Compartimos el número 21 de la revista Aportes DPLF, la revista de la Fundación para el Debido Proceso – Enero 2017
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Editorial (Por Katya Salazar, Directora Ejecutiva)
Durante la última década, la situación de derechos humanos en México se ha deteriorado notablemente. La guerra contra el narcotráfico tuvo un efecto decisivo en el aumento de la violencia originada por los grupos criminales, pero también de los crímenes cometidos por fuerzas estatales. A pesar del reconocimiento que el gobierno mexicano ha hecho de esta situación y de las medidas que se han tomado para enfrentarla, la realidad nos muestra que las violaciones de derechos humanos y una falta de respuesta adecuada de parte de las instituciones de procuración y administración de justicia, siguen siendo la regla y no la excepción.
En este contexto, la noche del 26 de septiembre de 2014, desaparecieron cuarenta y tres estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero. Aunque éste no era ni el primero ni el último caso de personas desaparecidas en México, el número de desaparecidos, su calidad de estudiantes, el involucramiento de fuerzas estatales de distintos niveles y la persistencia de los familiares hicieron de este caso un parteaguas que desencadenó la indignación ciudadana nacional e internacional.
En el marco de las medidas cautelares que se tramitaban ante la CIDH por este caso, y producto de un acuerdo entre esta institución, el Estado mexicano y los representantes de las víctimas, se creó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que recibió el encargo de realizar una verificación técnica de las acciones adoptadas por el Estado mexicano luego de la desaparición de los estudiantes, no solo respecto de su localización, sino respecto del agotamiento de las líneas de investigación así como la atención y reparación a las víctimas.
El GIEI fue una experiencia inédita de colaboración Estado-CIDH y de monitoreo de un caso en tiempo real. Integrado por cinco expertos internacionales, el GIEI nos demostró que es posible investigar este tipo de atrocidades tratando a las víctimas con respeto y consideración. Sus hallazgos sobre el caso —plasmados en dos informes— fueron fundamentales, pero posiblemente el legado más importante fue la radiografía que realizó del sistema de justicia penal mexicano y las recomendaciones que hizo con la finalidad de mejorarlo.
Un complemento perfecto del trabajo realizado por el GIEI, fue el informe Atrocidades innegables: confrontando crímenes de lesa humanidad en México, publicado el año pasado por Open Society Justice Initiative (OSJI) y cinco organizaciones de la sociedad civil mexicana.
Este informe realiza un riguroso análisis de los crímenes cometidos en el país durante la última década y establece la existencia de fundamentos razonables para considerar que se han cometido crímenes de lesa humanidad, tanto por actores estatales como no estatales, los mismos que deben ser debidamente investigados y juzgados.
Este informe también incluye una serie de recomendaciones dirigidas a diferentes actores, destacando la propuesta de crear un mecanismo internacional de investigación de crímenes atroces y grandes casos de corrupción en México.
El diagnóstico es claro: el sistema judicial mexicano tiene la enorme responsabilidad de dar una respuesta adecuada al legado de graves violaciones de derechos humanos cometidas durante la última década. Si las condiciones actuales no lo permiten, es necesario pensar creativamente y no descartar el apoyo internacional, tal como ocurrió en el caso de los estudiantes de Ayotzinapa.
Con la finalidad de contribuir a esta reflexión, pero también para ayudar a entender mejor la situación del país en el resto del continente, dedicamos esta edición de AportesDPLF a la situación actual de derechos humanos en México.
La primera sección de este número examina las graves violaciones a derechos humanos que ocurren en México. Sobre este tema, Claudia Paz y Paz —ex Fiscal General de Guatemala— nos explica cómo el caso Ayotzinapa exhibió las principales deficiencias del sistema de investigación criminal mexicano y en base a su experiencia como integrante del GIEI, propone una serie de recomendaciones sobre cómo mejorarlo. En esa misma línea, Ariel Duliztky, miembro del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre despariciones forzadas o involutarias, plantea veinte puntos para la creación de una agenda pública para la prevención y erradicación de la desaparición forzada en México. Por su parte, el ex Relator Especial de Naciones Unidas sobre la Tortura, Juan Méndez, comparte sus principales conclusiones después de la misión que realizó a México en su rol como relator. Concluye esta sección Erick Witte de OSJI, haciendo un análisis en profundidad de por qué ciertos crímenes que se cometen actualmente en México podrían ser considerados como crímenes de lesa humanidad.
La reforma del sistema de justicia penal mexicano es abordada en la segunda sección de esta edición. Al respecto, Miguel Sarre llama la atención sobre la falsa dicotomía entre los derechos de los imputados y los derechos de las víctimas a la verdad y la justicia, mientras que Iván de la Garza nos plantea los retos que persisten en la implementación del nuevo modelo de justicia penal acusatorio, en vigor en todo el territorio mexicano desde junio de 2016. Por último, Carlos Ríos examina el rol que tienen las medidas cautelares en el nuevo sistema acusatorio y cómo el enraizamiento cultural de los valores del sistema inquisitivo, impedirían la correcta implementación de la prisión preventiva.
En la tercera sección se incluyen algunas reflexiones sobre reformas institucionales fundamentales que se vienen llevando a cabo en México. Úrsula Indacochea de DPLF nos habla del alto grado de intervención de los órganos políticos, en la selección de altas autoridades del sistema en México, y de la ausencia de contrapesos efectivos. Por su parte, Oscar Arredondo nos describe el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, los desafíos que se han presentado desde la reforma constitucional y los pasos pendientes para alcanzar su correcta implementación. Aroa de la Fuente, aborda el tema de la reforma energética en México y nos describe la situación actual, tres años después de su aprobación.
La situación de vulnerabilidad de ciertos grupos de la población mexicana es analizada en la cuarta sección de esta revista. Leopoldo Maldonado de Artículo 19 muestra la realidad que afronta el periodismo mexicano y cómo la guerra contra el narcotráfico ha impactado el ejercicio de la libertad de expresión de distintas formas. Ana Lorena Delgadillo, de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, aborda la situación que viven los familiares de migrantes desaparecidos y nos explica cómo la organización de estas familias ha promovido la creación de un mecanismo transnacional que les permita acceder a la justicia.
Para concluir con esta edición, la quinta sección titulada «Desde los Estados muestra la situación que se vive en el interior del país. La hermana Consuelo Morales y Ana Claudia Martínez, nos describen la situación actual en Nuevo León, resaltando el papel de la opinión pública en una adecuada implementación del nuevo sistema procesal penal en ese estado.
En Chihuahua, Lucha Castro nos cuenta cómo ante la crisis de seguridad desencadenada por la guerra contra el narcotráfico la sociedad civil y el gobierno del estado se han aliado para combatir la impunidad y la corrupción. Desde Coahuila, Michael Chamberlin nos explica cómo la unión de familiares de personas desaparecidas generó un impacto tal que llevó a la creación de un Grupo de Trabajo integrado por sociedad civil, Naciones Unidas y autoridades estatales, a través del cual se han promovido reformas estatales en materia de desaparición forzada. Desde Jalisco, César Pérez detalla cómo la práctica de la tortura continúa impune en el estado a pesar de reformas estatales para la penalización de este delito. Por último, David Lovatón expone cómo Yucatán, a pesar de no ser un estado que enfrenta situaciones graves de derechos humanos como ocurre en el resto del país, también enfrenta problemas serios, muchos de ellos relacionados con la protección de los derechos humanos de las comunidades indígenas Mayas.
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Quienes suscribimos la presente, mujeres y hombres Defensores de Derechos Humanos, expresamos al Pueblo de Guatemala nuestras condolencias por los graves acontecimientos ocurridos el pasado 8 de marzo en el Hogar Seguro «Virgen de la Asunción», ubicado en el Municipio de San José Pinula, Departamento de Guatemala.
