Exigen wixaritari cancelar concesiones mineras en Wirikuta

Compartimos la siguiente nota publicada en La Jornada sobre las luchas anti mineras y resistencias en Wirikuta – A 6 de enero de 2020

Juan Carlos García Partida Corresponsal Periódico La Jornada
Lunes 6 de enero de 2020, p. 22

Guadalajara, Jal., Enfrascados desde 2010 en una disputa legal para impedir actividades mineras en el territorio sagrado de Wirikuta, los wixaritari (huicholes) exigieron audiencia con el presidente Andrés Manuel López Obrador para que sean canceladas todas las concesiones mineras, que abarcan 70 por ciento del área natural protegida donde la cosmogonía wixárika dice que se origina la vida y nace el Sol.

Exigimos la protección y el reconocimiento efectivo de Wirikuta como patrimonio cultural y natural de la humanidad ante la Unesco (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura); además, que se implementen de manera urgente programas y proyectos armónicos con el medio ambiente y no destructivos para los habitantes (ejidatarios mestizos) que son los guardianes de Wirikuta, pidió el Consejo Regional Wixárika.

Wirikuta abarca 140 mil hectáreas de los municipios de Catorce, Charcas, Matehuala, Villa de Ramos, Villa de Guadalupe y Villa de la Paz, en San Luis Potosí, donde luego de la defensa en tribunales realizada por el consejo que integran autoridades tradicionales de las diversas comunidades wixaritari se logró la suspensión temporal de al menos 78 concesiones mineras a grupos canadienses como First Majestic y Revolution Resources, así como a la minera Frisco del empresario Carlos Slim, aunque todavía faltan las sentencias de fondo.

Exigimos una audiencia o una reunión de trabajo de alto nivel con el presidente Andrés Manuel López Obrador, con la finalidad de desahogar los puntos anteriores y buscar alternativa de solución, principalmente en lo relativo a las concesiones mineras otorgadas en el lugar sagrado de Wirikuta, expusieron los wixaritari en un comunicado.

En semanas recientes la disputa legal se recrudeció luego de que ejidatarios de la región de Wirikuta acusaron a Santos de la Cruz Carrillo, coordinador jurídico del Consejo Regional Wixárika y uno de los principales activistas y opositores a la minería en el territorio sagrado, de comercializar peyote hacia Europa, lo que motivó a las autoridades tradicionales del pueblo wixárika a emitir un desmentido.

El 23 de diciembre el diario Pulso, de San Luis Potosí, publicó una entrevista con quien identificó como asesor de la Unión de Ejidos de la Región Chichimeca, Juan Reyes Hernández, quien declaró que un grupo de huicholes provenientes de Jalisco está comercializando el peyote y lo exportan a Europa.

Santos de la Cruz declaró a La Jornada: La difamación sigue en contra de los que luchamos en favor de nuestro lugar sagrado de Wirikuta. Detrás de todo esto están las empresas mineras.

El líder wixárika recordó que en el territorio de Wirikuta se encuentran las esencias de la vida; es un sitio indispensable y trascendente en su cosmogonía e identidad cultural para dar subsistencia y continuidad a los wixaritari como pueblo originario.

El Consejo Regional Wixárika por la Defensa de Wirikuta, conformado por las autoridades tradicionales, civiles y agrarias de las comunidades de Bancos de San Hipólito, municipio de Mezquital, Durango; Santa Catarina Cuexcomatitlán, municipio de Mezquitic, Jalisco y San Sebastián Teponahuaxtlán y Tuxpan, de los municipios de Mezquitic y Bolaños, Jalisco, rechazamos esa difamación contra nuestro compañero Santos de la Cruz, coordinador de la mesa jurídica y defensor de nuestra madre tierra, puntualizaron.

Imagen: Arturo Campos Cedillo

Más información:

[Artículo] Niños orinan agrotóxicos en Jalisco

Compartimos este artículo de opinión publicado en La Jornada – A 4 de enero de 2020

Por Silvia Ribeiro

Estudios de investigadores de la Universidad de Guadalajara (UDG) y Ciesas Occidente han encontrado repetidamente que niñas, niños y adolescentes en varias comunidades rurales de Jalisco tienen residuos en orina de dos o más (¡hasta 12!) agroquímicos altamente peligrosos. Esto se refleja en diversos problemas de salud, que van de dolores de cabeza, vómitos y náuseas a problemas graves, como insuficiencia renal y, potencialmente, cáncer.

El gobierno de Jalisco presenta la entidad como gigante agroalimentario, pero nada menciona sobre esto. Con casi 12 millones de hectáreas dedicadas a la agricultura, principalmente industrial, la entidad es terreno asiduo de las mayores trasnacionales de agroquímicos y semillas, que son cobijadas por gobiernos locales, estatales y federal. Esta relación, que no tiene que ver con alimentar a la gente y sí con aumentar las ganancias empresariales vendiendo veneno, trata de ocultar una grave realidad: la extendida contaminación con agrotóxicos de suelo, agua y aire que ha provocado este modelo de producción, que envenena a los pobladores, especialmente los más vulnerables: niños y niñas.

A principios de 2019 un estudio de Erick Sierra-Díaz, de la UDG; Humberto González-Chávez, de Ciesas Occidente, y otros investigadores, publicado en la revista científica international Journal of Environmental Research and Public Health (https://tinyurl.com/rda57tj) mostró que de 281 muestras de orina tomada a niñas, niños y adolescentes en las comunidades de Agua Caliente, cerca del lago Chapala, y Ahuacán, próxima a Autlán, todas tenían residuos de dos o más plaguicidas.

Seis agrotóxicos fueron recurrentes en 70 por ciento de los casos: malatión, metoxuron, glifosato, dimetoato, uniconazole y acetoclor. Los investigadores explican que en ambas comunidades hay exposición a siembras industriales, pero además, en el caso de la comunidad de Agua Caliente, el riego y consumo de agua contaminada con químicos del lago Chapala aumentó el nivel de ciertos tóxicos. La mayor prevalencia fue de herbicidas, seguida de funguicidas e insecticidas. En Ahuacán, todas las muestras contenían residuos de glifosato.

El equipo de investigadores de la UDG y del Ciesas Occidente continuó tomando muestras de orina en niñas y niños escolares y prescolares en otras zonas de Jalisco en 2019. Una de las áreas seleccionadas, por la alta frecuencia de enfermedades que allí ocurren, fue El Mentidero, próxima a Autlán, Jalisco.

Allí, las madres de los alumnos de secundaria les solicitaron que incluyeran en los análisis de orina de sus hijos, explicando que, desde que comienzan los cursos, los jóvenes se sienten mal y sufren constantes dolores de cabeza, vómitos y náuseas. La secundaria está al lado de un campo de siembra, donde fumigan varias veces a la semana, incluso cuando están los alumnos en clase o en el patio. El equipo de investigadores tomó 146 muestras a adolescentes, escolares y prescolares. El 100 por ciento de las muestras arrojó residuos de dos a seis agrotóxicos. Los principales fueron el glifosato y el 2-4 D, ambos inventados por Monsanto y declarados cancerígenos por la Organización Mundial de la Salud.

Debido al estudio y a la movilización de las madres para detener el uso de agrotóxicos, o como mínimo que no se aplique cerca de secundarias y escuelas, las empresas de venta de venenos están en campaña para desprestigiar los estudios y poder seguir contaminando. La asociación civil Proccyt, en realidad fachada de la industria trasnacional de agrotóxicos (sus miembros son Syngenta, Bayer-Monsanto, Corteva, FMC, Basf y otras), ofreció al gobierno de Jalisco y a autoridades de Autlán dar talleres de capacitación, especialmente en las áreas donde se han realizado los estudios que muestran la presencia de agrotóxicos en la orina de los niños. Las autoridades lo aceptaron e incluso patrocinaron su estadía. La reportera Mayra Vargas documentó cómo el capacitador de Proccyt aseguró en esos talleres que solamente si le hubieran dado a beber Faena (nombre comercial del glifosato) antes de tomar la muestra a los niños, podrían aparecer residuos en la orina. (11/11/19, Letra Fría, https://tinyurl.com/wn6xlgc). Los estudios muestran que el Proccyt miente, pero además hay casi 43 mil juicios contra Bayer-Monsanto en Estados Unidos por haber causado cáncer con glifosato a sabiendas de su peligrosidad. Tres juicios le han otorgando razón y millones de dólares en indemnización a los demandantes. Pero en México, las secretarías de Agricultura (estatales y federal) le abren espacio y pagan gastos a esta burda fachada de las empresas para atacar con mentiras los estudios científicos de investigadores de universidades públicas de México y así engañar a los agricultores y pobladores sobre su inocuidad.

No necesitamos echar veneno a nuestra comida. Hay muchas alternativas buenas y sanas en la producción local, campesina y agroecológica. Relata Humberto González que son las madres las que insisten en la denuncia y están empujando un cambio, las que no tienen miedo y no se van a dar por vencidas, como no la han hecho en muchos otros temas. Defienden a sus hijos e hijas y el derecho a la salud de todos. Hay que apoyarlas.

* Investigadora del Grupo ETC

Más información:

[INFORME en PDF] 17 Personas defensoras de DDHH ejecutadas extrajudicialmente en el 1 er año del gobierno de AMLO: Comité Cerezo México

Compartimos el siguiente informe del Comité Cerezo México a través de Voces Mesoamericanas – A 13 de diciembre 2019

“El total de ejecuciones extrajudiciales cometidas en el primer año de gobierno de AMLO, que va del 1 de diciembre de 2018 al 30 de noviembre de 2019 es de 17 defensores de derechos humanos, dichas ejecuciones extrajudiciales fueron realizadas por motivos políticos, es decir, como una forma de castigo por la actividad de defensa o ejercicio de algún derecho humano que las personas defensoras de derechos humanos estaban realizando y cuyos perpetradores fueron agentes de Estado bajo la modalidad de Comisión o Aquiescencia.”

Una ejecución extrajudicial ocurre cuando miembros del Estado, por comisión o por aquiescencia (cuando mandatan a particulares), cometen una privación ilegítima de la vida; por lo tanto se define como un “homicidio doloso perpetrado o consentido por personas cuya ilegítima actuación se apoya, de manera mediata o inmediata, en las potestades del Estado”
(ONU, 2005).

Este informe es el resultado de la documentación de ejecuciones extrajudiciales en contra de personas defensoras de derechos humanos en México que, de manera ininterrumpida, ha realizado el Comité Cerezo México durante el primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, primer año que inició el 01 de diciembre de 2018 y terminó el 30 de noviembre de 2019.

Desde la campaña electoral de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), actual Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, el lenguaje cambió, dijo que la estrategia de guerra era equivocada, que la nueva política sería de “abrazos y no balazos”, que su gobierno estaría basado en atender a la población más pobre del país, en disminuir la brecha entre los más ricos y los más pobres, en atacar la corrupción como fuente de todo mal e incluso producto de la política neoliberal implementada hacía 35 años atrás[…]

Cabe recalcar como en todos nuestros informes que las cifras expuestas son sólo de ejecuciones extrajudiciales, es decir, de violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes de Estado en la modalidad de comisión o aquiescencia. Por nuestro mandato como organización de derechos humanos no documentamos los homicidios cometidos por particulares y sólo incluimos las ejecuciones extrajudiciales cometidas en contra de personas defensoras de derechos humanos que han sufrido esta grave violación a los derechos humanos como respuesta estatal a su trabajo de defensa de derechos humanos[…]

DATOS DUROS DE LA EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL EN EL PRIMER AÑO DE AMLO

El total de ejecuciones extrajudiciales cometidas en el primer año de gobierno de AMLO, que va del 1 de diciembre de 2018 al 30 de noviembre de 2019 es de 17 personas defensoras de derechos humanos.

La cifra anterior corresponde a los casos que cumplen con los elementos de una ejecución extrajudicial:

  • Fueron realizadas por motivos políticos, es decir, como una forma de castigo por la actividad de defensa o ejercicio de algún derecho humano que las personas defensoras de derechos humanos estaban realizando y
  • Los perpetradores fueron agentes de Estado bajo la modalidad de Comisión o Aquiescencia[…]

CONCLUSIÓN

La práctica de la ejecución extrajudicial muestra una disminución significativa con respecto a la cifra de 41 casos del último año de Enrique Peña Nieto (EPN) incluso, la cifra es menor desde el año 2011, aunque supera la cifra de los cuatro primeros años del periodo presidencial de Felipe Calderón que fueron 3 casos en 2007; 6 casos en 2008; 4 casos en 2009; y 11 casos en 2010.

>>Descargar en pdf<<

Simulación de la protección a los Derechos Humanos

Compartimos este comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA) a propósito del día internacional de los Derechos Humanos – A 18 de diciembre de 2019

Hace unos días, en el marco de la conmemoración de los 71 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima (CDHEC) otorgó a Epitacia Zamora Teodoro, la Condecoración “Eleanor Roosevelt”, por su destacada labor en la defensa y promoción de los derechos humanos.

Es fundamental honrar y hacer reconocimiento de aquellas valerosas personas que se han dedicado a defender la vida poniendo en riesgo la suya. Sin embargo, es lamentable que instituciones de derechos humanos, o cualquier otra, utilicen de mala fe y se apropien de las historias de mujeres y hombres honorables para cumplir con el mandato de aparentar preocupación por los derechos humanos, mientras en este país se asesina impunemente a cientos de defensoras y defensores sin que estas instituciones hayan hecho algo para impedirlo.

La CDHEC difícilmente, junto a esta condecoración, va a contar y reconocer la historia real de Epitacia Zamora Teodoro; ¿Por qué fue que esta defensora murió hace casi 5 años? ¿Qué fue lo que realmente provocó su muerte y cómo fue que la propia CDHEC (siendo Roberto Chapula de la Mora su titular)propició y abonó a la irreversible fractura comunitaria que hasta el momento perdura en la comunidad indígena de Zacualpan.

Pita como todas y todos la conocíamos fue una mujer indígena sólida,venerable, valiente, tenaz, osada que a lo largo de su vida se enfrentó al poder del estado represor que le propinó muchos golpes. Es imprescindible no olvidarlas batallas que esta gran mujer, su familia y su pueblo han vivido, luchado,ganado y también perdido por defender su territorio contra toda la fuerza del aparato Estatal y sus instituciones estatales y federales que imponen su modelo extractivo.

Pita nació en la comunidad indígena nahua de Zacualpan, Municipio de Comala, en el estado de Colima; tuvo 4 hijas y dos hijos, “en 1995 sufrió la muerte de uno de sus hijos tras ser golpeado por agentes policíacos del municipio de Villa de Álvarez, aunque después las autoridades argumentaron que se había suicidado en la cárcel” como lo documentó la Revista Proceso en Febrero de 2015.

Pita trabajó por 8 años como jornalera en una empresa agrícola ubicada en la comunidad Loma de Fátima, cuyo propietario era quien fue diputado local priísta José Verduzco Moreno y cuyo administrador era Mario Anguiano Moreno, quien era gobernador el año en que ella murió (2015). Precisamente por el contacto que Pita tuvo con los agroquímicos que se utilizaban en esa empresa, se le diagnosticó anemia mielodisplásica lo que provocaba que las plaquetas bajaran de manera drástica y la llevaba a pasar a veces hasta 7 meses en el hospital.

En el año 2013 la Comunidad Indígena de Zacualpan (con Pita al frente)emprendió una lucha contra la empresa minera Gabfer S.A. de C.V. que pretendía extraer oro, plata, cobre y manganeso a 800 metros del nacimiento de agua que abastece a la comunidad y a casi 300 mil personas de Colima y Villa de Álvarez. En ese mismo año se constituyó el Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan (CIDTZ) y unos meses más tarde fue destituido el Comisariado de Bienes Comunales que apoyaba el proyecto minero. Pita y su planilla fue electa, quedando ella como Secretaria del Comisariado, y Olivia Teodoro como Tesorera. Esta era la primera vez que dos mujeres formaban parte del Comisariado en Zacualpan.

El gobierno del Estado enfurecido por esta situación desató una campaña de odio contra el CIDTZ y mandó a la policía a reprimir a la comunidad. La CDHEC por su parte actuaba como alfil del gobierno del estado y con mala fe llevaba información falsa y confundía a algunas personas de la comunidad para que se enfrentaran entre ellas, inclusive entre familiares, lo que hasta la fecha no se ha podido revertir.

La presión por parte del gobierno y la policía, las amenazas de muerte y la intimidación le provocaron a Pita una diabetes que antes no tenía y que en el momento de mayor represión en Zacualpan la llevó a un derrame cerebral que aunado a la enfermedad causada por los agroquímicos a los que fue expuesta y la pésima atención en el Hospital Regional Universitario la llevó finalmente ala muerte.

¿Qué sentido tiene hoy entregar un papel reconociendo su labor de defensora de derechos humanos cuando la misma CDHEC cierra los ojos ante la violación a los propios derechos de Epitacia Zamora Teodoro? Violentados sus derechos como indígena, como mujer, como trabajadora, como defensora, como madre,como paciente. ¿Por qué no se abre una investigación sobre el tipo de agroquímicos que usan las empresas agrícolas, que enferman a la población en Colima y que llevaron a Pita a la muerte? ¿Por qué no se busca dar seguimiento a las múltiples denuncias ante la CNDH y hasta la CIDH por el acoso y el uso excesivo de las fuerzas públicas en la Comunidad indígena de Zacualpan por el gobierno del Estado de Colima?

En 2015 el CIDTZ se integró a la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería(REMA) y hoy desde aquí le decimos a Sabino Hermilo Flores Arias, titular de la CDHEC, que un papel de reconocimiento enmarcado NO BASTA, que no es suficiente para sanar y cerrar las heridas que siguen sangrando en la tierra de Epitacia Zamora Teodoro… Zacualpan.

¡PITA VIVE, LA LUCHA DE ZACUALPAN SIGUE!

RED MEXICANA DE AFECTADAS y AFECTAD/OS POR LA MINERÍA

Foto: AF Medios

Más información:

Ley Minera… Permiso para el despojo

Compartimos el siguiente comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA) – A 16 de diciembre de 2019

En cualquier país del mundo aspiramos a tener marcos regulatorios, leyes, normas, etc., que sean prominentes generadoras de mejores condiciones de calidad de vida en su sentido amplio, pero sucede que, en el caso de los bienes naturales; la conservación, la protección, la restauración y el buen manejo y aprovechamiento de los mismos, desde hace décadas son parte del lenguaje jurídico, de derechos y de un rebasado discurso de desarrollo sustentable, que ha sido avasallado por la imposición global de una política decidida para sí misma hacia la mercantilización de la naturaleza.

Actualmente las consecuencias y agravantes que todos vivimos y que han empeorado de manera acelerada durante los últimos 50 años, no hay duda alguna que se deben a causa de la ponderación del enfoque neoliberal, la tecnología de “vanguardia”acompañada por ciencia,científicos y tecnócratas de corte comercial, y la homogeneización del consumo que a nivel planetario se dinamiza literalmente desde la leche que consumimos proveniente de sistemas de producción depredadores de los bienes naturales, los cuales, además de crear dependencia económica y suplantar sistemas productivos y de gobernanza locales, durante los procesos de competencia comercial crean despojo y desplazamiento forzado de la población.

Así es como actualmente nos encontramos al inicio de la 4T,y así se encuentra el resto de las naciones de Latinoamérica y del mundo, quienes prácticamente al mismo tiempo transitamos por cambios constitucionales y reformas estructurales que en su conjunto retrocedieron y desregularizaron leyes y reglamentos abonando a la degradación de los derechos colectivos, el abandono del estado en sus funciones sociales, incrementando las asimetrías durante las relaciones de competencia y la productividad basada en el enfoque comercial, apostando a la descampesinización y en consecuencia al abandono del campo que no sólo se relaciona con la pérdida de soberanía alimentaria, sino también al abandono de estructuras sociales y debilitar las resistencias contra el embate de las empresas que desean bienes naturales relacionados con la acumulación por despojo, lo que a su vez generó la aglomeración poblacional en zonas urbanas para convertirlos en centros de consumo masivos y homogeneizados creando una alta dependencia de servicios privados.

Esta política tiene décadas que se elabora y se instrumenta desde las Instituciones Financieras Internacionales (IFIs) encabezadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM)o el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)por mencionar los más comunes, quienes envían a sus órganos operadores que deben paliar el proceso de despojo utilizando marcos regulatorios amigables, menos violentos, de buen comportamiento,pero que al final funcionan como administradores del despojo,al mismo tiempo que regulan los conflictos, tal como sucede con organismos como la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), la Organización de las Naciones Unidas (ONU)y otras instancias que proponen y disponen marcos normativos algunos audaces, otros deprimentes, pero cualquiera que sea tendrá muy pocas posibilidades de aplicación en su sentido amplio,porque un marco justo en el modelo actual de consumo es contradictorio con el mejoramiento de la calidad de vida.

Luego interviene cada país quienes, de acuerdo a las mal llamadas riquezas naturales que tenga disponibles para el mercado, ajustará el marco normativo que facilite el saqueo en su sentido más amplio o lo matice y lo vuelva adecuado y sustentable si todavía las resistencias y las rebeldías comunitarias no se encuentran totalmente domesticadas al proyecto del consumismo global, que en una simple frase significa invitarlos, por ejemplo,a través delas consultas, a cambiar la calidad de vida (agua limpia, aire limpio, comida sana, buena salud y convivencia comunitaria) por dinero, empleo y aspiraciones materiales que el modelo global pone como bocadillos para la población, a partir de un fuerte despliegue publicitario,de medios y con reglas comerciales que nos atrapan en lo cotidiano.

Por supuesto que esta condición crea paradigmas y confrontaciones y ahí aparecen grupos organizados, sociedad civil, académicos sueltos, pero también desde sus instituciones y agrupaciones, toman la bandera por los derechos humanos y se plantean apoyar y defender a los pueblos, a la naturaleza y otros temas que el propio sistema va degradando,pero que, desde una posición piensan que el despojo del modelo extractivo sí puede resolverse con leyes más fuertes y robustas, más justas, más igualitarias, más horizontales, más participativas, más democráticas.

Todo lo anterior viene pasando desde hace varios años en toda la región de Latinoamérica. En cada país, sino al mismo tiempo, sí en términos geopolíticos en la misma fase del neoliberalismo se han abierto y cerrado coyunturas para la participación social en marcos normativos, desde la regulación de consultas, hasta leyes verdes para temas significativos, como el agua, los minerales, la biodiversidad, hidrocarburos, los bosques y selvas, las energías verdes, etc. Los resultados están a la vista en el contexto latinoamericano y cada caso ha derivado en la administración de conflictos que se dirimen en tribunales, mientras el planeta continúa incrementando su temperatura, las tierras mueren paulatinamente por el enfoque de los agrotóxicos para los agronegocios, el agua se agota y se contamina, la gente se enferma de manera irreversible por habitaren amplias regiones contaminadas por tóxicos que llegan a la gente por contacto, ingesta e inhalación, la desigualdad crece y las comunidades se dividen más y más, quedando a la deriva y con la esperanza de que sea la justicia de la ley que finalmente dirima su destino.

La desregulación es un hecho, el cambio climático y sus consecuencia una realidad, el despojo y el desplazamiento forzado una expresión creciente que pronto también empezará a administrase de forma política, aunque muy pronto, como ya sucede en otros lados, sólo se podrá contener con represión mandatada desde los estados y, en esa vorágine, por supuesto el mismo sistema busca más y más fórmulas para legitimar el despojo, tal como sucede, con el paquete de consultas que de manera vergonzosa el INPI y el indigenista Adelfo Regino, opera de forma rampante, en los estados donde se proyecta el Tren Maya,por cierto uno de los proyectos más neoliberales de la 4T, aunque aun hay otro más neoliberal,conocido como Corredor Transístmico, un proyecto que desde hace muchos años AMLO trae en su cabeza.

Entender de facto ese contexto para quienes integramos REMA,nos sirve para evitar enredarnos en lo que legitima el modelo neoliberal, y por ello preferimos dedicar nuestros esfuerzos a cuidar y defenderla continuidad de tener agua limpia, aire limpio, comida sana, buena salud y convivencia comunitaria y por ello, no entendemos por qué otros defensores del territorio, continúan aspirando a la incidencia política, cuando son acompañantes de procesos en donde el despojo se ha hecho presente.

Querer garantizar estándares internacionales que han sido construidos desde la estructura vertical del sistema económico que no está dispuesto a cambiar el modelo de producción y consumo, para nosotros es un contrasentido, y sólo debemos abrir un poco los ojos para darnos cuenta que,incluso reconocidos y distinguidos investigadores que hoy ocupan cargos en la 4T ya tienen en el discurso que,“gracias” a que México tiene Litio, podemos ser potencia mundial y que contribuiremos a la transición de un nuevo modelo energético, en el cual venderemos energía solar, etc., poniendo en duda y en evidencia parte de las promesas y de los discursos de la 4T, la cual al parecer, parece terminará por entregar nuevas concesiones a mineras como ya se mira en el horizonte de la explotación de Litio.

El modelo energético del mundo entero no es sustentable, ni verde, ni justo, ni responsable socialmente, ni soporta tampoco la aplicación de los más altos estándares internacionales, porque en si mismo es un modelo que atenta contra la vida en su sentido amplio, peor aun si se trata del modelo extractivo minero, el más rapaz de todas las actividades extractivas, a tal grado que si la clase gobernante de este país realmente tuviera una buena intención de mejorar la ley minera o hacer una nueva minera, esta debería tener un sólo artículo: La minería debe estar prohibida en México.

Sin contexto y realidad,de verdad no entendemos como grupos legislativos, Ong ́s y académicos pretenden caminar una vez más, porque tampoco están transitando en un tema inédito, a seguir impulsando marcos normativos relacionados a la Ley Minera en México, que en sí misma es una actividad violatoria de derechos humanos, agrarios y ambientales que deja a las comunidades en desamparo prácticamente sin opciones para defenderse de estos proyectos.

Hace unos días, en el marco de la conferencia Megaminería en México: escenarios y consecuencias, impulsada por Morena, diputadas del partido sostuvieron que “es necesaria una legislación justa y respetuosa de las comunidades y el medio ambiente”y apuestan a incorporar la consulta como un mecanismo que la legitime, sin siquiera observar o detenerse a dirimir las barbaridades y vergüenzas que el INPI y Fonatur actualmente implementan en las comunidades de la península maya. Para los no legisladores que actúan en esa misma dirección, creer que la tribuna es una expresión de democracia, participación, igualdad, equidad e incidencia, sin siquiera detenerse a observar por qué el senador Monreal detuvo algo más simple y necesario como la regulación del Outsourcing que daña tanto los derechos laborales de millones de trabajadores, nos parece un sinsentido, pero además consideramos que en el fondo reta, confunde y golpetea la as diversas expresiones para la defensa del territorio que hay en contra de los megaproyectos, en donde la prohibición minera es un proceso que ha y está costando vidas, nos parece aun más grave no se considere en su análisis.De verdad hacernos creer que desde la ley se puede regular “adecuadamente” el saqueo, el despojo, los daños irremediables y las muertes de personas entre otras barbaridades, nos parece totalmente desproporcionado, y peor aun de soñador, es creer que el estado, este gobierno o el que siga, van reconocerlos daños y a atender a la población y el medio ambiente.

La minería es una amenaza para las comunidades porque atenta contra las formas de organización política y social, elimina sus referentes socio-culturales, mercadea por falsas promesas la permanencia de las actividades para la subsistencia económica, con lo cual evaporiza la autonomía alimentaria, lo que en consecuencia destierra la existencia de factores subjetivos,emocionales y afectivos,que son un pilar en la afectividad y comunalidad y solidaridad de los pueblos. Es una burla y un despropósito hablar de “beneficios” en un contexto de muerte, enfermedad, desplazamiento forzado y con impactos ambientales irreversibles que ponen en riesgo la vida de todo lo viviente. Peor aúnes reducir,a la retórica de las consultas,lo que se considera “justo”para imponer y legitimarla destrucción de la vida de las comunidades. En ese contexto, no tenemos duda alguna; hay un gran desconocimiento de quienes legislan sobre la temática.

Hacer leyes siendo ignorante de diversas temáticas, como en este caso la minería, debería estar prohibido en México, esa si sería una buena ley para el país,porque entonces si aspiraríamos a levantar un país con sujetos políticos que construimos en colectivo nuestro futuro, porque mientras ello no suceda,todo lo que se legisle seguirá teniendo como eje una visión colonialista y neoliberal;de arriba para abajo, de las clase medias, altas y empoderadas para luego preguntarles, a las clases bajas y desposeídas si están de acuerdo en continuar con el despojo de su vida.No hay que mirar muy lejos para corroborar lo anterior, basta observar como la 4T sigue aplicando una política indigenista que tributa bajo el tradicional mecanismo del subsidio y aprovechando esos procesos de coacción para crearla misma situación que ya estaba arraigada desde hace años.La sumisión.

Mientras este modelo económico persista, nunca habrá condiciones ni de equidad, ni de igualdad, por lo tanto, en consecuencia, las asimetrías seguirán incrementándose. Nuestra estancia en comunidades que conviven con empresas mineras, nos permite tener contundencia en nuestros argumentos y con gusto lo compartimos con quienes quieran mirar desde adentro esa experiencia, para ver si esa vivencia les ayuda a reflexionar con mayor seriedad sobre la temática. Necesitamos leyes y marcos que terminen con la impunidad que protejan a los pueblos y no leyes que legitimen el despojo con el clásico lenguaje que se impone desde las multinacionales o la ONU.

De verdad invitamos a aquellas y aquellos diputadas/os, funcionarios, organizaciones y académicas/os que pretenden impulsar la Ley Minera, para que pasen uno o dos días con nosotros en proyectos mineros, por ejemplo en Guerrero o en San Luis Potosí o en Zacatecas,y ahí, en el mismísimo infierno,tengamos un análisis y reflexión seria, profunda, con datos concretos, científicos pero también con datos construidos desde la epistemología social y entonces, ahí mismo debatir si hay que mejorar el despojo minero. Reflexionar desde la curul, el salón, el confort, sin saber ni entender cada uno de los vericuetos del modelo extractivo minero y sólo pensar que las normas, los estándar eso lo que manda el Banco Mundial o la ONU es la ruta o lo que dictaminan los derechos humanos,es para nosotros legitimar el despojo. Esto ya ha sucedido en muchos países y acá pareciera que de nuevo estamos descubriendo el agua tibia.

Desde la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería hacemos expreso nuestro desacuerdo en seguir apostándole a mecanismos de simulación y a procesos de consulta que legitiman el despojo.

Hacemos un llamado a legisladas/es, organizaciones, academia y otros actores a repensar y replantear su papel y a tomar una postura seria y respetuosa para los pueblos que viven las atrocidades de la minería.

A T E N T A M E N T E

RED MEXICANA DE AFECTADAS y AFECTADOS POR LA MINERÍA

Imagen: Foto: Grupo México. A través de Forbes

Más información:

[Nota] El Tren Maya recibe “apoyo” en consultas en Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y QR

Compartimos esta nota informativa publicada en Proceso sobre el proceso de consulta sobre el mega proyecto Tren Maya – A 15 de diciembre de 2019

Por: Mathieu Tourliere

enosique y Palenque (proceso.com.mx).- Sin sorpresa, el megaproyecto del Tren Maya recibió una amplia aprobación hoy, tanto en el “ejercicio participativo de consulta ciudadana” como en las asambleas consultivas con ejidatarios, quienes dieron su visto bueno a cambio del compromiso del gobierno federal de atender las necesidades apremiantes de sus comunidades.

En el caso de la consulta ciudadana “de carácter vinculante”, pocas personas fueron a votar en Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, y buena parte de quienes acudieron a las casillas pusieron su boleta a favor del megaproyecto.

Por otra parte, en las asambleas consultivas, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) y el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) consiguieron que 5 mil 193 ejidatarios firmaran actas en las que aceptaron “por consenso” la implementación del tren maya.

En la ciudad de Campeche, vecinos de antiguos barrios y colonias, como La Ermita y Santa Lucía, cuyas viviendas se encuentran también a los lados de la línea ferroviaria, se manifestaron también en contra del Tren Maya. Dijeron que el gobierno federal les quiere dar trato de “invasores” a pesar de que muchos de ellos poseen títulos de propiedad que datan de la época porfirista.

Denunciaron que sus predios familiares fueron afectados por el gobierno de Porfirio Díaz cuando se tendió la vía férrea y ahora nuevamente los perjudicarán por el Tren Maya.

En el municipio de Calakmul, donde se tiene considerado instalar una estación del Tren Maya, el Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil (Cripx), con presencia en más de la mitad de las comunidades de esa región, entregó a los organizadores de la consulta un oficio informando su “rotundo no” al proyecto.

En el documento detallaron sus múltiples motivos, entre ellos que no hay aún estudios sobre los impactos ambiental, económico y social que provocará el Tren Maya que les permitan contrastar el costo-beneficio.

Con estos resultados, el presidente Andrés Manuel López Obrador podrá legitimar su megaproyecto de al menos 120 mil millones de pesos, que prevé la instalación de mil 460 kilómetros de vías para transportar turistas, gente local y mercancías, así como la construcción de 18 estaciones y ciudades nuevas.

Una asamblea informativa en torno al Tren Maya. Foto Alejandro Saldíva

Propaganda

Desde temprana hora paseaba un auto en las calles del municipio tabasqueño de Tenosique; de la bocina colocada en su techo salía una voz masculina que clamaba: “Ven a dar tu voto; recuerda que con este beneficio se crearán empleos para los habitantes locales y en toda la región del sureste”.

En la cancha techada de la colonia San Juan, en el mismo municipio, algunas personas acudieron a las casillas para poner su boleta “sí” o “no” a la pregunta “¿Estás de acuerdo en que se construya el proyecto integral Tren Maya?” en las urnas.

En este espacio, las personas tachaban sus boletas frente a las demás, plegaban el papel y lo ingresaban en las urnas.

Los atendían mujeres vestidas con un chaleco de “servidores de la nación” y una gorra del Tren Maya, bajo la supervisión de un “delegado de colonia” que tomaba fotos a los votantes con su pulgar pintado y su boleta marcada por un “sí”.

En los municipios dónde se podía votar, las autoridades pegaron mantas promocionales en las que aparecían los beneficios del tren maya e indicaban los lugares de las casillas.

Estas mantas, elaboradas por el Fonatur, el INPI y la Secretaría de Gobernación (Segob), prometían que la construcción de las vías y de obras urbanas generarían más de 400 mil empleos –directos e indirectos–, que el proyecto cuidará el medio ambiente y el patrimonio histórico de la región, y que llevará un “desarrollo equilibrado”.

También prometía que los pasajeros locales pagarán tarifas de “casi la mitad que los turistas”, sin precisar el monto, y que generaría 157 millones de pesos al día en 2023, año en que se planea su puesta en marcha.

Como era previsible, sólo fue a votar la gente que tenía interés en el tren, y prácticamente todos votaron a favor.

Pasadas las seis de la tarde, en las afueras del palacio municipal de Palenque, en Chiapas, seis mujeres desplegaban y aplanaban, una tras otra, las boletas que se amasaban sobre una mesa; las instalaron en dos montos: en los más altos estaban las boletas del “sí” y en otros mucho más pequeños, las boletas de rechazo al megaproyecto.

En este módulo, mil 889 personas votaron a favor, 32 en contra y nueve anularon sus votos.

Como Proceso lo documentó esta semana, esta jornada de participación ciudadana no cumple con los criterios de la consulta indígena plasmados en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), pues se consultó a toda la población –y no solamente los dueños originarios de las tierras–, y la información que brindó el gobierno federal promocionó los beneficios del tren, sin evocar las posibles afectaciones del megaproyecto en las comunidades.

“Solo un detallito…”

En paralelo, culminó hoy el proceso de lo que el gobierno federal nombró “consulta indígena”, encabezado por el Fonatur y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), que arrancó formalmente en una serie de asambleas informativas que se llevaron a cabo hace dos semanas en 15 comunidades de los cinco Estados por los que atravesará el tren.

Entre ayer y hoy se realizaron asambleas consultivas en las mismas comunidades; ahí, representantes ejidales de territorios indígenas potencialmente afectados por el Tren Maya expresaron su respaldo al megaproyecto y a la vez refrendaron sus anhelos de que el gobierno federal atienda sus necesidades.

Dos de estas asambleas se llevaron a cabo en Palenque y Tenosique; ambos tendrán una estación del Tren Maya y ya se encuentran en la ruta de otro tren, conocido como La Bestia, en cuyos vagones se suben migrantes con la esperanza de llegar a Estados Unidos.

En las asambleas de Palenque y Tenosique, a las que asistió proceso.com.mx, las intervenciones de los campesinos e indígenas siguieron un esquema idéntico: en un primer tiempo, el orador alababa brevemente el tren maya y el presidente Andrés Manuel López Obrador, y en un segundo tiempo, más largo, exponían el estado desastroso de sus carreteras o de sus centros de salud y pedía la intervención del gobierno.

“Todos estamos de acuerdo con el Tren Maya, y damos las gracias al presidente López Obrador”, dijo el ejidatario Aldonay Arcos García, e inmediatamente después, añadió: “solo tenemos un detallito…”

En Boca del Cerro, una localidad situada a escasos kilómetros de Tenosique, la asamblea se llevó a cabo en un parador turístico construido en la orillas de las aguas de color café del Río Usumacinta, desde el cual se puede observar el imponente puente de hierro amarillo que une los cerros cubiertos de vegetación, y por el que pasará el tren.

Es precisamente en esta parte de Tenosique que Fonatur piensa erigir la estación del tren y el “polo de desarrollo” –una ciudad nueva con hoteles, comercios y viviendas para hasta 50 mil habitantes– que la rodeará.

“En el ejido de Cortillo Segundo tenemos una clínica fantasma, no hay médico ni medicinas; el Tren Maya es todo magnífico pero si me llevan a un turista ahí y se enferma, ¿Con qué lo curo? ¿Y si se me muere?”, lanzó el ejidatario Miguel Ángel, quien enseguida se quejó de las facturas de luz de hasta 800 pesos y exigió a los funcionarios presentes que “no escriben nomás, que sea de verdad, no de mentiras”.

Y lanzó: “El Tren Maya, no lo vayan a dejar en medias, porque hay muchos proyectos y todo queda en medias porque ya no hay recursos”.

Algunas intervenciones mencionaron malas gestiones de la administración local; por lo que Raúl Gutiérrez Cortés, el presidente municipal, retó –visiblemente ofendido– a sus críticos que “tengan los pantalones para decirmelo en persona”.

Ante la cantidad y la diversidad de las peticiones, el representante del INPI prometió que el gobierno federal hará el “análisis” y “regresará” para solucionar el “rompecabezas”, pero advirtió que “vamos a ver los caminos prioritarios, no nos alcanza para todos”.

Invitó las personas a pensar “de una manera más regional, no solamente en mi pueblito, nos vamos a poner de acuerdo para que sea más integral”.

Momentos después, resaltó que “hay mala información, antes los megaproyectos estaban pensados para poner los recursos de la nación en manos de las grandes empresas de capital transnacional, pero en el tren maya sí se van a explotar los recursos, pero para el beneficio de ustedes, que no haya tergiversiones”.

Ayer, en el municipio chiapaneco de Palenque –que será el punto de partida del tren–, se escucharon peticiones similares, a las que los representantes del gobierno federal contestaron de la misma manera.

“Pido que AMLO nos resuelva; no estamos en contra del Tren Maya, pero queremos que nos atienda con esta petición”, dijo la ejidataria Cándida Zaragoza, quien se quejó de que las calles de su pueblo están “abiertas” o que la luz se desvanece cuando llueve.

Adolfo Sánchez Jiménez tomó la palabra y se dirigió hacia Carlos Barceló Ruiz, el enlace de Fonatur en la región. Mientras el señor hablabla en chol, el funcionario se lo quedaba viendo, aparentemente concentrado, hasta que el campesino le preguntó si había entendido algo de lo que le dijo.

Ante la negativa Barceló, el señor se dio la vuelta hacia la sala, y lanzó: “¿Ya ven compañeros?”. Se soltaron unas carcajadas en la sala. “¿Dónde vamos a quedar nosotros?”, cuestionó, y declaró una larga argumentación sobre las tierras, hasta que el funcionario del INPI le cortara la palabra.

“Le molestan mis palabras”, espetó el señor mientras se aferraba en el micrófono; “las voces críticas son muy bienvenidas”, recalcó el servidor público.

Al concluir el evento, las comunidades presentes designaron a 11 delegados –al que se tomó posesión de manera ceremoniosa– para integrar una comisión de seguimiento, y el INPI hizo que los representantes de las comunidades se formaran y firmaran el acta de la asamblea, el cual planteó que “por consenso y unanimidad” se acepta la implementación del tren maya.

Omar Galindo de la C., representante de la Secretaría de Gobernación (Segob), marcó el punto final del encuentro de Tenosique. “Damos por clausurada la consulta libre, previa e informada. ¡Dios me los bendiga!”

Con información de Armando Guzmán y Rosa Santana

Foto Armando Guzmán

Más información:

[PDF] Boletín «El Zanate» n°3 «La economía verde»

Compartimos la 3ra edición del Boletín «El Zanate» una producción de Otros Mundos A.C. – A Diciembre de 2019

En este número del Zanate hablamos sobre la economía verde, te invitamos a lo descargues y compartas desde la web de Materiales.

Esperamos les sea muy útil en sus luchas y resistencias

Este manual fue publicado bajo la licencia Creative Commons. Pueden reproducirlo libremente, siempre y cuando mencionen los créditos y no lo comercialicen.

>>Descargar en pdf<<

Más Zanates:

[Mapas] Tren Maya como nueva infraestructura de articulación de los capitales agroindustriales y turísticos inmobiliarios en la península

A propósito de la próxima consulta que realizará Gobierno Federal sobre el Tren Maya este 14 y 15 de diciembre, les compartimos estos mapas de GeoComunes sobre el tema

El trazo del “Tren Maya” retoma la lógica espacial de los ejes troncales incluídos en el proyecto “México 2030”, el proyecto de articulación del territorio nacional a partir de autopistas de cuota que impulsó la administración de Felipe Calderón. La principal diferencia entre ambos proyectos es el tránsito hacia una red ferroviaria que permite disminuir aún más los costos de traslado de mercancías.

Mapa 2. Genera impactos socioambientalesPara adecuar las vías existentes a este proyecto de articulación territorial, el Tren Maya generará ajustes en zonas donde no existe derecho de vía para el transporte de mercancías donde existe mayor riesgo de expropiación, particularmente en las periferias de ciudades como Mérida, Tulúm, Felipe Carrillo Puerto, Bacalar y Campeche, pero también en el trayecto de 100 km entre Izamal y Valladolid y en los 16 km que conducen de la carretera hacia la zona de Calakmul.En el resto del trazo, el proyecto del Tren Maya atraviesa zonas de la península de Yucatán que se caracterizan por la concentración de riqueza cultural y ambiental que combinan núcleos ejidales de comunidades mayas, zonas de humedales y reservas naturales.

Mapa 2 Crédito: GeoComunes

>>Descargar mapas en pdf<<

Mapa 3. Afectación al patrimonio histórico y culturalDesde la perspectiva del patrimonio histórico y cultural de la península de Yucatán, la ubicación de la gran cantidad de sitios arqueológicos registrados por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) permite distinguir zonas con mayores concentraciones, como en el estado de Yucatán. Sin embargo, la menor cantidad relativa de sitios registrados en Campeche y Yucatán señala que se trata de zonas con menor cantidad de investigaciones. La experiencia acumulada con los proyectos de trazado de carreteras, permite concluir que es muy probable que los trabajos del Tren Maya saquen a la luz una cantidad importante de nuevos descubrimientos arqueológicos.Total de sitios arqueológicos registrados por el INAH en la península de Yucatán: 3,657 sitiosTotal de sitios ubicados a menos de 6km de las vías del proyecto del Tren Maya: 826 Total de sitios ubicados a menos de 10km de las vías del proyecto del Tren Maya: 1,288

Mapa 4: Estaciones del Tren como nodos de articulación y expansión de los capitales agroindustriales, inmobiliarios, turísticos y financierosA lo largo de las vías de tren se pretenden instalar estaciones y mal llamados polos de desarrollos (no hay claridad aún sobre el número, por el momento se han anunciado alrededor de 20) que se financiará bajo esquemas de Fideicomiso de Infraestructura y Bienes Raíces (FIBRA). Este esquema financiero complejo y engañoso pretende integrar a los dueños de la tierra como “socios” de esos polos de desarrollo. Con este discurso, las expropiaciones de tierras son enmascaradas como áreas de desarrollo que permitirían que los ejidatarios se convirtieran en socios capitalistas de los proyectos de despojo. Junto a los corredores de expropiación impulsados por las estaciones del Tren Maya, también podrían incluirse algunos proyectos de reordenamiento territorial anunciados en las imágenes de las estaciones que difundió el gobierno actual, mismas que, hasta ahora, constituyen la principal fuente de información sobre el trayecto del Tren Maya.

>>Seguir leyendo<<

>>Descargar mapas en pdf<<

Más información:

Firma la Petición online “Justicia para Berta”

Compartimos la siguiente petición del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) – A 7 de diciembre de 2019

SÚMATE a la recolección de firmas exigiendo JUSTICIA para BERTA, exigiendo que se avance en la investigación, juzgamiento y sanción de los autores intelectuales

Ante sentencia condenatoria contra siete personas por el asesinato de Berta Cáceres: Organizaciones de derechos humanos exigimos que se avance en la investigación, juzgamiento y sanción de los autores intelectuales.

Las Américas/Europa, 5 de diciembre de 2019.

El anterior 2 de diciembre de 2019, la sala I del Tribunal de Sentencia con jurisdicción nacional en Materia Penal de la ciudad de Tegucigalpa emitió sentencia en contra de siete autores materiales por el asesinato de Berta Cáceres, lideresa indígena y co-fundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) y la tentativa de asesinato contra Gustavo Castro, hechos ocurridos el 2 de marzo de 2016.

Entre los sentenciados se encuentran trabajadores de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA) y miembros de las Fuerzas Armadas de Honduras.

El Tribunal, que dictó su sentencia a más de un año de haber finalizado el juicio oral, confirmó que la acción de resistencia del pueblo lenca organizado en el COPINH y liderado por Berta Cáceres en defensa del río Gualcarque “ (…) ocasionó que se planificara y mediara la forma de dar muerte a la señora Cáceres, todo ello con el conocimiento y consentimiento de los ejecutivos de la empresa DESA, entre ellos el señor Sergio Rodríguez y otros más que no son parte de este proceso.”

Lo anterior reafirma que el asesinato de Berta Cáceres fue una acción planificada y organizada con el conocimiento y consentimiento de los ejecutivos de la empresa DESA, con el propósito de neutralizar la resistencia del pueblo lenca.

En virtud de lo señalado, organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, hemos observado con detalle la búsqueda de justicia por este crimen y las violaciones en torno a esta causa. Reconocemos que se dicten condenas en contra de responsables materiales, sin embargo, se mantiene nuestra preocupación acerca de la falta de acción contra la totalidad de los autores intelectuales.

De esa manera, exigimos al Estado de Honduras, que avance en el procesamiento de David Castillo, cuya audiencia preliminar se ha suspendido durante tres ocasiones por acción de su defensa Igualmente, solicitamos que se avance a la mayor brevedad en la gestión de diligencias investigativas y judiciales en contra de los demás autores intelectuales vinculados al crimen y que actualmente permanecen en la impunidad.
El Estado de Honduras debe actuar con diligencia contra los autores intelectuales como ha promocionado su actuación contra los autores materiales.

Asimismo, exhortamos al Estado de Honduras a que se revoque la concesión sobre el río Gualcarque, sagrado para la cosmovisión lenca, que órganos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han identificado como la principal fuente de riesgo para la vida e integridad del pueblo lenca y las comunidades del COPINH.

>>FIRMA LA PETICIÓN AQUÍ<<

Más información:

23 Movimientos y Organizaciones en Defensa del Territorio alertan sobre el impulso de la Política Extractivista en México

Compartimos el siguiente pronunciamiento de Colectivos y Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio en México – A 6 de diciembre de 2019

Somos guardianes y guardianas de la vida y los territorios provenientes de 11 estados de México. Les queremos alertar sobre el impulso de grandes obras de infraestructura y proyectos extractivos que nos impiden vivir en paz en nuestras ciudades y comunidades.

Nuestras luchas trascienden los sexenios y se enfrentan desde hace tres décadas a la continuidad de la política socio-económica neoliberal implementada por el Estado mexicano y las empresas nacionales y extranjeras. Y hoy, a un año de la toma de protesta del presidente de la República Andrés Manuel López Obrador (AMLO), nos toca hacer el triste recuento de las batallas que tuvimos que librar desde el inicio de la « cuarta transformación » para defender nuestros derechos humanos y los bienes comunes naturales con los cuales convivimos.

De los 560 conflictos socioambientales que reconoce la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), 15 nos afectan directamente en nuestros territorios. Entre ellos tres de los más mediatizados por la nueva administración: el nuevo aeropuerto internacional de Santa Lucía en el estado de México, el Corredor Interoceánico en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, y el Proyecto Integral Morelos en las faldas del volcán Popocatépetl.

El presidente inició la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de Santa Lucía sin tomar en consideración a los pueblos aledaños y sin una manifestación de impacto ambiental correctamente hecha. Pondría en grave peligro a los y las habitantes de la Ciudad de México ya que se requeriría de 6 millones de litros de agua al día de la Cuenca del Valle de México, misma que abastece a los capitalinos.

Conferencia de prensa Cdmx

El Corredor Interoceánico, o Tren Transístmico, se pretende imponer por medio de simuladas consultas que no cumplen con los parámetros mínimos del derecho a la consulta previa, libre e informada. Los pueblos ya han desconocido estas prácticas que violentan sus tiempos, formas y espacios de toma de decisiones. Pretende convertir la región en un corredor industrial y energético que dejará a su paso desplazamientos, graves afectaciones a la naturaleza y a las formas de organización comunitarias. Pondría en riesgo la soberanía nacional al transformar este territorio en un nodo de tránsito de mercancías del capitalismo global.

En el centro del país, el gobierno mexicano intenta imponer el Proyecto Integral Morelos (PIM) desde 2011. Implica la construcción de un acueducto que despojaría a los y las morelenses del acceso al agua, dos termoeléctricas, y un gasoducto. Este último pasaría por 24 municipios de Morelos, Puebla y Tlaxcala y por la zona de peligro del Popocatépetl. Cualquier erupción de este volcán activo sería desastrosa para la población. Hemos enfrentado diversos ataques por resistir al PIM, entre los cuales el asesinato de Samir Flores, que se mantiene impune. En los últimos días, recibimos amenazas de muerte en Zacatepec, Puebla, y el abogado del Frente de Pueblos. Juan Carlos Flores Solís ha sido intimidado y señalado por su defensa.

Las tierras morelenses están también en la mira de la industria minera. La empresa Álamos Gold pretende iniciar la explotación del proyecto «Esperanza », también llamado « Proyecto Jumil » en el surponiente del estado, a pesar de que su Manifestación de Impacto Ambiental fue negada por sobreexplotar el acuífero de Cuernavaca y por afectar la zona arqueológica de Xochicalco. Se trata de un proyecto de extracción de oro y plata altamente tóxico, con impactos a la salud de las comunidades locales, a su patrimonio y al medio ambiente. Logramos frenar este proyecto en el año 2013 y hoy reiteramos nuestra determinación a no dejarlo avanzar.

La minería canadiense nos afecta también en la Sierra Norte de Puebla, en particular en Ixtacamaxtitlán, Almaden Minerals pretende explotar una mina de oro y plata a cielo abierto. El « Proyecto Ixtaca » acabaría con el agua de las comunidades del municipio al consumir 5.5 millones de litros de agua al día, y tendría graves impactos en 29 municipios de la cuenca del Río Apulco. Se violó el derecho a la consulta libre, previa e informada y las concesiones han sido declaradas ilegales. Pero gracias al amparo legal interpuesto por los y las defensores, la Semarnat suspendió el resolutivo de la Manifestación de Impacto Ambiental y el proyecto no ha podido avanzar.

En la zona del golfo de México en Veracruz, la empresa Azucar Minerals, creada como una extensión de la misma Almaden, quiere explotar el proyecto de extracción de cobre y oro “El Cobre”. Otra compañía basada en Vancouver llamada Candelaria Mining quiere reactivar el proyecto “Caballo Blanco”. Ambos están ubicados a proximidad de la central nucleoeléctrica Laguna Verde, lo cual implicaría un riesgo para toda la población mexicana.

En Chihuahua, en la comunidad rarámuri de Coloradas de La Virgen, ubicada en la Sierra Tarahumara, cuatro concesiones mineras fueron otorgadas sin garantizar el derecho del pueblo a sus tierras ancestrales y a la consulta: tres a particulares y la cuarta a la minera Evrim S.A. de C.V., que pertenece al grupo canadiense Evrim Resources Corp. Resistir a proyectos de muerte en esta región donde reina una violencia extrema tiene un costo: el compañero Julián Carrillo, de la Red en Defensa de los Territorios Indígenas de la Sierra Tarahumara, fue asesinado el 24 de octubre 2018, poco después de que la comunidad denunciara la existencia de estas concesiones.

El extractivismo minero nos afecta a todas y a todos a nivel nacional ya que es una de las actividades que más agua consume. En Zacatecas, el gobierno pretende construir la presa Milpillaspara acaparar el agua del río Atenco y abastecer en agua a mineras y a la cervecera Grupo Modelo de forma directa o indirecta. Desde 2018, el gobierno estatal ha desplegado una estrategia de división, corrupción e intimidación en contra del Movimiento en Defensa del Territorio y del Río Atenco para imponer este proyecto.

Otra cervecera que el estado privilegia por encima del derecho humano al agua es la Constellation Brands en Mexicali, Baja California. Un acuerdo firmado en 2015 con la Comisión de Servicios Públicos de Mexicali (CESPM) permitió a la compañía obtener el derecho de consumir 20.000 millones de litros de agua potable por año. Si bien el presidente afirmó en septiembre que la empresa no debería instalarse en esta zona árido-desértica, la construcción de su nueva planta de 400 hectáreas no ha parado y ya lleva el 45% de avance.

En el estado de Chiapas, el agua está siendo acaparada por la empresa Coca-Cola, que extrae más de 1 millón 300 mil litros diarios a través de los dos pozos de su planta ubicada en el municipio de San Cristóbal de las Casas. Ahora busca abrir un tercer pozo y para limpiar su imagen, intentó construir un humedal artificial para tratar aguas residuales dentro de un área protegida, en complicidad con el ayuntamiento. Pero gracias a la lucha de la población local, el proyecto no ha podido avanzar.

La lucha por el agua nos une a todos los guardianes y guardianas de la vida en México. En el frente de esta batalla están también los pequeños productores y las pequeñas productoras de Michoacán que día a día trabajan la tierra para protegerla ante al avance del crimen organizado que se ha ido disfrazado dentro de la agroindustria. Ante el acaparamiento de nuestras tierras, la tala de nuestros bosques y el desplazamiento de nuestras comunidades, son ellos y ellas quienes resguardan el tejido comunitario, y detienen el cambio de uso de suelo y el robo de agua de nuestras comunidades.

Por todo lo anterior y lo que falta, hacemos un llamado a los pueblos, comunidades, organizaciones, colectivos, medios de comunicación, instituciones públicas y sociedad en general a construir y defender el futuro de las próximas generaciones protegiendo sus ríos, mares, bosquesy montañas. ¡Organicémonos de manera conjunta frente a la violencia, la injusticia y por la vida! Urge deshacer los mecanismos que permiten desde hace décadas que los gobiernos y las empresas destruyan nuestros bienes comunes naturales y pisoteen nuestros derechos. Le exigimos al gobierno respetar nuestro derecho a la libre autodeterminación para decidir sobre el tipo de desarrollo sustentable y colectivo que queremos en nuestros territorios.

En particular exigimos:

  • Procurar justicia para los compañeros Samir Flores en Morelos y Julián Carrillo en Chihuahua y todos los defensores y las defensoras de la vida y los territorios asesinados y criminalizados en México;
  • Respetar el derecho a la autodeterminación de los más 20 pueblos originarios que integramos el Frente de pueblos originarios en Defensa del Agua en Santa Lucía;
  • Cancelar el Corredor Interoceánico, proyectos eólicos, mineros, presas y todo megaproyecto de muerte en el Istmo de Tehuantepec y respeto a la libre autodeterminación de sus pueblos originarios;
  • Cancelar el Proyecto Integral Morelos;
  • Cancelar todas las concesiones mineras metálicas en Morelos, Puebla, Veracruz y Chihuahua;
  • Declarar los territorios de Morelos, Puebla, Veracruz y Chihuahua libres de Minería;
  • Respetar la autonomía de los ejidos de Zacatecas que ya han dicho “NO” a la Presa Milpillas;
  • No otorgar a la cervecera Constellations Brands el derecho de consumir 20.000 millones de litros de agua potable al año en Mexicali;
  • No otorgar a la empresa Coca-Cola el derecho de explotar un tercer pozo en Chiapas;
  • No organizar consultas simuladas y manipuladas sobre megaproyectos;

FIRMAMOS:
ASAMBLEA DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DEL ISTMO EN DEFENSA DE LA TIERRA Y EL TERRITORIO (APIIDTT);
ASAMBLEA DE RESISTENCIA DE AMILCINGO;
CENTRO DE DERECHOS HUMANOS ZEFERINO LADRILLERO;
COLECTIVO TIOKÓ MONTAÑA DE GUERRERO;
COMUNIDADES ECLESIALES DE BASE DE MEXICALI;
CONSEJO TIYAT TLALLI;
COORDINACIÓN DE PUEBLOS, BARRIOS ORIGINARIOS Y COLONIAS DE XOCHIMILCO;
FRENTE DE PUEBLOS EN DEFENSA DE LA TIERRA Y EL AGUA DE MORELOS, PUEBLA Y TLAXCALA;
FRENTE DE PUEBLOS ORIGINARIOS EN DEFENSA DEL AGUA;
LA ASAMBLEA VERACRUZANA DE INICIATIVAS EN DEFENSA DEL AMBIENTE (LAVIDA);
MOVIMIENTO EN DEFENSA DEL TERRITORIO Y DEL RÍO ATENCO;
MOVIMIENTO MORELENSE EN CONTRA DE LAS CONCESIONES MINERAS POR METALES;
MOVIMIENTO POR LA DEFENSA DEL BOSQUE Y CUENCAS DE AGUA DE TANCÍTARO;
NUEVA CONSTITUYENTE CIUDADANA POPULAR (NCCP);
OBSERVATORIO DE CONFLICTOS MINEROS DE ZACATECAS;
OTROS MUNDOS CHIAPAS;
PLATAFORMA VECINAL Y OBSERVATORIO DE LA COLONIA JUÁREZ 06600;
RADIO COMUNITARIA AMILZINKO;
RED EN DEFENSA DE LOS TERRITORIOS INDÍGENAS DE LA SIERRA TARAHUMARA;
RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA (REMA);
RESISTENCIA CIVIL DE BAJA CALIFORNIA;
UNIÓN DE COMUNIDADES Y EJIDOS EN DEFENSA DE LA TIERRA, DEL AGUA Y DE LA VIDA (ATCOLHUA);
UNIÓN DE COOPERATIVAS TOSEPAN

Más información:

[Nota] Tren Maya fragmentaría 8 áreas naturales protegidas

Compartimos la siguiente nota informativa publicada en Pie de Página- A 29 de noviembre de 2019

La construcción del Tren Maya podría fragmentar los hábitats de ocho áreas naturales protegidas de cinco estados, advierten investigadores de distintas disciplinas. Dio inicio la fase informativa en 15 asambleas regionales de la consulta del proyecto

Texto: Daliri Oropeza

Foto: Lucía Vergara

El diagnóstico: impacto en ríos subterráneos, cenotes, selvas, humedales, manglares, palmares y arrecifes de 8 áreas naturales protegidas. Es el resultado de la investigación de un grupo multidisciplinario sobre los efectos del Tren Maya, en el marco de la consulta que se llevará a cabo en cinco estados: Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Tabasco y Chiapas.

De acuerdo con cuatro instancias de gobierno, Fonatur, INPI, Segob [1] y Presidencia, el proyecto contempla una ruta de 1,460 km, con 18 estaciones. Con ello, servicios de transporte para pasajeros locales, turistas y carga. Estiman una inversión120 mil millones de pesos para la construcción del tren. Trazan su viabilidad en 4 ejes, medio ambiente, ordenamiento territorial, desarrollo económico y patrimonio cultural.

Tanto Fonatur (oficina encargada del proyecto) como el INPI aseguran que en medioambiente, buscarán proteger los recursos hídricos y acuíferos, en particular cenotes y ríos subterráneos y respetar las reservas ambientales aunque no detallan cómo. Proyectan 18 “polos de desarrollo”, entre ellos Calakmul en el corazón de la reserva.

Sobre el ordenamiento territorial, hablan de llevar a cabo procesos de planeación con participación ciudadana, pero no dicen si van a comprar tierras o van a expropiar. Hablan del derecho de vía ya existente, pero eso solo está en una parte de la ruta.

Del desarrollo económico dicen que es prioridad facilitar el acceso a los mercados laborales y “generar nuevas oportunidades económicas”. En cuanto al patrimonio cultural, dicen que es prioridad “facilitar el acceso a múltiples zonas arqueológicas y poblaciones de valor turístico” .

Mapa oficial de la ruta del Tren Maya. Fuente: Fonatur, INPI, Segob, Presidencia

El efecto barrera lo provocarían al intervenir la selva. Esto deriva en perdida de hábitat provocado por desmonte, entonces los animales se desplazan, puede pasar atropellamiento de fauna y efecto de atracción hacia zonas urbanas por búsqueda de alimento.

En el equipo de investigación están la antropóloga Giovanna Gasparello, la pedagoga Violeta Núñez, el periodista Jaime Quintana, la historiadora Eliana Acosta, el biólogo David Jiménez, el antropólogo Antonio Machuca, y de la Asamblea de Defensores del Territorio Maya, Heber Uc.

Ellas enlistan los ocho territorios protegidos en el trazo del Tren Maya:

  • Parque Nacional Palenque, Chiapas
  • Área de Protección Cañón del Usumacinta, Tabasco
  • Reserva de la Biosfera de Calakmul, Campeche
  • Reserva de la Biosfera Los Petenes, Campeche
  • Área de Protección Yum Balam, Quintana Roo
  • Área de Protección Manglares de Nichupté, Quintana Roo
  • Reserva de la Biosfera Sian Ka’an, Quintana Roo
  • Área de Protección Uaymil, Quintana Roo

Una nueva consulta…

Nunca antes se había hecho una consulta de este tipo en la región Maya. De acuerdo con las cuatro instancias de gobierno federal, es un proceso de consulta que contempla tres fases a lo largo de un mes: difusión de información, fase deliberativa y un ejercicio participativo con votación y urnas a la que denominaron fase consultiva.

Dentro de la etapa de difusión e información, que inició desde el 15 de noviembre, este 28 comenzó la fase informativa realizada a través de 15 asambleas regionales. A partir del 30 iniciará la fase deliberativa para desembocar en la fase consultiva de votación en urnas el 14 de diciembre.

La etapa de difusión e información inició desde el 15 de noviembre. La fase informativa inició el 28 de noviembre, realizada a través de 15 asambleas regionales. A partir del día 30 de noviembre iniciará la fase deliberativa, para desembocar en la fase consultiva de votación en urnas el 14 de diciembre.

a dinámica de la consulta fue anunciada en una conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Habitantes de la región han expresado confusión sobre el proceso de consulta y la falta de información tanto de la dinámica de la propia convocatoria, como detalles del proyecto.

Por su parte, aún sin haber consulta, el titular de Fonatur Rogelio Jiménez Pons anunció el 9 de agosto a las empresas ganadoras de la licitación para construir el tren: el consorcio integrado por SENERMEX Ingeniería y Sistemas, S.A. de C.V., Daniferrotools, S.A. de C.V., Geotecnia y Supervisión Técnica, S.A. de C.V. y Key Capital, S.A.P.I. de C.V.

Jiménez dijo que esto integra la ingeniería y diseño de diversos estudios y proyectos: cartografía, topografía, geología, geotecnia, geofísica, trazo geométrico, terracerías, estructuras, obras inducidas, entre otros.

Para garantizar los derechos de consulta, de acuerdo con la el Convenio 169 de la OIT, debe haber consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas. Pero ya estaba la licitación antes de que los pueblos definieran si les interesa el proyecto.

Detalle de los impactos

El proyecto, de acuerdo con los investigadores, además de implicar la deforestación de la selva, la venta de tierras, el cambio de uso de suelo y la especulación inmobiliaria, conlleva la penetración de una lógica de mercado que privatiza la tierra y la vida.

Aseguran que esto afectará las propias formas de valoración de los pueblos indígenas, “los cuales por cientos de años con sus saberes y prácticas ancestrales han sabido cuidar y conservar, y hacer del Sureste una de las regiones con mayor riqueza y diversidad biológica y cultural del país”.

Los investigadores advierten que el Tren Maya implica un “reordenamiento territorial que podría cambiar profundamente las formas de vida de la población indígena y campesina en la región”. A través de los llamados “polos de desarrollo” se edificarán ciudades para abastecer las necesidades turísticas como hoteles, restaurantes, centros comerciales, mano de obra, explican.

Mapa de los “polos de desarrollo” proyectados por el gobierno federal. Fuente: Fonatur, INPI, Segob, Presidencia.

El equipo de investigadores muestra preocupación por varios puntos, el primero es que el proyecto está a cargo de Fonatur:

“Fonatur no es una institución destinada al desarrollo de servicios sociales o de infraestructura pública. Se trata de una instancia intermediaria entre el Estado (que ‘posee’ la tierra y la riqueza natural, paisajística y cultural ofrecida en el mercado turístico) y los empresarios (que tienen el capital para invertir en hoteles e infraestructura turística)”.

También expresan:

“Sólo 30 por ciento de los habitantes de los estados por donde cruza el tren tienen acceso al agua, y este impacto se va volver más grave porque no hay una estrategia de potabilización del agua ni de alcantarillado o de tratamiento de aguas residuales”.

Sobre el agua, los investigadores cuestionan qué pasará en Calakmul ya que actualmente no hay agua suficiente para la población: ¿de dónde se abastecerán de agua si imponen el proyecto?

Las entidades donde cruzará el Tren Maya -Chiapas, Tabasco, Campeche, Quintana Roo y Yucatán- albergan 63.6 por ciento de la superficie de manglar.

Los investigadores advierten además sobre la contaminación de cenotes, grutas, impactados por turismo:

“El proyecto del tren amenaza los ecosistemas y hábitats de las especies endémicas como el jaguar, puma, tapir, pecarí de labios blancos, saraguato de manto, mono araña, zopilote rey, águila elegante y pavo ocelado”.

Más información:

Zacatecas: La lucha Organizada avanza en contra de la Presa Milpillas

Compartimos comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA) – A 3 de diciembre de 2019

La noticia sobre la cancelación de los 504 millones de pesos del presupuesto federal para la construcción de la Presa Milpillas, es un peldaño más a favor de la lucha organizada de las comunidades de Zacatecas, pero sobre todo de las y los habitantes del municipio de Jiménezde Teul, así como de los ejidos que integran el Movimiento en Defensa del Territorio y del Río Atenco, porque ratifica, no sólo el pobre papel emprendido por parte de diferentes actores políticos del gobierno de Zacatecas, encabezados por el Gobernador Alejandro TelloCisterna, -así como titulares y operadores de la Procuraduría Agraria, la Secretaría de Agua y Medio Ambiente y la Policía Estatal entre otras dependencias-, sino además demuestra que la lucha por la vida, por la esperanza, por la no violación de los derechos de los pueblos, se encuentra en manos de las comunidades que deciden defender el territorio y que no se dejan manipular por los discursos de progreso que tanto pregonan los gobernantes a nombre de los pueblos.

A pesar de las amenazas, calumnias, campañas de desprestigio, coacción, acoso policiaco, represión e intentosde criminalizar para las y los integrantes del Movimiento, con el propósito de dividirlos internamente y lograr sus pretensiones de ocupar el territoriocon una presa que nadie de los habitantes pidió, las mujeres y hombres, jóvenes y niñ@s de los ejidos de Atotonilco (Cortina), El Potrero (embalse), Estancia de Guadalupe (caminos), Corrales (planta de rebombeo) y las comunidades río abajo,han logrado darle varios reveses legales y jurídicos, quedando al desnudo la ilegalidad de un proyecto con claros tintes privados, que pretenden despojar de los bienes naturales a quienes tienen una forma de disfrutarlos de manera libre y ordenada.

Esta noticia sobre la cancelación de 504 millones originalmente destinados para iniciar la construcción de la presa Milpillas, desmontade facto un proyecto que, de acuerdo a documentos oficiales tiene un costo total equivalente a poco más de 6 milmillones de pesos de inversióntotal, en donde prevalecen grandes procesos de colusión para el uso del agua con fines empresarialesy privados.

No obstante el anuncio sobre la cancelación del recurso financiero, sirve para que estemos atentos y alertas porque ahora ya de manera directa, el gobierno zacatecano menciona que será el sector empresarial quien pretende inyectar más de 4 mil millones depesos para iniciar la construcción de un acueducto, el cual afectará el territorio de los ejidos de Niño Artillero y Nuevo México en Sombrerete; La Presa, Misericordia y Anexos, Primero de Mayo, Trujillo y Buenavista, Melchor Ocampo, Tapias, San Cristóbal, El Salto, Eréndira, México Nuevo y Providencia en Fresnillo; Hacienda Nueva en Morelos; y La Pimienta en Zacatecas.

Desde la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería hacemos expreso nuestro máximoreconocimiento y solidaridad al llevar la lucha por elterritorio con tanta dignidada todas y a todos los que forman parte del Movimiento en Defensa del Territorio y del Río Atenco.

# LaPresaMilpillasNoEsLaOpción #RíoAtencoLibre #NoALaPresaMilpillas

A T E N T A M E N T E

RED MEXICANA DE AFECTADAS y AFECTADOS POR LA MINERÍA

Más información:

ZACATECAS: PROCURADURÍA AGRARIA DE ZACATECAS A CUENTAS POR CASO MILPILLAS

Zacatecas: Advierten que habrá desplazamiento forzado y pobreza por la Presa Milpillas

[Línea del tiempo] Lucha por la vida y contra el Despojo por el proyecto Presa Milpillas