Boletín Bancos para el desarrollo: financiando despojo y explotación

Boletin 252 del Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales WRM – Septiembre / Octubre 2020

Nuestra Opinión: Los evangelizadores del desarrollo

Este boletín busca reflexionar críticamente sobre el mal llamado desarrollo y alertar sobre las estrategias que vienen utilizando quienes lo promueven para adentrarse en los territorios. Se sabe que el desarrollo impuesto por las cientos de agencias, organismos,bancos y programas – ahora camuflado junto a otras palabras como “sostenible,” o “carbononeutral”,- es instrumental al voraz avance del saqueo y la consiguiente destrucción de bosques y medios de vida de millones de personas. En los últimos años, además, estos actores trabajan cada vez más en alianza al capital financiero, al que ven como aliado del desarrollo y lo refuerzan con recursos públicos.

No podemos olvidar que la noción de desarrollo fue proclamada después de la segundaguerra mundial, cuando Truman, ex-presidente de los EEUU, aprovechó el desplome europeo y afirmó que los EEUU debería disponer de sus avances y progreso para el crecimiento de las zonas subdesarrolladas. Además, hizo un llamado a que todos los gobiernos sigan sus pasos en la búsqueda del desarrollo.

Fue ahí que al mundo lo dividieron en dos: los países desarrollados del Norte y los países subdesarrollados del Sur. Considerando el proceso histórico en el que esto se enmarca,estos dos “bloques” bien podrían haberse llamado: los colonizadores (del desarrollo) y las colonias (para desarrollar, o mejor dicho, para saquear).

En esta cruzada desarrollista, fueron algunas entidades transnacionales y capitalistas,lideradas esencialmente por el gobierno de los EEUU y por el bloque del G-8, las que impusieron las reglas del desarrollo, principalmente para el Sur global. El Banco Mundial(BM), el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Organización Mundial del Comercio (OMC),los Bancos de Desarrollo regionales, entre otros evangelizadores, se consolidaron como actores absolutos (casi imperiales) de poder político y económico, llevando la biblia del desarrollo bajo el brazo.

Así, los Programas de Ajuste Estructural, dictados por el FMI y el BM, obligaron a los países del sur a imponer duras políticas para abrirse al “mercado libre” en nombre del desarrollo,progreso y crecimiento. Luego, las Asociaciones Público-Privadas fueron (y siguen siendo)establecidas por los gobiernos al ser requisito para recibir préstamos de estas instituciones,- a pesar que estas Asociaciones benefician cabalmente al capital privado a expensas del sector público. Los bancos y agencias de desarrollo suelen ser importantes accionistas en estas Asociaciones.

Es así que cientos de represas a gran escala, carreteras y vías de tren que atraviesan bosques y tierras comunitarias, plantaciones industriales de monocultivos, mega proyectos de infraestructura e incluso proyectos de exploración y extracción de minería, petróleo y gas,han sido financiados, legitimados y promovidos por estos actores del desarrollo. El Banco Mundial, por ejemplo, ha promovido por décadas la titulación de tierras a través de la propiedad individual, lo que facilita, en su gran mayoría, la entrada de actividades industriales a tierras comunitarias y el debilitamiento de la organización y cohesión social.

En paralelo, los países del norte establecieron sus propias agencias de cooperación al desarrollo, tales como la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional(USAID), la Agencia Alemana de Cooperación Internacional (GIZ) o el Banco de Desarrollo del Estado Alemán (KfW), la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional (JICA), etc.,para implementar y monitorear sus propias políticas externas e intereses de forma calculada en el sur. Así, muchas empresas de plantaciones industriales provenientes del norte deben la supervivencia de sus actividades en los países sub-desarrollados, en gran parte, a las donaciones de sus gobiernos. Sin subvenciones, financiación barata y otros subsidios, estas plantaciones y plantas de celulosa extremadamente costosas nunca llegarían a producir.Algunos de estos subsidios se transfieren a través de agencias multilaterales antes de ser derivados al sector empresarial. En otros casos, fondos recaudados a través de los impuestos que pagan los ciudadanos en el norte se canalizan a través de agencias de cooperación al desarrollo a las arcas de estas empresas privadas. (1)

La noción del desarrollo,creada desde una mirada occidental blanca, niega o denigra a las muchas diversidades, existencias y visiones de ser en los territorios. Los territorios no-blancos y no-occidentales (que incluyen pluralidad de personas y pueblos, prácticas,bosques, espacios y tiempos de vida, ríos, historias, conocimientos…) son constantemente subordinados, violentados y estigmatizados con el concepto del subdesarrollo. Esto va de la mano de sociedades capitalistas cada vez más inmersas en una visión de crecimiento que es racista, clasista y patriarcal. Una visión que pregona ser universal y por tanto invisibiliza o silencia (casi siempre por la fuerza) a los territorios no-blancos, y que en esencia, busca engrandecer a la economía capitalista de opresión.

Como reacción frente a la fuerte resistencia en el sur y a la presión internacional por la emergencia climática y ambiental, los actores del desarrollo comenzaron a apoyar el concepto de crecimiento verde. La ONU lanzó un llamado al crecimiento verde en 2011 y el Banco Mundial presentó en 2012 el reporte Crecimiento verde inclusivo – el sendero para el desarrollo sostenible.

Extremadamente funcional al capitalismo, ese cambio de retórica (más no de fondo) le ha permitido a la industria del desarrollo continuar y expandir sus prácticas, negocios y acumulación y, por tanto, el saqueo, la violencia y el despojo.

Asimismo, en las últimas dos décadas, los bancos y fondos de desarrollo han aumentado masivamente. Estos actores se han vuelto cada vez más entrelazados con las finanzas globales. La cartera de las instituciones financieras de desarrollo europeas se ha cuadruplicado, de 10.900 millones de euros en 2005 a 41.200 millones de euros en 2018.Estas instituciones actúan cada vez más como cualquier otro inversionista, y ve al sector financiero privado como un actor del desarrollo y lo refuerza con recursos públicos. Así vemos una creciente participación de estos actores en la agroindustria y el acaparamiento de tierras. (2)

Más recientemente, algunos de estos bancos y fondos han creado sus propias empresas de gestión de activos. Estas son denominadas fondos de desarrollo, o mejor dicho, fondos de inversión y de capital. El Banco Mundial creó su propia empresa para administrar dichos fondos, el Asset Management Company, que hoy administra US10 mil millones de dólares a través de 13 fondos. (3)

Más de 70 años después que Truman dividiese al mundo, la noción de desarrollo sigue siendo utilizada para saquear. Sus evangelizadores son impulsores clave de las políticas de privatización, que allanan el camino para que corporaciones y actores financieros puedan ingresar y destruir cada vez más territorios y bosques.

Esperamos que este boletín aporte a la reflexión para la construcción y fortalecimiento de alianzas entre movimientos y grupos de base en el rechazo a ese desarrollo colonizador,racista y patriarcal.

Indice

Boletín 252 del WRMMovimiento Mundial por los Bosques TropicalesSeptiembre / Octubre 2020Bancos para el desarrollo: financiando despojo y explotaciónNuestra Opinión: Los evangelizadores del desarrollo…………………………………………………………………..2Desarrollo: entendimientos desde de las bases………………………………………………………………………….5El legado perenne de un proyecto poco conocido del Banco Mundial que le aseguró las plantaciones africanas a multimillonarios europeos………………………………………………………………………………………..9Por qué los gobiernos deberían rechazar los intentos de mercantilización de la tierra orquestados por el Banco Mundial y Estados Unidos…………………………………………………………………………………..12Indonesia: REDD+, el financiamiento europeo para el desarrollo y la ‘economía baja en carbono’…..16La participación de la banca europea para el desarrollo en una empresa congoleña de aceite de palma perpetúa el racismo del acaparamiento de tierras de la época colonial……………………………….24El Banco Africano de Desarrollo y la industria de las plantaciones de árboles……………………………….28“Siempre ha sido lo mismo”: la cooperación que no coopera………………………………………………………32RECOMENDADOSDes-entreverando los conceptos atados al desarrollo………………………………………………………………..35“No deberían llamarse bancos públicos de desarrollo”……………………………………………………………….36Se retoman tierras robadas en Argentina…………………………………………………………………………………36Transformar el Sistema………………………………………………………………………………………………………….36Piden suspensión de las obras de UPM hasta cumplir con los requisitos ambientales de su autorización…………………………………………………………………………………………………………………………36Diccionario de Desarrollo……………………………………………………………………………………………………….37Este Boletín cuenta con artículos escritos por las siguientes organizaciones e individuos: activistas deBrasil, Gabón, India, México y Mozambique; GRAIN; The Oakland Institute, USA; RIAO-RDC,República Democrática de Congo; la Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de DerechosSociales y Ambientales; y miembros del Secretariado Internacional del WRM

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Imagen: Manifestación contra SOCFIN en Liberia, 2016

Digamos NO al dinero del Fondo Verde para el Clima destinado a proyectos REDD en Nicaragua

Compartimos esta pedición lanzada desde el Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales – WRM – A 2 de noviembre de 2020

¡¡Convocamos a organizaciones a firmar esta Carta Abierta!! Pedimos a los miembros de la Junta que rechacen la solicitud de financiamiento REDD por más de USD 60 millones que ha sido presentada por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) en nombre del gobierno de Nicaragua.

Desde 2015, unos 40 indígenas han sido asesinados, 47 han sido heridos, 44 han sido secuestrados y 4 han sido desaparecidos, en casos relacionados con invasiones de tierras en Nicaragua, mientras que la represión de voces disidentes ha alcanzado niveles alarmantes.

La Secretaría del Fondo Verde para el Clima, en tanto, recomienda que la Junta del Fondo en su 27a reunión -que se realizará del 9 al 13 de noviembre- apruebe una solicitud de financiamiento REDD por más de USD 60 millones que ha sido presentada por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) en nombre del gobierno de Nicaragua. El conflicto, la criminalización y la represión de las voces críticas se convertirán en una realidad previsible si la Junta sigue la recomendación de la Secretaría.

¡Esto no debe suceder! Firme por favor esta Carta Abierta, pidiendo a los miembros de la Junta que rechacen la solicitud de financiamiento presentada por el BCIE en nombre del gobierno de Nicaragua.

La Carta está abierta para firmas de organizaciones hasta el viernes 6 de noviembre de 2020. Esta se enviará a la Junta del Fondo Verde para el Clima antes de su reunión que inicia el 9 de noviembre.

>>Firma aquí<<

CARTA ABIERTA a los 

Miembros de la Junta del Fondo Verde para el Clima

Exhortamos a la Junta del Fondo Verde para el Clima a rechazar la solicitud de financiamiento (FP146) “Bio-CLIMA Project. Integrated climate action to reduce deforestation and strengthen resilience in BOSAWÁS and Rio San Juan Biospheres* (Proyecto Bio-CLIMA. Acción climática integrada para reducir la deforestación y fortalecer la resiliencia en BOSAWÁS y Biosferas de Río San Juan), presentado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) en nombre del gobierno de Nicaragua. Esta solicitud de financiamiento deja de manifiesto por qué el Fondo Verde para el Clima debe dejar de aportar fondos a proyectos REDD de manera urgente: la descripción tendenciosa e incompleta de las causas de la deforestación y las preocupantes actividades que resultan de este análisis inadecuado presentado en la FP146 evidencian una vez más que REDD es un concepto que no ha contribuido a resolver los factores causantes de la deforestación. Peor aún, su aplicación pone en riesgo las formas de sustento e incluso las vidas de las personas y exacerba los conflictos, tanto entre los organismos estatales y quienes proponen el proyecto REDD por un lado, y las comunidades que ejercen sus derechos tradicionales a la tierra por el otro, así como entre y dentro de las comunidades.

La solicitud de financiamiento del BCIE afecta las áreas protegidas de Bosawás e Indio Maíz, en las Regiones Autónomas de la Costa del Caribe de Nicaragua. En estas dos zonas se encuentran los mayores bosques intactos de Latinoamérica después de la Amazonía, que por generaciones han sido protegidos por pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes cuyos territorios se superponen en gran parte con las áreas protegidas Bosawás e Indio Maíz.

La solicitud de financiamiento REDD presentada por el BCIE en nombre del gobierno de Nicaragua plantea un riesgo extraordinariamente elevado y predecible de incrementar las tensiones sobre el uso de la tierra en una zona donde la (in)acción histórica de los gobiernos de turno ha provocado una escalada de asentamientos ilegales y extractivismo empresarial dentro de los territorios de pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes en las dos zonas en donde se centra la solicitud de financiamiento. El resultado ha sido una deforestación masiva, con la destrucción anual de 150.000 hectáreas de bosque en Nicaragua entre 2005 y 2015, gran parte de las cuales fueron en las áreas protegidas de Bosawás e Indio Maíz/Río San Juan.

La implementación de esta propuesta de financiamiento está destinada a violar los derechos de los pueblos indígenas. Las actividades descritas en la solicitud de financiamiento no reducirán la deforestación en estas grandes zonas de bosque intacto de la Costa del Caribe de Nicaragua porque el proyecto ignora causas claves de la deforestación, tales como el otorgamiento de permisos de extracción maderera y minera a empresas extranjeras sin el consentimiento de las autoridades competentes en los territorios de pueblos indígenas. Por ejemplo, al mes de una nueva ley que creó la Compañía Minera Nicaragüense en 2017 y que facilitó el acceso a concesiones mineras para empresas extranjeras, el total de tierras con concesiones mineras aumentaron más del doble, de aproximadamente 1,2 millones a 2,6 millones de hectáreas. Esto es más del 20 por ciento del país. Alrededor de 853.800 hectáreas de esas concesiones están en la zona de amortiguamiento del área protegida Bosawás.1

Un informe reciente también expone el vínculo entre las concesiones mineras, la deforestación y la violencia en las zonas en las que se centra el FP146. El informe revela que los directores de tres compañías mineras están detrás de una de las empresas madereras, MLR Florestal, responsable de la destrucción de bosques y situaciones de violencia en estas zonas.2 Muchas de las concesiones industriales dentro de esas zonas han sido entregadas sin el consentimiento legalmente requerido de los pueblos indígenas, cuyos territorios están siendo destruidos por estas actividades madereras y mineras.

Si bien la solicitud de financiamiento menciona a la ganadería como causa de deforestación, no presenta un análisis exhaustivo de las causas subyacentes, tales como un sector cárnico orientado a la exportación, con vínculos entre la industria de exportación y la ganadería a menudo realizada en asentamientos ilegales dentro de territorios de pueblos indígenas. Como resultado, las actividades propuestas para manejar los asentamientos ilegales y la ganadería no lograrán reducir la deforestación y provocarán más violencia y desesperanza.

Otro agente de deforestación al que no se hace alusión en la solicitud de financiamiento es la falta de acción gubernamental a lo largo de los años para completar el paso final del reconocimiento legal de los territorios de pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes en las dos Regiones Autónomas de la Costa del Caribe. Estos derechos están protegidos por la Constitución nicaragüense, y la Ley Constitucional 28 requiere, entre otras cosas, este paso final llamado Saneamiento, o curación de la tierra. Exige que el Estado suprima a todos los colonos y compañías que operan dentro de los territorios de pueblos indígenas que no tengan títulos legales o acuerdos de arrendamiento con las autoridades comunitarias apropiadas.

Pueblos indígenas tales como la Alianza de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes de Nicaragua (APIAN) han advertido que “están colonizando todos los territorios indígenas y afrodescendientes de Nicaragua. En la Reserva Biológica Indio-Maíz se están estableciendo mineros en busca de oro y en numerosas ocasiones grupos armados han amenazado a familias de los Pueblos Indígenas Rama y Afrodescendientes Kriol. Mientras tanto, en la Reserva de la Biosfera de Bosawás, grupos de hombres armados con armas de guerra provocaron el desplazamiento forzado de comunidades enteras de los pueblos indígenas Miskitos y Mayangna, y el Estado ha fracasado en proteger a esos pueblos a pesar de múltiples pedidos”3. A pesar de los reiterados llamados por parte de las asociaciones de pueblos indígenas para que el gobierno de Nicaragua implemente plenamente una decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que confirma esta obligación legal del estado, el gobierno no ha tomado medidas concretas para eliminar los asentamientos ilegales o las corporaciones que operan sin el consentimiento de las comunidades indígenas.4

En suma, la solicitud de financiamiento REDD presentada por el BCIE no menciona en lo absoluto ni a la minería ni a la extracción maderera industriales, así como tampoco a la falta de acción del gobierno en llevar a cabo el Saneamiento en los territorios indígenas reconocidos en las áreas protegidas de Bosawás e Indio Maíz/Río San Juan. En cambio, la solicitud de financiamiento es una más de la larga lista de propuestas REDD que perpetúan el discurso unilateral de culpar a la agricultura campesina de la deforestación. Si bien los asentamientos ilegales son sin duda una causa de deforestación en esas dos áreas protegidas y en los territorios indígenas, la propuesta de financiamiento no brinda la contextualización y el análisis de este fenómeno, el cual sería crucial para obtener respuestas adecuadas a esta devastación.

El cumplimiento del gobierno de esta obligación legal sería una contribución importante al cese de la deforestación en estos territorios indígenas. Sería especialmente importante a la luz de la escalada de asentamientos ilegales desde el estallido de la pandemia del COVID-19. Esos asentamientos no serían posibles sin la complicidad de las autoridades estatales y de la participación del sector privado (tanto de capitales nacionales como extranjeros). Esta misma situación favorece la construcción de nuevas iglesias dentro y alrededor de los asentamientos ilegales. Un informe de julio de 2020 identifica la construcción ilegal de un total de 23 iglesias dentro del área protegida de Indio Maíz/Río San Juan.5 El informe señala el apoyo explícito de las autoridades gubernamentales para la construcción ilegal, citando como ejemplo la oficina del alcalde de un pueblo de la región que proveyó los materiales de construcción.

La escalada de asentamientos ilegales desde el estallido de la pandemia del COVID-19 también provocó un alarmante aumento de gente asesinada. El número de personas indígenas que han sido asesinadas en conflictos con los invasores prácticamente se ha duplicado, en comparación con años recientes.6 Desde enero de 2020, diez personas de las comunidades de los Mayangna y los Miskitos, en la Región Autónoma de la Costa Norte del Caribe, fueron asesinadas, elevando a 46 el número total de asesinatos desde 2015.

En febrero de 2020, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) subrayó la falta de protección de los derechos de los pueblos indígenas y la impunidad por los crímenes cometidos contra pueblos indígenas en las regiones donde se llevaría a cabo el Proyecto BIO-CLIMA. ACNUDH urgió al gobierno de Nicaragua a adoptar las medidas necesarias para impedir que continúe la violencia y proteger la tierra, los territorios y los recursos de las comunidades indígenas.7 Pero desde entonces la situación ha cambiado para peor.

Nada de esto se refleja en la solicitud de financiamiento que el BCIE presentó en nombre del gobierno de Nicaragua. Por el contrario, la solicitud de financiamiento incluye actividades que en esencia darán impunidad a los asentamientos ilegales. Incluso la propia evaluación de riesgo ambiental y social del Fondo Verde para el Clima calificó como “importantes” los “riesgos de la intervención del proyecto que pueden agravar los conflictos entre campesinos-colonos y comunidades (de pueblos indígenas)”.

En otras palabras, esta solicitud de financiamiento REDD seguramente no abordará las causas reales de la deforestación en los bosques de Bosawás e Indio Maíz y las 42 acciones propuestas incluyen varias que muy probablemente agravarán los conflictos existentes que tienen su raíz en políticas gubernamentales que empujan a los campesinos a adentrarse en territorios de pueblos indígenas.

Además, la solicitud de financiamiento REDD del BCIE propone un procedimiento de “consentimiento libre, previo e informado” que socava la protección legal otorgada a los territorios indígenas de las Regiones Autónomas de la Costa del Caribe, donde se implementarán la mayoría de las actividades comprendidas en la solicitud de financiamiento FP146.

La ley 28 de la Constitución de Nicaragua garantiza la inalterabilidad de los derechos a la tierra de Indígenas y Afrodescendientes y reconoce el derecho de estas comunidades a ejercer total control sobre sus tierras. Las decisiones sobre el uso de la tierra, por lo tanto, competen a la comunidad.

Más del 80% del presupuesto de la propuesta de financiamiento se gastará en las dos áreas protegidas que incluyen grandes partes de territorios de pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes, donde las comunidades tienen garantizados estos derechos legales a determinar el uso de esa tierra. La solicitud de financiamiento del BCIE no oculta el hecho de que la propuesta no ha sido discutida aún con las comunidades de estos territorios.

¿Cómo, entonces, puede el BCIE argumentar que cumple con el requisito del Fondo Verde para el Clima para las solicitudes de financiamiento que afectan territorios de pueblos indígenas, de demostrar “consentimiento libre, previo e informado”? El BCIE simplemente propone excluir a las comunidades que no dan su consentimiento a las actividades propuestas. Esto, como mínimo, es una interpretación muy inverosímil del principio de Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI). De hecho, dada la situación actual de intimidación y represión masiva de las opiniones críticas en Nicaragua, que ha dado lugar a una nota, entre muchos otros, del Alto Comisionado de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos, que la Secretaría del Fondo Verde para el Clima dé andamiento a una propuesta que incumple de tal manera el procedimiento del CLPI, seguramente pondrá en situación de riesgo a los miembros de las comunidades de estos territorios indígenas y afrodescendientes. ¿Es a esto a lo que equivale en la práctica la política CLPI del Fondo Verde para el Clima? Un informe publicado hace algunas semanas identifica numerosas instancias en las que gobiernos paralelos que cuentan con el aval del Estado se apropiaron de derechos indígenas a la tierra para controlar el otorgamiento de títulos y concesiones a la tierra.8

¿Cómo puede una propuesta de financiamiento con un enfoque de Consentimiento Libre, Previo e Informado tan inadecuado ser aprobada por el proceso de evaluación del Fondo Verde para el Clima cuando está profusamente documentado que el derecho constitucional de las comunidades de pueblos indígenas y afrodescendientes de los territorios afectados por la solicitud de financiamiento del BCIE ha sido y continúa siendo amenazado?

El fracaso del proceso de selección del Fondo Verde para el Clima para REDD ha sido nuevamente puesto al descubierto por la Secretaría que adelantó el FP146 para su aprobación por la Junta. Esto viene justo después de la 26a reunión de la Junta del Fondo Verde para el Clima en agosto de 2020 (B26), donde algunos miembros de la Junta expresaron sus críticas con respecto a la deficiente calidad de evaluación de las propuestas REDD presentadas para aprobación de la Junta. Las expresiones de preocupación tales como las manifestadas por los miembros de la Junta en el B26 son importantes. Pero si no están seguidas de acciones, resultan ser un ejercicio en vano. Claramente es tiempo de poner fin al experimento del Fondo Verde para el Clima de financiar REDD.

Esta propuesta de financiamiento presentada por el BCIE en nombre del gobierno de Nicaragua demuestra por qué es imperativo que el Fondo Verde para el Clima cese de inmediato el financiamiento de REDD. Que una propuesta de proyecto como FP146, que se basa en una evaluación tan peligrosamente inadecuada de las causas y el contexto de la deforestación, pudiera ser aprobada por el proceso de evaluación del Fondo Verde para el Clima, es muy preocupante. De hecho, la omisión de haber evaluado adecuadamente los riesgos contenidos en esta solicitud de financiamiento REDD y el haber presentado esa propuesta REDD a la aprobación de la Junta corre el riesgo de amenazar la vida de las personas en un contexto de violenta represión estatal de las opiniones críticas en Nicaragua. Permítanos recordarles que para las organizaciones de la sociedad civil siquiera publicar una carta que critica el pedido de financiamiento presentado a la Junta del Fondo Verde para el Clima representa exponerse a un riesgo real de represión y criminalización.

La aprobación del FP146 sin duda pondría en serio riesgo la reputación del Fondo Verde para el Clima: conflictos, criminalización y represión de opiniones críticas son una realidad previsible si esta solicitud de financiamiento es aprobada por la Junta del Fondo. Por todas estas razones exhortamos a la Junta a que rechace la solicitud de financiamiento FP146 del BCIE para el “Bio-CLIMA Project. Integrated climate action to reduce deforestation and strengthen resilience in BOSAWÁS and Rio San Juan Biospheres” (Proyecto Bio-CLIMA. Acción climática integrada para reducir la deforestación y fortalecer la resiliencia en BOSAWÁS y Biosferas de Río San Juan) y suspenda la aprobación de nuevas solicitudes de financiamiento de REDD+.

05/09 de noviembre de 2020

WRM – Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales

Imagen: Mongabay

Más información:

[Boletín] Conceptos que matan los bosques | Boletín 247 – Diciembre 2019

Compartimos el boletín n° 247 del Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales (WRM) – Noviembre/Diciembre 2019

Indice:

  • Opinión: Cómo el lenguaje de dominación estimula la deforestación…………………………………2
  • Una lista (incompleta) de conceptos que matan los bosques………………………………………………………..4
  • “El interés nacional”: neofascismo en la selva amazónica ………………………………………….11
  • Portucel en Mozambique: la realidad tras el discurso de las “plantaciones sustentables”………………17
  • India: mujeres, bienes comunes y patriarcado ……………………….21
  • Cadena de bloques (blockchain) y contratos inteligentes: los más recientes intentos del capital por apoderarse de la vida en la Tierra…………………………………………………………………………………………..26
  • Climatología /Ideología …………………………………………………………………….32
  • Un nuevo nombre para una vieja cortina de humo: las Soluciones Basadas en la Naturaleza son el nuevo REDD………………………………………………………………………………………………37

RECOMENDADOS

  • Diccionario de Desarrollo ………………………………………………………………41
  • Trampas, dilemas y contradicciones en el discurso de derechos en los bosques…………………………..41
  • Las Soluciones Basadas en la Naturaleza: ¿qué intereses hay por detrás? (Nature-Based Solutions: Whose interests are behind?) …………………………………………………………………………………………………41
  • FSC: Promocionando a la tala como una actividad “sostenible” ………………………………………………..41
  • Destrucción Reglamentada: Por qué la compensación equivalente de biodiversidad protege las ganancias de las empresas y facilita la destrucción del medioambiente……………………………………….41
  • Declaración de indígenas Mapuches y otros en Chile: ¡No a los mecanismos basados en el mercado! ………………………………………………………………………………………………42

Este Boletín cuenta con artículos escritos por las siguientes organizaciones e individuos: Missão Tabita, Mozambique; activistas de la India; Núcleo de investigación en trabajo, territorio ypolítica en la Amazonía, Brasil; The Cornerhouse UK y miembros del secretariado internacional delWRM.

Nuestra Opinión Cómo el lenguaje de dominación estimula la deforestación

Términos como REDD – el principal mecanismo internacional de política sobre bosques que ha impactado los bosques tropicales durante los últimos 15 años, Sostenibilidad y muchos otros más, han influido fuertemente en los debates dentro y entre los grupos de la sociedad civil, las ONGs, las autoridades responsables de formular políticas, las instituciones financieras y las empresas. Sin embargo, parece haber nociones radicalmente diferentes sobre lo que estos términos realmente significan y cuál es o debería ser su función.

Este boletín no pretende embarcarse en un debate sobre lo que es o debería ser la Sostenibilidad, o cualquier otro de los conceptos discutidos en los artículos de esta edición.Más bien, nuestro objetivo es abrir un espacio para la reflexión crítica sobre lo queestos conceptos realmente generan en los bosques y en los pueblos que dependen deellos.

Las numerosas luchas contra las empresas que afirman actuar de manera Sostenible o queimplementan proyectos REDD en los bosques son evidencia de las claras contradiccionesentre el sentido positivo que difunden quienes respaldan estos conceptos y lasconsecuencias reales de los numerosos proyectos y actividades a través de los cuales estosconceptos se manifiestan en el terreno. Los gobiernos se comprometen a una economíaSostenible y las empresas comercializan sus productos como Sostenibles porque al usaresta terminología atraen a los patrocinadores financieros y consumidores.

Es importante notar que cuando la oposición a un concepto se vuelve demasiado fuerte eimpide que el concepto logre su propósito de “maquillar de verde” la destrucción del bosque,se introduce rápidamente otro nuevo concepto. Sin embargo, lo nuevo tiende a ser solo elnombre y la propaganda, mientras que las ideas subyacentes que sostienen laeconomía capitalista se mantienen firmes. La creciente exigencia pública de quegobiernos y empresas adopten medidas significativas para abordar el caos climático, porejemplo, ha dado lugar a una gama completamente nueva de conceptos ambiguos yexpresiones confusas, tales como productos con deforestación neta cero, soluciones basadas en la naturaleza, soluciones climáticas naturales y prácticas inteligentes para el clima.

Parece que para casi todos los “productos” y procesos industriales que causan devastaciónambiental, se presenta una versión Sostenible como solución. Pero en general, estasnuevas versiones resultan ser soluciones falsas porque no representan una ruptura con elparadigma del crecimiento ilimitado, que impulsa la sobreproducción y el consumodesenfrenado. Para estas supuestas soluciones lo que cuenta no es la realidad de milesde comunidades del bosque que se enfrentan al acaparamiento continuo de sustierras, la destrucción de sus territorios y medios de vida, la violencia y lacontaminación, sino que las empresas utilicen etiquetas anunciando que apoyan undesarrollo Sostenible. Mesas redondas, sistemas de certificación, programasempresariales de responsabilidad social y ambiental, salvaguardas de bancos multilaterales,entre muchos otras iniciativas similares, prometen una economía capitalista ecológica ysocialmente amigable. Una economía basada en la producción industrial de aceite de palmaSostenible, plantaciones de árboles Sostenibles, minería Sostenible, energía Sostenible.Pero en realidad, estas prácticas hacen poco más que maquillar de verde la destrucción delbosque y allanar el camino para una mayor expansión industrial

Reportes sobre los desastrosos impactos de un agente específico de la deforestación, laganadería industrial para la producción de carne, por ejemplo, a menudo concluyen con unalista de recomendaciones para que las empresas, los gobiernos y los financiadores apliquenmejores prácticas o desarrollen un nuevo conjunto de salvaguardas o pautas voluntarias.Pero muy a menudo, estas recomendaciones fortalecen conceptos que de hechodestruyen los bosques, porque rara vez exigen una ruptura radical con el status quo y encambio se centran en mejoras que llevan a una destrucción que “pudo haber sido peor”.Estas recomendaciones ofrecen una oportunidad para que las empresas se llamen a símismas Sostenibles, mientras que las comunidades deben continuar enfrentando prácticasde acaparamiento de tierras y destrucción de bosques que supuestamente “pudieron habersido peor”. En este contexto, las llamadas mejores prácticas, salvaguardas y guíasvoluntarias se vuelven fundamentales para la supervivencia del capitalismo y el“modelo de desarrollo” que es el causante de la mayor parte de la destrucción de losbosques.

Otra amenaza importante pero bastante oculta de estos conceptos es que obstaculizan lamovilización y la organización colectiva entre los grupos de la sociedad civil. Noobstante, movimientos, comunidades del bosque y grupos de apoyo siguen canalizandomucha energía en involucrarse con estos conceptos, con el argumento de que esto mejorarásu implementación.

Con las múltiples crisis ecológicas y sociales determinadas a continuar, lo que a su vezgenera un número creciente de conceptos que distraen de la necesaria ruptura con laeconomía capitalista (verde), tal vez sea tiempo de reflexión. ¿Cómo pueden losmovimientos de base y las organizaciones que las apoyan evitar quedar atrapados en unsinfín de debates políticos y procesos de diálogo relacionados a conceptos que, a lalarga, sirven para perpetuar la muerte de los bosques, mientras que obstaculizan lamovilización y la organización colectiva?

¡Disfruten la lectura!

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