Apoyo a la negativa de la importación de Glifosato y prohibición de su uso, junto con alternativas agroecologías y ampliación de derechos piden Organizaciones de la Sociedad Civil en México

Compartimos el boletín de prensa de la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas en México (RAPAM) sobre la iniciativa de prohibición del uso de glifosato y otros agrotóxicos en México – A 2 de Junio de 2020

Más de 180 organizaciones no gubernamentales, agrupaciones sociales y académicos  de distintas universidades enviaron una carta dirigida a las autoridades  federales competentes  para que se mantenga la negativa a la importación de glifosato  por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y se prohíba de manera creciente en todos los usos, además de medidas para garantizar la protección de los derechos humanos a la salud y el medio ambiente, y producir y consumir alimentos  sanos con una transformación agroecológica del sistema alimentario, más necesario que nunca en tiempos del COVID-19.

La Semarnat ha negado la importación del glifosato desde diciembre de 2019 y ha reiterado recientemente “la urgencia de tomar medidas legales para eliminar en forma progresiva la importación y el uso del glifosato en México, ya que hay evidencias claras del daño que este compuesto químico ha causado a la salud de la población y a la biodiversidad”[1]. Para eliminar el uso del glifosato se requiere un acuerdo de las autoridades federales involucradas. En primer lugar, de la Comision Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) quien otorga o puede cancelar de manera definitiva las autorizaciones de plaguicidas; también del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA  de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) y de Semarnat. Sin embargo, la decisión de negar la importación de glifosato ha sido duramente criticada por las empresas transnacionales  de plaguicidas y asociaciones del Consejo Nacional Agropecuario que buscan echar abajo esta decisión.

El glifosato es un  plaguicida de alta peligrosidad autorizado por COFEPRIS para empresas transnacionales como Monsanto, propiedad ahora de Bayer, y para empresas comercializadoras de plaguicidas genéricos, en 167 registros de productos comerciales para plantas formuladoras y usos  agrícola, urbano y jardinería. 

El glifosato es un herbicida clasificado por la Agencia Internacional de Investigación de Cáncer (IARC) de la Organización Mundial de la Salud (OMS) como probable carcinógeno en humanos y está asociado a una amplia variedad de efectos dañinos a la salud y a la diversidad biológica, reportados en la literatura científica y compilados por CIBIOGEM en una base de datos de acceso público[2]; y por organizaciones de la sociedad civil en América Latina[3]. En ellos, se detallan los informes de la literatura científica donde se ha asociado la exposición al glifosato con la encefalopatía, autismo, parkinsonismo, linfoma No Hodgkin, teratogénesis, estrés oxidativo, mutagenicidad, genotoxicidad, trastornos en el sistema endocrino, toxicidad en el sistema reproductivo, sistema inmunológico (de suma importancia en tiempos de la pandemia del  COVID-19), sistema nervioso y sistema renal, entre otros. Además de su toxicidad en peces, anfibios, tortugas, crustáceos, moluscos, fitoplancton, zooplancton, organismos polinizadores y otros insectos benéficos, y en aves y reptiles.

La carta pide que se de prioridad al glifosato en el cumplimiento de la recomendación 82/2018 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por parte de la COFEPRIS, Semarnat y  SADER. de que el Plan  Nacional de Desarrollo 2019 a 2024 cuente con  programas sectoriales de reducción de uso y prohibición progresiva de plaguicidas de alta peligrosidad, con metas medibles y cuantificables. “Para cumplir con estas metas es necesario que se establezca en la legislación el derecho público a conocer, la cantidad, el tipo y el lugar donde se aplican plaguicidas de alta peligrosidad como el glifosato,  como lo hacen ya  otros países incluso en California, Estados Unidos”, declaró  Fernando Bejarano, Director de la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas en México (RAPAM).

“La carta demanda que se incluyan metas de eliminación del uso de glifosato y de otros plaguicidas dentro de una política y programa nacional de escalamiento y transición agroecológica del sistema alimentario para que sea sano, justo y sostenible” declaró Rocío Romero del Movimiento Agroecológico Latinoamericano (MAELA) en México. 

“El uso de glifosato ha perjudicado ya la producción y exportación orgánica de  café y otros cultivos” declaró  Luis Martínez Villanueva de la Coordinadora Mexicana de Pequeños Productores de Comercio Justo, quien añadió “es por eso que numerosas sociedades cooperativas productoras de café, miel y otras organizaciones que impulsamos el comercio justo y la agricultura orgánica nos sumamos a esta carta.”

“Se han encontrado residuos de glifosato en harinas de maíz industrial por lo que en la carta pedimos se informe a los consumidores de manera regular y accesible, el monitoreo de residuos de glifosato y de otros plaguicidas de alta peligrosidad en los alimentos del mercado nacional” afirmó Mercedes López, directora de la Asociación de Consumidores Orgánicos de México y de Vía Orgánica, A.C, que ha realizado investigaciones al respecto.[4]

“Otra de las demandas de la carta es  que se detenga la siembra ilegal de soya transgénica, y las fumigaciones aéreas del glifosato y otros agrotóxicos, en el municipio de Hopelchén en Campeche”  afirmó Leydi Pech Martín del Colectivo de Comunidades Mayas de los Chenes, “pues ya se ha encontrado glifosato en la orina de hombres y mujeres  y en el agua subterránea y potable” añadió.

La carta colectiva es respaldada por numerosos expertos en toxicología y  agroecología en varias universidades de México como la Universidad Autónoma Chapingo y sus diversos centros regionales, Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad Autónoma Metropolitana, Universidad Autónoma de Nayarit. 

También  cuenta también con el apoyo de organizaciones internacionales y de América Latina, entre ellas la Red Internacional de Eiminacion de Contaminantes (IPEN), la Red Internacional de Plaguicidas (PAN International) y de la Red de Plaguicidas y Alternativas en América Latina (RAPAL) y sus miembros en Argentina, Costa Rica, Chile, Cuba, Paraguay y Uruguay, del colectivo Naturaleza de Derechos de Argentina, y la Asociacion Brasileña de Agroecología y los Grupos de Trabajo de Salud y Ambiente de la Asociacion Brasileña de Salud Colectva (ABRASCO), el Grupo de Trabajo de FIOCRUZ y el Movimiento Ciencia Ciudadana de Brasil y Womens Engage for a Common Future (WECF), entre otros.

Leer la carta AQUÍ

Para mayor información comunicarse con  Fernando Bejarano, cordinacion@rapam.org.mx

Imagen: REdBioética

Más información:


[Artículo] Niños orinan agrotóxicos en Jalisco

Compartimos este artículo de opinión publicado en La Jornada – A 4 de enero de 2020

Por Silvia Ribeiro

Estudios de investigadores de la Universidad de Guadalajara (UDG) y Ciesas Occidente han encontrado repetidamente que niñas, niños y adolescentes en varias comunidades rurales de Jalisco tienen residuos en orina de dos o más (¡hasta 12!) agroquímicos altamente peligrosos. Esto se refleja en diversos problemas de salud, que van de dolores de cabeza, vómitos y náuseas a problemas graves, como insuficiencia renal y, potencialmente, cáncer.

El gobierno de Jalisco presenta la entidad como gigante agroalimentario, pero nada menciona sobre esto. Con casi 12 millones de hectáreas dedicadas a la agricultura, principalmente industrial, la entidad es terreno asiduo de las mayores trasnacionales de agroquímicos y semillas, que son cobijadas por gobiernos locales, estatales y federal. Esta relación, que no tiene que ver con alimentar a la gente y sí con aumentar las ganancias empresariales vendiendo veneno, trata de ocultar una grave realidad: la extendida contaminación con agrotóxicos de suelo, agua y aire que ha provocado este modelo de producción, que envenena a los pobladores, especialmente los más vulnerables: niños y niñas.

A principios de 2019 un estudio de Erick Sierra-Díaz, de la UDG; Humberto González-Chávez, de Ciesas Occidente, y otros investigadores, publicado en la revista científica international Journal of Environmental Research and Public Health (https://tinyurl.com/rda57tj) mostró que de 281 muestras de orina tomada a niñas, niños y adolescentes en las comunidades de Agua Caliente, cerca del lago Chapala, y Ahuacán, próxima a Autlán, todas tenían residuos de dos o más plaguicidas.

Seis agrotóxicos fueron recurrentes en 70 por ciento de los casos: malatión, metoxuron, glifosato, dimetoato, uniconazole y acetoclor. Los investigadores explican que en ambas comunidades hay exposición a siembras industriales, pero además, en el caso de la comunidad de Agua Caliente, el riego y consumo de agua contaminada con químicos del lago Chapala aumentó el nivel de ciertos tóxicos. La mayor prevalencia fue de herbicidas, seguida de funguicidas e insecticidas. En Ahuacán, todas las muestras contenían residuos de glifosato.

El equipo de investigadores de la UDG y del Ciesas Occidente continuó tomando muestras de orina en niñas y niños escolares y prescolares en otras zonas de Jalisco en 2019. Una de las áreas seleccionadas, por la alta frecuencia de enfermedades que allí ocurren, fue El Mentidero, próxima a Autlán, Jalisco.

Allí, las madres de los alumnos de secundaria les solicitaron que incluyeran en los análisis de orina de sus hijos, explicando que, desde que comienzan los cursos, los jóvenes se sienten mal y sufren constantes dolores de cabeza, vómitos y náuseas. La secundaria está al lado de un campo de siembra, donde fumigan varias veces a la semana, incluso cuando están los alumnos en clase o en el patio. El equipo de investigadores tomó 146 muestras a adolescentes, escolares y prescolares. El 100 por ciento de las muestras arrojó residuos de dos a seis agrotóxicos. Los principales fueron el glifosato y el 2-4 D, ambos inventados por Monsanto y declarados cancerígenos por la Organización Mundial de la Salud.

Debido al estudio y a la movilización de las madres para detener el uso de agrotóxicos, o como mínimo que no se aplique cerca de secundarias y escuelas, las empresas de venta de venenos están en campaña para desprestigiar los estudios y poder seguir contaminando. La asociación civil Proccyt, en realidad fachada de la industria trasnacional de agrotóxicos (sus miembros son Syngenta, Bayer-Monsanto, Corteva, FMC, Basf y otras), ofreció al gobierno de Jalisco y a autoridades de Autlán dar talleres de capacitación, especialmente en las áreas donde se han realizado los estudios que muestran la presencia de agrotóxicos en la orina de los niños. Las autoridades lo aceptaron e incluso patrocinaron su estadía. La reportera Mayra Vargas documentó cómo el capacitador de Proccyt aseguró en esos talleres que solamente si le hubieran dado a beber Faena (nombre comercial del glifosato) antes de tomar la muestra a los niños, podrían aparecer residuos en la orina. (11/11/19, Letra Fría, https://tinyurl.com/wn6xlgc). Los estudios muestran que el Proccyt miente, pero además hay casi 43 mil juicios contra Bayer-Monsanto en Estados Unidos por haber causado cáncer con glifosato a sabiendas de su peligrosidad. Tres juicios le han otorgando razón y millones de dólares en indemnización a los demandantes. Pero en México, las secretarías de Agricultura (estatales y federal) le abren espacio y pagan gastos a esta burda fachada de las empresas para atacar con mentiras los estudios científicos de investigadores de universidades públicas de México y así engañar a los agricultores y pobladores sobre su inocuidad.

No necesitamos echar veneno a nuestra comida. Hay muchas alternativas buenas y sanas en la producción local, campesina y agroecológica. Relata Humberto González que son las madres las que insisten en la denuncia y están empujando un cambio, las que no tienen miedo y no se van a dar por vencidas, como no la han hecho en muchos otros temas. Defienden a sus hijos e hijas y el derecho a la salud de todos. Hay que apoyarlas.

* Investigadora del Grupo ETC

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[Vídeo] El horror del Glifosato

Dentro de las acciones de la Jornada por el Día del Maíz compartimos este vídeo y el siguiente artículo publicado en El País que hablan sobre el Glifosato – A 4 de septiembre 2019

Niños orinan herbicida glifosato en Autlán, Jalisco

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Un día los niños de una escuela reportan dolores de cabeza y de estómago; al día siguiente alguien más vomita durante el almuerzo. Exámenes de orina demuestran que el 100% de los niños han estado en contacto con el glifosato, un poderoso herbicida que requiere portar equipo especial a la hora de aplicarlo, pero que en Autlán, Jalisco, se aplica en parcelas a lado de una escuela. #Glifosato #Herbicida #Jalisco

Plumas Atómicas es un colectivo de periodistas que lanza contenidos, tanto audiovisuales como escritos, capaces de incidir en el la agenda y la discusión pública. Desde el margen buscamos incidir en el centro de la discusión. Somos armas de discusión masiva. Nuevos videos de lunes a jueves a las 6 pm y sábados a las 10 am hora de México.

Alemania prohibirá el glifosato en 2023 para proteger a los insectos

Ana Carbajosa Berlín 4 SEP 2019 

31 de diciembre de 2023. Esa es la fecha a partir de la cual el gifosato estará prohibido en Alemania, según los planes del Gobierno presentados el miércoles. El polémico pesticida tiene también fecha de caducidad prevista en la Unión Europea, donde hasta el momento solo cuenta con autorización hasta finales de 2022.

El pasado julio, Austria se convirtió en el primer país en prohibir el popular herbicida que, según sus detractores tiene consecuencias nocivas para la salud y según Bayer, su fabricante, no hay suficientes evidencias científicas que lo corroboren. En 2015, el grupo de investigación sobre cáncer de la Organización Mundial de la Salud, el IARC la Salud, clasificó el glifosato como “posiblemente cancerígeno para humanos”.

La prohibición del glifosato se enmarca en Alemania en una campaña del Ministerio de Medio Ambiente de lucha contra la extinción de los insectos. La biodiversidad y la protección de los insectos, sobre todo de las abejas se ha convertido en una fuerte preocupación para muchos alemanes.

El uso de pesticidas como una de las principales causas de mortandad de los insectos, es uno de los aspectos que desarrolla el paquete de medidas del Gobierno alemán. El objetivo es “reducir sistemáticamente” a partir de 2020 el uso de productos que contengan glifosato en parques y jardines privados y en los campos antes de las cosechas y “eliminar totalmente” su uso un año más tarde. El Ministerio de Medio ambiente indica que los herbicidas de amplio espectro como el glifosato eliminan no solo las llamadas malas hierbas, sino también plantas de las que dependen especies de insectos para su alimentación.

Protección de insectos

El Gobierno alemán destinará 100 millones al año para la promoción de medidas de protección para los insectos dentro y fuera del territorio agrícola así como para investigación. Muchos municipios de Alemania ya trabajan en la creación de áreas sembradas de flores que permitan por ejemplo la conectividad de los insectos polinizadores.

La empresa Monsanto comercializó inicialmente el polémico herbicida bajo el nombre de Roundup, convertido en la bestia negra de los grupos ecologistas. Bayer compró Monsanto el año pasado y se enfrenta a demandas millonarias por supuestos efectos en la salud humana. El uso de este herbicida, uno de los más extendidos en todo el mundo, lo comercializan ahora también otras empresas agroquímicas.

Desde Bayer, criticaron la decisión, por considerar que no responde a la evidencia científica. “No estamos de acuerdo con la decisión del Gobierno alemán de prohibir el glifosato a finales de 2023. Esta decisión ignora décadas de evaluaciones científicas de agencias reguladoras independientes […] el glifosato es seguro cuando se emplea correctamente”, indicó Liam Condon, presidente del departamento de cultivos de Bayer en un comunicado. La empresa asegura que las ventas de glifosato en Europa representan menos del 10% de las ventas del compuesto químico en todo el mundo. Bayer confía en que la Unión Europea renueve a partir de 2022 la licencia para su herbicida.

Más información:

Quintana Roo: Nueva fumigación con producto agrotóxico provoca mortandad de abejas

Alerta publicada por el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible – A 14 de septiembre 2018

  • El saldo preliminar es de 228 colmenas perdidas y 14 apicultores afectados
  • La fumigación ocurrió el 10 de septiembre pasado, días después de la firma de un convenio para pagar parcialmente los daños provocados en agosto pasado
  • Lo ocurrido vuelve a poner en la agenda de discusión la no regularización de agroquímicos
  • En ese contexto, la SAGARPA entregó hoy paquetes de agroquímicos tóxicos a apicultores del municipio de José María Morelos, Quintana Roo

Más de 200 colmenas, en los Ejidos de San Felipe I, Nuevo Reforma y Kankabchen, en el municipio de José María Morelos, Quintana Roo, fueron afectadas por una nueva fumigación en el plantío de chile habanero propiedad de un empresario de Yucatán, que el mes pasado provocó la muerte de cientos de miles de abejas y la pérdida de 357 colmenas en el Ejido Candelaria, en donde siguen muriendo las abejas por el impacto residual del tóxico.

Apicultores afectados informaron esta mañana a la sociedad Coopertiva U Lool Che y al Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible-Península de Yucatán (CCMSS-PY) que, al revisar sus apiarios, encontraron el suelo tapizado de abejas.

El saldo preliminar, arroja -hasta el momento- 228 colmenas perdidas y 14 apicultores afectados, pero la cifra podría aumentar. Los muestreos se realizan con apoyo de especialistas en la materia.

Los productores atribuyen lo ocurrido a que el empresario, originario de Yucatán, Pedro Pablo Erosa Manrique, volvió a fumigar su cultivo de chile habanero el 10 de septiembre pasado, días después de haber firmado un ventajoso convenio que lo compromete sólo a resarcir el daño parcial que ocasionó a los apicultores del Ejido Candelaria, el 13 de agosto pasado.

Erosa Manrique sólo pagará mil 300 pesos por colmena, cuando el precio real es de mil 700 pesos y sólo se hizo responsable de 250, de las 357 colmenas que afectó, lo que implica que pagará 281 mil pesos menos por el daño que provocó.

El convenio, que gozó del aval de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca de Quintana Roo (Sedarpe) y de la Fiscalía del estado, que coaccionaron a los apicultores para aceptar firmarlo, permite a Erosa Manrique seguir usando agroquímicos.

De acuerdo con el testimonio de Wilson Ayala Mex, del Ejido Candelaria, aunque verbalmente Pablo Erosa les aseguró que no usaría químicos tóxicos, les recomendó que “cerraran sus piqueras” cada vez que hubiera una nueva fumigación a cargo de su personal.

En ese contexto, autoridades locales y federales se han abstenido de regular el uso de agroquímicos y productos nocivos para la tierra, las abejas y, en general, la biodiversidad y, por el contrario, fomentan su utilización en detrimento de la salud humana y de los ecosistemas, con los impactos económicos que ello conlleva.

Como ejemplo, esta mañana, la Sagarpa entregó agroquímicos en plena cabecera municipal, como parte del Programa de Apoyos para Productores de Maíz y Frijol (PIMAF) 2018.

Los paquetes entregados contienen DAP, AMINA, PARAQUAT, FOLIAR y GLIFOSATO, este último, altamente cuestionado por contaminar la tierra, los cultivos, el polen de las plantas, cuyo polen es alimento de las abejas, y contaminando a su vez la miel que producen.

Incluso, se han denunciado casos en la Península de Yucatán, de mortandad de las abejas, a partir de la presencia y uso del Glifosato.

La Sedarpe también formó parte del evento, en donde se repartió a cada agricultor, un vale equivalente a mil 500 pesos, por hectárea, para canjearlo por estos agroquímicos.

Más información:

Quintana Roo: Muerte masiva de cientos de miles de abejas por fumigación con producto agrotóxico

Quintana Roo: Muerte masiva de cientos de miles de abejas por fumigación con producto agrotóxico

Alerta publicada por el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible – A 16 de agosto 2018

  • Fumigación con fipronil, un producto agrotóxico comercializado bajo la marca Regenet 4SC, afectó a 335 colmenas en 18 apiarios ubicados en el Ejido Candelaria, municipio de José María Morelos, Quintana Roo
  • Daños económicos ascienden a más de dos millones de pesos
  • La cosecha de miel del segundo semestre del año se perdió

José María Morelos, Quintana Roo.- Más de 300 colmenas de abejas, de 18 apicultores en el Ejido Candelaria, municipio de José María Morelos, fueron afectadas por un empresario, quien aplicó un químico altamente tóxico para fumigar su terreno y sembrar chile habanero, lo cual provocó la muerte de cientos de miles de abejas en un radio de cuatro kilómetros de distancia.

Wilson Ayala Mex, uno de los apicultores afectados, no duda en ubicar la tragedia, como la muerte de abejas más numerosa de que se tenga memoria en la historia de los pobladores del Ejido Candelaria.

Desanimado y preocupado, explica que las repercusiones del desastre no se reducen a un tema ambiental. “Cada colmena tiene capacidad para brindar abrigo a 50 mil abejas y, su muerte, representa un golpe económico devastador, pues los volúmenes de miel para la cosecha más cercana, entre octubre y noviembre de este año, se han perdido y, con ello, los ingresos de familias mayas que viven de la producción mielera.”

Las pérdidas por las abejas, la cera y la miel, se estiman en un promedio de dos millones 300 mil pesos, de acuerdo con un cálculo preliminar elaborado por el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible – Península de Yucatán (CCMSS-PY), que junto con jóvenes de los ejidos de Candelaria I y II, echaron a andar la iniciativa “Desarrollo Inclusivo de la Apicultura en José María Morelos”.

En el proyecto participan más de 30 jóvenes de nueve ejidos de dicho municipio, para fortalecer los medios de vida de las juventudes que ven en sus comunidades una oportunidad de crecimiento.

Los ocho jóvenes de Candelaria I y II, todos menores de 24 años, emprendieron su iniciativa con 28 colmenas que subieron a 30 en el primer semestre de 2018, y apenas el siete de agosto habían recibido una visita técnica para evaluar su desempeño, que fue calificado como exitoso, de acuerdo con María del Carmen Sánchez, asistente técnico de la iniciativa.

 

“Un día después de la visita, empleados de un empresario originario de Yucatán, identificado como Pablo Mendoza, hicieron una fumigación en un terreno para una plantación de chile habanero y utilizaron un químico llamado Regenet 4SC, cuyo efecto abarcó cuatro kilómetros y mató a miles de abejas de los apicultores”, narró.

Los daños aún siguen cuantificándose, pero de manera preliminar, el Consejo Civil contabilizó -con ayuda de los apicultores afectados- entre 331 y 335 colmenas de abejas Apis melífera impactadas, sin poder determinar la afectación a las abejas silvestres, importantes polinizadores de la selva.

Wilson detalla que desde el miércoles ocho de agosto, algunos apicultores detectaron un comportamiento “inusual” en las abejas, que fue traduciéndose en una mortandad masiva en los días subsecuentes.

El viernes fueron a revisar otros apiarios, en donde encontraron el suelo tapizado de abejas muertas. Las pérdidas -dijo- fueron totales. “También se habló con el dueño del terreno, que al principio tuvo resistencias y se negaba a dar crédito de lo que pasó. Estaba muy renuente, hasta que él mismo vio. Se quedó impactado”, expresó.

Los empleados del empresario de Yucatán dieron el nombre del químico usado para la fumigación. Se trata de fipronil, un químico comercializado bajo la marca Regenet 4SC, altamente tóxico para las abejas. Este compuesto está clasificado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como un plaguicida de Clase II.

Sin embargo, al ver la magnitud de lo sucedido, modificaron su versión inicial y aseguraron que se uso un químico orgánico.

Los apicultores intentaron presentar una denuncia ante el Ministerio Público, en José María Morelos, pero la autoridad -inicialmente- les negó ese derecho, bajo dos argumentos.

Uno de ellos que la institución carece de competencia para intervenir en la muerte de animales; otro, que la muerte de abejas no es un delito. “Luego también nos dijeron que como el dueño fumigó en su terreno, pues que no hay delito”, agregó Wilson.

El argumento es inexacto, toda vez que el Código Penal de Quintana Roo, posee un capítulo que versa sobre los Delitos en Materia de Apicultura y, en su artículo 147, fracción II, indica que incurren en ese delito, los que “destruyan colmenas, miel, abejas, panales y productos apícolas”.

Finalmente, cuatro días después, la denuncia fue admitida. La autoridad ministerial tendrá que enviar personal a la zona impactada para recabar evidencias. Además, el viernes, uno de los jóvenes apicultores acudirá al ministerio público para programar la fecha en que se ampliarán las declaraciones. Las más de 300 colmenas afectadas y las cientos de miles de abejas muertas, debido a la fumigación con fipronil, cumplen con el tipo penal marcado.

Aurora Xolalpa, especialista en abejas, quien labora en la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo (UIMQROO), está apoyando a los apicultores con la toma de varias muestras de abejas muertas.

Ayala Mex se llevó al menos 100 de ellas, para entregarlas a la delegación de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), así como al comité estatal para el Fomento y Protección Pecuaria.

(Foto: Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible)

[LIBRO EN PDF] Los Plaguicidas Altamente Peligrosos en México

Compartimos este informe publicado por la Red de Acción sobre Plaguicidas y Alternativas en México, A. C. (RAPAM) en julio 2017, coordinado y editado por Fernando Bejarano González, director de la RAPAM

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Introducción

Por Fernando Bejarano

Este libro es un informe sobre el contexto internacional y el panorama nacional de los llamados plaguicidas altamente peligrosos. Los plaguicidas son un concepto genérico que incluye a las sustancias tóxicas que se denominan insecticidas cuando se busca controlar insectos, fungicidas cuando se trata de hongos, o herbicidas en el caso de plantas indeseables, entre los usos más generalizados. En este informe nos referimos a los plaguicidas de síntesis química que debido a sus características particulares de peligrosidad pueden provocar daños a la salud y el medio ambiente, a corto o largo plazo, por lo que algunos forman parte de convenios ambientales internacionales y un gran número de ellos están prohibidos en otros países, aunque se autorizan en México.

Se analizan en una primera parte las condiciones internacionales en las que surgen los plaguicidas altamente peligrosos. Este es un nuevo tema normativo construido con base en la discusión técnica y política en el ámbito de las Naciones Unidas, en el llamado Enfoque Estratégico para la Gestión de Productos Químicos a nivel Internacional – SAICM, por su sigla en inglés- que es un marco de referencia voluntario para políticas públicas sobre la gestión de los productos químicos, incluidos los plaguicidas, a lo largo de su ciclo de vida. En este proceso de discusión entran en juego intereses sociales contradictorios, entre los gobiernos, la industria química y los organismos de la sociedad civil.

Después de analizar el contexto internacional, el informe presenta las características generales del mercado nacional de los plaguicidas, las organizaciones empresariales que lo conforman, el marco y procedimiento regulatorio que autoriza su comercialización y las autoridades que intervienen en el mismo.

Se comparan los plaguicidas autorizados en México con la lista de plaguicidas altamente peligrosos elaborada por la Red Internacional de Plaguicidas (PAN internacional). Se identifican las empresas que cuentan con el mayor número de autorizaciones para la comercialización de plaguicidas altamente peligrosos, poniendo de relieve las que son corporaciones transnacionales y las empresas formuladoras nacionales con vínculos internacionales. Por último, se reflexiona sobre las perspectivas distintas en torno a la posible prohibición de los plaguicidas altamente peligrosos, según los intereses sociales en conflicto, considerando la debilidad del marco regulatorio nacional; se enfatiza la necesidad de impulsar alternativas agroecológicas y se presenta la lista de los plaguicidas autorizados en México y prohibidos en otros países.

En la segunda parte del libro, diversos especialistas examinan con mayor detalle los temas relacionados con el uso de plaguicidas altamente peligrosos y las violaciones a los derechos humanos, las evidencias de los efectos en la salud y el medio ambiente asociados a la exposición al glifosato, uno de los herbicidas más vendidos en el mundo, y los impactos de los plaguicidas en las abejas, haciendo hincapié en la importancia de la protección de estos polinizadores.

Con el fin de profundizar en las condiciones de uso agrícola de los plaguicidas altamente peligrosos en México, se invitó a un conjunto de investigadores de las principales universidades del país y de organismos no gubernamentales para que colaboraran con capítulos breves, donde se presentan las características generales de su área de estudio, los plaguicidas más usados, y los daños a la salud y el medio ambiente que han documentado. Es así que se presentan los resultados de investigaciones realizadas en el Valle de Culiacán, y norte de Sinaloa, en el Valle del Yaqui en Sonora, en la principal zona de floricultura del Estado de México, el Bajío en Guanajuato, en Campeche, Yucatán y los Altos de Chiapas. En este panorama nacional se muestra cómo plaguicidas altamente peligrosos están siendo usados tanto en la agricultura intensiva de exportación, como en la destinada al consumo nacional; por empresas que alimentan las cadenas agroindustriales y también por pequeños productores, incluso en comunidades indígenas.

Este informe concluye con recomendaciones para el cambio de las políticas gubernamentales en México que han permitido que entren al mercado plaguicidas que pueden ocasionar un grave daño a la salud de la población, afectar en forma relevante la biodiversidad y contaminar el medio ambiente.

La protección de los derechos humanos debe ser parte central de este cambio y para ello anexamos las recomendaciones de la Relatora especial del Derecho a la Alimentación de Naciones Unidas en su informe sobre los plaguicidas, que debe ser un documento de consulta en esta discusión. Se propone brindar un apoyo decidido a las alternativas agroecológicas que permitan reducir y eliminar el uso de los plaguicidas altamente peligrosos, y sumarse a un esfuerzo regional e internacional impulsado por movimientos sociales, grupos no gubernamentales y también por una nueva generación de científicos no comprometidos con los intereses de sectores que se benefician económicamente con la producción y venta de estos agrotóxicos.

La lista de los ingredientes activos de los plaguicidas altamente peligrosos autorizados en México y la de los que están prohibidos o no autorizados en otros países se incluyen en los anexos al final de este libro. Estas listas pueden ser usadas por organizaciones de la sociedad civil y por autoridades en los estados, municipios y comunidades, para compararlas con los plaguicidas utilizados en sus territorios. Esta información puede discutirse en talleres y foros con el fin de tomar conciencia de la peligrosidad de estas sustancias y adoptar medidas para evitar su uso y promover, por un lado, la sustitución por alternativas agroecológicas en el campo, y por otro, nuevas estrategias de control de vectores y plagas en la ciudad.

(…)

Cabe advertir que este primer panorama nacional de la situación de los plaguicidas altamente peligrosos en México debe problematizarse teórica y políticamente con mayor profundidad. Esta es una tarea compleja que requiere una reflexión colectiva frente al reto de desarrollar un pensamiento crítico de carácter multi e interdisciplinario que contribuya al desarrollo de una ciencia al servicio del bien común, en diálogo con otros saberes y sujetos sociales que buscan alternativas a la profunda crisis capitalista civilizatoria por la que atraviesan México y el mundo.

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Pueblo maya lleva caso de contaminación del agua con plaguicidas ante relator de la ONU

Boletín de prensa de los colectivos MA OGM e Indignación, la ONG Greenpeace y el CEMDA – Ciudad de México, A 5 de mayo 2017

  • Exhiben ante relator de Agua de la ONU al estado mexicano por la falta aplicación de la ley.
  • Pueblo maya lleva caso de contaminación del agua con plaguicidas ante relator de la ONU.
  • Caso de contaminación de plaguicidas en agua de agua de comunidades mayas, llega a manos de relator de la ONU.

Pueblos y organizaciones civiles de diversas partes de México sostuvieron una reunión con el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el Derecho Humano al Agua Potable y el Saneamiento, el Sr. Léo Heller. El trabajo del relator se centra en recopilar información y testimonios con el fin de evaluar el cumplimiento de los derechos humanos al agua y al saneamiento que incluyen la disponibilidad, la accesibilidad, la asequibilidad, el acceso a la información y la calidad del agua para su uso personal y doméstico.

Si bien el relator de la ONU sólo contempla en su recorrido a la Ciudad de México y los estados de Veracruz y Chiapas para conocer de primera mano las problemáticas vinculadas a su mandato, el señor Gustavo Huchín, integrante del Consejo Maya de los Chenes, y el abogado Jorge Fernández Mendiburu de Indignación, acudieron a la Ciudad de México para hablar sobre la situación actual y los problemas ambientales que trae consigo la contaminación del agua que afecta al municipio de Hopelchén, Campeche y en general a la Península de Yucatán.

Entre la información presentada al relator del Agua de la ONU se encuentran estudios científicos realizados por el Instituto de Ecología, Pesquerías y Oceanografía del Golfo de México (EPOMEX) con respecto a la presencia de plaguicidas en agua del subsuelo, agua purificada, así como en la presencia del herbicida glifosato en orina de hombres y mujeres mayas.

En su intervención en el evento, el señor Gustavo Huchín habló sobre la contaminación originada por la implementación del modelo de agricultura industrial y con especial énfasis en la siembra de soya transgénica en la región. “Nuestra preocupación más grande es por la contaminación del agua por el glifosato y otros agrotóxicos, por la implementación de la siembra de soya transgénica a nivel comercial e industrial. Se ha alargado mucho la sequía en nuestro municipio por la deforestación y por esta razón los lugareños hemos perdido muchas colonias de abejas e inclusive no hemos levantado cosechas. Esto es a consecuencia de tanta deforestación que ha habido en el municipio”, refirió don Gustavo. Agregó que los estanques naturales de agua como lagunas y otras zonas bajas inundables para la captación de agua han ido despareciendo por la implementación de pozos de absorción para evitar que se inunden terrenos bajos y esto propicia la contaminación del agua de lo profundo con plaguicidas utilizados para la agricultura industrial.

Jorge Fernández Mendiburu, asesor legal del Consejo Maya de los Chenes e integrante de Indignación, sostuvo que existe omisión generalizada en todo el país por parte de las autoridades que deberían de ocuparse de garantizar el derecho del acceso al agua y que está sea limpia y no contaminada, refiriéndose a la dependencia federal de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). “Eso le da insumos al relator para que en su momento haga recomendaciones fuertes sobre las omisiones que tienen las dependencias federales”. El abogado agregó que esperan que el informe contenga una exigencia para que el Estado mexicano aplique medidas más estrictas.

Por su parte, María Colín, aboga de Greenpeace agregó: “Debe haber voluntad política por parte de instituciones como la Comisión Federal para la Protección contra riesgos Sanitarios (COFEPRIS) en la regulación de las sustancias que se utilizan en el país, la Secretaría de Agricultura, Ganadería Rural, Pesca y Alimentos (SAGARPA) quien otorga apoyos orientados a fortalecer el modelo de agricultura industrial; y la Secretaría de Medio ambiente y recursos Naturales (SEMARNAT) que no ha monitoreado el impacto en el medio ambiente por el uso de estas sustancias; es urgente que haya políticas públicas intersectoriales dirigidas a eliminar en primer instancia el uso de los plaguicidas altamente peligrosos (PAP), que han sido prohibidos en otros países por sus altos niveles de toxicidad, y se haga un plan de reducción y prohibición creciente del uso de agrotóxicos en México en aras de transitar hacia prácticas ecológicas.”

El Centro Mexicano de Derecho Ambiental, señaló que “la denuncia de la contaminación del acuífero de Hopelchén por presencia de plaguicida no sólo viola el derecho humano al agua y a la salud de las comunidades indígenas mayas, sino que pone en riesgo la salud y la vida de todos los habitantes de la península de Yucatán, ya que el acuífero de la Península es uno sólo e interconectado. En ese sentido, el Estado mexicano tiene la obligación de proteger el derecho humano al agua adoptando medidas para frenar la contaminación, sancionar los responsables y reparar el daño ambiental.”

Mayores informes: maogmcolectivo@gmail.com

Material gráfico y audios para su descarga:

– Fotos sobre la construcción de drenes, la perforación de pozos ilegales de absorción para la nivelación de terrenos inundables en donde se siembran cultivos industriales como la soya transgénica, sorgo y maíz hibrido + Fotos de la deforestación a causa del crecimiento de la frontera agrícola en la selva maya de Hopelchén Campeche

– Testimonios y entrevista con Jorge Fernández Mendiburu representante legal del Consejo Maya de los Chenes y don Gustavo Huchin representante maya

Foto: Ma OGM

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Agrotóxicos y transgénicos: asalto a la salud y derechos humanos

Artículo de Silvia Ribeiro, investigadora de la organización ETC Group, publicado en La Jornada el 18 de marzo 2017, a propósito del último informe de la relatora especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación, quien denuncia que el uso de agrotóxicos viola los derechos humanos de muchas formas, incluido el derecho a la alimentación, a la salud, al medio ambiente sano

>> Descargar y Leer el informe completo de la relatora de Naciones unidas sobre el derecho a la alimentación

“¿Cómo puede alguien haber pensado alguna vez que cultivar nuestra comida con veneno era una buena idea?”, preguntó Jane Goodall, antropóloga inglesa. A pocas décadas de su introducción, los agrotóxicos -llamados asépticamente plaguicidas para disimular su nocividad- han llegado a contaminar a la gran mayoría de la población mundial. Sea a través de residuos en alimentos -vegetales y animales- o por la contaminación de aguas, suelos y aire, los impactos en la salud y el ambiente han ido mucho más lejos que los lugares donde se aplican y la mayor parte son de larga duración.

Son algunas de las conclusiones del informe sobre plaguicidas (agrotóxicos) presentado a principios de 2017 por la relatora especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación, redactado en colaboración con el relator especial sobre productos tóxicos. El reporte, presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, denuncia que el uso de agrotóxicos viola los derechos humanos de muchas formas, incluido el derecho a la alimentación, a la salud, al medio ambiente sano. Afecta especialmente a niños y mujeres embarazadas, además de trabajadores rurales, entre quienes también hay muchos niños, ya que 60 por ciento del trabajo infantil en el planeta es en labores rurales.

Notablemente, el informe señala que el supuesto fundamento para justificar el uso de plaguicidas -terminar con el hambre aumentando la producción agrícola- nunca se cumplió. Pese al aumento de la producción, el hambre persiste y el número de personas con deficiencias nutricionales aumentó dramáticamente, hechos vinculados al avance de la agricultura industrial, basada en monocultivos y transgénicos. Con los cultivos transgénicos tolerantes a herbicidas, el uso de agrotóxicos aumentó además en forma exponencial en la última década.

Reportan que las trasnacionales de los agronegocios se han dedicado sistemáticamente y por diversos medios a tratar de ocultar los riesgos de los agrotóxicos, desde mercadotecnia engañosa hasta presión para alterar regulaciones que los hagan aparecer menos dañinos. “Se plantean graves conflictos de intereses, ya que las empresas de plaguicidas [Monsanto y Bayer, Dow y DuPont, Syngenta y ChemChina] controlan 65 por ciento de la ventas mundiales de plaguicidas, pero también 61 por ciento de las semillas. Los esfuerzos de la industria de plaguicidas por influir en quienes formulan las políticas y en las autoridades reguladoras han obstaculizado reformas y paralizado las restricciones a los plaguicidas en todo el mundo”. El documento plantea que existen alternativas viables y sin tóxicos para alimentar al mundo, como la agricultura campesina y agroecológica, que es urgente apoyar. (Documento A/HRC/34/48 del Consejo de Derechos Humanos).

Digamos, a manera de resumen, aunque existen vías reales y alternativas sanas, que sí alimentan, son nutritivas, no contienen veneno y dan trabajo a la mayoría de los que viven en el campo; todas y todos estamos expuestos a sustancias altamente tóxicas en alimentos y ambiente, no porque sean necesarias, sino solamente para el lucro de unas pocas trasnacionales.

Esto es exactamente el trasfondo de la lucha que llevan las comunidades indígenas, de campesinos y apicultores de la Península de Yucatán que se oponen a la plantación de soya transgénica en sus territorios, por la autorización que otorgó la Sagarpa a Monsanto para sembrar 235 mil hectáreas de soya transgénica tolerante a glifosato en siete estados. En las demandas presentadas por organizaciones de Campeche y Yucatán, la Suprema Corte reconoció que las comunidades indígenas tienen derecho a consulta, pero negó el fondo de la demanda, justamente lo que los relatores de Naciones Unidas señalan: los impactos y violación de derechos a la salud y al medio ambiente. El 22 de marzo se iba a discutir en la Suprema Corte de Justicia de la Nación la demanda de comunidades y organizaciones de Quintana Roo (Consejo Regional Indígena Maya de Bacalar y otras) que denuncia los daños por la soya transgénica en sus comunidades y ecosistemas, enfatizando que no se trata de que los “consulten”, porque ya desde sus asambleas lo han discutido y su respuesta es clara: demandan anular el permiso de siembra de soya transgénica. Pero los magistrados pospusieron la sentencia.

El 15 de marzo, Damián Verzeñassi, de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y director de la carrera de medicina de la Universidad del Chaco, Argentina, brindó una conferencia magistral en la UNAM, mostrando los impactos de la soya transgénica en ese país, tercer productor mundial de transgénicos. De 1996 a 2016, el uso de glifosato debido a esta siembra aumentó 848 por ciento en Argentina. Verzeñassi coordinó 24 campamentos sanitarios que relevaron 28 localidades en las cuatro provincias de mayor intensidad de siembra de soya transgénica del país. Los resultados son abrumadores, con casi el doble de incidencia de cáncer que el resto del país, aumento de deformaciones neonatales y abortos espontáneos, alergias, trastornos endócrinos y neurológicos, entre otros. En 2015, la Organización Mundial de la Salud declaró al glifosato como agente cancerígeno.

Por todo esto, la demanda de las comunidades de Quintana Roo no es un tema sólo de su región, es la defensa del derecho a la salud, al medio ambiente y a la alimentación sana de todas y todos, frente a la brutal agresión de las trasnacionales de agronegocios que por sus ganancias no dudan en contaminar el planeta entero.

Más información:

Informe de la Relatora Especial sobre el derecho a la alimentación A/HRC/34/48

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La agroecología como alternativa a los plaguicidas altamente peligrosos

Artículo de Fernando Bejarano González* en La Jornada del Campo del 17 de diciembre 2016 (Leer el número completo aquí)

Apoyar la investigación y el desarrollo de alternativas agroecológicas para el control de insectos, de plantas no deseadas –mal llamadas malezas– y de enfermedades en la agricultura para eliminar el uso de plaguicidas químicos, especialmente de los plaguicidas altamente peligrosos, es una demanda de organizaciones campesinas, de trabajadores agrícolas, no gubernamentales de defensa de la salud ambiental y de los consumidores a escala mundial.

Expertos de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y de la Organización Mundial de la Salud (OMS) han establecido los criterios técnicos para identificar a los plaguicidas altamente peligrosos. En términos generales este término se refiere a los plaguicidas que pueden causar la muerte o efectos a la salud a corto plazo por su alta toxicidad aguda, o también provocar efectos crónicos irreversibles a largo plazo (cáncer, malformaciones, daños reproductivos). O, también, que están incluidos en convenios ambientales internacionales (Protocolo de Montreal, de Estocolmo o de Rotterdam) o que pueden causar un daño a la salud y el ambiente por las condiciones en las que se usan. A estos criterios, la Red Internacional de Plaguicidas o PAN Internacional –por sus siglas en inglés– propone que se añadan otros, como son el potencial para causar la muerte de las abejas, o que alteren la acción normal de las hormonas, entre otros.

PAN internacional ha elaborado una lista de 296 ingredientes activos de plaguicidas altamente peligrosos que cuentan con una o más de dichas propiedades, según clasificaciones de organismos nacionales o internacionales reconocidos (ver la lista en www.rapam.org). De esa lista, 183 plaguicidas altamente peligrosos están autorizados en México por la Comisión Federal de Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris), e incluidos en el Catálogo de Plaguicidas de 2016 de la Cofepris, en más de dos mil formulaciones distintas, tanto para uso agrícola, como para uso industrial, doméstico e incluso algunos para el control de mosquitos vectores transmisores de enfermedades. De igual manera, dentro de los  plaguicidas altamente peligrosos están autorizados 44 ingredientes activos de plaguicidas que son probables causantes de cáncer en seres humano, según la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, y 83 de ellos tienen una toxicidad alta para las abejas que puede provocar su muerte. Estos son datos preliminares de un informe sobre la situación de los plaguicidas altamente peligrosos en México que desde la Red de Acción en Plaguicidas y su Alternativas en México, AC (RAPAM) daremos a conocer próximamente en colaboración con investigadores de diversas universidades del país.

Como ha señalado Baskut Tuncak, actual Relator Especial de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre Sustancias Químicas y Residuos Peligrosos, el uso de plaguicidas químicos puede vulnerar el derecho a la vida, a la salud, a una alimentación sana y adecuada y a un medio ambiente sustentable, además de afectar de manera particular los derechos de la niñez (ver los informes de Baskut Tuncak en http://www.srtoxics.org).

Es en este contexto que la discusión sobre las alternativas agroecológicas al uso de los plaguicidas químicos y en particular de los plaguicidas altamente peligrosos se hace necesaria e indispensable para alcanzar el mayor nivel de protección a los derechos humanos vulnerados por el uso de estos agrotóxicos. Hay que recordar que esto adquiere un significado especial en México debido a la reforma del artículo primero de la Constitución Política, que indica que “todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad” (Diario Oficial de la Federación, 10 de junio de 2011), obligación que está lejos de cumplirse.

Al estudiar el problema del surgimiento y control de plagas, de plantas no deseadas y enfermedades, la agroecología busca entender el rol de la biodiversidad en un agroecosistema, sus componentes y funciones para desarrollar estrategias de diversificación del hábitat. Por ejemplo, busca incrementar la diversidad de los insectos benéficos –predadores y parasitoides– que actúan como enemigos naturales de los insectos que se han convertido en plaga para bajar la densidad de su población. Para ello recurren al fomento de policultivos, rotaciones de cultivo, cultivos de cobertura o franjas de cultivo. Además del uso de trampas, plantas repelentes o insecticidas y fortalecer la fertilidad biológica del suelo.

Es necesario que en México se abra un debate público sobre las consecuencias de la política neoliberal en materia de regulación de los plaguicidas, la cual ha conducido a otorgar permisos a un alto número de plaguicidas altamente peligrosos, muchos de ellos prohibidos en otros países, para dar cumplimiento al mandato constitucional de la protección de los derechos humanos y sus garantías. Es necesario un cambio en las políticas públicas para que se fomenten las alternativas agroecológicas a los plaguicidas químicos, especialmente los plaguicidas altamente peligrosos en la agricultura, incorporando la experiencia y el saber de las organizaciones campesinas, indígenas y de productores privados, de las asociaciones de profesionales, de los centros de investigación agrícola, de los que practican la agricultura orgánica en los más de cien cultivos certificados en el país, así como de los que están practicando una certificación participativa construyendo sistemas locales alimentarios más sustentables.

*Maestro en ciencias y director de la Red de Acción en Plaguicidas y su Alternativas en México, AC (RAPAM)

Más información:

Agroecología: innovaciones para sistemas agrícolas y alimentarios sustentables

Ante la fusión Bayer-Monsanto, defendemos el derecho de los campesinos y las campesinas a producir de manera agroecológica

Se les va la vida entre pesticidas

Por Gabriela Martínez, La Jornada Baja California

Ensenada, 21 de julio.- Mientras permanece hincada sobre los campos de cultivo, María se talla los ojos enrojecidos. El sudor cae de su rostro como si fuera lluvia y desde hace unos años un dolor agudo no se le quita de las manos, pero eso no evita que por lo menos seis días a la semana arranque miles de fresas del rancho donde trabaja de jornalera, una por una, aunque la piel de las manos se le caiga a pedazos.

No sabe de qué, ni por qué se enfermó, solo tiene la certeza de que su condición empeoró hace unos cinco años; no lo entiende, dice que siempre ha hecho lo mismo. Despierta de madrugada, se dispara hacia el trabajo y antes de que salga el sol se lava las manos en agua carbonatada; luego, cuando es tiempo de fumigar, respira el aire tóxico de los pesticidas.

“Me arde como si me estuviera quemando”, dice mientras levanta las manos despellejadas; “tengo que hacerlo, los patrones cuidan más las plantas que a uno”.

Dice que mientras recoge las fresas, a su alrededor se forma una neblina blanca, casi imperceptible para los recolectores, de no ser por el olor a metal que emana y el ardor que provoca en el cuerpo.

Como si estuviéramos malditos, todos enfermamos

María apenas tiene 31 años; es menudita como si fuera una niña, pero tiene el rostro cansado. Aunque no mide más de metro y medio, es capaz de cargar hasta 20 kilos de fresas. Dice que las fuerzas se le han acabado poco a poco, pero no puede darse el lujo de no trabajar, porque es el único sustento de sus cuatro hijos y su madre, enferma de cáncer.

“Es como si estuviéramos malditos, todos nos enfermamos”, dice mientras saca una fotografía de su bolsa y clava la mirada en las caras de dos adolescentes. “A mi mamá le dio cáncer y ya no pudo seguir en el campo; toda su vida la pasó entre cultivos, a mí no me falta tanto tiempo y ahora, miro a mis hijas y tengo mucho miedo”.

Ángela es una adolescente de 15 años. Es hija de María y, al igual que ella, tiene el cuerpo color chocolate. Vista de espaldas aparenta menos edad, pero el tiempo se le viene encima en las manos y en el rostro; su camino es idéntico al de su madre.

Convulsiones y sicosis

Los tanques de pesticidas están bajo resguardo de los capataces y mayordomos del rancho. Rara vez los campesinos se asoman por el cuarto donde los tienen almacenados, pero en esta ocasión la curiosidad le ganó. José, uno de los jornaleros, fotografió los envases: bromuro de metilo + cloropicrina, dice sobre las etiquetas.

De acuerdo con la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos ambos pesticidas son considerados tóxicos y dañinos para la salud. Una de las exigencias de la Organización Mundial de la Salud (OMS) es que periódicamente se deben realizar pruebas neurológicas y neurosicológicas a los trabajadores expuestos a estas sustancias.

La recomendación obedece a que se detectó una relación entre el contacto de personas con ambos fumigantes y daños en el sistema nervioso, que se traducen en convulsiones o sicosis.

En el caso de la cloropicrina, tiene fuerte olor y efectos irritantes. Principalmente se utiliza junto con otros fumigantes líquidos como “agente de alerta”, pero, al igual que el bromuro de metilo, tiene efectos negativos en la salud; por ejemplo, causa irritación severa en el tracto respiratorio superior, los ojos y la piel. Puede esperarse que la ingestión cause una gastroenteritis corrosiva.

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) advierte que la exposición puede generar neuropatías periféricas, dificultad para hablar y secuelas neurosiquiátricas como dificultad en el andar, movimientos involuntarios de los ojos, temblores, contracciones musculares involuntarias, ataques, disminución de las habilidades mentales y desórdenes severos mentales, las cuales pueden desarrollarse hasta semanas después de la exposición y pueden persistir indefinidamente.

Trajes viejos para las inspecciones

José cuenta que bomberos protegidos con trajes herméticos llegan periódicamente para fumigar la tierra; es una escena que no comprenden porque, mientras, cientos de campesinos permanecen arrodillados entre las legumbres o las frutas, unos pizcando u otros regando. El gas tóxico los invade de pies a cabeza.

–¿Llevan algún tipo de
protector?

–No, ninguno. Bueno ellos, los bomberos, sí, pero nosotros no.

–¿Guantes, cubrebocas, trajes… algo?

–Nada… Sí, tienen algún equipo de esos viejos y cuando vienen las inspecciones, pues sí arman todo y nos dan las cosas, pero muy pocas veces los usamos.

Campesinos y familiares de los trabajadores han comenzado a reunirse para contar los casos de padecimientos cancerígenos, enfermedades crónico-degenerativas o incluso nacimientos de niños con malformaciones. Ninguno de ellos tiene la certeza de que las enfermedades estén plenamente relacionadas con los plaguicidas, pero exigen la intervención de las autoridades para investigarlo. 

Mujeres, las más vulnerables

En la familia de María existen al menos dos diagnósticos de cáncer: el de ella y el de su madre. Tiene cuatro hijos, dos son mujeres y teme por ellas; piensa que, como ha ocurrido, el nombre de esa terrible enfermedad también las puede alcanzar. Aunque quisiera sacarlas del trabajo del campo, la realidad es que su economía no les permite pensar en esa opción.

La investigadora Gabriela Muñoz, del Departamento de Estudios Urbanos y del Medio Ambiente de El Colegio de la Frontera Norte (Colef), explica que existen estudios de organizaciones internacionales que relacionan enfermedades como el cáncer y malformaciones con pesticidas y fumigantes, particularmente en los casos de la mujer.

Señala que los compuestos de estas sustancias tienen moléculas orgánicas y otras que además son tóxicas, las cuales al tener contacto con las personas se almacenan en los tejidos adiposos. En este caso, dice, las mujeres quedan en desventaja, ya que su anatomía las hace más vulnerables: “senos, caderas, muslos o incluso el trasero.

“Hay estudios de organizaciones internacionales que confirman la relación entre los pesticidas con la leche materna. Es decir, tendríamos que pensar, bajo el supuesto de que las empresas no usan medidas preventivas, que las mujeres embarazadas que tuvieron contacto con los fumigantes están gestando a sus hijos en condiciones tóxicas, pero que además, al nacer, se van a llevar una inyección de químicos con la leche materna”, advierte.

Pero esta no es la primera vez que el mundo pone los ojos en el uso de sustancias químicas para fumigar campos agrícolas, dice Muñoz. Desde hace más de 30 años surgieron las voces de especialistas que denunciaron el impacto de los gases en la salud de los campesinos que periódicamente mantenían contacto.

Una de ellas fue la bióloga Rachel Carson, quien desde 1960 sostenía que los pesticidas y los fumigantes dañaban la capa de ozono, además de ocasionar la muerte de la flora y fauna, y de generar enfermedades entre los trabajadores que eran expuestos. Lo anterior, dice la investigadora, desató una polémica que terminó con la creación de un marco legal para el uso de estas sustancias, pero a casi medio siglo, parece no haber muchos cambios:

“México es la pluma más rápida del Oeste; firma acuerdos internacionales hasta parece que con la convicción de cumplirlos, pero no es así. Tenemos un marco legal y siguen proponiendo más leyes; primero hay que cumplir con las que ya tenemos. Mejorar va a depender de que las personas exijan sus derechos, el gobierno vigile y las empresas cumplan”, señala.

Para Muñoz la exposición de los trabajadores, no solo las mujeres, a los pesticidas es una bomba de tiempo. En México las autoridades todavía no ponen la suficiente atención no solo para regular el uso, sino garantizar el cumplimiento de las empresas agrícolas en las medidas de prevención para evitar daño en la salud de los campesinos.

Incumple protocolo para eliminar el bromuro de metilo

Desde el 1º de enero de 2014, México se declaró libre del bromuro de metilo de acuerdo con el Protocolo de Montreal que firmó. Los estragos causados al medio ambiente por esta sustancia utilizada normalmente por las agroempresas fueron la causa de este pacto de colaboración entre diferentes países.

“El bromuro de metilo es un plaguicida muy eficiente utilizado en la fumigación de suelos agrícolas… sin embargo, es una de las sustancias más dañinas para la capa de ozono. En la Reunión de las Partes del Protocolo de Montreal de 1992 se reconoció al bromuro de metilo como una de las sustancias responsables del deterioro ambiental”, se lee en una de las publicaciones del protocolo.

El doctor en ciencias químicas de la Escuela de Ciencias Químicas e Ingeniería Rubén Sepúlveda, y ex director de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), se pregunta si el bromuro de metilo es dañino para el medio ambiente “¿qué podría causar con trabajadores que están expuestos a esta sustancia diariamente y por largos
periodos?

Con su firma, el Estado mexicano se comprometió a dejar de utilizar los pesticidas y los fumigantes con bromuro de metilo en los campos agrícolas del país. Se presumieron diferentes programas de capacitación para los empresarios sobre otras opciones para fumigar la tierra; sin embargo, la realidad es que no existen garantías sobre el cumplimiento al 100 por ciento del tratado. Ni siquiera de las normas ambientales locales.

Sepúlveda señala que, para determinar el impacto por el contacto con tóxicos, primero se debe analizar el tiempo de exposición, las barreras físicas y la distancia. Para disminuir el riesgo, en el caso de los ranchos agrícolas, las autoridades contemplan el uso de equipo de protección, así como la aplicación de protocolos de seguridad, que no siempre se cumplen.

“Pienso en los campesinos; por ejemplo, con ellos estas barreras se derrumban fácilmente. Fumigan y esparcen las sustancias mientras ellos trabajan; ellos no pueden controlar el tiempo de exposición, pero si, además, ni siquiera les entregan equipo de resguardo… eso definitivamente es poner en peligro su vida”, lamenta.

Plaguicida de Monsanto, en lista de cancerígenos; al Gobierno no le importa: ONG’s

Por Juan Luis García Hernández, sinembargo.mx

El glifosato es el herbicida de uso más generalizado en el mundo y este mes la Agencia Internacional de la Investigación del Cáncer (IARC) entregará un reporte que lo califica como “probable cancerígeno en humanos”. Mientras que otros países, como Francia, pretenden poner un alto a esta patente de la transnacional Monsanto, en México, su uso está permitido.

De acuerdo con Sandra Laso Jácome, vocera de la campaña de transparencia “Comida Sana, Tierra Sana” de Greenpeace, apuntó que en México hace falta una regulación por parte de las autoridades sobre el uso de agrotóxicos.

“Si consideramos que el catálogo de plaguicidas no ha sido actualizado en los últimos 10 años, y que ha salido a lo largo de este periodo sobre la toxicidad, que algunas de estas sustancias como recientemente fue el glifosato, fueron catalogadas como probables cancerígenas”, dijo en entrevista con SinEmbargo.

Hasta hoy, el catálogo oficial de plaguicidas de la Secretaría de Salud maneja dos categorías de efectos a la salud por exposición al glifosato: aguda y crónica. En la primera específica “ligero irritante dérmico y oral. Severo irritante de los ojos”, y en la segunda, se limita a informar “no se han encontrado efectos en los estudios realizados en animales”.

El 22 de marzo la IARC, que pertenece a la Organización Mundial de la Salud (OMS), adelantó, antes de publicar una monografía sobre el glifosato este mes, que nuevas sustancias químicas utilizadas para la agricultura entraron en la lista de “probablemente cancerígena para humanos”, entre ellas los insecticidas malatión y diazinón; y el popular herbicida glifosato, comercializado como Roundup y conocido en México como Aquamaster.

Las razones de la IARC para sustentar la nueva categoría de este herbicida estuvieron basadas en la evidencia “de estudios de exposiciones [de humanos a la sustancia], principalmente agrícolas, en los Estados Unidos, Canadá y Suecia, publicados desde el 2001”, citó la agencia de investigación en un comunicado.

Asimismo, la IARC se basó en investigaciones sobre tumores en ratones. De acuerdo con la IARC, la propia Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (US EPA, por sus siglas en inglés) clasificó en un inicio al glifosato como “posiblemente cancerígeno” en 1985, pero se desdijo seis años después.

Datos de Greenpeace sostienen que en México, por cada mil hectáreas se utilizan 3 mil 307 toneladas de plaguicidas y el glifosato sería uno de los más aplicados.

Por otra parte, activistas denuncian que el Gobierno mexicano se ha visto incapaz de desmarcarse de los productos de Monsanto que son aprobados por la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos.

“Colombia, Ecuador y Perú, están tomando decisiones para prohibir el glifosato, que es altamente utilizado en el combate de la Coca, presionados por el Gobierno de los Estados Unidos”, dijo Víctor Suárez Carrera, director de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (Anec), que agrupa a 60 mil productores de maíz, durante una conferencia en defensa de ese cereal esta semana.

El Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE) de Colombia resolvió, en mayo, reducir a la mitad el uso de glifosato para atacar las plantaciones ilegales de coca, la cual sirve para obtener el estupefaciente cocaína. Por lo que Suárez Carrera pidió al Gobierno mexicano hacer un posicionamiento claro en contra del plaguicida.

Más recientemente, en Francia, la Ministra de Ecología Segolene Royal anunció la prohibición de la venta libre del Roundup, del cual su principal componente es el glifosato.

La Ministra habló en televisión nacional sobre “encabezar una ofensiva”contra los pesticidas tóxicos y pidió “a las tiendas de jardinería que retiren de la venta” los productos con dicho componente.

En contraste la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) de México, no ha establecido un pronunciamiento luego de los hallazgos de la IARC.

GLIFOSATO Y AUTISMO

Antonio Turrent Fernández es miembro de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y tiene una larga trayectoria en la investigación de temas agrícolas. Turrent recalca que además de cáncer, a la patente de glifosato de Monsanto se la han acuñado otros males como el autismo y el daño a la microbiota intestinal.

“En Estados Unidos desde 1990 para acá se ha vuelto transgénico en todo, pero en los ochentas antes de la era transgénica, ya había, la frecuencia de niños con autismo, era de uno por cada 2 mil 500 niños, pero todo esto empezó a crecer, y en la actualidad es uno de cada 68 nacimientos”, dijo Turrent a SinEmbargo.

El autismo es un problema complejo y multicausal. Sin embargo, en el 2012 la investigadora Stephanie Seneff of the Massachusetts Institute of Technology (MIT), hizo una correlación entre el glifosato y dicho trastorno.

“Ella dice que el glifosato, es una antibiótico. Cuando se le da a las plantas inhibe uno de los ciclos, que produce tres aminoácidos esenciales para la planta pero también para nosotros”.

Seneff señaló la correlación entre el incremento de los plaguicidas en el cultivo agrícola con glifosato y los altos índices de autismo.

De acuerdo con la investigadora, el principal problema de las regulaciones de los Estados Unidos es que son ciegos frente a que el glifosato incrementa la toxicidad de otros químicos como el aluminio y la glutamina. Esto hace que se eliminen las bacterias buenas para el organismo, relacionadas con la digestión y la microbiota intestinal.

“Si yo ingiero glifosato se va a mi flora intestinal y mata mis bacterias que son susceptibles, y las que son tolerantes se quedan, pero, ya no son las que yo necesito para funcionar”, aseveró el doctor Turrent.

¿Qué tiene que ver el boicot a Nutella y el ecocidio de Petén?

Si no hay nada más rico que la Nutella, no hay nada más raro que un país serio como Francia le declare la guerra. Pero tienen razón. Es porque utiliza aceite de palma y sus plantaciones son una amenaza al medio ambiente por la deforestación y por la irresponsabilidad de empresas como Repsa, que hace dos meses aceptó que estaba contaminando el río La Pasión, como consta en un documento al que tuvieron acceso Nómada y CMI.

Por Rodrigo Véliz Y Gladys Olmstead
Nomada.gt

(Primera parte de la investigación.)

El ecocidio desde el 6 de junio en el río La Pasión impactó a Guatemala y al mundo. Las imágenes de miles de peces y algunas tortugas muertas no se irán de la memoria colectiva. Y cada vez queda menos espacio para esconder la responsabilidad de la empresa que lo causó.

Repsa lo niega. Una y otra vez. Difunde versiones de que fueron las comunidades o alguna perversa oenegé. O los narcos. El 11 de junio publicó un comunicado en el que dijo que “en 15 años no ha sido responsable de ningún daño a las fuentes acuíferas de la localidad”. Pero es mentira. Los periodistas que escriben este reportaje tuvieron acceso a un documento entregado por Repsa al Ministerio de Ambiente a inicios de mayo, en donde acepta que sus lagunas de oxidación (donde se retiene el agua con pesticidas usada en sus cultivos) se rebalsaron debido a lluvias 38 días antes del gran ecocidio.

En el documento número GAC-0026-2015-gac, Repsa explica que la noche del martes 28 y el miércoles 29 de abril se registraron lluvias más fuertes de lo normal, lo que provocó que los riachuelos que corren en los márgenes de la laguna de oxidación 10 se saturaran, inundándola y ensuciando parte de su caudal. La corriente siguió por el Arroyo San Ignacio, desembocando en el Río La Pasión. Repsa aceptó por escrito que no tuvo capacidad de reacción. En el documento al que tuvieron acceso Nómada y CMIguate.org, Repsa escribió el jueves 30 de abril que tuvo noticias de peces flotando con síntomas de asfixia.

Luego de tomar muestras del río, Repsa las envió a la Facultad de Veterinaria de la Universidad de San Carlos, que el 1 de mayo confirmó, como se publicó en este reportaje de Luis Solano, que el agroquímico utilizado era Malatión, letal para cualquier ecosistema.

Repsa ha negado responsabilidad en los hechos. Y no meten las manos al fuego por ella otras empresas, pero sí lo hacen desde el gobierno del PP o desde el partido Líder.

Consultados sobre el asunto, las cámaras donde está agremiada Repsa prefirieron no opinar. Grepalma dijo a estos periodistas que “cada empresa maneja sus propios controles agroquímicos”, y la Cámara del Agro fue de la misma opinión.

Pero el Estado de Guatemala parece no tener ningún poder sobre Repsa. Las instalaciones de su planta procesadora en Sayaxché fueron allanadas por el Ministerio Público y el juzgado tercero ordenó el cierre temporal de la planta, a lo que Repsa se ha negado porque dice que es inocente.

El Gobierno de Otto Pérez y el partido Líder, de Manuel Baldizón, parecen hacerle hacen caso. Benedicto Lucas, del Consejo de Áreas Protegidas (Conap), y el diputado petenero de Líder, Manuel Barquín, dijeron a la prensa que narcotraficantes del área podían estar entre los implicados, eximiendo de responsabilidad a la empresa.

Aunque la relación entre palmeros y narcos no es tan conflictiva. Una investigación de Plaza Pública en 2012 denunció que le alquilaban propiedades al capo Ottoniel Turcios.

Se pidió la opinión de varios representantes de Repsa sobre estas acusaciones, pero no respondieron. Se les preguntaría no sólo sobre este documento en el que asumieron responsabilidad, sino también sobre sus compradores. Investigaciones académicas han publicado que venden en su mayoría a empresas multinacionales con sede en México y exportan también hacia el puerto europeo de Rotterdam, el más grande de ese continente. Empresas intermediarias a las que les compran fábricas como la de Nutella.

Cómo sigue el río ahora que ya no hay peces muertos (ni vivos)

Con 353 kilómetros de largo (casi la distancia entre Ciudad de Guatemala y Sayaxché) el río La Pasión alberga al menos 14 comunidades en sus orillas. Pequeñas sociedades, con unas 10 mil personas, viven de las aguas de su caudal. O por lo menos lo hacían hasta hace 18 días.

El 6 de junio la vida se trastornó para miles de animales y árboles, pero también para miles de personas en Sayaxché, Champerico, El Pato, Semuy, Flor de Selva, el Colorado. El agua para tomar, para lavar, para bañarse y pescar, ahora es una corriente que despide un olor desagradable y miles de moscas. El río ya no es lo que era antes, aseguran sus habitantes.

La comunidad de El Pato es la primera a la que llegaron estos periodistas en las orillas del río La Pasión. La mitad de la población trabaja para Repsa, con la que colinda. Ellos reciben el agua que viene del río Sebol. Y el caudal se alimenta de diversos riachuelos hacia el río Usumacinta. En medio de la comunidad sale un arroyo conocido como San Ignacio. El mismo que ahora funciona para marcar el antes y el después.

En la primera mitad de la comunidad El Pato, las mujeres bajan al río a lavar, los niños salen a nadar, y la vida es lo que se espera que sea a la orilla de un río. Pero acercarse al arroyo San Ignacio es otra historia. El olor dentro de esta ramificación del río es insoportable. El agua tiene un color oscuro y se puede ver aceite en su superficie. Estos periodistas vieron un pez agonizando el sábado pasado. “Las lagunas de oxidación están cerca de aquí, pero ya no se puede pasar, eso sólo lo puede ver si viene desde adentro”, explica el conductor de la lancha y residente de El Pato.

Los nombres de los comunitarios que hablaron para este reportaje no se publicarán para evitar represalias de la empresa. HAME es el nombre del consorcio de Repsa y de su dueño, Hugo Alberto Molina Espinoza. Mientras se hacía este reportaje, un picop con las siglas HAME fue visto por estos periodistas vigilando a las comunidades y con quiénes hablaban sus vecinos.

Avanzando sobre al río La Pasión, las plantaciones de palma africana son imponentes. Hay kilómetros de kilómetros de kilómetros de palma sembrados a la orilla, y luego una tubería sobresale del agua. “De ahí sacan los desechos”, asegura el guía.

Luego se observa el ferry privado de Repsa. También hay camiones esperando a ser cargados y un depósito de agua. En el que se lee OLMECA. Sí, de los aceites, que se sacan de la palma. A la par, hay grandes pipas industriales de las que sale humo negro. “Ellos siguen trabajando (a pesar de la orden del juzgado). Ya desde hace días que se escuchan las máquinas arrancadas”, dicen algunos vecinos.

Aquí empezó a sentirse el desastre. “Ese día, navegando adentro del río se sentía un olorcito que qué pestilencia. Había un aceitaje sobre el agua, que era toda la shuquedad saliendo del arroyo”, dice un vecino. Pero a esa altura del río en ese primer momento no vieron ni un solo pez muerto. Porque todos los que se murieron ahí fueron arrastrados por la corriente, río abajo.

Fueron a caer a la comunidad de Champerico. Sus vecinos recuerdan que trabajadores de Repsa dieron la alarma. “Ellos nos llamaron y nos dijeron que se estaban muriendo los peces, que bajáramos a la orilla a ver. Cuando llegamos aquí se venían a morir algunos y otros saltaban afuera del agua, como buscando vida, pedían auxilio”, asegura el alcalde auxiliar de Champerico, Domingo Chop.

En este poblado, el agua sí quedó totalmente restringida. Por lo que representantes de la comunidad decidieron hablar con Repsa y solicitar agua y una pileta para poder tener una reserva. La empresa aceptó, a cambio de que se le eximiera de responsabilidad por escrito, en un documento firmado el 15 de junio. “Las autoridades no nos escuchan y nuestra gente está pasando penas. Si la palmera me escucha y me responde, yo voy pedirle cosas a la palmera”, explica un comunitario.

Estas alianzas de algunas comunidades con Repsa dividió a los vecinos del municipio de Sayaxché. En un documento al que tuvo acceso Nómada, la mayoría pidió a la alcaldía de Sayaxché que anulara ese acuerdo del 15 de junio, exigiera a Repsa que se comprometiera a a cumplir con sus compromisos con las comunidades y dejara sin efecto el documento firmado por algunos Consejos Comunitarios de Desarrollo (Cocodes).

Entre los grupos que aceptaron una alianza con la empresa palmera, se encuentra también la Cooperativa de Pescadores de Sayaxché. El presidente, Evaristo Calvenate, explica sus razones. Los pescadores no tienen otros trabajos. Su vida la dedicaron a la pesca, y ahora se quedaron con equipo y deudas. “Yo lo que pedí fueron entre Q20 mil y Q30 mil para cada pescador. Pero no es para que paguen sus deudas, sino para que puedan empezar otro proyecto que pueden ser: gallinas ponedoras, tener alguna cosecha, cuidar ganado o seguir con la pesca en otros ríos”, dice Calvenate.

El ecocidio podría ser más grave y permanente

La magnitud de este desastre ecológico es imposible de medir. Sus efectos no se limitan a la mortandad de los peces. Los químicos que el río lleva en sus aguas podrían afectar a todas las especies alrededor de la cuenca (incluída la especie humana). Raúl Maas, del Instituto de Agricultura, Recursos Naturales y Ambiente (IARNA) de la Universidad Rafael Landívar, considera que “cayó una sustancia con una demanda de oxígeno muy grande, lo que dejó a los peces sin la capacidad de respirar, por lo que murieron de asfixia”.

Maas asegura que los animales que murieron son los que cuentan con respiración acuática. Y es por esta razón que se encontraron muy pocas tortugas muertas y ni un solo cocodrilo. “Lo importante en este caso es conocer el cóctel biocida que fue vertido en el agua. Me refiero a una sustancia que seguramente está compuesta por diversos químicos y es la causante de la contaminación”.

El investigador asegura que no es posible calcular el tiempo para que este problema se resuelva y que la biodiversidad regrese a ser lo que era. Y explica que “habían peces en peligro de extinción, especies consideradas endémicas como el pez blanco y la pigua”. El daño que se le ocasionó al río es prácticamente irrecuperable: un ecocidio.

Los trabajadores defienden a Repsa

En este panorama, sólo los trabajadores de Repsa la defienden. Uno de ellos dice que trabaja en una oficina allí. Con un horario de 12 horas diarias. “De 12 a 12”. Con salario mínimo de Q2,500. “Pero con las horas extra podemos llegar hasta a Q6,200”, asegura el empleado.

–¿Qué pasaría si Repsa no asume su responsabilidad una vez declarada culpable? ¿Buscarían justicia para su comunidad?
– Yo no sé qué haríamos, porque nosotros ¿de qué vamos a vivir? Millones de personas se quedarían sin trabajo, y eso no le conviene a nadie, ¿o sí?

(La palma africana, de hecho, es la agroindustria que menos mano de obra usa en el país.)

–Pero el agua contaminada tampoco le conviene a nadie, ¿buscarán presionar desde adentro?
– Es nuestra comunidad. Pero toda la gente ya vendió sus terrenos a la perforadora. Si ellos se van o cierran, nosotros de qué vamos a vivir.

Una perforadora de palma que produce 80 toneladas por hora, 960 cada 12 horas, 1,980 toneladas por día en una de las dos fábricas que tiene en la región. Ha dicho a sus empleados que podría cerrar. Ellos defienden su trabajo y no confían en las personas de afuera.

La no-vida en la cuenca

Los trabajadores son los únicos que la defienden. Los demás vecinos le tienen miedo a la empresa. Tanto que piden que no se publiquen sus nombres como condición para hablar con los periodistas.

La vida en Sayaxché es poca vida. “Los pescadores estamos como caballos desbocados, sin riendas ni rumbo”, dice uno de ellos. Sin la posibilidad de salir a pescar para traer insumos a la casa, no tienen nada qué hacer. Nada. “Si viene cualquier día aquí a la casa, nos va a ver igual, sin hacer nada”.

La esposa de otro pescador dice que de sus cuatro hijos, “tres son profesionales y todos salieron de la pesca; sólo falta la última”. A la que intentará ayudar a estudiar con su negocio de tortillas. “Yo le digo que no se preocupe, aunque de la tortiada la verdad es que no se saca mucho”.

“Es una gran crisis, tenemos el río vedado por los de Conred”, añade otro. La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres cuenta con un equipo en la zona para monitorear el agua e informar a los vecinos.

Y los vecinos la están pasando mal. Otro de Sayaxché había logrado graduar a seis hijos con su trabajo en la pesca. Ahora está sin nada para trabajar. “De brazos cruzados, porque yo pescaba y mi esposa vendía el pescado”. Pero además de la falta de empleo, se le suma una deuda en el banco por Q150,000, de la que tiene ya un mes atrasado. “Hipotecamos la casa porque necesitábamos el dinero para arreglarla, estábamos confiados del trabajo que teníamos”, asegura el pescador, que fue uno de los que Repsa contrató para recolectar los peces muertos. “No se puede decir quintalería sino toneladas de peces eran”.

Conred le dijo a los vecinos que tal vez en cinco años se recupere el ecosistema. Por eso cuando se les pregunta cómo están responden que llorando el río. A un niño de cinco años, con el nombre inventado de Byron, se le preguntó si le gustaba nadar. “Ya no, ahí hay veneno”.