Compartimos el siguiente artículo sobre actualizaciones del caso de Berta Cáceres mediante el análisis de la «Misión de Observación calificada en el caso Berta Cáceres» publicado en Sputnik – A 3 de junio de 2019
MONTEVIDEO (Sputnik) — A medio año de emitido el dictamen sobre el asesinato de la activista hondureña Berta Cáceres el tribunal aún no presentó la sentencia condenatoria por escrito y esto debilita el fallo, contó a Sputnik el vicepresidente de la Federación Internacional de DDHH (FIDH), Francisco Soto.
«A seis meses de emitido el fallo lamentablemente no hay una sentencia escrita por parte del tribunal; eso significa que el fallo en primera instancia no está firme hasta que esa sentencia escrita se pueda dar a las partes del proceso», señaló el abogado guatemalteco.
El defensor es uno de los integrantes de la Misión de Observación Calificada del juicio oral y público por el asesinato de la activista hondureña, que está acompañando el caso desde hace más de un año y medio.
Cáceres, fundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), fue asesinada a balazos en su casa el 2 de marzo de 2016, pese a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos había pedido al Estado hondureño medidas cautelares de protección para su vida.
Soto, quien también es Director del Centro para la Acción Legal de Derechos Humanos, manifestó que la falta de una sentencia escrita les preocupa además porque la misión no puede brindar el informe completo sobre el acompañamiento del caso debido a que «el proceso no termina hasta que ese fallo no esté escrito».
Seis meses atrás, la Sala Primera del Tribunal de Sentencia hondureño emitió un fallo oral en el primer juicio por el asesinato de la activista y determinó que el crimen fue cometido «con conocimiento y consentimiento de los ejecutivos de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA)» con el objetivo de poner fin a la resistencia al proyecto de la represa hidroeléctrica Agua Zarca y declaró culpables a siete de los ocho acusados. 
Cáceres había realizado denuncias relacionadas a este proyecto hidroeléctrico por considerarlo una amenaza para el territorio de las comunidades indígenas de la etnia lenca.
La familia de la activista y el Copinh denunciaron durante el proceso reiteradas irregularidades en el desarrollo del caso, tanto contra la Fiscalía como con el Tribunal.
Fuentes del Copinh dijeron a Sputnik que la demora en la emisión de la sentencia demuestra que «las irregularidades continúan estando presentes en el proceso y se demuestra la inoperancia del sistema de justicia hondureño, que tiene un uso político», expresó la organización.
«No hay ningún documento oficial escrito en el que se corrobore el fallo, la sentencia de culpabilidad contra estas personas; lo que se dio el 29 de noviembre fue un fallo oral, si bien lo dijeron públicamente no hay ningún documento que respalde eso, las partes no pueden recurrir a ese fallo. Esto no significa que esto sea irregular en Honduras debido a que el sistema de justicia es muy lento, pero en este caso que tiene tanta trascendencia demuestra la inoperancia del sistema de justicia», dijo el Copinh a esta agencia.
Por su parte, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) recordó el miércoles en un comunicado que «es un deber de los jueces y juezas el dirigir y encauzar el procedimiento judicial con el fin de garantizar el acceso de las víctimas a la justicia en plazos razonables».
Además, opinaron que «en este caso el retraso de seis meses en la emisión de la sentencia no tiene justificación alguna ni responde a un plazo razonable. Esta dilación vulnera el debido proceso acrecentando el riesgo de impunidad e impacta negativamente en otros procesos en curso».
Cuestionamiento del proceso
Los abogados de los imputados por el asesinato de Cáceres denunciaron a mediados de mayo una supuesta manipulación de pruebas presentadas durante el juicio por parte de una perita del Ministerio Público.
Esto es cuestionado por Soto, debido a que considera que el momento en el que se debían presentar estos reclamos era durante el desarrollo del juicio, donde tendrían que haber demostrado que la prueba no cumple con los requisitos necesarios.
«El tribunal es el que valora los medios de prueba, si no lo hacen en ese momento obviamente después es una forma de tratar de defender algo que ya se valoró», explicó el abogado.
Según el Copinh, lo que la defensa está haciendo con estas alegaciones «es un show mediático, porque se dan cuenta de que jurídicamente su defendido, David Castillo, está muy involucrado, entonces lo que quieren es mediáticamente y con una narrativa política tratar de buscar exculparlo».
«Están diciendo que el Ministerio Público falsificó unas pruebas, lo cual es mentira; ellos pueden criticar todo lo que quieran el manejo de la prueba realizado por el Ministerio Público, critican a una perito que hace una interpretación de las comunicaciones, sin embargo la prueba habla por sí misma, no hace falta una interpretación de ningún perito para leer las comunicaciones», señaló el Copinh a esta agencia.
«Las comunicaciones de David Castillo y los demás imputados son las pruebas y en eso se fundamenta el caso y no en el análisis de ella, que fue quien sistematizó la información», agregaron desde la organización.
En paralelo a esta situación se está desarrollando en Honduras el juicio contra el único presunto autor intelectual del asesinato de Cáceres que está siendo investigado, David Castillo Mejía (actualmente en prisión preventiva).
Ex gerente general de DESA, Mejía es acusado de actuar como nexo entre los autores materiales y la empresa, y se está esperando que finalice la audiencia preliminar para ver si se el caso se lleva o no a juicio.
«Que se esté cuestionando el proceso tiene un impacto en el otro proceso; aquí el tema es que el tribunal brinde certeza jurídica en el sentido de que emita su resolución por escrito y que las partes, conforme el procedimiento legal, presenten sus apelaciones si así lo consideran pertinente», opinó Soto.
El vicepresidente de la FIDH añadió que según su experiencia «la defensa siempre argumenta el mal manejo de los medios de prueba; es una forma de desacreditar las investigaciones y más que un planteamiento jurídico es un planteamiento político».
«Obviamente este es un caso de alto impacto en Centroamérica porque demuestra cómo los diferentes megaproyectos que se están implementando en esta región se están realizando sin el consentimiento y sin la aprobación de la población en los territorios en donde se están llevando a cabo», comentó el abogado guatemalteco.
Soto considera que el caso de Berta Cáceres es emblemático debido a que «demuestra cómo la empresa con tal de imponer estos proyectos llega al extremo de eliminar físicamente a las personas que se oponen».
El activista considera que si bien es algo que sucede mucho en esta región, en el caso de Cáceres esto logró ser probado en un tribunal.
Ver nota del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH)
Foto: Misión de Observación calificada en el caso Berta Cáceres, Crédito COPINH
Imagen: Comando creativo
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