Mesoamérica, 29 de noviembre de 2019 –
Este 29 de noviembre amanece en una Abya Yala que vive tiempos
convulsos. Alzadas en lucha por la democracia y la justicia social,
nuestras hermanas en Chile, Colombia y Bolivia enfrentan la represión
brutal de sus gobiernos mientras el autoritarismo, las políticas
neoliberales, el extractivismo y los fundamentalismos religiosos avanzan
en toda la región exhibiendo sin complejos su rostro racista y
misógino. Mientras tanto, en nuestra Mesoamérica, el panorama no
difiere.
En Nicaragua,
la crisis socio-política y de derechos humanos que vive el país desde
abril de 2018, lejos de cerrarse, se prolonga y profundiza junto con la
represión de la protesta pacífica y la violencia paramilitar contra las
activistas y las defensoras. Doloroso testimonio de ello son las 7
compañeras que este 29 de noviembre amanecen bajo la condición de presas
políticas o las decenas de defensoras que siguen exiliadas.En Honduras,
a 10 años del Golpe de Estado, la corrupción y el crimen organizado
campan a sus anchas en un gobierno que reprime a la población que ejerce
su legítimo derecho a la protesta. Garantiza impunidad para
corporaciones que usurpan territorios para los asesinos de Berta
Cáceres y para quienes ejercen violencia criminal contra las comunidades
y las mujeres -como es el caso de las garífunas- mientras criminaliza a
quienes defienden derechos. En El Salvador,
las mujeres seguimos siendo víctimas de femicidio y criminalización por
abortar o por denunciar abusos y violencia sexual. Nuestres compañeres
de las comunidades LGBTI son asesinades con crueldad y con la más
absoluta impunidad mientras el discurso de odio se expande por las redes
sociales y medios de comunicación, en ocasiones con la connivencia de
destacados funcionarios del gobierno.
En Guatemala, mientras el Estado blinda sus dinámicas
corruptas expulsando a la CICIG del país y tramita leyes que suponen una
amenaza para las organizaciones de derechos humanos y para los derechos
fundamentales de la población, las mujeres seguimos siendo asesinadas
-571 en lo que va de año- y las defensoras, especialmente las
integrantes de los pueblos originarios, agredidas y criminalizadas por
defender la tierra y nuestras comunidades. En México,
las periodistas son asesinadas y atacadas por ejercer su libertad de
expresión y derecho a informar, las activistas feministas enfrentan
discurso de odio y criminalización por denunciar las violencias contra
las mujeres o por defender el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos.
Quienes defienden los derechos de las personas migrantes son objeto
sistemático de agresiones en el marco del pacto sobre política
migratoria firmado por los gobiernos de México y Estados Unidos.
Todo ello tiene un impacto evidente en los riesgos que enfrentamos las mujeres defensoras de derechos humanos en la región. Según los datos preliminares de nuestro Registro de Agresiones, en 2018 se contabilizaron 1,747 agresiones contra defensoras en El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Nicaragua, reflejando una claro incremento respecto a períodos anteriores (1,462 en 2016, 1,558 en 2017).
Para el periodo 2017-2018, las defensoras de la tierra, el territorio y el medio ambiente siguen siendo las más agredidas (1.014), seguidas de quienes defienden el derecho a la verdad, justicia y reparación (666).
Actores vinculados a los Estados (policías, militares, autoridades estatales y federales) siguen siendo, de manera agregada, los principales responsables de las agresiones.
Frente a estos contextos de violencia las mujeres seguimos en la vanguardia de todas las luchas, en todos los países y comunidades. Cada vez nos hacemos más visibles en las calles, resistimos desde nuestros cuerpos-territorios, nos acuerpamos, tejemos redes de sororidad que nos protegen y nos hacen más fuertes.
En el amanecer de este convulso 29 de noviembre, desde la IM-Defensoras y todas las compañeras que integran las Redes en El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Nicaragua, abrazamos a todas las defensoras de América Latina, de nuestra Abya Yala, en la convicción de que juntas somos más fuertes y de que las semillas de cambio que todas y cada una de nosotras sembramos cotidianamente a través de nuestras luchas y resistencias, están abonando la tierra de un futuro mejor, donde la Vida sea el centro.
Compartimos el comunicado del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPIHN) sobre la sentencia del primer juicio por el caso de Berta Caceres – A 2 de Diciembre de 2019
Comunicado sobre lectura sentencia causa Berta Cáceres
Las hijas e hijo de Berta Cáceres junto al COPINH tras la lectura de
la sentencia del primer juicio contra los autores materiales del
asesinato de nuestra compañera Berta Cáceres hacemos conocer lo
siguiente:
1. La impunidad no termina con la sentencia a los autores materiales. Existen pruebas suficientes para procesar y sancionar a integrantes de la familia Atala y otros por el asesinato de Berta Cáceres.
2. El Ministerio Público dirigido por Óscar Chinchilla debe dejar de
poner excusas para procesar y requerir el sometimiento a juicio de
Daniel Atala Midence, José Eduardo Atala Zablah, Pedro Atala Zablah y
Jacobo Atala Zablah, entre otros, por el asesinato de Berta Cáceres.
3. El Estado de Honduras enfrenta a procesos internacionales por la
participación de funcionarios públicos y la omisión de investigar
adecuadamente el asesinato de Berta Cáceres.
4. La falta de justicia en Honduras hace necesaria la instalación de
una misión independiente que lleve adelante el procesamiento y
sometimiento a juicio de los responsables del asesinato de Berta Cáceres
5. Esta sentencia es una primera fisura al muro de impunidad total
que sostiene a la estructura criminal responsable del crimen
consecuencia de la tenacidad de la lucha del COPINH, la familia y la
solidaridad nacional y del mundo.
Berta, nuestra hermana seguirá siendo un símbolo de lucha y esperanza
para todos los territorios que hoy continúan la batalla en defensa de
la vida y que hoy son perseguidos y criminalizados por esta dictadura.
Esta sentencia es el inicio de un camino implacable de justicia para los
pueblos y para Honduras.
En el COPINH seguimos con esperanza defendiendo la sangre de la
tierra, construyendo para coexistir de manera justa, digna y por la
vida. No desfallecemos en nuestra lucha en la que Berta vive y vive.
¡La impunidad no termina con una sentencia! ¡Castigo a los Atala! ¡Estado Asesino!
Dado a los 2 días del mes de diciembre de 2019 en la ciudad de Tegucigalpa, Honduras.
Este manual fue publicado bajo la licencia Creative Commons. Pueden reproducirlo libremente, siempre y cuando mencionen los créditos y no lo comercialicen.
En el décimo aniversario luctuoso de Mariano Abarca, su lucha sirve como ejemplo e inspiración para otras luchas por la vida y el territorio.
La tarde de este miércoles 27 de noviembre se entregó el Primer Reconocimiento a la Defensa Ambiental en Chiapas «Mariano Abarca» al Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio MODEVITE, con la participación de organizaciones nacional e internacionales.
Compartimos un video sobre el MODEVITE
Versión en ingles
Galería de fotos
Primer entrega del Reconocimiento a la Defensa Ambiental 2019 «Mariano Abarca»
Este 27 de noviembre
de 2019, se cumplen 10 años del asesinato de Mariano Abarca Roblero, ambientalista
que defendió los Derechos Humanos y los Derechos de la Naturaleza en su
municipio natal de Chicomuselo, Chiapas, México, al denunciar los efectos socio
ambientales causados por la empresa minera canadiense Blackfire Exploration,
minera involucrada en su asesinato. Desde entonces, su familia y diversas
organizaciones han llevado un largo proceso para exigir justicia y castigo a
los culpables ante el gobierno mexicano y canadiense por la corrupción probada
de la empresa, las acciones y omisiones de la Embajada de Canadá que pudieron
haber contribuido al asesinato de
Mariano, así como el señalamiento de los actos de impunidad contra el gobierno
mexicano, además llevar en curso otras demandas ante los Tribunales de Canadá y
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
A pesar del asesinato
de Mariano Abarca, en todo el país, y en particular en el estado de Chiapas,
muchas y muchos otros defensores continúan luchando y manifestándose por la
defensa de la Tierra y el Territorio, por la Vida y por la Madre Tierra contra
las políticas, políticos y megaproyectos, quienes al pretender los bienes
naturales amenazan de facto la cultura e identidad de los pueblos indígenas,
campesinos, así como también la vida de la población urbana.
En este contexto los
Convocantes conmemoramos en el marco del Décimo Aniversario luctuoso de Mariano
Abarca al Primer Reconocimiento a la Defensa Ambiental en Chiapas 2019
“Mariano Abarca”, con el propósito de agradecer, reconocer y
visibilizar otras luchas colectivas y organizadas de quienes, con el espíritu
sembrado por Mariano en los corazones de las resistencias, no cesan en su
ímpetu por defender la vida, el medio ambiente y los derechos colectivos que
son, a fin de cuentas, en beneficio de la Humanidad.
El “Premio Mariano
Abarca” 2019 será para la organización indígena del Movimiento en
Defensa de la Vida y el Territorio (MODEVITE), quienes
tienen presencia en 11 municipios del estado de Chiapas.Dicho Reconocimiento
será entregado el día 27 de Noviembre del año en curso en el Auditorio de
Bellas Artes del Centro Histórico de San Cristóbal de las Casas, Chiapas,
México, en compañía de representantes de organizaciones y redes nacionales e
internacionales convocantes, así como de la familia Abarca.
El “Premio Mariano Abarca” también será una importante ocasión para compartir experiencias de otras luchas colectivas en defensa de la Tierra y el Territorio, por lo tanto, el mismo día llevaremos a cabo el Foro de la Defensa Ambiental en Chiapas “Mariano Abarca”, con la participación de procesos de resistencias de la zona Norte, Costa y Altos del Estado de Chiapas, también conoceremos parte de la experiencia de lucha realizada en la Montaña y Costa Chica del Estado de Guerrero, así como nos acompañarán panelistas y especialistas quienes compartirán un análisis de la situación de la violencia contra las defensoras y defensores ambientales con el fin de enriquecer la Agenda de intercambio colectivo.
Compartimos el comunicado de Acción Colectiva Socioambiental, Hermandad de la Cuenca de la Independencia y la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA) – A 11 de Noviembre de 2019
El
pasado sábado 9 de noviembre 2019, habitantes de las comunidades
directamente afectadas por el proyecto minero Cerro del Gallo en la
zona de San Antón de las Minas, Dolores Hidalgo, Guanajuato,
madrugamos y con el apoyo de la Hermandad de la Cuenca de la
Independencia nos organizamos para visitar la mina de Cerro de San
Pedro, San Luis Potosí, con el propósito de conocer de manera
directa los devastadores efectos de la minería a cielo abierto que
podrían ocurrir, en nuestro territorio, si la minera canadiense
Argonaut Gold llegara a operar su proyecto Cerro del Gallo.
La
Hermandad, a través de la organización Acción Colectiva Socioambiental y la Red
Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) recibió la invitación
del Dr. Juan Carlos Ruiz Guadalajara e integrantes del Frente Amplio
Opositor a la Minera San Xavier, en Cerro de San Pedro, San Luis
Potosí.
Con
apoyos económicos de otras organizaciones de la Hermandad, como el
Charco del Ingenio A.C. y Caminos de Agua A.C. de San Miguel de
Allende, la Parroquia de San Cayetano, en San Luis de la Paz y del
propio Frente Amplio Opositor de San Luis Potosí, se contrataron dos
autobuses, para llevar a cerca de 90 personas, menores y adultos,
mujeres y hombres, provenientes de comunidades de los municipios de
Dolores Hidalgo y así como de los municipios de San Luis de la Paz,
San Miguel de Allende, San Diego de la Unión y también de Comonfort
donde existe una mina de caolín.
Los
integrantes del Frente Opositor, acompañaron la visita con amplias
explicaciones sobre los procesos resistencia contra la minera San
Xavier, la cual, no escatimó en el uso de mentiras y engaños a la
población, así como en actos de corrupción con las autoridades,
amenazas, violencia y persecución de los activistas defensores de
derechos humanos, que informaban a la gente, con quienes entablaron y
ganaron procesos legales en contra de la mina, que luego fueron
revertidos impunemente, violando los derechos de la población, por
los presidentes Fox y Calderón.
En
la visita pudimos observar una amplia zona de desastre que en
apariencia no lo es, ya que Cerro de San Pedro está en proceso de
convertirse en uno de esos «Pueblos Mágicos», ese tipo de
proyectos que despojan y desplazan a la población, para poner bares
y restaurantes para turistas desinformados, que no saben del riesgo
que corren, ya que los procesos de lixiviación continúan en el
camino al sitio, con aspersores que, al día de hoy, continúan
regando con cianuro una montaña de desechos. Sobra decir, que el
«pueblo mágico» solo beneficia a los inversionistas pero no a
los habitantes orginarios.
El
desastre de esta mina iniciada en los años 90, ha tenido graves
impactos ambientales, como la desaparición de arroyos, una rica
biodiversidad de fauna y flora endógena, problemas de salud, y una
violencia abierta y soterrada, de pobreza, desigualdad social,
conflictos intracomunitarios, amenazas y asesinatos, destrucción de
la economía local, corrupción política e impunidad.
La
visita fue un éxito, ya que las personas que asistimos, accedimos a
través de fuentes fidedignas, a la realidad de la minería a cielo
abierto.
En
respuesta al interés de los pobladores, la Hermandad de la Cuenca de
la Independencia continuará con los procesos de información a la
población, impulsando la organización autogestiva de resistencia en
la región del Cerro del Gallo y otras zonas de Guanajuato amenazadas
por esta actividad depredadora, apoyada de manera irresponsable por
el gobierno estatal.
David Castillo, uno de los autores intelectuales del asesinato de Berta Cáceres: Aquí te mostramos su perfil.
Todas las conexiones de David Castillo con el asesinato de Berta y otros crímenes, son develadas en este perfil.
David Castillo representa la violencia corrupción e impunidad con la que opera el modelo extractivo en Honduras.
Castillo está vinculado en diferentes crímenes como corrupción,
vínculos con los Cachiros, falsificación de documentos y además es uno
de los autores intelectuales del asesinato de nuestra compañera
#BertaCáceres.
¡Exigimos juicio y castigo!
#JuicioYCastigoParaCastillo
#ATENCIÓN Este 2 de Diciembre se dará a conocer la sentencia contra los 7 condenados por la autoría material del asesinato de nuestra compañera Berta Cáceres.
En el fallo se afirmó la participación de otros directivos de la empresa DESA en el asesinato de Berta, estos aún no están siendo investigados ni juzgados.
No habrá justicia para Berta hasta que no haya juicio y castigo para los autores intelectuales del crimen ¡Acompáñenos!
Compartimos el comunicado resultado de la visita de la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia en San Cristóbal de Las Casas y del Foro Problemática del Agua en el Valle de Jovel – A 13 de noviembre de 2019>>Descargar comunicado en pdf<<
2ª. MARCHA MUNDIAL POR LA PAZ Y LA NO VIOLENCIA 2 de octubre de 2019 al 8 de marzo de 2020
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México. 13 de noviembre de 2019
LIC. ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS DR. RUTILIO ESCANDÓN CADENAS, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS SENADO DE LA REPÚBLICA. SEXAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA CÁMARA DE DIPUTADOS, H. CONGRESO DE LA UNIÓN. SEXAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA H. CONGRESO DEL ESTADO DE CHIAPAS. SEXAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS. 2018-2021 COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS SEGUNDA MARCHA MUNDIAL POR LA PAZ Y LA NO VIOLENCIA
Los que suscribimos, compartimos una MIRADA de nuestra realidad, misma que se centra en el incremento del PROBLEMA AMBIENTAL que atenta contra la tranquilidad, salud, seguridad, orden, habitabilidad y sana convivencia entre los habitantes de San Cristóbal de Las Casas.
Entre las causas más relevantes destacan:
Violación al Estado de Derecho;
Violación a los Derechos Humanos;
Ausencia de Justicia;
Ausencia de Mecanismos de Control para frenar o revertir el deterioro a un Medio Ambiente Sano;
Violación de la legislación por las propias autoridades locales (anteriores y actuales)
Simulación y/o discriminación de la Participación Ciudadana en el diseño de nuevas Políticas Públicas;
Ausencia de Mecanismos de Participación Autónomos ciudadanizados para vigilar, supervisar y evaluar la eficiente aplicación de la Ley por autoridades de los tres órdenes de gobierno;
Falta de respuesta oportuna, de forma premeditada y dolosa por parte de autoridades, a peticiones ciudadanas que solicitan atención; entre otras causas.
Inicio de la gira de la Marcha Mundial en la Plazuela de Cuxtitali
Visita a la Colonia 14 de sept
Delegación de la Marcha en los bancos de Arena en Salsipuedes
Visita al Humedal María Eugenia
Visita a la Colonia 14 de sept
Sus efectos han ocasionado:
Destrucción de la Cuenca del Valle de Jovel, deforestación de zonas de valor ambiental y contaminación de ríos por la falta de control de actividades en el territorio y un crecimiento urbano desordenado, no planeado, no diseñado, no construido y no administrado de forma responsable;
Alto grado de contaminación del agua que consumimos los habitantes, que atenta contra la salud pública;
Ausencia de un plan orientado a la Gestión Integral del Agua por parte de la Junta de Gobierno del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal, SAPAM, que garantice el Derecho al Agua y a su Saneamiento;
Invasiones, venta ilegal de terrenos e incremento de asentamientos humanos y construcciones irregulares en zonas de valor ambiental, como Áreas Naturales Protegidas, Zonas de Conservación Ecológica, Humedales, Áreas Federales de ríos y arroyos, Zonas Forestales, etc., situación que pone en riesgo la tranquilidad y la paz de quienes protegen estos espacios, ya que hay riesgo de confrontaciones al grado de poner en riesgo la vida humana;
Letargo y ausencia de institucionalización de procesos de planeación local;
Instrumentos de planeación, reglamentos y procesos NO ACTUALIZADOS a favor del orden del territorio y el desarrollo urbano;
Deterioro a la salud, incremento de riesgo y vulnerabilidad de espacios que habita la población,
Violación al nivel de vida adecuado de la ciudadanía y a su integridad.
Criminalización de ambientalistas.
Por lo anterior, reconocemos y damos la más cordial bienvenida a la Segunda Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia, la cual nos permite sumarnos a su MISIÓN, que considera principalmente:
Denunciar la peligrosa situación mundial de conflictos crecientes, destacando las que viven vastas zonas del planeta y muchas poblaciones se ven postergadas por falta de alimentos y agua;
Crear Conciencia de que únicamente a través de la “Paz” y la “No Violencia” es como la especie humana abrirá su futuro.
Mayor Visibilidad a las acciones positivas que personas, colectivos y pueblos están desarrollando en numerosos lugares en la dirección de aplicar los derechos humanos, la no discriminación, la colaboración, la convivencia pacífica y la no agresión.
Dar voz a las Nuevas Generaciones que quieren tomar el relevo, mediante la instalación de una cultura de la NO VIOLENCIA en el imaginario colectivo, la educación, la política y en la sociedad.
Mediante el recorrido a diversas zonas de San Cristóbal de Las Casas, la mañana de este miércoles 13 de noviembre de 2019, con la delegación de la Segunda Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia, tuvo como objetivo que la ciudadanía amplíe su visión de nuestra realidad, la cual desea se difunda a nivel mundial, promoviendo además la importancia de seguir participando activamente en proyectos y movimientos sociales orientados a las acciones que valoren los beneficios de defender el medio ambiente y oponernos a la criminalización de quienes somos ambientalistas.
Además tiene el objetivo de comprender la importancia de nuestras luchas y que todas son importantes para contribuir a la construcción de PAZ y evitar la Violencia.
Desafortunadamente, debemos reconocer que desde el fin de mes de octubre, hemos tenido comunicación con la Secretaría de Gobernación, quién nos señalaba que la Secretaría de Gobierno y autoridades del Estado de Chiapas, nos aseguraba que podíamos realizar el recorrido previsto para la Segunda Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia, sin embargo en la tarde de ayer, la Lic. Angélica Domínguez, Delegada de Gobierno, nos informó que NO HAY CONDICIONES para entrar a la reserva ecológica Quemvo Cuxtitali, y no podían ofrecernos seguridad, NO ES SEGURO, así nos dijo.
Denunciamos la ausencia de autoridad, omisión, incompetencia y falta de gobernabilidad, al no otorgar una respuesta clara y legible a la problemática ambiental y la debilidad del estado de derecho, situación expuesta y evidenciada este día, misma que hoy nos limita ingresar a la reserva ecológica, así como denunciar que el gobierno de cualquier orden y de cualquier poder, no establece una acción efectiva que establezca la solución a nuestras demandas.
Nuestra Denuncia Social se centra con la ATENCIÓN INMEDIATA a las PROBLEMÁTICAS comunes:
Garantizar el Estado de Derecho en San Cristóbal de Las Casas;
Vigilar, frenar y actuar en contra de toda acción ilegal o irregular, que altere las características bióticas en zonas de valor ambiental;
Evaluar, gestionar, atender de forma prioritaria y proyectar y/o programar correcciones, a toda alteración, violación y ocupación ilegal sobre los cauces naturales de los ríos y áreas federales hechas en los últimos 30 años;
Detener de forma inmediata y con mecanismos transparentes de control georeferenciado, toda acción de crecimiento de la ciudad en zonas no aptas para el desarrollo urbano. (zonas bajas en riesgo de inundación, zonas altas de difícil acceso, costosas para poder dotar de infraestructura y servicios básicos);
Garantizar la obligatoriedad de contar con procesos actualizados para controlar y frenar todas las acciones urbanas ilegales en un período no mayor a 3 meses, (deforestación y tala de zonas boscosas, venta de lotes, urbanización y edificación);
Garantizar la atención de forma responsable, en un período de no mayor a 3 meses, las obligaciones y facultades del gobierno municipal, respecto a la aplicación de las políticas públicas sobre adaptación al cambio climático y la mitigación de emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero, lo anterior, debido a que en más de un año de gestión no se tiene una acción realizada en contra del cambio climático a nivel local;
Garantía de atención a las denuncias ciudadanas, garantía de investigaciones efectivas y autónomas, así como el deslinde de responsabilidades en contra de toda las autoridades locales implicadas en el pasado y en la actualidad, responsables, corresponsables e involucradas en el fomento al crecimiento urbano ilegal e irregular, que hayan participado con autorizaciones oficiales que violentaron el marco legal y a los instrumentos de planeación urbana vigente, actuaron en contra del interés público y aportaron al deterioro de nuestro medio ambiente;
Garantía de atención en un período no mayor a 3 meses, para diseñar reglamentos y procesos municipales necesarios para operar y gestionar el Programa de Ordenamiento Ecológico vigente, que permita promover la Protección, Conservación, Restauración y Aprovechamiento Sustentable del Territorio.
Garantizar que en un período no mayor a 1 año, se garantice el diseño de nuevos disposiciones reglamentarias e instrumentos de planeación en materia de desarrollo urbano, que no han atendido, a pesar de que las autoridades locales ya violaron el plazo legal establecido, al haber dejado agotar por omisión, los períodos establecidos en los artículos TERCERO y QUINTO TRANSITORIOS de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, en los nuevos reglamentos deben integrar políticas públicas que fomenten la participación ciudadana, integren criterios alternativos de edificación y urbanización, establezcan parámetros bioclimáticos locales para obra pública y privada, reconozca criterios de infiltración del agua pluvial al subsuelo y fomente la inclusión de toda alternativa sostenible que sea más amigable con nuestro entorno natural y disminuya las alteraciones a nuestro clima.
Gestionar a nivel municipal y fortalecer la legislación estatal, para dar preferencia y prioridad a inversiones públicas para el desarrollo de proyectos a favor de restauración ambiental, demolición de edificaciones construidas de forma ilegal en zonas no aptas para el desarrollo urbano y restauración de todo tipo de daños ocasionados al territorio y medio ambiente, así como, desarrollar programas parciales para el mejoramiento urbano sostenible que garanticen la vinculación con su entorno natural, por encima de inversiones aisladas de obra pública que solamente pavimenta calles sin áreas verdes y carentes de un proyecto de diseño urbano avalado;
Garantizar la penalización en contra de todo acto que fomente, permita, colabore, y financié la creación y operación de grupos de choque protegidos por instituciones y dependencias de gobierno, con fines de cambios de uso de suelo, los cuales se asocian a golpes, agresiones con armas de fuego y amenazas de muerte en contra de ambientalistas.
Actuar en contra de toda denuncia ciudadana y fortalecer la legislación en contra de toda autoridad que actúe de forma dolosa en contra de la ciudadanía, la nueva legislación debe fomentar obligaciones a las autoridades a favor de la No Discriminación de la Ciudadanía en el diseño de políticas públicas, lo anterior por parte de las autoridades federales, estatales y municipales.
Deslindar responsabilidad a las autoridades que por omisión permitan el incremento de la posibilidad de riesgos como derrumbes, deslaves, inundaciones, pérdida de superficie permeable para recarga de mantos acuíferos, alteración del clima, entre otras afectaciones locales, ocasionada por la deforestación y el crecimiento urbano irresponsable.
Dentro de las DEMANDAS particulares destacan:
Protección, Conservación y/o Restauración a Zonas de humedales y Áreas Naturales Protegidas;
Dejar sin efecto autorizaciones municipales de cambios de usos de suelo, que no hayan contado con un proceso de consulta pública y hayan omitido procesos federales para revertir usos forestales;
Cierre total o clausura de los predios que albergan actividades de industria extractiva de arena y grava sin autorización alguna;
Restauración ambiental de toda zona impactada por las últimas décadas de los diversos bancos de materiales y mejoramiento urbano de las áreas habitacionales inmediatas, que garanticen una zona de amortiguamiento seguro y restaurado.
Por lo anterior, reconocemos la CREACIÓN DE CONCIENCIA y la necesidad de fortalecer e incrementar la CULTURA CIUDADANA RESPONSABLE, mediante la realización de asambleas en nuestros barrios, colonias y comunidades para iniciar con la concientización de la gente, haciendo todo el esfuerzo posible para hacer análisis de la situación que estamos viviendo, mediante el registro en video, fotografías, etc., que refleje el deterioro de nuestro entorno, así como promover alternativas posibles a realizar en nuestro entorno vital.
Nos preocupa la FALTA DE ESTADO DE DERECHO EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS y la falta de condiciones de seguridad de la ciudadanía y especialmente de ambientalistas y luchadores sociales, nos preocupa la situación de violencia y la ausencia de paz y armonía en nuestra sociedad, por la falta de atención a las problemáticas expuestas en el presente documento.
Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA) – A 8 de noviembre del 2019
El pasado 01 de noviembre Víctor Manuel Reyes Rodríguez ex trabajador del Grupo Modelo y primo hermano del ex gobernador, Miguel Alonso Reyes, quien ha sido ferviente promotor de la presa Milpillas; asumió la dirección local de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Es evidente el conflicto de intereses que implica la llegada de este personaje a la dependencia, quien en sus primeras declaraciones ha dicho que la Presa Milpillas es un tema “prioritario” al que dará seguimiento.
El gobierno del Estado, a pesar de la rotunda negativa a la construcción de la presa por parte de los ejidos que serían afectados, continúa en un acto de desesperación, moviendo a sus alfiles para tratar de imponer “Milpillas”la cual desdehace año y medio se encuentra detenida por la fuerza de la lucha de las comunidades que defienden su territorio, y que por medio de denuncias, quejas, demandas y juicios ha venido demostrando que este proyecto está plagado de corrupción y mentiras.
Miguel Alonso Reyes en 2015 anunció “la construcción de la presa Milpillas y su acueducto para dotar de agua a la población, pero también a la cervecera ubicada en Calera, y garantizar que Zacatecas fuera la capital mundial de la cerveza”. https://www.jornada.com.mx/2017/12/11/estados/028n1est, por lo que queda bien claro el papel clave que Víctor Manuel Reyes viene a jugar con este nombramiento.
Hoy en día es para el gobierno estatal una urgente necesidad el justificar los más de 100 millones de pesos que ya se gastaron en los “avances” de la presa como se demuestra conlos más de 14 contratos celebrados entre la Secretaría de Agua y Medio Ambiente (SAMA) y diversas empresas disponibles en el sitio oficial de esta institución. Solo hay contratos pagados pero los avances no existen. Seguramente el Sr.Reyes ayudará a justificar estos gastos.
Desde la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería denunciamos enérgicamente la corrupción que se vive en el estado de Zacatecas por la presa Milpillas y hacemos responsable al Gobierno del Estado de la seguridad de campesinos/as y activistas defensores/as del territorio. #LaPresaMilpillasNoeslaOpción #NoAlaPresaMilpillas #RíoAtencoLibre
¡AGUA PARA LA VIDA NO PARA LAS EMPRESAS!
A T E N T A M E N T E
Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería
Compartimos la siguiente nota publicada en el diario digital La Cooperacha – A 25 de octubre de 2019
Pocos cambios en políticas extractivas con el actual gobierno, analizan organizaciones.
Redacción La Coperacha Ciudad de México // 25 de octubre de 2019
Con un llamado al
Gobierno Federal a terminar con la criminalización, violencia y
hostigamiento para las personas defensoras del territorio, así como
a generar condiciones para realizar su labor en favor de los pueblos,
concluyó el Encuentro de Defensores del Territorio el 20 de octubre
en Cuetzalan, Puebla.
El llamado ocurre días después que Amnistía Internacional
alertara del incremento de agresiones hacia ambientalistas y defensores
del territorio. “Tan sólo en 2019 se han reportado 12 asesinatos de
personas que defendían la tierra, el territorio y el medio ambiente”,
señaló la organización internacional apoyado en datos de Global Witness.
La organización global registró 15 muertes de ambientalistas en México
en 2017, y 14 en 2018.
En el Hotel
Taselotzin, gestionado y administrado por mujeres masehual, las
personas defensoras integrantes de 32 organizaciones como Alianza
Mexicana Contra el Fracking, Concejo de Pueblos de Morelos, Fundar y
CartoCrítica, analizaron la situación de las comunidades y
defensores ante proyectos extractivistas
en el contexto de la denominada 4T.
Tiempo de definiciones En el encuentro se
analizaron situaciones como el avance del fracking en la Huasteca
Potosina, el caso de la minera en Ixtacamaxtitlán, y el Proyecto
Hidroeléctrico Puebla 1 que busca generar electricidad exclusiva para
Walmart y empresas asociadas.
“Se
mira que la situación no ha cambiado nada (con la 4T). Los proyectos
extractivos están en términos de definición”, señala la abogada
Diana Pérez, integrante del Consejo Tiyat Tlali.
Durante
el encuentro, añadió, se analizó la contradicción del discurso
del Gobierno Federal sobre no permitir fracking, sin embargo
existe una partida en el presupuesto de egresos destinada a esa
práctica. “En casos de la Huasteca Potosina hay solicitudes para
autorizar campos de exploración de hidrocarburos no convencionales
con la técnica de fracking”, apuntó.
Sobre ello, esta semana Fundar documentó que existen dos proyectos
relacionados con fracking con un recurso asignado del presupuesto
federal de 10,837 millones. Las organizaciones han
insistido en que debe llevarse el discurso oficial anti fracking al
plano de las leyes, incluso con un decreto presidencial de suspensión
inmediata basta, han planteado.
Aumenta hostigamiento Sobre el caso de la
minera en Ixtacamaxtitlán, que se encuentra a días de que la Secretaría
del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) resuelva sobre el
Manifiesto de Impacto Ambiental, la ambientalista denunció que se han
incrementado las prácticas de acoso y hostigamiento no sólo contra las
personas opositoras, sino contra las organizaciones que han acompañado
el proceso de defensa del territorio.
El
acoso, prosigue la abogada, no proviene de las empresas directamente,
si no de sus trabajadores: “las empresas han buscado que el
discurso diga que son conflictos intracomunitarios, cuando es
evidente que la conflictividad surge a partir de la llegada de estos
proyectos”.
En
Ixtacamaxtitlán “se han mencionado con nombre y apellido a los
integrantes de las organizaciones que acompañan a Cesder y a la
Unión de Ejidos y Comunidades Atcolhua, lo que los coloca en un
grado de vulnerabilidad frente a una comunidad cada vez más
dividida”.
En
cuanto al caso del Proyecto Hidroeléctrico Puebla 1, donde un juez
negó los derechos de las comunidades en favor de una hidroeléctrica
para Walmart, gente de las comunidades “han ido a las oficinas de
Fundar a exigir que no impugne la sentencia del juez”.
La
animadversión hacia los defensores “ha surgido de la dependencia
económica hacia los megaproyectos y la idea de los supuestos empleos
que va a generar”, explica la integrante del Consejo Tiyat Tlali.
Exigencias Del encuentro en Cuetzalan de personas defensoras, surgió un pronunciamientodirigido
a autoridades de diversos niveles donde se pide el respeto y garantía
de los derechos a la libre autodeterminación y autonomía de los pueblos,
así como la cancelación definitiva de concesiones mineras,
hidroeléctricas, gasoductos y proyectos extractivos en territorios que
se han pronunciado en contra de esas actividades.
Además, se exigió al Gobierno Federal y del estado de Puebla poner medidas urgentes para proteger a las personas defensoras de la Sierra Norte de Puebla, así como avances en la investigación de los asesinatos de los activistas Samir Flores, Antonio Esteban y Manuel Gaspar.
