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Compartimos esta nota publicada en La Jornada sobre un paso más de algunas comunidades que resiste al embiste minero en México – A 12 de enero del 2024

Concesiones de agua para industria deberán consultarse con pueblos indígenas

Gustavo Castillo

12 de enero de 2024 14:28

Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estableció que las autoridades deben consultar a los pueblos indígenas cuando se emitan títulos de concesión de agua para uso industrial que afecten su territorio y su derecho a un medio ambiente sano.

Lo anterior al resolver un juicio de amparo promovido por la comunidad rarámuri de “El Trigo”, Municipio de Uruachi, en el estado de Chihuahua, en contra de la expedición y promulgación de un decreto que eliminó las zonas de veda de la Subregión Hidrológica del Río Fuerte y estableció zonas de reserva para el aprovechamiento de las aguas del río para usos industriales y urbanos; así como de cuatro títulos de concesión otorgados a empresas mineras para aprovechar industrialmente el agua.

De acuerdo con los datos del caso, la Jueza de Distrito que conoció del asunto decidió no entrar al fondo de la demanda planteada, al “considerar que la comunidad indígena no contaba con interés jurídico ni legítimo, ya que la expedición de los títulos de concesión y su registro no le generaban por sí solos una afectación jurídica, al no tener efectos en su territorio”.

Inconforme con esa decisión, la comunidad indígena interpuso un recurso de revisión, y la Primera Sala asumió el estudio del caso y propuesta de la ministra Ana Margarita Ríos Farjat, los integrantes de la Primera Sala, establecieron por unanimidad que la comunidad indígena solicitante de amparo que habita esa región desde principios del siglo XIX y tiene como principal sustento el cultivo de maíz, actividad alrededor de la cual organiza la mayor parte de su vida cotidiana y espiritual, y para cuyo desarrollo depende del agua proveniente de la Subregión Hidrológica del Río Fuerte, sí cuenta con interés legítimo para promover el juicio de amparo en contra de los actos que reclamó.

Los ministros consideraron que debía otorgarse la protección a la comunidad indígena “debido a las potenciales afectaciones que las concesiones implican en su vida cultural y ceremonial, ya que su implementación puede disminuir el flujo o contaminar el líquido vital del que se benefician”.

Así, al analizar el fondo del asunto, la Sala advirtió que los actos reclamados pueden afectar directamente a la comunidad indígena, en particular, sus derechos al territorio en relación con el uso preferente de los recursos naturales existentes en éstos, así como el derecho al agua y a un medio ambiente sano, lo que generaba la obligación de realizar una consulta libre, informada y previa a la emisión de tales actos.

Por tal motivo, la Primera Sala determinó procedente revocar la sentencia y conceder el amparo para dejar sin efectos el Decreto impugnado, así como los títulos de concesión para uso y explotación industrial de las aguas superficiales de la cuenca otorgados por la Comisión Nacional del Agua, con base en ese decreto.

Por ello, determinó que en caso de emitir un nuevo decreto o emitir una nueva concesión para el uso, explotación y aprovechamiento de las aguas que constituyen la Subregión Hidrológica Río Fuerte, de la Región Hidrológica número 10 Sinaloa, las autoridades responsables realicen la consulta previa correspondiente.

Compartimos este comunicado de Procesos Integrales para la Autogestión de los Pueblos PIAP a través de la REMA – A 17 de abril del 2023

Desde la Montaña-Costa Chica a 17 de abril del 2023

Mientras esta semana a nivel nacional crece la expectativa para la discusión, cambios y aprobación de la iniciativa de ley que el 24 de marzo presentó el presidente de la república, en la que se tocan aspectos relacionados con cuatro leyes donde la central es la ley minera, en Guerrero las comunidades indígenas, afros, mestizas y campesinas integrantes del Consejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio (CRAADET), de los municipios de Iliatenco, San Luis Acatlán y Malinaltepec ubicados en las regiones la Costa Chica-Montaña, les  mandan un fuerte mensaje a quienes esta semana estarán argumentando a favor y en contra de la iniciativa y las reformas que al final acuerden.

El presidente municipal del municipio de San Luis Acatlán el pasado sábado 15 de abril entregó a la representación del CRAADET el acta de cabildo abierto municipal quienes de forma unánime prohíben la minería en el municipio, porque su conciencia e información sobre los efectos de esta actividad, saben que ponen en tela de juicio prácticamente todos los derechos que los pueblos hoy pueden disfrutar, como el del uso de su territorio el de un ambiente sano y el derecho al agua limpia de calidad y suficiente, entre muchos otros.

Acá en la Montaña y Costa Chica los pueblos han demostrado que no es necesario defender el territorio con decretos ficticios que hablan de la rectoría, la sustentabilidad, las consultas usadas como herramienta para el despojo, la salud. Acá se ejerce la autonomía, libre determinación y autogestión legal de los procesos colectivos que hacen de la Consulta y el Consentimiento previo libre e informado un acto de discusión colectiva permanente en el cual se dirimen las ventajas y las desventajas no sólo de la actividad minera, sin duda la actividad más depredadora, sino de todos los proyectos relacionados al Modelo Extractivo.

La población sabe que un decreto para el establecimiento de una reserva de biósfera es poner a disposición de las farmacéuticas y de la industria alimentaria el banco genético para que sigan, a través del protocolo de Nagoya, poniendo nuestras biodiversidad como reservas genéticas para patentar y comercializarla. Acá la población ha asistido a ver proyectos mineros en la vida real y no en el papel y la discusión sin fundamento, en donde saben perfectamente que un proyecto minero en solamente 10 años destruye totalmente el ecosistema y, en consecuencia desencadena a partir de la pérdida de un ambiente sano una serie de enfermedades y daños irreversibles tanto a la biodiversidad como a las personas incluyendo por supuesto los daños irreversibles al agua que secan, contaminan y utilizan porque esa es su naturaleza y es por ello que ponerle trabas, reglas ingenuas e inútiles que lo único que garantiza es que, este gobierno y los anteriores, siguen siendo sumisos y obedientes al capitalismo, un capitalismo que se regula desde lo sustentable, lo verde, lo socialmente, desde nuevos y eficientes mecanismos de supervisión como las NOM que son una burla al respecto”, que dicen deben respetar los derechos en el mejor de los casos como Canadá, el país más depredador del plantea que ha y sigue destruyendo su propio país y los del resto del planeta. Si algo nos ha enseñado el capitalismo es que ha encontrado la forma de autorregularse a su favor, justo utilizando e parlamento abierto como acto de inclusión social en donde se discuten verdades a medias, argumentos sin sentido y siempre se pondera el desarrollo y crecimiento como sustento y lo que significa el colapso financiero de que los depredadores ya no tengan condiciones para invertir.

En síntesis, lo más progresista termina regulando y resolviendo los daños y efectos permanentes utilizando como centro la principal fuerza del propio capital, el pago con dinero para solventar la resarcida de daños, aunque estos sean irreversibles.

Da orgullo saber que los pueblos de la Montaña y costa Chica tienen un dialogo horizontal ya abierto desde hace 10 años, en donde se dirime desde la política local con políticos locales una nueva forma de discutir el progreso y desarrollo de los pueblos y por supuesto lo hacen cuestionando al modelo extractivo en su conjunto, a las estructuras de gobernanza que siguen firmando acuerdos internacionales y nacionales que son incapaces de implementar, respetar o por lo menos no molesten, como sucede por ejemplo con el penoso papel que juegan los operadores del Registro Agrario Nacional quienes de forma sistemática y persistente niegan el registro e inscripción de actas, estatutos y reglamentos emanados de los procesos de autodefiniciones que las asambleas de los pueblos determinan. Ahí se determina defender el territorio no en un falso proceso de consentimiento como los que hace el gobierno para imponer sus proyectos en donde en cuestiones de tres o cuatro horas dicen la gente está totalmente satisfecha de información como para tomar una decisión que cambiarán su vida para siempre.

Los pueblos de la Montaña y Costa Chica se dan tiempo para discutir, en este caso son 10 años, para entre ellos tomar decisiones y si hay dudas sobre las amenazas y consecuencias de entregar la biodiversidad, los minerales, los bosques, el agua y la comunalidad entonces establecer no una estrategia ridícula de un pueblo que a través de un mecanismo de despojo implementado por el gobierno y las empresas una sola comunidad ponga en riesgo a todas las del rededor aguas arriba y aguas abajo. Demasiada soberbia de quienes creen que lo dictado por la OIT en el 169 es suficiente bajo las aplicaciones que sin duda este gobierno ha manipulado una y otra vez y que otros gobiernos ni siquiera saben que existe, al mismo tiempo que muestran una gran ingenuidad pensando que al  firmar los acuerdos de Escazú entre muchas otros tratados que firma México pero que no sirven para nada, ante los embates del capitalismo, el modelo de consumo y la irracionalidad persistente en la continuidad de explotación y exfoliación los bienes naturales con siempre nuevos discursos de cambios progresivos como actualmente sucede con los proyectos verdes y sustentables. Los pueblos de la Montaña y Costa Chica del estado de Guerrero saben que nada de ello es cierto.

Mientras que todos los sectores felices y contrariados por la iniciativa presidencial están listos para “debatir” el futuro de la minería y de los pueblos en México, acá en la Montaña y Costa Chica les preocupa el intenso crecimiento de la violencia y ya discuten como es a través de ella que nuevamente el territorio entra en disputa. Basta un dato para poner en consideración: En la zona centro, tierra caliente y norte el estado de Guerrero hay cinco minas operando, ahí mismo hay 12 cárteles trabajando en contubernio con instancias estatales y federales, ahí por lo menos hay cerca de 35 mil desplazados por las disputas mineras y el control del territorio, ahí todavía se dirime si el jefe supremo de las fuerzas armadas es lo suficientemente jefe para que las fuerzas militares le obedezcan y por fin entreguen los oficios y expedientes que, además de ratificar la participación de ellos en la desaparición de los alumnos, se logre encontrarlos, se logre saber la verdad y sea hasta entonces que se inicie con la rendición de cuentas.

Cerramos diciendo después de muchas lecturas a la iniciativa del presidente y de escuchar las reacciones derivadas en distintos sectores, constatamos lo mal preparados que estamos en este país para discutir el fondo y no las formas de lo que somos como país para cambiarlo a lo que en realidad deberíamos ser rompiendo de facto las inercias regulatorias que ahí nos colocaron.

A los pueblos de la Montaña y Costa Chica nuestra gratitud eterna por defender desde su libre determinación un pedacito del territorio nacional para siga vivo, sano y bello. Al RAN nuestro repudio total por ser operadores fastuosos y obedientes violadores recurrentes de los derechos de los pueblos al negarles su registro e inscripción de sus actos, al presidente de la república he de decirle que debe discutir consigo mismo qué está entendiendo por rectoría del estado, por soberanía y por regulación, porque en su iniciativa nada de ello se identifica, más allá de la retórica de una estéril exposición de motivos que en la iniciativa no se atiende, así como de los temas que plantea, los cuales serán abordados en las siguientes intensas pero inertes discusiones entre los sectores que abonan a favor o en contra de la misma.  

Ambos sectores discuten como maquillar una ley para que siga la explotación de minerales y el modelo extractivo siga vigente entre nosotras/os. Sin embargo, los pueblos de la Montaña y Costa Chica no son coparticipes de la regulación o mejor dicho de la desregulación que pretende continuidad. Acá la minería está prohibida con o sin el consentimiento del estado.

Miguel A. Mijangos Leal

Procesos Integrales para la Autogestión de los Pueblos

Compartimos esta nota de Avispa Midia sobre la voracidad minera en México – A 13 de abril del 2023

PorÑaní Pinto

En México no existen datos precisos sobre las operaciones de la minería en el territorio nacional. Por ello, una iniciativa que conjuntó a investigadores, organizaciones sociales y ambientales se dio a la tarea de compilar más de 100 mil registros geográficos para conocer la manera en que se realiza la gestión ambiental de la industria extractiva.

Los resultados de la investigación revelan un panorama crítico respecto al cumplimiento administrativo de las regulaciones ambientales y la disponibilidad de información pública sobre la gestión ambiental.

De las 249 operaciones mineras metálicas en México, el 72% opera sin permisos de descarga residuales; 62% no cuenta con concesiones de agua; 55% no ha presentado, en los últimos 17 años, datos ante el Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes
(RETC); 51% opera en acuíferos sin disponibilidad de agua; 38% no tiene información de evaluaciones de impacto ambiental autorizadas y 23% carece de información sobre sus depósitos de jales.

El trabajo se concentra en la denominada Cartografía de las Operaciones Mineras en México, una base de datos espacial única en México que permite identificar con precisión cartográfica la superficie de la operación de cada mina en el país, distinguiendo la actividad minera.

^{Fuente: CartoCrítica, con el apoyo de la Fundación Heinrich Böll, Natural Resource Governance Institute, y PLANEAS-PRONACE Energía y Cambio Climático}

La investigación enfatiza la operación de 97 minas metálicas a cielo abierto y otras 152 minas subterráneas, “sin estar registradas en una base de datos oficial, en datos abiertos, capaz de distinguirlas, caracterizarlas espacialmente y, sobre todo, hacerles rendir cuentas públicamente de su producción o de su gestión ambiental”, indica un comunicado de los autores.

Opacidad

Cabe destacar que la única fuente de información oficial sobre la operación de grandes minas y las concesiones en México está a cargo de la Secretaría de Economía. “Sin embargo, esta información no identifica, ni permite conocer la producción, extensión, minerales, técnicas ni ninguna otra información sobre la magnitud de las actividades mineras que ocurren en el país. No distingue si están operando o si simplemente utilizan las concesiones como elemento para la especulación financiera, actividad alentada por la vigencia de cada concesión minera, que dura 50 años prorrogables por 50 más”, resaltan los autores de la investigación.

Esto se suma al hecho de que la propia industria minera no comparte datos de manera pública ni desagregada, sobre la cantidad de minerales que extrae por cada mina, planta de beneficio o empresa. “Las empresas mineras tampoco reportan cuántas hectáreas forestales fueron convertidas a tajos a cielo abierto y presas de lixiviados; y mucho menos, la cantidad de agua que utilizó, cuánta fue contaminada en sus procesos, ni cuánto pagó por ella”, acusan las organizaciones.

Para los autores, el trabajo de identificar los proyectos mineros en operación es apenas el punto de inicio para conocer la gestión ambiental. “Si no sabemos cuántas grandes minas operan en el país, ¿podremos efectivamente conocer cuántas cumplen con sus obligaciones de gestión ambiental?”, cuestionan en comunicado en el que enfatizan los resultados a 31 años de vigencia de la ley minera en México.

Imagen: Avispa Midia

Más información:

Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA sobre los megaproyectos de minería canadiense – A 7 de diciembre del 2021

El 22 de noviembre, el presidente López Obrador dio su informe sobre su participación en la novena cumbre de líderes norteamericanos en Washington, D.C., cuando invitó a México al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, con quien dijo “no tener conflictos mineros por la industria en el país”.1 Durante la misma semana, en su mañanera desde Guanajuato, repetía ideas semejantes: “son muy pocos los conflictos que tenemos en la actualidad”.2 Además, pretendiódecir que México “ya no es como antes”, por estar siguiendo el ejemplo de Canadá: “Nosotros lo que estamos planteando es: bueno, que paguen impuestos igual como se pagan impuestos en Canadá, que se cuide al medio ambiente igual como cuidan el medio ambiente en Canadá y que se les pague a los trabajadores igual como se les paga a los trabajadores mineros de Canadá, en las mismas condiciones”.3

Desde la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA) le queremos decir a Justin Trudeau, que no sabemos a qué país se refiere AMLO, porque si hablamos de México nosotras/os tenemos otros datos. Y para AMLO, si el ejemplo a seguir es Canadá, nos dirige a más de lo mismo: despojo, devastación ambiental y graves afectaciones a la salud.

I. Cada concesión minera, un conflicto

Cada semana hay conflictos que surgen en diferentes estados del país en contra de proyectos mineros canadienses que amenazan con despojar a los pueblos y destruir sus tierras y territorios, además de los conflictos cotidianos y menos visibles de los pueblos que han sido desplazados a la fuerza y ahora pelean por una sobrevivencia digna, o que sufren por la contaminación con metales pesados y pelean por atender los costosos daños a su salud, o que se encuentran con un terrible aumento de violencia en sus comunidades y luchan para no estar completamente sometidos, o quienes asumen la eterna pelea por la justicia y la rendición de cuentas dentro de un sistema de impunidad. Quizás nada de esto figura para AMLO, quien se preocupa más por posicionar al país en la cadena de extracción y consumo de los vehículos eléctricos a nivel norteamericano, pero le aseguramos a Trudeau que los conflictos mineros que las empresas mineras canadienses generan en este país todos los días, perduran en el tiempo para los pueblos que lo han tenido que sufrir y que poco se resuelve o se restaura, salvo cuando los pueblos logran impedir la entrada de las empresas desde el inicio. Compartimos unos ejemplos, entre muchos:

Chiapas

El día después de la mañanera de AMLO en Guanajuato, conmemoramos el duodécimo aniversari o del asesinato de Mariano Abarca (fundador de la REMA), el 27 de noviembre del 2009, por su lucha contra los impactos ambientales y sociales de la mina de barita de la empresa minera canadiense Blackfire Exploration en su comunidad de Chicomuselo, Chiapas. Junto con la familia Abarca, hemos llevado este caso a Canadá para exigir una investigación de la embajada canadiense en México por haber puesto en mayor riesgo la vida de Mariano. Sabemos por documentos obtenidos bajo la ley de transparencia en Canadá que la embajada seguía de cerca los sucesos en Chiapas y participó en defender y facilitar los negocios mineros aún sabiendo de los riesgos que corría la vida de Mariano. Seis semanas después de que representantes de la embajada canadiense se reunieron con el gobernador de Chiapas en octubre de 2009 para pedir que se resolvieran los problemas de la empresa, mencionando específicamente las protestas de la comunidad, Mariano fue brutalmente asesinado frente a su restaurante en el centro de Chicomuselo.

Este crimen sigue en impunidad y por tanto sigue el conflicto. La familia Abarca junto con Otros Mundos Chiapas, REMA, MiningWatch Canadá y otros aliados han interpuesto una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en contra de autoridades mexicanas, así como la denuncia actualmente esperando la decisión de la Corte Federal de Apelaciones de Canadá buscando una investigación de la Embajada Canadiense en México. Vale destacar que un juez de la Corte Federal de Canadá, Keith Boswell, ad mitió en julio de 2019 la posibilidad de que Mariano Abarca “quizás no habría sido asesinado si la embajada canadiense en México hubiera actuado de otra manera”. Sin embargo, hasta la fecha aún seguimos peleando por una investigación que haga justicia al asesinato de nuestro compañero.

Oaxaca

La mina San José de la empresa canadiense Fortuna Silver Mines, ubicada en San José del Progreso, Oaxaca, terminó de imponerse el día 6 de mayo del 2009 por medio de un operativo policíaco y militar que culminó con decenas de personas detenidas arbitrariamente, golpeadas y heridas de gravedad; así como con cateos ilegales en varias casas de Magdalena Ocotlán, municipio vecino a San José del Progreso. En los siguientes 5 años, fueron asesinadas 5 personas en San José del Progreso.

Años después, en 2018, esta misma mina tuvo un derrame tóxico que contaminó gravemente el río Coyote y los pozos de cientos de familias. Esto fue encubierto por la PROFEPA, SEMARNAT, CONAGUA e IMTA quienes, a pesar de tener en su poder las pruebas de la contaminación, hoy a 3 años del desastre, están nuevamente tomando muestras, tal vez para seguir cubriendo las espaldas de la empresa minera.

Hoy en día la empresa intenta ampliar su proyecto por otros 10 años y presiona a la SEMARNAT (quien ya negó la autorización), para que le autorice su proyecto de expansión. Sin embargo, la SEMARNAT ahora echa marcha atrás, con total falta de ética y respeto para su equipo de evaluación de impacto ambiental, y declara que se hará una consulta a los pueblos para ver si quieren o no la ampliación de este proyecto, que inicialmente ellos desaprobaron. A la par, la empresa ha sacado a sus trabajadores para confrontar a las defensoras y defensores que exigen se detenga la expansión de este proyecto que ya ha demostrado causar destrucción, enfermedad y muerte entre las comunidades vecinas. La tensión y presión sobre las comunidades hace que nuevamente se genere un ambiente de violencia y división.

Zacatecas

En el año 2017, unas 46 familias de la comunidad La Colorada, Zacatecas, fueron desplazadas a la fuerza por la empresa canadiense Pan American Silver, con la ayuda del gobierno de ese estado para lograr la expansión de su mina “La Colorada” de donde extrae plata, oro, plomo y zinc desde 1998. Con este acto, las familias fueron despojadas de sus casas, terrenos, trabajo y salud, además de encontrarse con violaciones sistemáticas permanentes de sus derechos. Por dos años antes, las familias resistieron su desplazamiento, durante ese tiempo denunciaron haber sido acosadas y amenazadas por parte de directivos de la empresa, y varios trabajadores fueron selectivamente despedidos. Sin embargo, actuando en contubernio con el gobierno de Zacatecas y con el apoyo de hombres armados, la empresa finalmente desalojó a las familias y con maquinarias destruyó sus viviendas.

La denominada “Unidad Habitacional Mina La Colorada”, a la cual fueron desplazadas la familias, se compone de 96 casas armables de lámina que Pan A merican Silver les dio en comodato. Entre el complejo habitacional y la entrada a la mina existen menos de 200 metros y los divide una reja metálica que rodea a toda la comunidad, en donde las familias arriesgan su salud por su cercanía a la mina y se encuentran en una situación de control social extremo por la empresa que pone las reglas, inclusive sobre el tipo de mascota que pueden o no tener dentro de estas casas, así como para el uso de la iglesia. Desde ese entonces, habitantes de La Colorada luchan para la restitución de las tierras que la empresa les arrebató y para que su comunidad sea reconocida, ya que la empresa asegura que esa comunidad nunca existió4.

Guerrero

En el “cinturón dorado” de Guerrero, operan 5 proyectos mineros, 4 de ellos canadienses circunscritos en una región de 210 localidades. En los últimos 10 años, ha habido un desplazamiento forzado de 16 mil familias vinculadas a la violencia que se desencad ena por el poder vinculado a los grupos del crimen organizado, lo cual beneficia a la expansión minera de capital canadiense en la zona. Tan solo en Carrizalillo, Municipio de Eduardo Neri, donde la empresa minera Equinox Gold opera la mina Los Filos, se ha documentado el desplazamiento forzado de la mitad de la comunidad en 2015, por lo menos 55 asesinadas/os hasta 2019, y la prevalencia de daños a la salud en casi toda la población por consumo de agua contaminada y exposición permanente a polvo rico en metales pesados. Por cuatro meses, a fines de 2020, el ejido de Carrizalillo realizó un paro y cerró la mina por el tratamiento racista y discriminatorio de esta empresa y por sus incumplimientos al acuerdo de cooperación social, inclusive temas relacionados con la falta de agua limpia y atención médica5. En otro triste acto de discriminación y racismo, representantes canadienses han llegado para ayudar a legitimar la expansión minera en esta zona, a la vez establecen alertas para que los turistas canadienses no visiten el territorio guerrerense por la alta incidencia de violencia; la última alerta fue emitida en octubre de este año6.

Guanajuato

La minera Argonaut Gold pretende desarrollar el proyecto minero de oro Cerro del Gallo, en el territorio rural del municipio de Dolores Hidalgo, impactando directamente a más de 20 comunidades con una población aproximada de 8,000 habitantes. Además, afectará la Cuenca de la Independencia o la Cuenca alta del río La Laja, que abarca el territorio de siete municipios del norte de Guanajuato con una población de 680,000 habitantes que dependen de un solo manto acuífero. De autorizarse el proyecto, sería la primera mina a cielo abierto en el Estado de Guanajuato. Se propone usar la técnica de lixiviación con cianuro que conlleva graves afectaciones a la salud de las poblaciones cercanas, así como el uso y contaminación de cantidades extraordinarias de agua. Además de las 13 concesiones mineras, Argonaut Gold cuenta con 8 títulos de concesión de agua otorgados por la CONAGUA por un total de 1,440,000 m3 al año para la explotación de su proyecto, mientras que las comunidades en su entorno, no tienen acceso al agua en condiciones adecuadas.

Durante el 2020, Argonaut Gold ha intentado, por cuarto año consecutivo sin éxito gracias a la oposición popular, obtener el permiso en materia de impacto ambiental de parte de la SEMARNAT. En su proyecto, que ha sometido a la evaluación de la autoridad federal, propone, entre otros agravios “la integración al proyecto de los habitantes de las poblaciones rurales, abatir y, para el caso de San Antón de las Minas y El Sisote, desaparecer la agricultura y ganadería de subsistencia”, tratando de argumentar que esta actividad es más dañina al medio ambiente que la destrucción permanente que genera la minería. Aunque SEMARNAT acaba de denegar el permiso a la empresa, nada evita que la empresa lo pueda intentar nuevamente.

Al final, estos son sólo una muestra de los conflictos que generan las empresas mineras canadienses en México, de los que el presidente parece no darse cuenta. A lo largo del país, hay resistencias y procesos de defensa territorial ante los intereses de empresas mineras canadienses, especialmente frente a los llamados “junior”, que son empresas que se especializan en la prospección, exploración y especulación, y que están muy presentes en las bolsas de valores de Canadá, más que en cualquier otro país.

Los procesos de organización popular frente al avance minero representan la mayor esperanza para poder evitar la entrada de la minería a través del ejercicio de los derechos agrarios y la auto determinación de los pueblos. Aún así, son procesos de muy larga envergadura que frecuentemente conllevan muchas amenazas y deben sostenerse para poder frenar los avances del nocivo modelo extractivista minero y su permanente voracidad por generar ganancias a cambio de la destrucción de los pueblos. Por todo esto, las comunidades afectadas le decimos al Presidente que aquí estamos: no olvidamos, ni perdonamos, y exigimos se deje de ofertar nuestros territorios y nuestras vidas a las empresas mineras que nos despojan y asesinan.

II. Seguir el ejemplo de Canadá, nos lleva a más de lo mismo

En cuanto al deseo de AMLO de que las empresas mineras canadiense operen como hacen en Canadá, debe darse cuenta de la realidad colonial y del capitalismo depredador que prevalece en el país de su amigo Trudeau. Canadá atrae empresas mineras a su país por tener la tasa de impuestos corporativos más baja del grupo de los siete países industrializados (G7) y una investigación periodística ha mostrado cómo las empresas mineras pagan mucho menos a gobiernos en Canadá que cuando operan en otras partes del mundo, inclusive México7.

En torno al supuesto “respeto al ambiente”, basta decir que en Canadá hay más de 10,000 minas abandonadas que jamás han visto un programa de remediación, y que prevalece un ambiente de impunidad por los grandes daños que genera, a perpetuidad la actividad minera. Por ejemplo, nadie ha sido castigado por el derrame más grande en Canadá de 24 mil millones de litros de desechos tóxicos en agosto del 2014, de la mina Mount Polley en la provincia de Columbia Británica.

Finalmente, es indignante y vergonzoso escuchar las declaraciones vacías de AMLO y Trudeau diciendo que van a reconciliar al Estado con los pueblos indígenas8. Para muestra un botón: el mismo día que estos dos estuvieron reunidos en Washington, D.C., en el oeste de Canadá, la policía federal detuvo a defensores indígenas, observadores y prensa por oponerse a la construcción de un gasoducto9. En octubre, Trudeau fue de vacaciones en lugar de celebrar el primer Día Nacional de la Verdad y Reconciliación para honrar a los sobrevivientes y afligirse por los miles de niñxs que murieron en las escuelas de residenciales operadas hasta 1996 como parte de la política genocida del Estado, y que han empezado a aparecer en fosas comunes10. Y este mismo gobierno continúa impulsando un modelo de despojo para seguir nutriendo las grandes ganancias de las empresas extractivistas contaminadoras, aún cuando los incendios y las inundaciones tienen todo el oeste de Canadá en un estado de emergencia11.

BASTA DE MENTIRAS Y SIMULACIONES: MÉXICO SE DESBORDA DE CONFLICTOS POR PROYECTOS MINEROS

CANADÁ ES EJEMPLAR DE LO COLONIAL Y NEOLIBERAL

Firma

RED MEXICANA DE AFECTADAS/OS POR LA MINERÍA (REMA)

Imagen: La Jornada Guerrero

Más información:

• La Consulta ¿Un derecho o un Instrumento de Legitimación del Despojo?
• Rol de la embajada canadiense en el asesinato del líder Mariano Abarca vuelve a ser examinado en Corte de Canadá
• Comunicado de colectivos y comunidades de Oaxaca en contra de los “Encuentros Indígenas Canadá-Oaxaca 2021”