EL ESCARAMUJO año 7 Número 45

LA GUERRA DE BAJA INTENSIDAD CONTRA LAS COMUNIDADES EN RESISTENCIA CONTRA LA REPRESA EL ZAPOTILLO (Sexta Parte)

Marco Von Borstel
Otros Mundos AC/Amigos de la Tierra México
5 de Octubre de 2013, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México.

LEER COMPLETO: EL ESCARAMUJO 45: La Guerra de Baja Intensidad contra las comunidades en resistencia contra la represa El Zapotillo (VI)  (17 págs. PDF – 737Kb)

8- Formas de represión y hostigamiento A TEMACA

8.1. Correlación de acciones de resistencia y hechos represivos
A continuación presentamos una síntesis cronológica de eventos y acciones correlacionando la resistencia con los actos represivos, elaborada para este artículo con base en los diversos documentos y notas de prensa del archivo del movimiento. En el centro del cronograma, están los hechos concretos relacionados con el conflicto de la presa, del lado izquierdo, las acciones de resistencia de las comunidades y sus aliados y del lado derecho, las acciones que se consideran como hostiles por parte de la autoridad.

Esto no enumera todos los hechos y acciones, pero pretende dar un semblante de dimensión temporal de la lucha y hacer un comparativo con los actos de represión, para tener más elementos para el análisis y comparación de estos con las tácticas propias de la doctrina GBI.

Para distinguir en el cuadro cronológico el tipo de hostigamiento, se utilizaron las siguientes categorías, usando las referencias de color en la columna de represión, de manera que pudiera verse la forma, periodicidad y niveles que toma el hostigamiento a través del tiempo. Las categorías son las siguientes:
-Amenazas y actos directos
-Medios y declaraciones
-Presión hacia Padre Gabriel
-Acciones concretas de autoridades
-Confrontación o presencia policiaca
(…)

La gráfica nos muestra como se concentran las acciones represivas en frecuencia a partir de marzo del 2009 con la amenaza al periodista y cronista Miguel Ángel Casillas, intensificándose justamente un año después con las amenazas a miembros del Comité, defensor de derechos humanos y a la periodista. Desde la perspectiva subjetiva de quienes participamos en el movimiento se dio un punto de inflexión, el contexto de lucha cambió, pues el hecho de que personas trasgredieran la comunidad de Temacapulín y en su seno confrontaran con amenazas directas, referenciado el proyecto de la presa, rompió el esquema de tranquilidad con el que si vivía medianamente en el pueblo y puso a prueba a la estructura organizativa del movimiento, teniendo que adoptar medidas de blindaje y protección y reformulando muchas estrategias y formas de lucha, ante la inminencia de una embestida gubernamental.

Es digno de notarse, que las amenazas llegaron después de que se dio a conocer la recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Jalisco, 35/2009, la cual estuvo encerrada en la gaveta del presidente de la comisión durante tres meses en lo que iniciaban las obras y se terminaban los detalles de la adjudicación. A su vez después de la amplia cobertura mediática y solidaridad generada a nivel estatal. En cuanto a la recomendación, cuando se dio a conocer la CONAGUA declaró: “No vamos a aceptar esta recomendación. No tenemos ningún motivo para parar. Habría que ver qué se está pidiendo, porque ya hemos platicado mucho con la gente de las tres poblaciones (Temacapulín, Acasico y Palmarejo), dijo Raúl Antonio Iglesias Benítez…”. En esta recomendación se enlistan diversos derechos violados a la población y se recomienda la suspensión de la obra y la realización de una consulta en las comunidades afectadas para saber si la aceptan o no. En esta se incluye la recomendación de protección a la población y los defensores de derechos humanos que acompañan el movimiento, ante los actos de hostigamiento, ya registrados por dicha comisión.

La embestida gubernamental llegó a través de mayor presión, mensajes, chismes, señalamiento mediático, rondines policíacos y más amenazas, con fin de ir mermando la fuerza del movimiento. Pero el movimiento justo, se encontraba en un proceso de fortalecimiento y articulación, con la coyuntura de ser sede Temaca del Tercer encuentro Internacional de Afectados por las Presas, por lo que hubo mucha cobertura mediática y de solidaridad de organizaciones nacionales e internacionales. Esto añadido a la campaña iniciada “Los Ojos del Mundo están Puestos en Temaca”, que recibió cientos de fotografías, videos e imágenes con esta consigna, desde diversos rincones del mundo. Tras el encuentro y pese a las victorias en cuanto a argumentos y visibilización de la irregularidad en la normatividad del proyecto, la comunidad, al ver los avances en la obra, decidió tomar un camino más fuerte que ya comentamos y comenzó a planear las acciones directas en contra de la presa. Esto generó más confrontaciones y la agudización de las tácticas represivas y de GBI implementada por las autoridades. Hasta la fecha está latente el conflicto y pese a que la construcción sigue, la resistencia también, es año electoral y la obra se ha atrasado, la organización tuvo sus reacomodos internos y ha sido cansado para los pobladores la lucha de seis años, pero ahora hay mucho más experiencia y todos los argumentos construidos, la suerte de Temaca está aún por definirse.

Es también notorio en la línea del tiempo cómo la presencia de las fuerzas policíacas en la comunidad, se ha ido incrementando con el tiempo y como de policía municipal, ha ido escalando, hasta la presencia militar en noviembre y diciembre del 2011.

De la misma forma las campañas de comunicación promocionando el proyecto y criminalizando al movimiento han ido escalando en intensidad y frecuencia y es evidente una nueva aceleración a partir de que se rompió el diálogo en junio del 2011.

Otro aspecto a destacar, es la cercanía en tiempo que ha habido entre las diferentes amenazas directas y la presión de la cúpula eclesial contra el Padre Gabriel, uno de los líderes naturales del movimiento, que oriundo de Temaca, ha decidido participar activamente en la resistencia de su pueblo. El involucramiento de él en el movimiento ha sido fundamental para la generación de sinergias y cohesión al interior de la comunidad y la promoción de proyectos de desarrollo local, como la banda de música, el museo comunitario, talleres de carpintería y cantera, eventos deportivos, culturales y muchas iniciativas más. La presión ejercida por la jerarquía católica, en específico por el Cardenal Juan Sandoval Iñiguez, quien en un principio pidió que se buscarán alternativas a la presa:
“…Existe una presa enseguida de Tepatitlán, que nunca la usan; ahí está el agua todo el año, con otras dos presas de ese tamaño podrían solucionar el problema del agua en Guadalajara, pero se empeñan en hacer la del Zapotillo y fastidiar a los de Temacapulín…”, y que por compromisos y relaciones cercanas a las alas ultraconservadoras del Partido de Acción Nacional, ha optado por darle la espalda al pueblo y llegar inclusive a amenazar con penas canónicas al clérigo que legítimamente participa en la resistencia.
(…)

8.2. Amenazas y criminalización del movimiento
Recuerdo la reunión que tuvimos a principios de 2011 en Temacapulín para que alumnos de la Universidad de Furdam entrevistaran al Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo, acerca de las violaciones a los derechos humanos cometidas por la autoridad. Al comenzar dicha reunión, el primer entrevistador hizo preguntas muy rápidas y al no recibir una repuesta en la velocidad que esperaba, hizo otras, pero no tuvo respuesta tampoco. Otra de las estudiantes reaccionó y repitió más pausadamente la primera pregunta: ¿Han recibido amenazas por lo de la presa? Y pausadamente, la gente comenzó a contestar, y el diálogo fluyó, las y los participantes expresaron todo lo que las organizaciones que acompañan el proceso sabían y otros elementos muy interesantes, de cómo han vivido la experiencia de resistencia contra la presa el Zapotillo y las acciones represivas de la autoridad.

A la pregunta de las amenazas, Abigail Agredano, complementada con otras miembras del Comité y Don Alfonso Iñíguez, hicieron una reflexión muy interesante y es que amenazados están, desde que conocieron por primera vez el proyecto, desde entonces sienten amenazada su vida, su pueblo y su patrimonio; “todo”, dirían. La amenaza ha sido más fuerte cada vez y si, obviamente ha habido muchos casos de amenazas directas e indirectas a ellos y ellas, y a las personas que acompañan el movimiento, pero la amenaza que se cierne sobre los que viven en el pueblo es permanente y no cesa de día, ni de noche, desde el 2005. Amenazas son, para la comunidad de Temaca, las declaraciones de las autoridades del gobierno, los chismes provocados, las incursiones de la policía en su pueblo tradicionalmente tranquilo, las noticias del avance de la presa, la posibilidad de que en cualquier momento llegue alguna corporación policial o militar a desalojar a la gente de sus casas.

Es evidente que todas las tácticas y procedimientos implementados por el gobierno tienden a generar esa sensación de amenaza, como el no brindar información, actuar con despotismo y soberbia, argumentar que no hay otra solución y que no tiene la comunidad ninguna oportunidad de defenderse del proyecto, porque el gobierno federal ya ha tomado la decisión y es inapelable. Así como la amenaza de cárcel a los participantes en las movilizaciones, el señalamiento público de miembros del movimiento, las amenazas directas, la poca población que vive en la comunidad, los conflictos internos y el desgaste por una lucha de 6 años llena de actividades de resistencia y desarrollo local, colocan a la comunidad en una posición muy vulnerable, pero también la obligan a reacomodar el proceso organizativo, con base en una muy rica experiencia de lucha. Gran parte de la comunidad está firme que no quiere perder su poblado, su territorio, ni su herencia cultural y pese a lo complejo que es entablar una lucha tan desigual contra los tres niveles de gobierno y las empresas, mantenerse unidos en la convicción, cosechar lo ya sembrado, transformar las formas organizativas y buscar nuevas tácticas y estrategias, puede brindar elementos muy constructivos, en la perspectiva de que el conflicto sigue latente y aún tiene posibilidades de detenerse la inundación de Temaca y la presa, más ante el retraso de las obras y las elecciones venideras, este 2012 en el Estado de Jalisco y el país.
(…)

Las tácticas de control de población y recursos, que son las más agresivas, han ido en incremento contra la comunidad, los riesgos para la seguridad de las y los pobladores y acompañantes del movimiento son mayores, por lo que se han tenido que implementar mecanismos de protección y seguridad y hacer rotación de liderazgos, donde yo, el Padre Gabriel y otros y otras de los que fuimos más visibles en algún momento, hemos asumido roles muy diferentes, cambiando nuestra forma de participación y disminuyendo al máximo nuestra aparición en medios de comunicación. Algo que me parece fundamental tiene que ver con la búsqueda que ha habido, de fortalecer el liderazgo colectivo, cambiando las formas organizativas, de vocería y representación.

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EL ESCARAMUJO año 7 Número 44

LA GUERRA DE BAJA INTENSIDAD CONTRA LAS COMUNIDADES EN RESISTENCIA CONTRA LA REPRESA EL ZAPOTILLO (Quinta Parte)

Marco Von Borstel
Otros Mundos AC/Amigos de la Tierra México
30 de Septiembre de 2013, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México.

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6- DESPOJO Y FORMAS DE APROPIACIÓN

6.1. Planes regionales de extracción
Así como las tácticas con las cuales combaten y reprimen los estados y corporaciones, a los movimientos sociales y comunidades en resistencia, también se han transformado, sofisticado y profundizado los procesos de explotación y saqueo de América Latina. El creciente avance de proyectos neoliberales de extracción de recursos naturales y energía de nuestro hemisferio, ha provocado le generación de múltiples conflictos socio-ambientales o de ecologismo popular, que adquieren cada vez mayor fuerza política y conciencia crítica. Estas luchas se han ido articulando y con sus reivindicaciones cuestionan el modelo de desarrollo, la vigencia de los derechos humanos, las políticas públicas, el proceso privatizador y la estructura propia del sistema, por lo que se han convertido en una creciente amenaza para el poder hegemónico y los intereses de las corporaciones trasnacionales y los gobiernos nacionales que sirven a dichos intereses. La forma de apropiación del territorio y de generación de ganancias económicas regresa a la forma primitiva de acumulación de capital, apoderándose directamente de la mano de obra, los recursos estratégicos y los medios de producción, se ejerce una forma de dominación que está rompiendo el equilibrio ecológico y los tejidos sociales en todos los rincones del globo terráqueo.

El capitalismo según Gustavo Casto y Nieves Capote está en su última etapa, que nombran como modelo corporación nación, done el modelo neoliberal sirvió de tránsito para generar las condiciones, donde las mismas empresas sean quienes ahora gestionen a los gobiernos del norte, para someter y extraer todos los bienes comunes y mano de obra barata de nuestros territorios. Durante la etapa del modelo neoliberal se dieron las reformas estructurales en nuestros países tendientes a la privatización de agua, energía, petróleo, territorio y servicios como salud y educación. También se presentó el adelgazamiento en derechos laborales y civiles y endurecimiento en las normas de seguridad y vigilancia a la ciudadanía.

En la actualidad los planes regionales en América Latina incluyen los tratados de libre comercio, que han tenido que ser bilaterales, por la fuerte oposición al ALCA, y el proyecto Mesoamérica, que originalmente se llamaba Plan Puebla Panamá, y que tiene que ver con la apuesta extractivista de las corporaciones, donde proliferan actualmente presas hidroeléctricas de abasto de agua, minería, monocultivos, infraestructura industrial y de comunicación. Dentro de este plan está proyectado el Sistema de Interconexión Eléctrica de América Central SIEPAC, que pretende ser una línea de conexión desde Colombia, hasta los EEUU, facilitando la exportación de energía eléctrica hacia el norte. Este plan va de la mano con el IIRSA, plan de Integración de Infraestructura de Sur América.
(…)

6.2. Represas y represión
Pese a que las represas representan un modelo de desarrollo no sustentable, que está probado que rompen el ciclo hidrológico, causan daños ambientales irreversibles y que sus impactos sociales han sido muy negativos para comunidades indígenas y rurales en todo el globo, estas obras de infraestructura se siguen impulsando en toda la región, no solo para la generación de electricidad y nutrir los sistemas regionales SIEPAC y el IIRSA, sino también para el abasto de agua de ciudades, industrias y agronegocios.

En el mundo las represas han desplazado entre 40 y 80 millones de personas según calculó la Comisión Mundial de Represas10. Esta comisión fue creada por el Banco Mundial para evaluar los impactos de estos proyectos y terminó por demostrar la falta de sustentabilidad de dichas obras, generando directrices para su adecuada implementación.

Estas directrices no son cumplidas, inclusive por los gobiernos participantes en la Comisión, como se demostró en las mesas de diálogo sostuvo la comunidad de Temacapulín, con el gobierno federal11, al presentar la primera, una evaluación desde la perspectiva de las directrices de la CMR, donde las autoridades no habían cumplido ni el 10% de los lineamientos señalados para implementar este tipo de proyectos.
(…)

7- LA PRESA EL ZAPOTILLO Y LA RESISTENCIA

7.1. Contexto de lucha
En este capítulo no pretendemos abordar toda la lucha, sino solo hacer una breve semblanza de la resistencia y sus características, que sirvan par ubicar el contexto de la violencia ejercida por el estado. Primero haremos un breve relato de los últimos 5 años, destacando algunos aspectos importantes y posteriormente daremos algunos datos del proyecto y las comunidades.

La comunidad de Temacapulín que tiene XIV siglos de historia, está ubicada en el Municipio Cañadas de Obregón, parte de la región más conservadora de México, los Altos de Jalisco, y fue sentenciada en el 2005 a desaparecer bajo el agua de una presa llamada El Zapotillo, sin ser informada o consultada. Este proyecto lo impulsan las autoridades federales y estatales que pretenden trasvasar el agua de la cuenca el río Verde a la ciudad de León Guanajuato, privatizando el recurso y beneficiando a agroindustriales y otros empresarios de la región. Desde el anuncio del proyecto y con la firme decisión de la mayoría de los habitantes de las comunidades por defender su territorio, se han desarrollado estrategias con diversas líneas de acción, que han permitido fortalecer la organización comunitaria, dándole gran visibilidad a las problemática y generando gran solidaridad de la sociedad civil en Jalisco y una opinión pública nacional e internacional favorable.

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EL ESCARAMUJO año 7 Número 43

LA GUERRA DE BAJA INTENSIDAD CONTRA LAS COMUNIDADES EN RESISTENCIA CONTRA LA REPRESA EL ZAPOTILLO (Cuarta Parte)

Marco Von Borstel
Otros Mundos AC/Amigos de la Tierra México
26 de Septiembre de 2013, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México.

LEER COMPLETO: EL ESCARAMUJO 43: La Guerra de Baja Intensidad contra las comunidades en resistencia contra la represa El Zapotillo (IV)  (10 págs. PDF – 1,4Mb)

5- LA GBI EN MÉXICO

5.1. Manifestaciones de las tácticas GBI en México
Es evidente que nuestro país por la vecindad con los EEUU y su riqueza en cuanto a recursos estratégicos, ha sido intervenido de múltiples formas, desde hace bastante tiempo y las políticas públicas, en especial las reformas de los últimos 20 años, están permeadas por la estrategia la doctrina GBI. Como hemos visto la implementación de los programas DDI mencionados en el primer capítulo, son vitales para la estrategia integral y existen muestras concretas en México con:
3- Las campañas asistencialistas de desarrollo como han sido: Solidaridad, Oportunidades, Procampo, Progresa, Procede y otras.
4- El uso de medios masivos para manipular, desinformar o engañar a la opinión pública e imponer la violencia cultural.
5- El impulso del modelo de desarrollo, las privatizaciones, el saqueo de los bienes comunes y la construcción de infraestructura.
6- La criminalización de los movimientos sociales, como la realizada en contra del movimiento de la comunidad de San Salvador Atenco, que logró detener la construcción del aeropuerto internacional en sus tierras, y posteriormente contra el movimiento social oaxaqueño de la Asamblea Popular de Pueblos de Oaxaca (APPO), que fueron fuertemente reprimidas y que implicó encarcelamiento sin fundamento de líderes, tortura, violaciones y una de las campañas mediáticas más simbólicas y agresivas de los últimos años, desprestigiando y generando un clima de linchamiento contra sus líderes y el movimiento.

A su vez es importante hacer notar que las campañas de salud y las misiones humanitarias en caso de desastres naturales, que implementan las fuerzas armadas desde los ochentas, son parte intrínseca de la estrategia y que tienen como motivación, no solo la recolección de información, sino ganar la aceptación, generando empatía con la población civil, para desarrollar así, vínculos de apoyo para subsiguientes operaciones militares que requieren la aprobación y colaboración de la ciudadanía. Si vemos en retrospectiva este aspecto y que desde el 2006 México se encuentra completamente militarizado, hace suponer de un relacionamiento causal entre lo planeado desde el imperio en los ochenta y lo que sucede en la actualidad en el país.

El uso de programas sociales asistenciales es aún utilizado para dividir movimientos sociales, como lo sucedido recientemente con la Sociedad Civil de las Abejas de Acteal, Chiapas, México, movimiento ejemplar que eligió el camino de la paz desde el levantamiento zapatista en Chiapas en 1994, para reivindicar los derechos indígenas y que pese a su neutralidad en el conflicto armado, fueron objetos de una masacre en 1997, donde asesinaron a más de 40 personas de este movimiento pacífico. Nunca se les ha hecho justicia y los autores intelectuales y materiales siguen impunes. Pese a que es una organización muy consolidada en los municipios de Chenalhó y Pantelhó, a través de presión y ofrecimiento de apoyos asistenciales económicos, con programas del gobierno federal y del estado Chiapas, las autoridades gestaron una división en esta organización, cooptando algunos de sus líderes, que han aceptado los recursos y apoyos provenientes de los perpetradores y encubridores de la masacre de 1997. La organización continúa, pero en muchas ocasiones han tenido que aclarar públicamente las divergencias con el grupo cooptado.
(…)

5.2. Signos de la actual intervención
En el año 2000, se da la aparente alternancia en México y entra el PAN a la presidencia de la República, que ante la expectativa del cambio, por el derrocamiento del enemigo común, que era el régimen del Partido Revolucionario Institucional (PRI), una dictadura partidista, adjetivizada como “perfecta” por algunos analistas y que duró setenta años en el poder, muchos sectores de la población se desmovilizaron y dispersaron. Pero ante el embate de programas que profundizan el estado neoliberal y el arribo de una ola de privatizaciones e inversiones en megaproyectos, los conflictos socio-políticos y socio-ambientales proliferaron en todo el país.

Actualmente la represión que se vive en el país contra todos los sectores no alineados con la estructura del estado y la población en general, la vulnerabilidad de las personas que integran las organizaciones y los diversos movimientos populares, estudiantiles, alter-mundistas, ambientalistas, sindicales y de defensa territorial, así como la elevada cantidad de incidentes contra defensores de derechos humanos y periodistas, pone en evidencia la necesidad de que los movimientos reflexionen más acerca de las estrategias empleadas por el estado en contra de ellos, de forma que se puedan construir alternativas y formas de blindaje.

A partir de finales del sexenio de Fox (2002-2006) y cada vez con más auge, se impulsó la entrada de militares y exmilitares en los mandos medios y superiores de las corporaciones policiales federales, estatales y municipales. El universal publica, el 17 de septiembre del 2011: “En cinco años se incrementó 68% el uso de elementos de las Fuerzas Armadas para realizar labores de seguridad pública, de acuerdo a un estudio del
Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).”

En el 2006 entra Felipe Calderón del PAN a la presidencia, ganando las elecciones por un punto porcentual a Andrés Manuel López Obrador, contrincante de la izquierda institucionalizada del país, a través de un evidente fraude y la campaña más sucia de la historia. Recibe la banda presidencial, como investidura simbólica del poder supremo del estado, por parte de los mandos militares, pero tiene que entrar por la puerta de atrás a la Cámara de Diputados, protegido por los legisladores de su partido y haciendo caso omiso a los reclamos y señalamientos de espurio de la oposición, para tomar posesión constitucional del país. Su mandato en estos 5 años ha sido el más sangriento de la historia y nos ha colocado como país en el lugar más violento del mundo, superando en el número de muertos y en la crueldad de la violencia, a Afganistán e Irak, que tienen intervención militar directa.
(…)

Por último citamos en este capítulo el artículo “Agentes policíacos mexicanos tendrían que realizar trabajo conjunto con estadounidenses“,24 publicado en el diario La Jornada el 8 de agosto del 2011, donde se señala que por información del New York Times, se han desplegado en México “nuevos agentes de la CIA (Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos), civiles del Pentágono, militares retirados y agentes de la DEA (agencia antidrogas)”, y añade “De hecho hasta se está considerando emplear contratistas de seguridad privados, con iniciativas diseñadas para evadir leyes mexicanas que limitan la presencia de fuerzas de seguridad extranjeras en el país…”, lo que deja en evidencia, (entre otros múltiples artículos de la prensa y análisis publicados en los últimos años que hacen referencia al tema), la intervención de facto e injerencia que los EEUU tienen, sobre la estrategia de seguridad pública implementada por el gobierno de Felipe Calderón y por tanto, con el proceso de criminalización y represión de las luchas sociales en México.

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