Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 2 de diciembre 2021
El viernes 27 de noviembre las comunidades de San Pedro Mártir y San Pedro Apóstol, pueblos ubicados en el Valle de Ocotlán, Oaxaca, a través de sus autoridades se han posicionado ante el tema de “Consulta” que ha comenzado a organizar la SEMARNAT. Dicha consulta sería en torno a la ampliación de la mina San José de la empresa minera canadiense Fortuna Silver Mines por 10 años más, proyecto que fue impuesto en 2009 a través de la represión y la violencia.
Desde la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA), respaldamos totalmente y apoyamos el posicionamiento que tienen las comunidades y volvemos a decir NO A LAS CONSULTAS, A LAS REGLAMENTADAS Y A AQUELLAS HECHAS A MODO, ya que, como se puede leer en nuestro posicionamiento1, las consultas “son utilizadas claramente como una nueva herramienta política pintada como democracia, aunque en realidad profundiza y legitima las acciones de despojo y de desplazamiento forzado, las cuales son consecuencia de la imposición de megaproyectos relacionados al Modelo Extractivo”. En efecto, nos piden llegar a un acuerdo sobre la violación de nuestros derechos a través de los megaproyectos diseñados ya en un contexto de gran asimetría, pues hay fuertes intereses políticos y económicos tras ellos.
De manera paralela a las demandas realizadas por la comunidades, existe una presión asfixiante por parte del poderoso lobby minero – en este caso de la empresa minera Fortuna Silver Mines – que se ha encargado de someter a la SEMARNAT y ante esta presión, después de haber negado la licencia ambiental a su proyecto de ampliación(https://apps1.semarnat.gob.mx:8443/dgiraDocs/documentos/oax/resolutivos/202 0/20OA2020M0039.pdf), la Secretaría decide abrir un proceso de consulta que ahora pretende, ante la opinión pública vender como un ejercicio democrático y legítimo.
Las pruebas y testimonios sobre el impacto ambiental, social y cultural están, existen y son claras. En el Expediente Administrativo No. PFPA/262/2C.27.1/0031-18 INSP. INDUSTRIAL, obran elementos que comprueban el impacto del derrame ocurrido el 8 de octubre de 2018, día en que la presa de jales secos de la filial de Fortuna Silver Mines, Minera Cuzcatlán, se rompió, derramando 1 millón 516 mil litros de desechos al Río El Coyote; sus silos que contiene rocas molidas hasta el polvo son una fuente constante de contaminación a la atmósfera, como comprobó la SEMARNAT cuando en el año 2019 impuso una multa por esta acción a la empresa.
Todo esto ha ocurrido gracias a las condiciones que genera un sistema económico y político injusto como lo es el capitalista, un modelo de enriquecimiento sustentado en la extracción masiva y colonialista, al amparo de un marco jurídico claramente neoliberal que continúa (a pesar de los pronunciamientos de la 4T de que el neoliberalismo ha terminado); y que beneficia al capital privado de las empresas extranjeras. No podemos confiar en que un mecanismo gestado por los mismos actores que permiten el despojo esté ciertamente encaminado a garantizar el respeto de nuestros derechos y nuestras decisiones.
No obstante, lo anterior, esta imposición no es ejercida sólo por la SEMARNAT. En este evento de supuesta libertad se encuentran inmiscuidas instituciones de gobierno como el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), la Procuraduría Agraria y el propio gobierno del estado de Oaxaca, que intentan operar, utilizar y mangonear a los pueblos. Y aunque este último, no tiene ningún instrumento ni legal ni administrativo en el asunto minero, sí se convierte en un actor político que opera para las empresas trasnacionales, en este caso para Fortuna Silver Mines y su filial Minera Cuzcatlán.
En este tenor, el INPI plantea toda una serie de argumentos engañosos y trata de vender la consulta como un derecho primordial y como la única vía de defensa de los pueblos ante un megaproyecto por decir poco, devastador. Queremos decir que esta posición manipuladora niega los derechos que los pueblos tienen en sus manos y que se ejerce a través de la propia gobernanza local. Primero, deben respetar las decisiones que toman los pueblos y sus visiones para las futuras generaciones.
Rechazamos que quienes encarnan estas instituciones, intenten ponerle la soga al cuello a sus hermanos y hermanas zapotecas de Valles Centrales de Oaxaca. Reprobamos su intención de vender un instrumento de legitimación del despojo como un derecho. Recordamos que con estos mismos argumentos la Secretaría de Asuntos Indígenas fue la artífice de la entrega del Istmo de Tehuantepec a las empresas extranjeras en el sexenio de Gabino Cué, también bajo un contexto similar se consumaron el proyecto minero San José y los asesinatos de Bernardo Méndez y Bernardo Vásquez en San José del Progreso, asesinatos que siguen en la impunidad.
El Estado a través de sus instituciones como la SEMARNAT y el INPI, no reconocen, menos respetan el deber ser de los derechos de los pueblos que se sustentan en la libre determinación, la autonomía y la autogestión de su territorio, de sus bienes naturales y de sus estructuras de gobernanza.
Desde la REMA exigimos a la SEMARNAT detenga ese mecanismo de despojo, que es la consulta que intenta imponer en Valles Centrales de Ocotlán para legitimar un proyecto que, desde su evaluación, esta misma institución había rechazado.
Responsabilizamos a la SEMARNAT, al INPI y a la empresa Fortuna Silver Mines de cualquier brote de violencia que se pueda generar en la zona por la imposición de este mecanismo de despojo.
Diciembre 2, 2021
ALTO A LOS MECANISMOS DE DESPOJO RESPETO A LA AUTODETERMINACIÓN DE LOS PUEBLOS
Comunicado de colectivos y comunidades de Oaxaca sobre la falsa hermandad que pretenden hacer entre el Gobiernos de Canadá y el Gobierno de Oaxaca apensar de la gran destrucción de proyectos mineros canadienses – A 29 de septiembre de 2021
A nuestrxs hermanxs de Isla tortuga
En el contexto de la celebración organizada por los Estados canadiense y mexicano, denominada “Encuentros indígenas Oaxaca-Canadá 2021-”, llevada a cabo del 20 de septiembre al 8 de octubre en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, hemos decidido dar a conocer algunos aspectos relevantes que han sido omitidos o tergiversados en las convocatorias oficiales y en las ruedas de prensa.
Lo que llaman “estado de Oaxaca” es uno de los más diversos cultural y lingüísticamente gracias a la resistencia indígena al exterminio, que comenzó con la expansión europea en el territorio de lo que hoy es México. Esta diversidad a la que aluden los gobiernos de Oaxaca y Canadá, figura como la motivación principal para realizar dicho evento.
Sin embargo, lo que llaman diversidad ésta más cercano al nacionalismo mexicano construido con los huesos y sangre de nuestros antepasados, la razón principal para decir esto es que los gobiernos ven al indígena y al afro como expresión cultural mercantilizable, como un discurso, como una imagen, etc.
Nosotrxs, quienes por generaciones hemos resistido a su necropolitica, racismo, clasismo y sexismo, no solo nos negamos a alentar ese nacionalismo, si no que repudiamos la mercantilización de nuestras formas de vida. Queremos que sepan todxs aquellxs que lo ignoran, que por generaciones hemos sido testigxs de la expulsión y marginalización de indígenas en el territorio invadido que han nombrado como Oaxaca; hemos sido objeto de la invasión y despojo de tierras, a las que miramos con tristeza y rabia convertirse en artículo de especulación financiera.
Si algo hemos de compartir con nuestrxs hermanxs de Isla Tortuga, es esta historia de dolor y violencia colonial. Ellxs también fueron despojados, masacrados y obligados a vivir en reservaciones. Lo que llaman “Canadá” oculta bajo sus suelos miles de cuerpos de infantes, hombres y mujeres indígenas, asesinados por la desgracia de no ser blancos y no pensar como blancos. Aunque el Estado pretenda ocultarlo, esta violencia perdura y se manifiesta de diversas maneras.
Esta historia compartida de despojo, nos convoca en esta ocasión para decirles al unísono, a quienes con sus leyes justifican o facilitan el exterminio indígena y de cualquier modo de vida contingente, a quienes confunden nuestra historia de resistencia con folcklor y a quienes ocultan sus negocios tras la expresión “hermandad cultural”, que NO SE LOS VAMOS A PERMITIR, NI MATERIAL NI SIMBÓLICAMENTE.
DENUNCIAMOS, que han sido estas mismas personas los actores intelectuales de la peor tragedia ambiental y social que hemos visto en tiempos recientes, un ejemplo de ellos es la instalación de minas para la extracción masiva de minerales, a través de la exploración y puesta en marcha de concesiones y proyectos mineros.
Empresas Canadienses tienen desplegados cientos de proyectos mineros por toda América Latina; muchos de ellos en territorios de comunidades indígenas, a las que ha tratado con racismo y desde una perspectiva colonialista.
Según datos del Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina, en México, el 50% de los conflictos mineros está relacionado directamente con empresas canadienses; de acuerdo con información contenida en el Sistema Integral sobre Economía Minera, de las 242 empresas extranjeras con proyectos mineros en el país, 160 corresponden a Canadá; además de que el 74% de las concesiones para exploración minera son otorgadas a empresas de dicho país.
En lo que respecta al estado de Oaxaca, hoy sede de este mal llamado “Hermanamiento cultural”, existe un total de 47 proyectos mineros de capital extranjero, de los cuales 33 son de empresas canadienses y tres más de asociación Canadá-Australia.
En la comunidad de San José del Progreso, Ocotlán, la criminal Fortuna Silver Mines opera bajo el nombre de Compañía Minera Cuzcatlán y, tras imponerse en el año 2009 mediante un operativo policial de más de 2 mil efectivos, ha dejado como saldo: 5 personas asesinadas, dos de ellas líderes antimineros y 3 integrantes de la autoridad municipal; el derrame de 1 millón 516 mil litros de desechos tóxicos, ocurrido el 8 de octubre de 2018, y que sigue en la impunidad; la contaminación del Río Coyote en Magdalena Ocotlán que actualmente presenta 5 elementos químicos en concentraciones tales que hacen al agua inviable para cualquier tipo de uso, agrícola o humano. Cabe señalar que, en 9 años de producción, Fortuna Silver Mines ha extraído del subsuelo una riqueza equivalente a 1,487 millones 778 mil dólares, de la explotación de oro y plata y también ha divido a la comunidad, desinformando y agudizando conflictos.
Otro caso de invasión y despojo se localiza en la zona de los Chimalapas, uno de los grandes pulmones del mundo. La empresa canadiense Minaurum Gold SA. tiene adjudicados a su nombre los títulos de concesión minera 22 5472 y 24 6936, a través de los cuales ha pretendido apropiarse de más de 6 mil 400 hectáreas para la explotación de oro y cobre. Este territorio selvático ha sido hogar del pueblo angpøn o zoque durante siglos; hoy, un proyecto minero canadiense pone en riesgo su vida, su cultura milenaria y un ecosistema vital para la regulación climática.
Ixtepec es un caso similar al anterior, donde una mina de capital canadiense pretendía apropiarse de 8,150 hectáreas para la apertura de una mina a cielo abierto; esto, cabe señalar, sin la menor preocupación por la vida y la salud de las comunidades indígenas susceptibles a ser afectadas. Actualmente, dicho proyecto se encuentra detenido temporalmente por la cancelación de la concesión.
Por su parte, Capulálpam de Méndez, comunidad indígena de la Sierra Juárez, ha denunciado constantemente, desde 2005, el grave daño ambiental causado por la CIA Minera de Natividad y Anexas a su territorio comunal y recursos naturales. Es bien sabido que esta empresa funciona como presta nombre de compañías canadienses, primero sirviendo a Continuum Resource y después a la empresa SUNDANCE. Sus actividades, llevadas a cabo contra la voluntad del pueblo de Capulálpam, han causado graves afectaciones ambientales, principalmente la desaparición de trece manantiales debido a los túneles excavados en el subsuelo. Asimismo, la contaminación con residuos tóxicos y jales mineros que vierten impunemente en el Río Grande, principal afluente del Río Papaloapam, lo que significa afectaciones a un gran número de comunidades que ya no pueden aprovechar el agua y por ende se violenta su derecho universal al acceso al agua. Por lo antes expuesto sobre este caso, queremos DENUNCIAR, que en 2015 se interpuso un amparo en contra de las concesiones mineras que la Secretaría de Economía otorgó sin el consentimiento de la comunidad y sin la consulta previa, libre e informada a la que tenemos derecho. Sin embargo, la Secretaría de Economía impugnó la sentencia a favor de la comunidad y, derivado de ello, la Minera de Natividad y Anexas sigue trabajando sin acatar la sentencia, sin permiso de la comunidad y sin tener la autorización de la Manifestación de Impacto Ambiental; todo en complacencia de las autoridades encargadas de hacer cumplir las leyes ambientales como la PROFEPA y la CONAGUA.
¡Mentira que buscan reconciliación con los pueblos indígenas!
Con este evento, el Estado Canadiense y el Estado Mexicano, a través del gobierno de Oaxaca, pretenden lavar sus rostros en lo que respecta a su relación colonial con las comunidades indígenas y afros; pero no lograrán desviar nuestra atención de los problemas estructurales y las situaciones de despojo y saqueo de las que pretenden hacernos objeto.
Por último, SEÑALAMOS que nos encontramos en ALERTA MÁXIMA y a la expectativa por esta simulación de hermandad. Sabemos que sus intereses son y serán siempre otros. Los lazos de afinidad y reciprocidad con lxs indígenas de Isla Tortuga los tejeremos nosotrxs, con el objetivo de extender nuestra resistencia, hasta que las praderas, montañas, ríos y animales vuelvan a ser libres, hasta que la resistencia nos permita vivir con dignidad, y no a la sombra de un deber ser impuesto y construido por aquellos que duplican sus inversiones gracias a nuestro exterminio.
¡NO PUEDE HABER HERMANDAD DONDE HAY DESPOJO Y SAQUEO!
¡MUERTE AL COLONIALISMO!
¡FUERA EMPRESAS MINERAS!
¡SIN ORO Y PLATA, SE VIVE!; ¡SIN AGUA, NO!
ATENTAMENTE
AUTORIDAD MUNICIPIAL DE SAN PEDRO APÓSTOL, OCOTLÁN. AUTORIDAD MUNICIPIAL DE SAN PEDRO MÁRTIR, OCOTLÁN. COMISARIADO DE BIENES COMUNALES DE CAPULÁLPAM DE MÉNDEZ. COMUNIDADES EL REBOLLERO, RÍO MINAS Y LOS ARQUITOS, SAN PABLO CUATRO VENADOS, ZAACHILA. COMITÉ IXTEPECANO EN DEFENSA DE LA VIDA Y EL TERRITORIO. ESPACIO DE MUJERES EN DEFENSA DE LA MADRE TIERRA “LAS MEÑAS”. COLECTIVO MATZA, SAN MIGUEL CHIMALAPAS. ARTICULACIÓN POR LA VIDA, CONTRA LA MINERÍA EN EL VALLE DE OCOTLÁN
Imagen: Manifestación realizada en Oaxaca por comunidades indígenas en contra de la minera Cuzcatlán, filial de la canadiense Fortuna Silver Mines. Foto: Santiago Navarro F.
Compartimos esta nota de Pie de Pagina sobre la minería en la Biosfera del Triunfo en Chiapas y las resisitencias y luchar por defender la vida en la región- A 16 de junio del 2021
Empresas de Francia, Alemania, China, y Canadá tienen concesiones para explorar, extraer y aprovechar los recursos minerales y metales dentro los bosques de niebla de la reserva el Triunfo en Chiapas
Texto: Yessica Morales / Chiapas Paralelo
CHIAPAS.- Los bosques de niebla, como muchos otros ecosistemas y tipos de vegetación en Chiapas, están siendo amenazados por múltiples factores, pero uno dañino son los megaproyectos extractivos, dentro de ellos se encuentra la minería a cielo abierto, advirtió el biólogo Daniel Pineda Vera.
El especialista señaló que cerca del municipio de Acacoyagua, instituciones como el Servicio Geológico Mexicano y la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) abrieron las puertas a muchas concesiones extranjeras de países como Francia, Alemania, China, y Canadá para que puedan explorar, extraer y aprovechar los recursos minerales y metales dentro de esta Reserva.
Puntualizó que, dicha situación no solo devasta de tajo la vegetación, sino que están dejando estéril el suelo, debido al uso de una diversidad de productos químicos para purificar los minerales y metales, el cual produce una gran cantidad de lixiviados (residuos líquidos) resultado de estos procesos industriales que llegan a parar a los cuerpos de agua, provocando así una grave contaminación.
Durante un conversatoio, el especialista añadió que en dicho municipio ha aumentado el número de casos de cáncer en la población, debido a la contaminación de los ríos por estos lixiviados que producen las mineras, que también afectan a la flora y fauna.
Estas concesiones mineras lejos de traer prosperidad y bienestar como suelen venderlo, están afectando todos los eslabones sociales y ecológicos que puedan existir en la zona, afortunadamente ha habido algunos esfuerzos en la zona, pero de manera eficaz y tangible no ha existido un alto para ese tipo de megaproyectos, dijo Pineda Vera.
Otra de las amenazas es la construcción de carreteras que pretenden cruzar y partir la Sierra Madre de Chiapas, como a muchas otras zonas del estado, por lo tanto ponen en juego la conectividad y salud de los ecosistemas.
Señaló que, en los bosques de niebla hay una diversidad de plantas y árboles que dominan el dosel, una mezcla entre especies tropicales de zonas templadas, donde se pueden encontrar encinos, pinos, matapalos, y una gran cantidad de especies de gran porte.
Además, estas especies pueden alcanzar hasta los 40 metros de altura, pero debido a las condiciones ambientales, la inclinación del relieve, cantidad de humedad, y calidad del suelo, harán que la altura del dosel sea variada.
Pineda Vera dijo que, la vegetación es dispersa y descontinua, pero en las grandes serranías al encontrarse en altitudes mayores a los 1500 metros sobre el nivel del mar, esta suele ser frágil.
Al mismo tiempo, la zona suele estar amenazada, debido a que ahí se realiza el cultivo tradicional del café de sombra, de gran calidad, lo que le ha dado renombre, pero debido a la presión industrial y a las “intenciones maquiavélicas” de grandes empresas como Nestlé y Starbucks, los productores en búsqueda de un bienestar económico, cambiaron su modelo de producción.
El nuevo modelo adoptado es el café de sol, implica que los productores talen el remanente de bosque que tienen estos terrenos, que a lo largo del tiempo puede provocar afectaciones, ya que no solo es un café de menor calidad, sino también hay una pérdida de cobertura vegetal, lo que da pie a enfermedades, padecimientos y plagas, que provocan que haya un abuso de agroquímicos, con el que se contaminan los suelos y el agua.
Proyectos mineros en Acacoyagua, Escuintla y Acapetagua tienen en riesgo la reserva de El Triunfo y los manglares de la Encrucijada. Cortesía: Gabriela Coutiño
“Bosque mágico”
EL biólogo explicó que la selva húmeda de montaña hoy es considerada como “el bosque más mágico del mundo”, y puede apreciarse dentro de la Reserva de la Biosfera El Triunfo, en esta se encuentran especies emblemáticas para la conservación y preservación de los ecosistemas naturales como el pavón, quetzal, tapir, jaguar, y por su belleza paisajista.
Pineda Vera aclaró que, existe una diferencia entre la vegetación del lado de la Sierra Madre de Chiapas, es decir, la cara de las montañas que pega hacia la Depresión Central (parte seca), y la que da hacia la costa (parte húmeda).
En la primera, la vegetación suele ser más densa, a veces chaparra y en ocasiones susceptible a la perdida de humedad, en cambio en el lado de la costa, en el especial el Soconusco suele ser rala (árboles un poco separados), cerca de las cañadas la selva es más baja, pero con mucha humedad, y se debe a que el viento pega de manera directa.
Acentuó que, el lugar es un paraíso para las aves y plantas, las especies que lo caracterizan son el pavón y quetzal, este último tiene una distribución en todas las regiones montañosas húmedas de Chiapas, aunque esto se ha ido reduciendo.
Los mayores representantes de la fauna de El Triunfo son los tapires, los ocelotes, los pavones, los jaguares y los quetzales, estos dos últimos protegidos para evitar su extinción. Cortesía: Turimexico
“Encontramos al pavón que es un ave propia de la sierra madre de Chiapas y la sierra contigua en Guatemala, encontramos otras especies que pasan desapercibidas y que son igualmente carismáticas como la clorofonia, dijo el especialista”.
En este paraíso chiapaneco el café es otra de sus maravillas y parte importante para la protección y sustento de la reserva. Cortesía: México desconocido
Agregó que, el lugar tiene las condiciones idóneas para el desarrollo de las plantas epífitas (plantas que crecen obre plantas) como las orquídeas, bromelias, helechos, plantas hemiepífitas, la cuales llegan a tener contacto con el suelo y tierra, pero de manera paulatina se vuelven epífitas o bien, pueden quedarse en la superficie, como es el caso de las aráceas, monsteras, teléfonos colgantes y filodendros.
Imagen: La Reserva de la Biosfera El Triunfo protege a 10 tipos de vegetación, de los 19 con que cuenta Chiapas. Cortesía: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Comunicado de Otros Mundos en felicitación y reconocimiento al Frente Popular en Defensa del Soconusco «20 de Junio» por su sexto aniversario de resistencia y lucha por la vida – A 18 de junio de 2021 >>Comunicado en pdf<<
El Frente Popular en Defensa del Soconusco nace en 2015 en los municipios de Acacoyagua y Escuintla, conformado por mujeres, hombres, niñas y niños de diversas comunidades de la región del Soconusco que enfrentan más de 20 concesiones mineras que afectan el medio ambiente y la salud de sus comunidades y ejidos, han llevado a cabo una lucha de resistencia por la defensa de los derechos de la Naturaleza, los Derechos Colectivos, la Autodeterminación de los Pueblos y la vida en estas bellas tierras. Son miembros de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA).
Desde el 20 de junio del 2015 el FPDS se encuentra en resistencia contra los proyectos mineros que bajo el discurso del desarrollo y progreso llegan a los ejidos y comunidades. Sin embargo, las consecuencias han sido la contaminación, las enfermedades y la división dentro de las comunidades, rompiendo con los modos de vida y relación con la naturaleza. Es por ello que, desde hace 6 años, mujeres, hombres, niños y niñas defienden las tierras, los territorios, los ríos, la naturaleza y la salud de los habitantes.
La digna lucha del FPDS por la defensa de los ríos y contra el Modelo Extractivo Minero logró que el Ayuntamiento de Acacoyagua firmara una Declaratoria de Municipio Libre de Minería, acontecimiento inédito en el territorio chiapaneco. Este logro, sumado a los núcleos agrarios que en Asamblea General han declarado ¡no a la minería!, son los frutos de la digna resistencia y la alegría de defender la vida, de alzar la voz para defender el derecho de vivir en sus tierras y frenar el modelo extractivo que trata a la naturaleza como material explotable para el beneficio de las grandes empresas.
El pasado 27 de noviembre del 2020 en Frente Popular en una emotiva ceremonia recordando al Defensor de la vida en Chicomuselo Mariano Abarca Roblero en su 11no Aniversario del asesinato recibió elII PREMIO A LA DEFENSA AMBIENTAL EN CHIAPAS “MARIANO ABARCA” 2020 donde reafirmaron su convicción de lucha por la vida y el territorio.
El equipo de Otros Mundos Chiapas, felicitamos a las y los compañeras del Frente Popular en Defensa del Soconusco (FPDS) por su VI aniversario en resistencia contra el Modelo Extractivo Minero, reconocemos su imparable lucha por defender estas bellas tierras y sus ríos de la voracidad minera, pero sobre todo por defender la vida. Les mandamos un fuerte abrazo fraternal y juntos decimos:
¡Vida si, Mina no! ¡No más concesiones mineras en Acacoyagua!
¡Viva el Frente Popular en Defensa del Soconusco 20 de junio!
Imagen: Entrega del Reconocimiento a la Defensa Ambiental Mariano Abarca 2020 al Frente Popular en Defensa del Soconusco «20 de junio» – 27 de noviembre de 2021 – Área de Comunicación de Otros Mundos
Compartimos esta nota publicada en Dossier Político sobre la defensa del territorio ante las amenazas mineras esta vez en Sonora- A 11 de abril de 2021
Santiago García C. Dossier Politico
Hermosillo, Sonora.- En lo que representa un primer precedente en Sonora, el Juez Federal decimoprimero, aceptó el amparo al Ejido Tesoripa y ordenó a “Minas de Oro Nacional”, subsidiaria de la Canadiense Álamos Gold Inc., la suspensión inmediata de trabajos de instalación de postes de energía eléctrica, realizar desmonte ni tala, barrenación de suelos, ni utilizar ninguna área de tierras de uso común.
El Comisariado Ejidal presentó el pasado 23 de marzo ante el Tribunal Agrario una demanda por la nulidad de acuerdos y la restitución de tierras ejidales en contra de MINAS DE ORO NACIONAL, S.A de C.V, por violaciones graves a la nueva Ley de la Industria Eléctrica, Ley Agraria y a la propia Legislación Minera, pero el Tribunal Agrario negó la procedencia de la demanda.
Contra la negativa del Tribunal Agrario el Comisariado Ejidal se amparó y el 7 de abril le fue admitida la demanda y concedida la suspensión total de dichos trabajos por la afectación de derechos agrarios y por violación a los derechos humanos, incluyendo por riesgos de daños ecológicos y ambientales irreparables.
El abogado del Ejido, Marco Antonio Andrade Aguirre, dijo que acudieron al Tribunal Agrario para contener la arbitrariedad y el abuso del poder económico y empresarial de Minas de Oro Nacional cometidos en perjuicio del ejido Tesoripa y después el amparo buscando enderezar el mal criterio del Tribunal que negó las medidas cautelares solicitadas inicialmente.
“Hemos logrado encauzar por la ruta constitucional y por la vía del derecho y la justicia agraria un conflicto generado por el abuso recurrente de algunas empresas mineras y por un evidente fraude a la ley basado en la impunidad jurídica y política que avasalla los derechos de los ejidos sonorenses sobre sus tierras”, señaló Andrade Aguirre.
Con estas acciones los ejidatarios buscan justicia y respeto por la legalidad agraria y sus derechos humanos colectivos ya que han sido fraudeados y es lógico suponer que también están agraviados, como sucede en los ejidos de Mulatos y Matarachi donde la falta de ética y la nula integridad de los representantes de la empresa podría tener, aunados al amparo y al juicio agrario actuales, consecuencias penales por delitos empresariales tipificados por el código penal federal y el código nacional de procedimientos penales”.
“Estamos revisando el Compliance Criminal Program ó Programa de Responsabilidades Penales de Minas de Oro Nacional y sus Directivos para proceder en consecuencia. Afortunadamente la justicia federal en Sonora si funciona, sin temores ni distingos como lo demuestra la suspensión ordenada por el Juez de Distrito”, señaló.
El Abogado del Ejido Tesoripa refiere que “sin embargo, la realidad socioeconómica del ejido, como sucede en los núcleos agrarios de sonora y del país, aparte de soportar la actividad destructiva de la actividad minera, es incuestionable que enfrentan la necesidad de buscar nuevos mecanismos de aprovechamiento de sus tierras para proteger, por una parte, la deplorable economía familiar y su precaria capacidad productiva.
Y por otra, garantizarse un ingreso por renta de tierras para sobrevivir su casi indigencia actual, lo cual no justifica a la empresa haber violentado la propia legislación minera y la nueva Ley de la Industria Eléctrica vigente a partir de las reformas estructurales del 2014 en materia de desarrollo del sector social, propiedad ejidal y energía eléctrica.
“Se aprovecharon de la necesidad y la marginación social de diversas familias ejidales. Nuestro trabajo es demostrar al Tribunal, con el mayor sentido de serenidad, pruebas, fundamentación jurídica y defensa intransigente de los derechos del ejido, que Minas de Oro Nacional violó las obligaciones que le impone la legislación minera e incumplió con los requisitos de forma y validez señalados por la Ley de la Industria Eléctrica y la Ley Agraria para ocupar una área de tierras de uso común, incluyendo la inexistencia de un contrato de ocupación temporal, renta, servidumbre superficial de paso, aérea o subterránea para la instalación de postes de la CFE y suministro de energía para un usuario particular exclusivo como es dicha empresa. La electrificación de la Mina no pasa desafortunadamente por ningún ejido, solamente usan sus tierras en forma ilegal y fraudulenta”.
Finalmente el Abogado del Ejido Marco Antonio Andrade Aguirre, señalo que la demanda de amparo es por el cabal cumplimiento de la tutela constitucional a la propiedad ejidal y la aplicación inmediata de las leyes que rigen, por una parte, el funcionamiento de la industria minera y eléctrica, y por otra, para proteger los derechos humanos de los ejidos y sus integrantes, nada más, pero nada menos.
“La Constitución y diversos tratados internacionales que en su conjunto configuran el orden jurídico nacional, nos dan la razón plena y absoluta para librar con toda determinación esta batalla litigiosa ante los tribunales agrarios, el poder judicial federal u organismos internacionales si es necesario. Es necesario limitar la arbitrariedad, el abuso y los engaños legales inducidos de empresas mineras contra los ejidos y las comunidades rurales y agrarias de sonora”, expresó.
Compartimos este comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA sobre un gran logro en la lucha por defender la vida de la minería – A 9 de marzo de 2021
A las/os integrantes de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería nos llenó de alegría la noticia del Ayuntamiento Municipal de Libres en Puebla quienes, en una sesión de cabildo del 25 de febrero,acordaron no autorizar ningún permiso de uso de suelo para cualquier proyecto minero en el municipio.
Este gran logro se enmarca con la incansable lucha que desde 2014 ha dado el Movimiento Atzin-integrante del Consejo Tiyat Tlali, a su vez miembros de REMA-, al enterarse de la existencia de dos concesiones mineras en la comunidad de Libres, entregadas a la MINERA GAVILAN, S.A. DE C.V filial de la empresa canadiense Álmaden Minerals, con una superficie total de 8,801 Ha.lo que representa alrededor de un tercio de la superficie total del municipio.
Haciendo pleno ejercicio de sus derechos ciudadanos y colectivos, las mujeres y hombres que conforman el movimiento Atzin y el Consejo Tiyat Tlali lograron involucrar a sus autoridades municipales para que estos sumarán esfuerzos al compromiso por la defensa del territorio y de la vida. Ese acto nuevamente refrenda la fuerza que tiene la organización comunitaria cuando, desde abajo y de forma constante, impulsa procesos que apuntan al ejercicio de la autodeterminación de los pueblos indígenas y campesinos, dando fuerza y solvencia a sus estructuras de gobernanza tanto agrarias y municipales, al analizar, discutir y acordar aquellas acciones que atentan contra sus vidas y territorios.
Estas estrategias de consolidación de sujetos políticos colectivos y de trabajos preventivos frente al modelo extractivo minero que apuntan hacia la realización actos legales definidos en este caso a partir de las declaraciones de territorios libres de minería,son y debe ser un quehacer fundamental para todos los movimientos de México ante el embate de acomodos de leyes y manipulaciones políticas que actualmente continúan gestándose a favor de empresas dedicadas al extractivismo. Evidentemente a REMA nos da mucha alegría y esperanza que hoy podamos contar con un nuevo territorio libre de minería en nuestro país, porque reafirma que la mejor forma de parar las asimetrías del poder corporativo es a través de las acciones preventivas, mismas que desde la REMA son el tronco común de nuestro quehacer.
Nos unimos a las exigencias y recomendaciones del Movimiento Atzin hacia sus autoridades municipales de no hacer uso de este gran logro ciudadano como bandera política-electoral, asícomo también queden enteradas las autoridades futuras,su obligación en darle un seguimiento rotundo y firme a esta decisión y mantener su compromiso por la defensa del territorio colocando los intereses de la población por encima de las pretensiones empresariales que hacen toda serie de simulaciones para imponer sus proyectos extractivos.
También nos sumamos a las inquietudes frente a otros megaproyectos que amenazan la región de la Sierra Norte de Puebla(proyecto minero Ixtaca de la misma empresa Álmaden Mineralsen el municipio vecino de Ixtacamatitlán,hidroeléctricas, proyectos solares, proyectos agroindustriales, uso de bombas antigranizo, entre otros), para lo que ya se suman esfuerzos y compromisos que sin duda avanzan en una férrea defensa regional de esas hermosas tierras de la Sierra Norte,que han sido tan acogedoras y fuentes de tantos aprendizajes, para toda nuestra red.
Retiramos toda nuestra admiración,felicitación y solidaridad hacia la digna lucha del pueblo de Libres, así como del movimiento Atzin y el Consejo Tiyat Tlali.
RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA
Compartimos comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 23 de febrero de 2021
Las y los integrantes de la REMA, enviamos nuestras condolencias y un abrazo solidario a los familiares de Cristóbal Ramírez Carrizales y Macedonio Huerta, trabajadores mineros, quienes lamentablemente perdieron la vida laborando en en minas de carbón en el estado de Coahuila. Cristóbal trabajaba en la mina Santa María de la empresa Materiales Industrializados (MINSA), que es parte del conglomerado que poseen los hermanos Guadiana, por cierto, uno de ellos hoy senador morenista Armando Guadiana Tijerina. Macedonio laboraba en la empresa Drumak, la cual tiene contrato con la CFE.
Las muertes de ambos compañeros son resultado de la corrupción y la impunidad en la que opera la minería en nuestro país, en donde los accidentes se solapan, las muertes que son evitables se naturalizan y se protegen a las empresas. Desde la tragedia de Pasta de Conchos ocurrida en 2006, han muerto aproximadamente 150 personas en a zona, según el conteo que lleva la organización Familia Pasta de Conchos, muertes sin justicia porque hasta la fecha no hay ningún empresario preso.
!La minería mata! !No más muertos!
Firma
Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA
Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 18 de enero de 2020
En un mundo que no esté al revés, la vida de cualquier individuo, comunidad o territorio, sea o no indígena, merece respeto. Merece que no se le despoje y que no se le atropelle. Un Estado que permite el despojo y lo justifica es un Estado diseñado para el atropello.
Para cualquier ser vivo, cualquier modelo de “desarrollo” basado en el despojo, en la extracción de sus medios de vida, es un atropello. Y eso, aunque la devastación y saqueo han sido parte de un proceso continuo a lo largo de la historia y siguen siendo tan comunes que se ven como algo “natural”.
En un mundo que no esté al revés, quien atropella no debe quedar en la impunidad. Y una Ley que justifica y permite el despojo debe ser erradicada por injusta. Y los legisladores y jueces que han hecho del despojo una Ley no deben quedar en la impunidad. Aunque sea insuficiente, saludamos que funcionarios de la Semarnat se atrevan a asomar la cabeza y sugerir con diplomática moderación lo que tenían que haber planteado sin ambages desde hace años, o al menos desde el inicio de este sexenio: algo tan elemental como que la ley debe de respetar la integridad ambiental. Hay que animarlos a que se atrevan a más, que es lo menos: a exigir y a ocuparse de lleno en que la Ley Minera sea sujeta a una transformación profunda, no importa si esa transformación es la primera o la quinta.
En un mundo que no esté al revés, haciendo a un lado cualquier moderación diplomática ante la estructura jurídica actual y ante el poder del capital, es una responsabilidad básica el que todas las dependencias del Estado, cada una desde su respectivo ámbito, sea el de la salud, el ambiental, el educativo, el económico, el cultural, desde todos los ámbitos, se exijan a sí mismos, de entrada y en su propio desempeño y el de sus funcionarios, y a todo el sistema en su conjunto, el respeto a la vida y al futuro de los habitantes de este país, sean o no indígenas, y el respeto a la vida en su conjunto y al futuro de sus territorios sin discriminación étnica, de género y de clase, como un postulado fundamental ya impostergable. Sin ese acuerdo plasmado en hechos, no hay Estado que valga.
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RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA
Imagen: Mineria_-Mazapil-Zacatecas – Foto La Jornada/ archivo
Compartimos comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA sobre la Ley Minera – A 14 de enero de 2021
¿Cómo es posible que sea constitucional la Ley Minera,que a todas luces favorece al capital?
En México,como en toda América Latina, el Banco Mundial impulsó a modo una Ley Mineraen1992 que a todas luces sentaba las bases para favorecer al gran capital en el marco del modelo neoliberal. Para muestra, en su artículo sexto señala que“serán preferentes sobre cualquier otro uso o aprovechamiento del terreno, con sujeción a las condiciones que establece la misma, y únicamente por ley de carácter federal podrán establecerse contribuciones que graven estas actividades”. Es decir, pasa por encima de cualquier otra actividad que las comunidades y pueblos lleven a cabo en sus propios territorios, dando privilegio a intereses particulares sobre los de la colectividad, aun cuando ésta,reivindique su derecho a vivir de acuerdo con el bien común y el interés público. Este hecho jurídico es anticonstitucional porque va justo en contra del espíritu mismo de nuestra Constitución, que es el bien común.
Hoy, a pesar de que en el 2019, AMLO decretó “abolido”de una vez y para siempre el neoliberalismo(ver: https://www.nytimes.com/es/2019/07/08/espanol/opinion/lopez-obrador-neoliberalismo.html),un magistrado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)continua negándose a “desneoliberalizar”la Ley Minera de nuestro país, rechazando el amparo de comunidades indígenas de Puebla, quienes denuncian precisamente la inconstitucionalidad de la Ley Minera, porque atenta de forma directa y flagrante contra el bien común y comunitario, contra la naturaleza y contra el territorio.
En este país,el subsuelo de los territorios es otorgado/entregado en concesión a privados de forma arbitraria e irracional, justo porque lo privado atenta contra el interés y la utilidad pública, así como se atenta contra el bien común de las poblaciones que son dueñas de su territorio. Además, las concesiones se entregan mirando como irrelevantes a los seres humanos, la vida y la salud de quienes habitan arriba del “subsuelo nacional”,a ser explotado intensamente a través de los proyectos de megaminería tóxica. Así, a la ley y a los magistrados no les importan los pueblos, como en este caso, los de Tlatlauquitepec, Yaonáhuac y Cuetzalan del Progreso en la Sierra Norte de Puebla, quienes promovieron el amparo en revisión 928/2019, denunciando discriminación, entre otros elementos,al ni siquiera ser consultados en ese sentido (La Jornada, 11 de enero, 2021, pág. 11).
En REMA nos preguntamos silos jueces en este país estarían dispuestos a aceptar, sin luchar, el que puedan ser expulsados de su casa sin siquiera ser consultados al respecto;y también cabe preguntarles si están dispuestos a aceptar que sus medios de vida y su salud sean sometidos a una irreparable devastación. Y seguimos preguntando si quienes administran “la justicia” de este país seguirían recurriendo a las ya clásicas artimañas burocráticas y legaloides y a facciosas posturas en donde favorecen, no el interés social ni público, sino el interés de privados que establecen el saqueo y el desplazamiento forzado como sus propios medios de vida.Nosotros tenemos fuertes dudas de que,en la SCJN, tengan siquiera acaso la menor idea de lo que significa ese tipo masivo de despojo y el respeto a la vida. Podrían imaginarlo, al menos.
Este tipo de preguntas que hacemos desde la REMA, sabemos que resultan subversivas para quienes se asumen en los hechos como siervos del capital, porque se han vuelto encubridores de hechos punibles. La actual Ley Minera permite cientos de atropellos y violaciones relacionadas con múltiples derechos de los pueblos y de la naturaleza, pero eso no lo ven o han aprendido a no verlo. Y así, las leyes permisivas y sus protectores,manifiestos en instancias de procuración de justicia, son una vergüenza para la nación.
El Despojo No es de Utilidad Pública
Exigimos Respeto a la Constitución y Respeto a la Vida
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RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA
Compartimos este reportaje especial publicado en Contra Corriente sobre la resistencia y la lucha por la vida en Honduras – A Noviembre 2020
El conflicto ambiental en Guapinol, Honduras, donde pobladores locales resisten a la explotación de óxido de hierro en un parque natural, ha sido violento. Una alianza periodística transfronteriza* ahora descubre que la Corporación Nucor, la principal productora de acero de Estados Unidos, fue la poderosa socia tras bambalinas del proyecto minero.
Discretamente y sin anuncios públicos, la principal productora de acero de Estados Unidos, la multinacional Nucor, estuvo durante por lo menos cuatro años asociada a un proyecto de explotación de hierro en Honduras, fuertemente cuestionado por la presunta persecución a los líderes sociales que protestan por el impacto ecológico que tendría en un parque natural, según documentos obtenidos por una alianza periodística internacional entre Contracorriente, el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) y Univision Investiga.
Nucor, que cotiza en la bolsa de Nueva York, se asoció en 2015 con el conocido empresario hondureño Lenir Pérez y su esposa Ana Isabel Facussé, dueños de Inversiones Los Pinares. Esta última es la empresa que ha protagonizado una batalla con los pobladores de Guapinol, municipio de Tocoa, que se oponen a la incursión minera en el parque nacional Carlos Escaleras, al norte del país centroamericano. Un conflicto que ha dejado muertos, heridos y varios encarcelados.
Según el registro público de Panamá, la firma estadounidense se asoció al proyecto desde marzo de 2015 con la compañía panameña NE Holdings Subsidiary, y desde agosto de 2016 a través de una segunda firma panameña, NE Holdings. El matrimonio Pérez Facusse había traspasado en 2015 a esas sociedades la totalidad de las acciones de otras tres empresas suyas en Honduras, según consta en documentos públicos. Una de esas empresas fue precisamente Inversiones Los Pinares (antes llamada Emco Mining), dueña de la controversial concesión minera.
Inversiones Los Pinares no ha comenzado aún a explotar la concesión minera de 200 hectáreas dentro de un parque nacional de reserva forestal que le otorgó el Estado. No obstante, desde 2018, la empresa minera inició la construcción de una carretera a la mina que servirá para transportar el óxido de hierro hasta la planta peletizadora de acero en la ciudad de Tocoa. Esta fábrica, fundirá el hierro con el carbón o coque y lo convertirá en bolitas del aglomerado, un proceso de peletización para producir acero. Esta parte del proyecto minero es propiedad de Inversiones Ecotek S.A. de C.V creada en 2017 en Honduras por Pérez y Facussé en la que Inversiones los Pinares tiene el 99,6% de las acciones y la Empresa Minera La Victoria S.A el 0.4%. Esta última intentó desarrollar otro proyecto minero que resultó conflictivo y también es propiedad del empresario Lenir Pérez.
Según los registros panameños, la asociación entre hondureños y estadounidenses contemplaba un acuerdo por el cual una subsidiaria de la corporación estadounidense, Nucor Trading, registrada en Suiza, compraría la materia prima producida por la mina.
La asociación se realizó bajo el mayor hermetismo. En respuesta a un cuestionario de esta alianza periodística, Nucor no ofreció explicaciones sobre por qué firmó el acuerdo tras bastidores y no registró su inversión en Honduras. Dijo por escrito Katherine Miller, directora de Asuntos Públicos y Comunicaciones Corporativas de la Corporación Nucor, que, como es «común con las empresas de riesgo compartido cuyas sedes están en el extranjero, los participantes escogieron un lugar neutral y equitativo con las partes para formar el negocio», refiriéndose a Panamá.
La corporación ha informado sobre la existencia de subsidiarias en sus reportes a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), pero hasta donde esta alianza pudo constatar, no ha reportado a la SEC las dos subsidiarias involucradas en el proyecto minero en Honduras. Tweet
La empresa no respondió dos preguntas relacionadas con el tema de los reportes a la SEC ni a una insistencia posterior para que las contestaran.
«Siempre estamos buscando oportunidades para asegurarnos una fuente abundante de productos del mineral de hierro que nos ayude a fabricar el acero», respondió Miller al cuestionario. La vocera explicó que Honduras ofrece una ventaja logística porque ha sido un lugar donde Nucor evaluó oportunidades para fortalecer su cadena de suministro «a través de una inversión minoritaria en NE Holdings, Inc».
La empresa explicó que se retiró del proyecto a raíz de la agitación social que suscitó en la comunidad. «Como los disturbios en el sitio (Guapinol) se volvieron crecientemente violentos y nuestra preocupación por la seguridad del personal aumentó, Nucor, en consulta con sus contrapartes hondureñas, decidimos vender las acciones en NE Holdings en octubre de 2019», dijo la vocera Miller. «Nucor ya no tiene intereses como propietaria, ni influencia en la dirección de la compañía».
Nucor cuenta con otra subsidiaria, Nucor South America, registrada en el paraíso fiscal de Delaware. Según los documentos de NE Holdings, Nucor South America podía retirarse del negocio vendiendo sus acciones a Aluminios y Techos de Guatemala (Alutech).
Los registros de Alutech en Guatemala, consultados por esta colaboración periodística, reportan que es una empresa propiedad de Pérez y Facussé dedicada a la distribución de elementos para la construcción, pero de objeto social amplio. La empresa no registra compra de acciones en 2019. El único cambio significativo que registró recientemente fue en octubre de 2018, cuando aumentó su capital de 5 mil a 60 millones de quetzales (de 650 dólares a unos 7.6 millones de dólares).
Ni Nucor, ni el empresario Pérez, a quien Univision Investiga entrevistó en Miami, quisieron dar mayores detalles del negocio, tales como el monto de la inversión, cuál sería el plan de manejo ambiental o social, entre otras. Pérez insistió en que un acuerdo de confidencialidad con la siderúrgica le impedía hablar. Tweet
Pérez dijo en un mensaje de whatsapp anterior a la entrevista personal: «Nucor no está con nosotros; tuvo la intención de arrancar el proyecto pero con todo este problema se retiró. Ellos son una empresa seria y no pude concretar la transacción por este problema».
En su respuesta a esta alianza periodística Nucor asegura haber vendido sus acciones en NE Holdings en octubre de 2019, pero los documentos panameños señalan que dos meses antes, en agosto, sus funcionarios ya habían salido de la junta directiva de esa empresa.
La siderúrgica tampoco respondió por qué, en cambio, en esa misma fecha, según los citados registros de Panamá, dos ejecutivos de Nucor fueron ratificados en la junta directiva de la otra empresa, NE Holdings Subsidiary. Se trata de Christopher Adam Goebel, quien aparece en LinkedIn como gerente de operaciones, y John Lowry Pressly, quien aparece identificado en una publicación institucional de la empresa como gerente general de Latinoamérica. Pressly no respondió los mensajes enviados por Univision Investiga al correo electrónico corporativo de Nucor, pero transfirió la petición de entrevista a la vocera de la empresa. Estos mismos funcionarios de Nucor también figuran entre los directivos de Ecotek, la empresa dueña de la planta peletizadora que se planea construir en Tocoa.
Consultada al respecto, la vocera de Nucor no confirmó ni negó las posiciones de Goebel y Pressly. Sólo dijo que los documentos serán actualizados en los próximos días para reflejar que la empresa ya no está involucrada en el proyecto.
Esta no es la primera incursión de Nucor Corp en el sector siderúrgico en Honduras pues pagó 12 millones de dólares por acciones de Aceros Alfa, la acería más grande de ese país, según sostiene en su perfil público la abogada Grossnie Velásquez de Consortium Legal que facilitó el negocio. Esta alianza preguntó a Velásquez la fecha de esta inversión pero declinó responder por la confidencialidad del arreglo. Nucor tampoco se refirió a esa inversión cuando se le preguntó sobre sus negocios en Honduras.
El principal socio hondureño de Nucor en Aceros Alfa es Juan Antonio Kattan, miembro de la reconocida y adinerada familia que creó la empresa y que tiene negocios en los sectores bancario y petrolero. Hoy Nucor, a través de otra subsidiaria registrada en Delaware llamada Nucor Harry US Holdings y reportada ante la SEC, es propietaria del segundo mayor paquete de acciones de Aceros Alfa, después de la empresa American Holdings LTD, según documentos del registro público de Honduras.
Otro de los socios de Aceros Alfa, Jacobo Atala Zablah, es integrante de la familia dueña de la hidroeléctrica Agua Zarca, contra la cual estaba protestando la emblemática ambientalista hondureña Berta Cáceres antes de ser asesinada en 2016. No existe ningún proceso legal que comprometa a la firma, ni a sus socios, en el crimen.
Distintas organizaciones acompañan al COPINH durante una marcha de antorchas para exigir justicia por el asesinato de Berta Cáceres, La Esperanza, 2 de marzo de 2020. Foto: Martín Cálix.
La movida legal
La mina de Inversiones Los Pinares queda en un área que hasta diciembre de 2013 hacía parte del núcleo central del Parque Nacional Montaña de Botaderos Carlos Escaleras Mejía, donde nacen 34 ríos que riegan la verde región. Este parque fue bautizado en honor de un ambientalista asesinado en 1997, cuando se oponía a la instalación de la planta procesadora de palma africana de Dinant, una empresa propiedad del fallecido Miguel Facussé, suegro de Lenir Pérez y padre de Ana Isabel Facussé.
¿Cómo fue posible para estas empresas desarrollar un proyecto minero dentro de una reserva natural que la ley había catalogado como inviolable?
El 8 de octubre de 2012, el Gobierno hondureño decretó la protección de 96,724.4 hectáreas de territorio para conservar ecosistemas, flora, fauna, recursos históricos, culturales y antropológicos identificados hasta ese momento y los que se encontraran en el futuro. En abril de 2013, Emco Mining (hoy Inversiones Los Pinares) solicitó dos concesiones para exploración minera no metálica de óxido de hierro en un territorio que en ese momento aún era parte de la zona núcleo de la reserva, según información del Instituto Nacional de Geología y Minas de Honduras (INGEOMIN).
Ocho meses después de esa solicitud, en diciembre de 2013, el Congreso Nacional de Honduras, mediante el Decreto 252-2013, modificó la delimitación del parque y le sustrajo 217 hectáreas a su zona núcleo. Con ese cambio, la mina quedó en la zona de amortiguamiento, donde la ley hondureña sí permite actividades como la minería no metálica, entre las que se cataloga a la extracción de óxido de hierro en el país. Sin embargo, este proceso fue inicialmente cuestionado por el Instituto de Conservación Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF), que declara y planea las reservas naturales.
En 2014, el ICF declaró «no factible» el proyecto de explotación de óxido de hierro en el parque Escaleras al dictaminar que su impacto sobre flora y fauna sería severo. Es una mina a cielo abierto y, aún con la reforma, la concesión está muy cerca del núcleo del parque. El reporte además determinó que 32 hectáreas de bosques latifoliados (tropicales de maderas más duras) y un río a cien metros del proyecto que abastece de agua a la comunidad Corozales podrían verse afectados por la mina.
A pesar de este informe, y que, según una fuente del ICF, el Congreso Nacional nunca consultó con ellos la reducción de la zona núcleo del parque, la Secretaría de Recursos Naturales otorgó la licencia ambiental al proyecto. José Galdámez, ministro de esta secretaría cuando se le otorgó a Los Pinares la licencia ambiental, fue después cuestionado por otorgar una licencia en otra zona protegida en Tegucigalpa, la capital del país. Galdámez finalmente salió de su cargo.
Pérez explicó a Univision Investiga que su empresa promovió reuniones en la región con el gobierno para que escuchara las inquietudes de los habitantes de la zona a fin de replantear el área del parque nacional.
«El parque tenía 12 meses de haber sido declarado parque nacional y nos reunimos todos los actores y se pidió replantearlo’», explicó Pérez en un correo electrónico. «Trabajamos limpio’», agregó el empresario.
Con una reforma legal que les vino como anillo al dedo a los mineros y la aprobación de la licencia ambiental en firme, pocos meses después les fueron otorgadas a Inversiones Los Pinares las concesiones ASP y ASP2, de 100 hectáreas cada una, para explotar el óxido de hierro. Además, la Minera La Victoria, que también aparece como socia en los holdings panameños, obtuvo dos concesiones de 1000 hectáreas cada una en el colindante departamento de Atlántida, para extraer óxido de hierro.
erar el terror colectivo con amenazas, hostigamiento y la destrucción de la vida».
El dueño de la minera, Lenir Pérez, ve las cosas de otra manera. Según dijo en la mencionada entrevista, la construcción de la carretera llevó progreso a la zona donde además construyó cuatro escuelas con un valor promedio de 50 mil dólares cada una y 147 letrinas. Su empresa, agregó, estaba empleando ya a mil personas y por eso asegura que la mayoría de los habitantes de La Ceibita, un pueblo en la región donde se planea montar la peletizadora, respaldaron el proyecto. Sostiene que en Guapinol también la gente lo apoya y envió a esta alianza periodística firmas y testimonios de personas que acudieron a las reuniones de socialización del proyecto a finales de noviembre de 2017. La socialización es un proceso mediante el cual las comunidades afectadas expresan sus opiniones sobre la conveniencia o no de un proyecto minero.
Compartimos comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 4 de diciembre de 2020
Una reciente nota periodística que forma parte de la campaña publicitaria de la empresa canadiense Alamos Gold anuncia que la “inversión minera” en Tetlama sigue vigente(https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/vigente-la-inversion-minera-en-tetlama-6075356.html). Como bien se sabe, las empresas de minería depredadora utilizan la desinformaciónpara imponer sus proyectos de despojo, a menudo con el apoyo de “periodistas” bajo pago,como elemento clave para encubrir sus intereses económicos disfrazándolos de una supuesta “preocupación por el bienestar de las comunidades”.
Tampoco es raro que las empresas extractivistasutilicen personal que trabajó en instituciones públicas para aprovechar lo que aprendieron trabajando enel gobierno, a fin de incorporar a sus estrategias de manipulación el conocimiento de cómo operan las dependencias oficiales, en una conocida maniobraque se llamaen todo el mundo“la puerta giratoria”, donde un día el empleado está en el gobierno y al otro día se pasa a la iniciativa privada que le paga mejor para vender el conocimiento que adquirió como “funcionario público”.
Como muchas otras empresas de su tipo, Alamos Gold y los empleados mexicanos al servicio de sus intereses, que son siempre ajenos al bienestar de las comunidades, se presentan como damas de la caridad que llegan a salvar de la miseria a los pobres campesinos, cuando es la propiamiseria moral de esas empresas y sus empleados la que queda de manifiesto. Como en tantas otras cosas, laspromesas vienen primero y al cabo de unos cuantos años llega el abandono, la enfermedad y la muerte, pero para entonces los saqueadores y sus sirvientes nacionales se habrán ido.
Ninguna de esas personas se queda a vivir en los desiertos que dejan a su paso. Hay que ir no lejos, por ejemplo,a Carrizalillo en Guerrero, para ver ese futuro y no creer esas mentiras pagadas porla empresa. ¿O irán esos empresarios y sus sirvientesa establecerse con su familia en una residencia edificada al fondo de alguno de los cráteres de muerte que dejan, para dar de beber a sus hijos el agua ácida y contaminada, paradarles a respirar el aire que ensucian con diminutas partículas de metales pesados, que son el verdadero pago que entregan a las comunidades, y eso por no contar la estela de conflictos internos, de violencia, de sufrimiento y desesperanza que estas empresas construyen, mientras construyen al mismotiempo sus patios de lixiviados y amontonan sus nuevos cerros de desechostóxicos?
Y así, les queda de maravilla que falte agua en las comunidades, que no exista suficiente cobertura médica,ni educativa, o que otros muchos servicios públicos sean escasos o nulos, porque esas deficiencias gubernamentales serán usadas para engatusar a las poblaciones, tal como hacen a menudo los partidos políticos. Ahora resulta que la empresase muestra muy preocupada por limpiar un pozo de agua de Tetlama, y sí, porque está siempre preocupada por el oro y los otros mineralesde los que ya calculó la ganancia, preocupada por el precio internacional de las onzas del oroque pretende extraer del subsuelo de nuestra patria, minerales que no verán jamás los habitantes deTetlama y de otras numerosas comunidades, lasque viven con la amenaza de los efectos del despojo que se anuncia como “beneficio”.
Alamos Gold casi estáexigiendo el Premio Nobel de la Paz por su caridad. Anuncia que “entre los trabajos que se mantienen están los de vinculación y apoyos a la comunidad a través del trabajo social con grupos específicos”, y claro, siempre con la mira puesta en“la neta”: los miles de millones de pesos que pretende obtener de la miseria de nuestro campesinado, de modo que encuentra que la Covid-19 le queda “como anillo al dedo”. Y por eso promete “mil 500 empleos directos y unos 6 mil indirectos, contribuyendo con ello a la recuperación económica del estado”. Como si el despojo recuperara la economía de los territorios. La lengua es tan larga como la desvergüeza.
Es cosa de pasear un poco, de hacer una gira tóxica por los lugares a dondeestas empresas llegan, despojan y luego se van forradas de billetes: vamos a la mina de Mulatos, en Sonora, donde Alamos Gold expulsó a los pobladores con las mismas ofertas, con empleos precarios y temporales en los niveles salariales más bajos. O platiquemos en Guerrero con los padres de familia que han recibido dinero por rentar unas tierras que ahora son agujeroscontaminados, y quienes con ese dinero no recuperarán jamás su salud, ni se quitarán de encima el cáncer, la insuficiencia renal y las malformaciones congénitas que las empresas brindarán con los añosgenerosamente, como parte de sus apoyos y su vinculación.
La canadiense AlamosGold a través de su empresa “Esperanza Silver”, así como sus sirvientes nacionales, en efecto,tienen mucha esperanza en sacar el “gold” y el “silver”de nuestro subsuelo. Para eso están las migajas que ofrecen. Es decir, el cebo de la trampa, la carnada para esconder el anzuelo: esas migajasse llaman “personal técnico”, “equipo especializado”, “transformador de energía eléctrica”, “campañas de apoyo directo a la población”, “dotación de apoyos visuales”, “becas para estudiantes”.
Vaya, la empresa, llena de misericordia, con esos tremendos gestos de desprendimiento, de caridad, está copiando a los políticos en campaña, y de paso usurpando las funciones del gobierno del estado y sus dependencias, con verdades a medias, porque sí tienen personal técnico y equipo especializado, lo tenemos que reconocer, pero para presionar a funcionarios, comprar a la prensa y dividir a las comunidades, y sí transforman la energía positiva en negativa, y sí tienen campañas, pero de apoyo directo a sus planes de despojo, y sí dotan de apoyospara problemas visuales, pero no para ver, sino para no ver.
Y por si faltara lengua, el servicial vocero técnico del despojo declaraal reportero que se consiguió: “esta labor de apoyo a la comunidad forma parte de un modelo empresarial que tiene sus bases en un Nuevo Modelo de Minería Social y Ambientalmente Responsable, en donde nuestras prioridades son el trabajo con la comunidad y el respeto al medioambiente”. Al parecer el empleado no entiende lo que dice, ni el reportero tampocoentendió el mensaje, no: la prioridad es otra, porque ese modelito es la mismagata pero revolcada, puesde acuerdo con “los parámetros trazados en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas”que llenan laboca del muy entendido vocero del despojo, para llegar efectivamente en la agenda al recalentado 2030, el modelo se llama,por sus siglas,oficialmente,MEI-SAD-DCE, es decir, Modelo Extractivo Intensivo, Social y Ambientalmente Depredador, cuyas prioridades son el Despojo de la Comunidad y el Ecocidio.
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RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA
Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA sobre la resistencia minera en Carrizalillo y los constantes ataques y hostigamientos a las y los campesinos – A 03 de noviembre de 2020
“Los dueños los ignoran, el gobierno de Canadá solapa y el de México calla”
La empresa minera canadiense Equinox Gold, en un alarde de soberbia, ilegalidad e impunidad, ha violado distintas cláusulas del Convenio de Colaboración y Contraprestaciones firmado desde 2019 con los ejidatarios de Carrizalillo, en el estado de Guerrero. Además de los incumplimientos, la empresa ha desatado una campaña que refuerza su ilegalidad, la cual incluye criminalizar a los dueños de las tierras donde se asienta su proyecto de despojo cuando los ejidatarios, haciendo uso de sus derechos escritos en el convenio, cerraron los accesos a la mina al mismo tiempo que la empresa minimiza la participación de los dueños de las tierras, hace señalamientos a personas específicas, obstaculiza el diálogo, así como la negociación, cerrándose a un diálogo en el que se presente sin prepotencia; así mismo mantiene una actitud negligente en donde es evidente el racismo, la discriminación, la intransigencia, la intolerancia y soberbia, propias de una política neocolonial. Todo eso incrementa el riesgo para la población porque es conocido el entorno de violencia en el cual se vive en el Estado.
Hoy se cumplen 60 días en que los ejidatarios de Carrizalillo cerraron el negocio de la empresa que se dedica a la extracción de oro y otros metales a cambio de la destrucción de más de mil hectáreas de territorio del ejido y de otras comunidades vecinas, pero todo indica que el ejido continuará cerrando las operaciones hasta que la empresa canadiense cumpla con un nuevo convenio que garantice nunca más caer en incumplimientos con el ejido en temas tan sensibles, como agua limpia, medicamentos, empleo, equipo y maquinaria, entre otros. Destacamos que, desde el 2007 la empresa minera canadiense Goldcorp asentada en esos tiempos en las tierras del ejido, también incumplió el contrato a tal grado que el cierre de las operaciones duró 83 días.
Equinox Gold se rehúsa a cumplir con un diálogo respetuoso, considerando e incorporando en la discusión las vivencias y problemas que sufre la población, además nos parece que opera en total ilegalidad frente a sus inversionistas a quienes no informa y les tergiversa la realidad del conflicto, incluyendo la omisión por parte del gobierno de Canadá, a través de la Embajada, quien no actúa con el fin de hacer que sus empresas cumplan con las leyes en un país extranjero y respeten los derechos humanos de la población con sus inversiones. Por otra parte, el gobierno mexicano tampoco presiona a la empresa para proteger a la sociedad mexicana contra el despojo, la violación a los derechos humanos y la ilegalidad que las empresas cometen en los territorios nacionales.
Detener las actividades de la mina sólo es posible gracias a la decisión de toda la comunidad que se apoya en el órgano de máxima autoridad que es la Asamblea Ejidal y la Asamblea General, quienes han tomado las decisiones sobre su territorio.
Desde hace muchos años la lucha del Ejido de Carrizalillo ha sido una escuela para muchos pueblos en resistencia contra el Modelo Extractivo Minero, por lo cual estamos agradecidos por los aprendizajes ahí generados y compartidos sobre la realidad que implican los daños ocasionados por la extracción de minerales en México, por lo tanto, nuevamente en estos momentos críticos para la población de Carrizalillo, nos vuelven a mostrar de forma contundente, la codicia de las empresas mineras en donde priorizan sus intereses económicos, pero nunca meten en su fórmula los costos sociales y económicos por la destrucción de las tierras, fuentes de agua y la salud comunitaria, ratificando que, para las empresas, la vida de la gente no importa, ni tienen el más mínimo respeto para sus procesos de toma de decisiones y organización colectiva.
La comunidad de Carrizalillo ha dicho estar mejor en su campamento que en su propio pueblo por estarse reencontrando y festejando desde su autodeterminación, su solidaridad y el cuidado mutuo. La REMA le envía saludos y abrazos fuertes de solidaridad en su lucha digna ante un modelo que roba, quita y destruye todo lo que encuentra en su camino.
RED MEXICANA DE AFECTADAS/OS POR LA MINERÍA (REMA)
