En Nayarit, la consulta a la población sobre la construcción de la obra hidráulica sirvió para exhibir las deficiencias de los estudios presentados y para ratificar la oposición de los habitantes.
Mónica Montalvo. Desinformémonos
Nayarit, México. En público se confirmaron las inconsistencias ambientales, sociales, económicas y técnicas del proyecto de presa Las Cruces, promovido por la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Las poblaciones indígenas, campesinas y de pescadores reiteraron el rechazo a la obra, respaldada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
El registro de participantes y público en la llamada “Consulta Pública” fue a las ocho de la mañana del 20 de febrero en plaza principal de la comunidad de San Pedro Ixcatán, municipio de Ruiz, Nayarit. El lugar fue acordonado y rodeado por la policía estatal, incluyendo una torre de observación y vigilancia ubicada en la parte posterior, desde donde dominaban la vista de todo el escenario.
Con una asistencia de entre 800 y mil personas, la reunión inició puntualmente con un registro minucioso por parte de personal de la Semarnat. Los participantes fueron obligados a pasar previamente por un arco detector de metales custodiado por la policía. En la reunión se pudo ver al secretario de Gobierno del estado de Nayarit y al delegado federal de la Semarnat, acompañados de funcionarios de la secretaría, lo mismo que al representante del sector de Evaluación y Energía, entre otros.
La presentación del proyecto transcurrió por parte de CFE y duró una hora y media. Participaron los jefes de proyectos, encargados de la parte ambiental, del área técnica y proyectistas, acompañados por personal de la Universidad de Guadalajara y la Universidad Autónoma de Nayarit, responsables de la Manifestación de Impacto Ambiental. Posteriormente se presentaron 66 ponencias. Éste fue el momento en que la mayoría de participantes, pobladores de las zonas de afectación, alzaron la voz para decir “No” a la presa.
Las organizaciones civiles, de académicos, abogados e investigadores exhibieron las deficiencias técnicas, legales, biológicas y forestales, entre otras, que revelan la pobreza del documento. Los responsables de los supuestos estudios fueron señalados en múltiples ocasiones como irresponsables, perversos, vendidos, mercenarios y plagiadores.
Más adelante, el Consejo Consultivo para el Desarrollo Sustentable de Semarnat señaló que el documento carece de información relevante, por lo que consideró que no procedería su aprobación.
En la última parte de la reunión se abrió un espacio para preguntas y respuestas, calculado para una hora; se extendió poco más de dos, en las que fueron cuestionados con severidad el personal de la CFE y los responsables de los estudios. Estos se vieron incapaces de responder; unas veces evadieron las preguntas y otras dieron respuestas vagas. Fueron 87 preguntas, todas hechas en oposición al proyecto, que dejaron en claro la deficiencia de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), la inviabilidad del proyecto y un rechazo general.
Un rechazo contundente
Marcos Moreno, ostricultor de Boca de Camichín, hizo entrega formal de una solicitud respaldada por 12 mil firmas, en la cual indígenas y productores exponen por qué la hidroeléctrica no debe autorizarse. El documento señala que en la cuenca media del río San Pedro habitan comunidades indígenas tepehuanes (odam) y mexicaneras (náhuatl), asentadas en el estado de Durango, mientras la cuenca baja está mayoritariamente poblada por indígenas cora (náyeri o náayari, singular; o náayarite, en el plural), cuyo territorio se ubica en la región montañosa de la Sierra Madre Occidental, correspondiente al noreste del estado de Nayarit.
“Ojalá se tome las opinión de por qué la gente no está de acuerdo con las construcción de la presa”, pidió don Julián Canare, originario de Mesa del Nayar y parte del Consejo Indígena Náyeri. “Me refiero a los que no estamos de acuerdo, y lo dijimos en su momento, porque nos trae diferentes tipos de afectaciones”. Lo mismo expusieron pobladores de San Blasito, municipio de Acaponeta, los cuales rechazaron la obra al mencionar que su pueblo sería inundado.
Otra de las razones del rechazo es que la afectación sobrevendrá en 14 sitios sagrados y centros ceremoniales de comunidades náayarite y wixaritari (huichol), lugares que son pilar de la cultura cora. Destacan los sitios sagrados de la Muxatena, la Piedra Gorda (Tetejremi), Los Jihüites (Tzipuajremi) y Las Casas (Chi’cajremi). También se teme que sea afectado el lugar sagrado cora y mexicanero del Tenamaxtle (Thanui’tzare’), el cual se ubica próximo al poblado de Saycota, municipio de Acaponeta, Nayarit.
Heidy Zaith Orozco Fernández, de la organización Nuiwari y solidaria con los pueblos afectados, menciona: “Este hecho se identifica dentro de la MIA en la sección V página 47 como impacto no mitigable, pero considera que es posible ‘refuncionalizar su vida espiritual’. Esto es indignante. Nuestros hermanos indígenas son considerados como objetos que pueden ‘funcionar a modo’”, exclama. “Yo pregunto, ¿creen que sea posible que nos pongamos todos de acuerdo y nos acomodemos a otra forma espiritual más conveniente? ¡Por supuesto que no! Justamente esta idea es la que puede llevar al etnocidio de los pueblos indígenas, que ya ocurrió en otros casos, tal como se afirma en la MIA en la misma sección y página”.
Don Julián Canare enfatiza: “no tenemos ni siquiera información verídica, nos han tratado de engañar. Definitivamente, no nos ha informado de las afectación; nos han tratado de vender un proyecto como todo vendedor habla de lo bueno y bonito de sus mercancías, pero nunca nos hablan de los defectos”. El líder indígena señala que las comunidades ya vieron que el proyecto no es bueno para ellas y que, al contrario, traerá divisiones
Previamente se anunció que la reunión tendría traducción al cora, e incluso se colocó un espacio con letrero que decía ‘traducciones’, pero en ningún momento se realizó. Heidy Orozco comenta que las comunidades agrarias son abusadas y engañadas para tomar decisiones trascendentales, con la complicidad de algunos que la hacen de intérpretes para confundir a las asambleas, llamándole ‘sólo estudios’ a los procesos expropiatorios. “Les dicen que la Semarnat vendrá a contar los arbolitos y animales para referirse al cambio de uso de suelo, para decir que se harán las mediciones para la expropiación”, denuncia, y agrega que estas acciones violentan el derecho a la información oportuna, accesible y suficiente de las comunidades, fundamentada a nivel universal por la Organización de las Naciones Unidas lo mismo que al nivel interamericano y mexicano.
Ya en ocasiones anteriores los pobladores expusieron su negativa al proyecto de presa Las Cruces; por ejemplo, durante la movilización en Tuxpan a inicios de septiembre de 2013, en la cual integrantes de los consejos Indígena e Interuniversitario, organizaciones civiles, campesinas y populares, y habitantes de la cuenca del río San Pedro alzaron la voz en una marcha desde el Casino Ejidal hasta el centro histórico de la ciudad.
Ante la hidroeléctrica Las Cruces
La Unión Wixárika de Centros Ceremoniales de los estados de Durango, Jalisco y Nayarit también mostró su solidaridad al pueblo Náyeri a inicios de febrero de 2014, en el marco de una solicitud para que los sitios sagrados de Wirikuta y Haramara (Haramatie) sean elevados por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) a listado de Patrimonio Natural y Cultural, pues presentan valores representativos y biológicos de cultura ancestral.
Carlos Rea mencionó que “el proyecto de la presa Las Cruces representa una grave amenaza para la cultura del pueblo náyeri o cora, pues implica la desintegración de los territorios comunales, y afecta las condiciones necesarias para la realización de las prácticas productivas de autoconsumo y sobrevivencia tradicionales”.
El año 2013 se denunció a la Procuraduría de la Reforma Agraria por “resucitar muertos” para aprobar el proyecto Las Cruces, tal como se verificó en la reunión de octubre de ese año en San Pedro Ixcatán. Funcionarios de la dependencia pretendieron aprobar puntos importantes como ‘anuencia’ para tramitar la autorización del cambio de uso de suelo forestal y manipularon el padrón, incluyendo a más de una decena de personas fallecidas. Al cuestionar al presidente del Comisariado, Filiberto López, confesó que él no hizo la convocatoria, que la hizo la CFE. Existe una queja contra la licenciada Margarita Fermín Villarreal, visitadora de la Procuraduría Agraria, por permitir la suplantación de asambleas supuestamente legales y por ejercer presión sobre los comuneros para la toma de decisiones, más otras anomalías.
En este caso se viola el derecho a la consulta, una prerrogativa de las personas a ser escuchadas y tomadas en cuenta cuando gobiernos o particulares tienen planeado impulsar proyectos y decisiones que pueden afectar de manera importante su vida, su entorno y su medio ambiente.
Más de una razón para decir no
La presa Las Cruces estará sin operar, según el proyecto, el 66 por ciento del tiempo de su vida útil; esto significa que sólo operará regularmente cuatro de los 12 meses del año, cubrirá apenas el 0.9 por ciento de la demanda energética del Centro Occidente de México y únicamente el 0.28 por ciento de la demanda total del país, lo cual aportará solamente el 0.9 por ciento de la energía requerida en dicha región para el año 2026.
A cambio, afectará el bosque manglar de la reserva de la biósfera Marismas Nacionales, humedal del importancia internacional reconocido por la Convención Ramsar, con una superficie de 200 mil hectáreas, declarada en 2010 Reserva de la Biósfera Marismas Nacionales Nayarit.
El territorio es considerado Sitio Internacional de la Red Hemisférica de Aves Playeras, según el registro RHRAP 1992 – RHRAP 2009; pero también Área Marina Prioritaria para la Convención, con base en la clave CEC/MCBI, 2005; además Región Marina Prioritaria, sostenida por el catálogo CONABIO 2002; para terminar, es Área de Importancia para la Conservación de Aves, según indica la cédula CIPAMEX/CONABIO/FMCN/CCA, 1999.
El grupo de opinión SentiPensante, formado por 17 académicos de diversas áreas del conocimiento, advirtió: “El proyecto Las Cruces entraña el riesgo inminente de un ecocidio; es decir, implica enormes probabilidades de provocar la destrucción de numerosos ecosistemas en la zona, a lo largo de la cuenca del río San Pedro, especialmente en la reserva conocida como Marismas Nacionales”.
Detalló que constituye la más importante región de manglar del Pacífico mexicano, cuyos ‘servicios ambientales’ proporcionan el hábitat para reproducción y crecimiento de infinidad de especies vegetales y animales, tanto acuáticas como terrestres y aéreas, dando sustancia de inmensa riqueza de biodiversidad de la región; además, dijo, aporta más de la mitad de la producción pesquera del Golfo de California y garantiza la protección de sus habitantes frente a frecuentes fenómenos meteorológicos que ocurren en la zona. Mencionó que la población potencialmente afectada por la presa Las Cruces no sabe que tal obra forma parte del mega-proyecto denominado Sistema Hidráulico Interconectado del Noroeste (SHINO), también conocido como Plan Hidráulico del Noroeste (PLHINO), que pretende transportar agua de Nayarit y Sinaloa hacia Sonora y a otros estados mexicanos.
Es imposible para los pobladores de la región discutir y decidir sobre un proceso cuyos impactos integrales y acumulables no son siquiera considerados, debido al ocultamiento de dicha información, dijo el colectivo SentiPensante.
La MIA debería tener pulcritud en su ejecución y presentación, consideró el investigador de la Universidad Autónoma de Nayarit, José Manuel Blanco: “No debería tener errores”.
Romina Martínez, ingeniera ambiental, advirtió que una modificación de la geomorfología del río San Pedro, asociada a la disminución de los ‘pulsos’ de inundación de la planicie costera, sería relevante:“El incremento en la velocidad del flujo profundizará el cauce principal y limitará las inundaciones y desbordamiento de materiales sedimentarios sobre la planicie; por lo tanto, más sedimentos llegarán a las lagunas costeras, incrementando el azolvamiento acelerado que se menciona en la MIA”. Debido a lo anterior, señaló, el proyecto hidroeléctrico podría aportar azolvamiento de las lagunas costeras, ‘específicamente la de Mexcaltitán’.
Una presa más en Nayarit
Fue en el año 2008 cuando funcionarios de CFE solicitaron a comuneros de San Pedro Ixcatán y San Juan Corapan anuencia para iniciar estudios y actividades de exploración geológica para la factibilidad de un anteproyecto de presa hidroeléctrica Las Cruces, y tramitar su autorización para cambio de uso de suelo y construir un tramo de camino, de un kilómetro y medio, que iría de San Pedro Ixcatán hasta el predio Las Cruces.
Años después, la CFE quiere controlar el séptimo río más caudaloso de México, el único libre de presas y que cruza la Sierra Madre Occidental, donde viven 800 mil personas, cuya vida está ligada al río y su agua.
De construirse la obra, una cortina de 176 metros de altura tapará el libre flujo del río San Pedro con roca y concreto, en inmediaciones del territorio de San Pedro Ixcatán y San Juan Corapan. Tan solo el embalse inundará una superficie de 4 mil 547 hectáreas.
Un recuerdo negativo permanece grabado en la mente de la población cora: la presa de Aguamilpa. Empezó operaciones en 1994; hoy, el pueblo lamenta la erosión del río y la playa, los sedimentos, la salinización de la tierra, la reducción de nutrientes hasta en un 80 por ciento del río Santiago rumbo al mar y muerte de miles de hectáreas de manglar.
Tienen cerca también las experiencias desastrosas de los pobladores engañados para la construcción de las presas El Cajón y La Yesca, donde de manera irregular se realizó el cambio de uso de suelo y les expropiaron las tierras a la mala, sin que les hayan indemnizado, hasta la fecha.
Hay certidumbre, indica Julián Canare, miembro del Consejo Indígena Náyeri: “Nosotros vamos a seguir buscando los apoyos para defender nuestro territorio, nuestro río, nuestros lugares sagrados; para defender también el derecho a decir por nosotros mismos lo que queremos en nuestra tierra, en nuestra cultura, y cómo la queremos conservar y desarrollar”.
En el caso de Estados Unidos, quien a decir de la opinión pública se ha beneficiado, mantiene un déficit promedio anual agrícola con México y Canadá de 800 millones de dólares, más del doble del nivel previo al TLCAN.
