Este 27 de noviembre
de 2019, se cumplen 10 años del asesinato de Mariano Abarca Roblero, ambientalista
que defendió los Derechos Humanos y los Derechos de la Naturaleza en su
municipio natal de Chicomuselo, Chiapas, México, al denunciar los efectos socio
ambientales causados por la empresa minera canadiense Blackfire Exploration,
minera involucrada en su asesinato. Desde entonces, su familia y diversas
organizaciones han llevado un largo proceso para exigir justicia y castigo a
los culpables ante el gobierno mexicano y canadiense por la corrupción probada
de la empresa, las acciones y omisiones de la Embajada de Canadá que pudieron
haber contribuido al asesinato de
Mariano, así como el señalamiento de los actos de impunidad contra el gobierno
mexicano, además llevar en curso otras demandas ante los Tribunales de Canadá y
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
A pesar del asesinato
de Mariano Abarca, en todo el país, y en particular en el estado de Chiapas,
muchas y muchos otros defensores continúan luchando y manifestándose por la
defensa de la Tierra y el Territorio, por la Vida y por la Madre Tierra contra
las políticas, políticos y megaproyectos, quienes al pretender los bienes
naturales amenazan de facto la cultura e identidad de los pueblos indígenas,
campesinos, así como también la vida de la población urbana.
En este contexto los
Convocantes conmemoramos en el marco del Décimo Aniversario luctuoso de Mariano
Abarca al Primer Reconocimiento a la Defensa Ambiental en Chiapas 2019
“Mariano Abarca”, con el propósito de agradecer, reconocer y
visibilizar otras luchas colectivas y organizadas de quienes, con el espíritu
sembrado por Mariano en los corazones de las resistencias, no cesan en su
ímpetu por defender la vida, el medio ambiente y los derechos colectivos que
son, a fin de cuentas, en beneficio de la Humanidad.
El “Premio Mariano
Abarca” 2019 será para la organización indígena del Movimiento en
Defensa de la Vida y el Territorio (MODEVITE), quienes
tienen presencia en 11 municipios del estado de Chiapas.Dicho Reconocimiento
será entregado el día 27 de Noviembre del año en curso en el Auditorio de
Bellas Artes del Centro Histórico de San Cristóbal de las Casas, Chiapas,
México, en compañía de representantes de organizaciones y redes nacionales e
internacionales convocantes, así como de la familia Abarca.
El “Premio Mariano Abarca” también será una importante ocasión para compartir experiencias de otras luchas colectivas en defensa de la Tierra y el Territorio, por lo tanto, el mismo día llevaremos a cabo el Foro de la Defensa Ambiental en Chiapas “Mariano Abarca”, con la participación de procesos de resistencias de la zona Norte, Costa y Altos del Estado de Chiapas, también conoceremos parte de la experiencia de lucha realizada en la Montaña y Costa Chica del Estado de Guerrero, así como nos acompañarán panelistas y especialistas quienes compartirán un análisis de la situación de la violencia contra las defensoras y defensores ambientales con el fin de enriquecer la Agenda de intercambio colectivo.
Compartimos el comunicado de Acción Colectiva Socioambiental, Hermandad de la Cuenca de la Independencia y la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA) – A 11 de Noviembre de 2019
El
pasado sábado 9 de noviembre 2019, habitantes de las comunidades
directamente afectadas por el proyecto minero Cerro del Gallo en la
zona de San Antón de las Minas, Dolores Hidalgo, Guanajuato,
madrugamos y con el apoyo de la Hermandad de la Cuenca de la
Independencia nos organizamos para visitar la mina de Cerro de San
Pedro, San Luis Potosí, con el propósito de conocer de manera
directa los devastadores efectos de la minería a cielo abierto que
podrían ocurrir, en nuestro territorio, si la minera canadiense
Argonaut Gold llegara a operar su proyecto Cerro del Gallo.
La
Hermandad, a través de la organización Acción Colectiva Socioambiental y la Red
Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) recibió la invitación
del Dr. Juan Carlos Ruiz Guadalajara e integrantes del Frente Amplio
Opositor a la Minera San Xavier, en Cerro de San Pedro, San Luis
Potosí.
Con
apoyos económicos de otras organizaciones de la Hermandad, como el
Charco del Ingenio A.C. y Caminos de Agua A.C. de San Miguel de
Allende, la Parroquia de San Cayetano, en San Luis de la Paz y del
propio Frente Amplio Opositor de San Luis Potosí, se contrataron dos
autobuses, para llevar a cerca de 90 personas, menores y adultos,
mujeres y hombres, provenientes de comunidades de los municipios de
Dolores Hidalgo y así como de los municipios de San Luis de la Paz,
San Miguel de Allende, San Diego de la Unión y también de Comonfort
donde existe una mina de caolín.
Los
integrantes del Frente Opositor, acompañaron la visita con amplias
explicaciones sobre los procesos resistencia contra la minera San
Xavier, la cual, no escatimó en el uso de mentiras y engaños a la
población, así como en actos de corrupción con las autoridades,
amenazas, violencia y persecución de los activistas defensores de
derechos humanos, que informaban a la gente, con quienes entablaron y
ganaron procesos legales en contra de la mina, que luego fueron
revertidos impunemente, violando los derechos de la población, por
los presidentes Fox y Calderón.
En
la visita pudimos observar una amplia zona de desastre que en
apariencia no lo es, ya que Cerro de San Pedro está en proceso de
convertirse en uno de esos «Pueblos Mágicos», ese tipo de
proyectos que despojan y desplazan a la población, para poner bares
y restaurantes para turistas desinformados, que no saben del riesgo
que corren, ya que los procesos de lixiviación continúan en el
camino al sitio, con aspersores que, al día de hoy, continúan
regando con cianuro una montaña de desechos. Sobra decir, que el
«pueblo mágico» solo beneficia a los inversionistas pero no a
los habitantes orginarios.
El
desastre de esta mina iniciada en los años 90, ha tenido graves
impactos ambientales, como la desaparición de arroyos, una rica
biodiversidad de fauna y flora endógena, problemas de salud, y una
violencia abierta y soterrada, de pobreza, desigualdad social,
conflictos intracomunitarios, amenazas y asesinatos, destrucción de
la economía local, corrupción política e impunidad.
La
visita fue un éxito, ya que las personas que asistimos, accedimos a
través de fuentes fidedignas, a la realidad de la minería a cielo
abierto.
En
respuesta al interés de los pobladores, la Hermandad de la Cuenca de
la Independencia continuará con los procesos de información a la
población, impulsando la organización autogestiva de resistencia en
la región del Cerro del Gallo y otras zonas de Guanajuato amenazadas
por esta actividad depredadora, apoyada de manera irresponsable por
el gobierno estatal.
David Castillo, uno de los autores intelectuales del asesinato de Berta Cáceres: Aquí te mostramos su perfil.
Todas las conexiones de David Castillo con el asesinato de Berta y otros crímenes, son develadas en este perfil.
David Castillo representa la violencia corrupción e impunidad con la que opera el modelo extractivo en Honduras.
Castillo está vinculado en diferentes crímenes como corrupción,
vínculos con los Cachiros, falsificación de documentos y además es uno
de los autores intelectuales del asesinato de nuestra compañera
#BertaCáceres.
¡Exigimos juicio y castigo!
#JuicioYCastigoParaCastillo
#ATENCIÓN Este 2 de Diciembre se dará a conocer la sentencia contra los 7 condenados por la autoría material del asesinato de nuestra compañera Berta Cáceres.
En el fallo se afirmó la participación de otros directivos de la empresa DESA en el asesinato de Berta, estos aún no están siendo investigados ni juzgados.
No habrá justicia para Berta hasta que no haya juicio y castigo para los autores intelectuales del crimen ¡Acompáñenos!
Compartimos el comunicado resultado de la visita de la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia en San Cristóbal de Las Casas y del Foro Problemática del Agua en el Valle de Jovel – A 13 de noviembre de 2019>>Descargar comunicado en pdf<<
2ª. MARCHA MUNDIAL POR LA PAZ Y LA NO VIOLENCIA 2 de octubre de 2019 al 8 de marzo de 2020
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México. 13 de noviembre de 2019
LIC. ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS DR. RUTILIO ESCANDÓN CADENAS, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS SENADO DE LA REPÚBLICA. SEXAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA CÁMARA DE DIPUTADOS, H. CONGRESO DE LA UNIÓN. SEXAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA H. CONGRESO DEL ESTADO DE CHIAPAS. SEXAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS. 2018-2021 COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS SEGUNDA MARCHA MUNDIAL POR LA PAZ Y LA NO VIOLENCIA
Los que suscribimos, compartimos una MIRADA de nuestra realidad, misma que se centra en el incremento del PROBLEMA AMBIENTAL que atenta contra la tranquilidad, salud, seguridad, orden, habitabilidad y sana convivencia entre los habitantes de San Cristóbal de Las Casas.
Entre las causas más relevantes destacan:
Violación al Estado de Derecho;
Violación a los Derechos Humanos;
Ausencia de Justicia;
Ausencia de Mecanismos de Control para frenar o revertir el deterioro a un Medio Ambiente Sano;
Violación de la legislación por las propias autoridades locales (anteriores y actuales)
Simulación y/o discriminación de la Participación Ciudadana en el diseño de nuevas Políticas Públicas;
Ausencia de Mecanismos de Participación Autónomos ciudadanizados para vigilar, supervisar y evaluar la eficiente aplicación de la Ley por autoridades de los tres órdenes de gobierno;
Falta de respuesta oportuna, de forma premeditada y dolosa por parte de autoridades, a peticiones ciudadanas que solicitan atención; entre otras causas.
Inicio de la gira de la Marcha Mundial en la Plazuela de Cuxtitali
Visita a la Colonia 14 de sept
Delegación de la Marcha en los bancos de Arena en Salsipuedes
Visita al Humedal María Eugenia
Visita a la Colonia 14 de sept
Sus efectos han ocasionado:
Destrucción de la Cuenca del Valle de Jovel, deforestación de zonas de valor ambiental y contaminación de ríos por la falta de control de actividades en el territorio y un crecimiento urbano desordenado, no planeado, no diseñado, no construido y no administrado de forma responsable;
Alto grado de contaminación del agua que consumimos los habitantes, que atenta contra la salud pública;
Ausencia de un plan orientado a la Gestión Integral del Agua por parte de la Junta de Gobierno del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal, SAPAM, que garantice el Derecho al Agua y a su Saneamiento;
Invasiones, venta ilegal de terrenos e incremento de asentamientos humanos y construcciones irregulares en zonas de valor ambiental, como Áreas Naturales Protegidas, Zonas de Conservación Ecológica, Humedales, Áreas Federales de ríos y arroyos, Zonas Forestales, etc., situación que pone en riesgo la tranquilidad y la paz de quienes protegen estos espacios, ya que hay riesgo de confrontaciones al grado de poner en riesgo la vida humana;
Letargo y ausencia de institucionalización de procesos de planeación local;
Instrumentos de planeación, reglamentos y procesos NO ACTUALIZADOS a favor del orden del territorio y el desarrollo urbano;
Deterioro a la salud, incremento de riesgo y vulnerabilidad de espacios que habita la población,
Violación al nivel de vida adecuado de la ciudadanía y a su integridad.
Criminalización de ambientalistas.
Por lo anterior, reconocemos y damos la más cordial bienvenida a la Segunda Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia, la cual nos permite sumarnos a su MISIÓN, que considera principalmente:
Denunciar la peligrosa situación mundial de conflictos crecientes, destacando las que viven vastas zonas del planeta y muchas poblaciones se ven postergadas por falta de alimentos y agua;
Crear Conciencia de que únicamente a través de la “Paz” y la “No Violencia” es como la especie humana abrirá su futuro.
Mayor Visibilidad a las acciones positivas que personas, colectivos y pueblos están desarrollando en numerosos lugares en la dirección de aplicar los derechos humanos, la no discriminación, la colaboración, la convivencia pacífica y la no agresión.
Dar voz a las Nuevas Generaciones que quieren tomar el relevo, mediante la instalación de una cultura de la NO VIOLENCIA en el imaginario colectivo, la educación, la política y en la sociedad.
Mediante el recorrido a diversas zonas de San Cristóbal de Las Casas, la mañana de este miércoles 13 de noviembre de 2019, con la delegación de la Segunda Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia, tuvo como objetivo que la ciudadanía amplíe su visión de nuestra realidad, la cual desea se difunda a nivel mundial, promoviendo además la importancia de seguir participando activamente en proyectos y movimientos sociales orientados a las acciones que valoren los beneficios de defender el medio ambiente y oponernos a la criminalización de quienes somos ambientalistas.
Además tiene el objetivo de comprender la importancia de nuestras luchas y que todas son importantes para contribuir a la construcción de PAZ y evitar la Violencia.
Desafortunadamente, debemos reconocer que desde el fin de mes de octubre, hemos tenido comunicación con la Secretaría de Gobernación, quién nos señalaba que la Secretaría de Gobierno y autoridades del Estado de Chiapas, nos aseguraba que podíamos realizar el recorrido previsto para la Segunda Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia, sin embargo en la tarde de ayer, la Lic. Angélica Domínguez, Delegada de Gobierno, nos informó que NO HAY CONDICIONES para entrar a la reserva ecológica Quemvo Cuxtitali, y no podían ofrecernos seguridad, NO ES SEGURO, así nos dijo.
Denunciamos la ausencia de autoridad, omisión, incompetencia y falta de gobernabilidad, al no otorgar una respuesta clara y legible a la problemática ambiental y la debilidad del estado de derecho, situación expuesta y evidenciada este día, misma que hoy nos limita ingresar a la reserva ecológica, así como denunciar que el gobierno de cualquier orden y de cualquier poder, no establece una acción efectiva que establezca la solución a nuestras demandas.
Nuestra Denuncia Social se centra con la ATENCIÓN INMEDIATA a las PROBLEMÁTICAS comunes:
Garantizar el Estado de Derecho en San Cristóbal de Las Casas;
Vigilar, frenar y actuar en contra de toda acción ilegal o irregular, que altere las características bióticas en zonas de valor ambiental;
Evaluar, gestionar, atender de forma prioritaria y proyectar y/o programar correcciones, a toda alteración, violación y ocupación ilegal sobre los cauces naturales de los ríos y áreas federales hechas en los últimos 30 años;
Detener de forma inmediata y con mecanismos transparentes de control georeferenciado, toda acción de crecimiento de la ciudad en zonas no aptas para el desarrollo urbano. (zonas bajas en riesgo de inundación, zonas altas de difícil acceso, costosas para poder dotar de infraestructura y servicios básicos);
Garantizar la obligatoriedad de contar con procesos actualizados para controlar y frenar todas las acciones urbanas ilegales en un período no mayor a 3 meses, (deforestación y tala de zonas boscosas, venta de lotes, urbanización y edificación);
Garantizar la atención de forma responsable, en un período de no mayor a 3 meses, las obligaciones y facultades del gobierno municipal, respecto a la aplicación de las políticas públicas sobre adaptación al cambio climático y la mitigación de emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero, lo anterior, debido a que en más de un año de gestión no se tiene una acción realizada en contra del cambio climático a nivel local;
Garantía de atención a las denuncias ciudadanas, garantía de investigaciones efectivas y autónomas, así como el deslinde de responsabilidades en contra de toda las autoridades locales implicadas en el pasado y en la actualidad, responsables, corresponsables e involucradas en el fomento al crecimiento urbano ilegal e irregular, que hayan participado con autorizaciones oficiales que violentaron el marco legal y a los instrumentos de planeación urbana vigente, actuaron en contra del interés público y aportaron al deterioro de nuestro medio ambiente;
Garantía de atención en un período no mayor a 3 meses, para diseñar reglamentos y procesos municipales necesarios para operar y gestionar el Programa de Ordenamiento Ecológico vigente, que permita promover la Protección, Conservación, Restauración y Aprovechamiento Sustentable del Territorio.
Garantizar que en un período no mayor a 1 año, se garantice el diseño de nuevos disposiciones reglamentarias e instrumentos de planeación en materia de desarrollo urbano, que no han atendido, a pesar de que las autoridades locales ya violaron el plazo legal establecido, al haber dejado agotar por omisión, los períodos establecidos en los artículos TERCERO y QUINTO TRANSITORIOS de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, en los nuevos reglamentos deben integrar políticas públicas que fomenten la participación ciudadana, integren criterios alternativos de edificación y urbanización, establezcan parámetros bioclimáticos locales para obra pública y privada, reconozca criterios de infiltración del agua pluvial al subsuelo y fomente la inclusión de toda alternativa sostenible que sea más amigable con nuestro entorno natural y disminuya las alteraciones a nuestro clima.
Gestionar a nivel municipal y fortalecer la legislación estatal, para dar preferencia y prioridad a inversiones públicas para el desarrollo de proyectos a favor de restauración ambiental, demolición de edificaciones construidas de forma ilegal en zonas no aptas para el desarrollo urbano y restauración de todo tipo de daños ocasionados al territorio y medio ambiente, así como, desarrollar programas parciales para el mejoramiento urbano sostenible que garanticen la vinculación con su entorno natural, por encima de inversiones aisladas de obra pública que solamente pavimenta calles sin áreas verdes y carentes de un proyecto de diseño urbano avalado;
Garantizar la penalización en contra de todo acto que fomente, permita, colabore, y financié la creación y operación de grupos de choque protegidos por instituciones y dependencias de gobierno, con fines de cambios de uso de suelo, los cuales se asocian a golpes, agresiones con armas de fuego y amenazas de muerte en contra de ambientalistas.
Actuar en contra de toda denuncia ciudadana y fortalecer la legislación en contra de toda autoridad que actúe de forma dolosa en contra de la ciudadanía, la nueva legislación debe fomentar obligaciones a las autoridades a favor de la No Discriminación de la Ciudadanía en el diseño de políticas públicas, lo anterior por parte de las autoridades federales, estatales y municipales.
Deslindar responsabilidad a las autoridades que por omisión permitan el incremento de la posibilidad de riesgos como derrumbes, deslaves, inundaciones, pérdida de superficie permeable para recarga de mantos acuíferos, alteración del clima, entre otras afectaciones locales, ocasionada por la deforestación y el crecimiento urbano irresponsable.
Dentro de las DEMANDAS particulares destacan:
Protección, Conservación y/o Restauración a Zonas de humedales y Áreas Naturales Protegidas;
Dejar sin efecto autorizaciones municipales de cambios de usos de suelo, que no hayan contado con un proceso de consulta pública y hayan omitido procesos federales para revertir usos forestales;
Cierre total o clausura de los predios que albergan actividades de industria extractiva de arena y grava sin autorización alguna;
Restauración ambiental de toda zona impactada por las últimas décadas de los diversos bancos de materiales y mejoramiento urbano de las áreas habitacionales inmediatas, que garanticen una zona de amortiguamiento seguro y restaurado.
Por lo anterior, reconocemos la CREACIÓN DE CONCIENCIA y la necesidad de fortalecer e incrementar la CULTURA CIUDADANA RESPONSABLE, mediante la realización de asambleas en nuestros barrios, colonias y comunidades para iniciar con la concientización de la gente, haciendo todo el esfuerzo posible para hacer análisis de la situación que estamos viviendo, mediante el registro en video, fotografías, etc., que refleje el deterioro de nuestro entorno, así como promover alternativas posibles a realizar en nuestro entorno vital.
Nos preocupa la FALTA DE ESTADO DE DERECHO EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS y la falta de condiciones de seguridad de la ciudadanía y especialmente de ambientalistas y luchadores sociales, nos preocupa la situación de violencia y la ausencia de paz y armonía en nuestra sociedad, por la falta de atención a las problemáticas expuestas en el presente documento.
Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA) – A 8 de noviembre del 2019
El pasado 01 de noviembre Víctor Manuel Reyes Rodríguez ex trabajador del Grupo Modelo y primo hermano del ex gobernador, Miguel Alonso Reyes, quien ha sido ferviente promotor de la presa Milpillas; asumió la dirección local de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Es evidente el conflicto de intereses que implica la llegada de este personaje a la dependencia, quien en sus primeras declaraciones ha dicho que la Presa Milpillas es un tema “prioritario” al que dará seguimiento.
El gobierno del Estado, a pesar de la rotunda negativa a la construcción de la presa por parte de los ejidos que serían afectados, continúa en un acto de desesperación, moviendo a sus alfiles para tratar de imponer “Milpillas”la cual desdehace año y medio se encuentra detenida por la fuerza de la lucha de las comunidades que defienden su territorio, y que por medio de denuncias, quejas, demandas y juicios ha venido demostrando que este proyecto está plagado de corrupción y mentiras.
Miguel Alonso Reyes en 2015 anunció “la construcción de la presa Milpillas y su acueducto para dotar de agua a la población, pero también a la cervecera ubicada en Calera, y garantizar que Zacatecas fuera la capital mundial de la cerveza”. https://www.jornada.com.mx/2017/12/11/estados/028n1est, por lo que queda bien claro el papel clave que Víctor Manuel Reyes viene a jugar con este nombramiento.
Hoy en día es para el gobierno estatal una urgente necesidad el justificar los más de 100 millones de pesos que ya se gastaron en los “avances” de la presa como se demuestra conlos más de 14 contratos celebrados entre la Secretaría de Agua y Medio Ambiente (SAMA) y diversas empresas disponibles en el sitio oficial de esta institución. Solo hay contratos pagados pero los avances no existen. Seguramente el Sr.Reyes ayudará a justificar estos gastos.
Desde la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería denunciamos enérgicamente la corrupción que se vive en el estado de Zacatecas por la presa Milpillas y hacemos responsable al Gobierno del Estado de la seguridad de campesinos/as y activistas defensores/as del territorio. #LaPresaMilpillasNoeslaOpción #NoAlaPresaMilpillas #RíoAtencoLibre
¡AGUA PARA LA VIDA NO PARA LAS EMPRESAS!
A T E N T A M E N T E
Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería
Compartimos la siguiente nota publicada en el diario digital La Cooperacha – A 25 de octubre de 2019
Pocos cambios en políticas extractivas con el actual gobierno, analizan organizaciones.
Redacción La Coperacha Ciudad de México // 25 de octubre de 2019
Con un llamado al
Gobierno Federal a terminar con la criminalización, violencia y
hostigamiento para las personas defensoras del territorio, así como
a generar condiciones para realizar su labor en favor de los pueblos,
concluyó el Encuentro de Defensores del Territorio el 20 de octubre
en Cuetzalan, Puebla.
El llamado ocurre días después que Amnistía Internacional
alertara del incremento de agresiones hacia ambientalistas y defensores
del territorio. “Tan sólo en 2019 se han reportado 12 asesinatos de
personas que defendían la tierra, el territorio y el medio ambiente”,
señaló la organización internacional apoyado en datos de Global Witness.
La organización global registró 15 muertes de ambientalistas en México
en 2017, y 14 en 2018.
En el Hotel
Taselotzin, gestionado y administrado por mujeres masehual, las
personas defensoras integrantes de 32 organizaciones como Alianza
Mexicana Contra el Fracking, Concejo de Pueblos de Morelos, Fundar y
CartoCrítica, analizaron la situación de las comunidades y
defensores ante proyectos extractivistas
en el contexto de la denominada 4T.
Tiempo de definiciones En el encuentro se
analizaron situaciones como el avance del fracking en la Huasteca
Potosina, el caso de la minera en Ixtacamaxtitlán, y el Proyecto
Hidroeléctrico Puebla 1 que busca generar electricidad exclusiva para
Walmart y empresas asociadas.
“Se
mira que la situación no ha cambiado nada (con la 4T). Los proyectos
extractivos están en términos de definición”, señala la abogada
Diana Pérez, integrante del Consejo Tiyat Tlali.
Durante
el encuentro, añadió, se analizó la contradicción del discurso
del Gobierno Federal sobre no permitir fracking, sin embargo
existe una partida en el presupuesto de egresos destinada a esa
práctica. “En casos de la Huasteca Potosina hay solicitudes para
autorizar campos de exploración de hidrocarburos no convencionales
con la técnica de fracking”, apuntó.
Sobre ello, esta semana Fundar documentó que existen dos proyectos
relacionados con fracking con un recurso asignado del presupuesto
federal de 10,837 millones. Las organizaciones han
insistido en que debe llevarse el discurso oficial anti fracking al
plano de las leyes, incluso con un decreto presidencial de suspensión
inmediata basta, han planteado.
Aumenta hostigamiento Sobre el caso de la
minera en Ixtacamaxtitlán, que se encuentra a días de que la Secretaría
del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) resuelva sobre el
Manifiesto de Impacto Ambiental, la ambientalista denunció que se han
incrementado las prácticas de acoso y hostigamiento no sólo contra las
personas opositoras, sino contra las organizaciones que han acompañado
el proceso de defensa del territorio.
El
acoso, prosigue la abogada, no proviene de las empresas directamente,
si no de sus trabajadores: “las empresas han buscado que el
discurso diga que son conflictos intracomunitarios, cuando es
evidente que la conflictividad surge a partir de la llegada de estos
proyectos”.
En
Ixtacamaxtitlán “se han mencionado con nombre y apellido a los
integrantes de las organizaciones que acompañan a Cesder y a la
Unión de Ejidos y Comunidades Atcolhua, lo que los coloca en un
grado de vulnerabilidad frente a una comunidad cada vez más
dividida”.
En
cuanto al caso del Proyecto Hidroeléctrico Puebla 1, donde un juez
negó los derechos de las comunidades en favor de una hidroeléctrica
para Walmart, gente de las comunidades “han ido a las oficinas de
Fundar a exigir que no impugne la sentencia del juez”.
La
animadversión hacia los defensores “ha surgido de la dependencia
económica hacia los megaproyectos y la idea de los supuestos empleos
que va a generar”, explica la integrante del Consejo Tiyat Tlali.
Exigencias Del encuentro en Cuetzalan de personas defensoras, surgió un pronunciamientodirigido
a autoridades de diversos niveles donde se pide el respeto y garantía
de los derechos a la libre autodeterminación y autonomía de los pueblos,
así como la cancelación definitiva de concesiones mineras,
hidroeléctricas, gasoductos y proyectos extractivos en territorios que
se han pronunciado en contra de esas actividades.
Además, se exigió al Gobierno Federal y del estado de Puebla poner medidas urgentes para proteger a las personas defensoras de la Sierra Norte de Puebla, así como avances en la investigación de los asesinatos de los activistas Samir Flores, Antonio Esteban y Manuel Gaspar.
Comunicado del Consejo Regional Totonaco en defensa del territorio y de Defensores y defensoras del río Ajajalpan, a través de la REMA – A 24 de Octubre de 2019
A los pueblos en resistencia contra los proyectos de muerte, A las autoridades federales y estatales. A los ayuntamientos de San Felipe Tepatlán, Ahuacatlán y Tlapacoya. A los medios de información, Al pueblo de México
Puebla, a 24 de octubre de 2019.
EL PUEBLO TOTONACO REAFIRMA SU RECHAZO A LA HIDROELÉCTRICA PARA WALMART.
Ante la campaña de desinformación emprendida por personas cooptadas por la empresa Comexhidro comunidades totonacas que vivimos a lo largo del río Ajajalpan queremos dejar en claro:
Rechazamos rotundamente la hidroeléctrica Puebla 1 para Walmart y seguiremos resistiendo para defender nuestro territorio.
Nuestros antepasados nos enseñaron que el agua, el río son sagrados y
que somos hijos e hijas del agua, de la madre tierra. El agua y la
tierra nos dan vida, si las cuidamos, nos cuidan; si las destruimos, nos
destruimos. Sabemos que los ríos deben correr libres para para que
haya vida en ellos y para que no nos falten las lluvias. Por años hemos
visto cómo ha disminuido su caudal el río Ajajalpan porque fue desviado a
la hidroeléctrica Necaxa. Las lluvias han disminuido por la
deforestación, este año hubo sequía en algunas de nuestras comunidades
perdimos cosechas y se secaron algunos manantiales. Vivimos en una
sierra donde ocurren deslaves cada año pues las laderas son muy
inestables. Los cambios en el clima nos llevan a enfrentar nuevos
problemas para seguir produciendo nuestros alimentos principales: maíz,
frijol, chile, café. Todo esto enfrentamos actualmente y sabemos que hay
amenaza de construir 4 hidroeléctricas sobre el río Ajajalpan que
lastimarían más nuestro territorio. Ya frenamos dos intentos de minera
Grupo México en Olintla y Xochicuautla. Ahora la empresa Comexhidro
busca construir una hidroeléctrica para Walmart. Nunca fuimos un pueblo
guerrero, sino un pueblo productor de vida, de alimento que supo
compartirlo con otros en tiempos de hambruna; somos un pueblo orgulloso
de nuestra identidad y nuestra cultura. Nuestra organización y lucha son
para proteger a la madre tierra, a la madre agua y el futuro de
nuestros hijos. ¿Cómo podríamos aceptar la construcción de una
hidroeléctrica que tiene dos embalses, que atajaría el río Ajajalpan con
una cortina de 45 metros de altura, que desviaría y entubaría el río
por casi 8 kilómetros a través de un túnel para el que usarían
explosivos? Es absurdo que CONAGUA, SENER, la empresa Comexhidro
afirmen que es un proyecto de utilidad pública o interés social pues
consta en la autorización otorgada por la Comisión Reguladora de Energía
que serán las empresas Walmart, Vips, Suburbia y Waldos las
beneficiarias. No nuestros pueblos.
Impugnaremos la sentencia injusta dictada por el juez Miguel Arroyo.
¿Cómo se atreve el juez federal Miguel Arroyo a afirmar que no se ha
violado nuestro derecho a la tierra y al territorio cuándo en el juicio
consta que el representante legal de Deselec 1-Comexhidro pagó 71 y 95
centavos, así como 3 y 4 pesos por el metro cuadrado a algunos hermanos
totonacos?. ¿Cómo tiene el cinismo de afirmar que no se ha violentado
nuestro derecho al agua, cuando CONAGUA entrego una concesión a la
empresa para utilizar 11 mil litros de agua por segundo durante 15 años?
Cómo puede afirmar dicho juez que actúa conforme a derecho cuando no
toma en cuenta las pruebas presentadas por nuestra parte en el juicio y
sí las de la empresa y las instituciones federales demostrando así su
desprecio y discriminación hacia los pueblos indígenas, evidente en su
falta de respeto cuando fuimos a hablar con él, pues ni siquiera nos
ofreció sentarnos y descalificó nuestros argumentos.
Denunciamos que se ha emprendido una campaña de difamación hacia las y los defensores del territorio así como a las organizaciones que nos acompañan FUNDAR y Consejo Tiyat Tlali. Manifestamos que unas cuantas personas están con la empresa que quizá creen en las promesas de trabajo y anteponen sus intereses personales sin pensar en el futuro. Pero queremos dejar claro que no son una mayoría y que no representan a toda la población. Esas personas han realizado acciones como presentar al juez federal documentos con firmas de personas muertas o firmas que utilizaron sin autorización de quienes la otorgaron. Intentan descalificar el trabajo realizado por Fundar y Tiyat Tlali haciendo acusaciones falsas hacia sus integrantes. Ya antes intentaron denunciarnos con falsos delitos para amedrentarnos. Son ellos quienes con esos hechos están creando un ambiente de tensión que busca dividir al interior de nuestras comunidades y que apuesta a enfrentarnos para que Comexhidro u Walmart, puedan avanzar con su negocio. Pero no caeremos en sus trampas, nos mantenemos unidos y decididos a seguir protegiendo nuestro territorio.
RECHAZAMOS ROTUNDAMENTE LA IMPOSICIÓN DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO
PUEBLA 1 por ser un proyecto que sólo beneficiaría a
transnacionales como Walmart, Liverpool (dueños de Suburbia), y
ALSEA (dueña de VIPS). Desmentimos que las comunidades totonacas
hayamos aceptado ese proyecto de muerte.
REAFIRMAMOS NUESTRA DECISIÓN DE IMPUGNAR LA INJUSTA SENTENCIA
dictada por el juez Miguel Arroyo al negarse a reconocer nuestros
derechos a la libre determinación, a la tierra y al territorio, al
agua y al medio ambiente sano. Deseamos agotar las instancias
judiciales dando oportunidad al poder judicial de demostrar que sí
hay jueces honestos y que no todos se someten a las grandes
empresas.
DENUNCIAMOS Y EXIGIMOS SE DETENGAN LAS DIFAMACIONES que ha venido
realizando el señor Héctor Muñoz, hacia nosotros y a la
organización FUNDAR así como a compañeras del Consejo Tiyat Tlali
pues intentan presentarnos como comunidades que actuamos con
violencia o que hemos pedido dinero a la empresa. Nada más falso.
Nuestras decisiones han estado basadas siempre en acuerdos de
asambleas comunitarias y en información seria y bien fundamentada
para trabajar por el bien común, por las futuras generaciones.
NOS DESLINDAMOS de cualquier vínculo con Valentín Díaz
Bustamante, quien como consta en un audio difundido en redes
sociales, pidió dinero a cambio de traicionar al movimiento. Esa
persona salió de la comunidad en el año 2015 y desde entonces no
ha participado en nuestra organización. Dejamos claro que nunca
tuvo autorización para hablar en nombre nuestro y que nosotros
jamás nos prestaremos a negociar nuestras vidas. Está claro que es
un intento de dividirnos.
EXHORATMOS a las autoridades federales, estatales y municipales a
actuar para detener la imposición de la hidroeléctrica Puebla 1 y
les responsabilizamos de cualquier agresión que pueda darse en
nuestra contra o de integrantes de las organizaciones que nos
acompañan. Hacemos un llamado a organizaciones hermanas a estar
alerta y solidarizarse ante la posible profundización de la
violencia en nuestra contra por ejercer nuestros derechos
constitucionales a la libre determinación, a la tierra y al
territorio, al agua y al medio ambiente sano.
No a los proyectos de muerte en la sierra norte. No a la hidroeléctrica para Walmart.
SI A LA LIBRE DETERMINACIÓN DE LOS PUEBLOS
Firma
Defensores y defensoras del río Ajajalpan
Consejo Regional Totonaco en defensa del territorio.
Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA) – A 23 de octubre de 2019
REMA se suma a la demanda de justicia por el cobarde asesinato del compañero Oscar Francisco Guerrero Centeno, de 39 años, hijo de la comunidad de Triunfo de la Cruz, quien fue ultimado el 18 de octubre en el paraje conocido como Los Achiote, en Honduras, lo que viene a recrudecer aún más el asesinado de defensores y defensoras del pueblo Garífuna, lo cual sin duda esta relacionado por la disputa de la tierra y el territorio que el golpista gobierno del presidente Juan Orlando desde el 2009, en la que diversas empresas y sus megaproyectos, han estado dejando una terrible estela de duelo y dolor para quienes defienden su territorio, así como una serie de actos manifiestos en grande fluyos migratorios, que no son más que una expresión de lo que buscan los megaproyectos y que están relacionadas con el desplazamiento forzado, para que el territorio quede vulnerable y sin defensores.
Nos sumamos a las condenas por este y los multiples asesinatos de nuestros hermanas y hermanos Garífunas, han sufrido en meses recientes, al mismo tiempo que alzamos la voz para EXIGIR JUSTICIA Y CASTIGO A LOS CULPABLES.
DESDE MÉXICO LAS Y LOS INTEGRANTES DE REMA ENVIAMOS UN FUERTE ABRAZO SOLIDARIO QUE ACOMPAÑE EN ESTOS MOMENTOS DIFÍCILES A LAS Y LOS FAMILIARIZARES DEL COMPAÑERO OSCAR FRANCISCO GUERRERO CENTENO (qepd)
TERRITORIOS LIBRES DE MEGAPROYECTOS
RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA
Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA) – A 22 de octubre de 2019
Ayer fue encontrado asesinado el compañero Cruz Soto Caraveo, integrante del Colectivo de Familias Desplazadas Forzadamente de la Sierra Tarahumara, quien fue reportado desaparecido desde el 13 de octubre de este año. Con él son ya 5 compañeras y compañeros que han sido asesinados en Chihuahua bajo la administración del Gobernador Javier Corral, además de lamentablemente, sumar también a la cada vez más larga lista de defensoras/es asesinados durante el gobierno de la 4T.
En todos los casos prevalece la impunidad, la falta de justicia, el desconocimiento de los hechos, la incapacidad de continuar las investigaciones, peor aún la capacidad de reacción ante denuncias realizadas oportunamente. Cada caso nos llena de rabia porque la tan añorada esperanza ni siquiera se ve cerca, menos aún vemos se perciban cambios significativos, sea por parte de gobiernos municipales, estatales ofederales quienes, en su inoperancia e insensatez, se culpan unos a otros, para hacernos creer que con ello realmente se pueden resbalar,sin problema alguno, la responsabilidad de quienes actualmente nos gobiernan, los mismos gobernantes quienes en su momento decidieron cargarlos desagravios del pasado y a cambio ofrecieron en campaña cambiareste país. Nada de ello ocurre.
Con el gobernador en turno de Chihuahua,al asesinato del compañero Cruz Soto, se suman los de Isidro Balde negro López, Juan Ontiveros Ramos y Julián Carrillo Martínez, indígenas defensores del bosque en la comunidad de Coloradas de la Virgen, municipio de Guadalupe y Calvo al sur de la Sierra Tarahumara, así como también Luis Gutiérrez, líder de la organización Resistencia Civil Madera y Madero Unido.
De nada ha servido que Chihuahua sea la entidad con más medidas de protección emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque hay una clara incongruencia en sus procesos de actuación para garantizar la seguridad de la población, tal como lo ha documentado la asociación civil Alianza Sierra Madre quienes han mostrado los casos de 17 líderes de comunidades de la Sierra Tarahumara asesinados por no ceder su territorio al crimen organizado que se encuentra en colusión con empresas extractivas.
REMA se suma a la exigencia por esclarecimiento de los hechos y justicia para el compañero Cruz y sus seres queridos, a quienes enviamos un fuerte abrazo lleno de solidaridad.
Compartimos el siguiente comunicado del Movimiento Morelense contra las Concesiones de Minería por Metales y la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA) – A 21 de octubre de 2019
A LA OPINIÓN PÚBLICA:QUIEN OPERA COMO DELEGADO DE LA MINERA CANADIENSE ALAMOS GOLD COBRA COMO DELEGADO EN MORELOS DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR
Ante las recientes declaraciones emitidas el pasado nueve de octubre por Hugo Eric Flores, delegado federal de los programas de bienestar en el estado de Morelos, sobre las pretensiones de explotación minera de la empresa “Esperanza Silver” -subsidiaria de la canadiense Alamos Gold-, al afirmar que no ve “ningún riesgo de que entre en operación la minera porque se tiene que desarrollar la economía del país”, y de que “la Secretaría de Economía está revisando los permisos de impacto ambiental y del cuidado de los recursos naturales”, resultan necesarias varias precisiones básicas.
Al parecer el funcionario se encuentra algo confuso. La dependencia donde cobra es la secretaría de Estado encargada del bienestar social, y entiende, en efecto, que su misión como funcionario es la develar por el bienestar, sí,pero el bienestar del proyecto extractivista de la minera canadiense “Alamos Gold”.
Lo anterior, porque hace afirmaciones públicas que no sólo carecen de sustento, sino que no le competen, pasando por alto la responsabilidad de las instituciones oficiales encargadas de aplicar el Principio Precautorio y de evaluar,desde el Bien Común, la viabilidad de los mega proyectos, que además en el rubro ambiental remiten a la Semarnat y no a la Secretaría de Economía.
Conminamos al delegado del “bienestar social” a que se documente antes de asegurar públicamente que en el caso de la iniciativa minera de Alamos Gold“se cuidará el medio ambiente y los recursos naturales”, omitiendo las consecuencias negativas e irreversibles de ese proyecto que por definición no puede ser “sustentable”, ya que generará:
Consumo irracional y desmedido de agua en una región ya carente de ella, razón por lo que la Semarnat negó la manifestación de Impacto Ambiental en 2013 para iniciar la explotación a la empresa Esperanza Silver.-
Vulneración de la zona arqueológica de Xochicalco, otra de las razones por lo que se le negó en 2013 dicha Manifestación de Impacto Ambiental.Ahora la empresa “Alamos Gold” supone erróneamente que renunciando a la perimetral de la zona arqueológica no dañará a la misma.-
Contaminación y acidificación de acuíferos y ríos por metales pesados y por químicos que se usan en el procesamiento de metales.-
Contaminación del aíre con polvo derivado de la actividad minera que se encuentra no sólo saturado con metales pesados, sino que se transporta en microparticulado (PM5 y 2.5), altamente dañino para la salud de la población. –
Vulneración del tejido social de las comunidades,generando divisionismo, conflictos interno se incertidumbre, en un proceso ya iniciado no sólo en Tetlama,sino en otras comunidades aledañas, dentro y fuera del área concesionada de más de 15 mil hectáreas.-
Vulneración de la agricultura, de los sitios sagrados de las comunidades, de la flora y fauna local en áreas de significativa conservación en el estado, así como oferta engañosa de empleos que en realidad son transitorios, a cambio de daño múltiple a largo plazo.Movimiento Morelense contra las Concesiones de Minería por Metales-
Impacto irreversible en la salud de los habitantes de toda la región, con mayor afectación en zonas densamente pobladas urbanas y suburbanas cercanas a las explotaciones pretendidas.-
Emisión de elementos que favorecen el incremento del calentamiento global.-Desinformación como práctica permanente para la manipulación de la población, la cooptación de autoridades, el hostigamiento sistemático a opositores y el consecuente incremento de la inseguridad. –
Afectación al paisaje y al potencial turístico a nivel local y regional.-
Afectación ambiental que involucrará progresiva e ineludiblemente a toda la zona metropolitana de Cuernavaca, que abarca los diversos núcleos urbanos de los municipios de Cuernavaca, Temixco, Xochitepec, Emiliano Zapata y Jiutepec.
Dicho funcionario repite a su vez la misma oferta empresarial engañosa de trabajo y derrama económica que oculta la precariedad del empleo y el uso de ingresos para tratar sin éxito las enfermedades generadas por esas iniciativas, como sucede en donde operan, en lugar de proponer e impulsar alternativas económicas reales, a largo plazo y adecuadas al cometido de un verdadero bienestar social, y en particular, generadas no a partir de intereses ajenos y externos, sino a partir de los propios proyectos de la población.
Ese funcionario y otros muchos debieran saber que no hay que esperar a que se ahogue el niño para tapar el pozo: cualquiera que sea la modalidad de minería intensiva que se pretende aplicar, todos los efectos ya mencionados son previsibles,y la supuesta “minería sustentable” que anuncia, no es solamente un embuste, sino una clara expresión de la voluntad de despojo por parte de la empresa, y a su vez, expresión evidente de ignorancia y desprecio por las comunidades.
En síntesis,el delegado estatal de la Secretaría del Bienestar Social parece operar como delegado de la empresa y de sus intereses:carece totalmente de autoridad no sólo técnica, sino moral para pronunciarse promoviendo,como publicista a sueldo,y como operador político y comercial de la empresa, una iniciativa de despojo y desplazamiento forzado que atenta contra la vida en todas sus expresiones y resulta injustificable desde la perspectiva del Principio Precautorio,la Salud Pública y del Bien Común.
Dado lo anterior, cabe sugerirle al Delegado que se tome unas vacaciones en los pueblos mágicos, pintorescos, sitiados por el crimen organizado y ya casi desiertos de Carrizalillo y Nuevo Balsas, en Guerrero, para disfrutar a cabalidad de la “minería sustentable” que anuncia, promete y prescribe, respirando un poco de ese aire, bebiendo un poco de esa agua, y enfermándose un poco de ese cáncer.
Esperamos que agradezca la gentileza de nuestras recomendaciones.
Atentamente
MOVIMIENTO MORELENSE CONTRA LAS CONCESIONES DE MINERÍA POR METALESRED MEXICANA DE AFECTADAS/OSPOR LA MINERÍA (RE
Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA) – a 14 de octubre de 2019
El pasado 11 de octubre el titular de la Procuraduría Agraria (PA), Luís Hernández Palacios Mirón,anunció ante los medios, la firma de un convenio con la Comisión Nacional de Áreas Protegidas (CONANP) y la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), con el cual de manera imprudente e inconsistente afirman que aquellos núcleos agrarios que decidan declarar el establecimiento de una Área Natural Protegida (ANP) en su territorio, en automático quedarán blindados de la depredación de los megaproyectos que los amenacen. Ojalá fuera cierto, pero desgraciadamente las políticas actuales en curso lo desmienten.
Desde REMA debemos hacer fuertes cuestionamientos al respecto. 1. ¿Por qué estas dependencias firman convenios sin hacer partícipe de ello a las comunidades? 2. ¿Por qué no verifican con la Secretaria de Economía y en particular con el Subsecretario de Minería el Sr.Quiroga, con el fin de no contradecirse en acciones y en política falsas, generando desinformación y confusión? Y es que precisamente del territorio de las cerca de 180 ANP que existen en el país, la Secretaría de Economía ha entregado en concesión más de60 mil hectáreas incluso de varias de las ANPs, tipificadas como emblemáticas como la Reserva de la Mariposa Monarca por mencionar sólo una. 3. A su vez el Servició Geológico Mexicano cita que poco más de 70 de los principales proyectos mineros que tenemos en el país se ubican justamente en ANPs. 4 .En ese marco no sólo la LGEEPA es una ley obsoleta y permisible para las empresas mineras, sino que en nuestro país la Ley Minera vigente es de aplicación prioritaria sobre otras leyes, incluidas las agrarias y las ambientales. Es decir, las declaraciones públicas relativas a este convenio omiten mencionar, sea por ignorancia u ocultamiento deliberado, la arbitraria e irresponsable preminencia concedida a la ley minera sobre otras leyes, cuando por obvias razones para nuestra sobrevivencia, otras disposiciones legales relativas al bien común deberían tener prioridad inexcusable. 5. Así, la manera de “blindar” a los pueblos de los Megaproyectos mineros no es promoviendo falsas protecciones por medio de las ANPs, inviabilidad que además se acentúa por la carencia de presupuesto actual para la CONANP y para la CONAFOR, lo que dificulta la operación de las ANPs que ya tienen plan de manejo. 6. Otro punto ligado con el anterior es que nos gustaría saber qué posición tiene la “4T” y en especial ustedes, con relación al saqueo de nuestra biodiversidad planteado entre México y Alemania en el marco del “Protocolo de Nagoya” signado por el entonces Presidente Enrique Peña Nieto, que otorga a las farmacéuticas alemanas el saqueo de nuestra biodiversidad genética.
Los núcleos agrarios no necesitan establecer nuevos blindajes, sino que se respete su libre determinación. Menos aun si la propuesta de “blindaje” parte de la implementación de ANPs que han constituido de hecho en los últimos años una estrategia que el propio gobierno hizo fracasar por falta de interés, de presupuesto, de obstaculización a los pueblos para participar de forma directa en la elaboración de los planes de manejo, de investigaciones que nunca han regresado a las comunidades en procesos de extractivismo cognitivo, privilegiando a académicos VIP.
Las ANPs de ninguna forma garantizan la protección de los ejidos y comunidades, más aún se han convertido en otra forma de despojo ya que la propia LGEEPA, en estas áreas, restringe el uso y las actividades en el territorio a las y los propietarios de la tierra, y si permite el saqueo de conocimiento y biopiratería a universidades y empresas.
Históricamente la PA y el RAN se han encargado de promover y en algunas comunidades de imponer programas de “regularización de tierras” como el Procede, Fanar y RRAJA que son los que han facilitado a las empresas extractivas su entrada a los territorios y por consiguiente su destrucción.
Así, si se trata de “blindajes” auténticos, debemos blindar a las comunidades ante la incoherencia de políticas gubernamentales que eluden entrar a fondo en el origen de las amenazas; que siguen promoviendo la inversión extranjera y nacional en megaminería tóxica y en otros megaproyectos ajenos al interés y el bienestar de las comunidades, inversión basada en la oferta de empleos con salarios de miseria; blindar a las comunidades del engaño de plantear que la integridad de los territorios se puede comprar; blindarlas de los intereses empresariales que están dictando las políticas públicas en los hechos; blindarlas de las consultas sesgadas y facciosas. Y en ese camino, sería mucho mejor, por cierto, que la y el Registro Agrario Nacional (RAN), dejaran de actuar a favor de empresas y políticos y que sólo cumplan con su función principal; la de ser verdaderos protectores de las y los integrantes de núcleos agrarios.
TERRITORIOS LIBRES DE MINERIA Y DE ANPs
Firma
RED MEXICANA DE AFECTADAS y AFECTADOS POR LA MINERÍA
El Programa de Educación para el Empleo en la Alianza Pacífico (EPE-AP), financiado por el go-bierno de Canadá con 16 millones de dólares canadienses, en su segundo foro, coloca los te-mas principales de comunidades indígenas, educación, empleo y empresas extractivas. Tal con-vocatoria para el 4 al 6 de noviembre del 2019, tiene como antecedentes y justificaciones que en las zonas donde están las empresas extractivas, las comunidades tienen vulnerabilidades al no contar con capacidades en los puestos de trabajo. Su solución es generar las competencias se-gún las demandas de las empresas a través de un diálogo entre comunidades, Estado y sector extractivo.
Claramente el extractivismo está cooptando los discursos de interculturalidad y el diálogo entre la diversidad de culturas para crear una teoría ilusoria en donde pueblos indígenas, campesinos y empresas extractivas pueden convivir de manera igualitaria, con beneficios igualitarios. Se po-nen el papel de bienhechores al pregonar sus buenas prácticas extractivas con el discurso de la minería sostenible, y su supuesta disposición para el diálogo con las comunidades.
Quienes defendemos nuestros territorios y bienes comunes sabemos perfectamente a expe-riencia que las empresas del modelo extractivo no tienen nada de buenas prácticas ni ambienta-les, ni sociales, mucho menos una perspectiva de beneficios igualitarios. Denunciamos que nuestros riesgos y vulnerabilidades ante las empresas extractivas no son la falta de capacidades para ser empleado/as, sino el despojo de nuestros territorios, de nuestros bienes comunes, la ruptura de nuestra forma de vida, la criminalización de quienes resistimos y defendemos, la lista de enfermedades crónicas, la devastación y desplazamiento de pueblos enteros, así como una lista larga de compañera/os que han sido asesinados.
También denunciamos la burla que hacen a los derechos que tenemos las comunidades indíge-nas y campesinas de decidir por nuestro territorio, y la cooptación del diálogo intercultural para el beneficio de las empresas extractivas, al pretender que con generar habilidades para trabajar en las empresas ya tenemos acceso a una distribución igualitaria.
Nos manifestamos en contra de este tipo de eventos promocionados por los gobiernos mexica-nos, y hacemos un llamado a la población para que no se lleve a cabo; porque sabemos que no se puede generar un diálogo cuando las empresas con su lógica extractiva ven a los pueblos y bienes comunes como recursos explotables para una acumulación infinita.
Firman
Grupo Chiapaneco Contra del Modelo Extractivo; Centro de Derechos Humanos Antonio Esteban A.C.; Corazones Diversos del Edo de México A.C.; Cafeticultor Arcajú SC de RL de CV (Sociedad cooperativa Zoque); Centro de Lengua y Cultura Zoque A.C. Chiapas; UDMATTZ, Unidad en Defensa de la Tierra Tza manö; Radio Tsinaka, San Miguel Zinaca-pan, Puebla; Colectivo Abre tu mente, Piensa diferente, colectivo El grito, Tlapa Guerrero; Otros Mundos Chiapas.
