Acompáñanos a la acción global para exigir justicia a 4 años de la siembra de nuestra compañera Berta Cáceres este lunes 2 de marzo a las 6 de la tarde en la cruz de la plaza de la paz en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México.
Lleva flores, velas o algo que quieras dejar en altar para Berta. Recuerda sumarte al twitazo mundial con el hashtag #JusticiaParaBerta o en la acción global exigiendo justicia mediante acciones locales en tú país.
Recuerda compartir tus fotografías con nosotrxs con los siguientes hashtags: #JusticiaParaBerta #CapturaALosAtalaZablah
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Compartimos la invitación de hace el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras COPINH para conmemorar 4 años de sembrar a nuestra compañera Berta Cáceres – A 24 de febrero de 2020
El
COPINH se complace en invitarles a conmemorar con nosotras y nosotros
el 4to. Aniversario de la siembra de nuestra compañera Berta Cáceres, a
realizarse este 2 de marzo.
En Honduras: Acompáñanos en las actividades a realizarse en el Centro de Encuentros y Amistad “Utopía” en La Esperanza, Intibucá. Puedes encontrar la agenda en nuestro evento en Facebook: https://www.facebook.com/events/246883066301846/
Acción Global: Súmate
al twitazo mundial con el hashtag #JusticiaParaBerta o en la acción
global exigiendo justicia mediante acciones locales en tú país.
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En marzo de este año se cumple el cuarto aniversario de la siembra de
nuestra hermana Berta Cáceres. Las comunidades Lencas organizadas a
COPINH y quienes hemos luchado por la justicia para nuestra hermana, les
invitamos a acompañarnos en la conmemoración a su vida, su lucha y a su
causa por la justicia para el pueblo hondureño.
En este cuarto aniversario nos juntamos para ser una gran voz que
sigue demandando y construyendo el camino de la justicia. Aplaudimos que
las pequeñas victorias en el camino de verdad y justicia son parte de
un esfuerzo colectivo y mundial que no ha bajado los brazos en denunciar
este crimen de Estado, este femicidio político, este asesinato
perpetrado por el extractivismo violador de los derechos de los pueblos.
Las actividades conmemorativas se realizarán en el Centro de
Encuentro y Amistad “Utopía”, ubicados en la comunidad de Santa
Catarina, Intibucá, los días 2, 3 y 4 de marzo.
“Jamás vamos a olvidar que el asesinato de Berta, tiene como autores
intelectuales a los promotores del extractivismo el saqueo y despojo de
nuestros territorios.”
Dado en La Esperanza, Intibucá, Honduras a los 13 días del mes de enero del año 2020
«El violador eres tú» desde Tuxtla Gutiérrez. Foto: Roberto Ortiz
*Durante 2019, organizaciones registraron 199 feminicidios en Chiapas. En contraste, la autoridad solo confirmó 20.
*El reconocimiento del feminicidio como delito en la
normatividad nacional y, en específico en el Código Penal Federal, ha
sido un avance definitivo en el reconocimiento del carácter de violencia
extrema resultante de la posición de subordinación, marginalidad y
riesgo en la que se encuentran las mujeres en México: CNDH.
Carmen Villa, Directora del Observatorio Ciudadano de Chiapas (OCCH),
afirmó que la intención de la Fiscalía General de la República (FGR) en
reclasificar como delito de alto impacto al feminicidio a una agravante
del homicidio, significaría una salida errónea.
La Fiscalía General de la República ha justificado esta acción como
una opción para que las investigaciones se hagan de forma más expedita y
con mayores fundamentos legales, sin embargo, Villa afirmó que hay
señalamiento de organizaciones y colectivas feministas que lo denominan
como un retroceso.
No obstante, Alejandro Hertz Manero, Fiscal General de la República,
aseguró ante las y los legisladores de la Cámara de Diputados, que la
institución no tiene tal intención.
A su vez, Francisco Rivas, Director del Observatorio Nacional
Ciudadano, comentó que esta decisión no coadyuva con el trabajo en favor
de las mujeres, por lo que se deben de tener mayores capacidades para
atender la violencia feminicida y no ajustar las leyes.
“Hay una serie de retos, capacitar a los primeros
respondientes, analizar a detalle los elementos de prueba e integrar de
mejor forma las carpetas, ahí esta los puntos de oportunidad en mejorar
las capacidades” añadió Villa.
La Directora del OCCH comentó que el delito de feminicidio se
encuentra marcado en Tratados Internacionales, en las cuales México es
firmante.
“Quitar esta conceptualización, significa hacer un retroceso a la
lucha, ante las limitantes que se tienen para atender eficazmente los
delitos (…) Es una propuesta que no está basada en evidencia, en un
diagnóstico de la realidad para atender el feminicidio desde lo
justicial. Además, este delito no puede ser atraído por la FGR” afirmó
Villa.
Panorama
Colocan cruces rosas en la sede del congreso del Estado (1) Foto: Roberto Ortiz
Villa comentó que 2019 fue el año con más feminicidios según datos
del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública,
por lo que es un acontecimiento que sigue en crecimiento y en la que las
autoridades deben implementar e incursionar para resolverlas.
En 2019, el Observatorio Feminista contra la Violencia hacia las
Mujeres contabilizó al menos 199 muertes violentas de mujeres. No
obstante, la versión de la Fiscalía General del Estado (FGE) solo
registró 20.
En específico, la Red por los Derechos de la Infancia en México, en
su Balance Anual 2019, informó que de enero 2015 y julio de 2019, Estado
de México, Veracruz, Jalisco y Chiapas, en ese orden, las entidades más
letales por razones de género en contra de niñas y adolescentes, con
55, 33, 23, y 21 víctimas de este delito, de manera respectiva.
Ante este panorama, Villa agregó que el Observatorio Ciudadano de
Chiapas prepara un informe detallado desde el decreto de Alerta de
Violencia de Género, sucedido el 18 de noviembre de 2016, a la fecha, en
la cual detallarán diversos aspectos que se ven inmersos de la
violencia feminicida dentro de los 7 municipios bajo la declaratoria.
Llamado
En 2019, van 163 muertes violentas en Chiapas. Foto: Francisco López Velásquez (16)
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) hizo un llamado a
la Fiscalía General de la República para no persistir en la intención
de modificar el tipo penal del feminicidio y pone de manifiesto la
obligación del Estado mexicano de prevenir, erradicar, investigar y
repara la violencia contra las mujeres, incluyendo el feminicidio.
“Es inadmisible el aumento de los feminicidios en nuestro
país, constituyendo ya una gravísima crisis en materia del respeto y
garantía del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia” CNDH.
Además, el Organismo Nacional comentó que la tipificación del
feminicidio en el Código Penal Federal es el resultado del cumplimiento
de México respecto de las obligaciones contraídas para el pleno respeto y
garantía de los derechos humanos de las mujeres, de un serio y experto
trabajo de legisladoras y legisladores.
“La modificación del delito de feminicidio por el de homicidio
agravado significa un retroceso en la consideración de la especificidad
del contenido, implicaciones y significado de este delito, invisibiliza
el componente esencial de odio contra las mujeres, así como que a
través de él se busca perpetuar los patrones culturales de
subordinación, inferioridad y opresión de las mujeres, niega de iure y
de facto el acceso a la justicia de las mujeres” Comisión Nacional.
¿Qué es un feminicidio?
Protestas contra Velasco opacan toma de posesión de Escandón Cadenas – Fotos Francisco López Velázquez (24)
De acuerdo con la Ley General para el Acceso de las Mujeres a una
Vida Libre de Violencia, se deberá entender por violencia, “…cualquier
acción u omisión, basada en su género, que les cause daño o sufrimiento
psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en
el ámbito privado como en el público.”
Asimismo, determina que la violencia feminicida, es la forma extrema
de violencia, conformada por el conjunto de conductas misóginas que
pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar en
homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres.
El concepto de feminicidio surge en medio de la difícil crisis de
mujeres desaparecidas y asesinadas en Ciudad Juárez, Chihuahua en los
albores del siglo XXI, como una categoría para analizar la desigualdad
de género y las consecuencias extremas de la misma, en la vida de las
mujeres.
Por ello, el primer avance para su reconocimiento aparece con la
promulgación de la Ley General para el acceso de las mujeres a una vida
libre de violencia en 2007, con el reconocimiento legal de la “violencia
feminicida”, que de acuerdo con esta “…es la forma extrema de
violencia, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden
conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar en homicidio y
otras formas de muerte violenta de mujeres…”
Por ello, para contribuir a garantizar que las instituciones
reconozcan y castiguen los asesinatos de mujeres, en 2012 se aprobó una
Reforma al Código Penal Federal, en el que se establece el Delito de
feminicidio y se definen los criterios para investigar y determinar si
tal homicidio de una mujer corresponde a un feminicidio, si al menos
cumple con uno de dichos criterios. Desde entonces, las entidades
federativas han incorporado en sus propios Códigos Penales ese tipo
penal, no sin tropiezos y limitaciones para su aprobación, adoptando o
adaptando el ya reconocido a nivel federal.
Artículo 325. Comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a
una mujer por razones de género. Se considera que existen razones de
género cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:
La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo;
– A la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia;
Existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar, del sujeto activo en contra de la víctima;
Haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza;
Existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima;
La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida;
El cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público.
Enero de 2020, el mes más violento para las mujeres durante los últimos 4 años en Chiapas
Desde el 18 de noviembre de 2016 se encuentra vigente la Alerta de Violencia de Género, es decir, ya pasaron 4 años y 3 meses para que el estado conjuntara esfuerzos para reducir la violencia feminicida
El Observatorio Feminista contra la Violencia hacia las Mujeres de
Chiapas consideró en el reporte estadístico del mes de enero como el
inició con un mayor nivel de gravedad y agudización de violencia
feminicida durante los últimos 4 años.
El Observatorio contabilizó 18 muertes violentas de mujeres: 5
homicidios, 11 feminicidios, 1 suicidio sin carta póstuma y 1 muerte por
caso fortuito.
Además, contabilizaron 52 denuncias de mujeres desaparecidas, de las
cuales 25 aún continúan bajo este perfil y 27 ya fueron localizadas.
Fuente: Observatorio Feminista contra la Violencia hacia las Mujeres en Chiapas
Así como 3 feminicidios en grado de tentativa.
La cifra más alarmante es que en los registros de violencia sexual
hacia mujeres ubicados en los municipios de Mapastepec, San Cristóbal de
las Casas, Suchiate, Tapachula, Tecpatán y Villa Comaltitlán, el 43 por
ciento son niñas de entre a 17 años, el 29 mujeres de 18 en adelante y
el 28 por ciento niñas de entre 0 a 12 años.
Fuente: Observatorio Feminista contra la Violencia hacia las Mujeres en Chiapas
Imágenes: Observatorio Feminista contra la Violencia hacia las Mujeres en Chiapas
Compartimos esta investigación especial de Mongabay sobre el avance y los impactos de la Palma africana en Chiapas- A 13 de febrero 2020
Las condiciones climáticas del sureste mexicano propician la expansión del cultivo de la palma, provocando la deforestación de la Selva Lacandona, en Chiapas, uno de los territorios emblemáticos para la conservación en México
En Boca de Chajul, una pequeña comunidad del municipio de Marqués de Comillas, en Chiapas, Rafael Lombera ha visto desaparecer grandes extensiones de la selva Lacandona y ha sido principalmente —afirma— por la costumbre de explotar recursos naturales y por la ganadería. Hoy una de las causas es la siembra del cultivo de palma africana.
Cuando se viaja hacia Chajul, y hasta la entrada de este pequeño
poblado, se observa a orillas de la carretera letreros con la leyenda de
“Pago de Servicios Ambientales”, un programa del gobierno de México que
promueve la conservación en propiedades privadas o en ejidos (una
figura legal que da derechos sobre la tierra a campesinos). Los tramos
de selva se disputan así el paisaje con los predios sembrados con palma
africana.
Reserva de la Biósfera Montes Azules en Chiapas. Foto: Moysés Zúñiga Santiago.
En el municipio de Marqués de Comillas, según un estudio del
Instituto Nacional de Ecología, están los únicos tramos de tierra en
México con selva inundable porque en otros estados, como Tabasco, han
desaparecido.
Las chozas de Rafael Lombera están alzadas por grandes soportes de
madera que permiten el paso de las aguas del río Lacantún cuando sale a
inundar sus inmediaciones. Este rincón selvático es la puerta de entrada
a la Reserva de la Biósfera Montes Azules; ahí todo el año llegan
investigadores de flora y fauna. También es la región donde empezó la
siembra de la palma en México, a mediados del siglo pasado.
1.Cambios en la selva
La mayor parte de la superficie propicia para la palmicultura está en
el sureste de México (dos millones de hectáreas, según el gobierno
federal), una región a la que pertenece Chiapas, que tiene las
condiciones agrícolas y climáticas para extender hasta en 400 mil
hectáreas las plantaciones de palma, cultivo destinado a saciar las
necesidades de los mercados extranjeros y nacionales que demandan
biodiesel y aceites para la industria de los alimentos.
Rafael Lombera, quien vive en esta región desde que era niño, hace
poco más de cuatro décadas, nota cambios en las dinámicas de la selva.
Tiene una opinión clara de cuál es la mayor amenaza para uno de las más
grandes reservas naturales de México: “la selva se está talando para
sembrar la palma africana”.
El cultivo de la palma africana ha sido impulsado tanto por el
gobierno estatal como el federal. Funcionarios estatales aseguran que lo
hacen en predios donde ya no hay selva, que ya se habían utilizado para
la ganadería.
En 2017, las estimaciones de la Secretaría del Campo de Chiapas eran
que existían cerca de 64 000 hectáreas sembradas en el estado; el
objetivo es llegar a 100 000. Para ello el gobierno chiapaneco impulsó
la creación de cuatro viveros de palma que, según el Instituto de
Fomento a la Agricultura Tropical, son los más grandes de América
Latina.
Hasta 2013, el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera
(SIAP) calculaba que el 44 % de la Palma sembrada en Chiapas estaba en
zonas selváticas.
Frutos de Palma Africana. Foto: Moysés Zúñiga Santiago.
2.Campos sin vida
El investigador León Enrique Ávila, especialista en palma africana y
profesor de la Universidad Intercultural de Chiapas, aseguró que la
siembra de palma en el estado no incluye un control ambiental efectivo.
Antonio Castellanos, investigador del Centro de Investigaciones
Multidisciplinarias sobre Chiapas y la Frontera Sur, con seis años de
trabajo con los productores de palma en los ejidos, aseguró que una de
las condiciones para recibir el apoyo del gobierno mexicano “es
comprometerse a sembrarla solo como monocultivo”. Donde hay palma
africana, no hay más flora.
Para León Ávila la sensación cuando recorre zonas de palma es la de
estar en un “desierto del silencio donde ya no hay ruido al amanecer”.
Él ha caminado la región durante años y dice haber visto cómo ese
cultivo ha cambiado las dinámicas de la flora, la fauna y de las
comunidades.
Las personas que antes vivían de sus cosechas y los productos que les
ofrecía la selva —explicó el especialista— ahora esperan con ansia la
fecha en que los dueños de las fábricas pagan a los palmicultores y
estos, a su vez, reparten los sueldos entre sus empleados jornaleros.
El investigador coincide con Antonio Castellanos: la principal falla
está en el hecho de que el cultivo ha sido introducido como monocultivo.
Y de acuerdo con la publicación especializada, Gloobal,
“las miles de hectáreas de palma africana implican no solo mantener la
deforestación sino aumentar el CO2 e incrementar la contaminación del
agua con agroquímicos en las regiones de alta biodiversidad, como las
regiones de la biosfera (de Montes Azules) y la selva Lacandona”.
Rafael Lombera, poblador en Boca Chajul, muestra los plantíos de palma africana en el ejido. Foto: Moysés Zúñiga Santiago.
3.Realidad que contradice el discurso
Según el Banco de México, el país importa cerca de 462 000 toneladas
de aceite de palma al año, lo cual equivale al 82 % de la cantidad que
consumen sus industrias. Por lo tanto, se requieren 200 850 hectáreas
produciendo para poder abastecer de aceite al mercado interno.
Las condiciones están puestas para que el cultivo avance porque hay
programas que impulsan la siembra de palma africana en los gobiernos
estatales, en el gobierno federal y en fondos extranjeros.
La investigadora del Colegio de la Frontera Sur (Ecosur), Bárbara
Linares Bravo, conoció a fondo la reconversión productiva con la llegada
de la palma africana al Valle de Tulijá, en el norte de Chiapas. Ella
observa un fuerte cambio que está erradicando las costumbres productivas
y de autoconsumo con la llegada de los apoyos internacionales y
nacionales para propagar el cultivo de palma.
Frutos de Palma Africana. Foto: Moysés Zúñiga Santiago.
“La expansión de este cultivo, paradójicamente, en contraposición al
discurso de desarrollo sustentable que le justifica, incrementa las
contradicciones sociales y ambientales”, señala Linares Bravo.
El avance de los cultivos de la palma africana en la selva de Chiapas
se desarrolla bajo tres compromisos adquiridos por el país con actores
internacionales. Uno de ellos es el Proyecto Mesoamérica, con 10
naciones adheridas (Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua,
Costa Rica, República Dominicana, Colombia, Panamá y México) y su
Programa Mesoamericano de Biocombustibles, dentro del cual México
estableció su programa de reconversión productiva.
Además, México tiene 10 plantas extractoras de aceite de palma; siete
están en Chiapas y todas son privadas. Alrededor de ellas los
productores se organizan y hacen lo necesario para “limpiar” sus tierras
y pasar de ganar —por ejemplo— 5000 pesos (277 USD) mensuales por el
total de su cosecha de maíz sembrado para venta y consumo, a recibir
hasta 35 000 (1862 USD) cada mes por el monocultivo, según el testimonio
de José Baldovinos, palmicultor de Boca de Chajul.
Jose Baldovinos sostiene que la palma los ayudará a salir de la pobreza. Foto: Moysés Zúñiga Santiago.
4.Deforestación hormiga
Baldovinos ha sembrado con palma africana 27 hectáreas en las
inmediaciones de Boca de Chajul y está listo para sumar otras seis. Este
cultivo permitió enfrentar los gastos médicos que tuvo cuando dos de
sus parientes se enfermaron de gravedad.
Como miles de habitantes de Marqués de Comillas y la región
selvática, Baldovinos llegó desde Michoacán en 1972 en una avioneta que
aterrizó en algún camino rural o simplemente en un claro entre la
vegetación. “Aquí era pura selva, pero ha ido cambiando drásticamente”,
recuerda.
En los setenta, dentro de los ejidos, comenzó la práctica
indiscriminada de la ganadería y el cultivo de la palma africana.
Proliferaron los “acahuales”, que son unos espacios de selva en los que
los ejidatarios talan, esperan un par de años y después inscriben esas
tierras en programas de financiamiento para la palma africana sorteando
así el “obstáculo” de que hay selva. Talan para allanar el camino hacia
el cultivo que les es redituable.
Una fuente del gobierno de Chiapas que pidió el anonimato contó a
Mongabay Latam que actualmente la principal causa de deforestación en la
selva es la tala de madera a manos de “empresas clandestinas” que
trabajan de noche.
Es el avance hormiga de la palma en la región tropical que abarca la
mayor parte del sur de México. De acuerdo con los testimonios recabados
por Mongabay Latam, es así como han crecido los cultivos de la palma en
Veracruz, Quintana Roo, Tabasco, Oaxaca, Guerrero y Chiapas (los estados
con suelos propicios para la palmicultura) en terrenos de ganadería,
pastizales, “acahuales” o sitios selváticos deforestados
clandestinamente.
Plantación
de Palma Africana en Boca Chajul, ubicado en la frontera con Guatemala,
Selva Lacandona, Chiapas. Foto: Moysés Zúñiga Santiago.
5.Salida para pobladores
La palma africana, según el testimonio de Rafael Lombera y de José
Baldovinos, es el cultivo que ofrece la oportunidad de salir de la
pobreza a todos los campesinos dueños de pequeñas porciones de tierra
que están aumentando exponencialmente sus ganancias.
Baldovinos ha sido agricultor más de 65 años y solo hasta ahora logró
la tranquilidad económica. Gana 30 000 pesos al mes sin mayores
esfuerzos cuando el resto de su vida trabajando otros cultivos como
frijol, maíz o chile, lograba una mínima parte con esfuerzo máximo.
La ecuación es simple: en el programa de Pago de Servicios
Ambientales el gobierno mexicano paga 300 pesos al año por hectárea de
selva (en 2017) y una hectárea sembrada de palma en edad productiva
genera una ganancia de 100 000 pesos al año.
Rafael Lombera muestra un juego de lotería en sus manos en el que figuran las fotos de animales. Foto: Moysés Zúñiga Santiago.
Rafael Lombera, que es ejidatario en un tramo selvático manejado
entre más personas, asegura que “la gente se está desesperando y está
talando la selva para sembrar palma”.
Es una lógica que recorre la región selvática de Chiapas que se
extiende a lo largo de la frontera con Guatemala, donde se encuentran
predios que suman hasta 4000 hectáreas que surten a la fábrica de la
empresa Aceites Sustentables, según cálculos de los investigadores.
Y en territorio mexicano también hay productores que acaparan hasta
1000 hectáreas o pequeños propietarios que apenas comienzan —como don
José en sus inicios— a acumular sus primeras extensiones de tierra. “Así
se va cambiando de la selva a la palma”, dijo don José Baldovinos,
dueño de una de las casas más amplias del pueblo.
“El futuro es la palma”, lamenta Rafael Lombera, con un juego de lotería en sus manos en el que figuran las fotos de animales y vegetales tomadas por él mismo dentro de esa espesura de selva que se levantaba frente a él del otro lado del río Lacantún.
Comunicado de Otros Mundos Chiapas en el marco de acciones de la Jornada de la Defensa del Territorio y de la Madre Tierra «Samir Somos Todas y Todos» – A 20 de febrero de 2020 >>Descargar comunicado en pdf<<
20 de febrero de 2020, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México.
Otros Mundos Chiapas nos unimos a las exigencias de justicia para el compañero Samir Flores Soberanes, a un año de su asesinato. Samir era habitante de Amilcingo Morelos, integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala (FPDTA-MPT), comunicador en la Radio Comunitaria, y un fuerte opositor a la Termoeléctrica en Huexca, pero sobre todo un defensor de la vida.
En el marco de las Jornadas en Defensa del Territorio y la Madre Tierra “Samir Somos Todas y Todos”, recordamos que esta lucha es por la vida, por la defensa de la tierra, el agua y el aire, y por el respeto a la autodeterminción de los pueblos. Denunciamos la grave imposición de megaproyectos en todo México. Mientras esto siga continuará la lucha por el territorio y la vida digna de los pueblos en el país.
Basta de persecución y muerte a las defensoras y defensores de la madre tierra. Durante el 2019 fueron asesinados 32 defensores y en lo que van de este año se suman dos muertes que, junto con Samir Flores, exigimos justicia para Homero Gómez y Raúl Hernández, defensores de las Mariposas Monarcas en Michoacán, y justicia para todas y todos que pierdan la vida en esta lucha. Nadie que defienda la vida tiene que morir, pero su partida son semillas que se siembran para seguir defendiéndola.
¡Alto a persecución y muerte de las defensoras y defensores de la vida!
¡Alto a la devastación ambiental y cancelación de megaproyectos!
Imágenes: Brigada de arte comunitario «Talimakalsinan nanu» y Marcha para exigir justicia para Samir Flores, Ciudad de México el viernes 22 de febrero de 2019 Crédito: AP Foto/ Rebecca Blackwell
Compartimos esta nota publicada en Pie de Página sobre – A 13 de febrero de 2020
Los defensores del medio ambiente sufren la mayor cantidad de agresiones, según Front Line Defender, una organización internacional de Derechos Humanos. En México el impulso a megaproyectos de desarrollo desde el gobierno federal aumenta su vulnerabilidad
Texto: Arturo Contreras Camero
Los guardianes del medio ambiente son los más amenazados del mundo. 40 por ciento de los defensores de derechos humanos asesinados el año pasado estuvieron vinculados con este tipo de temas según el informe Análisis Global 2019 de la organización internacional Front Line Defenders.
En el caso mexicano la situación es peor. El 75 % de los defensores
asesinados trabajaban temas ambientales, defensa de la tierra y pueblos
indígenas. El año pasado 304 personas que defienden derechos humanos
fueron asesinadas en el mundo.
América Latina es la peor región del mundo para ser defensor de
Derechos Humanos, pues concentra el 90 por ciento de los asesinatos, y
de los 5 países con más defensores asesinados, 4 son de este continente.
En primer lugar está Colombia con 106 asesinatos, seguido por
Filipinas, 43; Honduras, 31; México con 24, y Brasil con 23.
Los casos en México podrían aumentar, pues la organización sigue
documentando casos. En el país, en lo que va de este año, han sido
asesinados tres defensores. A este contexto hay que añadir la impunidad,
pues de las 24 muertes de 2019, 11 cuentan con carpetas de
investigación, pero en ninguno hay indicios de justicia.
Así como en el caso de la violencia contra periodistas, las
agresiones en contra de defensores de Derechos Humanos son perpetradas o
facilitados por personas en el poder, ya sean funcionarios del
gobierno, policías o miembros del ejército. Entre ellos destaca el papel
de los poderes municipales, quienes se ven involucrados en lso casos
por omisión, acción o aquiescencia, es decir, que se hayan beneficiado
de alguna manera por las agresiones
Destruir el medio ambiente para combatir la pobreza
Desde la entrada de la nueva administración federal se implementó una
política de combate a la pobreza a través de la creación de
megaproyectos ambientales que buscan desarrollar zonas rurales del país.
Con ello, según dice el informe, aumentó la criminalización en contra
de estos actores, que son los menos visibilizados y quienes mayor acceso
tienen a estas comunidades.
“El continente fue testigo de la creciente privatización de los
servicios públicos básicos, la flexibilización de la legislación
ambiental y laboral, la creación de nuevas leyes para debilitar el
activismo de derechos humanos y el desmantelamiento de las políticas
diseñadas para hacer frente a la desigualdad” señala el informe.
Ángeles Hernández, de la red Todos los Derechos para Todas y Todos
señaló que es importante identificar y reconocer la diversidad de
personas defensoras. “Son los que están allá afuera luchando por
construir un mejor panorama y por cambiar el mundo que vivimos, que
están luchando porque la dignidad de todos sea respetada”.
Al respecto, Jesús Peña, representante del Alto Comisionado de los
Derechos Humanos de la ONU, dijo: “La mitad de las persona defensoras
tenían un vínculo con la defensa del medio ambiente por el contexto en
el que viven. Don escritoras, maestras o comunicadoras que decidieron no
quedarse calladas. Estas personas son los agentes fundamentales para
asegurar un futuro sostenible. Sus asesinatos y desaparición es el
culmen de la agresión, resultado de una criminalización que señala que
quienes protegen el medio ambiente se oponen al desarrollo”.
La deuda con las mujeres
En este esquema de agresiones, hay un subregistro de las mujeres,
aseguró Sandra Patargo, coordinadora de protección para las Américas de
Front Line Defenders.
“Las defensoras jugaron un gran papel importante liderando esfuerzos
por defender a personas defensoras de derechos Humanos, impulsando
estos proyectos a nivel nacional. Son ellas quienes, mientras más
levanta la voz, mientras más ocupan espacios, encuentran imposiciones de
grupos locales. Las señalan, usan contra ellas lenguaje que
estigmatiza, que es misógino, y buscan exponer su vida privada. Lo hemos
visto con mujeres periodistas y defensores de derechos reproductivos.
Esto obliga a que las defensoras muchas veces opten por tener menos
visibilidad en sus casos. Por ello, en este tipo de agresiones es muy
probable que exista un subregistro, pues el número de casos que son
públicos no empatan con los niveles de violencia de género que existen
en el país.
Los defensores migrantes, la otra alerta
A la par de la invisibilización de las mujeres, en el país hubo una
crecida en las agresiones contra defensores de la población migrante.
Desde el cambio en la política migratoria del Gobierno de México, a raíz
de las presiones comerciales de Estados Unidos, hay una mayor
criminalización en contra de la migración, y por tanto una restricción a
los que los defienden.
Desde la primera caravana de migrantes a finales de 2018 a la fecha
hay 64 hechos de agresiones a defensores de migrantes, entres ellas
destacan los ataques a albergues, entre los que hay intentos de
allanamiento de la Guardia Nacional, revisiones migratorias afuera de
los albergues y criminalización de defensores, como el caso de Irineo
Mújica y Cristóbal Sánchez, quienes enfrentaron cargos de trata de
personas y fueron detenidos sin pruebas.
“En este panorama encontramos un discurso estigmatizante a partir de
acciones criminales. Se habló de que los albergues podrían estar
inmiscuidos en trata de personas. Incidentes como el incendio al
albergue de La Sagrada Familia en Tlaxcala, o la desaparición del
defensor Aarón Méndez. Incluso, en esta situación hay otras personas que
ni siquiera pueden dar sus nombres, pues pueden ser deportados”,
aseguró Ángeles Hernández, de la red TDT.
El ejemplo de Nahuatzen
Durante la presentación del informe Efraín Avilés, del Consejo
Ciudadano Indígena Nahuatzen compartió su testimonio sobre las
agresiones que enfrentan en su comunidad. Desde hace unos años el
poblado de Nahuatzen, en la meseta purépecha de Michoacán lucha por un
proceso de autonomía y autodeterminación. “En 2015 nuestra comunidad
decide tomar ese camino por la inseguridad y por los problemas de Tala
Clandestina que tenemos. Ese año tuvimos muertes por luchar en contra
del rezago histórico que tenemos en atención a servicios básicos”.
De acuerdo con el último informe de Coneval, este municipio es el más
pobre de Michoacán. Actualmente hay tres personas detenidas ilegalmente
por defender el ambiente.
“Enfrentamos una situación difícil. No recibimos atención por parte
de las instituciones de defensa del medio ambiente, por lo que el
proceso de reforestación que queremos llevar a cabo parece imposible.
Pedimos que nos apoyen en algo, en lo que sea. Esperemos se logre en
este año”, dijo el representante de la comunidad.
“Lo que buscamos es que se tomen las medidas que se tengan que tomar para que se reconozca nuestra autonomía. Estamos convencidos que con hace falta un proceso de reconocimiento por parte del gobierno federal; que reconozca que nuestra cultura ha sido poco menos que forzada a desaparecer”.
Compartimos esta nota publicada en Página 3 a través de Pie de Página – A 12 de febrero de 2020 — Comunicado de la REMA (aquí)
Este pueblo zapoteco que se rige por sistema normativo de usos y costumbres ganó un amparo contra la minería en su territorio. Sin embargo, las empresas Continuum Resources LTD y Minera la Natividad desacatan dicho mandato judicial federal
Por Pedro Matías
OAXACA, Oax. (pagina3.mx).- Pese
a que pueblo zapoteco de Capulálpam de Méndez ganó el amparo donde el
Juzgado Tercero de Distrito cancela todas las concesiones mineras en su
territorio, la minera canadiense Continuum Resources LTD, la compañía
Minera la Natividad y Anexas y otros particulares, desacataron este
mandato judicial federal.
Las autoridades municipales y comunales cuestionaron al gobierno de
la Cuarta Transformación porque la Secretaría de Economía también se
amparo contra esa sentencia judicial, lo que calificaron como una
incongruencia presidencial porque con esa actitud “el presidente Andrés
Manuel nos niega el derecho al territorio que el tribunal nos reconoce,
hay una contradicción en el discurso del presidente de la república”.
En una conferencia de prensa, el presidente municipal de Capulálpam
de Méndez, Adrián Pedro Arreortúa Méndez; el presidente del comisariado
de Bienes Comunales, Néstor Baltazar Hernández Bautista y el presidente
del Consejo de Caracterizados, Miguel Ramírez Domínguez, reiteraron la
decisión de su asamblea comunitaria para decir: “Si a la vida, no a la
minería”.
Aunque su lucha lleva 15 años, fue en febrero de 2015 cuando la
comunidad indígena agraria de Capulálpam de Méndez interpuso una Demanda
de Amparo para solicitar la protección de la justicia federal ante la
autorización de concesiones mineras ubicadas en su territorio comunal.
Explicaron que estas concesiones fueron otorgadas a la minera
canadiense Continuum Resources LTD, a la Minera la Natividad y Anexas y
otros particulares por la Dirección General de Regulación Minera de la
Secretaría de Economía para la exploración y explotación de oro, plata y
otros minerales sin haber consultado a la comunidad indígena como prevé
el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.
Después de un largo litigio de casi cinco años, el Juzgado Tercero
dictó Sentencia en octubre de 2019 donde reconoce jurídicamente la
ancestralidad indígena de la comunidad de Capulálpam y, por tanto, su
propiedad y posesión de sus tierras comunales que ocupa desde la época
prehispánica.
La Sentencia establece que la comunidad indígena agraria de
Capulálpam fue fundada antes de que se formara el actual Estado mexicano
y por tanto tiene el derecho a la protección de la justicia federal
como lo establece el Artículo Segundo Constitucional federal.
En consecuencia, el Juzgado Tercero en su sentencia cancela todas las
concesiones mineras que fueron otorgadas a las empresas mineras en el
territorio de Capulálpam por haber sido otorgadas sin la Consulta Previa
Libre e Informada que establece el Convenio 169 de la OIT.
Así, el Estado mexicano protege la ancestralidad indígena de
Capulálpam de Méndez en materia de extractivismo de minerales, le
reconoce su derecho a tener una vida digna y a permanecer como comunidad
indígena libre del extractivismo de minerales pro encima de los
intereses de particulares.
Mencionaron que la sentencia también hace justicia a las comunidades y
pueblos indígenas de Oaxaca quienes históricamente han padecido
discriminación y racismo en la impartición de justicia.
Sin embargo, tanto las empresas mineras como la Secretaría de Economía se ampararon contra esta sentencia.
“Ya se dio a la sentencia ahora sigue la lucha mas fuerte porque la
empresa aun no se retira, está en desacato, ya impugnaron la sentencia
la empresa y Secretaría de Economía federal. Esperamos que la sentencia
se mantenga firme y se ejecute. La lucha legal sigue; estamos luchando
contra un monstruo económico y no podemos dar marcha atrás y esta lucha
de 15 años que iniciamos, cinco años duro el proceso de amparo y ahora
sigue la lucha más fuerte”, comentaron las autoridades.
El comunero Salvador Aquino recordó que en este año 2020 se cumplen
30 años de que el Senado de la República ratificó el convenio 169 de la
OIT y “en esos 30 años no ha habido una sentencia similar en México y
América Latina como la que gano Capulálpam en octubre de 2019.
Mencionó que efectivamente ha habido sentencias pero por múltiples
razones jurídicas y artificios legales estas sentencias no se han
llevado a cabo, pero ahora “tenemos la firme convicción que esta
sentencia va a llegar a ser efectiva y se tiene que cumplir”.
Respecto a la postura presidencial dijo que “nosotros hemos estado
siguiendo de manera muy detallada las conferencias del presiente Andrés
Manuel López Obrador y en efecto él ha dicho que protege los derechos de
las comunidades indígenas, sin embargo, ya nos demostró lo contrario
porque la Secretaría de Economía interpuso una impugnación derivado de
la sentencia de octubre de 2019 donde el Juzgado tercero cancela las
concesiones”.
“Es decir, el presidente actual, a través de la Secretaria de
Economía, nos está negando el derecho que ya un tribunal federal nos
está asignando en términos de nuestro reconocimiento como comunidad
indígena ancestral en el estado mexicano. Es decir hay una contradicción
en el discurso del presidente”, abundó.
Sin embargo, agregó, “lo sentimos pero nosotros como pueblos vamos a
seguir defendiendo nuestro derecho a nuestra identidad indígena”.
Finalmente resaltó que “las leyes en este país se mueven por el
dinero, por la corrupción, pese que el impacto al medio ambiente ha sido
brutal y nos afecta a todas las comunidades que vivimos en la cuenca
del río Capulálpam, río San Pedro y del río Grande. Todos padecemos la
cuestión ambiental que hemos padecido por casi 300 años y ninguna
institución han hecho absolutamente nada”.
Insistió en que “las empresas mineras se basan en las corruptelas para funcionar pero no cuentan con argumentos ambientales ni jurídicos para poder operar y ahí están las consecuencias, el impacto en los veneros de agua porque 13 manantiales han desaparecido debido a los trabajos subterráneos de la minera”.
Imagen: Conferencia de Prensa 11 de febrero 2020, Capulálpan de Méndez Crédito: Agencia EF
Compartimos esta nota publicada en Chiapas Paralelo y no sumamos a las exigencias de cese al hostigamiento hacia el comité de padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y la caravana de búsqueda de los 43 en su paso por Tuxtla Gutiérrez- A 16 de febrero de 2020
A más de 5 años del crimen de Iguala, vemos con preocupación que lejos de presentar resultados claros al reclamo general por los 43, sea la violencia de Estado la única que se imponga.
Organizaciones y activistas de todo el país exigieron un cese al
hostigamiento en contra del comité de padres y madres de los 43 y
normalistas en su Caravana en Búsqueda de los 43 y repudiaron la
violencia hecha por el Gobierno del Estado.
Denunciaron que los ataques perpetrados por cuerpos policiales ponen
en riesgo la integridad de las familias de los 43, las revictimiza y
atenta contra una de las causas que convocan a la nación bajo el reclamo
de verdad y justicia.
Por lo que demandaron al gobierno federal y estatal que garanticen el
libre tránsito, el derecho de organización y de protesta del comité y
de los estudiantes.
Marcha de Padres de las 43 en Tuxtla Gutierrez 16 de febrero del 2020
También hicieron responsable al gobierno estatal y federal de la
integridad de las personas heridas, de los normalistas rurales y de los
familiares de los 43.
Reafirmamos nuestra solidaridad incondicional con la lucha por la verdad y justicia en el caso de los 43 normalistas.
Organizaciones: Movimiento por la Paz con Justicia y
Dignidad, , Comité 68 Pro Libertades Democráticas, Coordinadora
Nacional de Trabajadores de la Educación Sección XXII Oaxaca, CNTE-SNTE,
Nueva Constituyente Ciudadana Popular, Jóvenes ante la Emergencia
Nacional, Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad con América
Latina “Oscar Arnulfo Romero”, Comunidad Indígena en resistencia de San
Francisco Xochicuautla, Lerma Mex, Consejo Supremo Indígena en
resistencia de San Francisco Xochicuautla, Lerma Mex., Frente de Pueblos
en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco, Comité por la Defensa
de los Derechos Indígenas (CODEDI), La Colectiva Diversa, Centro de
Derechos de las Víctimas de la Violencia Minerva Bello, Madres en
Búsqueda Coatzacoalcos, Unidad Proletaria Pedregal de San Nicolás A.C.
UPPESAN, Movimiento de Izquierda Revolucionaria, Búsqueda y Rescate
Fundación ‘A’, Mujeres para el Diálogo, Colectivo Solecito Veracruz,
Colectivo Solecito Córdoba, Colectivo Solecito Cardel, Colectivo
Solecito Xalapa, Movimiento Ciudadano en Defensa de la Loma, Movimiento
en Defensa de la Madre Tierra y La Vida -Nuevo León, COMCAUSA, Colectivo
Tierra y Libertad (Mich) , Frente contra la Militarización ( Cd.
Juárez. Chih), Red de mujeres que luchan en León, NIMA Centro de
derechos humanos de niñas niños y adolescentes en Guanajuato, Colectivo
Colibrí.
A título individual: Raúl Vera López (Presidente del Consejo Directivo del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolome de la Casas-Chiapas), Javier Sicilia Zardain, María Herrera Magdaleno, Araceli Rodríguez Nava, Juan Carlos Trujillo Herrera, Félix Hernández Gamundi, Jorge González de León, Magdiel Sánchez Quiroz, Rosa María Garza Marcué, Johan Gordillo García, Gabriela Hernández, Hildelisa Preciado, Norberto Pérez, Leticia Gutiérrez, Ma. Elena López, Dalia Ruiz,Martín Hernández,Carmen Mendoza, Mariana Gómez, Norma Garduño, José Luis Mariño, Maricarmen Montes, Alfonso Lejia Salas, Elizabeth Alejandre, Lourdes del Villar, Angeles González, Marisa Rodríguez, Graciela Tapia, Bertha Vallejo, Virginia Bahena, Leonor Aída Concha, Rosa Barranco, Romeo Cartagena, Julieta Mellano, Carolina Avilés Junco, Alfonso Ávalos Barajas, Salvador Rosas Octaviano, Mayra Zamaniego, Iván Martínez Zazueta, José Morales Vázquez, María de la Paz Quintanilla, Juan Aguado Franco, Sergio López Zunun, María de los Ángeles García Alfaro, Fernanda Tomasini, Alfredo Velázquez Lara, Guadalupe Elizabeth Villarreal Rodríguez, Alfonso Anaya, Claudia Sandoval, Cristina Steffen, María Teresa Cervantes, Jacinta Contreras,Héctor Capistran Díaz, Leticia Palma, Walter Martínez, Rosalía Castro Toss, Fernanda Barragán González Luna, Donovan Mendoz Villarreal, Fabiola Sánchez Quiroz, Carlos Adrian Cisneros González, Jessica Alcázar Romero,Nancy Orzoco Cruz, Daniel Orozco Rangel, Juana Vera Vera, Ricardo Jiménez Torres, Enrique Tellez Pacheco, María de Jesús Severo Romero, Carlos Olivares Valencia, Fernanda Severo Guzmán, Itzel Grijalba Pérez, Rafael Ramos Eusebio, Jose Guillermo Garcia Alfaro, Greysi Estefani Utrilla Arguello, Eloisa Alfaro Morales, Cesar Luis Garcia Alfaro, Carlita del Rosario Aguilar Jimenes, lino Vasconcelos Díaz, Angel Garcia Trujillo, Kaisia Martínez Mercado, Celia Edith Sedeño Omaña, David García Victoria.
CNDH, Sanchez Cordero y Encinas condena agresión
del Gobierno de Chiapas contra familiares de los 43 normalistas
desaparecidos de Ayotzinapa
CNDH condena agresión contra familiares de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa por parte del Gobierno de Chiapas. Foto: E.NR. «Mactumatzá»
*Exhortó al gobierno federal, estatal y municipal a
eliminar estas prácticas de represión que atentan contra el derecho a la
libre manifestación y son evidencia de una política violatoria de
derechos humanos.
*Por los actos violentos, fueron heridos dos madres de familia de los 43, 4 estudiantes y 1 policía.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) condenó los actos
de violencia en contra de familiares de los 43 normalistas de
Ayotzinapa cometida por elementos de la Secretaría de Seguridad y
Protección Ciudadana (SSyPC) del Gobierno de Chiapas a escasos metros de
la Escuela Normal Rural “Mactumatzá”.
Madres y padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa
llegaron a Chiapas esta mañana, como parte del recorrido que realizan
por los estados del sur del país. Al arribar, fueron recibidos por
estudiantes de la Escuela Normal Rural Mactumactzá, quienes en el marco
de las protestas que realizan, bloquearon el libramiento norte de la ca
En respuesta, policías antimotines de la Secretaría de Seguridad y
Protección Ciudadana (SSyPC) los desalojaron, lo que dejó el saldo de un
estudiante con herida en la cabeza, provocada por una granada de gas
lacrimógeno que le golpeó de manera directa. También hay personas
intoxicadas.
CNDH condena agresión contra familiares de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa por parte del Gobierno de Chiapas. Foto: E.NR. «Mactumatzá»
Al mismo tiempo, la Secretaria de Gobernación y Ex-Ministra de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, Olga Sánchez Cordero, desde su
red social condenó el hecho:
Asimismo, Alejandro Encinas, Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaria de Gobernación condenó los hechos.
Ante ello, el organismo solicitó medidas cautelares para los alumnos
de la Escuela Normal Rural “Mactumatzá”, a los familiares de los 43
Normalistas de Ayotzinapa y a integrantes del Centro de Derechos Humanos
“Tlachinollan”.
La CNDH aclaró que si bien es de competencia estatal, asumió el
compromiso de revisar las circunstancias de los hechos ocurridos la
mañana de este domingo 16 y en el que resultaron heridos varios
integrantes de la Caravana
Para la CNDH no existe cabida a ninguna expresión que
atente en contra del derecho a la libre expresión y menos si se ejercen
métodos violentos y de represión, por lo que acciones represivas como
las cometidas por policías del gobierno de Chiapas en contra de los
familiares y organizaciones que forman parte de la denominada “Caravana
Sur en Busca de los 43”, merecen un atento llamado a detener cualquier
estrategia de contención que exponga la vida y la dignidad humana de los
manifestantes, mencionó la CNDH en un comunicado.
El Organismo nacional informó que ha iniciado una queja de oficio;
sin embargo, la CNDH estará cercana en la investigación de los
lamentables hechos en los que resultaron heridas varias personas
integrantes de la Caravana.
CNDH condena agresión contra familiares de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa por parte del Gobierno de Chiapas. Foto: E.NR. «Mactumatzá»
Compartimos el comunicado de la Misión de Observación Calificada en el Caso Berta Cáceres a través de Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras COPINH– A 11 de febrero de 2020
Europa/Las Américas, 11
de febrero de 2020.- A semanas de cumplirse el cuarto aniversario del asesinato
de Berta Cáceres, organizaciones nacionales e internacionales de derechos
humanos que conformaron la Misión de Observación Calificada hacen público el informe
“Una deuda histórica de la
justicia,” que documenta las observaciones, conclusiones y recomendaciones
resultante del juicio contra las primeras ocho personas juzgadas en 2018 por el
asesinato de Berta Cáceres, lideresa indígena Lenca y coordinadora del Consejo
Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas (COPINH) y la tentativa de
asesinato del ambientalista mexicano Gustavo Castro el 2 de marzo de 2016.
Conferencia de prensa de la Misión de Observación Calificada en el Caso Berta Cáceres, 11 de febrero 2020
“El fin del informe es
proporcionar una herramienta que permita a la sociedad hondureña y a la
comunidad internacional dar seguimiento al proceso judicial por el asesinato de
la lideresa Lenca,” comenta Reynaldo Villalba, abogado defensor de derechos humanos, integrante del CAJAR
en Colombia y Vicepresidente de la Federación Internacional de los Derechos
Humanos (FIDH) y miembro de la Misión. “Como organizaciones de derechos humanos
que han dado un seguimiento constante en la Causa Berta Cáceres, vimos la
necesidad de promover y evaluar el respeto de derechos y libertades bajo los
estándares internacionales y la normativa nacional en los casos relacionados a
personas defensoras de derechos humanos y el sistema de justicia
hondureña.”
El informe destaca los
hallazgos de la observación efectuada durante el juicio de 2018 que concluyó
tras una sentencia condenatoria en la que se establece que Berta Cáceres fue
asesinada por su condición de activista de derechos humanos en defensa del
pueblo Lenca frente la imposición en su territorio del proyecto hidroeléctrico
“Agua Zarca”. Por la autoría intelectual del asesinato no ha sido sentenciada
ninguna persona, sin embargo, David Castillo, gerente de la empresa
hidroeléctrica Desarrollos Energéticos S. A. (DESA), fue capturado en 2018 y
acusado por el Ministerio Público como parte de la autoría intelectual.
“Berta Cáceres vivió una
grave situación de riesgo antes de su asesinato debido a su trabajo como
lideresa indígena de las comunidades de Río Blanco,” afirma Joseph Berra,
abogado estadounidense y director de proyectos del Instituto de la Promesa de
la Universidad de California en Los Ángeles. “Aunque ella denunció los ataques
y amenazas en su contra en el contexto de la instalación del proyecto de
DESA el Estado hondureño no cumplió con
el deber de protección, a pesar de las medidas cautelares otorgadas por la CIDH
para su protección.”
Trabajadores y
extrabajadores de la empresa DESA y dos miembros activos de las Fuerzas Armadas
de Honduras fueron condenados a entre 30 y 50 años de cárcel tras un juicio que
evidenció que Berta sufrió campañas de difamación e intentos de
criminalización, junto con campañas que buscaban acosarla. El tribunal dio por
probado que el asesinato de Berta Cáceres se dio con el conocimiento y
consentimiento de otros ejecutivos de la empresa DESA.
“La Misión ha constatado a lo largo del proceso diferentes
circunstancias que muestran debilidades estructurales del sistema, que
continúan representando limitantes y desafíos para el acceso a la justicia de
la población hondureña,” explica Villalba. “Esta Misión recuerda al Estado de Honduras
que al no proteger este marco de bienes jurídicos, tales como los derechos a la
verdad y al debido proceso podría comprometer otros derechos fundamentales. Estas
debilidades no permiten al Estado garantizar la no-repetición de violaciones
graves de derechos humanos como el caso de Berta Cáceres.”
El informe formula una
serie de recomendaciones al Estado hondureño, como adoptar medidas para
asegurar la protección efectiva de los derechos de los pueblos indígenas dentro
del proceso bajo el principio de no discriminación, cumpliendo las normas
internacionales como el Convenio 169, y desarrollar un marco normativo y
jurisprudencial para la sanción efectiva de representantes del Ministerio
Público cuando desacatan órdenes del poder judicial, entre otras.
“Desde el asesinato de
Berta Cáceres, decenas de líderes y lideresas Indígenas y afro-descendientes
han sido asesinadas en Honduras,” agrega Berra. “Estos crímenes han quedado en
la impunidad. La garantía de no-repetición es un principio y criterio fundamental
de la justicia en estos casos. La justicia en la Causa Berta Cáceres no será
plenamente realizada hasta que las responsabilidades por la autoría intelectual
de los hechos y por las diferentes acciones de retraso y entorpecimiento de la
investigación y juzgamiento del caso sean establecidas.”
El
respeto a los principios y estándares de un juicio justo es esencial no sólo
por representar un avance creíble y sostenible en el proceso de obtención de
justicia por el asesinato de Berta Cáceres, sino para el fortalecimiento del
sistema de justicia como herramienta de garantía de los derechos humanos de la
población hondureña.
El informe nota con preocupación otros vacíos y falencias en causas judiciales paralelas que dieron lugar a pocos avances como la deliberada intención de agentes del Estado de omitir, obstaculizar y entorpecer la investigación de la autoría intelectual de los hechos.
Imágenes: Conferencia de prensa de la Misión de Observación Calificada en el Caso Berta Cáceres, 11 de febrero 2020, Créditos: COPINH
Compartimos esta nota publicada en Pie de Página sobre las conseciones de agua a grandes empresas extractivistas – A 9 de Febrero de 2020
Una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos
al gobierno de Baja California y a la Conagua por violar el derecho
humano al agua de los pobladores de Mexicali alcanzó a la cervecera
Constalleation Brands. La CNDH hizo un llamado a proteger el acceso al
agua de la población
Texto José Ignacio De Alba
La instalación de la empresa Constellation Brands pone en peligro el acceso al agua de la población y de los agricultores del Valle de Mexicali. Esa es la conclusión que se desprende de la recomendación 1/2020 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la cual está dirigida a la Comisión Nacional del Agua y el gobierno de Baja California .
La recomendación hace énfasis en las irregularidades de una entidad
federal y otra estatal para permitir a la mayor cervecera del mundo
instalarse en un área con escasez de agua.
Esta es la primera recomendación emitida por la CNDH desde que Rosario Piedra Ibarra se encuentra al frente de la institución.
El documento señala que la “La Ley de Aguas Nacionales, su Reglamento
y la legislación en materia de agua del estado de Baja California
presentan insuficiencias que obstaculizan el acceso al agua para el
consumo personal y doméstico”.
Mexicali se encuentra en una zona desértica de clima seco, con poca
vegetación, “con acuíferos sobreexplotados, vedados y con un río sujeto a
un Tratado Internacional desde 1944 para su control”, dice el texto.
La CNDH señala que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el
gobierno de Baja California Norte deben privilegiar el acceso al agua de
la población, antes que el uso comercial. La propia comisión estima que
para elaborar un litro de cerveza se requieren 6 de agua.
Abusos empresariales
Constellation Brands, con sede en Nueva York, es líder en la venta de
alcohol en el mundo. La compañía tiene un portafolio con más de 100
marcas de vinos, licores y cervezas. En 2013 la compañía compró Grupo
Modelo, la empresa cervecera más importante de México.
Constaleation Brands tiene plantas de producción en Nava, Coahuila y
Ciudad Obregón, Sonora. Las actividades de la Empresa se orientan
fundamentalmente a la producción de cerveza para su exportación y
posterior distribución en los Estados Unidos, de ahí la necesidad de
realizar sus procesos industriales en puntos estratégicos de la frontera
con ese país.
México es el cuarto exportador de bebidas alcohólicas en el mundo, el principal lugar de destino es Estados Unidos.
En Mexicali el proyecto ha tenido descalabros desde que se anunció su
instalación en 2015. Primero fue la movilización campesina que se
desenvolvió en uno de los movimientos ciudadanos más importantes de los
últimos años en Baja California, con el llamado Mexicali Resiste. Desde
entonces la empresa ha sufrido retrasos para concluir la obra.
Sigue el apoyo gubernamental a la cervecera
León Fierro, integrante de Mexicali Resiste, explica en entrevista
telefónica que “la CNDH no es la institución que nos va a garantizar el
acceso al derecho al agua, pero si es un un punto de apoyo. Porque todas
las instituciones le estaban dando la venia a la empresa”.
Fierro relata que el gobierno morenísta de Jaime Bonilla y el
gobierno federal siguen apoyando la instalación de la cervecera. A pesar
de la recomendación, explica, las acciones contra la instalación de la
empresa continúan:
“Seguimos analizando las vías jurídicas, seguimos con movilizaciones,
estamos articulándonos a nivel nacional. Estamos con la iniciativa Agua
Para Todos, queremos una ley que permita la democratización del acceso
al agua; no solo a los empresarios y sus representantes, en los partidos
políticos”.
Fierro explica que pese a las movilizaciones sociales, Constellation
Brands mantiene irregularidades en la forma de obtener permisos. Incluso
asegura, que no se ha establecido la cantidad de agua que consumirá la
empresa. La propia CNDH señala la necesidad de que la Conagua “haga
públicas las cesiones de derechos tramitadas ante esa autoridad, por
parte de la Empresa”.
Hasta el momento hay, al menos, 30 integrantes de Mexicali Resiste
con procesos judiciales por oponerse a la instalación de la compañía,
explica Fierro.
Entre las recomendaciones de la CNDH a Conagua y al gobierno de Baja California Norte se pide el diseño de “un protocolo para la evaluación de factibilidad del suministro de usuarios industriales con alto consumo por parte de las comisiones estatales de servicios públicos, mismo que deberá prever, entre otros, el análisis de disponibilidad de recursos hídricos, estudio de riesgos e impactos en la provisión a otros usuarios del servicio público, al igual que medidas para la protección prioritaria del abastecimiento humano para fines personales y domésticos”.
Compartimos esta nota publicada en Proceso – A 5 de febrero de 2020
Por Gloria Reza M.
GUADALAJARA, Jal. (apro).– El gobierno de Jalisco detectó que 29
empresas contaminan el río Santiago al descargar aguas residuales que
incumplen con los parámetros que marca la norma.
La coordinadora de Gabinete de Gestión Integral, Patricia Martínez,
informó que, en un recorrido por la cuenca del río Santiago, localizaron
500 puntos de descarga de aguas residuales y tomaron muestras de 150 de
ellas.
Entre las 29 empresas que arrojan contaminantes están Hershey’s México, Nestlé, Urrea Herramientas y Honda.
El informe será entregado el viernes a Víctor Toledo, secretario de
Medio Ambiente del gobierno federal, para que tome las medidas
necesarias.
El titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo
Territorial de Jalisco, (Semadet), Sergio Graf, recordó que el control,
inspección y vigilancia de las descargas peligrosas de la industria es
atribución de la federación.
El funcionario estatal agregó que al estado sólo le corresponde
supervisar al interior de las plantas que descargan residuos no
peligrosos o agropecuarios, entre ellas las tequileras que generan las
vinazas.
Realizan recorrido por el río Santiago
Este miércoles, el gobernador, funcionarios de su gabinete,
empresarios, activistas y el presidente de la Comisión Estatal de
Derechos Humanos, Alfonso Hernández Barrón, realizaron un recorrido por
diferentes municipios para demostrar al ombudsman que el Estado sí
trabaja para abatir la contaminación del río Santiago.
El pasado domingo, Hernández Barrón anunció que harían una segunda macro recomendación sobre el saneamiento del río Santiago.
En respuesta, Enrique Alfaro retó el lunes a Hernández Barrón y a “opinadores” a acudir a una “macroexcursión” para supervisar las inversiones millonarias de su gobierno en el vaso lacustre.
El recorrido incluyó el municipio de Ixtlahuacán, donde se clausuró la tequilera Los Valores.
En el trayecto, realizado en tres autobuses, el gobernador anunció
que firmó un convenio con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para
evitar que continúen las descargas de agua contaminada en el río
Santiago-Lerma, que cruza cinco estados.
Mencionó que se reunió con la directora de Conagua, Blanca Jiménez
Cisneros, “para pedirle que haga su parte”, ya que Jalisco no puede
intervenir para que en las otras entidades eviten descargas.
Además, se solicitará a la dependencia federal acceso a los recursos que se cobran por descargas en Jalisco, para poder financiar la ampliación de la planta de tratamiento del Ahogado.
Compartimos esta nota publicada en Chiapas Paralelo sobre la exigencia que la refresquera salga de San Cristóbal en marco de la movilización nacional para impulsar la Iniciativa de Ley Ciudadana del Agua – A 5 de Febrero de 2020
Por Andrés Domínguez
Alma Rosa Rojas, integrante del Consejo Ciudadano por el Agua y el
Territorio, afirmó que la empresa FEMSA-Coca Cola ha visitado diversos
municipios en los últimos meses con la intención de identificar
afluentes de agua; materia prima para la producción de refrescos
embotellados.
En el marco de la movilización nacional para impulsar la Iniciativa
de Ley Ciudadana del Agua, la ambientalista comentó que ese esfuerzo
busca garantizar el derecho humano al agua bajo principios de equidad y
sustentabilidad, por ello, esta lucha se ve clara en San Cristóbal con
el control del vital líquido de la empresa, así como en otros sitios que
requieren grandes cantidades para minería, agroindustria, empresas
lecheras, cerveceras y refresqueras.
“Esta iniciativa de alguna manera demuestra esperanza, hay muchos colectivos, pueblos y organizaciones que buscan acercarse al agua y no permitir que sea CONAGUA, sino la federación quien detalle los procesos de aprovechamiento. Se está dejando a la gente sin agua” explicó.
En este contexto, Rosa Rojas afirmó que FEMSA-Coca Cola mantiene un
permiso de extracción de un pozo profundo hasta el 2030. Sobre el
aprovechamiento, Otros Mundos, ha señalado que la empresa extrae 1.3 millones de litros al día de San Cristóbal de las Casas.
En diciembre pasado, Colectivos y Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio en México
se pronunciaron en contra de otorgar a la empresa Coca-Cola el derecho
de explotar un tercer pozo en Chiapas, así como no organizar consultas
simuladas y manipuladas sobre megaproyectos. Sin embargo, la propia empresa desmintió tal intención.
“Coca Cola gestionó un permiso para perforar, pero la
idea era saber si el acuífero tenia agua, eso fue lo que nos dijeron vía
solicitudes de transparencia. Si se autorizó la perforación, pero era
solo para ver los niveles” ahondó sobre este punto la activista.
Además, Rosa Rosa comentó que en los últimos dos o tres años, la
empresa ha buscado otros sitios para encontrar mantos acuíferos, tal es
el hecho de la Laguna de la Candelaria, en San Cristóbal de las Casas.
“Es una laguna sagrada, varias comunidades, incluso
Huixtán y Tenejapa se abastecen de ella, llegó la empresa pero la gente
se organizó” mencionó.
Hace unas semanas, por el municipio de Marqués de Comillas, en el
corazón de la Selva Lacandona, se documentó que la empresa realizó el
mismo sondeo, sin embargo, los pobladores no le permitieron la entrada.
Por último, la activista reconoció que si bien la demanda por la salida de la empresa no es de todo el municipio de San Cristóbal, ya que existe una fuerte demanda por el consumo e interés que se trastocan. “Somos grupos sensibles, buscamos se le retire la concesión por el daño que implica la extracción” finalizó.
Fotos: Un grupo de San Cristóbal de las Casas se manifestó a las afueras del Senado de la República para exigir la salida de la empresa. 4 de febrero 2020
