ADH denuncia al Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo

La Asamblea de los Pueblos de Huehuetenango en Defensa del Territorio y por la Autonomía y La Libre Determinación de los Pueblos – ADH- a la comunidad nacional e internacional INFORMAMOS:

Que en los años 1981, 1982, 1983, las comunidades del pueblo Achi que vivían en las orillas del Rio Chixoy fueron masacradas y 444 personas entre adultos, jóvenes y niños, mujeres y hombres fueron ejecutados por el ejercito de Guatemala. Con la justificación de la existencia de un conflicto armado interno, llevaron a cabo la estrategia de limpiar la zona para implantar la construcción del proyecto hidroeléctrico Chixoy.

El Instituto Nacional de Electrificación-INDE- es el responsable de la ejecución de este proyecto habiendo recibido créditos del Banco Mundial y del Banco Interamericano del Desarrollo por un monto de casi un mil millón de dólares. En el año 2012 la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado de Guatemala por las masacres de Rio Negro y exigían el resarcimiento a los familiares de las victimas por los daños ocasionados en expropiación de tierras, cultivos, animales, identidad y cultura.

Después de 32 años de lucha de las comunidades, el Congreso y el Presidente de los Estados Unidos, el 17 de enero del 2014, se pronunció y exigió al Estado Guatemalteco y a Otto Pérez Molina que debe de pagar 1,200 millones de quetzales en daños a las victimas. La respuesta del “Señor Presidente” no se hizo esperar: “Darles a estas comunidades 1.2 millardos, es como decir que vamos a privilegiar a estas comunidades y las otras se van a quedar por un lado.” “Señor Presidente”, esta es una deuda histórica del Estado Guatemalteco a las victimas de las masacres y al mundo civilizado. Las comunidades del Río Negro continúan viviendo en extrema pobreza en condiciones infrahumanas. Su respuesta, “Señor Presidente”, es irresponsable y aberrante.

Hoy, 7 de febrero de 2014, como Asamblea de Pueblos de Huehuetenango – ADH – y como pueblo de Santa Cruz Barillas, exigimos al gobierno militar de Otto Pérez Molina una respuesta responsable y a tiempo para resolver de una vez por todas el conflicto Barillense. Se están repitiendo los mismos métodos después de 31 años y ya es tiempo de terminar el conflicto generado por la empresa Española, Hidralia-Hidro Santa Cruz que en su intención de implantar dos proyectos hidroeléctricas en el Rio Q’am’balam, lleva cinco años de estar persiguiendo, intimidando, cooptando a lideres y lideresas comunitarias. Ya hay asesinados, encarcelados, hay miedo y terror. “Señor Presidente” es necesario parar a estas empresas.

La triste y aterradora historia de Chixoy se vincula a la actual persecución en Barillas a través de las instituciones financieras internacionales. El Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo son las financistas de Hidro Santa Cruz a través de la Corporación Interamericana para el Financiamiento de Infraestructura (CIFI) quien en el año 2010, financió la represa Canbalam. La CIFI recibió una inversión de US$80 millones en 2008, por parte de la Corporación Financiera Internacional (CFI) del Grupo del Banco Mundial, y otra inversión de US$10 millones en 2001 por parte de la Corporación Interamericana de Inversión del Banco Interamericano de Desarrollo. Consideramos que estas inversiones también son responsable de violaciones de derechos fundamentales y los daños provocados a las comunidades Barillenses.

Señor Otto Pérez Molina, quiere seguir protegiendo a las empresas con conductas delincuenciales? Que gana usted y su gobierno? Seguirá reprimiendo a las comunidades Q’anjob’ales y Mestizas de Santa Cruz Barillas, o cuales son los planes para esta región tan abandonada por el Estado Guatemalteco?

Por todo la anterior, como ADH exigimos:

A: Que cese la persecución, la represión y la criminalización contra lideres y lideresas comunitarias.
B: Que se expulse del país a la empresa Española Hidralia-Hidro Santa Cruz por todo lo que ha hecho y actuado en contra de las comunidades en Barillas.
C: Que se paguen todos los daños a las victimas: materiales, físicos, psicológicas, identitarias y culturales por parte de Hidralia-Hidro Santa Cruz.

Hacemos un llamado a:

-Organismos internacionales y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos – CIDH, para que visiten e investiguen los daños ocasionados por la empresa Hidralia-Hidro Santa Cruz y que se pronuncie.

-Los gobiernos de Europa, EEUU, Canadá y América Latina para que investiguen y se pronuncian en contra del mal uso que le dan a los fondos del Banco Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo.

-Las organizaciones solidarias internacionales para que denuncien estos hechos y que estén vigilantes, para ver como evoluciona este gobierno militar de Otto Pérez Molina y para que cumpla con su deber y que cese con la persecución, represión, y criminalización.

-Las organizaciones nacionales hermanas y cercanas para que cerremos filas en la solidaridad y unidad de los Pueblos.

Exigimos la libertad de nuestros presos políticos.

Los Barillenses no son responsables de la violencia, son objeto de un plan tenebroso de represión y criminalización.

Todos y Todas Somos Barillas
La Vida y el Territorio no Tienen Dueño

Asamblea de los Pueblos de Huehuetenango -ADH- 7 de febrero de 2014

Fuente: Nisgua

DECLARACIÓN DE ZACUALPAN: FORO NACIONAL DE AFECTADOS POR LA MINERIA 2014

FORO NACIONAL DE AFECTADOS POR LA MINERIA 2014
DECLARACIÓN DE ZACUALPAN
Los días 15 y 16 de Febrero de 2014, en el territorio indígena de Zacualpan, Colima, nos reunimos más de 30 organizaciones provenientes de 11 entidades del país entre ellos de Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Estado de México, Distrito Federal, Colima, Guanajuato, Michoacán, Baja California Sur, San Luis Potosí, Nayarit y Jalisco, con el fin de compartir experiencias de resistencia contra los proyectos mineros y en solidaridad con la lucha y la resistencia del pueblo de Zacualpan.

Con música tradicional, ceremonias, música prehispánica y cuenta cuentos, se instaló el Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan que inauguró su nueva oficina de la resistencia para ofrecer un espacio para la lucha, para la lectura y la organización de la comunidad. Del mismo modo se estableció el Consejo de Mayores que con el espíritu de la sabiduría acompañará la lucha y las esperanzas del pueblo de Zacualpan contra la minería y a favor de la vida, de sus territorios y los derechos humanos del pueblo indígena.

En este Foro convocado por el Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan, la organización Bios Iguana y la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), se recibieron mensajes y cartas de solidaridad por parte del Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero (M4), del Consejo de Autoridades Agrarias por la Defensa del Territorio y en Contra de la Minería y la Reserva de la Biosfera de la Montaña de Guerrero; de la organización Jacinto Canec de Hecelchacán, Campeche; del Comité de Campesinos Pobres de Colima y Nayarit; de los Hijos Ausentes de Zacualpan, de Amigos de la Tierra, de la REMA; así como de otras 20 comunidades y 70 organizaciones de los países de España, Canadá, Italia, Costa Rica, México, Guatemala, El Salvador, Honduras y Cuba, entre otros.

En este foro compartimos las experiencias de lucha y los retos que tenemos en el movimiento por decretar territorios libres de minería. Analizamos la creciente ola de concesiones mineras en todo el país acompañadas, por parte de los gobiernos y las empresas, de mentiras, engaños, represión, compra de líderes y autoridades comunitarias; dividiendo a comunidades y sus familias; contaminando las aguas, deforestando, desplazando y criminalizando la protesta y el movimiento social que lucha por la defensa de la vida y exige el cumplimiento de los derechos humanos. Sin embargo, en este contexto y pese a toda adversidad, saludamos la lucha de los ejidatarios del Ejido Canoas, Manzanillo, Colima, por su lucha incansable contra la explotación minera y que han logrado declarara a su ejido libre de todo tipo de minería.

Ante todo ello, las y los participantes de este Foro denunciamos los actos de intimidación, calumnias, incumplimientos de la Ley Agraria por parte del presidente del Comisariado de los Bienes Comunes de Zacualpan y con al apoyo y asesoría de la Delegada de la Procuraduría Agraria de Colima, María Elena Díaz Rivera. La misma Delegada agraria ha hecho declaraciones ante los medios de comunicación difamando a la organización Bios Iguana quienes han ayudado con información, explicar los derechos de los comuneros y la Ley Agraria a la comunidad, lo que no ha hecho la misma delegada.

Por tanto:
1) Exigimos la destitución de la Delegada de la Procuraduria Agraria de Colima, María Elena Díaz Rivera, por actos de omisión, mentiras, difamación y faltas a la labor y papel que le dicta la Ley Agraria.
2) Exigimos la destitución del presidente del Comisariado de Bienes Comunales que ha entorpecido y evitado la instalación y el registro de las Asambleas Comunales, violando la Ley Agraria.
3) Hacemos responsables a los tres niveles de gobierno, a la Delegación de la Procuraduría Agraria de Colima, al empresario dueño del proyecto minero y al Presidente de Bienes Comunales, por la integridad física, mental y moral de los comuneros de Zacualpan.
4) Exigimos el respeto a la decisión de la mayoría de los comuneros y denunciamos que la presencia de la policía, a solicitud de la Delegada agraria, violenta e intimida la vida y las condiciones adecuadas para la libre participación de los comuneros para definir su territorio.
5) Nos solidarizamos con la lucha del Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan.
6) Exigimos la anulación de la concesión minera de Zacualpan, de las más de 360 concesiones en el estado de Colima y las miles que en este país ponen en riesgo los derechos humanos y el medio ambiente de nuestro país.

Las luchas por la defensa de los territorios son contra los proyectos mineros, pero también contra la imposición de otros megaproyectos como represas, monocultivos, transgénicos, y otros que ponen en peligro la existencia de los pueblos y la vida de nuestro planeta.

Reconocemos la lucha de los hombres, de los ancianos, de los jóvenes, de los niños y en especial la lucha de las mujeres de Zacualpan. Y agradecemos también las muestras de solidaridad y acompañamiento a esta lucha por parte de organizaciones, redes, pueblos y comunidades de distintas partes de México y otros países.

Por el respeto a los derechos humanos y de los pueblos indígenas.
Por la defensa de nuestros territorios y la vida de nuestros pueblos
¡POR UN ZACUALPAN LIBRE DE MINERIA!
FORO NACIONAL DE AFECTADOS POR LA MINERIA 2014
16 de Febrero de 2014

Zacualpan: un pueblo contra la minería
por Francisco López Bárcenas, La Jornada

Lucha y Sobrevivencia ante el Colonialismo y la Minería en Canadá

Ponencia por la Jefa Indígena de la comunidad Xat’sull, Bev Sellars, para el V Encuentro del Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL) en Lima, Perú, el 7 de noviembre de 2013.

 

Antes que nada, quisiera expresar la satisfacción que siento de estar aquí y de tener la oportunidad de convivir con diversos pueblos indígenas y con comunidades afectadas por la minería en las Américas. También quisiera agradecer a todas y a todos las y los organizadores de este evento por permitirnos tener este importante diálogo. Aunque siempre he querido venir a visitar, esta es la primera vez que llego a Sudamérica y espero regresar en otra oportunidad con más tiempo para conocer su bello país.

Para empezar, quisiera contarles un poco sobre mis orígenes. Soy del pueblo indígena Secwepemc, de lo que hoy se conoce como la provincia de Columbia Británica en Canadá, y traigo los saludos que mandan los 17 jefes de mi pueblo. Mi comunidad se llama Xat’sull y es la más norteña del pueblo Secwepemc, localizándose a unas 350 millas [573 km] al norte de la ciudad de Vancouver, Canadá. El pueblo Secwepemc está integrada por unas 10 mil personas.

Igual que en el caso de la historia de los territorios de ustedes, los pueblos indígenas de Canadá ayudamos a los recién llegados a adaptarse a la tierra. Les enseñamos qué plantas podían comer, cómo cazar, qué medicinas usar, qué rutas tomar para llegar a su destino y todo lo que necesitaban saber sobre el territorio. Siempre he dicho que la mayor fuerza de los pueblos indígenas es su disposición a compartir. Aún hoy, los pueblos indígenas de Canadá contamos con los peores indicadores económicos y, sin embargo, sobrevivimos porque compartimos entre nosotros lo que tenemos.

Debo decir, además, que nuestra debilidad principal con los recién llegados a nuestras tierras, también fue compartir. Ayudamos a quienes vinieron a nuestras tierras porque compartir constituía parte de nuestra cultura, pero los recién llegados no tenían la cultura de compartir como los pueblos indígenas. Los recién llegados tenían la cultura de acaparar todo para ellos mismos y de asignar una “propiedad” a cosas que no tenían derecho a reclamar. Como resultado, una vez que los pueblos indígenas dejaron de serles útiles, las relaciones con muchos de los recién llegados se volvieron terribles. La cita que un funcionario de la provincia de Columbia Británica realizara en 1858 lo dice todo. Al comunicar su preocupación por la masiva llegada de mineros que buscaban oro en esa provincia, dijo: “Se ha vuelto costumbre de los mineros en general disparar a los indígenas como si fueran un perro; creen que es muy divertido dispararle al indígena a larga distancia y verlo saltar en el momento en que la bala penetra su corazón.” Como decía mi abuela, que murió en 1997 a la edad de 101 años, “Los pueblos indígenas salvaron a mucha gente blanca que no sabía cómo desenvolverse y ahora piensa mal del indígena”.

Poco después del primer contacto con los recién llegados, comunidades indígenas enteras fueron traumatizadas de manera permanente por las numerosas muertes atribuibles a las enfermedades, por la expulsión de nuestros terruños, por la pérdida de la autonomía económica y de la autosuficiencia, por el desplazamiento forzoso de nuestros hijos e hijas de sus hogares y por las tácticas de asimilación.*

Regresemos ahora a 2013… el trauma del colonialismo continúa presente hoy y los pueblos indígenas de Canadá siguen intentando reconstruir sus comunidades, muy quebradas pero nunca totalmente destruidas. Cuando el Departamento de Estadísticas de Canadá dio a conocer los datos del censo de 2006 en torno a los pueblos indígenas, algunas personas no indígenas quedaron impactadas. A pesar de que hoy sólo constituimos 5% de la población de Canadá, más de la mitad de los pueblos indígenas del país vive muy por debajo de la línea de pobreza; la tasa de desempleo es tres veces más alta que el promedio nacional; 75% de los niños abandona la escuela antes de terminar sus estudios. Estas terribles estadísticas también se reflejan en el encarcelamiento, en las tasas de violencia, de lesiones, de problemas de salud, de suicidio, de adicciones y de muchos etcéteras. Todo esto sucede en uno de los países más ricos del mundo.

Asimismo, sigue adelante la lucha por proteger nuestras tierras y nuestras economías. La opinión de los indígenas de que “la tierra te da todo lo que necesitas para sobrevivir” choca con aquella de los no indígenas de que “hay que conquistar la tierra”. Los pueblos indígenas de Canadá seguimos obteniendo una parte importante de nuestra economía de la tierra, de los animales, de las plantas que nos nutren y nos curan, y de la importante agua pura que apoya esa economía. Pero, cada vez es más difícil mantener intacta nuestra economía. La que llamo la “falsa economía”, basada sólo en el dinero, parece prevalecer sobre todo lo demás. No sólo estamos luchando contra las principales compañías mineras, sino también contra el gobierno que parece estar controlado por las mismas.

Por ejemplo, en la región donde vivo, Taseko Mines quería abrir una mina a cielo abierto para explotar $1 mil millones de cobre y de oro, lo cual hubiera destruido un lago donde el pueblo Xeni Gwet’in ha pescado y que ha sido utilizado para otras actividades culturales. En 2010, un panel independiente de revisión de asuntos de medio ambiente rechazó el proyecto debido a sus importantes implicaciones en materia de agua, de animales silvestres y de cultura indígena. Ahí habría terminado el asunto si no fuera porque el gobierno federal permitió que la empresa reelaborara sus planes para la mina y los presentara a otra audiencia del panel, aun cuando la empresa Taseko había dicho que su primera propuesta había sido la mejor. La semana pasada, los pueblos indígenas de nuestra región se congratularon porque un nuevo informe sobre el proyecto minero estableció que existen aún más preocupaciones y críticas que aquellas generadas por la propuesta inicial.

El gobierno federal ya tiene la información que necesita para meter clavos en el ataúd de esta mina. Sin embargo, un vocero de Taseko Mines declaró que este informe no detendrá el avance de la mina. Expresó confianza en que el gobierno federal otorgará su aprobación a la mina. Además, el gobierno provincial apoya la apertura de la mina a pesar del informe contundente. Ahora, nuevamente tenemos que luchar para asegurar que los gobiernos federal y provincial no desvíen la atención y aprueben el proyecto con la justificación de que creará fuentes de empleo y fortalecerá la economía. No existe escasez de cobre en el mundo y 50 a 80% del oro se utiliza para joyería. El medio ambiente y los pueblos indígenas sufren por la vanidad de otras personas.

Los pueblos originarios sufren las consecuencias de un régimen que favorece la minería por encima del medio ambiente y de los pueblos indígenas. A pesar de que hemos tenido algunos éxitos eventuales, durante el proceso de aprobación de proyectos mineros los aparatos de justicia a nivel federal y provincial no suelen realizar consultas adecuadas a los pueblos indígenas. Por ejemplo, en algunos casos, los indígenas no somos avisados con el tiempo suficiente para detener un proyecto. En otros casos, no contamos con el tiempo ni tenemos los instrumentos necesarios para realizar estudios y preparar una defensa adecuada. La protección institucionalizada de los derechos indígenas ayudaría a remediar estas deficiencias, pero no contamos con ella.

Los directivos de muchas empresas siguen creyendo que pueden pasar por alto la ley y los derechos indígenas. Gastan millonadas en campañas de relaciones públicas que los pintan como los grandes redentores de la economía, alentando entre el público la idea de que los pueblos originarios son obstáculos irracionales a la riqueza y a la prosperidad. Gastan su tiempo y sus recursos en intentos de dividir a las comunidades indígenas. Tristemente, algunas de sus tácticas consisten en aprovecharse de personas indígenas empobrecidas a las que se les pagan generosas sumas de dinero y se les ofrecen oportunidades de viajar – que nunca tendrían por sí mismas – para que se desplacen y digan al mundo que los pueblos indígenas están a favor de la minería.

Un libro titulado “Canadá imperial, s.a.: Paraíso legal preferido por las empresas mineras del mundo”, establece que Canadá es el país de preferencia para muchas de las empresas mineras puesto que ofrece al sector extractivo mundial un ambiente comercial que fomenta la especulación, facilitando el flujo de capitales para el financiamiento de dudosos proyectos en el extranjero, distribuyendo subsidios gubernamentales y, especialmente, porque crea un paraíso legal politizado libre de litigios. En Canadá, el derecho a la reputación suplanta totalmente la libertad de expresión y el derecho a la información que tiene el público. Ello significa que las empresas radicadas en Canadá pueden demandar por difamación a cualquier persona o entidad legal que cite documentos o que genere análisis sobre sus prácticas corporativas con los cuales no estén de acuerdo. Un ejemplo importante de ello lo constituye el caso de la Jefa Indígena Betty Patrick de la Nación del Lago Babine quien fue demandada por una empresa minera porque dijo la verdad sobre la destrucción que causaba una mina en su región. Al final, su comunidad empobrecida tuvo que pagar $90 mil en gastos legales para que la demanda fuera rechazada en tribunales.

Canadá se presenta ante la comunidad internacional como defensor de los derechos humanos. Sin embargo, la situación imperante respecto a los pueblos indígenas dentro de sus fronteras es otra. Luchamos por nuestros derechos y hemos ganado varios pleitos en tribunales con sus propias leyes, pero los gobiernos no respetan siquiera sus propias leyes. Por ello seguimos luchando para proteger nuestras tierras y nuestros derechos humanos como pueblos indígenas. En 2012, en Canadá nació un movimiento llamado “Basta a la Pasividad” (“Idle No More” en inglés), que pronto se convirtió en uno de los movimientos indígenas de masas de mayor envergadura en la historia del país e incentivó la realización de cientos de mítines y de protestas. El nombre “Basta a la Pasividad” surgió en una reunión entre cuatro mujeres indígenas. Ellas estaban molestas por el Proyecto de Ley C-45 impulsado por el gobierno federal. Este proyecto de ley presupuestal sobre asuntos distintos proponía debilitar las protecciones establecidas a favor del medio ambiente y de los pueblos indígenas. La mayor frustración de las mujeres tenía que ver con que nadie parecía estar hablando de ello. Por eso, decidieron pronunciarse. Serían “Basta a la Pasividad”. El movimiento “Basta a la Pasividad” caló. Muchas de las tensiones existentes en las comunidades indígenas empezaron a irrumpir. “Basta a la Pasividad” acogió a un movimiento amplio que pugnaba por el reconocimiento de los derechos establecidos en los tratados entre pueblos indígenas y el estado canadiense, por la revitalización de las culturas indígenas y por la abolición de leyes impuestas sin consulta verdadera.

“Basta a la Pasividad” se volvió mucho más que “un asunto indígena”. Personas de todas las razas se unieron en las protestas y en los mítines con el fin de apoyar a los pueblos indígenas y también para hacer llegar su voz al Primer Ministro Stephen Harper con el mensaje de que las frágiles leyes ambientales de Canadá deben ser protegidas y fortalecidas, en vez de debilitadas por las leyes que se pretende incluir a la fuerza en la legislatura.

Los grupos indígenas de Canadá se oponen al desarrollo de la minería irresponsable. Casi todas las semanas se difunden noticias en torno a que algún grupo de indígenas canadienses está protestando o está iniciando una acción legal para detener las destructivas prácticas mineras en su región.

Nos anima la idea de encontrar formas de trabajar con las comunidades indígenas alrededor del mundo con el fin de proteger el medio ambiente, lo cual, por consiguiente, protegerá nuestras culturas. Nos complace que muchas personas no indígenas vean ahora la importancia de este trabajo nuestro y se unan a nosotros en nuestra lucha para salvar a la Madre Tierra.

Muchas gracias.

* Recientemente, la Jefa Bev Sellars publicó un libro llamado “Me Llamaron Número Uno” que cuenta su propia historia, de ella, su madre y su abuela, quienes sufrieron años durante su niñez en la Misión de San José en el Lago Williams, provincia de Columbia Británica, Canadá. La misión fue una escuela residencial “cuya objetivo era ‘civilizar’ a los niños y las niñas indígenas a través de la educación cristiana, la separación forzada de sus familias y su cultura, y la disciplina.” En todo Canadá había 130 escuelas residenciales entre los 1870s hasta 1996, cuando la última escuela residencial se cerró. El gobierno auspició estas escuelas, manejadas por la iglesia, “para eliminar el involucramiento de los padres indígenas en la vida intelectual, cultural y espiritual de sus hijos y hijas”. Actualmente, la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Canadá tiene el mandato de investigar y educar al pueblo canadiense sobre lo que sucedió en las escuelas.

 

Fuente: MiningWatch Canada

LIBRO: Ecología política del extractivismo en América Latina

LIBRO: Ecología política del extractivismo en América Latina
Casos de resistencia y justicia socio-ambiental

Gian Carlo Delgado Ramos. [Coordinador]

Eduardo Mondaca. Cleotilde Hernández Suárez. Lilia Rebeca de Diego Correa. Gian Carlo Delgado Ramos. Martha Moncada Paredes. Paula D’Amico. Fabiana Carvajal Martínez. Juliana Sabogal Aguilar. Rodrigo Torroba. Olga Lucía Méndez Polo. Andrea Ponce García. Ana Laura Berardi. Claudia Bucio Feregrino. Lucero Ángeles Rojas. [Autores de Capítulo]

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Colección Red de Posgrados en Ciencias Sociales.
ISBN 978-987-1891-61-0
CLACSO.
Buenos Aires.
Diciembre de 2013

En la segunda mitad del 2012, se llevó a cabo el curso virtual sobre “Ecología política y metabolismo social” del cual se derivaron una serie de trabajos de estudios de caso sobre conflictos ambientales en América Latina. Además, se realizó, con el apoyo de un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México, una base de datos preliminar sobre diversos conflictos en curso en la región. A partir de dicha base de datos se realizó el mapa que a continuación se presenta. Si bien la base de datos es una primera aproximación, claramente devela la presencia en todo el continente de conflictos derivados de actividades tanto extractivas como de generación y expulsión de desechos. Tal análisis consideramos que es útil para el estudio de la ecología política en América Latina.

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Victoria para la lucha del COPINH

¡Dictan Sobreseimiento Definitivo a Bertha Cáceres en el caso que se ventilaba en el Juzgado Primero de Letras de Santa Barbará!

Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras  COPINH

¡Victoria para la  lucha del COPINH, la tenacidad y la solidaridad! ¡Dictan Sobreseimiento Definitivo a Bertha Cáceres  en el caso que se ventilaba en el  Juzgado Primero de Letras de Santa Barbará!

Mediante acuerdo conciliatorio, que fue homologado por el Juzgado Primero de Letras el día de hoy, se ha logrado el  Sobreseimiento Definitivo en el caso que se le imputaba desde el 24 de mayo del 2013 contra  la compañera Bertha Cáceres, por el supuesto delito de “Posesión Ilegal de Armas de Fuego en Perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras”, por consiguiente queda extinguida la acción penal y revocada las medidas cautelares que consistían en que la Coordinadora General del COPINH estaba obligada a firmar control cada semana en el Juzgado de Paz de la Esperanza y prohibición de salir del país.

El Estado de Honduras ha reconocido su error, ha depuesto su persecución judicial  en este caso, acepta, incluso, el respeto que merece la labor de defensa de los derechos de los Pueblos Indígenas que desarrolla la compañera y el COPINH mismo, y la obligación del Estado de Honduras en respetar los tratados internacionales que protegen esa actividad y el derecho a la cultura y defensa de los territorios Indígenas. Fue muy contundente cuando la compañera Bertha, expresa en esa acta y acuerdo, que siendo que no se vulnera su estado de inocencia acepta la misma, sin perder dignidad y coherencia, y claro es que esa decisión de las partes acusadoras y de ese Juzgado ha sido producto de todo un proceso de lucha política y jurídica nacional e internacional.

Sin duda, la esperanza y la  tenacidad de la lucha de las comunidades del COPINH, de la compañera y la solidaridad  militante a nivel nacional e internacional han hecho posible que esta fuerza se extendiera en el escenario de las batallas  judiciales que ha sido  acompañado y librada en este caso  por los compañeros Abogados Víctor Fernández, Marcelino Martínez  y Fredyn Fúnez, con un equipo solidario muy amplio.

Recordamos que aun esta pendiente el proceso judicial impuesto por la empresa DESA/Ministerio Publico  contra la compañera Bertha Cáceres,  Aureliano Molina y Tomas Gómez Membreño,  por los supuestos delitos de coacción, usurpación y daños continuados, mismo  que continuará mediante recurso de amparo, luego de que la Corte de Apelaciones de Comayagua dictara la Revocatoria de la resolución impuesta por el Juzgado Primero de Letras de Intibucá consistente en medidas sustitutivas contra Aureliano Molina y Tomas Gómez y orden de prisión contra la Coordinadora General del COPINH.

Dado en la Esperanza, Intibucá, a los 10 días del mes de febrero del 2014.

http://www.copinh.org/

“Ellos no respetan nuestras tierras”

Veracruz, México: resistencia a la construcción de 112 presas, muchas de ellas sin autorización ni conocimiento previo de las comunidades

radiomundoreal.fm

Descargar: AUDIO MP3 (11.9 MB)

En Veracruz, al sur de México, se proyecta la construcción de 112 presas y seis hidroeléctricas sin la autorización de las comunidades, que en las últimas semanas se movilizaron en diversos municipios de la cuenca del río La Antigua y lograron la intervención estatal en la inspección a la constructora Odebrecht, cuyos trabajos podrían generan en caso de arrastre del río la inundación de varios territorios.

Además de no contar con la autorización de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), la presa La Antigua se prevé construir en una zona donde se sabe existe una falla sísmica, por lo cual sería una bomba de tiempo para las comunidades ribereñas tanto de La Antigua como de ríos conexos.

Desde hace cuatro años, los habitantes de la región accedieron a documentos donde se expresaba la intención de construir esta presa por parte de la constructora multinacional de origen brasileño, aunque no obtuvieron información de fuente oficial.

Aún hoy, con la empresa instalada y realizando trabajos de exploración previa, los cuales ya han acumulado materiales en el cauce del río -que podrían significar un riesgo para las poblaciones de Jalcomulco, Apazapan, La Antigua, Paso de Ovejas, Emiliano Zapata, Teocelo, Xico e Ixhuacán de los Reyes, totalizando 1,2 millones de personas- la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) de la Unión Mexicana sostiene que “no existe proyecto” al no contar con una solicitud de estudio de impacto ambiental.

En cambio, desde el pasado 20 de enero, las comunidades han salido a las carreteras del estado, bloqueándolas, para llamar la atención de las autoridades.

Así lo comentó a Radio Mundo Real, consultado por nuestra colaboradora en México e integrante del colectivo Hijxs de la Tierra Mónica Montalvo, Emilio Rodríguez, de la Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (LAVIDA).

Veracruz cuenta con 18 cuencas hídricas las cuales concentran (“producen”) el 30 por ciento del agua dulce mexicana, pese a lo cual, como fue dicho, se proyectan construir 112 presas. Muchas de ellas, como la de La Antigua, se construirían en zonas declaradas “de veda”, es decir impedidas de nuevos megaproyectos, al constatarse oficialmente la drástica pérdida de biodiversidad de este estado sureño mexicano.
“Daría la vida por el río”

La economía de las comunidades costeras de La Antigua es fundamentalmente rural, pesquera y de eco-turismo, con diversidad de cultivos y abundancia de agua que les brinda gran calidad de vida, señalan algunos de los protagonistas de la resistencia, consultados para el informe de audio adjunto. “Daría la vida por el río”, dice otra de las participantes de la resistencia.

“Para las comunidades de la cuenca no habrá beneficios. Habrá beneficios para un pequeño grupo de personas, el sistema político. Y para la empresa, que si se vino de Brasil hasta acá es porque hay negocio”, indicó uno de los participantes en los bloqueos que impidieron a Odebrecht acceder a su obrador.

El bloqueo de carreteras fue implementado porque Odebrecht ya agotó el tiempo de 80 días para realizar los estudios de suelo en el predio conocido como Tamarindo, agregan. Y para romper la pasividad de las autoridades. Nueve horas después de bloquear la autopista federal Jalapa-Veracruz, el gobierno del estado veracruzano convocó a las organizaciones.

Y posteriormente las entidades estatales enviaron una inspección que certificó que se trata de acciones irregulares de la constructora, al tiempo que la conminó a remover a la brevedad un “islote” de materiales generado en pleno cauce del río.

Además de las ocho cabeceras municipales, en total serían 42 las comunidades afectadas por la presa para la cual Odebrecht prepara el terreno. Según medios digitales del estado de Veracruz, los ejidatarios –propietarios comunitarios de tierra de acuerdo con la reforma agraria de inicio de siglo XX en México- se resisten a que sus predios queden sumergidos por el proyecto de represamiento.

“Todo lo pasan por alto, quieren que uno respete las leyes y ellos no respetan nuestras tierras, igual que con las reformas cuándo nos consultaron; lo terrible es que hacen negocio con nuestras tierras y ni siquiera consultan primero” dijo el ejidatario Jorge de Tlaltetela.

Ver testimonios en video:

http://youtu.be/bG3kG8rMCXk

¿Capitalismo verde?

de Víctor M. Toledo, La Jornada

¿Es posible un ecocapitalismo, un capitalismo verde? ¿Puede una empresa ser exitosa y al mismo tiempo mantener prácticas que con rigor no afecten a la naturaleza? ¿Tiene un empresario entrenado para competir, derrotar y destruir, la sensibilidad para reconocer el aleteo de una mariposa? ¿Cómo hacer compatible la implacable lógica de producción masiva de una sola mercancía con el valor fundamental de la vida: la diversidad? Y la carrera enloquecida por crecer que caracteriza a los negocios, ¿no es acaso contradictoria con los procesos y ritmos naturales? Las preguntas han estado reverberando al menos por un par de décadas, y al parecer hoy estamos en posibilidad de responderlas. Las respuestas son todas negativas, a pesar de dos intentos, uno legítimo, el otro corrupto, por demostrar lo contrario. Por un lado, un intento por justificar científicamente el papel ambientalmente positivo de la economía capitalista, ya sea mediante su comprobación explicita u ocultando o negando los efectos destructivos del capital. El primero atañe a todo lo que se ha escrito en torno a la llamada economía verde. Lo segundo tiene que ver con el alud de disfraces que usan para lavar la imagen de empresas y corporaciones y parecer ecológicamente correctas, una cosmética conocida como lavado verde ( green washing), la orquestación de campañas para crear la ilusión de que las empresas son capaces de transformarse y de mutar hacia servicios o productos ambientalmente amigables.

Dentro de las llamadas economía ambiental y ecológica, mucho se ha escrito sobre una posible racionalidad del capitalismo frente a los problemas ecológicos. Una de las obras seminales es el libro Natural capitalism, de P. Hawken, A. Lovins y L. Hunter-Lovins, publicado en 1999. El concepto central de esta corriente que intenta ofrecer una salida a la crisis ecológica de escala global es el de capital natural. El concepto contiene la idea de que existe un capital embebido en la naturaleza, del cual depende toda posible riqueza y que en consecuencia deben adoptarse instrumentos inspirados en el mercado para resolver los problemas ambientales. La obsesión ha llegado a tal punto que un grupo de investigadores liderados por R. Costanza se dieron a la tarea de calcular en dólares el valor de la naturaleza. Y lo lograron. Para el mercado, el capital natural del ecosistema planetario y sus servicios ambientales oscila entre los 16 y 54 trillones de dólares al año (ver: http://www.esd.ornl.gov/benefits_ conference/nature_paper.pdf)

Este estudio, tan inútil como absurdo, ha sido citado más de 10 mil veces en la literatura científica.

De esta visión surgió una práctica de salvamento, a ser ejecutada por empresarios y empresas: La mayoría de los negocios operan aún bajo una visión anticuada del mundo, que no ha cambiado desde el comienzo de la Revolución Industrial. En aquella época los recursos naturales fueron abundantes y la fuerza de trabajo fue el factor limitante de la producción. En la actualidad, existe un excedente de trabajo, mientras el capital natural, los recursos y sistemas ecológicos que proveen de los servicios que soportan la vida, son cada vez más escasos y relativamente caros. La próxima Revolución Industrial, como la primera, vendrá como respuesta al cambio de patrón de escasez. Ella creará recuperación y nuevas oportunidades. Los negocios deben adaptarse a estos nuevos tiempos. Y eso es lo que están haciendo las empresas innovadoras (ver: http://www.natcap.org/).

El lavado de imagen o cosmética verde es una estrategia publicitaria iniciada por las empresas para hacer creer que sus productos o acciones toman en cuenta la problemática ambiental, cuando en realidad sus negocios son altamente destructivos de la naturaleza. El término en inglés (“ green washing”) fue introducido por el periodista neoyorquino Jay Westervel en 1986, a partir de una práctica hoy generalizada en muchos hoteles de contribuir a salvar el planeta evitando cambiar las toallas diariamente. Desde entonces la práctica de envolverse en un baño de pureza ecológica para vender sus productos o servicios se ha vuelto harto común en miles de empresas y corporaciones. En paralelo, los grupos de ambientalistas o académicos que se han dedicado a investigar estas actitudes fraudulentas se han multiplicado. En 2002, durante la Conferencia Mundial sobre Desarrollo Sostenible en Johannesburgo, la llamada Academia del Lavado Verde (Greenwashing Academy) otorgó premios a las entidades más sofisticadas en engañar a los consumidores. Los premios fueron otorgados a corporaciones petroleras como BP o la Exxon Mobil y al gobierno de Estados Unidos. Más recientemente, un estudio de 4 mil 744 productos anunciados en 2010 como ecológicos o ambientalmente amigables, reveló que 95 por ciento de ellos no lo eran realmente, es decir, estaban mintiendo (ver: http://en.wikipedia.org/wiki/ Special:Search/).

Mientras tanto, en la realidad, la gran competencia global prosigue de una manera cada vez más intensa. En ella compiten las gigantescas corporaciones y los empresarios más ricos por obtener las mayores ganancias posibles a partir de la explotación cada vez menos sutil de los trabajadores y la dilapidación de la naturaleza. El espectáculo que presenciamos es cercano a lo apocalíptico: el capital globalizado arrasa con todo, mediante megaproyectos turísticos, hidroeléctricos y energéticos, minería a cielo abierto, una pesquería que ha abatido las tres cuartas partes de los recursos marinos, ganadería extensiva, miles de substancias tóxicas esparcidas, reducción de la biodiversidad (sólo la soya transgénica ha convertido más de 40 millones de hectáreas en una fábrica de una sola especie) y contaminación de la atmósfera. Lo que no hemos podido detener los ciudadanos del mundo, lo detendrá la naturaleza por medio de las resistencias ecopolíticas que crecen y se multiplican por todo el planeta. El capital en su laberinto.

*Más información en: www.laecologiaespolitica.blogspot.com

 

COMUNICADO FINAL DEL CONGRESO PASTORAL DIOCESANO DE LA MADRE TIERRA

22-25 DE ENERO DE 2014. San Cristóbal de Las Casas, Chiapas

Nosotras y nosotros, hombres y mujeres, convocados por el Espíritu que “renueva la faz de la tierra”, hemos celebrado este primer Congreso de la Madre Tierra los días 22, 23 y 24 de enero del año 2014

, con una participación de: obispos locales, obispos de otros países, asesores; mujeres y hombres que compartimos la palabra y más de 900 personas representantes de los distintos pueblos e invitados de distintas iglesias y organizaciones. Nos hemos encontrado, para conmemorar los 40 años del Congreso Indígena de 1974 y los tres años de la Pascua gloriosa del J’Tatic Samuel, que condujo los destinos de esta diócesis durante 40 años (1960-2000).

Al hacer memoria de los acontecimientos más significativos de la Historia de nuestro pueblo desde el Congreso Indígena hasta la actualidad, sentimos que “nuestro corazón se calentaba”, como les sucedió a los discípulos de Emaús mientras el “compañero peregrino” les hacia un recuento de las Escrituras relacionadas con la historia y la liberación del pueblo de Israel.

Pero cuando compartimos el Pan de la Palabra, “de repente se abrieron nuestros ojos” y pudimos comprender y analizar la realidad desde el corazón de nuestros pueblos que reconocen la presencia de Dios en todo lo creado.

Nos dimos cuenta que el sistema capitalista neoliberal, patriarcal, represor y dominante, no es todopoderoso; todopoderoso sólo es Dios. Descubrimos que nuestra fuerza principal está en la “armadura de la fe” que nos dice San Pablo en la Carta a los Efesios: la Palabra de Dios, la ética y la espiritualidad.

Ante el poderío de las transnacionales y de los gobiernos cómplices y aliados de las mismas, que buscan acaparar las tierras y los bienes naturales del aire, del suelo y del subsuelo, que Dios nos regaló, es necesario que tengamos el valor de plantarnos ante ellos y decirles: “¡detente, hermano, porque esta tierra es de Dios!”.

Esto nos llevó a profundizar en el compromiso de la hora presente: analizar los signos de los tiempos, cuidar y defender a la Madre Tierra, denunciar las estructuras de injusticia y de pecado que “matan a nuestro pueblo” (Papa Francisco), y construir modelos alternativos de economía y organización social que vayan conformando otro mundo posible y necesario y que sean signos del Reino que Jesús nos anunció.

Igual que los discípulos de Emaús, después del encuentro con Jesús, recobraron la esperanza y regresaron apresuradamente a Jerusalén a confirmar en la fe a sus hermanos, así también nosotros ahora regresamos a nuestras comunidades, para reanimarlas a que, todas y todos juntos, nos comprometamos a la gran tarea que tenemos que realizar:

-Concientizarnos y concientizar a las familias y comunidades sobre las realidades que estamos viviendo.
-Promover una formación integral que nos dé elementos para desenmascarar los engaños del sistema opresor y buscar caminos alternativos.
-Organizar las comunidades para el cuidado y la defensa de la Madre Tierra , buscando la unidad por encima de diferencias políticas, ideológicas  y religiosas.
-Articular y reorganizar todas las áreas pastorales para llevar a cabo los compromisos de este Congreso.
-Con representantes de cada uno de los equipos conformar una instancia diocesana que de seguimiento a los acuerdos del Congreso.
-Conformar pueblos y comunidades que sean sujetos de su desarrollo y de su historia, capaces de resistir al sistema dominante y de construir alternativas de organización social y eclesial, donde se pueda vivir y disfrutar la autonomía personal y comunitaria.
-Seguir avanzando en la construcción de modelos de Iglesia autóctona, participativa, con equidad de género y compromiso social, que sea signo e instrumento del Reino de Dios.
-Exigimos a las autoridades del país y hacemos un llamado al pueblo para que se impida la siembra de maíz  y de cualquier otro cultivo transgénico.
-Nos oponemos a los mega – proyectos y a la explotación minera   depredadora.
-Nos oponemos a las reformas estructurales propuestas por el gobierno que promueven los intereses de las clases dominantes en perjuicio del pueblo.
-Nos pronunciamos en contra de estos más de veinte años de reformas agrarias de corte  neoliberal, que no nos han tomado en cuenta como pueblos indígenas,  comunidades campesinas y como  nación.

Con la certeza y convicción de que otro mundo es posible, convocamos a las Iglesias hermanas, organizaciones sociales  y a la sociedad en general a unirnos todos y todas a colaborar y trabajar juntos para que este sueño se convierta en una realidad.

Que este Congreso nos impulse a vivir una etapa nueva en el compromiso pastoral de nuestra diócesis en conjunto con todas las personas de buena voluntad, haciendo nuestro el mensaje del Apocalipsis de Juan que nos invita a superar un pasado de opresión, desolación y muerte y a comprometernos en la construcción de “los Cielos Nuevos y la Tierra Nueva”, donde reine la paz, el amor, la felicidad, la armonía y el equilibrio entre los seres humanos y con la Madre Tierra.

San Cristóbal de las Casas, Chiapas. 24 de enero de 2014

NOTA:

Cierran filas pueblos indígenas tras concluir Congresode la Madre Tierra en San Cristóbal de Las Casas (chiapasparalelo.com)

REINICIAN ACTIVIDADES EN LAS MINAS DE CHICOMUSELO

24 de Enero de 2014, Chicomuselo, Chiapas, México

El domingo 19 de enero aproximadamente a las ocho de la noche arribaron a la cabecera municipal de Chicomuselo seis camiones de doble remolque, para luego dirigirse al Ejido Santa María. Al día de hoy dos de ellos han salido cargados de barita. Para no provocar la reacción de protesta, evitan pasar por la calle de la cabecera municipal de Chicomuselo donde Mariano Abarca había mantenido clausurado el paso a la empresa Blackfire en el año 2009 que culminó con su asesinato. Sin embargo, ante el paso molesto de los grandes camiones frente a la plaza central de la cabecera municipal, el presidente municipal pretende derribar un árbol con el fin de que los camiones llenos de material puedan doblar en otra esquina, pero cuyo propietario se niega a ello.

En el contexto del conflicto suscitado por la mina de Blackfire en el ejido Grecia, municipio de Chicomuselo, y del asesinato de Mariano Abarca Roblero, integrante de la Rema en Chiapas, al parecer las empresas mineras buscan otras estrategias para sacar los minerales. Esa estrategia consiste en fomentar las cooperativas mineras y convertirse así en coyotes mineros. Sólo llegarán entonces con intermediarios a comprar, en este caso, la barita del municipio.

Y este es el caso del Ejido Santa María de Chicomuselo, donde treinta miembros de la comunidad, el mínimo de socios requeridos por ley, entre ellas 12 mujeres, decidieron conformar la Agrupación Minera Santa María de Chicomuselo, Sociedad Cooperativa de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, el 24 de noviembre de 2011 con sede oficial en la Casa Ejidal, aportando mil pesos cada miembro a dicha cooperativa, según su Acta Constitutiva. Con la oposición de muy pocos ejidatarios a la actividad minera y que han sido hostigados por el resto de los miembros del ejido, los socios de la Cooperativa establecieron en su estatuto el Poder Especial Irrevocable y exclusivo para la comercialización otorgado a la Ong denominada Coordinadora de Fuerzas Campesinas de Chiapas, A.C., bajo la representación del C. Oscar Jesús Hidalgo Ruiz, “para que a nuestro nombre comercialice nuestro material mineral denominado barita (sulfato de bario)”. Esta organización formará parte de la Comisión de Comercialización de la Cooperativa que en la Clausula 55 sus Estatuto la define como la que “estará integrada por un miembro electo en Asamblea General, que puede ser socio o persona externa a la sociedad y tendrá como objetivo Garantizar el funcionamiento homogéneo de la cadena, mediante el uso de instrumentos legales como normas, certificaciones, patentes, reglamentaciones, entre otras, que fomenten buenas prácticas productivas y comerciales”.

Según los Estatutos, la Cooperativa puede contar con oficinas, agencias o sucursales en cualquier parte del país o del extranjero, y su duración se estableció por tiempo indefinido. El objeto social de la Cooperativa minera es “La exploración, explotación y comercialización de todo tipo de minerales y sus derivados, así como también la importación y exportación de los mismos”; “Adquirir maquinaria para los trabajos, preparación, tratamiento y fundición de primera mano e industrialización de los productos minerales en cualquiera de sus fases, con el propósito de recuperar y obtener minerales o sustancias al igual que elevar la concentración y pureza de sus contenidos en beta, mantos, masas, yacimientos y depósitos distinto, de los componentes de los terrenos calificados como lotes que serán verificados en los títulos de exploración y explotación (…)”. El objeto social también incluye comprar, vender, distribuir, operar y rentar equipos; establecer moliendas del mineral, entre otros. El 80% de las ganancias mineras serán repartidos entre todos los socios de la Cooperativa.

El Modelo Extractivo Minero se pretende implementar con mentiras, engaños, falsas promesas, con pobreza, degradación ambiental, contaminación y violación a los derechos humanos donde los gobiernos estatales siempre han estado coludidos apoyando este tipo de actividad extractiva. Por ello, en Chicomuselo y en la región de la Sierra siguen acechando los intereses por extraer oro, plata, plomo, cobre, barita, magnetita, titanio, entre otros minerales a costa de los pueblos. Las resistencias en la región siguen aumentando así como en todos los rincones del país con el fin de liberar los territorios de los megaproyectos, entre ellos las concesiones mineras.

En el contexto de la Reforma Energética que acarrea modificaciones a la ley agraria, de amparo, de bienes nacionales, de expropiación, entre otras, en el marco de Tratado TransPacífico, los proyectos extractivistas se acentuarán en Chiapas para despojar a los pueblos de sus territorios. Efectivamente, como se ha pronunciado el Movimiento Mexicano de Alternativa a las Afectaciones Ambientales y al Cambio Climático (MOVIAC), esta Reforma es un “Crimen de Estado” que pretende despojar a los pueblos de sus medios de sustento y elementales derechos humanos. Y hacemos eco de su llamado a la insurrección social nacional para defender nuestras tierras y los derechos humanos fortaleciendo las resistencias, generando alternativas de vida digna.


¡MARIANO VIVE, LA LUCHA SIGUE!

Fundación Ambientalista Mariano Abarca

Otros Mundos AC/Amigos de la Tierra México

Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA)/M4

NOTAS:

Empresas mineras reanudaron ilegalmente trabajos en Chiapas (la Jornada)

Reactivan, de manera ilegal, extracción minera en Chiapas (chiapasparalelo.com)

Semana de eventos en torno a los 20 años del TLCAN y contra el TTP

(28-31 de enero de 2014)

Lugar de encuentro: instalaciones del STUNAM, Avenida Universidad 779, México D.F., Metro Zapata

Las organizaciones sociales y civiles de Canadá, Quebec, Estados Unidos, México y la Universidad Autónoma Metropolitana convocamos a esta semana de acción con los siguientes objetivos:
>Construir un contra-discurso común sobre los impactos concretos de los acuerdos de libre comercio
>Compartir nuestras visiones respectivas de un modelo diferente que impulse un cambio de sistema
>Consolidar la articulación de las luchas a nivel trinacional y multisectorial
>Identificar perspectivas de acción común

CONTEXTO
El día 1ro de enero del 2014, el Tratado de libre comercio de América del Norte (TLCAN) cumple 20 años. Las élites políticas y económicas aprovecharán la ocasión para afirmar una vez más que el TLCAN ha sido una fuente de prosperidad para las economías de América del Norte, y que nunca se han concretizado los temores de los opositores a ese modelo de desregulación y flexibilización, de apertura comercial, y de privatización, que desde entonces ha servido de esquema para otros tantos acuerdos comerciales. Los promotores del libre mercado unirán sus voces para proclamar que la liberalización económica beneficia a los consumidores, y que las y los trabajadores salen ganando de estos tratados que favorecen la inversión extranjera y siempre prometen la creación de miles de empleos.

Si bien carecen de fundamentos y no se basan en datos contundentes, tales afirmaciones consolidan un discurso que permite justificar la firma de nuevos acuerdos, que luego se celebran ampliamente en los medios sin sustentación ni análisis rigurosos. Esta narrativa ha colocado la región frente a una nueva ola de tratados de libre comercio y de “derechos” para los inversionistas, al desplegarse hoy negociaciones con la Unión Europea o con el área Asia-Pacífico mediante el proyecto de Acuerdo de asociación transpacífico (TTP).

Ante esta nueva ofensiva neoliberal a nivel internacional, que también se acompaña de políticas nacionales afines (reforma laboral, reforma energética, privatización de los bienes comunes y apertura de las compras públicas al capital extranjero, transformación de la política agrícola, impulso a la explotación y extracción de recursos naturales, criminalización de las organizaciones sociales, etc.), la resistencia social y popular en América del Norte se fortalece y extiende.

Los esfuerzos para contrarrestar la arremetida neoliberal se apoyan en un rechazo renovado del actual modelo de libre comercio y de inversiones. De manera más o menos espontánea, muchas iniciativas para impulsar luchas concretas se han perfilado en la región con base en un profundo cuestionamiento del TLCAN, presentando por ende un gran potencial de articulación en ocasión de los 20 años de este tratado “Pionero” que rápidamente inundó con replicas nuestra américa y el resto del mundo.

Es en este contexto que surge la presente propuesta de impulsar colectivamente una semana de movilización y un foro trinacional multisectorial en México del 28 al 31 de enero del 2014. El objetivo es propiciar la convergencia de las iniciativas en curso que toman el aniversario del TLCAN como pretexto, y construir un contra-discurso común sobre los impactos concretos de los acuerdos de libre comercio, de consolidar la articulación de las luchas a nivel trinacional y multisectorial, e identificar perspectivas de acción común, en particular en torno a las negociaciones de acuerdos de “nueva generación” -como el TTP- en las cuales los 3 países de Norteamérica participan.

PROGRAMA

MARTES 28
16:00 a 19:00  Horas  ENCUENTRO TRINACIONAL DE MUJERES
09:00 a 19:00   Horas DIÁLOGO TRINACIONAL AMBIENTAL MINERO «IMPACTOS DE TLCAN SOBRE MEDIO AMBIENTE Y PERSPECTIVAS

MIÉRCOLES 29
09:00 a 19 Horas FORO TRINACIONAL SOBRE AGRICULTURA
09:00 a 19 Horas FORO LABORAL TRINACIONAL
19:00 a 21 horas  FORO TRINACIONAL MULTISECTORIAL “20 AÑOS DEL TLCAN BASTAN, NO MÁS LIBRE COMERCIO, NO AL TTP” (Incluye Cena celebrando 20 años de lucha)

JUEVES 30 Y VIERNES 31
09:00 a 19:00 Horas FORO TRINACIONAL MULTISECTORIAL “20 AÑOS DEL TLCAN BASTAN, NO MÁS LIBRE COMERCIO, NO AL TTP” 

VIERNES 31
09:00 13:00 Horas FORO TRINACIONAL MULTISECTORIAL “20 AÑOS DEL TLCAN BASTAN, NO MÁS LIBRE COMERCIO, NO AL TTP”
16:00 Horas MARCHA EN LA CIUDAD DE MÉXICO
MARCHAS DESCENTRALIZADAS EN 13 CIUDADES DE ESTADOS UNIDOS, CANADÁ Y QUEBEC

Núcleo promotor
Alianza Trinacional Sindical de Solidaridad, Red Quebequense por la Integración de los Pueblos (RQIC), Fronteras Comunes (Canadá), Trade Justice Network (Canadá), Citizens Trade Campaign (CTC-EEUU), Grassroots Global Justice Alliance (GGJ-EEUU), Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio (RMALC), Institute for Policy Studies (IPS-EEUU), Institute for Agriculture and Trade Policy (IATP – EEUU), Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de productores del campo (ANEC), Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) y la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa

ver:

Día Inter -Continental de Acción contra el TPP y la Globalización Corporativa

MOVIAC-CHIAPAS: «LA REFORMA ENERGÉTICA, CRIMEN DE ESTADO»

COMUNICADO MOVIAC-CHIAPAS: «LA REFORMA ENERGÉTICA, CRIMEN DE ESTADO»

Enero 2014

moviac«Las Reformas impuestas por el gobierno de Enrique Peña Nieto, en el marco del Acuerdo TransPacifico, en materia de educación, salud, trabajo, energía, entre otras, implican un retroceso sin precedentes en los derechos humanos y entregan a las grandes corporaciones las tierras y el subsuelo del país a costa de la vida y el futuro del pueblo mexicano».

Nosotras y nosotros como Movimiento Mexicano de Alternativas a las Afectaciones Ambientales y el Cambio Climático consideramos fundamental profundizar en el análisis y denuncia del contenido y consecuencias de dichas reformas, así como en la articulación de espacios de información, discusión y organización popular que den como fruto propuestas colectivas de resistencia y construcción de alternativas al modelo expropiador de la vida que imponen los gobiernos y corporaciones transnacionales para los que éstos trabajan.

Éste Comunicado es una de nuestras propuestas de análisis y así abonar a la información que nos permita caminar la autodeterminación de los pueblos, comunidades y colectividades diversas que están caminando para construir y defender otros mundos y relaciones posibles, con justicia y dignidad para todas y todos.

Nota:

Organizaciones del MOVIAC-Chiapas llaman a “insurrección nacional” tras la reforma energética

Por Isaín Mandujano, en ChiapasParalelo

 

COMUNICADO MOVIAC-CHIAPAS «LA REFORMA ENERGÉTICA, CRIMEN DE ESTADO» Enero 2014

DESCARGAR: http://www.scribd.com/doc/201503757/COMUNICADO-Ref-Energ-2014-doc

Las Reformas impuestas por el gobierno de Enrique Peña Nieto, en el marco del Acuerdo TransPacífico, en materia de educación, salud, trabajo, energía, entre otras, implican un retroceso sin precedentes en los derechos humanos y entregan a las grandes corporaciones las tierras y el subsuelo del país a costa de la vida y el futuro del pueblo mexicano.

La Reforma Energética implica la entrega de la tierra y los territorios de las comunidades indígenas y campesinas al capital privado dando preferencia a sus actividades de lucro por medio del aprovechamiento comercial de los bienes comunes naturales y de la apropiación de grandes extensiones de tierra. Privilegia las ganancias de las empresas sobre la alimentación de la población, la protección y garantía de los derechos humanos. El Artículo transitorio 8° de la Reforma de Ley, establece: “Que las actividades de exploración y extracción del petróleo y demás hidrocarburos, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica se consideran de interés social y orden público, en virtud de su carácter estratégico. Y por esa razón tendrán preferencia sobre cualquier otra actividad que implique el aprovechamiento de la superficie y del subsuelo de los terrenos afectos a aquellas”.

Para garantizar la imposición de la Reforma Energética, el gobierno y los partidos políticos impulsan paralelamente reformas a la Ley General de Bienes Nacionales, a la Ley Agraria, a la Ley de Amparo; y a la Ley de Expropiación con el fin de incluir como causal de utilidad pública las obras y proyectos de infraestructura vinculados a las áreas estratégicas y prioritarias a que se refieren los Artículos 27 y 28 Constitucionales, que estén contemplados en el Presupuesto de Egresos de la Federación y sin necesidad de un Dictámen Técnico. Por si los comuneros o ejidatarios pretenden recurrir a un amparo, se prevé modificar la Ley de Amparo con el fin de no conceder la suspensión del acto reclamado. Los ejidatarios y comuneros sólo podrán recibir una indemnización determinada por una Institución de Crédito a la que se le otorga el poder de determinar el monto de la indemnización.

Por tanto, la Reforma Energética entrega el sector a las trasnacionales, favoreciendo el acaparamiento de tierras en total indefensión de campesinos, ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios. Esto generará desplazamiento forzoso, pobreza, pérdida de acceso al agua, a la producción de alimentos; aceleramiento de la deforestación y de la emisión de Gases Efecto Invernadero y por tanto agudización del Cambio Climático. Por ello, esta Reforma Energética y su consecuente acaparamiento de tierras es un crimen de guerra.

Es indignante que tanto el gobierno mexicano como las empresas nacionales y extranjeras antepongan sus intereses económicos a los derechos de los pueblos, como el derecho a la salud, a un ambiente sano, al consentimiento previo, libre e informado, entre muchos otros poniendo en riesgo a gran parte de la población que se asienta en las regiones donde se pretende explotar diferentes fuentes energéticas. Hay que recordar el desastre producido por la empresa transnacional British Petroleum que contamino la parte norte del Golfo de México o los innumerables derrames de petróleo que se registran cada año en México.

Asimismo las afectaciones a la flora y fauna tampoco serán contabilizadas dentro de los análisis de costos de inversión de las empresas, dado que el actual contexto de reformas en nuestro país permitirá la violación sistemática de las legislaciones ambientales, exonerando de sus delitos a las mismas y fomentando la impunidad al permitir el ecocidio, como en el derrame ocasionado en el rio Coatzacoalcos a principios de 2012, donde se derramaron más de mil 500 barriles y la empresa Caprimex S.A de C.V, después de varios meses, todavía no indemnizaba a los pescadores afectados.

Un dato más, que quizás es nuevo en México es el hecho que la reforma impulsa la extracción de Gas de Lutita (Gas Shale) la cual es muy peligrosa utilizando un procedimiento denominado fractura hidráulica o fracking, gastando cantidades desorbitantes de agua mezclada con arena y químicos para romper la roca y liberar los hidrocarburos. Se habla de cinco millones de galones de agua por fractura, es decir, casi veinte millones de litros. Los daños inmediatos es la inminente filtración del agua contaminada que llega al subsuelo depositándose en acuíferos y que tendrían un efecto directo en la salud de los pobladores de ciudades y pueblos que consumen el agua directamente de estos. Además, algo que no se ha mencionado es que no existe una tecnología para tratar las aguas residuales, por tal motivo no podrán ser utilizadas para otra actividad. Por otro lado, la realidad y experiencia en Estados Unidos ha dejado ver que las empresas que se perfilan para desarrollar la extracción de gas shale en México, tienen el interés económico de recuperar sus pérdidas en ese país, pues por afectaciones que han ocasionado, han pagado multas millonarias en dólares, mientras que en México ante alguna contingencia solo tendría que enfrentan amonestaciones de algunos cientos de pesos. Las zonas donde pueden explotar ese gas de lutita están sobre todo en Tamaulipas y Nuevo León, pero también se hallan en los alrededores del puerto de Veracruz y otras regiones densamente pobladas del país. En muchas de ellas, sobre todo las que están en el norte, hay escasez de agua.

Las empresas multinacionales saben muy bien que en México, por medio de esta reforma tendrán acceso a una riqueza en reserva de hidrocarburos que equivale a un aproximado de 3 billones (millones de millones) de dólares, de los cuales el 50% de los recursos prospectivos del país se localiza en la cuenca del Golfo de México, lo que implicaría recuperar 29 mil 500 millones de barriles de petróleo crudo, volumen de hidrocarburos superior a la reserva original total de Cantarell. Al mismo tiempo nuestro país cuenta con abundantes reservas de gas natural convencional que rondan el orden de los 61 billones de pies cúbicos, cuenta con la tercera reserva más grande en el mundo de gas de lutitas que aún no se ha explotado, con aproximadamente más de 600 billones de pies cúbicos y Pemex se mantiene como el quinto productor mundial de petróleo, es también el quinto exportador y las reservas mexicanas se ubican en el decimotercer lugar mundial; los costos de extracción son los más bajos: 6.84 dólares por barril frente a 7.55 de Statoil, 9.55 de Exxon o 13.62 de Petrobras.

La reforma energética ha sido elevada a rango constitucional, por tal ha dado un golpe letal a la soberanía nacional ya que el Estado mexicano renunció a su soberanía sobre el viento, el sol, el agua y los recursos renovables mediante los cuales vivimos los pueblos. Esta reforma es un atentado directo contra la vida, los pueblos, la cultura. Un atentado directo en contra de nuestra madre tierra.

Enrique Peña Nieto y los actuales senadores y diputados federales y estatales que se han prestado a sacrificar al país y los derechos humanos, son los responsables de tal decisión histórica que impacta a más de 100 millones de mexicanos y mexicanas. Por ello, hacemos eco del llamado a la insurrección nacional en contra la guerra desatada de la clase política contra las mexicanas y los mexicanos. De igual manera hacemos un llamado a las organizaciones indígenas, campesinas, productivas, sociales; a redes y movimientos, a ejidatarios y comuneros, a todo el pueblo de México a declarar tierras, territorios y cualquier espacio libres de megaproyectos y ejercer mecanismos de defensa y protección de los mismos.

!!! NO A LAS REFORMAS ESTRUCTURALES !!!
!!! LA PATRIA NO SE VENDE, SE AMA Y SE DEFIENDE !!!
!!! PRESOS POLITICOS, LIBERTAD !!!

Atentamente,
Movimiento Mexicano de Alternativas a las Afectaciones Ambientales y al Cambio Climático (MOVIAC/Chiapas)
Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA/Chiapas)
Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Rìos (MAPDER/Chiapas)
Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos A.C. (CEPAZDH A.C)
Otros Mundos AC/Chiapas
Movimiento Campesina Regional Independiente – Coordinadora Nacional Plan de Ayala Movimiento Nacional (MOCRI CNPA MN)
Central de Organizaciones Campesinas y Populares – Chiapas (Cocyp – Chiapas)
Centro de Educación Integral de Base, A. C. (Ceiba A. C.)
Mujeres de Maíz A. C.
Kinal Antzetik A. C.