El Escaramujo 73: Ley de Seguridad Interior en México

Los “Escaramujos” son documentos de análisis producidos por Otros Mundos A.C. Les presentamos el último número de la colección, esperando les sirva para sus trabajos en defensa de los territorios. (Ver todos los números del Escaramujo)  

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La Ley de Seguridad Interior legaliza y pone los cimientos de una especie de «Dictadura» o de estado totalitario con el uso a discreción del Presidente sobre las Fuerzas Armadas (Ejército, Armada o Marina y Fuerza Área), así como de las instituciones policiales de todo el país. México estará bajo la lupa de la inteligencia y el espionaje militar. Gobiernos estatales y municipales podrán quedar relegados por el Presidente y pierden su autonomía además de obligarse a financiar las acciones que realicen las instituciones de los tres niveles de gobierno, Fuerzas Armadas y policiales que el Ejecutivo defina. El Decreto Presidencial le permite al Ejecutivo un marco jurídico para usar la represión, estados de excepción y otras violaciones a los derechos humanos al margen de la Constitución, derogando toda disposición que contravenga esta Ley que otorga al Ejército demasiadas atribuciones. Este Decreto no encuentra consenso social. Sectores de todo tipo, tanto nacionales como internacionales han levantado la alerta y los peligros que conlleva esta Ley. Esta concentración de poder por encima de la Constitución, de estructuras y mecanismos democráticos de control, lleva a un exceso de autoridad y abuso de ella por parte de la figura presidencial como Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas que llevará inequívocamente a más violación de los derechos humanos.

Bajo el pretexto de la lucha contra el narcotráfico y la criminalización al movimiento social, el Presidente ofrece la seguridad política, social, territorial y legal para la extracción de los recursos que se llevan a cabo y los que se avecinan en el marco de la liberalización total del comercio y de la imposición de las Zonas Económicas Especiales. Minería, gas, fracking, petróleo, monocultivos forestales y transgénicos, complejos turísticos, parques industriales, gasoductos, oleoductos, regasificadoras, puertos marítimos, aeropuertos, autopistas, represas, hipermercados, puentes y los parques eólicos son el horizonte del supuesto desarrollo y con ello del despojo de la población de su territorios rurales y urbanos. Ante ello, en el marco de la acumulación de capital, de la profundización de los tratados de libre comercio e inversiones multimillonarias en estos magaproyectos con irreversibles consecuencias sociales y ambientales, donde la protesta social acumula fuerza y movilización, esta Ley llega en el momento adecuado para la dictadura del capital. Esta acumulación llega a tal cenit que requiere el uso de las fuerzas militares y policiacas para imponerse.

Analicemos el Decreto de Ley y los elementos fundamentales

¿Quiénes fueron responsables de esta Ley?

La enorme y trascendente responsabilidad de los partidos políticos y en concreto de los diputados que la votaron en 2017 traerá enormes consecuencias para el pueblo mexicano. La Ley se aprobó con el voto de 248 personas en el Congreso mientras que 87 de ellos no asistieron. Votaron en contra 115 y 48 se abstuvieron. De los diputados que votaron a favor 183 fueron del PRI, 35 del Partido Verde Ecologista de México, 14 del PAN, 9 del Partido Encuentro Social, 9 de Nueva Alianza y 2 del PRD. Votaron en contra 17 diputados del PAN, 39 del PRD; todos los 39 de Morena y 17 de Movimiento Ciudadano, y un diputado independiente. Las 48 personas que se abstuvieron todas fueron del PAN. Así, el 21 de Diciembre de 2017 el Presidente Enrique Peña Nieto publicó el Decreto de la Ley de Seguridad Interior que contiene 35 artículos. Por tanto, la izquierda partidista en el Congreso con capacidad de incidir, sigue inexistente.

¿Existe una fuerza política de izquierda capaz de revertir esta tendencia? ¿Es el escenario político-partidistaelectoral el que detendrá este capitalismo atroz?

Los conceptos claves para entender esta Ley

Para entender el contenido, esta Ley define como: (Artículo 4)

a) «Acciones de Seguridad Interior»: «Aquellas que realizan las autoridades federales, incluyendo las Fuerzas Armadas, por sí o en coordinación con los demás órdenes de gobierno, orientadas a identificar, prevenir, atender, reducir y contener riesgos y amenazas a la seguridad interior.»

Queda ambiguo lo que significa “identificar”, “prevenir”, “atender”, “reducir”, “contener riesgos” y “amenazas”. Si hubiera un problema de educación o salud, podríamos adivinar más o menos el tipo de políticas y acciones preventivas que definieran estos conceptos y sus acciones. Pero en el uso de la fuerza militar y policiaca, reducir y contener lo que se considere una amenaza no garantiza el respeto a los derechos humanos por parte de los cuerpos de represión que lo que menos tienen es conocimiento y formación en materia de derechos humanos.

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El Escaramujo 72: La Zona Económica Especial de Puerto Chiapas

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El Presidente Enrique Peña Nieto emitió en septiembre de 2017 el Decreto de la Declaración de la Zona Económica Especial de Puerto Chiapas (ZEEPChis) ubicado en el sureste de México, previo consentimiento del gobierno de Chiapas y del presidente municipal de Tapachula.

Ya en otro momento hemos descrito qué es y en qué consiste una Zona Económica Especial (ZEE) en el marco de la ley publicada el 1 de junio de 2016. Ahora corroboramos que esta ZEE implicará el despojo a los productores campesinos de sus territorios ejidales para entregarlos a las corporaciones transnacionales. Del mismo modo acelerará la extracción de bienes comunes de la región y fortalecerá la instalación de proyectos mineros, represas, gasoductos, así como los monocultivos de palma de aceite y todo lo necesario para alimentar de insumos a esta especie de ciudad “amurallada” o “país” dentro del país. El tamaño de esta ZEE inicialmente equivale al 9% del territorio del municipio de Tapachula; será alrededor de dos veces más grande que la ciudad de San Cristóbal de las Casas y 1,5 veces más grande que la ciudad de Tapachula. Al menos 20 municipios del estado de Chiapas son de menor extensión territorial que la ZEEPChis.

Las empresas que se instalen en la ZEE no pagarán impuestos y tampoco lo hará por el uso, goce o aprovechamiento de bienes del dominio público de la Federación, lo que significará disminuir los ingresos públicos que podrían ser destinados a educación, salud, entre otros rubros. Se acrecentará la pobreza y encarecerá la vida de la región. Su operación implicará un exceso de consumo de energía pero además de agua que la competirá con las comunidades y la región aledaña. Sus residuos solidos y líquidos pondrán en crisis no sólo la actividad pesquera local sino la Reserva La Encrucijada que pretende proteger el bosque de manglar.

Así, los más ricos se harán más ricos. Y las grandes empresas trasnacionales chinas, europeas y de otras latitudes se beneficiarán todavía más en el marco de los Tratados de Libre Comercio que se perfilan hacia el mercado asiático.

Esta especie de ciudad amurallada, territorio liberado a las empresas trasnacionales, tendrán un paraíso fiscal y su propio régimen aduanal. La población mexicana subsidiará esta especie de supuesto “desarrollo” para que las corporaciones trasnacionales se enriquezcan más. No pagarán impuestos por importar ni exportar; podrán recibir descuentos fiscales si capacitan a los trabajadores y podrán acceder a los insumos de la región como esponjas que absorberán los recursos locales para añadirles valor y hacer grandes negocios.

El municipio fronterizo de Tapachula donde se ubicará la ZEEPChis cuenta con 348,156 habitantes; se ubica en la Región X – Soconusco. Según el Decreto ésta Región cuenta con la mayor superficie sembrada, número de cultivos, producción y valor de las 15 Regiones Socioeconómicas de Chiapas. Las actividades económicas se concentran en el sector terciario ya que el 51% de la población se ocupa en actividades del comercio y servicios de alojamiento temporal y preparación de alimentos y bebidas; y el 10% en actividades de mayor valor agregado como las industrias manufactureras.

Sin embargo, pese al significado real de esta ZEE, el texto del Decreto insiste en que impulsará el “crecimiento económico sostenible que, entre otros fines, reduzca la pobreza, permita la provisión de servicios básicos y expanda las oportunidades para vidas saludables y productivas, en las regiones del país que tengan mayores rezagos en desarrollo social, a través del fomento de la inversión, la productividad, la competitividad, el empleo y una mejor distribución del ingreso entre la población.” El Decreto insiste en que la ZEEPChis es un “proyecto ambientalmente viable”, y que cuenta con “la realización de las medidas de mitigación que deban realizarse para prevenir, reducir o compensar los impactos ambientales” que “podrían ocasionarse”.

Hagamos entonces un resumen del contenido del Decreto de la ZEEPChis. Según este Decreto, contará con las siguientes características:

  • 1) UBICACIÓN: Se ubicará en Tapachula, municipio fronterizo con Guatemala y en un polígono adyacente al Puerto Chiapas. Este municipio colinda con los municipios de Motozintla, Cacahoatán, Tuxtla Chico, Frontera Hidalgo, Suchiate, Huehuetán, Mazatán y Tuzantán. También colinda con el Océano Pacífico y la República de Guatemala. Estará custodiada por la 36 Zona Militar de Tapachula, la Comandancia del Sector Naval Militar de Chiapas y la Comandancia del Grupo ASIECHIS de Infantería en Chapas ubicado en Puerto Chiapas. Así como de otros muchos batallones y controles militares de la región.
  • 2) INFRAESTRUCTURA: “(…) el Dictamen de viabilidad establece que, con base en los criterios de cercanía e integración con la infraestructura portuaria, aeroportuaria, carretera y ferroviaria; el entorno de usos industriales existentes o previos; la proximidad a asentamientos humanos de más de cincuenta mil habitantes que permitan la disponibilidad de mano de obra, así como el acceso disponible o potencial a fuentes de energía, agua, red de drenaje, y tratamiento de aguas y residuos sólidos, entre otros.”
  • 3) EXTENSIÓN: La ZEEPChis tendrá una superficie es de 8,611-55 hectáreas (ocho mil seiscientas once hectáreas, cincuenta y cinco áreas) que equivalen a 86.11 kilómetros cuadrados y a la extensión que ocupan 8 mil campos de fútbol. Incluye 8,216-51 hectáreas (ocho mil doscientas dieciséis hectáreas, cincuenta y un áreas) sin restricciones ambientales, de uso de suelo o de otra índole. El tamaño de esta ZEE inicialmente equivale al 9% del territorio del municipio de Tapachula que cuenta con 93,615 has; será alrededor de dos veces más grande que la ciudad de San Cristóbal de las Casas y 1,5 veces más grande que la ciudad de Tapachula. La ZEEPChis tiene una extensión mayor a los de 20 municipios de Chiapas. Esto equivale a que la ZEEPChis es mayor al 16% de los municipios de la entidad:

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El Escaramujo 71: BERTA CÁCERES, NACIDA Y CRECIDA EN LA LUCHA

Los «Escaramujos» son documentos de análisis producidos por Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México. Les presentamos el último número de la colección, esperando les sirva para sus trabajos en defensa de los territorios. (Ver todos los números del Escaramujo)

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Hoy se cumplen 20 meses del asesinato de Berta Cáceres en Honduras, cuando en la noche del 2 de marzo de 2016 lo sicarios por fin le dieron muerte. Se encuentran imputados 8 personas entre ellos un funcionario de la empresa hidroeléctrica DESA y el resto entre un militar y exmilitares. Por su lado, el Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas (GAIPE), han presentado su Informe «Represa de Violencia. El Plan que Asesinó a Berta Cáceres».

EL CONTEXTO

Durante la década de 1990 América Latina vivió los estragos del Consenso de Washington. Los gobiernos, bajo el modelo económico neoliberal, abandonaron por la vía de los hechos la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y entregaron las diversas esferas de la vida de los pueblos al gran capital para el negocio y el enriquecimiento. Poco después, en 1994 se crea el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA, por sus siglas en inglés) que genera una carrera consecutiva de tratados de libre comercio casi entre todos los países de la América Latina y El Caribe con Canadá y los Estados Unidos, pero luego con Europa y más tarde con otros países asiáticos. Se agudiza la ola de privatizaciones, el aumento de impuestos, la eliminación de subsidios, la liberación de aranceles, el detrimento de los derechos laborales, entre otros aspectos; y el agua, la educación, la salud, la alimentación, entre otros derechos humanos pasan a manos del gran capital como negocios con dueño y precio.

En esta década en que se presume la derrota de los movimientos armados en Centroamérica, las firmas de pacificación y su cooptación al sistema político electoral, los gobiernos profundizan una carrera más: el crecimiento de la deuda externa. Millones de dólares se derraman vía el Banco Mundial (BM), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el Banco Caribeño de Desarrollo (BCD), entre otras muchas fuentes de financiamiento como las Agencias de Crédito a la Exportación de los países más ricos, con el fin de poner la alfombra para que arribara a la región el tsunami de inversiones en todo el continente y sobre todo en la región centroamericana en el marco del Plan Puebla Panamá (PPP) con la construcción de infraestructura, carreteras, puentes, aeropuertos, puertos marítimos, represas, vías férreas, canales secos, parques industriales y todo tipo de inversión que facilitara la extracción de la riqueza en América Latina. No sólo una mayor deuda externa sino un aumento de la pobreza se vio reflejado en consecuencia en muchos países, pero también los desplazamientos forzosos, la migración, el hambre y el desempleo. Este acuerdo de libre comercio enseñó el camino al gran capital de cómo reclamar a los gobiernos el cumplimiento de sus intereses so pena de ser demandados en tribunales comerciales internacionales. Desde entonces a la fecha, más de 200 mil millones de dólares han sido reclamados a los gobiernos por parte de las empresas transnacionales en más de 60 países de América latina, África y Asia ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial.

EL NACIMIENTO

En este contexto nace en 1993, en la comunidad de La Esperanza, Intibucá, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) y con Berta Cáceres entre sus fundadoras. Y en enero de 1994, al mismo tiempo que el NAFTA,  sale a la luz el Ejército Zapatista de Libración Nacional  (EZLN) en Chiapas, México, del cual ya no se esperaba este tipo de movimientos y menos netamente indígenas. Los zapatistas se levantan entonces bajo consignas de reclamo por la dignidad y los derechos humanos: vivienda, trabajo, salud, educación y la democracia que los gobiernos  abandonan en manos de las transnacionales. Desde 1994 al año 2000 los zapatistas marcaron la agenda política mexicana pero también la de otros muchos países del continente. La traición que vivieron los indígenas zapatistas en el proceso de negociación con el gobierno mexicano los llevó a profundizar por la vía de los hechos la autonomía de sus territorios para defenderlas de las grandes inversiones de mega proyectos. Es entones que los zapatistas lanzan la invitación a la sociedad civil a la movilización que coincide con otros procesos fundamentales de lucha global contra la acumulación incesante de capital. La lucha del movimiento internacional contra la Organización Mundial del Comercio (OMC) en Seattle en 1999 y el nacimiento del Foro Social Mundial en 2001.

EL CAMINO

En este contexto Berta se sumó activamente en la fundación, junto con otras muchas organizaciones indígenas, campesinas y sociales, de la Convergencia de Movimientos de las Américas (COMPA) en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, como un movimiento anticapitalista y con la derrota del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) como uno de los principales objetivos del movimiento, sumándonos así a la agenda continental, ya que el gobierno de Estados Unidos pretendía extender al NAFTA para toda la América Latina luego de la derrota de la OMC. Año con año estaba presente en Cuba en el Encuentro Hemisférico de Lucha contra el ALCA o en otro país festejando el avance de la derrota del mayor acuerdo comercial que se pretendía imponer a los pueblos del continente. En Canadá marchó por las calles contra el ALCA en medio de mucha represión y gases lacrimógenos. Berta era incansable en su actitud de resistencia.

Berta estuvo presente en Jubileo Sur en demanda de la anulación de la Deuda Externa y desde el movimiento del Grito de los Excluídos. También vio nacer en Chiapas la Semana por la Diversidad Biológica y Cultural que luego se celebró en el territorio lenca. Esa misma dinámica se repitió con la fundación del Movimiento Mesoamericano contra el Plan Puebla Panamá, y del Encuentro Hemisférico contra la Militarización en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Durante el encuentro contra la militarización en Honduras junto con el COPINH no dejaron de protestar frente a la base militar norteamericana de Palmerola. También participaron en el fundación del Movimiento Mesoamericano contra las Represas que luego se fortaleció en la Red Latinoamericana contra las Represas (REDLAR) y luego en el Movimiento de Afectados por las Represas (MAR) de América Latina. Luego se sumó a la fundación del Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero (M4). Sin embargo, los pasos de Berta y el COPINH no se quedan aquí, se extiende su presencia en muchos otros movimientos y redes, también feministas y patriarcales.

La lucha de Berta Cáceres es la lucha del COPINH. Y la lucha del COPINH y de los movimientos en América Latina y El Caribe forman parte de la lucha de Berta quienes también la formaron, la sembraron y le dieron vida. Su pensamiento y análisis del sistema y de la estructura capitalista le permitía ver más allá y enlazarse con otras luchas anti sistémicas y anti patriarcales. La lucha de Berta por la defensa del territorio ha llegado a que, junto con el COPINH, sus movilizaciones de resistencia en Honduras han sido de las más impactantes para el sistema. Las grandes familias, gobiernos y otros intereses se abocaron entonces a tratar de minar la lucha de la organización y de Berta misma. Además de represión, asesinatos, amenazas de todo tipo sufridas por el COPINH pero también por otros movimientos sociales de lucha en Honduras, Berta sufrió varios intentos de asesinato. El proceso de resistencia activa del COPINH y de Berta se fue agudizando y confrontándose con el gobierno golpista en 2009 y durante los siguientes años.

Durante la década de 1990 y la primera del presente siglo, en este proceso del aceleramiento de la acumulación del capital, el modelo económico neoliberal empezó a transitar a lo que denominamos el modelo Corporación Nación donde las grandes corporaciones se afianzan en las estructuras del Estado e imponen sus reglas a nivel mundial. Se adueñan de grandes territorios, imponen sus intereses bajo los esquemas de los tratados de libre comercio y generan leyes supranacionales eliminando la soberanía de los pueblos. Esto es lo que actualmente el movimiento social mundial llama la “apropiación corporativa”. El gran capital inicia así otra etapa de extractivismo con megaproyectos como minería, represas, parques eólicos; monocultivos forestales de palma, teca, pino, eucalipto, entre otros; monocultivos agrícolas como la soja, la piña o maíz por mencionar solo algunos; ciudades modelo o Zonas Económicas Especiales en el caso de México; grandes supercarreteras, proyectos turísticos de élite, canales secos, granjas camaronícolas: oleoductos, gasoductos, petróleo, fracking; parques industriales, puertos, aeropuertos y todo tipo de infraestructura que les permita una rápida y rentable apropiación de la riqueza generando economías de enclave. También incluye la economía verde, la venta de créditos de carbono y los proyectos de Reducción de Emisiones por Degradación y Deforestación (REDD+) como el que pretenden llevar a cabo entre el gobierno de California de Estados Unidos y el gobierno de Chiapas y Acre en Brasil. Tanto Berta como el COPINH lograron entender el conjunto de estos megaproyectos para incluirlo en un análisis en torno a la resistencia y defensa de los territorios.

Así, a inicios de la década del 2000 los pueblos en América Latina optaron por modificar sus preferencias electorales y salen a la búsqueda de gobiernos de izquierda, o supuesta izquierda para otros que, tarde o temprano, terminarían sucumbiendo ante la presión del capital y no diferenciando sus políticas extractivistas de los gobiernos de derecha. Por su lado, el movimiento social se ve enfrentado en muchos temas de inflexión a las que tiene que dar respuesta como el tema de su identidad; la relación con los partidos o gobiernos de izquierda, con los movimientos armados ahora convertidos en partidos políticos; o sus alianzas con otros movimientos. También el movimiento social en América Latina se cuestiona sobre la mejor estrategia para enfrentar la disputa por los territorios con las corporaciones. La resistencia activa empieza a desgastar a algunos movimientos y la persecución a los defensores y defensoras de los derechos humanos se agudiza hasta aumentar considerablemente los asesinatos de lideresas y de lideres que ponen trabas al avance de la acumulación de la riqueza por parte de las corporaciones. En este contexto, el COPINH y Berta se encuentran sumergidos en estos dilemas en medio de la lucha frontal contra los intereses de las grandes corporaciones y las familias más ricas del país apoderadas de las estructuras del estado, que arrasan con territorios y pueblos indígenas, asesinando y desplazando comunidades enteras. Este es un ejemplo de cómo la clase empresarial se convierte en la clase política y como la clase política se convierte en clase empresarial. Empresarios que llegan al poder o políticos que se convierten en empresarios en medio de tanta corrupción e impunidad institucionalizadas.

Berta y el COPINH tuvieron que lidiar con la presión que pretendía convertir al movimiento social en partido político como la única salida para cambiar la situación de injusticia en Honduras. Luego del golpe de Estado en 2009, la clase política-empresarial que arrebata el poder acelera la privatizaciones, las concesiones mineras y de represas entre otras políticas de ajuste estructural impuestas por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.  La lucha de Berta se intensificó y junto con el COPINH sufrieron fuertes persecuciones, violencia y otros asesinatos de miembros de su organización. A partir del 2013 fortalecen la resistencia contra la empresa hidroeléctrica DESA que pretende inundar grandes extensiones de territorio indígenas lenca y desplazar comunidades enteras en nombre del “desarrollo limpio”. En el proyecto hidroeléctrico de Agua Zarca, Berta y el COPINH constataron una vez más cómo no solo la gran oligarquía nacional, sino también las empresas transnacionales, los bancos de supuesto desarrollo y los gobiernos extranjeros que los sustentan, son cómplices y participes de los asesinatos y violación en  los derechos humanos por los cuantiosos recursos que destinan a estos mega proyectos que violan los derechos humanos de la población indígenas campesina y garífuna de Honduras.

DE LA RESISTENCIA AL ‘ALTERNATOS’

La organización Otros Mundos AC en Chiapas, México, consideró la necesidad de construir otras formas de vida con criterios diferentes al capital. Que la resistencia activa, si bien hay que hacerla y fortalecerla, también es urgente generar lo que denominó “Alter Natos”. Este concepto le significó mucho a Berta, por lo que el COPINH y Otros Mundos Chiapas se lanzaron a explorar un “Alter Natos” energético, contrario al modelo de supuesto “desarrollo sustentable” que proponen las grandes corporaciones y los gobiernos. Buscar otras formas de generar energía sustentable y autónoma desde la cosmovisión indígena y en particular desde la perspectiva lenca. Sin embargo, buscar salirse del sistema, es lo que tampoco toleró el sistema mismo. Y después de varios intentos, al fin le dieron muerte minutos antes de la medianoche del 2 de marzo de 2016.

Con el asesinato de Berta Cáceres, una vez más constatamos que ni los premios internacionales como el premio Goldman con el que a ella la galardonaron un año antes de su homicidio, ni las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), son garantía para el respeto a la vida frente a la ambición del extractivismo en América Latina, donde no hay prácticamente país en que pueblos y comunidades no estén amenazados por la defensa de la tierra y de los territorios frente a las corporaciones que ahora pretenden fortalecer los mecanismos de acumulación y extracción con nuevas versiones de Tratados de Libre Comercio, por lo que se prevé en el Continente que la ola de persecuciones contra colectivos defensores de los derechos humanos se agudizará, sobre todo porque no solo es la defensa de los territorios indígenas y campesinos, sino también los territorios urbanos afectados por obras de infraestructura urbana y suburbana que merman la salud, el acceso al agua potable, al libre tránsito, al medio ambiente sano de los pobladores urbanos quienes también salen a la calle a exigir que el agua no sea contaminada o para no ser despojados de sus tierras y viviendas.

Fruto de esta disputa por los territorios y por la lucha en defensa de los derechos humanos, las empresas trasnacionales han robado el discurso y reclaman también que sus intereses sean reconocidos como “derechos humanos”. Esta posición absurda de que el negocio tenga derechos humanos es sumamente peligroso. Los movimientos sociales a nivel mundial han reclamado desde hace décadas que sea reconocido que las empresas también violan los derechos humanos de la población, sobre todo en esta ultima oleada de privatizaciones donde tienen en sus manos el agua, la alimentación, la salud, la educación, las semillas y los territorios entre otros factores que garantizan los derechos humanos. En su defensa, las empresas reclaman también ser sujetos de derechos humanos. La lucha ha llegado al grado en que las Naciones Unidas tenga que elaborar un acuerdo vinculante en materia de empresas y derechos humanos.

Si alrededor de la década de 1970, el gobierno de Estados Unidos pudo imponer sus intereses en América Latina promoviendo golpes militares con la ayuda de los militares formados en la Escuela de las Américas de tal modo que aceleraran las políticas de Washington, actualmente estamos viendo el arribo de nuevos golpes de Estado, de gobiernos “democráticos” de derecha desplazando a los supuestos gobiernos de izquierda con el fin de afianzar los intereses de las grandes corporaciones. Los empresarios y el poder de las trasnacionales se afianzan en las estructuras del estado. Y esto no es privativo de América Latina; también se observa en los países llamados desarrollados. Así, las pretensiones de derrocar gobiernos que amenazan los intereses del gran capital se siguen asomando en Brasil, Argentina, Ecuador, Cuba, Venezuela, Bolivia, Honduras o Haití. Y esto, Berta y el COPINH lo han tenido claro de tal forma que lo tradujeron en acciones solidarias con otros movimientos continentales por defender la soberanía de los pueblos.

DESPERTEMOS, HUMANIDAD, YA NO HAY TIEMPO

Hoy por hoy, la lucha por la defensa de la vida no es individual ni local. La defensa de los territorios tiene un impacto global. La afectación a los territorios fruto del extractivismo acelerado en la región manifiesta sus impactos en el cambio climático, la deforestación, la pobreza, la migración, entre otros de alcance y afectación más allá de nuestros respectivos países. Por ello, no hay lucha ambiental ni ecológica que no implique una lucha contra el capitalismo; y quien quiera luchar contra el capitalismo depredador no pude obviar la lucha ambiental a favor del planeta y un mundo donde quepan todos los mundos.

¿Y la Academia? Esta lucha por un mundo mejor no puede ser exclusiva de los pueblos afectados directamente, sino también del sector académico que debe poner sus recursos al servicio y en beneficio de este proceso de reinventar otro mundo distinto. Y con mayor razón cuando muchos de estos recursos siguen siendo públicos. Muchos son los académicos que juegan un compromiso con estas luchas y se vinculan con los movimientos. Pero su ausencia todavía es muy profunda, sobre todo cuando son usados para facilitar el camino al proceso del extractivismo, de la acumulación; cuando el sector académico ha sido cooptado por los intereses cooperativos; cuando los dueños de la academia, de su voluntad y de sus conocimientos son exclusivos de los intereses de las corporaciones. Por ello, con este sector también dialogaba Berta.

No solo fue responsabilidad de Berta, ni lo es del COPINH actualmente, luchar contra este capitalismo voraz y depredador de la vida y del planeta. Es responsabilidad de cada quien desde la trinchera donde se encuentre. En los movimientos sociales debemos incluir en nuestra agenda la búsqueda de nuevas prácticas y realidades diferentes a la dinámica del capitalismo. Es urgente construir «Alter-Natos».

Hagamos eco del grito de Berta: «¡Despertemos, Humanidad, ya no hay tiempo!»

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La Corte Internacional de Justicia de la Haya resolvió el 9 de julio de 2004 que la construcción del Muro israelí en Cisjordania era violatoria a los derechos humanos; que la construcción de colonias israelíes en el territorio palestino también eran ilegales así como todo el sistema de infraestructura relacionado a ellas e incluso el mantenimiento de los mismos asentamientos.

De cualquier manera, Israel inició la construcción del muro un año después en 2005 a lo largo de 273 km para aislar a los campesinos palestinos de sus tierras, del agua, de sus fuentes de trabajo y acceso a servicios básicos como son la salud y la educación, violando sus derechos humanos. Es un muro de segregación, discriminación, división de familias y violencia contra el pueblo palestino. Es el muro donde se han dado fuertes enfrentamientos y conflictos; además de retenes y puestos militares donde los palestinos tienen que hacer largas colas humillantes para poder transitar por su propio territorio ocupado ilegalmente.

Para ello, en una relación estratégica entre el gobierno de Israel y CEMEX, la transnacional se beneficia de la venta de sus productos para la construcción del Muro israelí y de los puestos de control militar en Huwwara y Azzun-Atma. Así, CEMEX no solo viola los derechos humanos y comete crímenes de guerra, sino que también viola tratados internacionales en la materia así como resoluciones de Naciones Unidas (ONU) y tribunales internacionales. Y para más, viola sus propios principios, códigos éticos de conducta que, por ser voluntarias, la corporación no las aplica, de ahí la necesidad urgente de un Tratado Vinculante sobre Empresas y Derechos Humanos que estipule responsabilidades penales por violar los derechos humanos allende sus fronteras.

CEMEX vende el hormigón y cemento para la construcción de las colonias ilegales de ocupación y para el tren que une a estas colonias de Jerusalén con las de Cisjordania. Más del 60% de la superficie del suelo palestino de Cisjordania está controlada por Israel y ahí es donde se ubica la Zona C y las actividades de CEMEX. En esta zona la invasión con asentamientos ilegales llega a más de 300 mil colonos, además de otros 200 mil asentados en el este de Jerusalén también ocupado por Israel.

CEMEX cuenta con minas en colonias israelíes desde donde les suministra material para la construcción de los asentamientos ilegales en Cisjordania ocupada como son en Mevo Horon, Atarot y Mishor Edomim; o en los Altos del Golán. La transnacional opera bajo su filial Grupo Readymix Industries (Israel) Ltd. Por medio de ella es el principal productor y proveedor de materias primas para la industria de la construcción en Israel.

Sus plantas se extienden estratégicamente desde Kiryat-Shmona en el norte hasta Eilat en el sur y sus filiales, y representa más de un tercio de la producción de hormigón en Israel. CEMEX produce concreto premezclado, mezclas de mortero, agregados, mezclas químicas, mortero listo y cemento blanco. Además, su subsidiaria Lime & Stone, posee 50% de la cantera de Yatir, cerca de la ciudad palestina de Hebrón, también en Cisjordania, de donde es acusada de extraer materiales sinconsentimiento de los palestinos.

Por todo ello, la aseguradora de Noruega Kommunal Landspensjonskasse (KLP) ha excluido de sus inversiones a CEMEX por ser un actor que prolonga el conflicto y ser «cómplice» del expolio y de la ocupación israelí. Para KLP la actividad de CEMEX en estas tierras ocupadas «representa un riesgo inaceptable de violación de las normas éticas fundamentales». Esta decisión de KLP se basó en la IV Convención de Ginebra, de otras Resoluciones de la ONU así como de las Regulaciones de La Haya que estipulan que se permite la extracción de recursos naturales de una tierra ocupada si se produce al mismo nivel de antes de la ocupación, y que los beneficios de la extracción se canalicen a la población local o a minimizar los costos de la ocupación.

En 2010, la Asamblea General de la ONU expresó su preocupación por la explotación por parte de Israel «de recursos naturales palestinos» e instó a Israel a «no explotar, causar pérdidas o poner en peligro dichos recursos». Sin embargo, CEMEX continuó con su actividad extractivista. Luego, en 2013, la transnacional fue eliminada de la cartera de inversiones de Nordea, que es el mayor grupo de servicios financieros de la región Báltica, con sede en Estocolmo, por «violación de los derechos humanos y extracción de recursos no renovables de un territorio ocupado».

Pero también enfrenta Cemex otros conflictos como los problemas en 2017 con su proyecto minero de caliza en Maceo, Antioquia, Colombia, enturbiado de corrupción y fraude.

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El Escaramujo 62: Gestión Comunitaria de Bosques II    
El Escaramujo 61: Gestión Comunitaria de Bosques I

 

El Escaramujo 69: CEMEX, EL MONOPOLIO CEMENTERO

Los «Escaramujos» son documentos de análisis producidos por Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México. Les presentamos el último número de la colección, esperando les sirva para sus trabajos en defensa de los territorios. (Ver todos los números del Escaramujo)

 >> Descargar y leer el Escaramujo No. 69: CEMEX, EL MONOPOLIO CEMENTERO

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Cemex carga con conflictos mineros a lo largo de su historia, pero también campañas en su contra, acusaciones de tráfico de influencias, especulación de deuda y divisas y problemas diversos en muchos países. Cementos Mexicanos se ha convertido en una de las principales corporaciones transnacionales cementeras por debajo de Holcim (Suiza) – Lafargue (Francia) quienes se fusionaron en 2015 para convertirse en el puntero del emporio cementero en el mundo.

Desde su sede central en la Ciudad de Monterrey, estado de Nuevo León, México, Rogelio Zambrano Lozano, como Presidente del Consejo Directivo (nieto del fundador de CEMEX), dirige este emporio minero y cementero que se expande por muchos países del mundo, hasta en la construcción de los muros israelíes contra los palestinos.

Como corporación transnacional, CEMEX, S.A.B. de C.V. (Sociedad Anónima Bursátil de Capital Variable), o Cementos Mexicanos, o más conocida solo como CEMEX, ocupa el segundo lugar mundial en ventas de cemento y clinker, y es la principal empresa productora de concreto premezclado. El cemento es el material de construcción más utilizado en el mundo y es el ingrediente principal del concreto premezclado. Este fino polvo se obtiene de la calcinación a 1,450°C de la mezcla de arcilla, piedra caliza y mineral de hierro que da como resultado el clinker, principal ingrediente del cemento. Así dos condiciones son indispensables para esta transnacional: grandes cantidades de energía, y por otro lado la apropiación de grandes territorios con proyectos mineros.

CEMEX cuenta con 50 mil empleados en el mundo y con una capacidad de producción de aproximadamente 92.9 millones de toneladas anuales devastando miles de hectáreas con sus proyectos mineros. Genera alrededor de 15 millones de dólares de ventas netas en los últimos años, cantidad que supera el Producto Interno Bruto (PIB) anual de más de 60 países del mundo, sobre todo de la región africana.

La transnacional cuenta con 68 plantas de cemento, 2 mil instalaciones de concreto premezclado, 400 minas de canteras, 260 centros de distribución y 80 terminales marinas.CEMEX mantiene relaciones comerciales en aproximadamente 108 naciones y está presente en más de 50 países en América, Europa, África, Medio Oriente y Asia. Su presencia comercial se extiende a países como Alemania, Argentina, Austria, Bangladesh, China, Colombia, Costa Rica, Croacia, Egipto, El Salvador, Emiratos Árabes Unidos, España, Estados Unidos, Filipinas, Finlandia, Francia, Hungría, Irlanda, Indonesia, Israel, Jamaica, Letonia, Malasia, México, Nicaragua, Noruega, Países Bajos, Panamá, Perú, Polonia, Puerto Rico, Reino Unido, República Checa, República Dominicana, Rusia, Suecia, Suiza y Tailandia, entre otros países. Cuenta con subsidiarias en Puerto Rico, España, Estados Unidos, Australia, Singapur, Reino Unido y Holanda.

La industria cementera es una de las más contaminantes del mundo y cuyo impacto territorial es enorme. Pese a sus fuertes pasivos sociales y ambientales, intenta luchar por una imagen del cuidado del medio ambiente, industria verde, sustentable, que cuida y promueve la biodiversidad que aniquila con sus minas, y con un discurso de responsabilidad social corporativa.

Pese a todo ello ha recibido el reconocimiento «Wharton Infosys Business Transformation Award», por su uso creativo y eficiente de las tecnologías de la información (2004); el Premio de Negocios del Mundo del Programa de Desarrollo de la Organización de las Naciones Unidas (2006); el Premio «The Corporate Citizen of the Americas Award 2007» por parte de la Organización de los Estados Americanos (OEA), a través del «Trust for the Americas» (2007); el Premio de Negocios del Programa de Asentamientos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (UNhabitat) en la categoría de Soluciones Accesibles de Vivienda (2009).

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El Escaramujo 68: LA INICIATIVA DE REDUCCIÓN DE EMISIONES EN CHIAPAS (PARTE II)    
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El Escaramujo 67: La Iniciativa de Reducción de Emisiones en Chiapas (Parte I)

Los “Escaramujos” son documentos de análisis producidos por Otros Mundos A.C. Les presentamos el último número de la colección, esperando les sirva para sus trabajos en defensa de los territorios. (Ver todos los números del Escaramujo)  

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La estrategia de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación forestal (REDD +) es una iniciativa política internacional que surgió en 2005 dentro de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático (CMNUCC). Refuerza el discurso de mercantilización y financiarización de la naturaleza y los procesos ecológicos a partir de mercados internacionales de carbono; donde los países o industrias con obligaciones de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero pueden comprarle el derecho de emitir a países o comunidades que no tienen esta obligación (Furtado, 2016).

Estos últimos compensan – mas no mitigan – las emisiones mediante proyectos de reforestación o conservación de bosques principalmente a través de Pagos por Servicios Ambientales (PSA). A pesar de que estos mecanismos financieros han mostrado su incapacidad para reducir las emisiones, REDD+ impulsa la creación de Mercados Voluntarios de Carbono (MVC) a los que acceden “abiertamente” comunidades y organizaciones no gubernamentales (ONG) como vendedores y el sector privado como comprador, y los mercados de resultados principalmente para que los países con obligación de reducir emisiones compren “los excesos de créditos de carbono” de otros países.

Además de la ineficacia de estos mecanismos, la implementación de REDD+ en los territorios ha estado rodeada de denuncias y críticas desde movimientos sociales, ambientalistas y académicos que han visibilizado la exclusión, criminalización e instrumentalización de los pueblos indígenas y las comunidades dependientes de los bosques, la incidencia en conflictos territoriales y despojo de la tierra, la mercantilización de la conservación, el control sobre los procesos autonómicos comunitarios, y el limitado impacto de la lógica de compensación de emisiones que encubre las causas estructurales de la crisis climática y ambiental (Kill, 2015; Furtado, 2016).

Estos cuestionamientos han desencadenado la organización de comunidades rurales y pueblos indígenas que han planteado la necesidad de rediseñar la estrategia de acuerdo a sus intereses y se han declarado en oposición a REDD+, optando por gestionar sus 1 territorios de forma tradicional y autónoma .

México enREDDado

Pese a las denuncias, la demostrada incapacidad de REDD+ y otros mecanismos financieros para mitigar el cambio climático y la ausencia de un acuerdo político internacional sobre la estrategia, el gobierno mexicano, bajo pretexto de mostrar buena voluntad, viene creando la Estrategia Nacional REDD+ (ENAREDD+) desde el año 2010. Para tal fin tienen que transformar la política ambiental y de desarrollo rural sustentable, generar la integración de las entidades federales y la coordinación de las políticas y programas públicos agropecuarios, forestales y de otros usos del suelo.

A partir de los cambios y luego de asegurar el apoyo financiero y tecnológico de los países “desarrollados”, el gobierno mexicano se ha comprometido a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero un 30% para 2020 y un 50% para 2050, en relación a las emisiones del año 2000, y al tránsito hacia una tasa cero de perdida de dióxido de carbono (CO2) en los “ecosistemas originales” (CONAFOR, 2015). Estos compromisos deben entenderse como parte de un discurso político de “buena voluntad” ante el exterior que no es compatible con la realidad ambiental y los inexistentes avances en mitigación y reducción de gases de efecto invernadero. Entre 1990-2010, periodo de impulso de compromisos y acuerdos internacionales de cambio climático como el de Kioto, las emisiones nacionales en vez de reducirse se aumentaron un 33.4% (Sosa-Rodríguez, 2015).

La ENAREDD+ ha sido construida por una variedad de actores encabezados por tres instancias: la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) como entidad pública; los Comités Técnicos Consultivos (CTC-REDD+) constituidos por entidades públicas federales y estatales, organizaciones civiles nacionales e internacionales, organizaciones sociales, instituciones educativas y el sector privado. Así como la Alianza México-REDD+, una plataforma de ONG que incide en la política nacional, las agendas de investigación, los proyectos locales y la gestión de la financiación. La Alianza está conformada por The Nature Conservancy (TNC), Rainforest Alliance, Espacios Naturales y Desarrollo Sustentable (ENDESU) y The Woods Hole Research Center.

En materia financiera, entre 2009 y 2014 se realizaron acuerdos para REDD+ en México por cerca de 800 millones de dólares. El 42% proviene de recursos nacionales y el dinero restante procede de fondos públicos y privados multilaterales (Cuadro 1). La mayoría de los recursos por donaciones y endeudamientos que han asumido entidades federales y gobiernos estatales son administrados por la CONAFOR para fortalecer financieramente REDD+ y los PSA.

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El Escaramujo 68: La Iniciativa de Reducción de Emisiones en Chiapas

Los “Escaramujos” son documentos de análisis producidos por Otros Mundos A.C. Les presentamos el último número de la colección, esperando les sirva para sus trabajos en defensa de los territorios. (Ver todos los números del Escaramujo)  

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Comunidades campesinas e indígenas en el punto de mira

Distintas organizaciones sociales y ambientalistas, así como varios académicos, han denunciado los sesgos en los análisis sobre deforestación y degradación hechos por instituciones promotoras de los programas de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación forestal (REDD+) . El estudio de Dooley et al (2011) reveló cómo los 1 documentos nacionales de preparación a REDD+ en Perú, Panamá, Indonesia, el Congo y otros países terminaban culpando, sin pruebas contundentes , a los pequeños agricultores y 2 la agricultura de subsistencia como las principales causas de deforestación.

Por su parte, el Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales (en inglés World Rainforest Movement, WRM) y la organización española GRAIN señalan en una publicación del año 2015 (WRM y GRAIN, 2015) cómo en los proyectos REDD+ se planean medidas como la reducción y regulación del acceso a la tierra a los campesinos y pueblos indígenas bajo el argumento de que la agricultura en sistema roza, tumba y quema (RTQ) es la principal causa de deforestación y degradación por la práctica de tumba y quema para la rotación y descanso del suelo.

En la Iniciativa de Reducción de Emisiones (IRE), estos sesgos no son ajenos y de hecho se contrapone un discurso de desarrollo rural sustentable frente a las actividades y prácticas tradicionales de subsistencia. En todos los Programas de Inversión en Chiapas, se culpan particularmente actividades como la agricultura itinerante y la recolección de leña por la deforestación y degradación; y a la pobreza, la marginación y el crecimiento poblacional como sus causas subyacentes. Por ejemplo, el Programa de Inversión de la Selva Lacandona argumenta que los “bajos niveles de capital y trabajo promueven la realización de actividades agropecuarias tradicionales, lo cual genera deforestación y degradación.” (Comisión Nacional Forestal, CONAFOR, 2016a: 49).

Estos análisis resultan contradictorios porque en un segundo momento reconocen la existencia de una dinámica de sustitución y reducción en la superficie de las milpas que caminan y los altos costos para la producción de cultivos comerciales que difícilmente podrían asumir familias campesinas e indígenas. Por el otro lado plantean un discurso en el que definen a las comunidades que habitan y usan los bosques como las de mayor vulnerabilidad frente a los cambios ambientales globales y quienes tienen las mejores estrategias de gestión y gobernanza de los territorios y bosques (Holmgren, 2013). Es decir, las comunidades rurales y sus prácticas tradicionales pueden ser concebidas al mismo tiempo como criminales, vulnerables y como fuentes de experiencias exitosas de gestión de los bosques.

De hecho, muchos de los programas y proyectos gubernamentales o de organizaciones no gubernamentales (ONG) integran las estrategias de manejo comunitario de los bosques a mecanismos de valoración económica y a mayor escala geográfica que no tienen los mismos resultados por ser concebidos como recetas que dejan de lado la territorialidad, ancestralidad, los conocimientos locales y la autonomía.

En el caso de la IRE, su estrategia de reducción de la pobreza y deforestación integra un potente paquete de prácticas y actividades “climáticamente responsables” para promover el desarrollo sustentable. Algunas de ellas son los PSA, el ecoturismo, las UMA, el aprovechamiento forestal (no) maderable, las plantaciones dendroenergéticas y la agricultura de conservación o “climáticamente inteligente”. Esta última, que busca sustituir la agricultura itinerante, se encuentra íntimamente ligada al uso de paquetes tecnológicos (agrotóxicos, tecnificación y uso de variedades hibridas) (WRM y GRAIN, 2015: 37).

Las actividades y programas planteados en la IRE suponen la entrada de un nuevo modelo de desarrollo que en principio no es consultado con las comunidades, criminaliza y busca sustituir las prácticas tradicionales de subsistencia de campesinos e indígenas. Además, por añadidura desarrolla un mercado para que las actividades se lleven a cabo con el uso de paquetes tecnológicos que una vez más generan dependencia de insumos externos y la pervivencia de negocios locales de venta de agrotóxicos.

Es importante recalcar que el hecho de culpar a los pobres de la deforestación y la degradación termina escondiendo que estos fenómenos son causados principalmente por las presiones económicas impuestas fuera de los territorios y de los bosques. La crisis climática y ambiental a nivel global es consecuencia del sistema económico e industrial encubierto por iniciativas que, como REDD+, están destinadas al fracaso por no plantear alternativas contra las verdaderas causas del cambio climático. Al contrario, sirven como medio para la compensación – no mitigación – de los países del Norte global y del sector industrial extractivo y el fortalecimiento del sector financiero .

Si bien los Programas de Inversión de la IRE-Chiapas identifican a las políticas y programas gubernamentales agropecuarios como promotores de deforestación y degradación; los intereses de los mercados e industrias agropecuarias pocas veces son tenidos en cuenta. Su ausencia de los diagnósticos y las estrategias que reduzcan la problemática forestal es uno de los factores que permite predecir su fracaso. Esto porque fenómenos como la ganadería extensiva, la certificación de madera bajo sellos verdes como las realizadas por la Rainforest Alliance, la expansión de palma africana y la conversión de cafetales de sombra a sol, la cual implica deforestación y mayor uso de agrotóxicos (y está siendo acaparada por empresas como Nestlé y Starbucks) están determinados por los intereses de grandes empresas y coyotes verdes, y no por las necesidades e intereses de campesinos e indígenas.

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El Escaramujo 66: LAS ZONAS ECONOMICAS ESPECIALES 2

 Chiapas, Guerrero, Michoacán, Oaxaca y Veracruz
(Segunda Parte y última)

Gustavo Castro Soto

  Otros Mundos, A.C.
San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México

  18 de abril de 2016

LEER PDF COMPLETO: El Escaramujo 66: LAS ZONAS ECONOMICAS ESPECIALES Chiapas, Guerrero, Michoacán, Oaxaca y Veracruz (Segunda Parte y última) (8 págs. -PDF 412Kb)

La Ley de las Zonas Económicas Especiales en México

Con esta ley “Se crea la Comisión Federal Reguladora de las Zonas Económicas Especiales, órgano desconcentrado de la Secretaría de Economía, con autonomía técnica y operativa, con las facultades de autorizar, regular y promover el desarrollo eficiente de las Zonas y de supervisión de sus operadores.”

“El Operador es el ente de carácter público o privado autorizado por la Comisión para el desarrollo, operación y mantenimiento de una Zona”. Y los Usuarios son “Las personas físicas o morales, nacionales o extranjeras, con actividad empresarial, a las que en términos de la presente Ley les es permitido el establecimiento dentro de una Zona”. Es Usuario Indirecto aquella persona física o moral con actividades empresariales, nacional o extranjera, que habiten la Zona en forma temporal o permanente, que opera en una Zona mediante contrato celebrado con un usuario directo, utilizando o aprovechando sus instalaciones con los beneficios y obligaciones que establece la presente Ley. Los Usuarios tendrán la alternativa de pagar el arancel que más les favorezca al momento de la importación”.

Zona Económica Estratégica es el “Área geográfica del territorio nacional con un régimen diferenciado al resto del país, donde los operadores se especializan en la producción y comercialización de bienes y servicios para la exportación o reexportación, que tiene por objetivo atraer inversiones extranjeras y nacionales, y detonar el desarrollo económico en la región. Para los efectos de esta Ley pueden constituirse como Centros Financieros Internacionales, Centros Logísticos Internacionales, Centros de Población Sustentables, Ciudades, Distritos Especiales de Inversión, Zonas sujetas a un Sistema Jurídico Especial, Zonas Turísticas, Zonas Mineras o cualquier otro régimen especial no señalado en el presente artículo o que incluya una combinación de varios de estos regímenes para procurar el desarrollo de las inversiones bajo modelos incluyentes.”

Las características de las Zonas Económicas Especiales.

La Ley contempla todo tipo de facilidades y crea un especie de país dentro del país:

    1) Libre convertibilidad cambiaria: “los medios de pago que circulen dentro de estas deben ser libremente convertibles; los mercados de divisas, oro, valores futuros, mercancías y similares pueden existir libremente. Las Zonas deben salvaguardar la libre circulación de capitales dentro, hacia dentro y hacia fuera de su jurisdicción. Así como para establecer controles que limiten el uso de medios de pago físicos dentro de su jurisdicción e incluso tener su política monetaria interna, según sea el caso.”

    2) Libre comercio y competencia: “que garantice la libre circulación de bienes, activos intangibles, servicios, tecnología, inversión y capital humano. Se garantiza la libre entrada de naves marítimas y aéreas a las Zonas. La regulación de la navegación marítima y aérea, así como el control de los puertos y aeropuertos en la jurisdicción de las Zonas estará bajo su responsabilidad, pudiendo establecer las cuotas que estas consideren adecuadas, por parte de la Comisión.”

    3) Tribunales autónomos e independientes: “Las Zonas contarán con tribunales autónomos e independientes con competencia exclusiva sobre las mismas, los que pueden adoptar sistemas o jurisprudencia jurídicas conforme a las mejores prácticas internacionales. Los actos y contratos que se celebren o emitan dentro de las Zonas tienen plena vigencia en el resto del país y en el extranjero de conformidad a los acuerdos de reciprocidad y el derecho internacional. Las Zonas deben crear un entorno económico y legal adecuado para situarse como centros de inversión internacional y nacional. Tienen capacidad de adoptar a través de su normatividad interna, las mejores prácticas internacionales con el propósito de atraer la inversión productiva y capital humano calificado.”

    4) Propiedades privadas a las empresas extranjeras: aduciendo que no habrá discriminación dentro de la Zona, “En concordancia con el estándar de trato nacional que establecen los convenios y tratados internacionales en la materia celebrados por el Estado Mexicano o al principio de reciprocidad, dentro del territorio de las Zonas se debe permitir a terceros tener la propiedad, uso y tenencia de la tierra que ocupen sin discriminación en razón de su origen o nacional.”

    5) Con jerarquía normativa: “La jerarquía normativa aplicable en las Zonas será la siguiente: a) La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; b) Tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano en lo que sean aplicables; c) La Ley de Zonas Económicas Especiales; d) Las leyes reglamentarias en materia de política industrial y competitividad; e) Las disposiciones reglamentarias al interior de las Zonas.” Obviamente la Constitución ha sido modificada de tal manera que entrega la soberanía nacional a los intereses privados.

    6) Cualquier terreno puede ser Zona: “Son consideradas Zonas aquellos centros de población, municipios o regiones conformadas por uno, dos o más municipios de una o más Entidades federativas, siempre que lo soliciten y se sometan al proceso establecido en la presente Ley. Cada área delimitada como Zonas podrá ser explotada por un organismo público o privado debidamente autorizado, en calidad de Operador.”

    7) Para todo tipo de actividades: “En las Zonas se pueden crear con el objetivo de desarrollar una actividad específica de la economía como centros logísticos internacionales, Centros de Población Sustentables, Zonas Especiales de Inversión, Zonas Turísticas Especiales, Zonas Mineras Sociales, Centros Financieros Internacionales, transferencia y desagregación de tecnología e innovación o cualquier otro régimen especial no señalado en el presente artículo o que incluya una combinación de varios de estos regímenes para procurar el desarrollo de las inversiones bajo modelos integradores.”

    8) Las Empresas influyen en el Poder Judicial: como miembros en el 40% de la Comisión Reguladora, proponen al “Consejo de la Judicatura, un listado de diez personas para ocupar el cargo de magistrado de la Jurisdicción Especial de las Zonas.

    9) Preferencias arancelarias: “Una Zona no es territorio aduanal. Las leyes vigentes, relacionadas con la importación y exportación de mercancías, no son aplicables a las mercancías introducidas a una Zona, independientemente de su procedencia.

    10) Para todo tipo de negocios: “En las Zonas se desarrollarán actividades relacionadas con todos los sectores de la economía, prioritariamente las relacionadas con: I. La compra, venta, importación, exportación, depósito, almacenamiento, refinación, purificación, mezcla, ensamble, transformación y demás actividades relacionadas con las mercancías, materias primas e insumos, de procedencia nacional o extranjera, con excepción de aquellas para las que las Leyes y las disposiciones reglamentarias prevean un tratamiento especial, en cuyo caso prevalecerán las normas previstas en la norma especial; II. La construcción de infraestructura y servicios; III. La actividad financiera, y IV. Los relacionados con servicios de esparcimiento y recreación propios de centros poblacionales.” “En estas zonas se podrá realizar todo tipo de emprendimientos y proyectos de desarrollo tecnológico, innovación electrónica, biodiversidad, mejoramiento ambiental sustentable o energético.”

    11) El poder de las Empresas: La Comisión Reguladora está compuesta en un 40% por la iniciativa privada11, y está facultada para autorizar las entidades públicas o privadas que se establezcan dentro de la ZEE; proponen al Ejecutivo Federal el establecimiento y ampliaciones de las ZEE; emiten las reglas y proponen los lineamientos generales y políticas; suspender o revocar la autorización a un Operador en la ZEE; imponen sanciones por infracciones legales, reglamentarias o administrativas; emiten opiniones sobre asuntos internacionales “en el ámbito de su competencia”; celebran convenios de coordinación con los Operadores de Zonas; y se coordinan “con dependencias y entidades de la administración pública federal, estatal y municipal, u otros organismos públicos o privados”; pueden excluir “cualquier mercancía ingresada a la Zona o prohibir cualquier proceso o tratamiento que, a su juicio y con base en los argumentos que sustente, sea perjudicial a la salud o a la seguridad nacional”.12 Las Entidades Federativas y Ayuntamientos pueden solicitar el establecimiento de una Zona dentro de los límites territoriales de su Estado. La superficie total de una Zona, aunque comprenda un centro de población, una conurbación o una zona metropolitana, siempre debe ser superior a 1,000 hectáreas,…

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El Escaramujo 65: LAS ZONAS ECONOMICAS ESPECIALES

 Chiapas, Guerrero, Michoacán, Oaxaca y Veracruz
(Primera Parte)

Gustavo Castro Soto

  Otros Mundos, A.C.
San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México

  15 de abril 2016

LEER PDF COMPLETO: El Escaramujo 65: LAS ZONAS ECONOMICAS ESPECIALES Chiapas, Guerrero, Michoacán, Oaxaca y Veracruz (Primera Parte) (7 págs. -PDF 590Kb)

Las Zonas Económicas Especiales (ZEE) serán como un país dentro de México, arrebatando territorios y recursos a los pueblos, con un régimen autonómico jurídico, presupuestal, fiscal, aduanal y de justicia diferenciado del resto de país. Con autonomía en un espacio territorial inmenso, con el fin de fortalecer a las grandes empresas en sus negocios y mercados destinaos a Asía Pacífico, a China, India y otros mercados estratégicos. Del mismo modo, le facilita a Estados Unidos la plataforma de salida a este mercado. Las ZEE tendrán sistemas administrativos simplificados, incentivos fiscales, y para dar valor agregado a sus mercancías tendrán todo tipo de servicios como logística, tecnología, conectividad, energía, agua, puertos, etc.

El modelo extractivista se profundiza por medio de facilitar las plataformas de salida para los minerales, el petroleo, el gas, la madera, los vehículos, maquilas, entre otros productos de agroexportación. Así, en esta lógica de la acumulación de capital y el poder corporativo se cimienta mas profundamente el Modelo Corporación Nación.

“Una Zona Económica Especial (ZEE) es un área delimitada geográficamente; ubicada en un sitio con ventajas naturales y logísticas para convertirse en una región altamente productiva.” El objetivo es ofrecer un “entorno de negocios excepcional para atraer la inversiones” y para lo cual se les ofrecerán a las grandes corporaciones todo un paraíso fiscal y de autonomía empresarial.

Con las ZEE se agudiza la presión por la disputa y el arrebato de las tierras campesinas y los territorios indígenas, pero del mismo modo se acelerará la deforestación y otras afectaciones ambientales en torno a lagunas costeras, manglares, bosques, ríos y otros cuerpos de agua. Los pasivos sociales serán aún más graves por la pobreza, el despojo de tierras, y todas las obras asociadas a la construcción de estos tres megaproyectos que impactarán directamente en los estados de Michoacán, Oaxaca, Veracruz y Chiapas. Las ZEE implicarán un gigantesco consumo de energía, agua y territorios. Se acelerarán los proyectos de carreteras, presas hidroeléctricas, oleoductos, gasoductos, acaparamiento de agua; extracción de minerales, petróleo, gas, monocultivos, madera y de los grandes agronegocios, entre otros. Sin embargo, el gobierno mexicano asegura que con las ZEE se “impulsarán el crecimiento económico sostenible, sustentable y equilibrado de las regiones del país con mayores rezagos lo cual permitirá cerrar brechas de desigualdad”, como si dicha infraestructura estuviera para favorecer la producción campesina e indígena. Del mismo modo el gobierno mexicano se endeudará para la construcción de las ZEE, donde las empresas no pagarán aranceles ni impuestos, que mermarán los ingresos federales agudizado ya por la falta de ingresos de la venta de hidrocarburos, ganancia que el gobierno ha cedido a los grandes consorcios petroleros.

Y por cierto, el crimen organizado, ¿dónde queda en medio de todo esto? ¿Qué influencia podrá tener en las ZEE? ¿Y el lavado de dinero? ¿Y el uso de tales territorios liberados para los grandes negocios?

(…)

Las tres Zonas Económicas Especiales en México

Los tres gigantescos megaproyectos o plataformas de infraestructura con el fin de agilizar el comercio transnacional y el extractivismo del país, impactarán de manera directa a los estados de Chiapas, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y el sur de Veracruz. Las tres ZEE involucrarán directamente cuatro puertos en tres entidades del país, pero también tendrá impacto sobre el resto del territorio nacional. Esta iniciativa tuvo la asesoría del Banco Mundial (BM), pero también tendrán como aliados al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y a la Universidad de Harvard.

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El Escaramujo 64: Gestión Comunitaria de Bosques IV

 Elementos para su defensa y fortalecimiento
(Cuarta Parte, y última)

  Claudia Ramos Guillén

  Otros Mundos, A.C.
San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México

  26 de febrero 2016

LEER PDF COMPLETO: El Escaramujo 64: Gestión Comunitaria de Bosques. Elementos para su defensa y fortalecimiento (Cuarta y Última Parte) (10 págs. -PDF 416Kb)

La experiencia habla: los esquemas fallidos

Para dejar más claro de qué manera ciertos programas de conservación, lejos de fortalecer la gestión comunitaria de bosques, la debilitan, compartimos a continuación algunos ejemplos de esquemas fallidos a fin de ayudar a una mejor toma de decisiones. Mucho se ha hablado de que Chiapas por su enorme experiencia en Pagos por Servicios Ambientales (PSA) es el terreno idóneo para la puesta en marcha de REDD+.

Sin embargo, estudios realizados sobre los proyectos PSA (Mcaffe, K. 2012) indican que estos programas no ayudaron en la reducción de la pobreza; además de evidenciarse la creación de nuevas élites de terratenientes verdes (personas que tienen acceso a mayor extensión de tierra y  que con buenas conexiones pueden influir en tribunales, la policía, militares, etc. y eluden al final las restricciones ambientales impuestas para la conservación).

En muchos de los casos de PSA analizados en Chiapas, y otros países como Guatemala y Nicaragua no se cubren ni siquiera las expectativas de ingresos de manera local en las comunidades en donde se desarrollan los proyectos.

También se ha demostrado que, cuando los valores no monetarios e incentivos colectivos apoyan la distribución equitativa de los derechos de uso de la tierra y suelo, se limitan las prácticas destructivas del ambiente, pero el pago por desempeño reemplaza estas prácticas colectivas de cuidado del bosque por estrategias individualistas y de corto plazo. Destruyendo así procesos de comunalidad, el servicio a la comunidad no remunerado y la toma local de decisiones. 

Así mismo, los mecanismos PSA abren grandes interrogantes acerca de cómo se miden los beneficios obtenidos en ellos y existe una gran ambigüedad en las metodologías para medir sus impactos. Además ¿cómo se asegura que las zonas aledañas que no estén bajo este esquema no sean sobreexplotadas? un caso concreto lo tenemos en la región de la Reserva de la Biosfera Montes Azules, en Chiapas, en donde el polígono de la “reserva” está rodeando de grandes zonas de explotación de monocultivos de palma africana, así como de ganadería extensiva, mucha de ella realizada con incentivos económicos por parte del gobierno. Se crean así islas de conservación en las que tenemos un área conservada intocable rodeada de un área sobreexplotada y con proliferación de monocultivos con alto uso de insumos externos y que muchas veces son avaladas  por las mismas certificadoras  que pretenden garantizar el manejo sustentable del bosque (p. ej. Los procesos de certificación de Rainforest Alliance).

Un ejemplo concreto respecto a REDD es el del proyecto Scolel Té implementado por la Agencia de Cooperación del gobierno británico a través de la ONG AMBIO con recursos del Fondo Bioclimático, en el cual participan otras instancias y organizaciones vinculadas al mercado de carbono a nivel mundial.  Scolel Té es uno de los primeros proyectos de compensación de carbono forestal (desde 1996) y cubre una superficie de 7 606 hectáreas en diferentes regiones de Chiapas, principalmente en las zonas de amortiguamiento de ANP en la Selva Lacandona y la Sierra Madre.

Según sus propios promotores es una iniciativa de sistema de gestión comunitaria de carbono, que incluye la reforestación, la agroforestería, la conservación y la restauración del bosque. Sus bonos de carbono han sido vendidos tanto a empresas paraestatales como PEMEX, organizaciones internacionales como Save the Planet, o fundaciones como la Federación Internacional del Automóvil.

Lo que realmente ha sucedido con este proyecto es que, ya que el objetivo principal es la plantación de árboles en tierras que estén en manos privadas y solamente durante los primeros 5 años en los que los árboles crecen, el principal interés económico para los beneficiarios es la futura venta de madera. Bajo este esquema, los agricultores se comprometen a mantener las plantaciones de árboles por cuatro rotaciones de 25 años, ateniéndose a las especulaciones del mercado; y en consecuencia han abandonado el ritmo de los anteriores ciclos de rotación de cultivos (de 5 a 7 años) que permitían una seguridad alimentaria. Algunas investigaciones han documentado además que la implementación de REDD+ ha incidido en el surgimiento de nuevos conflictos por la tierra y a generar temor entre la población que habita ANP debido a la creación de la “policía ambiental” que este mecanismo ha implicado.

Podemos ver que estos programas, gestados desde una visión ajena del bosque y del campo, no se adaptan a la realidad de los pueblos ni siquiera buscan el bienestar de estos. Más bien son programas que buscan el mantenimiento de un sistema extractivista, para que se pueda seguir justificando la producción de bienes a toda costa y la acumulación de capital por parte de unos pocos entramados corporativos. Al mismo tiempo, estos programas dejan al campesinado y pueblos originarios en una situación de esclavos asalariados en sus propias tierras, encadenados a través de contratos y criminalizados cuando deciden volver a tratar la tierra como antes lo hacían sus abuelos y abuelas, y retomar el control sobre los bienes comunes.

Ejemplos de gestión comunitaria de bosques en México

Ixtlán de Juárez Oaxaca

En el Estado de Oaxaca, la comunidad de Ixtlán de Juárez representa unos de los casos de éxito, en lo que se considera  modelo de gestión comunitaria sustentable. Este modelo se basa en tres pilares: comunalidad, cosmovisión y la capacidad de gestionar los modelos forestales. Este modelo es principalmente forestal y fue construido hace aproximadamente 60 años. Siempre con errores y aciertos.

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El Escaramujo 63: Gestión Comunitaria de Bosques III

 Elementos para su defensa y fortalecimiento
(Tercera Parte)

  Claudia Ramos Guillén

  Otros Mundos, A.C.
San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México

  22 de febrero 2016

LEER PDF COMPLETO: El Escaramujo 63: Gestión Comunitaria de Bosques. Elementos para su defensa y fortalecimiento (Tercera Parte) (7 págs. -PDF 403Kb)

Una cuestión de derechos: Marco Legal

Muchas veces, las comunidades indígenas y/o campesinas que llevan a cabo el manejo y/o la gestión de bosques desconocen los derechos que poseen para defender sus prácticas y sus territorios frente a amenazas de despojo de cualquier tipo; ya sea despojo de recursos, de saberes, de formas organizativas o de los territorios mismos. A continuación presentamos una serie de tratados internacionales y leyes nacionales que pueden servir durante un proceso de defensa de la tierra y el territorio a través de la gestión y manejo de los bienes comunes naturales.

Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 1º. Todas las autoridades (gentes del gobierno, jueces y diputados que hacen leyes) tienen la obligación de promover y respetar los derechos humanos puestos en la Constitución federal o en los convenios internacionales. Los derechos humanos también podrán disminuirse pero solo en los casos y modos en que la propia Constitución federal lo diga.

Artículo 2º. Indígena es la persona o el pueblo que: 1) viene de la gente que vivía en México antes de la conquista de los españoles (hace unos 500 años); 2) que todavía conserva algunas costumbres de esos tiempos y, 3) que, además, tiene claro que es indígena. Comunidades indígenas son las que tienen su tierra y autoridades propias nombradas según su costumbre.

A. Los pueblos y las comunidades indígenas tendrán derecho a la autonomía (también llamada libre autodeterminación) para:

Hacer uso y disfrute colectivo preferente de los recursos naturales de los lugares que habitan, menos en tres casos 1) Cuando esos recursos corresponden a las áreas estratégicas (señaladas en el artículo 28 como son el petróleo o los minerales radioactivos, por ejemplo el uranio), y también 2a) cuando hayan dado derechos sobre la tierra a gente de fuera de la comunidad (derechos a terceros) o 2b) a gente de la propia comunidad (como el caso del PROCEDE1 o FANAR2).

B. Para conseguir el desarrollo de los pueblos y las comunidades indígenas y que se cumplan sus derechos, la federación, los estados y los municipios, junto con pueblos y comunidades indígenas, crearán y manejarán las instituciones y las políticas que sean necesarias.

Artículo 27º. La Nación (representada por el gobierno pero con base en una ley) podrá imponer en cualquier tiempo a la propiedad (privada o colectiva) las medidas que considere necesarias para proteger el interés general de la sociedad. Como por ejemplo, establecer usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques…para conservar y recuperar la ecología…o para evitar la destrucción de la naturaleza. Pero teniendo en cuenta los derechos humanos de los campesinos y las comunidades indígenas establecidos en la propia constitución y en los convenios internacionales como el 169º de la OIT.

VII. La ley dirá cómo se puede hacer el aprovechamiento de tierras, bosques y aguas de uso común de los ejidos y comunidades pero con respeto y apoyo a su vida comunitaria.

La ley dirá cómo las comunidades y los ejidos podrán hacer uso de los derechos sobre la tierra y sus recursos productivos pero esta palabra la dirá la ley con respeto a la voluntad de los campesinos para elegir las maneras que más les convengan a ellos.

Convenio Sobre Pueblos Indígenas y Tribales (conocido como Convenio 169º de la Organización Internacional del Trabajo OIT)

Artículo 6.– Los gobiernos deben consultar a los pueblos cada vez que hagan leyes o lleven programas, proyectos o lo que sea que les afecte o pueda afectarles sus tierras, sus recursos o sus costumbres. Las consultas tendrán como objetivo lograr un acuerdo con esos pueblos.

Artículo 7.– Los gobiernos deberán tomar medidas, en cooperación con los pueblos, para proteger el medio ambiente de los territorios que habitan (es decir, sus montañas y aguas como también sus acahuales, sus milpas y las zonas que tienen para ganados o para criar animales).

Artículo 15.– Cuando pertenezca al gobierno la propiedad de los recursos abajo del suelo o tenga derechos sobre otros recursos que hay en las tierras de las comunidades, antes de autorizar o iniciar cualquier programa, deberá consultar a los pueblos.

Artículo 25.– Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y fortalecer su propia relación espiritual con las tierras, aguas, y otros recursos que tradicionalmente ha poseído y usado.

Artículo 26.– Los pueblos indígenas tienen derecho a utilizar y controlar sus tierras y recursos según sus propios modos y su propia tradición de ellos.

Artículo 27.– Los gobiernos reconocerán las leyes y costumbres de tenencia de la tierra y manejo de los recursos de los pueblos indígenas y estos pueblos participarán en este proceso.

Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas

Reconociendo que el respeto de los conocimientos, las culturas y las prácticas tradicionales indígenas contribuye al desarrollo sostenible y al ordenamiento bueno del medio ambiente.
Artículo 8. Los gobiernos van a prevenir o si no se puede van entonces a reparar: a) Todo acto que prive a los indígenas de sus valores culturales o de sus tierras, territorios y recursos;

Artículo 32. Los pueblos indígenas tienen derecho a decidir las prioridades y las estrategias para el desarrollo o la utilización de sus tierras o territorios y otros recursos (como los bosques).

Aunque México es el segundo país con más impunidad del mundo, después de Filipinas (según El Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia (CESIJ) de la Universidad de las Américas Puebla), no debemos olvidar que existen derechos colectivos y que muchos de ellos pueden servir de marco en la defensa de bienes comunes naturales, como los bosques y su biodiversidad; de ahí también la importancia de que las comunidades estén  bien informadas y organizadas y de exigir que dichas leyes sean cumplidas cuando sean favorables para la defensa de la tierra o que sean eliminadas aquellas leyes o reformas que consideremos injustas para los pueblos, que atenten contra los bienes comunales o pongan por encima los intereses de corporaciones ante los intereses comunes. A pesar de todo, no podemos jugar todas las cartas a la defensa legal de los territorios sino ha de ser uno de los muchos frentes de lucha, acompañado con acciones directas, procesos autogestivos y otras estrategias para la defensa y cuidado de los bosques y espacios comunes.

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El Escaramujo 62: Gestión Comunitaria de Bosques II

 Elementos para su defensa y fortalecimiento
(Segunda Parte)

  Claudia Ramos Guillén

  Otros Mundos, A.C.
San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México

  15 de febrero 2016

LEER PDF COMPLETO: El Escaramujo 62: Gestión Comunitaria de Bosques. Elementos para su defensa y fortalecimiento (Segunda Parte) (8 págs. -PDF 395Kb)

La gestión comunitaria de los bosques

Se refiere a espacios donde las comunidades ejercen el control político de sus territorios y recursos mediante mecanismos horizontales para la toma de decisiones que incluyen la transparencia y rendición de cuentas.

Otra definición indica que la gestión comunitaria del bosque se refiere a las regulaciones y prácticas que se utilizan en muchas comunidades, ejidos y poblaciones para la conservación y el uso sustentable del bosque con el que se convive. Estas regulaciones en muchas comunidades reciben el nombre de “acuerdos” y reglamentaciones, y son precisamente los que permiten hacer un uso sustentable de los bienes comunes, la mayoría de las veces son decisiones tomadas en colectivo y permiten tener un control local sobre el uso, manejo y cuidado de los bosques.

Entonces podemos resumir la gestión comunitaria como: “La capacidad para la planificación, toma de decisiones y manejo de una serie de recursos organizativos, tecnológicos, financieros y humanos por parte de las comunidades para la presentación de los servicios de asociaciones sociales, lo cual permite garantizar su eficiencia (proceso), efectividad (resultados) y sostenibilidad (en el tiempo)” (Gómez et al., 1996).

Algunos elementos importantes para la gestión comunitaria de bosques son:
-Responsabilidad: La comunidad toma posesión del sistema y de sus obligaciones.
-Autoridad: La comunidad tiene el derecho legítimo de tomar decisiones.
-Control: La comunidad ejerce un control político sobre el territorio.

Y entonces tendría tres características esenciales:
-La comunidad tiene autoridad, autonomía y efectivo control sobre el territorio y las decisiones que toman.
-Las instituciones proveen ayuda y asistencia pero no suplantan la organización comunitaria.
-Existe una organización comunitaria legalizada y legítima responsable de la administración y gestión  de sus bienes comunes naturales.

¿Quiénes hacen gestión comunitaria de bosques?
-Pueblos indígenas viviendo en territorios comunitarios definidos.
-Pueblos indígenas que han perdido territorios comunitarios y buena parte de su conocimiento tradicional.
-Comunidades campesinas que poseen áreas boscosas comunales.
-Comunidades campesinas que son poseedoras de parcelas de propiedad privada o ejidal y que pueden llegar a organizarse para restaurar, conservar y hacer uso de áreas boscosas.
-Comunidades urbanas que conservan áreas boscosas.

Participación de la mujer en el manejo del bosque

Tradicionalmente cuando hablamos de los temas de gestión y manejo de bosques, estos quedan reducidos a los “ámbitos” masculinos, especialmente cuando hablamos de aprovechamientos forestales, pues en muchas comunidades y ejidos son los varones quienes poseen los títulos de propiedad de la tierra y quienes tienen el derecho a tomar decisiones sobre los “recursos”. El papel de las mujeres, por tanto, suele ser secundario en los procesos de gestión comunitaria de bosques y en las luchas por defender el derecho a la tierra y el territorio.

Sin embargo, las mujeres tienen un papel fundamental en la conservación del bosque, pues la misma división tradicional del trabajo por género les asigna la responsabilidad de realizar actividades ligadas al bosque, el monte o la montaña; como son: la recolección de agua,  de leña, así como de plantas alimenticias y medicinales. Muchas de estas actividades las hacen acompañadas de sus hijas/os y se convierten así en espacios de convivencia en donde se comparten los saberes y la vida de la comunidad.

Por tanto, consideramos necesario fortalecer formas organizativas y la representación igualitaria en los espacios de toma de decisiones, de tal manera que permitan el reconocimiento y validación de la labor de las mujeres como parte de la gestión comunitaria de los bosques, en beneficio de las mujeres mismas, de los bosques y de las propias comunidades.

El bosque como parte del territorio

Como podemos ver, la gestión comunitaria de los bosques está muy ligada al territorio, es por ello que nos gustaría compartir aquí una reflexión de lo que territorio significa para algunas comunidades:

Los campesinos y campesinas reconocen la importancia que tiene la tierra para sus vidas: Para los pueblos campesinos la tierra es vida, es parte de la naturaleza, de la cual también forma parte el ser humano. (…) La tierra es subsistencia, es trabajo. Los campesinos están muy apegados a su tierra, allí es donde han vivido por varias generaciones.

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