La Empresa Minera Canadiense Torex Gold Resources INC.; Arquetipo de la Violencia en Guerrero

Compartimos el siguiente comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA) – A 4 de octubre de 2019


En las entrañas del municipio de Cocula, en el estado de Guerrero, desde el 2010 la empresa minera canadiense Torex Gold Resources INC., por medio de su subsidiaria “Minera Media Luna S.A. de C.V.” opera, a través de las técnicas a cielo abierto y subterránea, el proyecto para la extracción de oro y plata denominado; “El Limón-Guajes”. Desde su llegada, ha sido una de las empresas “consentidas” de diversos operadores políticos del estado de Guerrero, en especial de los gobernadores en turno, así como también, recurrentemente es visitada por el cuerpo diplomático de la embajada canadiense en México, lo que le ha permitido al Sr. Fred Stanford, presidente, CEO y director de Torex Gold Resources Inc., transitar en total impunidad a pesar de los cientos de agravios cometidos por la empresa y sus violentos operadores, para con las y los pobladores principalmente de las comunidades de Nuevo Balsas, La Fundición, Real de Limón y Atzcala. 

El historial de esta empresa en la zona, incluye varios cierres de operaciones por parte de opositores y trabajadores en donde siempre está presente algún acto violento perpetrado por los trabajadores de la CTM y el crimen organizado, el mismo que, desde hace años, opera abiertamente para la empresa controlando entradas y salidas, ofreciendo empleo y sometiendo a sus caprichos a la población. La lista de agravios de esta empresa es igual de grande que la impunidad en la que opera este país; desde los desplazados de la comunidad La Fundición que tuvieron que huir del país o rumbo a otros estados para no ser asesinados, la aparición de falsas escrituras de tierras para despojar a los dueños originarios, la reubicación forzada para cerca de 170 familias de La Fundición y Real del Limón, la contaminación del agua ocasionada por la minera que afectó para siempre la actividad económica y la salud de las y los pescadores de la comunidad de Nvo. Balsas, contaminación que fue distorsionada, por lo tanto falseada, por la Universidad de Guerrero, lo cual no es casualidad si entendemos que dicha Universidad está siendo financiada desde hace años tanto por la Torex Gold como en su momento por la Goldcorp que operaba en Carrizalillo.

También se suman a las agresiones múltiples extorsiones, levantones y secuestros, que nos hacen recordar la ocurrida a los 3 hermanos Víctor, Miguel y Modesto Rebolledo Salinas, miembros del ejido Real del Limón, quienes fueron levantados no sin antes haber sido balaceado, el otro hermano, Eligio Rebolledo Salinas, lo que también nos trae a la memoria el asesinato de otros dos hermanos; Víctor y Marcelino Sahuanitla Peña, trabajadores de la empresa que se opusieron a continuar siendo explotados por la empresa y el sindicato de la CTM. Lo “singular” del asesinato de ambos hermanos, es que suceden ante la mirada de unos “militares” adscritos a la patrulla número 0827327 quienes pocos días antes instalaron un reten de seguridad, porque ese proceso se encontraba en un momento álgido del cierre de la empresa ocasionado por poco más de 600 trabajadores quienes luchaban por ejercer su libertad de asociación, la libertad sindical y la libertad de negociación colectiva como derechos fundamentales. Poco después asesinaron a otro de los principales líderes de ese movimiento obrero patronal, el Sr. Quintín Salgado Salgado. La Limpia de Luchadores por sus Derechos, por parte de la empresa Torex Gold y sus sicarios, incluye por supuesto, despidos individuales y masivos, y persiste una persecución que raya en lo grotesco, porque continúan las desapariciones de opositores como le ocurrió a Óscar Hernández Romero este 23 de septiembre de este año, a quien desde entonces más de 100 personas salieron a buscarlo en diferentes rincones de Cocula. La causa de esta desaparición es porque 200 trabajadores que fueron despedidos de forma injustificada, sostienen una demanda contra la empresa. Ahora la seudopolicia comunitaria e integrada por sicarios que opera en la zona a favor de la empresa, ha decidido detener la búsqueda y mantiene amenazada de muerte a las y los amigos que buscan a su líder.

Aquí detenemos este breve relato de los recurrentes agravios de la violenta empresa minera canadiense Torex Gold Resources INC., porque se hace necesario poner en la mira del público una historia no contada o poco analizada, quizás únicamente por el Diario el Sur de Acapulco.

Desde el cierre de las operaciones de la empresa promovido por los poco más de 600 trabajadores de la mina, exigiéndole a la empresa canadiense DESCONOCER el contrato colectivo de trabajo que mantenían con el sindicato de la CTM, poco a poco se fueron presentando una serie de acontecimientos violentos que le fueron dando más y más notoriedad a este caso. Fue así que se intentaron visitas solidarias de diferentes actores, mismas que en el camino a las comunidades fueron detenidas por grupos de sicarios. También aparecieron los más altos niveles del gobierno del estado, el cuerpo diplomático canadiense, la policía estatal y municipal, la gendarmería y el ejercito, así como se presentó el Sindicato de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (STMMSRM), liderada por el actual Senador Gómez Urrutia quien, utilizando la influencia canadiense de la que goza, hizo participes de este conflicto al Sindicato de los Trabajadores del Acero de Canadá (USW), quienes solicitaron la intervención del primer ministro Justin Trudeau para con las autoridades mexicanas, y detener la represión contra los promoventes del paro laboral. El sindicato canadiense también emitió un boletín denunciando “que la filial de Torex Gold Resources pactó una alianza con la CTM para afiliar a todos sus trabajadores en el sindicato -sin su consentimiento-, y recordó que esta “práctica corrupta” es ilegal, tanto en Canadá, como Estados Unidos”. La asesoría de estos sindicatos, pronto llevó el caso a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, en donde por lo menos se efectuaron dos audiencias públicas y determinar fecha en la cual se llevaría a cabo la votación para la selección del sindicato, que claramente apuntaba a la creación de una sección a cargo del STMMSRM.

Por los medios se anunció la fecha en la cual se realizaría el conteo que finalmente definiría el cambio de sindicato. Sin embargo, un día antes de la fecha dispuesta por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, la empresa movió por todos lados un comunicado, en el cual hacia manifiesto su gusto por finalmente las partes haber establecido un acuerdo interno, con el cual se levantó el bloqueo y así, de un plumazo, quedó en el “olvido público” el conflicto, los asesinatos, los secuestros, las extorsiones, al mismo tiempo que no se supo más tampoco del apoyo nacional que habían recibido los opositores por parte del STMMSRM o del apoyo internacional del USW. Las auto-loas del artífice represor el Sr. Fred Stanford, director de Torex Gold Resources Inc., fueron exuberantes y llenas del buen proceder empresarial, pero todo fue mentira, porque los relatos de los opositores citan que fue el crimen organizado a cargo de la empresa quienes concluyeron con el plantón, se presentaron y de golpe y porrazo las y los amenazaron con masacrarlos a todos, si no terminaban con el paro laboral. Todos se retiraron sin decir nada; sindicatos (nacional y extranjero), gobierno estatal y municipal, Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, consulado canadiense en México, fuerzas armadas del estado y federales, mientras el Sr. Stanford salía en todos lados celebrando su “el gran acuerdo”.

Esta reseña sirve para ubicar que, la violenta realidad que viven los pueblos del Mpio. de Cocula y de los municipios del rededor, no ha cambiado a favor un sólo milímetro. El gobierno federal sigue ausente de la zona, aun a pesar del efecto creado por el caso de los muchachos de Ayotzinapa, por lo tanto, la impunidad sigue siendo el elemento central del poder corporativo empresarial que tiene sumisos, sometidos y comprados a cada uno de los operadores políticos del estado. El progreso y desarrollo minero, tal cual lo hemos documentado y denunciado hasta el hartazgo como REMA, es por decirlo suavemente una barbaridad.

REMA se solidariza con la lucha de las y los compañeros que viven la violencia sistémica en toda la zona conocida como el “Cinturón Dorado” del Estado de Guerrero. Sabemos que es una lucha que ustedes hacen en soledad absoluta, porque ahí El Estado tiene rato que le pertenece al crimen organizado y a las empresas mineras, y en ese contexto, reconocemos cada uno de sus enormes esfuerzos por mantener la cabeza erguida y seguir luchado por la vida.

¿CUÁNDO TERMINARÁ LA SIMULACIÓN Y LA IMPUNIDAD?

SI LA 4T NO PONE EN PERSPECTIVA ESTE TEMA DE FONDO, TODO LO QUE DIGAN EN LAS MAÑANERAS, ES TOTALMENTE IRRELEVANTE

APARICIÓN CON VIDA DE ÓSCAR HERNÁNDEZ ROMERO

POR TERRITORIOS LIBRES DE MINERIA

Firma

RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA

Imagen: Mina La Media Luna Créditos: Forbes México

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Zacatecas: Se interpone nueva denuncia penal por intervención de maquinaría en el Ejido El Potrero

Comparitmos este comunicado del Observatorio de conflictos Mineros de Zacatecas, el Movimiento en Defensa del Territorio y del Río Atenco y la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA) – a 4 de octubre 2019


Ejido El Potrero, Zacatecas, 4 de octubre del 2019

El Comisariado Ejidal del Ejido El Potrero, ubicado en el municipio de Jiménez del Teul, interpuso otra denuncia penal en el Módulo de Atención Temprana del Distrito Judicial en Sombrerete, perteneciente a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Zacatecas radicada con el folio 618/2019-10. Esta nueva denuncia se suma a una vasta lista de acciones jurídicas impulsadas por los campesinos de los ejidos ante las constantes irregularidades y delitos cometidos por el gobierno del estado de Zacatecas en su afanoso interés por imponer la construcción de la Presa Milpillas. Del mismo modo, el jueves 03 de octubre se entregó una solicitud en el H. Ayuntamiento de Jiménez del Teul dirigido a Victoriana Espinosa Sánchez, actual presidenta municipal, exigiendo que respete la autonomía del ejido y se informe con el debido procedimiento al Comisariado Ejidal cualquier acción que pretendan llevar a cabo sobre su territorio. 

Toda vez, que el pasado jueves 26 de septiembre alrededor de las 10:00 am, las y los ejidatarios se percataron de dos camiones de carga con la leyenda de “Obras Públicas” en sus ejidos, contrario a lo que dice Maldonado. Uno de los vehículos responde al código VY-37 con placas XG-0995-A, además, se identificaron dos máquinas: una retroexcavadora tipo CAT y otra motoconformadora. Es importante señalar que el ejido no ha otorgado permiso alguno al gobierno municipal y estatal para el acceso de maquinaria y realizar trabajos sobre los terrenos de uso común. Por lo tanto, consideramos que una vez más, los gobiernos encabezados por Alejandro Tello Cristerna y Victoriana Espinosa Sánchez violentan la tranquilidad y los derechos colectivos de las y los campesinos zacatecanos establecidos en la Ley Agraria. Esto, debido a que no conformes con introducir la maquinaria de forma ilegal, los automotores se encuentran extrayendo material de tepetate para el revestimiento de caminos, ocasionando un daño irreversible al territorio al extraer los recursos sin autorización, esto significa, que también están robando al ejido. Los impactos por la destrucción ambiental y la pérdida de biodiversidad para ampliar un camino de 3 metros a 4 metros de ancho por un kilómetro de largo y que va rumbo a la ubicación de la pretendida Presa Milpillas es muy visible.

Denunciamos que las acciones y estrategias de quienes promueven el Megaproyecto Hidráulico “Milpillas”, encabezado por el gobierno del estado de Zacatecas, demuestran desesperación y una urgencia plagada de violencia, corrupción, actos ilegales y autoritarios, a pesar de que dicho proyecto no es social ni ambientalmente viable.

Responsabilizamos al Gobernador Alejandro Tello Cristerna de cualquier agresión física y/o conato de violencia en los ejidos de El Potrero, Atotonilco, Estancia de Guadalupe y Corrales, sobre todo, por la integridad de las y los campesinos que conforman el Movimiento en Defensa del Territorio y del Río Atenco. Finalmente, el Movimiento en Defensa del Territorio y del Río Atenco, el Observatorio de Conflictos Mineros de Zacatecas y la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería, nos deslindamos de cualquier figura, caudillo o líder político-partidista. Somos y seremos un movimiento autónomo que lucha por combatir al modelo extractivo, que indistintamente del partido que ostente el poder, está depredando al país y despojando a los pueblos y comunidades con el objetivo de obtener ganancias económicas para unos y pobreza para otros.

#LaPresaMilpillasNoEsLaOpcion #RíoAtencoLibre #NoALaPresaMilpillas

A T EN T A M E N T E

MOVIMIENTO EN DEFENSA DEL TERRITORIO Y DEL RÍO ATENCO RED MEXICANA DE AFECTADAS/OS POR LA MINERÍA OBSERVATORIO DE CONFLICTOS MINEROS DE ZACATECAS

Imagen: Maquinaria pesada realiza obras de la presa Milpillas. Foto: Especial

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Declaratoria: Primer Encuentro Continental por Agua, Energía y Soberanía de los Pueblos

Compartimos la declaratoria del Primer Encuentro Continental de Afectados Represas en Panamá – A septiembre de 2019  >>Descargar declaratoria en pdf<<

Panamá, 27 de Setiembre de 2019.

DECLARACIÓN

Primer Encuentro Continental por Agua, Energía y Soberanía de los Pueblos

Movimiento de Afectadas/os por Represas – MAR

Nosotras y nosotros afectadas/os por represas, representantes de pueblos que luchan en 19 países de América y Uganda en África, nos encontramos en la Universidad de Panamá entre los días 24 al 27 de septiembre de 2019 para evaluar y actualizar el proceso político y organizativo del Movimiento de Afectados por Represas – MAR- en su tercer aniversario. 

Nos encontramos ante un nuevo orden mundial que se caracteriza por la disputa de hegemonía entre Estados Unidos y China. Percibimos la restauración del poder oligárquico y militar, la captura de los Estados por parte del poder corporativo mafioso que despoja nuestros territorios, asimismo el retorno de la extrema derecha fascista al poder, que sin duda constituye una clara amenaza a los procesos democráticos y a la libre determinación de los pueblos. Esta tendencia profundiza las violaciones sistemáticas a nuestros derechos fundamentales, la militarización, la represión y el despojo de los bienes naturales comunes estratégicos. Cabe a nosotros la resistencia activa.

Evaluamos la importancia histórica de la construcción del MAR – como Movimiento autónomo, de lucha, con rostros regionales que contribuyen a la resistencia en prácticamente todo el continente. La importancia que tuvo en el último período el proceso de formación de militantes de nuestra organización, a partir de estudios de la realidad latinoamericana. El intercambio de experiencias, la convivencia fraterna entre las diversas organizaciones de afectadas y afectados con nuestros aliados en cada país, muestran vitalidad y compromiso con los cambios sociales necesarios en el Continente.

Reconocemos también la necesidad de dar saltos de calidad en nuestra organización para que podamos enfrentar los desafíos del tiempo que vivimos.

La lucha por una sociedad alternativa, por un proyecto energético popular y por los derechos de las /los afectadas/os con soberanía de los pueblos, son retos que ratificamos y queremos construir.

A partir de estos desafíos, reafirmamos nuestros compromisos de fortalecer los movimientos con carácter nacional, el trabajo de base y la militancia con mayor participación de mujeres y jóvenes. En este sentido, visualizamos el MAR como referente de articulación y lucha continental, de la necesidad de construcción de alianzas estratégicas para avanzar con las transformaciones estructurales, superar el sistema capitalista excluyente y patriarcal por una nueva sociedad justa y equitativa.

En este histórico Encuentro Continental, participaron procesos organizativos de Estados Unidos y Canadá, e invitamos a los demás países que no están organizados junto al MAR a integrarse y que puedan contribuir para esta construcción continental desde los esfuerzos colectivos en sus territorios. Rechazamos las sanciones impuestas por el Gobierno de Estados Unidos que dificultó la presencia de representantes de Venezuela en nuestro Encuentro, al igual que la arbitrariedad en la aplicación de protocolos migratorios en Panamá, abiertos a criterios de racismo, clasismo y tráfico de influencias en el Aeropuerto lo cual impidió la entrada de 5 adultos y 1 niño procedentes de Honduras que aun cumpliendo los requerimientos fueron deportados de forma inexplicable a pesar de mostrar documentación, boleto de regreso a su país e invitación al Encuentro Continental en la Universidad de Panamá. Con nuestra lucha y organización hemos de superar estos momentos de violencia y persecución política contra nuestros pueblos hermanos.

Que se alce el puño, que se alce la mano, que se levante el pueblo latinoamericano

¡Agua y energía, no son mercancías!

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Imágenes: Área de comunicación del MAR

Más información:

[Audio] EL CHAPUZÓN – Primer encuentro continental de comunidades afectadas por represas 

Un MAR de lucha contra las grandes represas – Encuentro continental de afectados por represas

[Audio] EL CHAPUZÓN – Primer encuentro continental de comunidades afectadas por represas

Compartimos este audio producido por el Movimiento Ríos Vivos de Costa Rica sobre el Primer Encuentro de Comunidades Afectadas por Represas – A 2 de septiembre 2019

Un programa especial desde el Encuentro Continental de Comunidades Afectadas por Represas. Mensajes de lucha y solidaridad!

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Imagen: Radio temblor – panamá 2019

Más información: 

Un MAR de lucha contra las grandes represas – Encuentro continental de afectados por represas

El Escaramujo 77: AMLO, ¿Progresista o de Izquierda?

Los “Escaramujos” son documentos de análisis producidos por Otros Mundos A.C. Les presentamos el último número de la colección, esperando les sirva para sus trabajos en defensa de los territorios. (Ver todos los números del Escaramujo)  

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El primero de Julio de 2018 se llevaron a cabo unas históricas elecciones donde el pueblo mexicano otorgó la presidencia a Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y a su Partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) que, en coalición con otros partidos, arrasó en prácticamente todo el país las candidaturas a elección popular. Muchas reflexiones, pronósticos y diagnósticos se han hecho y se siguen haciendo sobre su significado hoy, a mediano y largo plazo. Y aunque todavía no toma posesión de la presidencia, para muchos ya no cumplió con sus promesas y para otros nunca lo hará. Para otras personas el cambio radical por fin ha llegado. Y hay quien dice que es necesario esperar más tiempo para ver en realidad si se producen esos cambios esperados. En fin, por ello quien escribe sobre estos pronósticos se arriesga a recibir aceptaciones o críticas. Nos arriesgamos.

México ha pasado por unas elecciones históricas.

AMLO ganó la presidencia con el 53.19% de las preferencias -seguido por Ricardo Anaya con 22.27%-, y con más de 30 millones de votos a su favor. Este es su tercer intento por llegar a la presidencia (2006, 2012 y 2018). Luego de 12 años después de su primera candidatura, se encuentra con un México más devastado por la violencia, los feminicidios, los desaparecidos, la corrupción, el crimen organizado, la pobreza, el extractivismo, la deuda externa disparada, así como cambios constitucionales y de leyes secundarias por medio de las cuales se ha vendido al país a las corporaciones transnacionales que disputan los territorios a los pueblos indígenas, campesinos e incluso urbanos.

Es originario del estado de Tabasco y quien fuera del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido de la Revolución Democrática (PRD) de quienes se separó años atrás. Fue Jefe de Gobierno de la Ciudad de México del 2000 al 2005. En 2011 inicia la génesis de lo que será luego el Partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) que obtiene su registro en 2014.

De una lista nominal de 89.2 millones de personas, votaron más de 56 millones de mexicanos y mexicanas, datos récord en la historia del país. Es la primera vez que se eligen a tantas autoridades en todas las 30 entidades del territorio mexicano, más de 3,000 cargos públicos: el Presidente de la República, el 100% de la Cámara de Diputados compuesto por 500 diputados, 128 senadores, 8 gubernaturas, la Jefatura de la ciudad de México y sus 16 alcaldías, 972 diputaciones locales, 1,596 ayuntamientos y 184 juntas municipales.

Los fraudes en los procesos electorales anteriores en México han sido descomunales y en el contexto de una creciente violencia. Y éste no es la excepción. El año 2017 fue el año más violento registrado en las últimas décadas. Previo a las elecciones de julio 2018 se dieron más asesinatos y durante la jornada se registraron robo de urnas y amedrentamientos por parte de grupos armados. Según el Séptimo Informe de Violencia Política en México 2018 de la consultoría Etellekt, se registraron 774 agresiones a políticos entre el 8 de septiembre de 2017 y el 1 de julio 2018, de las cuales 152 fueron asesinatos. Otras fuentes señalan que de las aproximadamente 90 personas asesinadas durante el proceso preelectoral hasta la fecha, todos miembros de partidos o candidatos a diversos cargos públicos, más de 30 han sido de MORENA. Pese a todo ello, estas elecciones fueron calificadas sin violencia ni fraude. Y es que la contundencia de los millones de votantes a favor de AMLO opacó el hecho de que este proceso electoral ha sido el más violento en los últimos 20 años.

Sin embargo, no hay que olvidar que no todo fue a favor de AMLO, sino a favor del hartazgo de la sociedad mexicana frente a los gobiernos presidenciales siempre del PRI y los dos únicos del Partido Acción Nacional (PAN) (2000-2006 y 2006-2012), que generaron en la población un anhelo de cambio hasta en los estados en que nunca se había visto, menos en uno, en Guanajuato. Lo jamás visto. Por ello, el Presidente más impopular, ridiculizado y vilipendiado por la sociedad mexicana, al ver el tsunami electoral en su contra, se apresuró a firmar diez decretos que suprimen vedas para facilitar la extracción del agua por las empresas y amarrar otras acciones que garantizaran la continuidad del entreguismo del país al mercado transnacional. Y por cierto, tampoco se produjo la crisis en la bolsa tan anunciada ni la fuga de capitales masivos. No se fueron las empresas del país y tampoco se devaluó terriblemente la moneda.

Sí habrá “cambios”: el maquillaje político y social.

AMLO ejecutará acciones que significarán mucho para la población mexicana, pero serán simbólicas ya que no van a tocar, ya no digamos modificar, la raíz del problema. Y ello no significa que no sean buenos y necesarios. Lo son dentro de un proceso de transición de largo plazo ya que no se logra enfrentar a tantos intereses enquistados en el aparato de gobierno. Sin embargo, pronto no serán suficientes para el pueblo mexicano que exige un cambio de rumbo en la política económica del país.

De cualquier modo, el maquillaje político y social tendrá su atractivo y la tentación a que su gobierno sea intocable a las críticas. Por ejemplo, las propuestas que ha expresado AMLO ahora y desde hace años: no usar el avión presidencial de lujo, vender la flota de transporte aéreo de la presidencia, reducir salarios a los funcionarios, vivir en austeridad, no aceptar guardaespaldas, no vivir en la casa presidencial de Los Pinos y convertirlo en parte del Bosque de Chapultepec. Otorgar becas para estudiantes o eliminar los sueldos vitalicios a los ex presidentes; decretar que nadie gane más sueldo que el presidente de la República que lo definirá en 108 mil pesos mensuales. Quitarle inmunidad al Presidente para que sea juzgado por delitos electorales y de corrupción así como eliminar fueros y privilegios a funcionarios públicos. Tipificar como delitos graves el tráfico de influencias y la asociación entre empresas y funcionarios públicos para defraudar a Hacienda. Lograr la autonomía de la Fiscalía General; combatir la corrupción y acabar con la impunidad; combatir el fraude electoral; no comprar más bienes inmuebles y disminuir la planta de asesores de las secretarías; eliminar los bonos a los funcionarios y las estructuras y programas duplicados en el gobierno; disminuir viáticos, viajes al extranjero y personal de confianza. Prohibir el uso de vehículos públicos para fines personales; no contratar a familiares y reducir el 50% el gasto de publicidad del gobierno. Los funcionarios públicos no podrán convivir en fiestas con contratistas, grandes empresarios o proveedores a la función pública. Los choferes solo serán para secretarios y subsecretarios; y los policías y militares ya no estarán al servicio de funcionarios o particulares. El Estado Mayor Presidencial se incorporará por completo a la Secretaría de la Defensa; cancelar toda labor de espionaje o intervención telefónica que afecta a la privacidad de las personas; ahorrar en gastos operativos en todas las oficinas de gobierno; transparentar las licitaciones públicas; limitar las partidas en los presupuestos de diputados y senadores. Los funcionarios públicos no podrán recibir regalos mayores a 5 mil pesos y eliminar la contratación de despachos de asesores. En las relaciones comerciales con empresas trasnacionales se priorizarán aquellas cuyos países y gobiernos se caractericen por su honestidad y combatan la corrupción y se eliminará la figura de la “Primera Dama”, entre otras medidas.

Incluso anuncia que retomará los Acuerdos de San Andrés firmados entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y el Gobierno Federal en 1996, lo que ha desatado una polémica y respuesta de los zapatistas que se enfrentaron con él en 2006 para evitar que llegara AMLO a la presidencia según anunciaron en sus comunicados de aquél entonces. Sin embargo, no hay que olvidar que los resultados de la Mesa 1 sobre “Derechos y Cultura Indígena” contradecían radicalmente la política impuesta por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional en el sentido de privatizar la educación, la salud, las tierras o los monumentos históricos del país. Por ello, el gobierno traicionó los Acuerdos de San Andrés sobre la autonomía de los pueblos indígenas sobre sus territorios, ya que la agenda de los Tratados de Libre Comercio incluía la privatización del 52% el territorio nacional que se encontraban en manos de ejidatarios y comuneros donde la inversión extranjera esperaba arribar con sus proyectos extractivos. Y eso es algo que muchos sectores del país no lograron entender, que los zapatistas luchaban por toda la población mexicana en contra de las políticas neoliberales. Razón tienen en no creer en las promesas del “mal gobierno”. Pero si AMLO efectivamente quiere cumplir con los Acuerdos de San Andrés tendría que echar atrás las reformas constitucionales, la Ley de Seguridad Interior, la Reforma Energética, otras leyes secundarias así como muchas privatizaciones y los proyectos extractivos del país. Sin embargo, ha afirmado en varias ocasiones que sus acciones se realizarán dentro del “marco legal actual”, por lo que no habrá cambios.

Su futura Secretaria de Energía, Rocío Nahle García, así como el futuro titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, de lamentables antecedentes políticos, han anunciado que no se echará abajo la Reforma Energética votada en diciembre del 2013, la cual aceleró el despojo de los territorios acabando con la nacionalización de la producción petrolera y abriendo las puertas al fracking. Así, el cumplimiento con los Acuerdos de San Andrés implicaría oponerse frontal y radicalmente al capitalismo atroz que galopa impune en el país, por lo que se antoja imposible, y muy probablemente sus acciones en la materia no pasarán de algunos elementos de maquillaje. Y mucho menos se vislumbra que los otros temas que quedaron pendientes en el proceso de paz se continúen.

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Más Escaramujos:

El Escaramujo 73: Ley de Seguridad Interior en México

Los “Escaramujos” son documentos de análisis producidos por Otros Mundos A.C. Les presentamos el último número de la colección, esperando les sirva para sus trabajos en defensa de los territorios. (Ver todos los números del Escaramujo)  

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La Ley de Seguridad Interior legaliza y pone los cimientos de una especie de «Dictadura» o de estado totalitario con el uso a discreción del Presidente sobre las Fuerzas Armadas (Ejército, Armada o Marina y Fuerza Área), así como de las instituciones policiales de todo el país. México estará bajo la lupa de la inteligencia y el espionaje militar. Gobiernos estatales y municipales podrán quedar relegados por el Presidente y pierden su autonomía además de obligarse a financiar las acciones que realicen las instituciones de los tres niveles de gobierno, Fuerzas Armadas y policiales que el Ejecutivo defina. El Decreto Presidencial le permite al Ejecutivo un marco jurídico para usar la represión, estados de excepción y otras violaciones a los derechos humanos al margen de la Constitución, derogando toda disposición que contravenga esta Ley que otorga al Ejército demasiadas atribuciones. Este Decreto no encuentra consenso social. Sectores de todo tipo, tanto nacionales como internacionales han levantado la alerta y los peligros que conlleva esta Ley. Esta concentración de poder por encima de la Constitución, de estructuras y mecanismos democráticos de control, lleva a un exceso de autoridad y abuso de ella por parte de la figura presidencial como Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas que llevará inequívocamente a más violación de los derechos humanos.

Bajo el pretexto de la lucha contra el narcotráfico y la criminalización al movimiento social, el Presidente ofrece la seguridad política, social, territorial y legal para la extracción de los recursos que se llevan a cabo y los que se avecinan en el marco de la liberalización total del comercio y de la imposición de las Zonas Económicas Especiales. Minería, gas, fracking, petróleo, monocultivos forestales y transgénicos, complejos turísticos, parques industriales, gasoductos, oleoductos, regasificadoras, puertos marítimos, aeropuertos, autopistas, represas, hipermercados, puentes y los parques eólicos son el horizonte del supuesto desarrollo y con ello del despojo de la población de su territorios rurales y urbanos. Ante ello, en el marco de la acumulación de capital, de la profundización de los tratados de libre comercio e inversiones multimillonarias en estos magaproyectos con irreversibles consecuencias sociales y ambientales, donde la protesta social acumula fuerza y movilización, esta Ley llega en el momento adecuado para la dictadura del capital. Esta acumulación llega a tal cenit que requiere el uso de las fuerzas militares y policiacas para imponerse.

Analicemos el Decreto de Ley y los elementos fundamentales

¿Quiénes fueron responsables de esta Ley?

La enorme y trascendente responsabilidad de los partidos políticos y en concreto de los diputados que la votaron en 2017 traerá enormes consecuencias para el pueblo mexicano. La Ley se aprobó con el voto de 248 personas en el Congreso mientras que 87 de ellos no asistieron. Votaron en contra 115 y 48 se abstuvieron. De los diputados que votaron a favor 183 fueron del PRI, 35 del Partido Verde Ecologista de México, 14 del PAN, 9 del Partido Encuentro Social, 9 de Nueva Alianza y 2 del PRD. Votaron en contra 17 diputados del PAN, 39 del PRD; todos los 39 de Morena y 17 de Movimiento Ciudadano, y un diputado independiente. Las 48 personas que se abstuvieron todas fueron del PAN. Así, el 21 de Diciembre de 2017 el Presidente Enrique Peña Nieto publicó el Decreto de la Ley de Seguridad Interior que contiene 35 artículos. Por tanto, la izquierda partidista en el Congreso con capacidad de incidir, sigue inexistente.

¿Existe una fuerza política de izquierda capaz de revertir esta tendencia? ¿Es el escenario político-partidistaelectoral el que detendrá este capitalismo atroz?

Los conceptos claves para entender esta Ley

Para entender el contenido, esta Ley define como: (Artículo 4)

a) «Acciones de Seguridad Interior»: «Aquellas que realizan las autoridades federales, incluyendo las Fuerzas Armadas, por sí o en coordinación con los demás órdenes de gobierno, orientadas a identificar, prevenir, atender, reducir y contener riesgos y amenazas a la seguridad interior.»

Queda ambiguo lo que significa “identificar”, “prevenir”, “atender”, “reducir”, “contener riesgos” y “amenazas”. Si hubiera un problema de educación o salud, podríamos adivinar más o menos el tipo de políticas y acciones preventivas que definieran estos conceptos y sus acciones. Pero en el uso de la fuerza militar y policiaca, reducir y contener lo que se considere una amenaza no garantiza el respeto a los derechos humanos por parte de los cuerpos de represión que lo que menos tienen es conocimiento y formación en materia de derechos humanos.

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El Escaramujo 72: La Zona Económica Especial de Puerto Chiapas

Los “Escaramujos” son documentos de análisis producidos por Otros Mundos A.C. Les presentamos el último número de la colección, esperando les sirva para sus trabajos en defensa de los territorios. (Ver todos los números del Escaramujo)  

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El Presidente Enrique Peña Nieto emitió en septiembre de 2017 el Decreto de la Declaración de la Zona Económica Especial de Puerto Chiapas (ZEEPChis) ubicado en el sureste de México, previo consentimiento del gobierno de Chiapas y del presidente municipal de Tapachula.

Ya en otro momento hemos descrito qué es y en qué consiste una Zona Económica Especial (ZEE) en el marco de la ley publicada el 1 de junio de 2016. Ahora corroboramos que esta ZEE implicará el despojo a los productores campesinos de sus territorios ejidales para entregarlos a las corporaciones transnacionales. Del mismo modo acelerará la extracción de bienes comunes de la región y fortalecerá la instalación de proyectos mineros, represas, gasoductos, así como los monocultivos de palma de aceite y todo lo necesario para alimentar de insumos a esta especie de ciudad “amurallada” o “país” dentro del país. El tamaño de esta ZEE inicialmente equivale al 9% del territorio del municipio de Tapachula; será alrededor de dos veces más grande que la ciudad de San Cristóbal de las Casas y 1,5 veces más grande que la ciudad de Tapachula. Al menos 20 municipios del estado de Chiapas son de menor extensión territorial que la ZEEPChis.

Las empresas que se instalen en la ZEE no pagarán impuestos y tampoco lo hará por el uso, goce o aprovechamiento de bienes del dominio público de la Federación, lo que significará disminuir los ingresos públicos que podrían ser destinados a educación, salud, entre otros rubros. Se acrecentará la pobreza y encarecerá la vida de la región. Su operación implicará un exceso de consumo de energía pero además de agua que la competirá con las comunidades y la región aledaña. Sus residuos solidos y líquidos pondrán en crisis no sólo la actividad pesquera local sino la Reserva La Encrucijada que pretende proteger el bosque de manglar.

Así, los más ricos se harán más ricos. Y las grandes empresas trasnacionales chinas, europeas y de otras latitudes se beneficiarán todavía más en el marco de los Tratados de Libre Comercio que se perfilan hacia el mercado asiático.

Esta especie de ciudad amurallada, territorio liberado a las empresas trasnacionales, tendrán un paraíso fiscal y su propio régimen aduanal. La población mexicana subsidiará esta especie de supuesto “desarrollo” para que las corporaciones trasnacionales se enriquezcan más. No pagarán impuestos por importar ni exportar; podrán recibir descuentos fiscales si capacitan a los trabajadores y podrán acceder a los insumos de la región como esponjas que absorberán los recursos locales para añadirles valor y hacer grandes negocios.

El municipio fronterizo de Tapachula donde se ubicará la ZEEPChis cuenta con 348,156 habitantes; se ubica en la Región X – Soconusco. Según el Decreto ésta Región cuenta con la mayor superficie sembrada, número de cultivos, producción y valor de las 15 Regiones Socioeconómicas de Chiapas. Las actividades económicas se concentran en el sector terciario ya que el 51% de la población se ocupa en actividades del comercio y servicios de alojamiento temporal y preparación de alimentos y bebidas; y el 10% en actividades de mayor valor agregado como las industrias manufactureras.

Sin embargo, pese al significado real de esta ZEE, el texto del Decreto insiste en que impulsará el “crecimiento económico sostenible que, entre otros fines, reduzca la pobreza, permita la provisión de servicios básicos y expanda las oportunidades para vidas saludables y productivas, en las regiones del país que tengan mayores rezagos en desarrollo social, a través del fomento de la inversión, la productividad, la competitividad, el empleo y una mejor distribución del ingreso entre la población.” El Decreto insiste en que la ZEEPChis es un “proyecto ambientalmente viable”, y que cuenta con “la realización de las medidas de mitigación que deban realizarse para prevenir, reducir o compensar los impactos ambientales” que “podrían ocasionarse”.

Hagamos entonces un resumen del contenido del Decreto de la ZEEPChis. Según este Decreto, contará con las siguientes características:

  • 1) UBICACIÓN: Se ubicará en Tapachula, municipio fronterizo con Guatemala y en un polígono adyacente al Puerto Chiapas. Este municipio colinda con los municipios de Motozintla, Cacahoatán, Tuxtla Chico, Frontera Hidalgo, Suchiate, Huehuetán, Mazatán y Tuzantán. También colinda con el Océano Pacífico y la República de Guatemala. Estará custodiada por la 36 Zona Militar de Tapachula, la Comandancia del Sector Naval Militar de Chiapas y la Comandancia del Grupo ASIECHIS de Infantería en Chapas ubicado en Puerto Chiapas. Así como de otros muchos batallones y controles militares de la región.
  • 2) INFRAESTRUCTURA: “(…) el Dictamen de viabilidad establece que, con base en los criterios de cercanía e integración con la infraestructura portuaria, aeroportuaria, carretera y ferroviaria; el entorno de usos industriales existentes o previos; la proximidad a asentamientos humanos de más de cincuenta mil habitantes que permitan la disponibilidad de mano de obra, así como el acceso disponible o potencial a fuentes de energía, agua, red de drenaje, y tratamiento de aguas y residuos sólidos, entre otros.”
  • 3) EXTENSIÓN: La ZEEPChis tendrá una superficie es de 8,611-55 hectáreas (ocho mil seiscientas once hectáreas, cincuenta y cinco áreas) que equivalen a 86.11 kilómetros cuadrados y a la extensión que ocupan 8 mil campos de fútbol. Incluye 8,216-51 hectáreas (ocho mil doscientas dieciséis hectáreas, cincuenta y un áreas) sin restricciones ambientales, de uso de suelo o de otra índole. El tamaño de esta ZEE inicialmente equivale al 9% del territorio del municipio de Tapachula que cuenta con 93,615 has; será alrededor de dos veces más grande que la ciudad de San Cristóbal de las Casas y 1,5 veces más grande que la ciudad de Tapachula. La ZEEPChis tiene una extensión mayor a los de 20 municipios de Chiapas. Esto equivale a que la ZEEPChis es mayor al 16% de los municipios de la entidad:

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El Escaramujo 68: La Iniciativa de Reducción de Emisiones en Chiapas

Los “Escaramujos” son documentos de análisis producidos por Otros Mundos A.C. Les presentamos el último número de la colección, esperando les sirva para sus trabajos en defensa de los territorios. (Ver todos los números del Escaramujo)  

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Comunidades campesinas e indígenas en el punto de mira

Distintas organizaciones sociales y ambientalistas, así como varios académicos, han denunciado los sesgos en los análisis sobre deforestación y degradación hechos por instituciones promotoras de los programas de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación forestal (REDD+) . El estudio de Dooley et al (2011) reveló cómo los 1 documentos nacionales de preparación a REDD+ en Perú, Panamá, Indonesia, el Congo y otros países terminaban culpando, sin pruebas contundentes , a los pequeños agricultores y 2 la agricultura de subsistencia como las principales causas de deforestación.

Por su parte, el Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales (en inglés World Rainforest Movement, WRM) y la organización española GRAIN señalan en una publicación del año 2015 (WRM y GRAIN, 2015) cómo en los proyectos REDD+ se planean medidas como la reducción y regulación del acceso a la tierra a los campesinos y pueblos indígenas bajo el argumento de que la agricultura en sistema roza, tumba y quema (RTQ) es la principal causa de deforestación y degradación por la práctica de tumba y quema para la rotación y descanso del suelo.

En la Iniciativa de Reducción de Emisiones (IRE), estos sesgos no son ajenos y de hecho se contrapone un discurso de desarrollo rural sustentable frente a las actividades y prácticas tradicionales de subsistencia. En todos los Programas de Inversión en Chiapas, se culpan particularmente actividades como la agricultura itinerante y la recolección de leña por la deforestación y degradación; y a la pobreza, la marginación y el crecimiento poblacional como sus causas subyacentes. Por ejemplo, el Programa de Inversión de la Selva Lacandona argumenta que los “bajos niveles de capital y trabajo promueven la realización de actividades agropecuarias tradicionales, lo cual genera deforestación y degradación.” (Comisión Nacional Forestal, CONAFOR, 2016a: 49).

Estos análisis resultan contradictorios porque en un segundo momento reconocen la existencia de una dinámica de sustitución y reducción en la superficie de las milpas que caminan y los altos costos para la producción de cultivos comerciales que difícilmente podrían asumir familias campesinas e indígenas. Por el otro lado plantean un discurso en el que definen a las comunidades que habitan y usan los bosques como las de mayor vulnerabilidad frente a los cambios ambientales globales y quienes tienen las mejores estrategias de gestión y gobernanza de los territorios y bosques (Holmgren, 2013). Es decir, las comunidades rurales y sus prácticas tradicionales pueden ser concebidas al mismo tiempo como criminales, vulnerables y como fuentes de experiencias exitosas de gestión de los bosques.

De hecho, muchos de los programas y proyectos gubernamentales o de organizaciones no gubernamentales (ONG) integran las estrategias de manejo comunitario de los bosques a mecanismos de valoración económica y a mayor escala geográfica que no tienen los mismos resultados por ser concebidos como recetas que dejan de lado la territorialidad, ancestralidad, los conocimientos locales y la autonomía.

En el caso de la IRE, su estrategia de reducción de la pobreza y deforestación integra un potente paquete de prácticas y actividades “climáticamente responsables” para promover el desarrollo sustentable. Algunas de ellas son los PSA, el ecoturismo, las UMA, el aprovechamiento forestal (no) maderable, las plantaciones dendroenergéticas y la agricultura de conservación o “climáticamente inteligente”. Esta última, que busca sustituir la agricultura itinerante, se encuentra íntimamente ligada al uso de paquetes tecnológicos (agrotóxicos, tecnificación y uso de variedades hibridas) (WRM y GRAIN, 2015: 37).

Las actividades y programas planteados en la IRE suponen la entrada de un nuevo modelo de desarrollo que en principio no es consultado con las comunidades, criminaliza y busca sustituir las prácticas tradicionales de subsistencia de campesinos e indígenas. Además, por añadidura desarrolla un mercado para que las actividades se lleven a cabo con el uso de paquetes tecnológicos que una vez más generan dependencia de insumos externos y la pervivencia de negocios locales de venta de agrotóxicos.

Es importante recalcar que el hecho de culpar a los pobres de la deforestación y la degradación termina escondiendo que estos fenómenos son causados principalmente por las presiones económicas impuestas fuera de los territorios y de los bosques. La crisis climática y ambiental a nivel global es consecuencia del sistema económico e industrial encubierto por iniciativas que, como REDD+, están destinadas al fracaso por no plantear alternativas contra las verdaderas causas del cambio climático. Al contrario, sirven como medio para la compensación – no mitigación – de los países del Norte global y del sector industrial extractivo y el fortalecimiento del sector financiero .

Si bien los Programas de Inversión de la IRE-Chiapas identifican a las políticas y programas gubernamentales agropecuarios como promotores de deforestación y degradación; los intereses de los mercados e industrias agropecuarias pocas veces son tenidos en cuenta. Su ausencia de los diagnósticos y las estrategias que reduzcan la problemática forestal es uno de los factores que permite predecir su fracaso. Esto porque fenómenos como la ganadería extensiva, la certificación de madera bajo sellos verdes como las realizadas por la Rainforest Alliance, la expansión de palma africana y la conversión de cafetales de sombra a sol, la cual implica deforestación y mayor uso de agrotóxicos (y está siendo acaparada por empresas como Nestlé y Starbucks) están determinados por los intereses de grandes empresas y coyotes verdes, y no por las necesidades e intereses de campesinos e indígenas.

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