo la apertura de nuevas minerías y la llegada de más empresas, asegurando que nunca antes de Manuel Velasco, éstas habían tenido tanta permisibilidad.

Los ejidos y comunidades que tienen mayor incidencia minera y por lo tanto han registrado un alza en enfermedad producto de desechos tóxicos son : Nueva Reforma, La Cadena, Huixtla, Libertad, La Independencia, 15 de septiembre, El Tumbador, Los Amates, Jalapa, Río Arriba, Los Cacaos, Hidalgo, Tuzantan, Nueva Francia, Las Brisas, San Marcos, Arvín, Flor del Carmen, Magnolia, Constitución, El Soconusco, Castaño, Villa Comatitlán, 10 de abril y los municipios de Tapachula, Huhuetan, Mazatán, Suchiapan, Tuxtla, Acacoyagua, Escuintla, Cintalapa y Tonalá.

Jesús Alfonso Ochoa, defensor comunitario que ha centrado su lucha en la defensa de las comunidades libres de minería, asegura a Revolución TRESPUNTOCERO, que “el problema es aún más grave cuando no solamente el gobierno federal y el estatal otorgan el pase directo a las empresas mineras para que destruyan lo que queda de Chiapas, sino que permiten ‘casi de forma clandestina’, la extracción de titanio en minas ubicadas en regiones de alta biodiversidad, bosques y fuentes de agua de las Áreas Naturales Protegidas de Chiapas.

En aquellas zonas, una sola empresa puede fácilmente obtener ganancias de poco más de 23 millones de dólares en tan sólo un mes, todo esto a cambio de la muerte de las poblaciones en pobreza y pobreza extrema, una muerte lenta y dolorosa como la que provoca el cáncer”.

Ochoa explica que siendo el titanio un material ‘estratégico’ para Estados Unidos, ha invertido grandes sumas de dinero para desarrollar nuevo procesos de fabricación de dicho elemento, teniendo como principal sede de extracción a Chiapas, estado rico en este producto, que puede llegar a ser uno de los más importantes del país del norte debido a que sirve para revestir y fortalecer superficies como armaduras o componentes aeroespaciales, transporte o industrias de tratamiento químico.

“Tanto gobierno estatal, como federal y por supuesto mineras, han negado que el titanio se un cancerígeno, aseveran que no es tóxico; pero las organizaciones que nos han aportado datos e información dan a conocer que los daños son igual o peor que una deforestación y es capaz de desaparecer a las plantas y a los animales y también a nosotros los seres humanos; aunque esos no han sido los únicos daños, porque además de las miles de enfermedades y las muertes que hemos sufrido, también está la violencia, hostigamiento, homicidios, despojos y desalojos de las comunidades o defensores que hemos decidido luchar por nuestras tierras, no pretendernos quitarle nada a nadie, exigimos solamente lo que nos pertenece”, puntualiza Ochoa.

Por su parte, el organismo civil Las Abejas Acteal, dan a conocer que en Chiapas existe una diversidad de megaproyectos que el gobernador tiene planeado imponer a lo largo de su sexenio, como lo son las mineras, autopistas y represas. La Organización de los altos de Chiapas, expone que “da tristeza que todavía muchos hermanas y hermanos nuestros, que le hacen el trabajo sucio al mal gobierno, nos ven como enemigos, nos dicen que somos provocadores, se burlan de nosotras y todo ese pensamiento que tienen, es a cambio de migajas, a través del programa “Procampo”, “Oportunidades” y otros programas asistencialistas, que pretenden darnos para callar nuestra exigencia del no a las minerías”.

Los representantes ejidales han dado a conocer en distintas reuniones, donde han invitado a medios de comunicación, que las principales enfermedades que han padecido se encuentran el salpullido, las llagas, constantes infecciones en los ojos que han derivado en cuestiones más complejas, debido a que los medicamentos tienen un alto costo y no pueden adquirirlos, las manchas en la piel, la constante caída de cabello, tanto en adultos como en menores de edad, y ya tienen registros de cáncer en colón, hígado, riñones y distintos puntos del sistema digestivo.

Según datos del Movimiento contra la Minería a Cielo Abierto, en Chiapas existen 99 concesiones mineras, cuyo contrato podría extenderse hasta por 50 años para su funcionamiento. Lo que significaría que sería hasta el 2060, que empresas norteamericanas, canadienses y chinas, estarán explotando las zonas chiapanecas a fin de extraer de ellas metales como oro, plata, cobre, zinc, fierro, plomo y titanio.