COVID-19: Las empresas mineras ponen a los trabajadores y a las comunidades en el mayor riesgo

Compartimos esta información publicada por MiningWatch sobre situación de los trabajadores mineros y el coronavirus – A 31 de marzo de 2020

Los ejecutivos de la minería se lavan las manos. Claro: se lavan las manos de la responsabilidad por el bienestar de sus trabajadores y comunidades.  Al no actuar rápidamente para restringir o detener las operaciones a la luz de COVID-19, las empresas mineras están poniendo a los trabajadores y las comunidades en un mayor riesgo. Aquí hay diez puntos a considerar:

  1. Las minas están aisladas con recursos de salud limitados: Los proyectos y operaciones mineras suelen estar muy aislados y alejados de las instalaciones y suministros sanitarios adecuados. Las comunidades indígenas y rurales que ya sufren la carga de un acceso insuficiente a los servicios sociales básicos podrían quedar sin ayuda.
  2. Las minas están confinadas y congestionadas: A menudo la minería requiere un gran número de trabajadores que trabajan juntos en espacios confinados, y los campamentos mineros comparten las instalaciones para comer, dormir y bañarse. El distanciamiento social es difícil, si no casi imposible, de practicar en esas condiciones, lo que contribuye a aumentar los riesgos de transmisión.
  3. Las fuerzas laborales de la minería son transitorias: La mayoría de las minas de hoy en día dependen de mano de obra móvil, y la posibilidad de que COVID-19 se introduzca en comunidades remotas y vulnerables por la frecuente exposición a una fuerza laboral transitoria es grande. Las operaciones de vuelos de entrada y salida requieren que el personal esté cerca de los aeropuertos, en aviones, etc. y las operaciones internacionales dependen de ingenieros y gerentes que entran y salen de otros países.
  4. Los campos de exploración son improvisados: Las empresas de exploración a menudo montan y trasladan pequeños campamentos que deben ser portátiles y son muy básicos. A menudo están lejos de las principales carreteras y pueblos, y los trabajadores tienen un acceso limitado incluso a los servicios sanitarios básicos. También es más probable que ellos se encuentren con poblaciones vulnerables que, de otro modo, estarían protegidas por su aislamiento.
  5. Exacerbación de condiciones preexistentes: Algunos mineros y comunidades afectadas ya se enfrentan a consecuencias para la salud como enfermedades respiratorias y pulmonares, o toxicidad por metales pesados. El contacto con el virus podría ser especialmente dañino para estas personas.
  6. Acceso reducido al agua limpia: Muchas minas consumen y contaminan grandes cantidades de agua, a menudo a expensas de las fuentes locales de agua limpia. El lavado de manos frecuente, tanto para los trabajadores de las minas como para las comunidades, puede no ser posible en muchos lugares rurales y remotos.
  7. Aumento de la tensión y la violencia: No se puede permitir que las compañías mineras utilicen el COVID-19 para imponer minas que no tienen el consentimiento de las comunidades locales, o para reprimir a las comunidades que se oponen a sus actividades.
  8. Trabajadores subcontratados en mayor riesgo: La mayoría de las minas hoy en día dependen de que una parte o la totalidad de su fuerza de trabajo subcontratada. Es probable que estos trabajadores no se beneficien de licencias por enfermedad pagadas, que no se autoaíslen por falta de seguridad laboral o que no tengan beneficios de salud para cubrir su infección en caso de que contraigan el virus.
  9. El exceso de trabajo puede amplificar el riesgo: En los campamentos mineros en que las empresas han optado por turnos de cierre en respuesta al COVID-19 para mantener la mina en funcionamiento, se espera que esos mismos trabajadores trabajen más horas y estén lejos de sus familias durante un período de tiempo indefinido. El agotamiento conduce a accidentes y/o a un mayor riesgo de infección.
  10. La minería no es un servicio esencial: La minería es sólo un servicio esencial cuando las reservas existentes son inadecuadas y sus productos se necesitan para cubrir las necesidades de emergencia – por ejemplo, fabricar ventiladores, no coches; construir hospitales, no torres de oficinas. Pero incluso en las circunstancias más esenciales, esto no debería ocurrir sin consentimiento.

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Jalisco: Denuncian ataques contra wixárikas de San Lorenzo de Azqueltán

Compartimos esta nota publicada en Desinformémonos sobre las resistenicas a mega proyectos en territorios Wirikutas – A 26 de marzo de 2020

Ciudad de México | Desinformémonos. Autoridades municipales y caciques de Villa Guerrero, Jalisco, han permitido y ordenado ataques violentos contra integrantes de la comunidad autónoma wixárika y tepehuana de San Lorenzo de Azqueltán, a raíz de «la lucha colectiva en defensa de su territorio ancestral y autonomía», denunció el Congreso Nacional Indígena – Concejo Indígena de Gobierno (CNI-CIG).

El CNI-CIG señaló a miembros del gobierno y la policía municipal de estar involucrados en el ataque con piedras y robo de pertenencias contra los domicilios de Camerino Márquez Aguilar y Genaro González Bañuelos, sucedido el pasado 22 de marzo.

«A pesar de que estas personas han sido denunciadas en varias ocasiones, han sido solapadas por el gobierno municipal de Villa Guerrero, que no ha tomado acciones para sancionar, sino por el contrario ha promovido la violencia y la confrontación, por lo que lo hacemos responsable de estos hechos, cuyo objetivo es la represión y el despojo», indicó el CNI-CIG, por lo que exigió sanción para los responsables y justicia para las víctimas.

A continuación el comunicado completo:

Al pueblo de México
A los medios de comunicación

Denunciamos que persiste la violencia en contra de autoridades y comuneros de la comunidad autónoma wixárika y tepehuana de San Lorenzo de Azqueltán, municipio de Villa Guerrero, Jalisco, motivada por la lucha colectiva en defensa de su territorio ancestral y autonomía.

Condenamos las cobardes agresiones perpetradas por personas al servicio de Favio Flores (alias la polla) y del gobierno municipal de Villa Guerrero el pasado domingo 22 de marzo, cuando los señores Teódulo Pérez Martínez, quien es policía municipal de Villa Guerrero, Jalisco, en compañía de Abram Pérez Bañuelos, Manuel de Jesús Herrera, Esteban Aguilar Herrera, Marcos Aguilar Bañuelos, Gustavo Pérez Bañuelos, Jairo Pérez Bañuelos y Aldo Herrera González, llegaron a las 23:15 horas a la casa del compañero Camerino Márquez Aguilar, quien es de avanzada edad, apedreando puertas y ventanas mientras gritaban “Los gobernantes, el comandante y el topil son culos” “con el tisón (pistola) al cabrón que salga nos lo vamos a chingar”.

Posteriormente se trasladaron a la casa del señor Genaro González Bañuelos, quien es también de avanzada edad, donde igualmente apedrearon su casa diciéndole que saliera para matarlo a pedradas, destruyendo su puerta y ventana, y robando el burro que tenía amarrado.

A pesar de que estas personas han sido denunciadas en varias ocasiones, han sido solapadas por el gobierno municipal de Villa Guerrero, que no ha tomado acciones para sancionar, sino por el contrario ha promovido la violencia y la confrontación, por lo que lo hacemos responsable de estos hechos, cuyo objetivo es la represión y el despojo.

Esto sucede mientras maquinaria del ayuntamiento con el supuesto objetivo de abrir un camino cercano al sitio sagrado de Los Pilares ha estado invadiendo y destruyendo cercos en cuamiles de varios comuneros.

Exigimos que cese la violencia y el robo descarado del territorio comunal de Azqueltan, y que sean castigados los culpables de estos hechos.

Atentamente

Marzo de 2020

Por la reconstitución integral de nuestros pueblos.

Nunca más un México sin Nosotros

Congreso Nacional Indígena – Concejo Indígena de Gobierno

Imagen: Alejandra Padilla / Noticias de abajo

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Oaxaca: La lucha Mixteca contra la voracidad minera

Compartimos esta nota publicada en Notas sin Pautas sobre la resistencia a proyectos mineros en Oaxaca – A 14 de Marzo de 2020

Reflexiones sobre el Primer Foro Antiminería y Megaproyectos

Por Frente Oriente /Imagen destacada: Con los Ojos Abiertos. Cobertura del Foro: Frente Oriente

Santiago Chazumba es una población encallada en la región mixteca del estado de Oaxaca; cabecera del municipio que lleva su mismo nombre, se encuentra rodeada por la cordillera montañosa del estado de Puebla. Chazumba, al igual que toda la mixteca oaxaqueña, es territorio de gran diversidad ecológica y con enorme riqueza de recursos minerales lo que ha hecho que la región se encuentre en la mira de corporativos mineros y sus agresivas prácticas de despojo. Es por ello que esta localidad se convirtió en la sede del Primer Foro Antiminería y Megaproyectos convocado por el Frente en Defensa del Territorio y los Recursos Naturales Puebla-Oaxaca el pasado domingo 8 de marzo.

Con la participación de habitantes de las comunidades oaxaqueñas de San Sebastián Frontera, Guadalupe Cuautepec, Santa Cruz Acatepec, Huajuapan de León, San José Miahuatlán, Yucuquimi de Ocampo, entre otras; así como las comunidades poblanas de Tehuacán, Acatitlán, Zapotitlán Salinas, San José Mihuatlán, Acatlán de Osorio, entre otras; y la participación de organizaciones sociales como el Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ), la Asociación de Periodistas Independientes de la Mixteca, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos-Puebla-Tlaxcala, la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio, el Grupo de Investigación Independiente, la Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) y el Frente Oriente; el foro se convirtió en una importante tribuna de denuncia y organización en contra del intento por convertir esta región en rehén de los intereses de las grandes corporaciones mineras.

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Desde hace 15 años, el apetito voraz de las mineras se dispone a engullir la Mixteca Oaxaqueña

En el año 2008 la Universidad Tecnológica de la Mixteca publicó, en su revista Temas de ciencia y tecnología, un ensayo titulado “Grado de concentración potencial relativa de los recursos minerales de la Mixteca Oaxaqueña”. En ese texto el autor expresa que “el objetivo del presente trabajo fue diseñar un indicador cualitativo que muestre la magnitud, en primera instancia, de la concentración relativa de los recursos minerales en un espacio geográfico, en este caso, de los municipios y distritos de la Región Mixteca oaxaqueña. Lo anterior es útil para coadyuvar a orientar y fomentar la exploración y posible aprovechamiento de los yacimientos minerales existentes”. Desde luego que la ayuda ofrecida por la investigación no es para las comunidades originarias, sino para “el diseño de planes y programas públicos y privados y fortalecer la eficacia y la eficiencia de las acciones en la consecución de los objetivos y metas del sector minero (…), y en consecuencia, tomar la decisiones para su exploración y su posible explotación, beneficio y comercialización”. Asimismo, la investigación fundamenta que en la mixteca oaxaqueña “las concentraciones minerales más relevantes se ubican en los distritos de Huajuapan, Juxtlahuaca y Nochixtlán; sin embargo, Silacayoapan destaca por sus yacimientos de oro, plata y yeso; Juxtlahuaca por sus depósitos de antimonio y carbón y Teposcolula por su producción de cal”[1].

En ese mismo año, la Secretaría de Energía del gobierno federal anunció que en el estado entregaron 20 concesiones para proyectos de explotación minera equivalentes al 12.5% del territorio oaxaqueño. Entre las corporaciones mineras beneficiadas en esa época con los proyectos se encontraban Golden Trump Resources S.A de C.V, Linear Gold Corp, Arco Resources Corp, Zalamera, S.A. de C.V. filial de Chesapeake Gold Corp, Cemento Portland Cruz Azul, SCL, Fortuna Silver-Continuum Resources, Compañía Minera del Norte, Aurea Mining Inc, Linear Metals Corp, Radius Gold, Compañía Minera Plata Real, New Coast Silver Mines LTD, Aura Silver Resources Inc- Intrepid Mines Ltd., entre muchas otras.

Seis años después de publicado el diagnóstico minero de la Universidad Tecnológica de la Mixteca, la Gerencia Regional Sur del Servicio Geológico Mexicano informó que Oaxaca es considerado como uno de los estados de mayor potencial minero a nivel nacional, por la presencia de grandes extensiones de cobre, plata, oro, zinc, antimonio, y de minerales no metálicos, por lo que despertó el interés de empresas mineras internacionales. Ante ello, el gobierno federal encabezado por Enrique Peña Nieto realizó una serie de modificaciones constitucionales, contenidas en la Reforma Energética, que posibilitaron el despojo de tierras en zonas campesinas e indígenas del país. Bajo estas reformas jurídicas, el capital extranjero logró la plena apertura para explotar los recursos naturales y energéticos nacionales y, a través de la Ley Nacional de Hidrocarburos, establecer esquemas de servidumbre donde los campesinos recibirán únicamente una renta ínfima a cambio del despojo de sus recursos a través de la explotación petrolera, gasera y de minerales. Huelga decir que con estas disposiciones se declara la explotación energética y mineral como prioritaria ante, por ejemplo, la producción alimentaria.

Desde entonces, más de 15 años, Oaxaca ha estado en la mira de las trasnacionales mineras quienes, a través del Estado, impulsaron el decreto de creación de las Zonas Económicas Especiales mediante las cuales se construirían espacios para el capital trasnacional que les permita desarrollar la infraestructura de enclave necesaria para la explotación de los recursos energéticos, minerales y de agrocombustibles que posee la región. Es cierto que las Zonas Económicas Especiales se han eliminado, pero no la convicción entreguista de los recursos al capital trasnacional, como lo evidencia el actual Plan Nacional  de Infraestructura elaborado por las mismas corporaciones que tienen intereses específicos en Oaxaca.

Por ejemplo, Luiz Camargo, director de la Compañía Minera Cuzcatlán, filial de Fortuna Silver Mines, afirmó que Oaxaca, es un estado “premium” por el alto potencial minero que, sin embargo, se encuentra en una “fase embrionaria” y “necesita dar otro paso” y realizar un banco de datos para facilitar el desarrollo de la exploración minera que a su vez “podría llevar desarrollo a las comunidades que se encuentran en rezago”. Agregó que “hay una buena relación con las comunidades con las cuales se celebran convenios para apoyarles en materia de salud, educación y sostenibilidad social”; sin embargo, la realidad muestra lo contrario: ante el panorama de invasión de las corporaciones mineras a la región mixteca, comunidades han desarrollado permanentemente procesos de organización para rechazar los megaproyectos mineros en sus localidades.

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La organización de los pueblos ante la voracidad minera

En febrero de 2016 habitantes de 48 comunidades y representantes de 30 organizaciones sociales exigieron la cancelación de 400 concesiones y 35 proyectos mineros en zonas indígenas de Oaxaca.

La respuesta de la burguesía minera y del Estado fue criminalizar, asesinar y desparecer de manera forzada a miembros de organizaciones y defensores ambientales con el objetivo de sembrar terror en todo el estado y poder realizar plenamente las actividades de minería con sus ulteriores efectos en la vida y la cultura indígena, en el medio ambiente, en la salud y en las relaciones sociales.

A pesar de esto, la resistencia y lucha en contra de los proyectos mineros no ha dejado de desarrollarse. Por ejemplo, desde el año 2009, la comunidad de Magdalena Ocotlán ha mostrado su oposición rotunda a la imposición del proyecto minero pues, mediante un acta de sesión solemne de cabildo, reafirmaron su lucha por la tierra y determinaron declarar su territorio totalmente libre de actividades mineras. Igualmente, habitantes de la Sierra Sur de Oaxaca iniciaron en 2018 la resistencia para evitar la actividad minera de la empresa canadiense Fortuna Silver Mines que afecta a 35 municipios de los Valles Centrales.

También en Valles Centrales las comunidades en resistencia realizaron, en 2019, la “Guelaguetza Antiminera” con la que conmemoraron tres décadas de lucha y resistencia. En ese acto, varias comunidades se declararon “territorios prohibidos para la minería”.

Esta lucha por la defensa de sus territorios y en contra de la minería cada vez se hace más general en todas las regiones de Oaxaca. Las comunidades indígenas han desarrollado procesos de organización y articulación regional para evitar que las corporaciones mineras devasten sus comunidades y la biodiversidad que poseen.

Pero ante estos procesos de resistencia popular, la estrategia de división en las comunidades ha sido una práctica que el Estado ha implementado a través de los partidos políticos de todos los colores. Entre la represión, el hostigamiento, la división y las falsas promesas de cambio, se intenta dar el golpe de fuerza que permita a los intereses mineros romper los lazos sociales y de autogestión comunitaria.

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El Frente en Defensa del Territorio y los Recursos Naturales Puebla-Oaxaca

A partir de la preocupación de las concesiones mineras que se han otorgado en la zona mixteca de Oaxaca y Puebla, autoridades comunales, habitantes y organizaciones sociales de la región comenzaron a reunirse en asambleas comunitarias para discutir y tomar acciones contra la imposición de estos proyectos. Así, colectivamente las comunidades tomaron la decisión de formar un frente regional para implementar acciones de defensa y resistencia. Fue así como nació el Frente Regional en Defensa del Territorio de los Recursos Naturales Puebla-Oaxaca, con la finalidad de exigirle al gobierno que elimine las concesiones a mineras extranjeras para la explotación de la tierra en sus comunidades.

Ya constituídos como frente, el pasado 1 de febrero desarrollaron en la comunidad de Santiago Chazumba la Segunda Asamblea de la Defensa de la Tierra y los Recursos Naturales, a la que acudieron autoridades municipales, agrarias, activos, población de la Sierra Norte de Puebla y de la Mixteca. Durante la asamblea informaron que los proyectos mineros, establecidos desde la Sierra Norte poblana hasta la Mixteca Alta oaxaqueña, atentan contra los ecosistemas de los municipios de la región, y denunciaron las amenazas que enfrentan por los responsables de los proyectos existentes en sus comunidades entre los que se encuentran: el proyecto hidroeléctrico Coyolapa-Atzala; concesión minera Newmont Mining Co. en Cerro Colorado, Tehuacán; parque eólico en Miahuatlán, Puebla; fumigación de nubes con yoduro de plata en el valle de Tehuacán y en comunidades de la Mixteca oaxaqueña; concesión minera en Tequixtepec; así como la concesión minera Arco Resources Corporation en San Jerónimo Silacayoapilla; San Marcos Arteaga y Santiago Ayuquililla, aunado a la extracción de material pétreo en ríos de la región por pequeños concesionarios.

Ante este contexto de afectaciones y conflictividad, el Frente acordó declarar sus comunidades como “pueblos libres de minería, megaproyectos y en permanente resistencia” y, asimismo, la realización de acciones de resistencia y movilización en Oaxaca y Puebla para la defensa de sus territorios. Su primera acción fue la realización del Primer Foro Antiminería y Magaproyectos, celebrado el 8 de marzo en Santiago Chazumba.

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La minería es feminicida

El Primer Foro se realizó en el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora. En este sentido, la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), giró en torno al tema de la minería como feminicida. Ahí se destacó que la minería extermina la vida, en particular de las mujeres, pues “el modelo extractivo minero es una de las caras más visibles y patriarcales del sistema capitalista el cual no duda en asesinarnos, en desaparecernos y enfermarnos”.

Las mujeres de REMA, denunciaron firmemente “los agravios de este sistema patriarcal que se esconde en empresarios nacionales e internacionales; en gobernantes a nivel federal, estatal y municipal; también en las instituciones financieras y los agentes de gobiernos extranjeros”. Por ello, no dudaron en sentenciar que “no creemos en la minería sustentable, ni responsable, ni verde. Las mujeres no negociamos la vida”.

Finalmente, REMA fue contundente al manifestar que “le decimos al gobierno federal que si ellos no están dispuestos a acabar con el saqueo y la rapiña de las empresas extractivas y sus empresarios parásitos que operan en nuestro país, lo haremos con la fuerza de las mujeres. Si este gobierno no está dispuesto a acabar de tajo con la impunidad, lo haremos nosotras”.

“Estamos comenzando tarde… pero podemos ganar”

“En Oaxaca existen 427 concesiones mineras. En la Región Mixteca, por lo menos, hay 61 concesiones diferentes” para la explotación de titanio, plomo, cobre, zinc, barita, hierro, oro y plata; manifestaron durante su ponencia los investigadores del Grupo de Investigación Independiente de Oaxaca.

Asimismo, manifestaron que en la lucha contra el despojo minero las comunidades de la región están comenzando tarde, por la rapidez con que avanzan las exploraciones mineras; sin embargo, confiaron en que aún hay tiempo para revertir esta problemática. Destacaron que el patrimonio de las comunidades y sus habitantes, concretamente de los niños, están en un grave riesgo pues de acuerdo con la Ley Minera las concesiones tienen vigencia de 50 años con renovación automática de otros 50 años más. “Todos tenemos que estar involucrados mujeres, niños, hombres, ancianos, ancianas. ¿Por qué? Muchos de estos niños tal vez tienen por lo mucho cuatro o cinco años. Si la concesión la otorgaron en el [año] 2016, esa concesión va a estar vigente cuando esos niños tengan cincuenta años y muchos de nosotros ya no vamos a estar aquí”. Con esta duración en las concesiones “están hipotecando el futuro de nuestros pueblos por 100 años; y eso, el gobierno no lo ha echado para atrás”, expresó el mencionado grupo.

También informaron a los participantes un dato sorprendente: en la mixteca se encuentra el yacimiento de hierro más grande del planeta y éste se encuentra en las ambiciones del magnate acerero Lakshmi Mittal, dueño de la Siderúrgica Lázaro Cárdenas – Las Truchas (SICARTSA), en Michoacán, quien en junio de 2019 se reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador quien se comprometió a generar las condiciones idóneas para que el “Rey del Acero” pueda invertir en nuestro país mil millones de dólares. De acuerdo a lo dicho por el presidente de la República, “estamos llegando al acuerdo de explorar, de que invierta más en México, cuando menos unos mil millones de dólares más, tanto en Lázaro Cárdenas como en otras actividades productivas”. La garantía que AMLO ofrece a Mittal es respaldar el proyecto minero implementado por su antecesor Enrique Peña Nieto que establece, de acuerdo con la Ley Minera, que la concesión minera cuesta 5 pesos por hectárea al año y después de los diez años, aumenta a 111 pesos. Sin duda un negocio redondo a la medida de la voracidad minera extranjera.

El panorama resulta complejo, por ello el grupo de investigación insiste en que “estamos empezando tarde”. De acuerdo a sus consideraciones, se necesita difundir ampliamente la información de lo que rodea al negocio minero a toda la sociedad y, principalmente, a dos instancias fundamentales: la presidencia municipal y la autoridad agraria “porque la empresa tendrá la venia del gobierno federal, pero si no tiene el permiso del municipio y no tiene el permiso del núcleo agrario, no puede entrar. Y eso está establecido en las leyes”.

Desde la óptica del Grupo de Investigación Independiente, para avanzar en la lucha de resistencia es necesario allegarse y difundir información lo más completa y certera posible. También considera que es fundamental desarrollar una política de medios que les permita insertar en la opinión pública la problemática que viven las comunidades mixtecas ante el avance de los proyectos mineros. Igualmente es necesaria la asesoría jurídica, pero siempre bajo las directrices de los mandatos de la asamblea comunitaria.

“Tenemos que estar preparados para movilizarnos y para confrontarnos. La empresa no nos va a decir ‘por favor déjame entrar’. En el momento en que vea que no tiene el permiso, va a aplicar la fuerza; y nosotros tenemos la razón, pero también tenemos que ser conscientes de que tenemos que tener la fuerza para demostrar que esa razón es válida”.

Y concluyó: “Podemos ganar, pero tenemos que hacer un esfuerzo continuo”.

Imagen destacada: Con los Ojos Abiertos. Cobertura del Foro: Frente Oriente

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Gobierno Estatal y Federal vuelve a amenazar los Territorios y Comunidades de Chiapas

Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA sobre las amenazas que han sufrido recientemente integrantes del Frente Popular en Defensa del Soconusco – A 25 de marzo de 2020

Es una burla que, en plena contingencia del COVID-19, el gobierno morenista del gobernador Rutilio Escandón Cadenas en Chiapas, por medio de la Subsecretaría de Relaciones Políticas y Organizaciones, amenaza e intimida al “Frente Popular en Defensa del Soconusco” (FPDS) de los municipios de Acacoyagua y Escuintla, miembros de la REMA, al citarlos para que acudan a una mesa de trabajo llamada “Problemática entre el grupo minero El Puntal S.A. de C.V . con el grupo denominado 20 de Junio”, cuando saben que en esa zona hay un proceso organizativo que lleva varios años enfrentándose a los proyectos mineros.

El día 18, luego el día 20, y el 23 del presente mes, el gobierno del Estado convocó para que las comunidades de la zona asistieran a un llamado -irresponsablemente requeridos en plena contingencia del coronavirus-, con el propósito de garantizar la extracción del titanio por parte de la empresa que tantos daños ha hecho a la región, entre lo que destacan acciones relacionadas con amenazas, intimidaciones y divisiones comunitarias. En este juego, y como siempre sucede de manera lastimosa y perversa, se han prestado al contubernio con la empresa minera tanto la Fiscalía del Estado, como la Procuraduría Agraria, quedando en claro lo serviles que son para facilitar los intereses empresariales y no los comunitarios y agrarios.

Tanto el gobierno federal, como estatal no acaban de entender que el modelo extractivo es insustentable, contamina las fuentes de agua, deforesta, genera graves condiciones de despojo y desplazamiento, lo que, en consecuencia, termina de manera definitiva con los suelos de las regiones montañosas biodiversas de Chiapas. Peor aún, cuando de manera beligerante e irresponsable llevan a cabo acciones en un momento de crisis pandémica de graves consecuencias económicas, en donde los ejidos están más susceptibles para absorber prebendas o dinero por permitir el desarrollo de actividades extractivas.

Responsabilizamos tanto al gobierno morenista de Rutilio Escandón, como al licenciado Concepción Zavala López -Delegado Regional de Gobierno y a la Fiscalía-, de cualquier intento de intimidación, coerción, división y conflictos que susciten bajo el pretexto de aplicar el Estado de Derecho y criminalizar la justa demanda de los pueblos de proteger el medio ambiente, la salud, el agua y la biodiversidad, en contra de los ambiciosos intereses de la empresa de Monterrey que pretende devastar las montañas del sureste de México.

¡LA MINERÍA DESTRUYE LA VIDA!

¡TERRITORIOS LIBRES DE MINERÍA!

Firma

RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA

Imagen: Área de comunicación Otros Mundos Chiapas

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La empresa minera El Puntal S.A. de C.V. y el Gobierno de Chiapas amenazan a defensores y defensoras ambientales de Acacoyagua

Comunicado del Frente Popular en Defensa del Soconusco “20 de junio”, el Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa A.C. y Otros Mundos Chiapas A.C. – A 23 de marzo de 2020 >> Descargar comunicado en pdf<<

El gobierno de Chiapas, a través de la Delegación de Mapastepec, representada por el Lic. Concepción Zavala López, ha convocado a una reunión de trabajo al Frente Popular en Defensa del Soconusco para “dirimir conflictos sociales” sin que las comunidades afectadas por la extracción minera lo hayan solicitado. La reunión se llevó a cabo con el empresario Victor Espinoza, representantes de la empresa minera El Puntal S.A. de C.V. El objetivo de la convocatoria fue la de advertir a los y las integrantes del Frente Popular en Defensa del Soconusco (FPDS) que el gobierno aplicará el “estado de derecho” para que la empresa de extracción de titanio reinicie sus obras. En presencia de la Fiscalía de Chiapas y la Procuraduría Agraria el empresario señaló a 12 integrantes del FPDS como los “líderes” de la organización y advirtió aplicar denuncias penales en su contra.

Las organizaciones que suscribimos este comunicado expresamos nuestra preocupación ante el evidente respaldo que el gobierno de Chiapas está dando a la empresa minera El Puntal S.A. de C.V. para sus operaciones, poniendo en riesgo la integridad física y psicológica de los y las integrantes del FPDS y de los y las habitantes de Acacoyagua. Es grave que el Gobierno de Chiapas y la Fiscalía adviertan “el estado de derecho” al servicio de una empresa y de intereses privados. Por el contrario, “el estado de derecho”, en su relación intrínseca con los derechos humanos, debe estar al servicio de proteger a las personas y los pueblos, así como nuestros ecosistemas, y no para promover los intereses económicos y proyectos mineros.

Del 2016 al 2018 los y las integrantes del FPDS fueron víctimas de una estrategia de criminalización y judicialización, coordinada por el gobierno de Chiapas y la empresa El Puntal S.A. de C.V. Misma que fue documentada por diversas organizaciones de la sociedad civil en Chiapas y por la organización de observación internacional SweFOR. En ese momento el FPDS acudió de manera pacífica a tres mesas de trabajo en donde se solicitaron a distintas dependencias hacer los estudios de calidad de agua y de salud correspondientes para la documentación de daños a la salud y al medio ambiente. Ninguna solicitud fue atendida, sino todo lo contrario, en este periodo se documentaron amenazas directas hacia los y las integrantes del FPDS, pago a ejidatarios y coordinación de acciones de confrontación por parte del integrante de la empresa: Julio Alfaro, pago a periódicos locales para que difundieran notas que deslegitimaban a integrantes del FPDS, la presencia de un convoy militar que llamó el municipio de Chiapas para vigilar una reunión convocada por el FPDS, entre otras.

En esos años y hasta hoy, el gobierno de Chiapas juega un rol de apoyo a la empresa Minera El Puntal S.A de C.V.. Desde entonces las organizaciones advertimos que el proyecto tan solo contaba con el permiso de exploración, pero que la gente denunciaba el paso de transportistas con mucho material y una serie de inconsistencias en los contratos con los ejidos. Además que su apoyo a la empresa contravenía la obligación del estado de proteger los derechos humanos antes que los intereses privados. Hacer uso del “estado de derecho” sería revisar todas las inconsistencias e irregularidades que presenta el proyecto, no para criminalizar a las y los defensores ambientales de Acacoyagua.

Reiteramos que el Frente Popular en Defensa del Soconusco “20 de junio” somos una organización integrada por representantes de comunidad: jueces, ejidatarios y comuneros, así como madres de familia y jóvenes. Nuestra labor desde el 2015 ha sido la de informar y hacer denuncia de las consecuencias ambientales y sociales por la actividad minera. Nuestras acciones son pacíficas, sin ningun fin más que el de proteger el medio ambiente y el patrimonio de las futuras generaciones.

Responsabilizamos al Gobierno del Estado de Chiapas y la empresa El Puntal S.A. de C.V. por cualquier acto de intimidación y criminalización hacia los y las afectadas por la minería en Acacoyagua y a las justas demandas amparadas en los derechos humanos y colectivos. Llamamos a la protección de nuestros derechos y la integridad física y psicológica de los integrantes del FPDS.

Firma

FRENTE POPULAR EN DEFENSA DEL SOCONUSCO “20 DE JUNIO”

CENTRO DE DERECHOS HUMANOS DIGNA OCHOA A.C.

OTROS MUNDOS A.C.

Contacto: frentesoconusco@gmail.com

>> Descargar comunicado en pdf<<

Imagen: Área de Comunicación de Otros Mundos Chiapas

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Otra vergüenza en Zacatecas ante el imperativo de reorientar al RENIECYT en todo el país

Incentivan a empresas mineras a registrarse en el Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas (RENIECYT)

Compartimos el comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA) – A 16 de marzo de 2020

El Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación (COZCYT), dependiente del Gobierno del Estado de Zacatecas, hace unos días se congratuló por una capacitación que proporcionó a integrantes del Clúster Minero de Zacatecas para facilitar a que accedan a recursos federales de Conacyt, a través de la promoción de su registro en el Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas (RENIECYT)1.

Hasta la fecha -según los datos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT)2-, existe 56 empresas relacionadas con la actividad minera registradas en el RENIECYT en 20 entidades de la república, principalmente en los estados de Coahuila (10 empresas), Sonora (8), Nuevo León (6) y Chihuahua (4), Tabasco (4) y Zacatecas (4). Sin embargo, esta base de datos no detalla cuáles de éstas han sido apoyadas y, en su caso, qué monto económico han recibido ni el motivo de dicho apoyo.

Como Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA), nos pronunciamos enérgicamente en contra de esta acción que no sólo busca promover al sector minero, sino cínicamente, se apoya para que la poderosa industria privada minera tenga acceso a recursos públicos, sea directamente o por condonación de impuestos. La explotación minera, ícono de las actividades que más despojo han generado en la historia del país y del planeta, particularmente en su fase neoliberal, no debe ser financiada directa, ni indirectamente por las instituciones públicas, por más que pretendan disfrazar el despojo y el interés privado como “desarrollo” y “oferta de empleo”. El despojo no es de utilidad pública.

Hace un año, la actual directora del CONACYT dio a conocer y denunció las prácticas en las que se había incurrido dentro de esta entidad científica en los sexenios anteriores, justo por la asignación -a fondo perdido-, de recursos públicos a proyectos de empresas privadas. Entre 2009 y 2017, a través del Programa de Estímulos a la Innovación (PEI), se destinaron 7 mil 367 millones de pesos a 512 grandes empresas nacionales y trasnacionales, entre ellas IBM, Intel, Ford, General Motors, Monsanto/Bayer, Continental, Volkswagen, Sanofi, Nissan, Kimberly Clark e Industrial Minera México3. En ese contexto, esta reciente invitación a las empresas mineras para participar dentro del RENIECYT y beneficiarse del erario público de manera directa o indirecta, busca mantener las canonjías de la misma forma en la que se hizo en sexenios anteriores.

El RENIECYT debe orientarse al bien común de manera clara y categórica, y en particular, aquellas empresas e instituciones, sean nacionales o extranjeras, cuyas actividades atentan contra el bien común y contra la integridad de las comunidades y territorios, como es el caso bien fundamentado de las empresas de megaminería tóxica, no deben de ser incorporadas a dicho registro bajo ningún concepto. De otra forma se refrenda la continuidad con las políticas de los gobiernos anteriores y sin duda alguna se afirman las contradicciones entre los hechos y los dichos del actual gobierno.

El RENIECYT, como instrumento de apoyo y fomento a la investigación científica, al desarrollo tecnológico y a la innovación en el país, que es pagado con presupuesto público, es decir, con el esfuerzo y el sacrificio de la clase trabajadora, no puede prestarse para apoyar a un sector que viola constantemente los derechos de las comunidades, daña de manera irreversible al ambiente y la salud de la población y quebranta el marco legal nacional, además de recibir una cobertura oficial a su calidad de evasor de impuestos. Como ejemplo de ello, y a pesar de la enorme magnitud económica de los recursos que estas empresas sustraen sistemáticamente del país, durante el periodo 2010-2014 sólo el 1% de los ingresos fiscales totales en México provinieron la actividad minera4, y por lo menos 59 empresas mineras fueron identificadas por la Auditoría Superior de la Federación como presuntas evasoras fiscales5 durante el 2017.

En tanto, las condiciones que favorecen este despojo no han sido modificadas de manera sustantiva por los legisladores, no a fin de que se incremente la carga fiscal a dichas empresas, sino a fin de suspender de manera categórica sus operaciones por el bien del país, de sus habitantes y de sus territorios.

Los llamados “Clúster Minero” son un ejemplo claro de los mecanismos de asociación entre el gobierno y capital privado del neoliberalismo, mecanismos de compadrazgo y complicidad donde los intereses de la población no sólo quedan fuera, sino desaparecen totalmente. Recordemos que se trata de una figura donde empresas mineras, proveedores de ésta y funcionarios públicos estatales y federales, así como de universidades y fundaciones universitarias se reúnen bajo la figura de una asociación sin fines de lucro, con el fin promover la explotación minera principalmente metálica-, en distintos estados del país, a través de la incidencia en políticas públicas y el acaparamiento de apoyos gubernamentales.

En México, existen cinco agrupaciones de este tipo, mismas que se encuentran en Estados con daños muy graves y un sinfín de actos de violencia por esta actividad: Guerrero, Sonora, Chihuahua, Coahuila y Zacatecas.

Es importante destacar que el clúster minero de Zacatecas (Clusmin), integrado por siete empresas mineras (Industrias Peñoles, Grupo Frisco, Capstone, FirstMajestic, Newmont/Goldcorp y Mineras Bacis), mantienen un “estrecho” vínculo con varias áreas de universidades mexicanas y extranjeras: Instituto Politécnico Nacional (IPN), Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), Instituto Lowell, Universidad de Arizona, Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), el Instituto de Minería Sustentable de la Universidad de Queensland, Australia (SMI), el Centro Norcat en Canadá y el Instituto de Minería Sustentable del Perú (ISEM)6 lo cual, sin duda alguna, significa una pérdida de credibilidad y las coloca en claro conflicto de interés en casos del uso de la “ciencia institucionalizada” para dirimir controversias entre los desastres mineros y las comunidades que inevitablemente acarrea este tipo de extractivismo. Es decir, la ciencia no puede estar financiada para luego ser aprisionada y sometida por interés de particulares.

En ese marco y para este año, el director del COZCYT anunció que la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) empezará la construcción del “Centro de Minería Compatible” en Quantum.

En ese marco y para este año, el director del COZCYT anunció que la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) empezará la construcción del “Centro de Minería Compatible” en Quantum.

Basta de falsos disfraces para la investigación y desarrollo tecnológico para encubrir actividades que se basan en el extractivismo y en el despojo de las comunidades.

¡LA MINERÍA DESTRUYE LA VIDA¡

¡CIENCIA, ACADEMIA Y RECURSOS PÚBLICOS A FAVOR DE LOS PUEBLOS Y NO DE QUIENES LOS DESTRUYEN!

TERRITORIOS LIBRES DE MINERÍA

Firma

RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA

Imagen: Mina peñasquito – Desinformémonos

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Mina de oro y plata representa un PELIGRO para Morelos

Compartimos esta nota publicada en ADN Informa sobre la resistencias a la minería en Morelos- A 27 de febrero de 2020

El territorio que explotarán es equivalente al Bosque de Chapultepec en CDMx y expertos coinciden en que representa graves riesgos para la salud, sociales y al medio ambiente

Morelos.- De acuerdo con la Asociación de Consultoría Ambiental Geoinnova la minería a cielo abierto es una industria que genera inmensos impactos ambientales, visuales, humanos y culturales, se basa en la explotación de recursos no renovables, Morelos está en riesgo de tenerlos con el reinicio de trabajos de la mina de Tetlama ubicada en Temixco operada por la empresa canadiense Alamos Gold, a la cual ciudadanos, especialistas y autoridades han señalado sus riesgos pero nadie ha podido parar.

Todo inició el 2009 cuando el gobierno federal dio la concesión a la empresa canadiense Esperanza Silver, el uso del un territorio equivalente a 695 hectáreas, desmontado 170 de selva baja caducifolia, con un consumo de agua anual de 760 metros cúbicos de recursos subterráneos, un territorio equivalente a al del Bosque de Chapultepec en Ciudad de México. Este permiso tiene una vigencia hasta el 14 de mayo de 2059. En julio de 2013, Esperanza Silver vendió sus acciones en Morelos por 45 millones de dólares a otra empresa canadiense Alamos Gold.

Desde que se dio a conocer la explotación de recursos naturales en esta zona ciudadanos, ambientalistas, especialistas en el tema e incluso las autoridades han señalado las consecuencias que tendrá el ambiente y las personas que viven en Temixco, Miacatlán y Xochitepec, si opera esta mina en los cerros El Jumil y Colotepec.

De acuerdo con la arqueóloga Silvia Garza Tarazona del Centro del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) Morelos, este proyecto afectará gravemente la zona arqueológica de Xochicalco, patrimonio cultural de la humanidad, ya que el uso de explosivos para demolición del suelo pone en riesgo los túneles prehispánicos e incluso el descubrimiento de nuevos hallazgos.

En 2013 la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) negó la autorización de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) a la empresa canadiense Esperanza Silver de México, SA de CV.

El gobierno en curso, señaló afectaciones por la explotación del suelo para extraer oro y plata en el municipio de Temixco.

Entonces expusieron que el proyecto no cuenta con los estudios de geohidrología, para la categorización del patio de lixiviación, y se consideró un clima que no corresponde al sitio del proyecto. Además calculaban una extracción agua menor que la real, Esperanza Silver de México, SA de CV, calculó 36% de la disponibilidad media del acuífero, cuando el cálculo correcto es de 51.4% de la disponibilidad existente.

El 29 de mayo del 2013, la UAEM realizó el Foro de análisis Multidisciplinario sobre Minería a Tajo Abierto en Morelos, donde expertos coincidieron en que la mina a tajo abierto traerá contaminación del aire, tierra y agua debido a la utilización de cianuro y metales pesados altamente tóxicos en el proceso de extracción de oro, afectando a más de 560 mil habitantes.

Además denunciaron que la empresa Esperanza Silver a través de una campaña de desinformación y marketing estratégico, pretendió minimizar el conocimiento sobre los riesgos a la salud humana.

En octubre del 2019, autoridades federales manifestaron que el proyecto cuenta con el respaldo del presidente Andrés Manuel López Obrador, a pesar de que desde el 2011 se ha cancelado ante el impacto negativo social y ambiental.

Además los diputados morelenses alertaron sobre posible instalación ilegal e 2020, pues carece de los permisos estatales para iniciar operaciones.

Destacaron que en el libro “Patrimonio Bicultural y Megaminería: Un reto múltiple”, escrito en colaboración por varios autores y que se presentó en Morelos el mes de julio de 2018, se documentó como la minería a tajo abierto provoca destrucción de la cubierta vegetal y del subsuelo, así como graves riesgos para la salud, debido al uso indiscriminado de sustancia de alta toxicidad como el cianuro y el mercurio.

A pesar de todos los señalamientos negativos, las acciones de la empresa minera son latentes para operar en Morelos, pero ¿cuándo actuarán para detenerlos?

Imagen: ADN Informa

Más información:

Jalisco y Colima: Peña Colorada y sus abusos en Manantlán

Compartimos esta fragmento de este reportaje especial publicado en Proceso – A 29 de febrero de 2020

Por Pedro Zamora Briseño

El 9 de septiembre de 2019 Paolo Rocca –considerado el hombre más rico de Argentina– se entrevistó en privado con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Un mes después la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) aprobó que la mina Peña Colorada –que extrae el 33% del hierro del país y de la que Roca es accionista— pudiera ocupar 155 hectáreas de terreno para construir un depósito de desechos y nuevas instalaciones industriales. En medio de la tala de miles de árboles, las comunidades indígenas iniciaron las protestas debido a que no fueron consultadas.

SIERRA DE MANANTLÁN, (Proceso).– Sin consulta con las comunidades indígenas de la franja limítrofe de Colima y Jalisco y en medio de un proceso de autorización ambiental cuestionado, la minera extranjera Peña Colorada –que extrae de sus yacimientos en la región 33% del hierro que produce el país– empezó la tala para construir un depósito de desechos y nuevas instalaciones industriales.

Mediante el proyecto “Nuevo taller y terrero oriente”, con una inversión estimada de 411.6 millones de pesos y una vida útil de 27 años, la empresa busca elevar casi 10% su producción de concentrado de hierro, de 4.1 a 4.5 millones de toneladas anuales, y pretende acondicionar una nueva área para el confinamiento del material estéril residual resultante de la explotación minera en los próximos ocho años.

Nacido en 1975 como paraestatal, el Consorcio Minero Benito Juárez Peña Colorada SA de CV –su nombre oficial– fue privatizado en 1991 y desde 2005 es propiedad, a partes iguales, de las trasnacionales Ternium y Arcelor Mittal, pertenecientes a los magnates del acero Paolo Rocca, ítalo-argentino, y Lakshmi Narayan Mittal, indio, respectivamente.

Ternium forma parte del Grupo Techint, invitado por la administración de Andrés Manuel López Obrador a participar en la licitación de la refinería Dos Bocas, oferta que, según algunas versiones, declinó por estimar que para construirla no era suficiente el plazo señalado por el gobierno federal.

El 9 de septiembre de 2019, Rocca –considerado el hombre más rico de Argentina– visitó México y se entrevistó en privado con López Obrador. Al final el mandatario publicó una fotografía y el siguiente mensaje en Twitter: “La agenda de hoy incluyó un encuentro con Paolo Rocca, director general de Grupo Techint (Ternium-Tamsa). Me informó de sus proyectos de inversión en México, con el comentario de que somos un país atractivo para empresas mundiales por su estabilidad política, económica y social”.

El 18 de octubre siguiente, en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) le fue aprobado a Peña Colorada el proyecto “Nuevo taller y terrero oriente”, que quedó sujeto a algunas medidas de mitigación ambiental, compensación y condicionantes.

Fragmento del texto publicado en la edición 2261 de la revista Proceso, ya en circulación

Foto: Medio ambiente. Foto: Héctor Boix Cisneros

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Declaratoria del Foro Minería y Cambio Climático RD-Haití

Compartimos la declaratoria final de Foro Minería y Cambio Climático RD-Haití, reunido en Dajabón durante los días 28 y 29 de febrero del 2020>>Descargar en pdf<<

Que la megaminería ha creado daños socioambientales irreparables en República Dominicana y Haití. Este modelo extractivista violenta los derechos fundamentales de las comunidades y los territorios. Ahora pretende extenderse sobre fuentes hídricas de alta importancia para la agricultura, la energía y la vida en la isla, como es el rio Artibonito, y con él, todos los ríos que nacen en la Cordillera Central dominicana y el Plateau Central haitiano, que son claves para el desarrollo social y económico de nuestros pueblos.

Esta amenaza igualmente, acelera el proceso de descomposición social que de nuestros pueblos y afecta la seguridad y la soberanía alimentaria. Esta situación genera incertidumbre frente a la biodiversidad y a todo el sistema de áreas protegidas y el patrimonio cultural que es parte integrante de la memoria histórica de los pueblos que compartimos la isla.

Haití y la República Dominicana, naciones hermanas que comparten una casa común, se encuentran en el mapa de los países más vulnerables del mundo frente al cambio climático; esta vulnerabilidad es consecuencia de un modelo económico basado en la extracción y expoliación de recursos naturales, entre los cuales la megaminería representa el mayor peligro y riesgo a la estabilidad ecológica, ya que reproduce relaciones coloniales, a lo que se suma el envenenamiento de las aguas y la destrucción de paisajes culturales y ambientales. Este modelo de explotación incrementa la pobreza y se constituye en amenaza a la seguridad y soberanía alimentaria y a la salud humana. En ese panorama social y ambiental cobra preocupación la realidad de riesgos y vulnerabilización a que están sometidas las mujeres y los jóvenes.

Denunciamos que la megaminería genera descomposición social y territorial, utiliza recursos económicos como mecanismos de manipulación contra las estructuras organizativas locales, creando falsas esperanzas de desarrollo a través de construcción de infraestructuras comunitarias y proyectos de fomento productivo intrascendentes que no generan desarrollo humano.

Ante esta situación, las organizaciones, plataformas y movimientos sociales de la República Dominicana, Haití y Puerto Rico aquí reunidas, anunciamos que nos constituimos en espacio permanente de articulación para la defensa de los bienes naturales y derechos colectivos, por lo que nos convocamos a desplegar procesos y acciones de movilización ciudadana, educación en torno a los procesos ecológicos y ambientales esenciales, así como la revalorización de los conocimientos tradicionales. El proceso conlleva impulso de la investigación como herramienta de empoderamiento social, con el objetivo de impedir la expansión de la megaminería, y rechazar su presencia en nuestros territorios y pueblos.

SI A LA VIDA NO A LA EMPLOTACIÓN MINERA

Firman

Plateforma haïtienne de Plaidoyer pour un Développement Alternatif (PAPDA), Haití, SJR-Haití- Solidarite Fwontalye, Asamblea Nacional Ambiental (ANA), Federación de Maestros, Puerto Rico (FMPR), Mouvman Peyizan Papay (MPP), Haití Solidarite Fanm Ayisyen (SOFA), Haití Comisión Ambiental de la UASD ADEM, Haití Centro de Formación para Mujeres Organizadas María Liberadora, Inc. (CEFORMOMALI), Cotuí, RD Coordinadora Ambiental, Provincia Dajabón (CAPRODA), RD POHDH, Haití Asamblea Ambiental, Dajabón, RD Batay Ouvriye, Haití La Laguna Saladilla no está sola, Carbonera, RD GARR, Haití Tet Kole Ti Peyizan Ayisyen, Haití
MAELA dominicana Red Ecológica de Santiago Rodríguez, RD MODEP, Haití Amanecer Ambiental, Mao, RD CE-JILAP, Haití Grupo Ecológico Mundo Libre, RD Redac-CEPOCS, Navarrete; RD Articulación Campesina, RD Justicia Climática “Mártires Castaño”, RD Coalición Global de Bosques, SD, RD Mujeres por Miranda, La Vega, RD Mesa Ambiental de Dajabón, RD Consejo de Desarrollo de Los Miches, RD Centro de Madres “Lorenza Rodríguez”, RD
Confederación Nacional de Mujeres Campesinas (CONAMUCA), RD

Foto: Centro Montalvo

Guanajuato: Comunidades Afectadas por el Proyecto Minero Cerro del Gallo reciben a visitantes de Canadá

Compartimos este comunicado de la Hermandad de la Cuenca de la Independencia, Acción Colectiva Sociambiental y la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA) – A 4 de marzo de 2020

El CISO de Canadá visita y se solidariza con las Comunidades afectadas en su lucha contra el proyecto minero Cerro del Gallo en Dolores Hidalgo, Guanajuato

El pasado lunes 2 de marzo, las comunidades afectadas por el proyecto minero Cerro del Gallo propiedad de la minera canadiense Argonaut Gold en Dolores Hidalgo, Guanajuato, recibieron la visita de una delegación del Centre International de Solidarité Ouvrière, CISO (Centro Internacional de Solidaridad Obrera) de Quebec Canadá.

La visita de la delegación del CISO, conformada por 15 mujeres y hombres, representantes de diferentes sectores sindicales de su país tales como los de Salud, Educación e Industria Metálica,entre otros, fue posible gracias a la vinculación del Frente Auténtico del Trabajo (FAT), quien acompaña el proceso de organización de la Unión de Trabajadores de Desechos Sólidos Industrializables “Lázaro Cárdenas del Río” del Estado de Guanajuato, A.C. con las organizaciones de la Hermandad de la Cuenca de la Independencia y la Red Mexicana de Afectados/as por la Minería.

La delegación del CISO pudo conocer directamente a las y los habitantes de las comunidades que se encuentran en riesgo por la amenaza que representa el proyecto minero de la Argonaut Gold, en las inmediaciones de la comunidad de San Antón de las Minas, a pocos kilómetros al sur de la ciudad de Dolores Hidalgo.

Recordamos que apenas el pasado 17 de diciembre, la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la SEMARNAT negó la solicitud de autorización de cambio de uso de suelo e impacto ambiental del proyecto minero Cerro del Gallo; recordamos también que en los días posteriores, la canadiense Argonaut Gold, anunció que insistiría y volvería a solicitar las autorizaciones respectivas. No omitimos señalar que si el proyecto fuera autorizado y entrara en operación, afectaría una superficie de más de 20,000 hectáreas, con procedimientos altamente tóxicos ya que miles de toneladas de minerales serían tratados con grandes cantidades de cianuro de sodio por medio de la técnica de lixiviación en pila que generalmente produce graves afectaciones a la salud de las poblaciones cercanas debido a la contaminación del aire, agua y suelo, además de extraer y contaminar 1,440 millones de metros cúbicos de agua en un territorio en el que las comunidades no la tienen en suficiente cantidad y calidad como para garantizarles su derecho humano al agua.

En la visita participamos representantes del CISO, del FAT, de la Unión Lázaro Cárdenas del Río, de la Hermandad de la Cuenca de la Independencia, de Acción Colectiva y de la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA). Junto a habitantes de la comunidades, realizamos un recorrido por la zona amenazada, iniciando por un diálogo con habitantes de la comunidad de El Sisote, la más directamente afectada ya que por su cercanía al Cerro del Gallo, recibiría directamente por gravedad las aguas contaminadas con cianuro de sodio; a continuación visitamos la comunidad de Santa Bárbara para encontrarnos con algunos habitantes que se encuentran en un proceso acompañado por la Fundación de Apoyo Infantil (FAI) -también integrante de la Hermandad-, para construir cisternas de ferrocemento, para la cosecha de agua de lluvia; las cisternas, con capacidad de 12,000 litros permitirán a cada familia, contar con agua potable segura, únicamente para beber y cocinar durante un año; finalmente la visita terminó con una comida sencilla pero deliciosa, en La Colmena, en la que hubo palabras de fraternidad y compromiso de los representantes de las diferentes organizaciones de alzar la voz en México y Canadá para denunciar los proyectos y empresas del modelo extractivo minero.

Cabe resaltar el enorme interés y compromiso mostrado por la delegación canadiense, cuyos integrantes tomaron nota de todas las conversaciones, para informar a sus sindicatos, su expresión de solidaridad con las y los campesinos, además de manifestar sentir vergüenza por el criminal comportamiento de las mineras originarias de su país.

Dolores Hidalgo, Guanajuato

CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO

HERMANDAD DE LA CUENCA DE LA INDEPENDENCIA

ACCIÓN COLECTIVA SOCIOAMBIENTAL, A.C.

RED MEXICANA DE AFECTADAS/OS POR LA MINERÍA

Imagen: Hermandad de la Cuenca de la Independencia

Más información: