Categoría: ANÁLISIS

Encuentro de Nacional Mujeres por la Defensa del Territorio Frente al Extractivismo – 2019

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Compartimos el pronunciamiento del Encuentro de Nacional Mujeres por la Defensa del Territorio Frente al Extractivismo – a 02 de septiembre 


En la Barranca de Huentitán, Jalisco, mujeres indígenas, campesinas y mestizas nos reunimos del 31 de agosto al 3 de septiembre de 2019. Somos integrantes de comunidades, movimientos y organizaciones provenientes de los estados de Tabasco, Veracruz, Campeche, Chihuahua, Oaxaca, Puebla, Baja California, Chiapas, Guanajuato, Morelos, Quintana Roo, Jalisco, Sonora, San Luis Potosí y la Ciudad de México. Somos mujeres defensoras del territorio frente a megaproyectos extractivos de minería y fracking; gasoductos, presas, acueductos, termoeléctricas, oleoductos y proyectos de “desarrollo”, monocultivos, agrotóxicos, trenes, carreteras, autopistas, entre otros.

Durante tres días intercambiamos experiencias y compartimos la diversidad de estrategias que las mujeres hemos construido en la defensa de nuestros territorios a nivel local y regional.Las mujeres participamos y estamos en los procesos de defensa del territorio, nos movilizamos, nos organizamos, generamos propuestas, analizamos el contexto, estamos en las acciones directas, nos capacitamos, intercambiamos experiencias, gestionamos recursos, cuidamos los procesos, participamos de las estrategias jurídicas, sociales, políticas, organizativas y de comunicación.

Las mujeres jugamos un papel fundamental en la defensa de la tierra y el territorio.Además, nuestro trabajo en los hogares y en los movimientos es un sostén fundamental de las luchas. Reivindicamos que esta participación 2sea visible, reconocida y compartida por nuestros compañeros, esposos, hijos e hijas.

En un contexto nacional, regional y local de transformaciones, continuidad e imposición, como mujeres defensoras del territorio estamos preocupadas por la ambigüedad yeldoble discursocon el que los distintos gobiernos han dado respuesta a nuestra demanda de poner fin a los proyectos que vulneran y agreden nuestros territorios. Mientras en campañas prometían el fin del neoliberalismo y la cancelación de muchos de los proyectos a los que nos oponemos, hoy vemos con preocupación la continuidad del modelo extractivista, que no se ha modificado el proyecto económico de desarrollo y que por el contrario,se están implementando programas sociales que están fracturando el tejido social de las comunidadesyse usan procesos de consulta que buscan legitimar decisiones ya tomadas, sin la participación de los pueblos afectados.

 

Venimos de luchas diversas, con estrategias diferentesen momentos muy distintos, encontrarnos fue importante para fortalecernos, para saber que no estamos solas, para comprender que somos muchas las que desde lugares muy lejanos y aún cuando tenemos condiciones diferentes, nos une y nos hermana la defensa de la tierra, los bienes comunes, la vida y el territorio.

Queremos solidarizarnos con todas las luchas y todas las mujeres de este Encuentro, principalmente con aquellas comunidades que actualmente enfrentan momentos difíciles, como las Comunidades de Temacapulín, Acasico y Palmarejo en contra de la Presa El Zapotilloyla Comunidad de Huexca que estáamenazada por la Termoeléctricay también con otros, menos visibles pero igualmente importantes.

Estamos pendientes de los resultados que pueda haber en el proceso de consulta sobre la soya transgénica en Hopelchén,Campeche,donde pedimos que se reconozca,se dévoz a las mujeres y se avance en acuerdos que favorezcan los derechos de los pueblos afectados.Estaremos atentas frente a los megaproyectoscomo el Tren Maya y el Corredor Transístmico y demandamos el respeto al derecho de los pueblos adecidir sobre sus bienes naturales, sus territorios y sus formas de vida.

Acordamos seguir acompañándonos, articularnos más allá de nuestras comunidades, sumar a más compañeras a nuestras luchas, no claudicar, visibilizar el papel de las mujeres en la defensa del territorio, apoyarnos y seguirnos encontrando para compartir estrategias, espacios de reflexión, talleresyencuentros.

Llamamos a nuestros compañeros de luchaa reconocer la importancia fundamental que las mujeres tenemos en los movimientos y las organizaciones, los invitamos a que reflexionen sobre sus privilegios, que respeten nuestro trabajo y el lugar que tenemos.

Exigimos a los gobiernos que respeten y garanticen el ejercicio de nuestros derechos, incluyendo nuestro derecho a la tierra, al territorio y a una vida libre de violencia;exigimos que garanticen nuestra seguridad como mujeres y defensoras del territorio. ¡Ni una mujerdesaparecida, ni una mujer muerta más! Queremos seguir vivas. Queremos territorios libres extractivismo, rechazamos todos los megaproyectos en cualquier parte del país.

FIRMAS

MOVIMIENTOS Y COMUNIDADES

Agua para Todos y Agua para la Vida Huasteca Potosina

Asamblea del Pueblo Chontal para la Defensa de Nuestro Territorio

Asamblea por la Defensa del Agua en el AMG -UPOJAST

Awe Tibuame, A.C.Colectiva de Mujeres Nëëj Jukiiny

Colectiva Tierra de Mujeres-Xpujil

Colectivo de Comunidades Mayas de Hopelchén, A.C.Comité Salvemos Temaca, Acasico y Palmarejo

Comités de Cuenca del Río Sonora

Comunidad Temaca

Consejo de Pueblos de Morelos, A.C.

Consejo de Pueblos Unidos

Consejo General del Pueblo Indígena de San Juan de la Laguna

Coordinadora de Organizaciones Campesinas e Indígenas de la HuastecaPotosina, A.C.

CRIPX-Xpujil 4

Frente de Pueblos por la Defensa de Aire y la Tierra, Morelos

Hermandad de la Cuenca/Acción Colectiva

Huexca en Resistencia –Asamblea Permanente de los Pueblos de Morelos

K-Luumil X` Ko` Olelo`Ob

Movimiento Atzin Libres, No a la Minería

Movimiento Regional Indígena en Defensa y Respeto por la Vida

Mujeres de la Comunidad de Bawinokachi

Mujeres de Lachatao en Defensa del Territorio

Mujeres Popolucas

Muuch Kambal, A.C.Red de Mujeres Organizadas de Sonora -RMOS

Red de Mujeres Siuamej Tayolchikauanij

Red por un Lago Limpio

Red Solidaria de Derechos Humanos –Michoacán

Resistencia Civil contra las Altas Tarifas de la Energía Eléctrica

Sbelal Kuxlejalil, A.C. Unidad de Comunidades y Ejidos en Defensa de la Tierra y el Agua

Unión de Defensa del Agua y la Vida Unión de Ejidos y Comunidades en Defensa del Agua y la Vida Acolhua

ORGANIZACIONESY REDES

Alianza Mexicana contra el Fracking

Alianza Sierra Madre, A.C.Centro de Capacitación y Defensa de los Derechos Humanos e Indígenas, A.C.

Centro de Derechos Humanos Bety Cariño

Colectivo de Abogadas –COA

Consultoría Técnica Comunitaria, A.C.

Coordinadora Regional de Acción Solidaria en Defensa del Territorio Huasteca Totonacapan-CORASON

FASOL

Fondo Semillas

FUNDAR, Centro de Análisis e Investigación, A.C.

Grupo Territorio, Género y Extractivismo

Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir

Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario -IMDEC, A.C.

La Sandía Digital

Mujer y Medio Ambiente, A.C.

Mujeres Transformando Mundos, A.C.

Mujeres, Organización y Territorios -MOOTS, A.C.

Pobladores, A.C.

Servicios para una Educación Alternativa –EDUCA, A.C.

Tequio Jurídico, A.C.

Tochan Nuestra Casa, A

21 de setiembre – Día Internacional de Lucha contra los Monocultivos de Árboles

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Compartimos este comunicado del Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales (WRM) y RECOMA – A 21 de septiembre de 2019

Estimad@s compañer@s de lucha,

Una amenaza se extiende por nuestros territorios. Bajo el nombre falso de “reforestación”, que suena bastante agradable, inmensas plantaciones de árboles exóticos, e incluso transgénicos, han sido implementadas en Brasil por empresas transnacionales. Verdaderos “desiertos verdes” que conducen a la extinción de innumerables especies de nuestra fauna y flora y cambian el aspecto de nuestros increíbles paisajes naturales y culturales, con evidentes repercusiones sociales y ambientales, amenazando las formas de vida tradicionales de pueblos y comunidades.

Al ser el primer país de América Latina en liberar el cultivo comercial de un árbol transgénico (una especie de eucalipto) y con un ambiente político favorable, Brasil se ha convertido en una referencia para las empresas transnacionales para llevar a cabo sus proyectos. Precisamente por esta razón, el Congreso Mundial de la IUFRO (Unión Internacional de Organizaciones de Investigación Forestal) se llevará a cabo en tierras brasileñas, entre el 29 de septiembre y el 5 de octubre, en Curitiba, Paraná. Rechazamos este evento corporativista, donde se discutirán falsas soluciones y nuevas formas de aumentar las ganancias corporativas a expensas de los bienes comunes.

Con este fin se lanzará una carta pública contra el monocultivo de árboles el día 21 de septiembre, Día Internacional de Lucha contra los Monocultivos de Árboles. Lo invitamos a firmar esta carta con nosotros para fortalecer nuestra lucha y resistencia. Que juntos gritemos: ¡LAS PLANTACIONES NO SON BOSQUE!

21 de setiembre de 2019 Día Internacional de Lucha contra los Monocultivos de Árboles

Carta pública de organizaciones brasileñas al Congreso Mundial de la IUFRO (Unión Internacional de Organizaciones de Investigación Forestal) que se realizará entre los días 29 de setiembre y 5 de octubre en Curitiba, Brasil

En Brasil, país que tiene varios biomas, en cada uno de los cuales existen bosques con amplia diversidad de plantas, animales y comunidades humanas, un grupo restringido de empresas e investigadores, con apoyo del gobierno, insiste en la implantación de monocultivos de árboles exóticos para la exportación de celulosa y madera, denominando “reforestación” a esta práctica. Eso no es real, pues los bosques implican ecosistemas diversos e interdependientes, combinando las funciones realizadas por distintos tipos de animales, vegetales y hongos articulados por una multiplicidad de factores bióticos y abióticos. Los bosques son responsables, entre otras cosas, de la producción y reproducción de los ciclos hídricos en todas las regiones, y tienen un papel crucial en las áreas tropicales, donde los suelos necesitan de una amplia cobertura vegetal para almacenar el agua y preservar las nacientes. Grandes superficies cubiertas por una única especie vegetal no son bosques sino monocultivos que incentivan la sequía y constituyen “desiertos verdes” tanto en el sentido ambiental como en lo social y cultural.

En ese sentido, los monocultivos de árboles representan un modelo nefasto para las comunidades y sus territorios. En Brasil, su avance ha destruido tejidos sociales y expulsado del campo a poblaciones campesinas, indígenas, pueblos y comunidades tradicionales como quilombolas y geraizeiros entre otras. Invadiendo tierras, desestructurando importantes sistemas productivos locales y destruyendo la producción de alimentos, comprometiendo la seguridad alimentaria y la base económica de aquellos territorios, el modelo no sólo esteriliza los suelos sino que también, y principalmente, está eliminando aspectos fundamentales de la memoria y la cultura nacionales, que de ellos dependen. Se trata de la destrucción de actividades productivas y hábitos sociales amistosos con el medio ambiente y adaptados históricamente, en procesos coevolutivos, sin ninguna compensación real. No se generan empleos, las fuentes de agua se agotan, el uso de agrotóxicos propaga enfermedades, provocando abortos y malformaciones fetales que se expanden socializando la crisis y el miedo. En cada región la historia se repite, afectando especialmente a mujeres, niños y personas mayores.

En el caso del eucalipto los impactos se dan de forma acelerada, pues los clones actuales crecen tan rápido que en determinados lugares las empresas cortan los árboles a los tres años de edad. Los recursos públicos canalizados para investigaciones que viabilizan esos resultados privativos de las empresas dejan en evidencia la injusticia de un sistema que amenaza en forma concreta los derechos humanos fundamentales de poblaciones enteras.

Brasil fue el primer país de América Latina que autorizó la plantación comercial de un eucalipto transgénico. La aprobación fue obtenida en 2015 por Suzano, hoy la mayor empresa de plantaciones de eucalipto y uno de los mayores latifundistas del país. Aquel eucalipto transgénico pasó por una modificación genética que resultó en ganancia de productividad industrial, reduciendo el ciclo de corte en 20%. Esa aprobación ocurrió para atender los intereses del capital, ignorando las faltas de certeza sobre los impactos ambientales y socioeconómicos de esa tecnología. La introducción de los árboles transgénicos puede significar un gran impulso para otro ciclo de expansión de los monocultivos de árboles por el país y, por lo tanto, generar más y mayores daños.

El eualipto transgénico contiene un gen marcador que le confiere tolerancia a antibióticos, el gen npt II, que puede hacerse presente en la miel y en otros productos apícolas. Se desconocen sus impactos sobre la salud y, debido a ello, generará un impacto económico sobre cientos de millones de apicultores, que perderán el acceso a los mercados internacionales de productos orgánicos. En este momento se están evaluando otros árboles transgénicos en Brasil (eucaliptos y cítricos) con el apoyo de la Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad (CTNBio).

Para atender a nuestra población, el gobierno debería promover la diversificación de plantíos, en pequeña escala, para múltiples fines y bajo el control de las comunidades locales. Debería estimular la adopción de modelos de base agroecológica en lugar de beneficiar transnacionales que se apropian de incentivos financieros y fiscales mientras destruyen las posibilidades de vida de nuestros pueblos y comunidades. Es importante enfatizar que hoy enfrentamos una situación particularmente nefasta e inédita en la cual el presidente de la república se declara enemigo del ambiente natural y estimula la destrucción de la selva amazónica, la mata atlántica, el cerrado, la caatinga, el pantanal, la pampa y la zona costero-marina, amenazando incluso a todos los brasileños que se manifiestan en defensa de la socio-eco-biodiversidad hasta ahora preservada. Todos los biomas están altamente amenazados por las políticas de este gobierno, que incentiva el agronegocio, la minería y el desprecio de los derechos de los pueblos indígenas y de las comunidades quilombolas, entre otras. El gobierno está desarmando la fiscalización y las legislaciones ambientales y laborales, excluyendo a la sociedad civil de decisiones sobre estas políticas e incentivando invasiones de los territorios indígenas, campesinos, quilombolas y de otras comunidades tradicionales. Además está facilitando el porte de armas de fuego, al mismo tiempo que difunde el odio contra los movimientos sociales y ambientalistas, aumentando los niveles de violencia en el campo y las ciudades.

Todo esto beneficia a las grandes empresas que lucran con los monocultivos de árboles. El gobierno de Bolsonaro pone en evidencia su complicidad con dichas empresas al anunciar, en junio de este año, que el Ministerio de Agricultura pretende apoyar la expansión del área ocupada con monocultivos de árboles en más de dos millones de hectáreas hasta 2030. Repite, como marketing, el falso argumento de que esas plantaciones ayudarían a reducir la presión sobre los bosques, que siguen siendo devastados para la plantación de pasto y monocultivos. De hecho, la expansión de esas mismas plantaciones es una de las principales causas de destrucción de áreas conservadas en todos los biomas de Brasil. La forma en que el gobierno brasileño está lidiando con esa tragedia llevó a un grupo de abogados ambientales y de derechos humanos a denunciar al presidente Bolsonaro ante el Tribunal Penal Internacional de La Haya por crímenes ambientales y contra la humanidad.

Sin embargo, cuando en Brasil surgieron las primeras plantaciones nació también la resistencia. Desde entonces ha crecido la indignación de mujeres y hombres ante la verdadera situación de pobreza promovida por las plantaciones: pobreza ambiental, social, económica y espiritual. Mientras se expandían los monocultivos de árboles, muchas personas se unieron en la lucha contra ellos, en el campo, en las ciudades, en las universidades. Se creó el Día Internacional de Lucha contra los Monocultivos de Árboles, donde el pueblo reafirma que quiere vivir en libertad y con dignidad en sus tierras y no morir de hambre, acorralado por las plantaciones. Conscientes de que somos portadores de derechos y queremos vivir con dignidad, con acceso a alimentación de calidad y sin venenos, reafirmamos: ¡LAS PLANTACIONES NO SON BOSQUES!

A pesar de estos tiempos adversos, continuamos firmes en la lucha contra el desierto verde y todos los monocultivos que hacen del Brasil un “paraíso” para las empresas de agrotóxicos, a costa de tragedias para las trabajadoras y los trabajadores del campo. Rechazamos los ecocidios y defendemos los derechos de las comunidades, con sus identidades, sus culturas, sus modos de vida, en sus territorios tradicionales y respetando las generaciones por venir. Nos solidarizamos con las comunidades en lucha, que resisten el avance de las plantaciones, que promueven retomadas y ocupaciones de territorios arruinados por los monocultivos de árboles. Repudiamos toda forma de persecución, criminalización, asedio, cooptación, truculencia y violencia, prácticas estimuladas y aplicadas por parte de empresas, gobierno y órganos represivos. Resaltamos que las luchas son justas y necesarias, porque la tierra debe cumplir su función social. El pueblo precisa de la tierra para vivir bien, y es inaceptable que los intereses de unas pocas empresas, algunos fondos de inversiones nacionales e internacionales y otros actores prevalezcan sobre los derechos humanos, la historia y la cultura de nuestro pueblo, en nuestra tierra, sólo para poder seguir lucrando. Exigimos una mayor actuación de los organismos competentes, como el Ministerio Público y la Policía Federal, en apoyo de los pueblos y poblaciones locales así como de todas las entidades y organizaciones que actúan en defensa de sus derechos.

Rechazamos el discurso según el cual necesitamos más monocultivos de árboles, falsamente llamados “reforestación”, para resolver el grave problema del calentamiento global. Según ese falso argumento, los monocultivos de árboles absorberían de la atmósfera el CO2 que causa el calentamiento global. En verdad el combate al calentamiento exige la suspensión de la quema de derivados del petróleo, carbón mineral y gas natural, además de la protección de los bosques y coberturas vegetales características de cada bioma, respetando también los derechos de las poblaciones que han conservado esos ambientes durante generaciones, mediante relaciones de interdependencia. No aceptamos falsas soluciones como las plantaciones de carbono, que además de ampliar la crisis del clima tendrán impactos nefastos sobre las poblaciones que habitan los territorios codiciados por esas plantaciones.

Congreso de la IUFRO

Es en ese contexto que se realizará en Brasil el XXV Congreso Mundial de la IUFRO (sigla inglesa que significa “Unión Internacional de Organizaciones de Investigación Forestal”). El evento tendrá lugar entre los días 29 de setiembre y 5 de octubre de 2019 en Curitiba (estado de Paraná) y reunirá a empresas, científicos, organismos gubernamentales y profesionales del sector forestal. El lema de este año es “investigación forestal y cooperación para el desarrollo sustentable”. No obstante, la “investigación forestal” que la IUFRO está promoviendo se centra en incentivar las plantaciones industriales de árboles, promover los árboles transgénicos y publicitar falsas soluciones para la crisis climática, como el “almacenamiento de carbono” en monocultivos de árboles que serán cortados a los pocos años de vida, con lo que el carbono será emitido nuevamente, volviendo a la atmósfera.

Vale resaltar que para la FAO, organización de Naciones Unidas que se incluye entre los patrocinadores de la IUFRO, los monocultivos de eucalipto son bosques! La FAO ha promovido una definición internacional de bosque que tan sólo atiende los intereses de las empresas madereras y las industrias de plantaciones de árboles. Cuando la FAO llama bosque a un conjunto de árboles de una única especie está despreciando la biodiversidad y los sistemas ecológicos a ella asociados, dando margen para que los monocultivos en gran escala y hasta los transgénicos sean considerados “bosques” y contemplados por incentivos relacionados con la mitigación del efecto invernadero. Con eso, al ignorar todas las relaciones entre plantas y demás seres vivos, incluso humanos, que componen un bosque, la FAO contribuye a su invisibilidad y destrucción, lo que es todavía más grave si consideramos la misión para la cual la FAO fue creada: eliminar el hambre y la inseguridad alimentaria y nutricional del mundo, dos de los impactos más graves que ocurren allí donde se instalan y expanden los monocultivos de árboles.

Otro patrocinador de este congreso en Curitiba es el FSC, sigla inglesa del “Consejo de Manejo Forestal”. Fundado en 1993 como respuesta a las preocupaciones sobre la deforestación global, el FSC es un foro que define lo que sería un “buen” manejo forestal. Inicialmente se presentó para certificar el manejo industrial del corte de madera en bosques. Después incorporó la certificación de plantaciones empresariales de árboles, con una jerga según la cual estas plantaciones serían ambientalmente adecuadas, socialmente beneficiosas y económicamente viables, capaces de promover cambios positivos para las comunidades locales. Actualmente es el principal sello verde para las plantaciones de monocultivos de árboles. El FSC promueve un maquillaje verde muy útil para las empresas de monocultivo de árboles. Con ese sello las empresas se presentan como ambiental y socialmente responsables, engañando a los consumidores. Este maquillaje oculta el hecho de que los monocultivos en gran escala de eucalipto, certificados o no, que sustituyen la vegetación nativa por plantaciones están en la raíz de los impactos que destruyen comunidades y territorios y por consiguiente la vida de la biodiversidad planetaria.

Finalmente, queremos expresar nuestro REPUDIO a la propaganda que ese primer Congreso Mundial de la IUFRO en Brasil está llevando a cabo sobre los monocultivos de árboles en gran escala. Rechazamos las excursiones para visitar plantaciones y una serie de sesiones técnicas “de marketing” que, incluidas en la programación, servirán para mistificar los falsos beneficios y maquillar los daños derivados del modelo “forestal” brasileño.

Nuestro REPUDIO también a ese evento cuyo organizador es el actual gobierno federal de Brasil, que opera como aliado de las empresas y verdugo de los bosques, de las áreas conservadas y de todas las comunidades que viven en esos territorios y que de ellos dependen.

Denunciamos también que los incendios, que han horrorizado al planeta y ocultan la muerte de comunidades, la extinción de especies y la destrucción de culturas, son un paso más para el avance del capital sobre el bosque, en especial de los monocultivos de soja y maíz, y también de eucalipto, antecediendo la desertificación de la Amazonia Legal.

¡Las plantaciones NO son bosques! ¡Diga NO al Desierto Verde!

Imagen: WRM

Más información:

¡ALTO A LA DESTRUCCIÓN DE LA AMAZONíA!

Discursos “verdes” y deforestación

Pueblos organizados de Chiapas nos oponemos a las falsas soluciones para mitigar el cambio climático

ZACATECAS: GANA EL COMISARIADO EJIDAL DE ATOTONILCO EL MOVIMIENTO EN DEFENSA DEL TERRITORIO Y DEL RÍO ATENCO

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Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA) y el Observatorio de Conflictos Mineros de Zacatecas – A 19 de septiembre 2019


PESE AL HOSTIGAMIENTO GENERADA POR EL GOBIERNO DEL ESTADO, GANA EL COMISARIADO EJIDAL DE ATOTONILCO EL MOVIMIENTO EN DEFENSA DEL TERRITORIO Y DEL RÍO ATENCO

Jiménez del Teul, Zacatecas, 19 de septiembre del 2019

Hoy culmina el proceso para elegir representantes del Comisariado ejidal y del Consejo de vigilancia en Atotonilco (lugar donde se pretende construir la cortina de la presa Milpillas ), con un triunfo para el ejido, con 30 votos a favor y 10 en contra, gana la planilla del Movimiento en Defensa del Territorio y del Río Atenco, demostrando que la resistencia en contra del proyecto es más fuerte que las artimañas y hostigamiento del Gobierno del Estado. 

A causa de errores de formato, en redacción en las convocatorias emitidas por la Procuraduría Agraria en meses pasados y la negación de la inscripción del acta de elección en el Registro Agrario Nacional, hoy 19 de septiembre se repuso el acto para elegir representantes, dicho acto se solicitó desde el mes de febrero a la Procuraduría Agraria en Zacatecas.

Alrededor de las 8:00 de la mañana, elementos de la Policía Estatal llegaron al ejido de Corrales (miembro del Movimiento) y con gritos y palabras altisonantes sacaron al Presidente del Comisariado ejidal de su casa, exigiendo que les dijera dónde era la Asamblea por la presa Milpillas, a las 8:30 am, cinco camionetas de la policía estatal con 50 elementos pasaron por el ejido El Potrero, causando temor entre la población por los hechos ocurridos el 14 de octubre del 2018 donde la Policía Estatal agredió a ejidatarias y ejidatarios y tomó el mando de la Asamblea donde se discutía el permiso previo a expropiación de 126 hectáreas, para la construcción de la presa Milpillas.

Alrededor de las 10:00 de la mañana los elementos de la Policía Estatal arribaron al ejido Atotonilco, donde la Delegada Municipal solicitó que se retiraran, les explicó, valientemente, que era una reunión para tratar asuntos ejidales y que la policía nada tenían que hacer ahí, descaradamente el policía al mando respondió que el Gobierno del Estado los mandó para estar presentes por el proyecto de la Presa Milpillas, exponiendo la negligencia con la que actúa el Gobierno estatal, contrario al comunicado enviado vía Whats App de la Fiscalía de Zacatecas: Mantiene Policía Estatal presencia preventiva en Asamblea celebrada en Atotonilco, en dicho comunicado se dice que los ejidatarios solicitaron a la policía, lo cual es falso.

Desde la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería y el Observatorio de Conflictos Mineros de Zacatecas extendemos una felicitación a las y los ejidatarios que valientemente hicieron valer sus derechos con dignidad y mostrando su amor al territorio votaron para que los represente el Movimiento en Defensa del Territorio y del Río Atenco. Les seguimos reiterando todo nuestro apoyo y solidaridad.

#LaPresaMilpillasNoEsLaOpción #RíoAtencoLibre #NoALaPresaMilpillas

A T EN T A M E N T E

RED MEXICANA DE AFECTADAS/OS POR LA MINERÍA

OBSERVATORIO DE CONFLICTOS MINEROS DE ZACATECAS

Imagen: Aspecto de la comunidad Milpillas, en Jiménez del Teul Crédito: LA JORNADA ZACATECAS

Más información:

ZACATECAS: PROCURADURÍA AGRARIA DE ZACATECAS A CUENTAS POR CASO MILPILLAS 

ZACATECAS: COMUNICADO DE APOYO AL EJIDO EL POTRERO DE JIMÉNEZ DEL TEUL

Zacatecas: Advierten que habrá desplazamiento forzado y pobreza por la Presa Milpillas

GUANAJUATO: AYUNTAMIENTO DE LEÓN PROTEGE INTERESES CORPORATIVOS EN DETRIMENTO DEL INTERÉS COLECTIVO DE LA CIUDAD

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Compartimos el comunicado de prensa de la Plataforma Salvemos el Humedal Los Cárcamos, a través de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA) – A 18 de septiembre de 2019


Luego de que el pasado 11 de septiembre la Plataforma Salvemos El Humedal Los Cárcamos hiciera del conocimiento público la determinación oficial de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) sobre el cuerpo de agua que existe en el Parque Los Cárcamos en el sentido de que efectivamente es un Humedal y sus aguas propiedad de la nación, el presidente de la Comisión de Medio Ambiente del Ayuntamiento de León, el regidor Jorge Arturo Cabrera González, realizó una serie de declaraciones que expresan la ignorancia, soberbia, desmesura y displicencia con la que muchos funcionarios y autoridades municipales se han conducido en relación con el caso del Humedal del Parque Los Cárcamos:

“Es incorrecta esa previsión, lo que manifestó la agrupación es que el cuerpo de agua tiene características de humedal, eso es falso, como autoridad no podemos cambiar las autorizaciones hasta que una autoridad superior o competente nos diga lo contrario” (regidor Jorge Arturo Cabrera González).

Ya antes, el regidor Cabrera González, había tenido expresiones fuera de lugar al señalar que “hay que llamarlo cómo es. Es un Cárcamo y no un humedal como se le ha dicho, pues es un término dramático que se ha estado manejando para que se detenga la obra”. Y también que “los inversionistas tienen derecho […] al cumplir con la normatividad […]”.

Extraña, pues, la vehemencia con la que el regidor Jorge Arturo Cabrera González, defiende, pese a toda la evidencia, el Proyecto City Center. En este sentido, desde la Plataforma Salvemos El Humedal Los Cárcamos, denunciamos que la crisis climática, ambiental e hídrica que sufre la ciudad de León es, a la vez, reflejo y producto de algo más amplio: el depredador modelo de desarrollo que en este contexto entendemos como la promoción y protección desde las instituciones del Estado/Ciudad de la lógica de reproducción, acumulación centralizada del capital.

En general, en la Ciudad de León, la relación entre el poder del capital y poder político parece haber debilitado tanto la voluntad, como la capacidad de las autoridades municipales de responder a la creciente exigencia de la sociedad que reivindica mejores condiciones para su entorno.

Por ello y dada la imposibilidad de que las autoridades municipales actúen de manera comprometida en defensa de la ciudad y sus bienes comunes naturales, confirmamos que la Plataforma Salvemos El Humedal Los Cárcamos presentó, el pasado 29 de agosto, ante la Delegación de la PROFEPA en el Estado de Guanajuato, una denuncia por la REALIZACIÓN DE OBRAS Y ACTIVIDADES A UN COSTADO DEL HUMEDAL DEL PARQUE LOS CÁRCAMOS SIN CONTAR CON AUTORIZACIÓN EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL DICTADA POR AUTORIDAD COMPETENTE además de que LA EXCAVACIÓN Y LA INFRAESTRUCTURA DE LA OBRA CIVIL QUE HAN INSERTADO CON MOTIVO DE LA CONSTRUCCIÓN PUDIERA ESTAR INTERFIRIENDO EN EL FLUJO NATURAL SUBTERRANEO EXISTENTE ENTRE EL HUMEDAL Y LA PRESA DEL PALOTE, conductas que han producido desequilibrio ecológico, daños al ambiente y al Humedal.

A través de nuestra denuncia, la cual fue ADMITIDA PARA INVESTIGACIÓN mediante ACUERDO de fecha 10 de septiembre del 2019 dentro del Expediente PFPA/18.7/2C.28.2/00105-19, a la PROFEPA le hemos solicitado que:

  • Lleve acabo las visitas de inspección correspondientes, tendientes a constatar los hechos descritos, formular el dictamen técnico y en su caso ordenar las medidas de seguridad y aplicar las medidas cautelares y sanciones correspondientes de conformidad con lo establecido por los ordenamientos legales violentados, hasta la restauración del ecosistema, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales y administrativas en que hubiesen incurrido los actores en dichas obras.
  • Iniciar el proceso judicial en contra del responsable o los responsables para exigir la reparación del daño ambiental ocasionado. 
  • En caso de encontrar hechos constitutivos de algún ilícito de carácter administrativo, dar el correspondiente turno a la Comisión Nacional del Agua.
  • En el caso de encontrar hechos constitutivos de algún delito, presentar ante la Fiscalía General de la República, la denuncia correspondiente, a fin de iniciar las actuaciones legales a que haya lugar.

Finalmente, señalamos que las crisis no caen del cielo ya conformadas, sino que se construyen. Implican la concurrencia de actores que las hacen posibles. Surgen al amparo de políticos poco informados o ineficaces –como el regidor Cabrera González– cuando no corruptos; emergen de la imposición de intereses particulares sobre el interés colectivo, de silencios cómplices y aptetitos personales.

León, Guanajuato, 18 de septiembre del 2019

PLATAFORMA SALVEMOS EL HUMEDAL LOS CÁRCAMOS

Imagen: Twitter Kennia Velázquez

Más información:

Guanajuato: Sector minero en Guanajuato ridiculiza preocupación de Comunidades por el Proyecto Cerro del Gallo

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GERMAN LARREA Y GRUPO MÉXICO Símbolos de Deshumanización y Barbarie

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Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA) – A 17 de septiembre de 2019
>>Descargar comunicado en pdf<

En abril de 2013 la compañía Asarco fue declarada en ciudad Juárez como Monumento a la Deshumanización y la Barbarie. Los vecinos de Ciudad Juárez (México) y El Paso (Texas) fueron impactados por más de un siglo por la contaminación ambiental de una antigua fundición perteneciente a la subsidiaria de Grupo México. La compañía llevó a cabo procesos de remediación ambiental del lado del río Bravo, porque en Estados Unidos lograron obligarla, mientras en suelo mexicano, aún hay altos niveles de contaminación. Esto pasó también en antiguas fundiciones de la empresa en los estados de Aguascalientes, Chihuahua, Nuevo León y San Luis Potosí, donde la empresa se ha negado a remediar los sitios que ha impactado por décadas. Estas zonas contaminadas son ahora colonias y parques recreativos, sin importar las abundantes investigaciones que demuestren los altos niveles de metales pesados en la sangre de niños; la compañía sigue impune.

Es el caso de Ilo, comunidad ubicada al suroeste de Perú -donde también hay contaminación por la fundición de la compañía minera Southern Copper (también subsidiaria de Grupo México)- , los niveles de contaminación por dióxido de azufre (SO2) en el distrito de Pacocha, igualmente superaron los límites permitidos. La empresa tampoco se ha hecho responsable de los humos y la contaminación ocasionada por décadas.

Similar ocurre con la misma empresa en Estados Unidos, aunque ahí han prosperado las denuncias ambientales contra la empresa obligándola a invertir en la remediación ambiental de más de 10 antiguos centros mineros altamente contaminados desde principios del siglo XX (Texas, Arizona, Tacoma, Washington), sin que ello signifique que la contaminación desapareció.

En México están contaminados todos los sitios donde ha operado Grupo México y las subsidiarias de esta. La lista es abundante, así como también son constantes los derrames que genera, como el ocurrido en julio de este año en el Mar de Cortés, o el ya emblemático derrame del 2014, en el cual se vertieron 40,000 metros cúbicos de lixiviados de la mina Buenavista del Cobre (Sonora) al rio Sonora. Sin embargo, no importa el tamaño de los daños que ocasione, lo único visible es la impunidad y el contubernio que mantiene con diferentes estructuras del gobierno.

Grupo México y el Sr Larrea también son responsables del trágico evento sucedido en febrero del 2006, en la mina Pasta de Conchos (Coahuila), cuando por una explosión por acumulación de gas metano, que había sido previamente denunciado, 65 mineros que se encontraban trabajando en ese turno quedaron atrapados. Ni empresa ni gobierno actuaron a favor del rescate y hasta la fecha, los trabajadores continúan atrapados en el fondo de la mina.

De la misma forma Grupo México es líder en violación a los contratos colectivos de trabajo; en México tiene varias minas que desde hace varios años están en huelga, como la mina ubicada en Taxco en el estado Guerrero, la cual lleva 12 años sin que exista una solución en el horizonte para los trabajadores, quienes continúan a brazo partido esperando llegue la justicia.

La lista de improperios de Grupo México y sus subsidiarias, la coloca como una de las empresas mineras más agresivas, violentas, contaminadoras y cínicas del mundo. Su dueño, Germán Larrea Mota Velasco, se hizo multimillonario a partir del saqueo permitido por el entonces presidente de México Carlos Salinas de Gortari y, desde entonces, estableció una poderosa red basada en el contubernio con diferentes políticos, además de utilizar, a favor de sus proyectos, varias estructuras gubernamentales, que hace que cada violación que cometa, se mantenga en total impunidad o sea sancionada de manera tenue y vergonzosa. Su riqueza se acrecienta y su compañía constantemente está en expansión, a tal grado, que ya figura como una de las empresas mineras de cobre más poderosas y grandes del mundo.

La contaminación y el saqueo de los bienes naturales, igual lo realiza en el desierto exprimiendo y contaminando al máximo el agua de los mantos freáticos o también devastando regiones naturales enteras, incluyendo las mejor conservadas y ricas en biodiversidad, como sucede con el Área Natural Protegida Valle de los Cirios o en la Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca, reconocida como Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO, en donde también desarrolla un proyecto minero, lo cual nos da una idea del poder político que tiene.

En ese contexto, en México, no nos es ajena la violencia que desde hace años ocasiona el Sr Larrea y Grupo México en su proyecto minero “Tía María”, localizado en el desierto La Joya, al norte de la ciudad de Cocachacra en la provincia de Islay, región Arequipa en Perú, porque es su modus operandi que, al igual como sucede en México, el gobierno peruano le ha solapado los impactos que han dejado las minas de Toquepala y Cuajone desde mediados del siglo XX, además de apoyarlo en sus proyectos de expansión, como sucede en Michiquillay en Cajamarca y los Chancas en Apurimac.

Hoy nos reunimos las resistencias de Latinoamérica para denunciar internacionalmente a este saqueador de la vida, de las leyes, de los derechos colectivos y de la naturaleza. Nos reunimos también para señalar a las y los políticos y estructuras de gobierno que en Perú y en México continúan protegiéndolo, encubriéndolo y solapándole cada uno de sus actos.

Nos solidarizarnos con quienes hemos sufrido los atropellos, abusos y excesos de la empresa Grupo México y sus diferentes subsidiarias, al mismo tiempo que elevamos la voz para que Germán Larrea vaya de inmediato a la cárcel, se le suspendan todos sus proyectos mineros, se congelen sus cuentas bancarias y embargarle su dinero para usarlo en mínimamente resarcir al menos una parte de todos los daños que ha ocasionado a la población y a la naturaleza en donde sus operaciones mineras se han desarrollado.

Desde México enviamos un abrazo combativo y respaldando al pueblo de Cocachacra y todo el Valle del Tambo. Porque defender la vida no es un delito, sino una obligación de todas y todos.

NO AL PROYECTO TIA MARÍA

EL VERDADERO RESPRESOR Y VIOLENTO ES GERMÁN LARREA Y SU EMPRESA GRUPO MÉXICO, NO LA POBLACIÓN QUE DEFIENDE LA VIDA

BASTA DE REPRESIÓN Y VIOLENCIA CONTRA LA POBLACIÓN DE COCACHACRA Y TODO EL VALLE DEL TAMBO

¡TERRITORIOS LIBRES DE MINERÍA!

Firma

RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA


Imagen: Reporte índigo

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AMLO Y SU ERRÓNEA VISIÓN AL DESARROLLO

ZACATECAS: PROCURADURÍA AGRARIA DE ZACATECAS A CUENTAS POR CASO MILPILLAS

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Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA), Observatorio de Conflictos Mineros de Zacatecas y Movimiento el Defensa del Territorio y del Río Atenco – A 17 de septiembre de 2019

Jiménez del Teul, Zacatecas, 17 de septiembre del 2019

Después de los hechos ocurridos durante la asamblea del 14 de octubre del 2018 en el Ejido “El Potrero”, en donde la Policía Estatal sitiara el lugar, agrediera a las/os defensores del territorio, tomara el control de la Asamblea Agraria, con la participación de funcionarias/os de los tres niveles de gobierno con la finalidad de llevarse, a toda costa, la autorización para el cambio de uso de suelo de 126 ha, así como el convenio entre la Secretaría de Agua y Medio Ambiente (SAMA) y El Potrero, firmado de forma ilegal por el Comisariado Ejidal; el 13 de noviembre del 2018, las/os ejidatarios de El Potrero interpusieron una queja a nivel federal en el Órgano Interno de Control de la Procuraduría Agraria (OICPA), exponiendo las acciones violatorias e irregulares que se llevaron a cabo, en especial, los funcionarios de la Procuraduría Agraria quienes participaron y validaron la represión y violación a los derechos agrarios de las/os ejidatarios. Luego de diez meses, el 27 de agosto, el OICPA a través del oficio No: 15/105/OIC/AQ-1181/2019, notifica a las/os ejidatarios que, “el 14 de agosto se emitió acuerdo de radicación, en el que se ordenó el inicio de la investigación correspondiente, radicando el asunto en el Sistema Integral de Quejas y Denuncias Ciudadanas (SIDEC) que lleva la Función Pública, bajo el número de expediente administrativo 209/PA/DE250”.

Con dicha acción jurídica y legal, la misma Procuraduría Agraria DESMIENTE al Gobierno de Zacatecas, encabezado por Alejandro Tello, quién hace unos días aseguró, a la titular de la Comisión Nacional del Agua, Blanca Jiménez, tener todos los permisos agrarios para la construcción de la Presa Milpillas, al margen de que ahora el gobierno federal ni siquiera contempla en el Presupuesto de Egresos de la Federación del 2020, recursos financieros para la realización de la obra. Es decir, el gobierno estatal continúa engañando e impulsando un proyecto que se encuentra política, financiera, agraria y legalmente desarticulado, lo que demuestra no sólo la falta de coordinación y de conocimiento del Gobernador sobre la temática, sino también la torpeza y mentiras de sus diferentes operadores, que van quedando en evidencia conforme la población va denunciando, conforme a derecho, cada violación de las que han sido víctimas.

Para REMA, el Observatorio de Conflictos Mineros de Zacatecas y el Movimiento en Defensa del Territorio y del Río Atenco, es penoso que el gobernador, en colaboración con las y los diferentes representantes de instancias municipales, estatales y federales relacionadas con la imposición de la Presa Milpillas, continúen mediatizando con mentiras, un proyecto que se encuentra en fase de extinción; al mismo tiempo que es notoria la falta de responsabilidad que tienen para acatar las diferentes sentencias que demuestran, no sólo la falta de oficio legal y político de cada uno de los involucrados, sino desnudan la forma en la que reiteradamente quebrantan la Ley y sin recato alguno, violan los derechos de las/os ejidatarios de la región en la cual quieren imponer un proyecto tan cuestionado social, técnica y científicamente.

Los pueblos campesinos zacatecanos de la zona han definido y decidido que; EL RÍO ATENCO ES Y SEGUIRÁ SIENDO LIBRE…

#LaPresaMilpillasNoEsLaOpción #RíoAtencoLibre #NoALaPresaMilpillas

¡NO A LA PRESA MILPILLAS!

Firman:

MOVIMIENTO EN DEFENSA DEL TERRITORIO Y DEL RÍO ATENCO

RED MEXICANA DE AFECTADA Y AFECTADOS POR LA MINERÍA

OBSERVATORIO DE CONFLICTOS MINEROS DE ZACATECAS


Imagen: Maquinaria pesada realiza obras de la presa Milpillas. Foto: Especial

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AMLO Y SU ERRÓNEA VISIÓN AL DESARROLLO

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Comunicado de prensa de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA) – A 13 de septiembre de 2019


El pasado 6 de septiembre de 2019, Andrés Manuel López Obrador realizó una visita al municipio de Charcas, en San Luis Potosí, en la cual señaló la importancia de hacer que los recursos del coloquialmente llamado “Fondo Minero” (Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros) lleguen efectivamente a la población. Mencionó que el problema del Fondo Minero es que los recursos no están llegando directamente a la gente, sino que se quedan atorados en los ayuntamientos y gobiernos estatales. Ofreció, como solución, que los $24,862,678 que según le corresponden este año al municipio de Charcas sean entregados directamente a los comités de padres de familia de las 33 escuelas primarias que se encuentran en este municipio.

Sin menoscabar las necesidades presupuestales que enfrenta la infraestructura de las escuelas, así como los profesores, alumnos y padres de familia, tanto del municipio de Charcas como del resto del país debido al abandono y negligencia histórico que han enfrentado a manos del gobierno federal, manifestamos que, además de atender estas necesidades a partir del Fondo Minero que inserta a estas comunidades en una perversa lógica de dependencia con respeto a las actividades de despojo a partir de la extracción que realizan las grandes empresas mineras, también descarta de facto los daños al ambiente y a la salud que ocasiona la actividad minera, la cual, en consecuencia, con el uso del Fondo minero lava de manera tenue el tamaño y la permanencia de la problemática que ocasiona.

El gobierno federal en turno no ha comprendido aún que el problema de las actividades mineras en México a gran escala no es uno de redistribución de las ganancias generadas por las empresas mineras, sino de respetar el derecho de las poblaciones a decidir autónomamente sobre los bienes naturales localizados en los territorios y el tipo de actividades que pueden desarrollarse en los mismos.

El gobierno federal tiene la obligación de dotar con recursos suficientes a los planteles educativos y al personal docente que labora en los mismos. Al ligar el cumplimiento del derecho a la educación a la renta de las actividades mineras, se condiciona la garantía de este derecho a la presencia de actividades extractivas profundamente destructivas.

El municipio de Charcas es, trágicamente, un caso que demuestra la gravedad de incurrir en la lógica planteada por López Obrador. En el año 2016, en otro escándalo más involucrando a la empresa Industrial Minera México, 5 trabajadores mineros perdieron la vida en accidentes prevenibles. ¿Acaso los $24 millones de pesos del Fondo Minero justifican el terrible deceso de estos trabajadores? ¿Justifican acaso la contaminación y daños ambientales que los habitantes de Charcas continuarán sufriendo años después de que cierren los proyectos extractivos de Grupo México y el flujo de recursos del Fondo Minero se interrumpa?

¡TERRITORIOS LIBRES DE MINERÍA!

Firma

RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA


Foto:Cuartoscuro

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Brasil: proyecto REDD+ esquiva derechos de propiedad y recompensa a pequeños productores forestales

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Compartimos el siguiente artículo publicado en MONGABAY – A 8 de septiembre de 2019

por Claire Asher en 8 septiembre 2019 | Translated by Yolanda Álvarez

Un estudio sociológico encuentra los pros y contras en un proyecto de REDD+ de créditos de carbono en la Amazonía brasileña que recompensa a los proveedores de servicios ambientales a pequeña escala en las comunidades locales.


Según un reciente estudio antropológico publicado en The Journal of Peasant Studies (La Revista de Asuntos Campesinos), un programa estatal de créditos de carbono con el objetivo de reducir la deforestación también genera beneficios económicos y sociales para algunas comunidades rurales pobres al eludir la burocracia de los derechos de tenencia de tierras que a menudo se necesitan para tales programas.

A pesar de la amplia deforestación en el Amazonas, el pequeño estado de Acre en el oeste de Brasil todavía es boscoso en casi un 90 % de su territorio. Para proteger los restantes 164 000 kilómetros cuadrados de bosques, el Sistema de Incentivos por Servicios Ambientales (SISA) del estado ofrece recompensas a las comunidades locales para buscar medios de vida que no degraden el bosque. Se financian gracias a la rentabilidad del carbono almacenado dentro de dicho bosque.

Maron Greenleaf, antropóloga de la universidad Dartmouth College en el estado de Nuevo Hampshire, entrevistó a residentes, funcionarios gubernamentales y accionistas locales, como el Consejo Indigenista Misionero (CIMI), la Universidad Federal de Acre y el grupo agroforestal PESACRE, para averiguar cómo funciona el SISA sobre el terreno. Describe cómo la población rural más pobre no es excluida del programa de créditos de carbono debido a su falta de derechos formales de las tierras, pero advierte que también hay riesgos relacionados con este planteamiento, el cual da a los funcionarios estatales la capacidad de definir qué actividades son incentivadas.

Rentabilizar la captura de carbono

Aprobado por primera vez por el cuerpo legislativo estatal en 2020, el SISA es parte del REDD+, un programa de voluntariado negociado por la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCC, por sus siglas en inglés) cuyo objetivo es generar incentivos de mercado para proteger bosques ricos en carbono en los países en desarrollo y tener un efecto socioeconómico positivo en las comunidades de los alrededores.

A menudo, “la única manera de que la población pueda ganar dinero del bosque es a través de la tala para aprovechar la madera y/o talarlo para crear espacio para la agricultura, el ganado u otros usos de la tierra”, dijo Greenleaf. Los programas de REDD+ intentan corregir esta desigualdad, a través de “intentar dar un valor monetario al ‘servicio’ del secuestro de carbono de los bosques, para que los bosques también tengan un valor que refleje —hasta cierto punto y en términos monetarios— su valor climático”, dijo.

El Banco de Desarrollo Alemán KFW ha comprado 25 millones de euros (28 millones de dólares) de créditos de carbono —valorando los bosques de Acre por el dióxido de carbono absorbido— a cambio de una reducción del 16,5 % en las emisiones de gas de efecto invernadero relacionadas con los bosques del estado entre 2011 y 2015. El SISA difiere de los modelos de compensación de las emisiones de carbono más tradicionales, donde la propiedad de las tierras forma las bases para distribuir los beneficios financieros de la protección forestal. En cambio, recompensa a aquellos individuos que han trabajado directamente en el campo en una manera que está clasificada como beneficiosa.

El SISA describe a los productores rurales de cultivos sostenibles y productos forestales (tales como legumbres, nueces de Brasil o caucho), y que evitan las actividades perjudiciales como la quema controlada, como “proveedores de servicios ambientales” y ofrece incentivos como servicios gratuitos, suministros agrícolas y subsidios por su trabajo constante. El programa fomenta actividades como la ganadería sostenible y la piscicultura en tierras previamente despejadas.

Un programa REDD+ estatal parecido en el vecino estado de Amazonas, llamado Bolsa Floresta (PBF), ha estado funcionado desde 2007. Sin embargo, SISA fue el primer programa que fue aplicado a nivel estatal, en vez de a un número limitado de unidades de conservación específicas. El PBF ofrece un pequeño pago a los residentes que producen materias primas forestales sostenibles como el cacao, las bayas de açaí y el pez arapaima, o practican la agrosilvicultura o la gestión de los lagos, a cambio de comprometerse a alcanzar la deforestación cero y la participación en los programas ambientales educativos.

Greenleaf acredita lo que ella llama el enfoque “trabajo verde” del SISA para evitar asuntos complejos de derechos de tierras que son comunes en la zona rural de Brasil y otros países con bosques ricos en carbono, y para compartir algo del valor de carbono almacenado en sus bosques tropicales con parte de la población rural que viven en ellos o sus alrededores, en vez de compartirlo con los ricos terratenientes y los inversores extranjeros.

Al dar un valor de mercado al carbono secuestrado por los bosques, las iniciativas de compensación de carbono corren el peligro de promover la apropiación violenta de tierras sobre terrenos forestales, el sostenimiento de la desigualdad y recompensar solo a los más ricos. Por ejemplo, un estudio de 2008 encontró que las iniciativas de REDD+ en Brasil han tendido a incrementar la inseguridad de los residentes en cuanto a la tenencia de tierras. Pero implementadas de la manera correcta, las iniciativas de compensaciones también pueden actuar como una forma de bienestar estatal, que redistribuye la riqueza basándose en los objetivos medioambientales, dice Greenleaf.

Entre las personas que entrevistó había 30 acreanos rurales —agricultores a pequeña escala, ganaderos, cazadores y recolectores forestales de ascendencia mixta—. Históricamente, este es un grupo que a menudo ha sido incapaz de obtener derechos formales de las tierras, pero muchos dicen que han podido beneficiarse de la iniciativa del SISA a través de su contribución de trabajo verde.

Complejidades de los derechos de las tierras

“REDD+ e iniciativas basadas en el comercio de carbono tienen el potencial de ser un importante punto de inflexión con respecto a detener la deforestación”, dijo Tom Martin, un especialista en carbono y biodiversidad terrestre con la organización internacional de investigación de la conservación Operación Wallacea. Sin embargo, a nivel mundial, “las iniciativas de REDD+ […] no han despegado tan rápidamente como la gente esperaba”, dijo y cita gobiernos desorganizados, mercados de carbono inestables y complejos sistemas de propiedad de tierras.

En muchos países con una importante densidad forestal, donde las iniciativas de compensación de carbono tienen el mayor potencial de beneficio, los derechos de las tierras en las zonas rurales no están claros, se superponen o son duramente disputados, entrelazados con problemas complejos de los derechos indígenas. Tales complejidades pueden crear incertidumbre sobre cómo un propuesto proyecto REDD+ puede ser implementado con éxito, lo que pone nerviosos a los posibles inversores y estanca las iniciativas de créditos de carbono antes incluso de que empiecen, dijo Martin.

Rodear la tenencia de las tierras con el fin de asignar los beneficios de las iniciativas de los créditos de carbono tiene claros beneficios, pero también ha sido criticado porque evita el difícil proceso de obtener los derechos de las tierras para las personas rurales e indígenas que se beneficiarían de la tenencia de la tierra de otras maneras. Sin embargo, históricamente, intentos de formalizar la tenencia de tierras rurales han tendido a favorecer a las élites acomodadas. Por ejemplo, Terra Legal, un programa nacional que otorga títulos de la propiedad a familias minifundistas en el estado de Amazonas, ha emitido menos títulos de lo que tenía planeado y tendía a favorecer a terratenientes ya existentes y a la agroindustria. Cualquier intento de redistribuir las tierras de una manera equitativa sería una ardua y larga batalla. En cambio, iniciativas como el SISA podrían actuar como un paso intermedio, sugiere Greenleaf: “Los beneficios del SISA podrían ser enumerados en esa lucha como prueba del reconocimiento del gobierno de los derechos de las tierras de la población rural”.

Aunque la iniciativa está teniendo unos claros beneficios para las comunidades locales, el efecto de las iniciativas del SISA en la deforestación es más difícil de ver. El índice de deforestación en Acre permaneció relativamente estable desde 2010 a 2015 —el periodo durante el cual el plan de crédito del SISA entró en vigor— a un ratio de entre 220 y 310 kilómetros cuadrados (85 y 120 millas cuadradas) al año, según datos del programa de vigilancia PRODES del Instituto Nacional Brasileño de Investigaciones Espaciales (INPE, por sus siglas en portugués). Sin embargo, Maron señala que muchas de las políticas financiadas por el SISA antecedieron al programa, lo que hace difícil de discernir su verdadero impacto en la deforestación.

El SISA también ha sido criticado por dar más poder a los funcionarios estatales para determinar lo que cuenta como trabajo verde, lo que deja a las comunidades rurales a merced de los caprichos políticos. El SISA ya ha tomado algunas decisiones polémicas, como clasificar las prácticas agrícolas intensivas y los estanques artificiales como servicios ambientales. Martin dijo que esto es un problema común. “Aunque se supone que las iniciativas REDD+ producirán beneficios sociales y a la biodiversidad, así como el secuestro de carbono”, dijo, centrarse en los mercados de carbono significa que “los beneficios a la biodiversidad a veces pueden quedarse atrás en las jerarquías de preocupaciones de los directores del proyecto”.

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Imágenes:

  • Foto 1: Evidencia de la tala mecanizada en Feijó, Acre. Imagen de Maron Greenleaf.
  • Foto 2: Ganado congregado delante de una escuela en Feijó, Acre. La ganadería es el principal impulsor de la deforestación en el estado y por todo Brasil. Imagen de Maron Greenleaf.
  • Foto 3: Un árbol de nuez de Brasil queda en pie en lo que por lo demás es un campo en su mayor parte deforestado en Feijó, Acre. Imagen de Maron Greenleaf.

Más información:

¡ALTO A LA DESTRUCCIÓN DE LA AMAZONíA!

Discursos “verdes” y deforestación

Libro: 12 tácticas utilizadas por empresas de palma aceitera para apoderarse de tierras comunitarias

[Vídeo] El horror del Glifosato

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Dentro de las acciones de la Jornada por el Día del Maíz compartimos este vídeo y el siguiente artículo publicado en El País que hablan sobre el Glifosato – A 4 de septiembre 2019

Niños orinan herbicida glifosato en Autlán, Jalisco

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Un día los niños de una escuela reportan dolores de cabeza y de estómago; al día siguiente alguien más vomita durante el almuerzo. Exámenes de orina demuestran que el 100% de los niños han estado en contacto con el glifosato, un poderoso herbicida que requiere portar equipo especial a la hora de aplicarlo, pero que en Autlán, Jalisco, se aplica en parcelas a lado de una escuela. #Glifosato #Herbicida #Jalisco

Plumas Atómicas es un colectivo de periodistas que lanza contenidos, tanto audiovisuales como escritos, capaces de incidir en el la agenda y la discusión pública. Desde el margen buscamos incidir en el centro de la discusión. Somos armas de discusión masiva. Nuevos videos de lunes a jueves a las 6 pm y sábados a las 10 am hora de México.

Alemania prohibirá el glifosato en 2023 para proteger a los insectos

Ana Carbajosa Berlín 4 SEP 2019 

31 de diciembre de 2023. Esa es la fecha a partir de la cual el gifosato estará prohibido en Alemania, según los planes del Gobierno presentados el miércoles. El polémico pesticida tiene también fecha de caducidad prevista en la Unión Europea, donde hasta el momento solo cuenta con autorización hasta finales de 2022.

El pasado julio, Austria se convirtió en el primer país en prohibir el popular herbicida que, según sus detractores tiene consecuencias nocivas para la salud y según Bayer, su fabricante, no hay suficientes evidencias científicas que lo corroboren. En 2015, el grupo de investigación sobre cáncer de la Organización Mundial de la Salud, el IARC la Salud, clasificó el glifosato como “posiblemente cancerígeno para humanos”.

La prohibición del glifosato se enmarca en Alemania en una campaña del Ministerio de Medio Ambiente de lucha contra la extinción de los insectos. La biodiversidad y la protección de los insectos, sobre todo de las abejas se ha convertido en una fuerte preocupación para muchos alemanes.

El uso de pesticidas como una de las principales causas de mortandad de los insectos, es uno de los aspectos que desarrolla el paquete de medidas del Gobierno alemán. El objetivo es “reducir sistemáticamente” a partir de 2020 el uso de productos que contengan glifosato en parques y jardines privados y en los campos antes de las cosechas y “eliminar totalmente” su uso un año más tarde. El Ministerio de Medio ambiente indica que los herbicidas de amplio espectro como el glifosato eliminan no solo las llamadas malas hierbas, sino también plantas de las que dependen especies de insectos para su alimentación.

Protección de insectos

El Gobierno alemán destinará 100 millones al año para la promoción de medidas de protección para los insectos dentro y fuera del territorio agrícola así como para investigación. Muchos municipios de Alemania ya trabajan en la creación de áreas sembradas de flores que permitan por ejemplo la conectividad de los insectos polinizadores.

La empresa Monsanto comercializó inicialmente el polémico herbicida bajo el nombre de Roundup, convertido en la bestia negra de los grupos ecologistas. Bayer compró Monsanto el año pasado y se enfrenta a demandas millonarias por supuestos efectos en la salud humana. El uso de este herbicida, uno de los más extendidos en todo el mundo, lo comercializan ahora también otras empresas agroquímicas.

Desde Bayer, criticaron la decisión, por considerar que no responde a la evidencia científica. “No estamos de acuerdo con la decisión del Gobierno alemán de prohibir el glifosato a finales de 2023. Esta decisión ignora décadas de evaluaciones científicas de agencias reguladoras independientes […] el glifosato es seguro cuando se emplea correctamente”, indicó Liam Condon, presidente del departamento de cultivos de Bayer en un comunicado. La empresa asegura que las ventas de glifosato en Europa representan menos del 10% de las ventas del compuesto químico en todo el mundo. Bayer confía en que la Unión Europea renueve a partir de 2022 la licencia para su herbicida.

Más información:

INFORME: Violencia, Corrupción e Impunidad en la Industria Energética de Honduras: Un Perfil de Roberto David Castillo Mejía

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Compartimos este informe publicado en el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) – A 4 de septiembre de 2019

 

RESUMEN DEL INFORME:

Roberto David Castillo Mejía es un empresario hondureño, ex funcionario público, graduado de la academia militar estadounidense de West Point y oficial de inteligencia militar hondureña en condición de retiro. “Violencia, Corrupción e Impunidad en la Industria Energética Hondureña: Un perfil de Roberto David Castillo Mejía”, reúne información sobre sus actividades comerciales y casos legales relacionados, incluyendo acusaciones por el asesinato de la defensora de los derechos de los pueblos indígenas, internacionalmente reconocida, Berta Cáceres, y acusaciones de corrupción. En el informe se describen actividades delictivas, incluyendo graves violaciones de derechos humanos y actos significativos de corrupción mientras servía como funcionario público.

Las actividades delictivas descritas en Un Perfil de David Castillo se llevaron a cabo presumiblemente para promover los intereses de las empresas con las que Castillo estaba asociado. Por lo menos seis compañías fueron constituidas en Honduras, donde los registros corporativos se encuentran repartidos por todo el país en aproximadamente 30 registros distintos. Y al menos dos compañías asociadas con Castillo fueron registradas en Panamá, donde el anonimato de sus accionistas está protegido. Las dificultades para obtener acceso a los archivos de algunas de las corporaciones, y las leyes que permiten el anonimato de la propiedad en Panamá, hacen extremadamente difícil identificar a los propietarios. Esto contribuye a que la impunidad sea un obstáculo para la investigación de la responsabilidad por graves violaciones de derechos humanos.

Aunque múltiples corporaciones aparentemente se han beneficiado de supuestos delitos, aquellos que habrían beneficiado a Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), y a empresas relacionadas, son particularmente graves. Antes de su asesinato el 2 de marzo de 2016, Berta Cáceres dirigió el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), y apoyó a las comunidades indígenas que denunciaron la implementación ilegal del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca de DESA en su territorio. Castillo fue gerente general de la empresa DESA en el momento del asesinato y aparentemente continúa en ese cargo a la fecha.

El 2 de marzo de 2018, Castillo fue capturado por el asesinato de Cáceres. Las pruebas presentadas por los fiscales ante los tribunales hondureños sugieren que Castillo participó en el asesinato de Berta Cáceres como autor intelectual, presuntamente coordinando y proporcionando fondos a los autores materiales y con el fin de llevar a cabo el asesinato. Castillo ha sido acusado y el caso sigue en la fase preliminar del proceso; no se ha detenido a ningún otro autor intelectual del crimen.

La evidencia sugiere que el asesinato de Berta Cáceres fue parte de un patrón de violencia, corrupción, intimidación, enjuiciamiento malicioso e impunidad orquestado por Castillo junto a otros en DESA, quienes parecen haber funcionado como una estructura criminal. La evidencia admitida en Honduras vs. Douglas Bustillo y otros sugiere que Castillo, sus asociados y empleados en DESA obtuvieron el apoyo de instituciones clave del gobierno hondureño, utilizando influencias indebidas en el Ministerio de Seguridad, la policía, las fuerzas armadas y el poder judicial hondureño, aparentemente para avanzar en los esfuerzos de intimidar, perseguir y neutralizar a Berta Cáceres y a la oposición del COPINH al proyecto Agua Zarca.

Un Perfil de David Castillo destaca la preocupación por las aparentes conexiones entre Producción de Energía Solar y Demás Renovables S.A. de C.V. (PRODERSSA) y la organización narcotraficante y violenta conocida como Los Cachiros. Aunque es imposible determinar quién es el propietario de PEMSA (Panamá), PEMSA asumió la propiedad de una compañía de energía hondureña, PRODERSSA, fundada por abogados que según los fiscales hondureños, administraban los activos de Los Cachiro en ese momento. La transferencia de la propiedad de PRODERSSA a PEMSA ocurrió pocos meses antes de que los líderes de Los Cachiros se rindieran a la DEA, lo que despierta la preocupación de que PEMSA pudiera actuar como un holding para ocultar los activos de Los Cachiro. Castillo era el representante legal de PEMSA,empresa propietaria de una gran parte de DESA.

El Acuerdo de Compra de Energía (PPA) de PRODERSSA con la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) fue adjudicado apenas 12 días antes de que el presidente hondureño Porfirio Lobo dejara su cargo. Un líder de los Cachiros testificó ante cortes de los Estados Unidos que sobornó a Lobo a cambio de contratos favorables a las compañías que poseía. Esto eleva la preocupación de que el PPA de PRODERSSA pueda haber sido otorgado mediante actos de corrupción.

Las empresas de reciente creación vinculadas con Castillo recibieron contratos de instituciones estatales para las que Castillo trabajó. Al parecer, estas empresas tenían poca o ninguna experiencia pertinente o capital de origen transparente. Esto incluye un PPA en poder de DESA que según los fiscales hondureños, fue negociado fraudulentamente con la ENEE para proporcionar condiciones indebidamente favorables para DESA.

Instituciones financieras internacionales parcialmente propiedad de gobiernos extranjeros como Noruega, Holanda y Finlandia, así como bancos multilaterales de desarrollo como el Banco Mundial, en el que Estados Unidos tiene una participación significativa han financiado estos proyectos. Algunos de estos bancos e inversionistas internacionales continúan beneficiándose de inversiones en compañías con licencias y contratos estatales cuestionables. En el caso de DESA, algunos bancos de desarrollo cancelaron el financiamiento, sin embargo, DESA aparentemente sigue teniendo licencias y contratos para el desarrollo del Proyecto Agua Zarca.

Castillo ha sido objeto de sanciones administrativas por acciones que podrían ser consideradas corrupción criminal. El Tribunal Superior de Cuentas de Honduras determinó que la empresa de informática propiedad de Castillo vendía equipos a las Fuerzas Armadas a precios inflados y que Castillo también recibía ilegalmente un doble salario del gobierno mientras era oficial militar y empleado de la ENEE.

La Misión de Apoyo a la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) ha iniciado una investigación sobre posibles sobornos vinculados a las negociaciones de la ENEE con la empresa brasileña Constructora Norberto Odebrecht. La prensa hondureña informa que Castillo formó parte del equipo que negoció los contratos con Odebrecht, incluso viajando a Brasil, en representación del estado hondureño.

Las investigaciones detalladas en Un Perfil de David Castillo abren una ventana sobre las actividades de personas presuntamente involucradas en actividades delictivas y violaciones de los derechos humanos que benefician a las empresas, que al parecer han recibido apoyo de inversores internacionales y bancos multilaterales de desarrollo.

El informe destaca la precaria situación de los derechos humanos en Honduras y muestra cómo las concesiones para explotar los recursos naturales – especialmente cuando se hacen a empresas con conexiones a redes criminales peligrosas – a menudo impactan profunda y negativamente a las comunidades circundantes. Esto a menudo conduce a conflictos que ponen a los defensores comunitarios de los derechos humanos en un riesgo extremo.

El Perfil de David Castillo insta a la comunidad internacional a hacer un llamado al gobierno hondureño para que proteja a los defensores de los derechos humanos, luchar contra la corrupción y la impunidad, e insta a que se impida la participación de actores estatales en violaciones de derechos humanos. También establece una serie de recomendaciones relativas a la financiación internacional para el desarrollo.

Imagen: COPINH 2019

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[Informe] “Yo sólo quería que amaneciera»

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En el marco de acciones por las 5 años de la desaparición de los 43 estudiantes de la escuela normal de Ayotziapa compartimos el siguiente informe “Yo sólo quería que amaneciera, impactos psicosociales del caso Ayotzinapa”

Prólogo

El diagnóstico psicosocial y en salud que recoge este informe, es parte de un proceso de acompañamiento a los familiares y víctimas del caso Ayotzinapa. Su objetivo es documentar su experiencia, y convertir ese dolor y sufrimiento en algo útil para escuchar y cambiar.

La idea del diagnóstico nació del trabajo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos e invitado por México de acuerdo con los representantes de las víctimas para coadyuvar en la investigación, la búsqueda y la atención a las víctimas del caso. El GIEI empezó a documentar la experiencia de los familiares, heridos y sobrevivientes, como una muestra de lo que se necesita hacer frente al drama de la desaparición forzada. Durante su trabajo, llevó a cabo acercamientos entre los familiares y el Estado y ayudó a tejer las primeras iniciativas de atención. También incluyó en su segundo informe la propuesta de que se hiciera un diagnóstico que ayudara a seguir dando pasos en esa dirección, y estableció algunos criterios como la adecuación al proceso de los familiares, su participación, el trabajo con profesionales de confianza y el apego a los estándares internacionales en la atención a sus derechos, con sus diferentes urgencias y necesidades.

El equipo que cuidadosamente lo ha realizado tuvo la ardua tarea de entrevistar, escuchar, tratar de entender, analizar y narrar algo para lo que no es fácil encontrar palabras. El trauma es inenarrable porque no entra en las categorías con las que contamos. Y la desaparición forzada es el trauma más duro porque además de la tragedia de la pérdida conlleva una dramática incertidumbre, un dolor permanente. Este diagnóstico acompaña y traduce, y sobre todo permite escuchar las voces de las víctimas, sobrevivientes y familiares. El compromiso acordado fue que las propuestas del diagnóstico serían la guía de las políticas del Estado en relación a los familiares y víctimas del caso. Esa es ahora la tarea.

El trabajo psicosocial es un método de trabajo al lado de la gente, con la convicción de que, en los casos de violaciones de derechos humanos, las víctimas y sobrevivientes son el elemento central de cualquier estrategia de transformación. Sin embargo, la historia reciente de muchos de estos casos en México está escrita en la crónica roja que convierte a los muertos y desaparecidos en estadísticas de un abstracto problema de seguridad, que se refiere a cárteles, policías, gobiernos o la militarización, pero que no habla del sufrimiento ni de sus rostros. Los heridos, sobrevivientes y familiares del caso Ayotzinapa son parte de una persistencia que hace visible, junto con otros muchos familiares, esa profunda herida.

En los casos de desaparición forzada, donde la niebla de silencio cubre los hechos y se trata de desviar la atención y ocultar las responsabilidades, la atención psicosocial empieza por el acompañamiento hacia lo que los familiares de desaparecidos más quieren y necesitan: saber la verdad y el destino de sus padres, hijos y hermanos. Asimismo, es necesario brindar apoyo a muchas de las necesidades invisibles que acompañan esa lucha por la verdad y contra la impunidad. El impacto en las familias, la atención psicosocial, los problemas de salud, son parte de los elementos que hay que considerar para el fortalecimiento personal y colectivo. Lo que en estas páginas se encuentra es un tesoro escondido en el que, a pesar del dolor de la ausencia y del desprecio sufridos, laten las ganas de saber y de vivir. El impacto de las violaciones a los derechos humanos, de las amenazas, las heridas, las pérdidas, la desaparición forzada, no puede esconderse debajo de la alfombra, ni se puede dejar de lado. Hay que mirarlo a los ojos.

Este es un trabajo de memoria viva. Hay un antes y un después de los hechos traumáticos para las víctimas y familiares. También lo hay para México. Como señala Hannah Arendt: “Hay tiempos históricos, raros periodos intermedios, en los que el tiempo está determinado tanto por cosas que ya no son como por cosas que todavía no son”. En la historia estos intervalos han demostrado, en más de una ocasión, que pueden contener el momento de la verdad. El intervalo entre el pasado y el futuro no es un contínuum sino un punto de fractura en el que luchamos para hacernos un lugar propio.

El Informe de impactos psicosociales da cuenta de esa fractura. Escucharla es parte de lo que se necesita para generar acciones de atención con respeto y dignidad. En estas páginas se dibujan y proponen algunos de esos caminos que, desde la experiencia de las víctimas y familiares, pasan por la atención psicosocial, la salud, la verdad y la justicia. Esta es una experiencia inédita en México, un ejemplo también para otros casos, para aprender y fortalecer una respuesta adecuada desde las instituciones. Este diagnóstico incluye algunos de esos caminos para hacerlo posible y está tejido de una convicción que es necesario escuchar: ninguna herida se cura sin el bálsamo del reconocimiento.

Dr. Carlos Martín Beristain

Introducción

El 26 y 27 de septiembre de 2014, en la ciudad de Iguala, Guerrero, fueron perpetrados una serie de ataques en contra de estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, jóvenes integrantes del equipo de fútbol Los Avispones y población civil que se encontraba en el lugar de los hechos o que acudieron para ayudar a los normalistas. Los ataques generaron indignación en la sociedad mexicana, que se movilizó sobre todo en apoyo a los familiares de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos en los ataques. Estos hechos también tuvieron repercusiones a nivel internacional; se organizaron eventos de solidaridad en diferentes países y organismos internacionales de derechos humanos se pronunciaron por el esclarecimiento de los sucesos, la búsqueda de los normalistas desaparecidos y la sanción a los responsables.

El 3 de octubre de 2014 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (cidh) emitió la Medida Cautelar No. 409/141. En seguimiento a las medidas cautelares, y a petición de los beneficiarios, el Estado mexicano solicitó asistencia técnica internacional en la investigación del paradero de los estudiantes normalistas desaparecidos. En noviembre de 2014 se firmó el acuerdo para la asistencia técnica entre la cidh, el Estado mexicano y representantes de víctimas. Este acuerdo establece la creación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (giei)2, y su mandato: elaboración de planes de búsqueda en vida de las personas desaparecidas; análisis técnico de las líneas de investigación para determinar responsabilidades penales; y análisis técnico del Plan de Atención Integral a las Víctimas de los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014. El giei inició su mandato el 2 de marzo de 2015 por un periodo de seis meses, que fue prorrogado por seis meses más. El 30 de abril de 2016 culminó ese periodo. Durante su gestión, el giei emitió dos informes sobre el caso Ayotzinapa.

El giei permitió ampliar y profundizar las líneas de investigación, y el Estado creó la Oficina de Investigación para el caso Ayotzinapa, encargada de continuar la búsqueda de los estudiantes desaparecidos y la investigación de los hechos. En julio de 2016 se firmó un acuerdo para crear un Mecanismo de Seguimiento a las medidas cautelares emitidas por la cidh para el caso Ayotzinapa y de acuerdo a las recomendaciones del giei.

>>Descargar informe en pdf<<

[Artículo] Megaproyectos mineros en Wirikuta ¿desarrollo para el bien común o etnocidio?

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Compartimos este artículo sobre proyectos mineros en Wirikuta escrito por  David Avilés– Agosto 2019 


El día 24 de julio de 2019, autoridades del Consejo Regional Wixarika (CRW) como representantes de las personas wixaritari y la Unión Wixarika de Centros Ceremoniales A.C. (UWCC), emitieron una respuesta conjunta a la convocatoria procedente de una asociación civil que se hace llamar Unión de Ejidos de la región Chichimeca del Altiplano norte, donde convocaban a los representantes del pueblo wixarika a una reunión con el objeto de, entre otros motivos, negociar el amparo judicial que el pueblo wixarika interpuso dentro del contexto de un proceso de resistencia intensa a la instalación de megaproyectos mineros en al Altiplano norte- Wirikuta, que se prolonga hasta la actualidad y que suspende cautelarmente, cualquier actividad minera en el Altiplano- Wirikuta.

La Unión de Ejidos de la Región Chichimeca, se llaman así en un intento de presentar el conflicto, al que mire de lejos, como un conflicto interétnico que enfrenta a chichimecas y wixarika. No son chichimecas, ni siquiera representan a las comunidades, se trata de un grupo de gentes captadas y engañadas por las transnacionales mineras, en la práctica de estrategias dirigidas a dividir y a entrar en las comunidades, como nos muestran las actuaciones de estas transnacionales en otros casos similares como Salaverna, Mazapil, el Cerro Gordo de San Pedro o el Basurero tóxico de Palula, por citar solo algunos casos cercanos al Altiplano norte, de los más de 130 conflictos mineros documentados en México por el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL).

Los componentes de la Unión de Ejidos A.C., se erigen como representantes de los intereses de los ejidos pertenecientes a las comunidades que se encuentran dentro del entorno del Altiplano norte Wirikuta, cuando en realidad representan a algunas secciones de ciertos ejidos, pero, sobre todo, representan a los intereses mineros de la First Majestic, circunstancias que hace que la Unión de Ejidos A.C. no tenga poder de representación y por tanto negociador, en nombre de las comunidades del desierto y ante los representantes y autoridades de todo un pueblo originario.

No obstante, el pueblo wixarika, a través del Consejo Regional Wixarika (CRW), organismo oficial de los wixaritari formados por autoridades legalmente establecidas como representantes del pueblo wixarika, con poder efectivo para tomar decisiones vinculantes en lo referente a las posiciones de este pueblo originario, junto con la Unión Wixarika de Centros Ceremoniales (UWCC), emitieron un comunicado público conjunto, en respuesta a la convocatoria realizada por la Unión de Ejidos A.C.

En el manifiesto, comunicaban, a las comunidades y autoridades civiles y agrarias del Altiplano-Wirikuta, a las diferentes autoridades de las tres escalas del gobierno mexicano y a la sociedad civil nacional e internacional en su conjunto, la posición del pueblo wixarika respecto a las concesiones mineras y otras actividades que amenazan Wirikuta, lanzando un mensaje en el que manifiestan su firmeza en la resistencia junto con las comunidades mestizas del Altiplano, en contra de las actividades mineras. (El comunicado original del pueblo Wixarika está disponible en http://consejoregionalwixarika.org/?p=775). 

Presentar el contenido de la respuesta institucional del pueblo wixarika, que habla claramente por sí misma, no es el objetivo de este comentario a los últimos acontecimientos, más bien, queremos señalar que la situación creada por la Unión de Ejidos A.C., saca a la luz, por un lado, la intensificación de las actividades y las estrategias de la transnacional minera, en este preciso momento del conflicto, con la proximidad del fin del amparo judicial, algo de lo que nos sirve de ejemplo esta última acción de este grupo de choque comunitario, que puede ser definido, sin ningún pudor, como un grupo de acción comunitaria que defiende los intereses de la First Majestic. Y por otro, ensayar, una descripción de uno de los aspectos del conflicto en el Altiplano-Wirikuta, que tiene relación con cuestiones relacionales de los habitantes del desierto, de los wixaritari y las empresas mineras con el territorio que enmarca el Altiplano-Wirikuta.

Como es sabido, desde el año 2010, el Altiplano-Wirikuta, está afectado por la implantación de megaproyectos mineros sobre, aproximadamente el 43% de un territorio calificado como Reserva Ecológica Nacional e incorporado por la UNESCO a la Red Mundial de Espacios Sagrados Naturales, pues es el lugar sagrado por excelencia del pueblo wixarika y el lugar donde se desarrollan las vidas de los habitantes mestizos de las comunidades.

Las comunidades que conforman el Altiplano tienen un origen colonial y desde finales del siglo XVIII, en el municipio de Real de Catorce se abren diversas minas tradicionales donde se extraía oro y plata, principalmente.

En torno a estas explotaciones mineras, se organizaron las diferentes comunidades campesinas y centros de comercio con artesanos y diferentes profesiones para dar servicio a las poblaciones mineras, configuradas como sociedades complejas, en contraposición al modelo de la megaminería actual, mucho más agresivo en sus formas de extraer los recursos naturales y que ya no produce sociedades complejas como el anterior modelo, sino que, como argumenta Claudio Garibay, produce campamentos mineros, pues los recursos son extraídos, convertidos en divisas y evadidos a los mercados internacionales, sin apenas mediaciones económicas para los países y para las comunidades que reciben solo despojos.

Este relato describe someramente el inicio de las comunidades del desierto en torno a la minería colonial y al modelo minero conocido como Real de Minas, un modelo de minería tradicional y de organización social hoy agotado, que contribuyó considerablemente a la conformación de las sociedades mestizas asentadas hoy en día en el Altiplano y que en la actualidad mantienen un modo de vida fundamentalmente campesino y ganadero, además de cierta actividad turística.

Paralelamente a los modos de vida de las comunidades, en el altiplano, existe otra construcción cultural que ha convivido simultáneamente y de forma pacífica con las concepciones mestizas del Altiplano-Wirikuta. 

Wirikuta, es para el pueblo wixarika, el lugar donde se establecieron los acuerdos con los antepasados para que fuera el lugar donde naciera el Sol y se produjera el primer amanecer de la historia de nuestro universo conocido, el lugar donde permanecen vivos los antepasados formadores de nuestro mundo, convertidos en rocas y lagunas, cuyo recuerdo es mantenido y cuya vitalidad es reactivada trabajosamente por las personas wixaritari a través de peregrinaciones anuales, entrega de ofrendas, cantos y danzas, en prácticas diversas de reconocimiento y reciprocidad con la naturaleza.

Esta lectura que sostienen los wixaritari y esta relación de integración que evita la confrontación entre unos seres humanos y la naturaleza y que a través de los ritos y de las prácticas culturales de los wixarika, cumplen la función de mantener vivos estos lugares de rocas y manantiales como espejos originarios que reflejan la memoria del mundo que, los wixaritari, con sus prácticas, fertilizan y rejuvenecen en la matriz de vida que activa Wirikuta y que, al mismo tiempo, Wirikuta activa la cultura de las personas wixaritari.

Esta construcción múltiple mestiza/wixarika de la territorialidad del desierto, que ha coexistido en el lugar, nos permite contemplar el Altiplano-Wirikuta desde una perspectiva ampliada, más allá de la consideración del lugar como un mero espacio físico, como un espacio culturalmente construido y practicado, un lugar cargado de sentido, por las comunidades, por un lado, como lugar donde se desarrollan sus vidas individuales y colectivas y por otro, por la cultura wixarika, que a la vez carga de sentido esta cultura.

Esta perspectiva, nos permite contemplar Wirikuta como el elemento territorial que da sentido espiritual y material a este pueblo originario, como el lugar donde la cultura del pueblo wixarika toma tierra.

Lo que queremos expresar aquí, es que con la presencia de esta variedad de actores significando el Altiplano-Wirikuta de una forma compatible desde hace, al menos 250 años, tenemos un modelo de territorialidad basado, como afirma Maristella Svampa, en una memoria corta, como un territorio heredado por parte de las comunidades mestizas que ha convivido de forma pacífica con el modelo territorial de las personas wixaritari, basado en una memoria larga y antigua como territorio originario y ancestral.

Una convivencia que ha estado exenta de contradicciones hasta la introducción del modelo extractivista, facilitado por los diferentes niveles del gobierno mexicano que proviene de la matriz capitalista y que introduce una concepción de territorialidad a gran escala, antes ausente en el lugar y que convierte el Altiplano-Wirikuta en un territorio sacrificable, a través de parámetros valorativos reduccionistas del territorio, que se fundan exclusivamente sobre una concepción económica, basada en los valores de los metales en mercados internacionales, que además introducen una nueva dimensión territorial al Altiplano norte-Wirikuta como territorio en disputa.

Este modelo genera tensiones, pues excluye, por incompatibles, las formas preexistentes de territorialidad mestiza y wixarika basadas en lugar, las empresas necesitan los recursos a cualquier coste, pero no necesitan a las comunidades, que cuando se niegan y resisten, se convierten en un problema a solucionar, como han demostrado por cualquier medio, para estas entidades de carácter transnacional.

Con la introducción de estos modelos territoriales externos a las comunidades, nos encontramos ante un conflicto enmarcado dentro de la supervivencia física y cultural de estos pueblos mestizos y wixarika, en base a diferentes construcciones de naturaleza y formas de relacionarse con ella, que implican definiciones incompatibles de territorio, sostenibilidad, así como de uso y aprovechamiento de los recursos y que desembocan en conflictos con dimensiones ecosociales.

Finalmente, Estos conflictos, están enmarcados dentro del ámbito de la supervivencia física y cultural de los pueblos mestizos, habitantes del desierto y wixarika. En este sentido los megaproyectos representan el final de Wirikuta que, por las tecnologías y la envergadura de estas actividades mineras, ponen en serio peligro la supervivencia de las sociedades del desierto y la supervivencia de la cultura wixarika tal como la conocemos, y esto tiene un nombre, se llama etnocidio ¿Quién se va a hacer responsable?

David Avilés

Investigador Universidad Autónoma de Madrid (España).

Área de Antropología de orientación pública.


Imagen: Huicholes en defensa de wirikuta, manifestación en DF/Foto México contaminada

Más información:

MINERAS: ¿IMPUNIDAD CON EL PERMISO DEL ESTADO? 

Documental: Agua Sagrada – Minería en Wirikuta