Compartimos esta investigación especial sobre el caso de Berta Cáceres publicada en el diario The Intercept – A 21 de diciembre de 2019
Danielle Mackey, Chiara Eisner December 21 2019, 8:00 a.m.Read in English
Ya pasaron más de tres años desde que Berta Cáceres
fue asesinada en su casa en Honduras. Cáceres era una activista de 44
años, madre y una celebridad mundial —recibió el Premio Ambiental
Goldman en el año 2015 por dirigir una campaña de base para evitar que
una empresa privada de energía, llamada Desarrollos Energéticos Sociedad
Anónima, construyera una represa hidroeléctrica en tierra indígena.
Alrededor de medianoche del día 2 de marzo de 2016, sicarios entraron a
su casa, le dispararon y escaparon. Ella murió unos minutos después en
los brazos de un amigo.
Durante la etapa de preparación del juicio de los asesinos, el
Ministerio Público de Honduras extrajo miles de registros de llamadas
privadas, mensajes de texto (SMS) y mensajes de WhatsApp de sus
teléfonos. El registro de llamadas fue analizado por un experto
independiente, y demuestra que los asesinos mantuvieron comunicación a
través de una cadena compartimentada que llegaba hasta los más altos
rangos de la directiva de la empresa cuya represa ella había estado
protestando. Esos mensajes, analizados a continuación, proporcionan una
sorprendente abertura al complot del asesinato de Cáceres.
El director financiero Daniel Atala Midence habló frecuentemente con
el presidente de la empresa, Roberto David Castillo Mejía. Castillo
luego se comunicaba con el antiguo jefe de seguridad de DESA, quien
coordinaba con el jefe de los sicarios. Mantener a los asesinos lejos,
sin contacto directo, de los líderes de la empresa no es una casualidad:
todos los ejecutivos de más alto rango son miembros de la poderosa
familia hondureña Atala Zablah, la cual tiene vínculos con el gobierno y
la industria financiera internacional.
Los ejecutivos se enojaron cuando las protestas lideradas por Cáceres
interrumpieron su inversión, declararon los jueces de la Corte Suprema
de Justicia de Honduras al emitir el veredicto del juico. Los ejecutivos
empezaron a vigilar a Cáceres y les pagaron a informantes para que se
infiltraran en la organización que ella dirigía. Luego, la corte
concluyó, sin mencionar el nombre de los sospechosos, que ejecutivos de
DESA emprendieron acciones para “planificar la muerte de la señora
Cáceres”. La corte declaró, nuevamente sin señalar nombres, que el plan
fue realizado “con conocimiento y consentimiento” de los ejecutivos de
DESA.
Antes y después del asesinato de Cáceres, en un grupo de chat de la
empresa llamado “Seguridad PHAZ” (PHAZ significa Proyecto Hidroeléctrico
Agua Zarca), los líderes de la empresa hablaron de utilizar sus
conexiones para realizar un tráfico de influencias con las autoridades
nacionales, la policía y el ejército, y los medios de comunicación.
Cientos de mensajes más, publicados por los abogados de DESA, indican
que el presidente de la empresa, el Sr. Castillo, mantuvo de forma
paralela contacto regular con Cáceres antes de su asesinato. Aunque son
documentos del archivo público, muchos de los chats grupales y mensajes
privados nunca han sido publicados.
Ninguno de los líderes del complot del asesinato ha pagado por su
involucramiento. Solo un grupo de siete sicarios, incluidos dos antiguos
empleados de DESA, fueron condenados en noviembre de 2018. El 2 de
diciembre de 2019, los siete sicarios recibieron sentencias de entre 30 y
50 años de prisión.
Castillo fue arrestado el 2 de marzo de 2018 por presuntamente
planear el asesinato, pero el Ministerio Público ha pospuesto
repetidamente su audiencia preliminar. La demora más reciente fue el 10
de octubre de 2019. Mientras tanto, ningún miembro de la junta directiva
de DESA y ni de la familia Atala Zablah ha sido acusado de un delito u
obligado a declarar.
El río Gualcarque, río abajo de la represa de Agua Zarca.
Foto: Giles Clarke/Getty Images
Duplicidad Temprana
El grupo “Seguridad PHAZ” incluía a Castillo, Atala Midence y a los
miembros de la junta directiva José Eduardo Atala Zablah y Pedro Atala
Zablah. El numero de teléfono de Jacobo Nicolás Atala Zablah, el
patriarca de la familia y miembro de la junta directiva, no se
encontraba en el grupo, pero su nombre fue evocado en los mensajes
cuando se necesitaba tomar decisiones de negocio y coordinar con aliados
de alto nivel.
Los cuatro hombres Atala Zablah podrían perder una gran cantidad de
dinero si no se construye la represa impulsada por la empresa. Como
director financiero, Atala Midence había dedicado su carrera a Agua
Zarca y José Eduardo, Pedro y Jacobo Nicolás eran los accionistas
principales de Las Jacarandas, empresa que poseía la mayoría de las
acciones de DESA. Además, José Eduardo habia formado parte de la junta
directiva del Banco Centroamericano de Integración Económica, el banco
que prestó a DESA $24.4 millones para construir Agua Zarca.
A medida que la frustración crecía en los chats, el dinero que la
empresa estaba dispuesto a invertir para detener a Cáceres aumentaba.
El 15 de julio de 2013, la organización que fundó Cáceres, el Consejo
Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH),
organizó una protesta en el sitio donde se encuentra la represa
hidroeléctrica. Puesto que DESA no había obtenido el consentimiento
previo de la comunidad indígena lenca local en cuya tierra ancestral se
estaba construyendo la represa, muchos miembros de la comunidad creían
que DESA no tenían derecho a estar allí.
La manifestación se volvió violenta rápidamente. DESA había
solicitado al ejército hondureño proteger el sitio de los manifestantes.
Uno de los soldados posicionado en el lugar usó su arma para dispararle
a un miembro del COPINH llamado Tomás García.
Ese día, Atala Midence le envió un mensaje a Castillo.
“Los militares mataron a un indio”, reportó Castillo utilizando de
manera despectiva la palabra indio para referirse a un hombre de
ascendencia indígena. “Otro muerto parece”.
La muerte de García causó una emergencia en las relaciones públicas
de DESA, pero Castillo tenía lista una solución. “Pagale al reportero de
HCH”, respondió inmediatamente, refiriéndose a una canal de noticias
llamado HCH Televisión Digital.
“1000 lempiras por la semana pasada[…]Y ahorita Podemos dar otros
mil”. El monto total era equivalente a 100 dólares aproximadamente.
Cuando HCH publicó la historia sobre la protesta al día siguiente, la
transmisión de la noticia parecía estar a favor de DESA. Se mencionó la
muerte de García, pero el presentador del noticiero HCH tomó el punto
de vista de DESA y enfatizó que los manifestantes del COPINH también
tenían sangre en sus manos: habían matado al hijo de alguien que
trabajaba en la represa, dijo el presentador. Aunque los registros
muestran que hubo una muerte ese día en la comunidad, no hay evidencia
que demuestre que los miembros del COPINH fueron los responsables, y
niegan haber tenido algo que ver con ese hecho. Mientras tanto, el
miembro del ejército que le disparó a García fue identificado y acusado.
Para finalizar el segmento de la noticia, el cual se transmitió con
el título “Asesinan a dos personas en enfrentamiento por oposición a
represa”, el presentador hizo hincapié en que los miembros del COPINH no
deberían haber entrado en una propiedad privada custodiada por el
ejército. El ejército estaba proporcionando seguridad a la empresa
privada que trabaja en la represa hidroeléctrica, señaló el presentador.
HCH Televisión Digital no respondió a la solicitud de comentarios sobre
el segmento transmitido.
Mientras Castillo planeaba los sobornos para controlar la narrativa
de los medios de comunicación, mantuvo una comunicación amigable con
Cáceres. La relación era estratégica según lo muestran los mensajes.
“Tienes que hablarle a berta caceres que deje de hacer pendejadas
hoy”, le escribió un número no identificado a Castillo el día después de
la muerte de García. “Ahorita se están preparando para ir de campamento
otra vez”, añadió el número desconocido.
Cuatro días después, Atala Midence se quejó de Cáceres y otros dos
líderes del COPINH. “E gastado mucho dinero y capital politico para q
salgan esas 3 ordenes de captura”, escribió.
En cuestión de días, los tres fueron acusados por ocupación ilegal de
tierras y daños a DESA. Posteriormente, una corte de apelaciones anuló
el fallo y desestimó los cargos.
Castillo siguió trabajando arduamente para construir una amistad con
Cáceres. Días después de enviarle a Cáceres buenos deseos de Navidad en
2014, Castillo le escribió nuevamente para desearle un feliz año nuevo.
Aprovechó esta ocasión para obtener información sobre las actividades y
ubicación de Cáceres.
Castillo le envió un mensaje de texto comentándole que había
escuchado que ella había estado muy activa en el área cerca del sitio de
construcción de la empresa.
“Cuando vino? … Y quien le dice?” respondió Cáceres con desconfianza.
Pero segundos después, ella le brindó la información de todas formas:
“Yo en la Eza. Y mañana en Teg”, escribió abreviando el nombre de la
ciudad donde vivía, La Esperanza, y la capital de Honduras, Tegucigalpa.
Esta foto tomada el 17 de septiembre de 2018 muestra a
Sergio Rodríguez (D) junto con otros seis acusados del asesinato de la
activista medioambiental de origen indígena Berta Cáceres, después de
que el Tribunal suspendió el juicio tras la presentación de un recurso
de casación en contra de la sala en Tegucigalpa.
Foto: Orlando Sierra/AFP/Getty Images
“Puede ser que en estos momentos ocurra”
En abril de 2015, Cáceres viajó a San Francisco y Washington D.C.
para aceptar el prestigioso Premio Ambiental Goldman por su trabajo como
activista en Honduras. “Nuestras conciencias serán sacudidas por el
hecho de solo estar contemplando la autodestrucción basada en la
depredación capitalista, racista y patriarcal”, expresó en su discurso
de aceptación del premio. “La Madre Tierra militarizada, cercada,
envenenada, donde se violan sistemáticamente los derechos elementales,
nos exige actuar”.
DESA también estaba planeando algo ese año. Desde al menos marzo de
2015, Douglas Bustillo, jefe de seguridad de DESA y teniente retirado
del ejército hondureño, se había estado comunicando con un jefe de
inteligencia del ejército, Mariano Díaz. Ambos fueron condenados tres
años después por ayudar a coordinar el asesinato de Cáceres.
El 31 de julio Bustillo se fue de la empresa, pero el análisis del
registro de llamadas encontró que siguió comunicándose frecuentemente
con Castillo, quien a su vez se comunicaba con el director financiero
Daniel Atala Midence.
En septiembre, por primera vez, Bustillo le llamó directamente por
teléfono a un sicario de nombre Henry Hernández. Hernández había sido un
francotirador de las fuerzas especiales bajo el mando de Díaz.
Mientras tanto, la comunicación entre Castillo y Cáceres se mantuvo
activa. A mediados del mes, Castillo le informó a Cáceres que se iría de
vacaciones y que le gustaría hablar con ella cuando regresara. El 28 de
septiembre sus comentarios tomaron un giro más personal. Expresó sus
condolencias por los problemas de salud de un familiar de Cáceres y le
dijo que podía contar con su apoyo.
Cáceres parece haber quedado desconcertada por los mensajes de texto.
“No sé por qué se molesta con asuntos míos”, le contestó. Castillo le
aseguró que la apreciaba y la consideraba una amiga. “Tengo esperanza
que un día vamos a encontrar un punto medio en la cual vamos a converger
nuestros idéales para bien y salir ambos con una solución que ambos
ganamos”, le respondió a Cáceres.
Sin embargo, una semana después, en el grupo de chat de DESA,
Castillo estaba conspirando en contra de Cáceres y el COPINH. “Creo que
hay que tomar acciones legales y llevarlos a la fiscalia”, dijo;
sugiriendo que deberían de ser procesados con la ayuda de la policía
nacional.
Para entonces, las tensiones en el chat habían aumentado de manera
tangible. DESA había trasladado la construcción al otro lado del río, a
un territorio menos disputado, en un intento de apaciguar a los
manifestantes, pero no funcionó.
Cuando un extranjero apareció en múltiples eventos del COPINH, el
chat muestra que DESA pasó meses investigando su identidad, ciudadanía
española y cuenta de Facebook. Planearon que la policía recogiera su
número de pasaporte para poder informar al gobierno español. “Es vital
para informar Embajador”, dijo el ingeniero principal de DESA, José
Manuel Pages, que también es ciudadano español. Según los mensajes,
parece que Pages, quien no ha sido acusado en relación con el asesinato,
fue enviado por Castillo en un vehículo de la empresa a reunirse con el
dignatario.
No fue la única vez que la empresa se coló en la escena diplomática.
El chat revela que DESA también se infiltró en una visita de alto nivel
de las Naciones Unidas a la sede del COPINH. El infiltrado se hizo pasar
por un residente local, fotografió a las personas presentes y grabó lo
que se discutió.
El 11 de octubre, el miembro de la junta directiva de DESA Pedro
Atala Zablah escribió en el grupo, “O ellos o nosotros”. Añadió,
“Mandemos mensaje. Ke nada sera facil para esos hdp”. Jorge Ávila, quien
había tomado el puesto de Bustillo como jefe de seguridad de DESA,
respondió pidiéndole a Atala Zablah que concretara la protección
policial de la represa.
Esta era una maniobra común. El chat grupal está lleno de momentos en
el que los ejecutivos de DESA discuten el reclutamiento de las fuerzas
de seguridad estatales hondureñas y funcionarios del gobierno. En
algunas ocasiones, los miembros de la familia Atala Zablah — Daniel y
Pedro — fueron quienes hacían las solicitudes. El 13 de octubre, Pedro
sugirió que DESA podría motivar a los agentes de la policía “con algo
aparte d comida”. La compañía ya albergaba y alimentaba a la policía que
custodiaba la presa como lo harían con la seguridad privada.
El día después de que estos mensajes de texto fueron enviados,
Castillo informó al grupo algunas noticias sobre Cáceres: pronto se iría
a Sudamérica, y era el momento oportuno para incitar a la oposición
local del COPINH. El gerente del área social y ambiental de DESA, Sergio
Rodríguez, había observado que el movimiento liderado por el COPINH era
más débil cuando Cáceres y otro líder no estaban presentes. “De allí
que contra ellos es que debemos también encaminar acciones”, planteó al
grupo.
Documento: Honduras Supreme CourtEl
22 de noviembre, Castillo recibió un mensaje de Bustillo, quien no
había trabajado para DESA desde hace ya cuatro meses. “Buenos días Sr.
Castillo. Complete el 50%”, se leía en el mensaje críptico.
Castillo respondió pidiéndole una reunión a Bustillo para esa misma
tarde en un restaurante Chili’s que se encuentra en un barrio acomodado
de Tegucigalpa. Sugirió dos horas distintas para la reunión, y cuando
Bustillo le pidió que le aclara la hora, Castillo le advirtió: “Bustillo
póngase las pilas. Nada de fiesta”. Bustillo replicó: “Y tenga
preparado todo porque puede ser que en estos momentos ocurra”.
Los hombres no especificaron lo que iban a discutir. Pero el análisis
del registro de llamadas preparado para el juicio muestra que, para
este momento, la empresa había montado una red de comunicación
compartimentada, probablemente fruto de “la alta especialización del
personal militar que forma parte de esta estructura”, indicó el
análisis.
Gráfico: The Intercept; Fotos: Getty Images
La
estructura de comunicación estaba compuesta por dos subredes. Por un
lado, la “red ejecutiva”, que incluía a Castillo y Atala Midence y, por
otro lado, la “red operativa” donde se encontraban los sicarios. Las dos
redes estaban interconectadas a través de Douglas Bustillo.
El análisis del registro de llamada expone que “La compartimentación
es una táctica establecida en la inteligencia militar para evitar
infiltraciones y no comprometer el conjunto de la información y la
estructura” y que esta se utiliza para “la ocultación proactiva de todo
el ciclo criminal[…]se reserva sólo al máximo nivel directivo el
conocimiento y adopción de las decisiones”.
Sin embargo, la comunicación entre Catillo y Cáceres continuó, y los
dos terminaron el año 2015 exactamente igual que el año anterior. La
noche del 25 de diciembre tuvieron un amable intercambio de palabras.
“Estimada Berta”, Castillo le escribió a Cáceres. “Espero que está
Navidad, esté llena de bendiciones para Usted y su familia. Le deseó
cómo siempre solo lo mejor”.
“Un grano en el trasero de la doña”
Para el 10 de enero de 2016, Castillo había vuelto a agitar el chat de DESA.
“No podemos bajar la guardia. Pero es esta semana que debemos vencer a
COPINH. El esfuerzo de estos días nos va a dar frutos y hará nuestro
trabajo más fácil todo el año 2016”, escribió Castillo en el chat. Luego
envió al grupo un mensaje que le había enviado a un comisionado de
policía local, a quien Castillo parecía considerar como un aliado.
“Le agradecemos el apoyo que nos dio el dia de ayer, los Copinhnes
vieron la presencia de la Policia Nacional […] y tuvieron temor de
cruzar el río”, se leía en el mensaje. “Espero contar con su apoyó el
dia de hoy y el resto de los días hasta que se retire el agitador, que
es cuándo se acaba la amenaza”.
Cuando dos nuevas personas extranjeras de los Países Bajos comenzaron
a presentarse en las protestas del COPINH, DESA también los investigó,
según lo muestran los chats de finales de enero. “Favor tomen fotos”,
escribió el consultor de Relaciones Públicas de la empresa, Roque Galo.
Sugirió que usaran la cámara de la empresa con el mejor zoom. Galo no ha
sido acusado de ningún delito relacionado con el asesinato de Cáceres.
Dos días después, por medio de mensajes privados, Díaz y Hernández
discutieron sobre otro tipo de tecnología: un arma prestada. “No quiero
que andes con eso para arriba y abajo”, le dijo Díaz a Hernández. “Es
peligroso te enyucas”.
El 2 de febrero, Hernández, quien se refería Díaz como “señor”,
presentó una estrategia para proteger a Díaz de cualquier acusación:
“Boi air a operar con otros manes yo se6or por k uted tiene k estas
limpio para k todo le salga vien en su carrera”, escribió. Le pidió a
Díaz que le prestara suficiente dinero para contratar a otros dos
hombres para que los tres pudieran “trabajar”. Y aclaró: “Uste ya save
deke”.
No nombraron a las personas que los contrataron para “trabajar”, sino
que se refirieron a ellos como “amigos”. Tampoco mencionaron el nombre
de la futura víctima.
Documento: Honduras Supreme CourtEl
5 de febrero, Bustillo utilizó su teléfono para descargar tres
fotografías de Berta Cáceres. Entre ellas se encontraba una imagen que
luego se volvería viral. Cáceres se encuentra rodeada por la orilla
verde del río para el cual ella trabajó para proteger, tiene la boca
abierta como si estuviera hablando y la mano derecha levantada.
Ese mismo día, los sicarios intercambiaron muchos mensajes y
llamadas, según el análisis de llamadas producido para el juicio. El
análisis también muestra que el teléfono celular de Hernández fue
detectado por las torres de telefonía móvil que se encuentran cerca de
la casa de Cáceres.
Las conversaciones sugieren que Hernández y un segundo sicario
desconocido intentaron matar a Cáceres ese día, pero cancelaron la
misión porque había demasiadas personas cerca de su casa. Se subieron a
los autobuses públicos y abandonaron la zona.
“Misión abortada hoy”, le escribió Bustillo a Castillo. “Ayer no se
pudo Esperaré lo que ud dijo ya no tengo logística estoy a cero”.
Más tarde ese día, Bustillo le pidió a Castillo más dinero para pagar
un segundo intento. “Líder”, le dijo. “Necesito lo que usted va a
presupuestar para el trabajo”. Tres semanas después, Bustillo repitió la
solicitud. Castillo respondió que a él no le pagarían hasta el día
siguiente.
Mientras tanto, los integrantes del grupo de chat continuaron
menospreciando a Cáceres. El 20 de febrero, un consultor de Relaciones
Públicas no identificado contratado por DESA, quien no ha sido acusado
en relación con el caso, celebró haber complicado los planes de protesta
del COPINH. “Q alegre q seamos un grano en el trasero de la doña”.
El ingeniero principal, Pages, respondió que tenían que publicar
fotos de la casa y el automóvil de Cáceres, y hacer público que Cáceres
tenía hijos que estudiaban en el extranjero para poner a los activistas
en su contra. Informó al grupo que la empresa iba a contar con 45
policías y miembros de un grupo de fuerzas especiales, entrenado por los
EE. UU. y conocido como los TIGRES, para proteger durante la protesta el sitio donde se encuentra la represa.
En una conversación sobre la cobertura mediática del evento, Castillo
escribió: “En ves de pedirle a un periodista que no publique una nota,
creo mejor que se le den instrucciones de que debería de incluir en su
nota, y que mensaje debe de dar”.
En menos de un mes, Berta Cáceres estaría muerta.
Un asesinato plasmado en los mensajes
El 2 de marzo de 2016, los sicarios decidieron volver a intentarlo.
El análisis de registro de llamadas producido para el juicio mostró que
sus teléfonos estaban conectados a la torre de telefonía móvil cerca de
la casa de Cáceres.
Documento: Honduras Supreme CourtA
las 11:25 p.m., Cáceres envió su ultimo mensaje por WhatsApp. “Bueno
donde sea que esté deseo que este bien. De verdad”, le escribió a una
amistad a un número no identificado. “Ande con cuidado por fa. Si?
Besos”.
Al mismo tiempo, los sicarios y Bustillo intercambiaron una oleada de mensajes y llamadas.
Catorce minutos más tarde, a las 11:39 p.m., Gustavo Castro, un
visitante ambientalista mexicano que Cáceres estaba hospedando en su
casa esa noche, llamó desesperadamente y sin obtener respuesta, desde el
teléfono de Cáceres, a las personas más cercanas a ella.
Documento: Honduras Supreme CourtA las 12:09 a.m., le envió un mensaje de texto a un familiar de Cáceres: “Ayuda”.
“Soy Gustavo acaban de matar a Berta estoy herido”.
Siguió mandando mensajes angustiados, repetía los mismos detalles una y otra vez sin obtener respuesta:
“Ayuda”. “Soy Gustavo acaban de matar a Berta”. “Estoy solo en su casa uy nadie sabe”.
“Por favor avisa copinh”. “Algun vecino o alguien conocido en la Esperanza”.
A las 5:37 a.am, el chat de DESA se activó.
Sergio Rodríguez fue el primero en enviar un fragmento extraído de
una noticia sobre la muerte de Cáceres. Doce minutos después, Castillo
también escribió en el grupo: “Para nosotros es una crisis que debemos
anticipar lo que se viene enfrente”.
Familiares y amistades colocan flores en la
tumba de la ecologista indígena Berta Cáceres en La Esperanza,
Honduras, el 3 de marzo de 2018.
Foto: Orlando Sierra/AFP/Getty Images
Un estancamiento burocrático
Después del asesinato de Cáceres, cuando la ira pública estalló en
contra de la empresa, los chats revelan que los ejecutivos de DESA se
apresuraron en buscar ayuda de sus poderosos aliados.
El 7 de marzo de 2016, el Ministro de Seguridad de Honduras, Julián Pacheco Tinoco, le aseguró a Pedro Atala Zablah que la muerte de Cáceres sería categorizada como un “lio de faldas”.
Cuando multitudes de manifestantes comenzaron a congregarse en el
lugar donde se encuentra la represa, Pages le pidió a Atala Midence que
hablara con un infame
comisionado de la policía llamado Héctor Iván Mejía para solicitar que
más policías llegaran a enfrentar a los manifestantes. Atala le dijo a
Pages que ya había hablado con él y con Pacheco Tinoco.
Para el 1 de abril, cuando el gobierno hondureño anunció que
iniciaría una investigación sobre el asesinato, un consultor de
Relaciones Públicas no identificado intentó levantar el ánimo en el chat
de DESA. “Ministerio público que hasta el momento es un Aliado y no un
enemigo”, escribió. “Hay que pensar estratégicamente es que lo posible
lo más fiable lo más correcto es que el Ministerio Público haya dicho
eso para callar para parar los señalamientos del copinh”.
Aconsejó que era mejor que DESA permaneciera callado sobre el
asesinato, porque si la empresa criticaba públicamente el caso del
Ministerio Público “lo único que vamos a conseguir es que copinh ponga
todavía más en duda el proceso de investigación de las autoridades
hondureñas y que aumente considerablemente los señalamientos contra
nosotros”.’
Más tarde ese mes, el jefe de seguridad de DESA, Ávila, informó al
grupo que sus fuentes de inteligencia militar le habían advertido sobre
los planes que el COPINH tenía de realizar otra protesta. Pages sugirió
que trabajaran con la policía para intimidar a los manifestantes,
registrando sus nombres y números de placa de vehículos. Poco después de
eso, Rodríguez dijo que había encargado a los infiltrados de la empresa
en el COPINH de difundir rumores para dividir y debilitar a la
organización.
Entre la información que los fiscales extrajeron del teléfono de
Rodríguez se encuentra un archivo con fecha del 3 de marzo: una
fotografía de Cáceres tendida en el suelo, un brazo sobresaliendo en un
ángulo extraño y el otro cubierto en un charco de sangre. Su boca está
abierta y su cabello arremolinado sobre su cabeza.
Rodríguez ahora se encuentra en prisión, junto con los otros seis
condenados por llevar a cabo el asesinato de Cáceres: Bustillo, Díaz,
Hernández y otros tres sicarios llamados Edilson Duarte Meza, Elvin
Rápalo y Óscar Torres. Luego de recibir sus condenas el 2 de diciembre,
el congresista de Georgia Hank Johnson, junto con los representantes Jan
Schakowsky y Mark Pocan, emitieron un comunicado expresando que las
sentencias eran el “primer y pequeño paso”
hacia la justicia. “La verdadera justicia incluye el juicio y el
castigo de todos los responsables de su asesinato, incluidos los
ejecutivos de la empresa que construye la represa, DESA, quienes fueron
los autores intelectuales y financieros del complot” escribieron los
congresistas estadounidenses.
En respuesta a una solicitud de comentarios, Nelson Domínguez,
abogado de Daniel, Pedro y José Eduardo Atala Zablah, declaró que los
hombres “NIEGAN COMPLETAMENTE participación alguna en este lamentable
crimen” y que “creen firmemente en la inocencia de los señores David
Castillo y Sergio Rodríguez”.
El número de teléfono y correo electrónico de DESA se encuentran
fuera de servicio. Robert Amsterdam, quien dijo que su bufete de
abogados Amsterdam and Partners LLP representó a DESA hasta hace unos
meses pero que ya no tiene un contrato con dicha empresa, sostiene que
sus antiguos clientes no estuvieron involucrados en el asesinato de
Cáceres. “Ellos eran jóvenes idealistas que querían terminar con la
dependencia que Honduras tiene con el gas y estaban apostando por opción
sostenible”, declaró a The Intercept. “Han puesto a una persona
completamente inocente tras las rejas y me refiero a Castillo”, dijo
Amsterdam.
Amsterdam describió la defensa de la empresa en un libro blanco
publicado en 2018, titulado “Una guerra contra el desarrollo:
exponiendo la campaña de desinformación del COPINH en torno al caso de
Berta Cáceres”. El libro blanco propone que los documentos sobre los
teléfonos celulares presentados en la corte podrían estar “incompletos o
corrompidos”.
Domínguez repitió esta declaración. Escribió que la familia Atala
Zablah había presentado una denuncia ante el Ministerio Público por
“manipulaciones de la evidencia” y “graves violaciones al Debido
Proceso”.
Yuri Mora, portavoz del Ministerio Público hondureño, respondió:
“Esos son argumentos y estrategias de la defensa, el Ministerio Publico
esta seguro en sus acusaciones y toda la prueba”.
Los señores Galo, Pages, Mejía y Pacheco Tinoco no respondieron a las solicitudes de comentarios.
El destino de Castillo sigue sin estar claro. Si su juicio se retrasa
demasiado, puede que recupere su libertad debido a una ley hondureña
que prohíbe retener por más de dos años a personas que no han sido
condenadas. Mientras tanto, un expediente de investigación
publicado en agosto de 2019 por el grupo de derechos humanos School of
the Americas Watch, desveló una presunta actividad criminal habitual que
Castillo cometió en nombre de al menos seis corporaciones hondureñas
con las que estuvo involucrado, incluido DESA, y también posibles
enlaces a un importante cártel de droga. Ese mismo mes, la periodista
Nina Lakhani de The Guardian reveló que Castillo compró una casa de $1.4 millones en Texas, ocho meses después del asesinato de Cáceres
Sin embargo, Roxanna Altholz, profesora de Berkeley Law y antigua
integrante de GAIPE — un equipo internacional que investigó el
asesinato — dice que el problema es aún más grande que la falta de
avances en el caso de Castillo. La cuestión más importante, señala, es
que el asesinato de Cáceres fue la culminación de años de corrupción y
violencia planificada. La red ilícita responsable del asesinato,
incluidos los ejecutivos Atalah Zablah en DESA y sus aliados, permanece
intacta.
“La responsabilidad no se define con el veredicto de culpabilidad de ninguno de estos individuos que han sido condenados”, dijo Altholz. “Para que se defina una responsabilidad real en este caso, esa red criminal debe ser desmantelada”.
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