Autor: Otros Mundos AC

#TemacaNoEstáSolo: Solidaridad con Temacapulín, Acasico y Palmarejo ante el proyecto de presa El Zapotillo

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Nota informativa de Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México

Actualización, 7 de julio: El jueves 6 de julio 2017, a las 6 PM, se realizó una concentración en la Plaza de Armas de Guadalajara, Jalisco, para rechazar la construcción de la presa El Zapotillo sobre el Río Verde, que inundaría tres pueblos de los Altos de Jalisco: Temacapulín, Palmarejo (municipio de Cañadas de Obregón) y Acasico (municipio de Mexticacán), así como el Acueducto Zapotillo-León previsto para llevar agua al estado de Guanajuato. «Rechazamos determinantemente la construcción de la presa El Zapotillo y el Acueducto a León, por implicar un modelo obsoleto de gestión integral del agua», denunciaron los inconformes.

>>> Página Facebook «Temaca No Está Solo»

>>> Leer la crónica de la acción en Somos el Medio

La acción fue convocada por el Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo, que leerá un pronunciamiento en la Plaza, antes de dar la palabra a otras organizaciones solidarias. Se llevó a cabo una semana después del anuncio del gobernador de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval, de la construcción de la presa El Zapotillo con una cortina de 105 metros de altura sobre el Río Verde.

«Desde que se dió el anuncio, hubo mucha indignación dentro de la población jalicense», explica María González, del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC), en entrevista con Otros Mundos A.C. «El evento tiene como objetivo expresar la posición del pueblo de Temacapulín, mostrar que no está solo y anunciar nuestras próximas acciones en defensa de los tres pueblos amenazados», explicó la coordinadora de esta organización con sede en Guadalajara que acompaña la resistencia al Zapotillo.

Exigen políticas más sustentables

El Comité defiende a los más de mil habitantes de Temacapulín, Acasico y Palmarejo cuyas casas y tierras desaparecerían bajo el agua con la construcción de esta megapresa. «La lucha es por salvar estos tres pueblos del desalojo, del desplazamiento y de la inundación, y también para exigir que se implementen políticas más sustentables, menos costosas, y pensadas desde los pueblos», subraya María.

La resistencia de los habitantes de los tres pueblitos a la construcción de la presa El Zapotillo empezó en el 2005, cuando se enteraron por vía de prensa de la intención de de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) de desarrollar este proyecto para abastecer en agua a la Zona Metropolitana de Guadalajara. Desde el 2007, se anunció que la cortina de la presa iba a medir 105 metros y se empezó a construir sin contar con una autorización municipal para una cortina de esta altura.

90 millones de pesos para un estudio prehecho

En el 2008 nació oficialmente el Comité, que forma parte del Movimiento mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER), al igual que Otros Mundos A.C. Seis años de resistencia después, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió un dictamen que prohibió la construcción de la presa con una cortina de más de 80 metros, con la que Temacapulín estaría salvada, pero no Acasico ni Parmarejo. Este fallo provocó la suspensión del proyecto, quedado suspendido desde este entonces.

Desgraciadamente, el proyecto no murió allí. En diciembre del 2015, el gobierno de Jalisco contrató a dos instancias de la Organización de Naciones Unidas para realizar un estudio de 18 meses llamado «Jalisco Sostenible Cuenca Río Verde», con el objetivo de «realizar estudios hídricos sólidos que contribuyan a la toma de decisiones y a la formulación de políticas públicas sostenibles para la planeación de obras de infraestructura hídrica en la cuenca del río Verde». La Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) y el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUAM) recibieron 90 millones de pesos para llevarlo a cabo, pagados con los impuestos de los habitantes, quienes ni fueron consultados sobre tal gasto.

Las conclusiones de este estudio se presentaron el pasado 28 de junio en Guadalajara. En lugar de aportar a la población información sobre el estado de la cuenca, los niveles de agua y las mejores maneras de administrarla, el documento recomienda construir la presa El Zapotillo con una cortina de 105 metros. Sirvió de respaldo político al gobernador de Jalisco quien anunció justo después su intención de retomar la construcción, olvidando el fallo de la SCJN.

«¡Temaca Vive!, ¡La Lucha Sigue!»

«Quisiéramos alertar sobre el trabajo de la UNOPS y el PNUMA que carecen de todos los principios de derechos humanos, de inclusión y de participación», denunció María González en otra entrevista con el medio libre mexicano Hijos de la Tierra. «Aquí se han comportado como simples consultores que han recibido 90 millones de pesos y han venido a avalar un proyecto que atenta contra los derechos humanos», agregó la defensora.

Durante el anuncio del Gobernador de Jalisco, los miembros del Comité manifestaron su indignación con sus lonas «Jalisco Insostenible Río Verde Libre» en referencia al título del estudio, gritando «¡No queremos reubicación!», «¡No necesitamos presas!» y «¡Temaca Vive!, ¡La Lucha Sigue!». «Vamos a seguir en la lucha y de allí no nos van a sacar. Allí tenemos que permanecer porque es nuestra vida, nuestro pueblo y no nos vamos a retirar», confió María Alcaraz Martines, del Comité Salvemos Temacapulín, en un video realizado por el IMDEC.

Los habitantes de Temacapulín, Acasico y Parmarejo se quedaron con esperanza, y nos piden a nosotros y nosotras defensores y defensoras de otros territorios nuestra total solidaridad.

#NoAlZapotillo #TemacaNoEstáSolo #TemacaVive #TemacaResiste

La invitación:

Cómo apoyar (hasta el 16 de julio)

1.- El día 6 de julio habrá una concentración en apoyo a Temacapulín en la Plaza de Armas de Guadalajara a las 6 de la tarde. Asiste y haz tu cartel con el Hashtag #TemacaNoEstáSolo.

2.- Tómate una foto con un letrero que diga: #TemacaNoEstáSolo, o con alguna frase de apoyo usando al momento de publicarla el Hashtag #TemacaNoEstáSolo. Esta foto compártela en Tus redes sociales (Facebook o Twitter).

3.- Entra a esta liga y crea tu foto de perfil de tus redes con el Hashtag #TemacaNoEstáSolo. Además comparte la liga para que más personas se sumen.

4.- Toma un video con tu celular donde expreses tu posición con respecto a la inundación de los poblados de Temacapulín, Acasico y Palmarejo por la construcción de la Presa el Zapotillo. Subelo a tus redes y no olvides poner el hashtag: #TemacaNoEstá Solo.

5.- En estos enlaces puedes descargar algunas fotos y algunas pancartas con el tema #TemacaNoEstáSolo y compartirlas en tus redes sociales, colocando el hashtag #TemacaNoEstáSolo

6.- Obviamente cualquier otra forma de expresión en solidaridad con el Pueblo de Temacapulín que se te ocurra es bienvenida.

NOTA: Es muy importante que en tus publicaciones no olvides siempre poner el hashtag #TemacaNoEstáSolo

>> Link de la campaña

 

Más información:

Campaña #TemacaNoEstáSolo

Página Facebook «Temaca No Está Solo»

Posicionamiento frente al estudio UNOPS

Un estudio a modo: Entrevistas sobre los resultados de la UNOPS que justifica la inundación de Temaca

¿Quién tiene la última palabra en Temacapulín?

Con apoyo de oficina de la ONU, gobierno de Jalisco inundará tres comunidades

Oaxaca: Declaratoria del Foro «Zonas Económicas Especiales y las implicaciones en la vida comunitaria y el medio ambiente»

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Compartimos la Declaratoria del Foro «Zonas Económicas Especiales y las implicaciones en la vida comunitaria y el medio ambiente» organizado el 22 de junio 2017 en la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, convocado por el Movimiento mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER)

Los pueblos originarios hemos construido nuestra visión-mundo en comunión con el hábitat que nos rodea. En el Istmo oaxaqueño, las montañas y llanos conviven con ríos y lagunas, las lluvias y los vientos moldean la tierra y ordenan a la flora y fauna, cruce de climas y meteoros que nutren a la naturaleza y esparcen la diversidad. En este espacio, las mujeres y los hombres creamos y recreamos lenguas y cultura diversas que combinan saberes y prácticas ancestrales, que hoy se reconocen en esta cintura continental que es tan estrecha como diversa. El territorio es parte de nuestra memoria.

Esta región tiene enormes ventajas geográficas que, aunada a su riqueza natural y humana, despierta intereses económicos y políticos en el país y en el mundo. Así ha sido desde épocas prehispánicas y durante el dominio colonial, pero los últimos cien años han sido los más invasivos y agresivos contra el medio ambiente y sus habitantes. Con la falacia de la modernidad, las comunidades han perdido su tierra y el control sobre su entorno; se han destruido acuerdos y dinámicas comunitarias que los pueblos hemos construido por siglos.

En meses recientes se anunció la creación de las Zonas Económicas Especiales (ZEE); dentro de las áreas asignadas, se señala al Istmo pero con impactos para todo el Estado. Con las palabras «progreso, desarrollo y empleo» se pretende repetir el ciclo de destrucción, robo y explotación que ha caracterizado a estos proyectos. Hoy, el Estado Mexicano promueve las ZEE sin revisar la historia:

  •  La construcción de la presa Benito Juárez en Jalapa del Marqués y la creación del distrito de riego 19, el debilitamiento del río Tehuantepec es patente y la destrucción irreparable de la cubierta vegetal en la zona.
  • La Refinería Antonio Dovalí Jaime y la industria petrolera encareció la vida, destruyó la pesca ribereña y de altura en el Golfo de Tehuantepec y se convirtió en un foco de contaminación y riesgo regional. Ahora que PEMEX ha sido abandonado por el gobierno mexicano, la Refinería se incendia o explotan sus terminales o ductos con peligrosa frecuencia, y el Estado Mexicano de manera perversa, ha guardado silencio ante las afectaciones socioambientales.
  • El falso modelo de industria verde que son los parques eólicos, no sólo ha despojado de tierras y cuerpos de agua a los campesinos istmeños sino que además ha corrompido y destruido el tejido social, ha propiciado la violación a los derechos humanos, sociales y ambientales y doblegado a autoridades judiciales coludidas, con autoridades de todos los niveles, además promueven la violencia extralegal y paramilitar y son la punta de lanza de las industrias extractivista y depredadoras que hoy se cobijan bajo las leyes de las ZEE que los benefician.

Sus intenciones son evidentes, han anunciado y promovido mineras, nuevos parques eólicos, subestaciones eléctricas y líneas de transmisión, siderúrgicas, gasoductos y terminales de gas, presas hidroeléctricas, construcción de vías férreas y carreteras. Todas estas industrias de despojo y destrucción se agrupan, organizan y legitiman desde el andamiaje legal, fiscal y administrativo que provee la ley de las ZEE y las llamadas reformas estructurales. Se avizora una nueva oleada de devastación para el Istmo y para todo el Estado. El capital internacional y la élite política mexicana se ciernen sobre el territorio oaxaqueño con avaricia, avidez y rapacidad. Son los nuevos tiempos de un capitalismo cada día más burdo, delirante y genocida.

Los pueblos originarios, organizaciones sociales y la ciudadanía, estamos convocados a defender nuestros modos de vida digna y nuestro entorno natural, a exigir la vigencia de nuestros derechos, a legitimar el derecho a la rebeldía y el respeto a nuestra palabra y a ser sujetos de nuestro destino y no objetos de las políticas depredadoras de un gobierno colonialista y corrupto que cada vez renuncia más a sus responsabilidades y solo presta oídos a las empresas transnacionales y a los gobiernos extranjeros imperialistas.

De manera que los y las asistentes a este Foro denunciamos:

La absoluta pobreza en el pensar y actuar de nuestros gobiernos, porque no escuchan a los pueblos y no tienen una visión integral de nuestras necesidades, esto se pone de manifiesto en la ausencia de un plan estatal de desarrollo realmente sustentable y de programas viables de agroecología para el campo y para la reforestación y la protección de las fuentes de agua. No fomentan los mercados locales y regionales. No hacen estudios verdaderos de impacto ambiental e impacto humano de sus megaproyectos. Desconocen y violan sistemáticamente los derechos de los pueblos indígenas a vivir nuestras propias culturas y definir nuestro propio desarrollo en nuestro propio territorio. Utilizan al crimen organizado, a los cuerpos militares y policiacos para adueñarse de nuestras regiones. Criminalizan a todos y todas que defendemos nuestros derechos e informamos la verdad. Mal-gobiernan descaradamente para beneficiarse con los impuestos del pueblo.

Considerando lo anterior, las y los participantes a este Foro:

  • Rechazamos la implementación de las ZEE dentro el Istmo de Tehuantepec y en cualquier otro lugar del Estado.
  • Nos comprometemos a implementar una campaña masiva de contrainformación sobre las ZEE y los megaproyectos, y a realizar foros regionales y estatales para el fortalecimiento de la defensa de nuestros territorios.
  • Nos pronunciamos en contra de las agresiones y desalojo que sufrieron los normalistas de Titipetío, Michoacán y responsabilizamos al gobierno estatal como autor intelectual y material de estos hechos ocurridos en el día 21 de julio del 2016.
  • Nos pronunciamos en contra de las reformas estructurales y sus leyes secundarias. En tal sentido, reivindicamos el derecho a la rebeldía, la lucha y la resistencia de nuestras comunidades y personas contra las leyes, planes, programas y políticas de gobierno que afecten nuestros modos de vida digna, costumbres, cultura, espiritualidad y que perjudiquen a la naturaleza.
  • Convocamos a la articulación de todas las comunidades y organizaciones en resistencia, y que asuman como estrategia incorporar a más organizaciones, ciudadanos y autoridades a este proceso.
  • Manifestamos nuestro respaldo a todos los pueblos y las organizaciones que están en procesos de resistencia y en lucha constante por la defensa del territorio y de la vida: A los pueblos del Istmo oaxaqueño y su estrategia organizativa en la defensa del territorio, la comunidad indígena de Xochicuautla, Lerma, Estado de México; en contra del proyecto de muerte denominada autopista Toluca – Naucalpan del grupo HIGA – Enrique Peña Nieto y en respaldo a la lucha que llevan los colonos integrados en la Asamblea General de Pueblos, Barrios y Colonias de los Pedregales en Coyoacán en defensa del agua y el territorio. Los desplazados de Copala y por el cumplimiento de las medidas cautelares. Las invasiones ilegales e ilegitimas a las tierras comunales de la selva de Los Chimalapas donde el gobierno federal ha hecho caso omiso a los conflictos de invasiones y genera la posibilidad de que la violencia se recrudezca entre las comunidades.
  • Llamamos fortalecer nuestras asambleas y autoridades comunitarias y a construir caminos por la defensa de la tierra y el territorio, y contra cualquier proyecto invasivo y destructivo que atente contra la vida comunitaria de nuestros pueblos.

A un año de Nochixtlán, a dos meses de los mártires de Quiechapa, a dos años y medio de Ayotzinapa, las voces siguen susurrando los nombres de todas y todos aquellos que han dado su vida por la vida, que han ofrendado su sangre a la tierra. Sus nombres son todos los nombres que seguiremos llamando. No somos solo los que estamos, no somos solo los que venimos. Nuestros pasos vienen acompañados por las mujeres y los hombres de todo el territorio donde florece la vida, la Costa, la Sierra sur, de la Zona Lagunar, la Selva Chimalapas. Dentro de nuestros pueblos se teje la esperanza, se lucha por la autonomía y autodeterminación de los pueblos, venimos a que nuestra palabra no solo se escuche sino que sea replicada en cada uno de los territorios que habitamos.

Firman: Organizaciones Indias por los Derechos Humanos en Oaxaca OIDHO; Comité por la Defensa de los Derechos Indígenas CODEDI; Unión Campesina Indígena de Oaxaca – Emiliano Zapata UCIO-EZ; Centro de Derechos Humanos Tepeyac del Istmo de Tehuantepec A.C. CDH-TEPEYAC; Comité Ixtepecano en Defensa de la Vida y el Territorio; Bachillerato Comunitario Ikoots; Bachillerato Comunitario Quiechapa; Bachillerato Comunitario San Francisco La Paz; Preparatoria Comunitaria José Martí; Coalición Obrera Campesina Estudiantil del Istmo COCEI MNPP; Pobladores Oaxaca A.C.; Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio APIIDTT; Grupo Ecologista Zanatepec A.C.; Articulación de Pueblos Originarios del Istmo Oaxaqueño en Defensa del Territorio APOYO; Servicios para una Educación Alternativa A.C. EDUCA; Red de Defensoras y Defensores Comunitarios de los Pueblos de Oaxaca REDECOM; Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos MAPDER; Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, SECCION XXII OAXACA, CNTE; Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde COPUDEVER; Bienes Comunales de San Mateo del Mar; Coalición Obrera Campesina Estudiantil del Istmo COCEI – COPIVAC; Comunidad de Magdalena Teitipac; Unión de Comuneros en Defensa de Nuestros Derechos y de los Recursos Naturales de Santa María Chimalapa; Centro de Estudios de la Región Cuicateca; Tequio Jurídico A.C.; Telecomunicaciones Indígenas Comunitarias A.C. TIC; Voces Oaxaqueñas Construyendo Autonomía y Libertad VOCAL; Instituto de la Naturaleza y la Sociedad de Oaxaca A.C. INSO; Ojo de Agua Comunicación; Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. CODIGO DH; Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto A.C.; Indaaa Xhani A.C.; Artesanos Barro Negro San Bartolo Coyotepec; Servicios del Pueblo Mixe A.C.; Maderas del Pueblo A.C.; Propuesta A.C.; Red de Mujeres por la Igualdad de Género, Tlaxiaco; Consorcio Para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca A.C.; Corriente del Sol Rojo; FER-APPO; Radio Plantón; Colectivo Oaxaqueño en Defensa del Territorio; Red de Mujeres Activistas y Defensoras de Derechos Humanos de Oaxaca; La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental LAVIDA; Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación A.C. PODER; Consejo Supremo Indígena San Francisco Xochicuautla; Asamblea General de Pueblos, Barrios y Colonias de los Pedregales de Coyoacán; Partido Revolucionario de los Trabajadores PRT; Observatorio Panameño de Ambiente y Sociedad; Red Ya Basta Alemania

Foto: Centro de Derechos Humanos Tepeyac del Istmo de Tehuantepec A.C. CDH-TEPEYAC

¡Firma esta carta para exigir justicia para Mariano Abarca a los gobiernos de México y Chiapas!

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VERSIÓN EN INGLÉS AQUÍ / ENGLISH VERSION HERE

El 26 de juniodel 2017, la Familia de Mariano Abarca entregó una petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en contra del Estado mexicano por su responsabilidad en el asesinato impune del defensor chiapaneco Mariano Abarca Roblero, perpetrado el 27 de noviembre del 2009 por personas vinculadas a la minera canadiense Blackfire en Chicomuselo, Chiapas. Tres co-peticionarios acompañan a la Familia: Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México, la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) y el Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH).

Ahora, tu también puedes apoyar a la familia en su exigencia de justicia, firmando esta carta en línea aquí.

Puedes apoyar en la difusión de esta petición y del comunicado de la familia de Mariano Abarca compartiéndolos en redes con el hashtag #JusticiaParaMariano.

¡Gracias!

Los peticionarios

A Miguel Ángel Osorio Chong
Secretario de Gobernación;

A Manuel Velasco Coello
Gobernador Constitucional del Estado de Chiapas;

A Raciel López Salazar
Fiscal General del Estado de Chiapas

A Pierre Alarie
Embajador de Canadá en México,

El asesinato del luchador social chiapaneco Mariano Abarca Roblero significa una grave violación al derecho a la vida, a la seguridad, a la integridad personal, al derecho a la reunión y al acceso a la justicia.

El Estado mexicano falló en su obligación convencional de defender y proteger la vida de este destacado líder comunitario asesinado el 27 de noviembre del 2009 en Chicoumuselo, Chiapas, como consecuencia de sus denuncias de los efectos negativos de la mina La Revancha, explotada por la empresa minera canadiense Blackfire Exploration en este municipio.

Antes de su asesinato, y durante todo el proceso de su lucha, Mariano Abarca fue víctima de un largo proceso de criminalización, intimidación, hostigamiento, estigmatización y amenazas que incluyeron el levantamiento de cargos falsos interpuestos por la empresa que lo llevaron a pisar la cárcel.

A pesar de haberse abierto varios expedientes de averiguación, por el robo y lesiones a la familia y después por el asesinato de Mariano, hasta el día de hoy, la investigación por parte del estado mexicano se ha paralizado.

Después de haber estado detenidos varios implicados -todos ellos con algún vinculo de trabajo con la empresa Blackfire-, y después haber sido sentenciado uno de ellos en el 2010, hoy todos se encuentran en libertad, incluyendo al sentenciado. No hay nuevas líneas de investigación orientadas a la búsqueda de los autores intelectuales y materiales que den certidumbre tanto a la familia de Mariano Abarca, como al resto de sus compañeros de lucha.

Exigimos que la Secretaria de Gobernación (SEGOB), el gobierno de Chiapas y la Fiscalía General de Chiapas asuman y atiendan con seriedad el asesinato del defensor ambiental mexicano. Se requiere de una investigación objetiva, que esclarezca plenamente los hechos y castigue a los responsables materiales y autores intelectuales. La investigación debe señalar la responsabilidad de la Blackfire Exploration en su asesinato y de los funcionarios del gobierno del Estado de Chiapas implicados.

Atte,

>> Firma aquí

MARIANO, LA HISTORIA DE UN ASESINATO ANUNCIADO (OTROS MUNDOS A.C.)

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DENUNCIAN IMPUNIDAD ANTE ASESINATOS DE DEFENSORES DE DD.HH (TELESUR)

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Más información:

1 – Comunicado de la Familia de Mariano Abarca: ¡Exigimos Justicia!

2 – Ficha informativa sobre el caso Mariano Abarca (en PDF)

3 – El resumen de nuestra petición a la CIDH contra el Estado mexicano

4– El video de la conferencia de prensa del 28 de junio en la Ciudad de México

Mariano Abarca’s Family Demands Justice

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Press release by Mariano Abarca’s Family – Read during their press conference in Mexico City on June 28th 2017

SPANISH VERSION HERE (VERSIÓN EN ESPAÑOL AQUÍ)

On June 26, 2017, my family and I, José Luis Abarca Montejo, sent a petition to the Inter American Commission on Human Rights (IACHR) against the state of Mexico for violations of the right to life, humane treatment, personal liberty, and to a fair trial, among others that were violated as a result of the murder of my father, Mariano Abarca Roblero on November 27, 2009.

He was killed by assassins with ties to the Canadian mining company Blackfire Exploration, while he was talking with a friend in front of his restaurant in Chicomuselo, Chiapas. His friend, Orlando Velázquez Rodríguez, who was also part of the local community struggle, was also seriously injured in the attack.

My father was born April 11, 1959 in Chicomuselo, Chiapas. He was a human rights and environment defender who was highly regarded in his community and was also a founding member of the Mexican Network of Mining-Affected Peoples (REMA).

His murder was an attempt to silence and demobilize the struggle in defence of territory, life and the environment that my father led in the community of Chicomuselo, where people were fighting for Blackfire to leave the municipality and stop the damage it was doing to people’s health and the environment.

Before his assassination, and during the entire conflict, my father was the victim of a long process of criminalization, intimidation, harassment, stigmatization and threats that included false accusations for which he had to spend time in jail. Nonetheless, his most important transgression was his unyielding fight in defence of human rights. His conviction and his spirit moved him to fight for quick and sure justice for those, who arbitrarily and in repeat violation of the law, break the rules and seek to protect themselves through corruption and impunity, which has long been a pattern of behaviour of the Mexican government.

My father brought to light and denounced each of the actors involved in pillaging the environment in our community, naming those responsible for the acts of intimidation that he and the social movement faced. Among those who attacked him and who he called out were the former municipal president of Chicomuselo, Mr. Julio César Velásquez Calderón, and the then Governor of Chiapas, Mr. Juan Sabines Guerrero.

Further, he did not shy away from naming the directors of the Canadian company Blackfire Exploration among those principally responsible, who enjoyed undue support from state and municipal police and participated in various acts of aggression by company workers who were armed and who threatened those involved in the local resistance.

We denounce that since November 27, 2009 – the day of the underhanded and cowardly crime against my father – until today, the state’s investigation has stagnated. After detaining several suspects, all of whom had some link to Blackfire, and even sentencing one of them in 2010, all are free today. Neither have new lines of investigation been pursued to identify the material and intellectual authors of the crime that would provide some comfort to our family and the rest of those in this struggle.

Our family is outraged by the inefficiency, the ineffectiveness, and the clumsiness of the justice system in Mexico. The Mexican government has expressed its disregard and demonstrated very little interest in our demands. As such, it has demonstrated its indifference to our right to know the truth and negated one of its most basic roles to procure justice.

During these years of impunity, our family has fought for justice for the assassination of my father. Over the years, we have strengthened various areas of investigation, such as documenting the inappropriate interference of the Canadian Embassy in favour of Blackfire. Despite having considerable knowledge about the local conflict and the risks that my father faced, the Embassy not only failed to respond, but rather in a full display of Canadian business diplomacy, legitimizing and supporting Blackfire’s violent and abusive behaviour.

In addition, we have unsuccessfully explored the limited avenues for justice in Mexico and Canada. Once again, this has demonstrated to us the level of institutional abandonment that leaves us as Mexicans defenceless in the face of abuse from the system.

As as result, we have decided to turn to the IACHR to present a complaint against the Mexican state for failing first to protect my father’s life and then in the search for justice following his assassination. Accompanying us in this complaint as petitioners are the Mexican Network of Mining Affected Peoples (REMA) – of which my father was a member -, Otros Mundos A.C. Chiapas/Friends of the Earth Mexico and the Human Rights Center at the Faculty of Law at the Autonomous University of Chiapas (UNACH).

As we have indicated, the attack that took the life of my father is not a unique nor an isolated event against human rights and environment defenders in Mexico or in Latin America. Rather it is part of a trend in which there are four sets of actors acting against the many processes of resistance in the region: corrupt and de-nationalized governments who, among other things, have developed laws to justify and legalize pillage; the Canadian government that insists on leading the way to dispossess peoples in the Americas of their shared natural commons; police and military forces that act as private protection forces for transnational companies, and; assassins and organized crime groups who are paid to inflict fear, terror and death in communities.

We hope that the IACHR will receive, review and accept this new challenge for justice that we are putting in its hands. We are hopeful that the Commission will help us advance in this struggle against impunity that is essential to fully exercising our human rights. At the same time, we hope to set a legal precedent at the international level by demonstrating the links between the Mexican authorities and the Canadian Embassy and the way this allows mining companies to threaten the lives of human rights defenders in Mexico.

Sincerely,

The petitioners:
The Abarca family
Otros Mundos A.C. Chiapas/Friends of the Earth Mexico
The Human Rights Centre of the Faculty of Law at the Autonomous University of Chiapas (UNACH)
The Mexican Network of Mining Affected Peoples (REMA)

¡JUSTICE FOR MARIANO ABARCA ROBLERO!

#JusticeForMariano

Video of the press conference (in Spanish):

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Video: Mariano Abarca, the story of a murder foretold (in Spanish)

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Documents:

1 – Summary of the petition

[Ficha Informativa] Mariano Abarca, la historia de un asesinato anunciado

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INFORMACIÓN PARA PERIODISTAS,

EN EL MARCO DE LA CONFERENCIA DE PRENSA

«JUSTICIA PARA MARIANO ABARCA» DEL 28 DE JUNIO (A LAS 11 AM EN CENCOS, CDMX)

FAMILIARES Y ORGANIZACIONES CIVILES DEMANDAN AL ESTADO MEXICANO ANTE LA CIDH
POR HABER PERMITIDO EL ASESINATO DEL DEFENSOR MARIANO ABARCA ROBLERO,
BAJO INFLUENCIA DE LA EMBAJADA DE CANADÁ    

>> Descargar la Ficha en PDF

Cuál es la noticia?

Este 28 de junio 2017, se anuncia en conferencia de prensa en la Ciudad de México que se presenta una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra los Estados Unidos Mexicanos por violación al derecho a la vida del destacado defensor de los derechos humanos y el medio ambiente Mariano Abarca Roblero.

El agricultor chiapaneco, miembro de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), fue asesinado el 27 de noviembre del 2009 frente a su casa en Chicomuselo, Chiapas, por personas vinculadas a la empresa minera canadiense Blackfire Exploration, porque denunciaba los daños ocasionados por la mina de barita La Revancha en su pueblo.

Antes de su muerte a los 50 años, Mariano había interpuesto denuncias por haber sido víctima de actos de hostigamiento y amenazas de muerte por parte de trabajadores de la empresa Blackfire, pero las autoridades mexicanas nunca le hicieron caso, generando una situación de peligro y de permisibilidad que facilitó el crimen. La petición señala que la Embajada de Canadá en México estuvo realizando un cabildeo frente al Estado Mexicano durante todo el conflicto en Chicomuselo, y con amplio conocimiento de ello, para preservar los intereses de Blackfire. Esto abonó al conflicto social y pudo haber influenciado en la actuación del Estado Mexicano en el caso de Mariano.

Qué es una petición ante la CIDH?

Una petición ante la CIDH es una queja contra un Estado por haber violado normas internacionales con la que tiene que cumplir, en el caso del Estado mexicano siendo la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. La CIDH emite recomendaciones que el Estado debe respetar. Si no lo hace, la CIDH puede llevar e caso a la CORTE Interamericana de Derechos Humanos, la cual sí emite resoluciones obligatorias.

Quién presenta la petición y cuando?

El 26 de junio, la familia de Mariano, inclusive su esposa y cuatro hijos, presenta su petición contra los Estados Unidos Mexicanos ante la CIDH por las violaciones al derecho a la vida, a la integridad personal y a las garantías judiciales, entre otros derechos, del defensor asesinado hace casi 8 años. Lo acompañan tres co-peticionarios: la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), la asociación chiapaneca Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México y el Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH).

Por qué ahora?

A 7 años y 7 meses del asesinato, las instancias judiciales mexicanas no han realizado una investigación plena e imparcial que esclareciera los hechos y responsabilizara a los autores intelectuales y materiales del crimen. Varias personas sospechosas, todas relacionadas con la empresa minera canadiense Blackfire Exploration, fueron detenidas -una de ellas incluso fue llevada a prisión, pero fueron liberadas porque la investigación no se realizó con la debida diligencia. Hoy en día, nadie se encuentra condenado. Por el retardo extraordinario en la investigación, la cual sigue abierta en el Ministerio Público, la familia Abarca ha decidido acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que se haga justicia.

Por qué se responsabiliza a los Estados Unidos Mexicanos?

Entre 2007 a 2009, durante su lucha en defensa de los derechos humanos y ambientales en Chicomuselo, Mariano fue víctima de amenazas, hostigamiento e intimidaciones físicas y legales por parte de trabajadores y representantes de la empresa Blackfire. Unos meses antes de su asesinato, fue víctima de criminalización, cuando un gerente de la empresa minera lo acusó de asociación ilícita, crimen organizado y ataques a las vías de comunicación, entre otros delitos, por haber participado en un plantón pacífico en una vía de acceso a la mina La Revancha de junio a agosto de 2009. El 17 de agosto, policías vestidos de civil lo detuvieron bajo arraigo por ocho días. Lo liberaron sin haber formulado cargo alguno.

Mariano, su familia, Otros Mundos A.C. y la REMA interpusieron denuncias ante las autoridades mexicanas por esas agresiones y criminalización, pero ninguna autoridad municipal, estatal ni federal las atendió. Las autoridades tampoco otorgaron medidas de seguridad ni brindaron protección al defensor, lo que se interpreta como un proceso de consentimiento de los ataques en su contra.

Esta actitud permisiva del Estado Mexicano permitió que el 27 de noviembre 2009, apenas unos días después de haber interpuesto una denuncia en contra de dos personas vinculadas a Blackfire, Mariano fuera asesinado. El agresor le disparó a quemarropa por la espalda mientras estaba frente a su casa en el centro de Chicomuselo.

Este crimen anunciado hubiera podido ser evitado si el gobierno mexicano hubiera preferido proteger la vida del defensor en lugar de los intereses de Blackfire. Además, el Estado mexicano es responsable de la falta de una investigación plena e imparcial necesaria para esclarecer los hechos y responsabilizar a los autores intelectuales y materiales del crimen.

Por qué denunciamos la complicidad de la Embajada de Canadá en México ?

En julio de 2009, Mariano llevó una denuncia a la Embajada de Canadá en México sobre los riesgos que él y los demás habitantes de Chicomuselo involucrados en el proceso de defensa del territorio y el medio ambiente enfrentaban a raíz de la actuación de la empresa Blackfire y sus trabajadores, pero fue ignorada. Según documentación obtenida bajo la ley de transparencia de Canadá, la Embajada de Canadá tuvo alto conocimiento del creciente conflicto social generado por Blackfire en Chicomuselo desde su inicio, y aún así, cabildeó a favor de la empresa ante las autoridades mexicanas estatales y federales. La presión diplomática ejercida por la Embajada abonó al conflicto y a la situación de desprotección en la que se encontraba Mariano.

En la petición, se denuncia que el estado mexicano se dejó influir por la embajada de Canadá. Este país es el inversionista extranjero más importante en el sector minero mexicano: de allí proviene alrededor del 70% de las empresas mineras extranjeras operando en México. Para la inversión directa canadiense en el sector minero a nivel mundial, México es el segundo destino más importante después de los Estados Unidos.

Por qué todos debemos conocer la historia de Mariano y exigir justicia por su asesinato?

El caso de Mariano ilustra los problemas que se han generado en todo México por la impunidad y la voluntad del Estado de priorizar los intereses de los inversionistas mineros, en muchos casos canadienses, sobre la vida y bienestar de las comunidades campesinas e indígenas.

El asesinato de Mariano forma parte de un creciente número de casos de criminalización y atentados a la vida perpetrados contra defensores y defensoras del territorio y el medio ambiente en resistencia al modelo extractivo minero en México. Esta tendencia se ve reflejada en varios países de Latinoamérica. Según un estudio preliminar elaborado por un grupo de abogados canadienses sobre el vínculo entre empresas mineras de Canadá e incidentes de violencia y criminalización en América Latina entre 2000 a 2015, se registraron por lo menos 44 muertos, más de 400 heridos y más de 700 criminalizados en relación con 28 empresas en 13 países, siendo claro que las cifras son una subestimación de la realidad.

#JusticiaParaMariano #

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28 de junio, 11 AM: Conferencia de prensa «Justicia para Mariano Abarca» en la Ciudad de México

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Familiares y organizaciones civiles demandan al Estado Mexicano ante la CIDH

por su responsabilidad en el asesinato del defensor Mariano Abarca Roblero

>> TRANSMISIÓN EN VIVO DE LA CONFERENCIA <<

 

Estimados y estimadas periodistas,

Están cordialmente invitados e invitadas a nuestra conferencia de prensa el miércoles 28 de junio a las 11 AM en el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos) en la Ciudad de México sobre la búsqueda de justicia en el asesinato del defensor de los derechos humanos y del medio ambiente chiapaneco Mariano Abarca Roblero. Mariano fue asesinado el 27 de noviembre 2009 frente a su casa en Chicomuselo por un disparo en la espalda. Todos los sospechosos por este crímen, que sigue en la impunidad, son vinculadas a la empresa minera canadiense Blackfire Exploration.

Les informaremos sobre la petición que presentamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en contra de los Estados Unidos Mexicanos por las violaciones al derecho a la vida, a la integridad personal y a las garantías judiciales, entre otros derechos, del defensor Mariano Abarca.

Mariano era un agricultor y un líder comunitario que luchaba contra los daños ocasionados por la mina de barita de Blackfire Exploration en Chicomuselo. Era miembro de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) y sigue siendo un gran ejemplo par los y las que resisten al modelo extractivo en Chiapas.

Su asesinato fue propiciado por las autoridades mexicanas, las cuales, frente al constante cabildeo de la Embajada de Canadá en México, respondieron a favor de los intereses de la minera canadiense Blackfire. Fallaron en proteger la vida del defensor quien sufrió repetidas agresiones antes de ser asesinado y en garantizar la procuración de justicia por este crimen. Todos los sospechosos son vinculados a la empresa Blackfire, pero ninguno está detenido actualmente, y la investigación ha estancado.

Dirección: Centro nacional de Comunicación Social (CENCOS): Medellín #33, Col. Roma, entre las calles de Puebla y Sinaloa a una cuadra de la fuente a La Cibeles, Ciudad de México

Descargar:

1 – Cartel de la invitación a la conferencia
2 – Ficha informativa sobre el caso Mariano Abarca

VIDEO SOBRE EL CASO:

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(Programa especial de Periodistas de A Pie en Rompeviento.tv:

«Mariano Abarca, en memoria del defensor de Chicomuselo», 22/06/2017)

Contacto para entrevistas: comunicacion@otrosmundoschiapas.org / 967 140 44 32 (Whatsapp: +52 1 967 140 44 32)

El Pueblo Creyente Zoque exige la cancelación de todos los proyectos extractivos que amenazan su territorio

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Comunicado de prensa del Movimiento Indígena del Pueblo Creyente Zoque en Defensa de la Vida y de la Tierra* – A 22 de junio 2017 – Leido ese día en el Parque Central de tuxtla Gutiérrez, Chiapas, al concluirse la Marcha-Peregrinación a favor del Agua, la Vida y la Tierra

A los pueblos indígenas del mundo, México y Chiapas,

A los pueblos zoques de la Selva Lacandona, Veracruz, Oaxaca, Campeche, Guadalajara y Boston (Estados Unidos),

A los organismos de defensa de los Derechos Humanos y organizaciones sociales,

A los medios de comunicación libre,

La reforma energética aprobada en 2013 junto a las 10 reformas constitucionales constituyen una seria amenaza de despojo de las tierras de los pueblos indígenas de México, en particular contra los pueblos zoques del norte de Chiapas. Por ello, nos hemos organizado en un movimiento indígena de resistencia y de defensa de la vida y la madre tierra para hacer frente a los proyectos extractivos que ponen en riesgo la vida social, ambiental y cultural de 60 mil hablantes zoques.

Sobre nuestros territorios, la amenaza es real por las 11 concesiones mineras otorgadas por el Gobierno con un total de 70 mil hectáreas, de los cuales ya se encuentra en operación la Minera Frisco en Solosuchiapa, propiedad de Carlos Slim; 1 ampliación de presa hidroeléctrica sobre las tierras de Chicoasén; 1 proyecto de Geotermia sobre el cráter del Volcán Chichonal sobre 15 mil hectáreas; 1 geo-parque en el mismo Volcán con 2,400 hectáreas; además de pequeñas represas en Ocotepec y Chapultenago. En total más de 180 mil hectáreas de montañas de niebla, manantiales, ríos, tierras ejidales y espacios simbólicos se encuentran amenazadas por los proyectos extractivos.

La amenaza más directa sobre nuestras tierras es la licitación que viene realizando desde agosto del 2016 la Secretaría de Energía (SENER) a través de la Licitación Pública Internacional conocida como la Ronda 2.2 para el concesionamiento de 12 pozos de extracción de gas natural y aceite en los estados costeros del Golfo de México y Cuencas del Sureste, la cual se compone de 12 bloques, 2 de los cuales tienen impacto en el Estado de Chiapas. Un total de 84,500 hectáreas de tierras de 9 municipios del norte de Chiapas serían utilizadas para la extracción de gas natural mediante el despojo y contaminación ambiental del territorio zoque.

El bloque 10, afectaría 42 mil 600 hectáreas de los municipios de Tecpatan, Francisco León y Ostuacan, con la finalidad de obtener aceite superligero y gas húmedo, mientras que el bloque 11, afectaría 41 mil 900 hectáreas de Chapultenango, Ixtacomitan, Ixtapangajoya, Pichucalco, Solosuchiapa, Sunuapa y Teapa (Tabasco), para obtener aceite ligero y aceite superligero.

La instalación de 12 pozos petroleros en el territorio zoque de Chiapas provocaría graves daños ambientales, económicos y culturales como el uso excesivo de agua (se calcula que cada pozo requiere 20 millones de litros de agua); desplazamientos migratorios, contaminación de suelo, aire y manantiales, pérdida de biodiversidad, desequilibrio ambiental, disminución de la producción alimentaria, daño patrimonial y de salud pública.

La ronda 2.2 pone en riesgo un total de 16 arroyos y 4 manantiales de las comunidades zoques de Chapultenango, Ixtacomitán, Francisco León y Tecpatán. Por mencionar algunos serían los ríos Yomonó y Totopac en Tecpatán; el Movac y Susnubajk en Chapultenango; los ríos Tumbak y Magdalenas en Francisco León y el rio Blanco en Ixtacomitán, poniendo en riesgo la disponibilidad de agua para la agricultura y el equilibrio ambiental del territorio. Un riesgo fuerte son los tubos que atravesarían las tierras zoques que en caso de romperse generarían una contaminación de toda la red de mantos freáticos del subsuelo hasta por 60 kilómetros a la redonda.

Otro riesgo del proyecto de hidrocarburos es que cambiaría el uso de suelo del territorio ya que actualmente las tierras están dedicadas a la actividad agrícola y de conservación ambiental, por lo que al instalarse los pozos petroleros pasarían a uso industrial por parte de las empresas extractivas que dejarían tras de sí un paisaje desolador de tierras inservibles como ocurre en el ejido Nuevo Volcán Chichonal municipio de Juárez. Por eso, reiteramos que estos son: proyectos de muerte.

En las anteriores rondas de licitación otorgadas por la Secretaría de Energía del gobierno federal (SENER) se cometieron una serie de irregularidades; por mencionar dos de ellas:

– En la ronda 1.3, el bloque conocido como Catedral fue concesionado al grupo Diavaz, propiedad de Pedro Aspe, quien fue Secretario de Hacienda de Carlos Salinas de Gortari y fuerte impulsor de la reforma energética, siendo beneficiado ya que ahora puede adquirir bloques de extracción.

– En diciembre de 2015 se concesionaron 5 campos petroleros pertenecientes al quinto campo en los municipios de Reforma, Juárez, Pichucalco, Ixtapangajoya y Solosuchiapa; 3 de estos fueron asignados a una empresa canadiense, uno a una empresa mexicana que es sucursal de otra empresa canadiense y uno más a una empresa mexicana.

En el caso del territorio zoque, a partir del mes de septiembre de 2016 la SENER ha intentado llevar a cabo un proceso de consulta en las comunidades zoques, lo cual ha sido solo para aparentar que se lleva a cabo el proceso de consulta que exige la Ley Nacional de Hidrocarburos, porque en la realidad no se ha consultado a todas las comunidades afectadas; solo se consulta a los agentes rurales; las comunidades hablantes zoques no han tenido traductores en su propio lengua materna por lo que las supuestas consultas han sido engañosas y bajo presión a cambio de que algunos ejidos reciban proyectos como ampliación de caminos, puentes y drenaje, pero sabemos que solo son obras para que las empresas saquen mejor el petróleo.

En las supuestas consultas no se ha presentado la Manifestación de Impacto Ambiental, por tanto se ha violado el derecho a la información que tienen los pueblos indígenas.

Panorama Social

A partir de la Ronda 2.2 las comunidades afectadas han dispuesto a establecer un proceso de organización y articulación comunitaria frente al despojo del territorio que pretende hacer el proyecto del Estado Mexicano contra los pueblos indígenas de México.

Los megaproyectos extractivos representan muerte, por eso las comunidades zoques anteponen los intereses colectivos para la sobrevivencia, el agua, la tierra y la vida, pero también para defender su derecho a la libre autodeterminación, por lo que mediante movilizaciones, foros, conferencias de prensa, asambleas comunitarias y auto-consultas se ha determinado dar voz a los pueblos zoques porque son más las afectadas por los proyectos extractivos.

Para tal efecto, en las comunidades de los municipios de Chapultenango, Francisco León, Tecpatán e Ixtacomitán se han levantado firmas en actas de asamblea que se oponen a la extracción de hidrocarburos en su territorio. Las actas con las que se cuenta, ya han sido entregadas a instancias federales, así como legislativas para que se den los cauces necesarios y se dé cumplimiento a las exigencias de las comunidades que defienden su territorio.

El día de hoy hacemos entrega al gobierno del Estado y damos a conocer en el marco de esta magna peregrinación del Pueblo Creyente Zoque en Defensa de la Vida y la Tierra, las decisiones de las comunidades zoques, mismas que son:

1. Respeto al derecho de AUTOCONSULTA Y LA LIBRE AUTODETERMINACIÓN DE LOS PUEBLOS ZOQUES DE CHIAPAS.

2. Exigimos la cancelación definitiva de los bloques 10 y 11 de la licitación de la Ronda 2.2 que encabeza la SENER.

3. RECHAZO para otorgar el permiso para el proceso de licitación y por consiguiente del concesionamiento de los pozos de extracción de hidrocarburos que pertenecen a los bloque 10 y 11, debido a que solo dejan pobreza; la llegada de la delincuencia organizada detrás de las empresas que ganan las licitaciones; pero principalmente por el daño ambiental y la división comunitaria, porque también se confrontan los pueblos.

4. Exigimos la cancelación de las concesiones mineras, ampliación de presas y proyectos geotérmicos que se ubican en los municipios del Pueblo Zoque.

5. Declaración por parte del Pueblo Zoque como TERRITORIOS LIBRES DE PROYECTOS EXTRACTIVOS, QUE ATENTAN CONTRA LOS RECURSOS NATURALES (HIDROCARBUROS, MINERÍA, PRESAS HIDROELÉCTRICAS, CENTRALES GEOTÉRMICAS).

Por lo acontecido, en el marco de esta magna peregrinación del Movimiento Indígena del Pueblo Creyente Zoque en Defensa de la Vida y la Tierra estamos procediendo a hacer las denuncias correspondientes ante los tribunales nacionales e internacionales por omisión ante la falta de la presentación de la Manifestación de Impacto Ambiental correspondiente, así como por las faltas que se están cometiendo en el proceso consulta previa, libre e informada.

Hoy ante la opinión pública, nos declaramos en permanente defensa del territorio zoque de Chiapas, que muestra aquí, en la capital de Chiapas, el rostro de la dignidad, el rostro del Pueblo Zoque que defiende el presente y el futuro de nuestro Chiapas lleno de riquezas que han sido explotadas para el interés de unos cuantos.

Estamos aquí, los municipios del Pueblo Zoque que nos oponemos al proyecto de muerte que representa la Ronda 2.2 para extraer hidrocarburos de nuestra Madre Tierra; hemos caminado para que nuestra voz se levante y sea escuchada más allá de las fronteras de Chiapas, que sea la solidaridad de los pueblos la que nos permita defender la vida, el agua y la tierra por un Chiapas y un México mejor para las generaciones presentes y futuras.

NO A LOS HIDROCARBUROS

SI A LA VIDA

POR LA AUTODETERMINACIÓN DE LOS PUEBLOS

MOVIMIENTO INDÍGENA DEL PUEBLO CREYENTE ZOQUE EN DEFENSA DE LA VIDA Y DE LA TIERRA

*El Movimiento Indígena del Pueblo Creyente Zoque en Defensa de la Vida y de la Tierra nació el 31 d emayo del 2017

Fotos: Otros Mundos A.C./Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA)

VIDEOS:

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(Reportaje de Avispa Media)

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(Reportaje de Pozol Colectivo)

El Frente Popular en Defensa del Soconusco 20 de junio cumple 2 años de resistencia a la minería

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Comunicado del Frente Popular en Defensa del Soconusco 20 de junio – A 20 de junio del 2017

 

Acacoyagua, Chiapas, México
A 20 de junio del 2017

El Frente Popular en Defensa del Soconusco 20 de junio

cumplimos 2 años de resistencia a la minería

El Frente Popular en Defensa del Soconusco «20 de Junio» estamos en pie de lucha. Seguimos con el corazón bien puesto para defender nuestra tierra y el futuro de nuestras familias.

A dos años de habernos conformado, seguimos en resistencia. Vamos afrontando las terribles injusticias que cometen los gobernantes por apoyar a los empresarios mineros y a los magnates nacionales y extranjeros, quienes engrandecen sus fortunas millonarias a cambio de sacrificar vidas humanas, así como la flora y la fauna de nuestro territorio. Es nuestra maravillosa naturaleza, los ríos Cacaluta, Cintalapa y Doña María los que nos motivan a no permitir que la avaricia de los capitalistas y de los injustos y crueles gobernantes los destruyan.

El Frente Popular en Defensa del Soconusco 20 de Junio (FPDS) nacimos hace dos años. Somos una organización pequeña que lucha por el bien común de nuestros pueblos. El 20 de junio del 2015 es una fecha histórica para nosotros/as. Desde entonces salimos a la calles con los gritos: «¡No a la minería!», «¡Vida sí, mina no!», «¡Fuera la minería de nuestro territorio!». Nuestras banderas son de paz y de justicia para exigir «municipios libres de minería». Todas y todos somos mujeres y hombres de diferentes comunidades de los municipios de Escuintla y Acacoyagua, zona Costa de Chiapas, que salimos a trabajar por una «Declaratoria de Territorio Libre de Minería».

Somos parte de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), que nos alienta a continuar nuestro trabajo para defender nuestro territorio, colabora a difundir a nivel nacional e internacional nuestras denuncias y las injusticias perpetradas por las empresas mineras y las autoridades locales. Estamos aprendiendo aún, gracias a la asesoría y al apoyo de las organizaciones Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México y el Centro de Derechos Humanos «Digna Ochoa». Con ellos vamos caminando y gritando con fuerza: «¡La lucha sigue y sigue!». También agradecemos a las diferentes resistencias de los Altos, la Sierra, la Selva y la Frontera en Chiapas y los/as compas de otros estados de la república que se han solidarizado con nosotro/as y de los cuales vamos aprendiendo experiencias y diversas formas de resistir.

A dos años de nuestro nacimiento, somos testigos de cómo las autoridades ponen oídos sordos a las consecuencias de la extracción minera en nuestros municipios. Saltan acuerdos serios en mesas de trabajo, faltan a su responsabilidad de respetar nuestros derechos e incluso justifican con prepotencia los actos de las empresas o el negocio de la minería. Son indiferentes a nuestras enfermedades, niegan la contaminación del agua y la devastación ambiental, incentivan las amenazas de los mineros hacia la población, utilizan al Ejército y la policía y estatal para mostrar su posición ante nuestro derecho a participar y decidir por nuestras vidas. Prefieren poner candado a la puerta del municipio como símbolo de cierre al diálogo.

Sin embargo, nosotros/as vamos trabajando por nuestra organización, haciendo acuerdos comunitarios, trabajando consensos ejidales para protegernos y enfrentarnos juntos al demonio. Hemos tenido amenazas, hostigamiento, notas de periódicos que nos difaman, difusión de volantes denigrando a los/as integrantes del FPDS, todo con el afán de debilitarnos y dividirnos. Pero nuestro trabajo organizado no lo permitirá, porque nosotros trabajamos analizando los resultados de la actividad minera, nos vamos haciéndonos conscientes de que el modelo extractivo es dañino para la vida humana y la naturaleza. Vamos conociendo a las autoridades para no dejarnos engañar.

Hoy tenemos los proyectos mineros «Casas Viejas» y «El Bambú» suspendidos. La actividad minera ha reducido, pero queremos detener todas las concesiones de nuestro territorio, queremos cerrar todos los proyectos. Esta lucha es una lucha de David contra Goliat, pero la constancia, la perseverancia, la unión del pueblo, la concientización, la paz, el amor por nuestros hijos/as y la justicia serán baluartes que marcarán nuestra defensa.

Por nuestros dos años de lucha, celebramos exigiendo:

  • Que se atiendan nuestras enfermedades y se reconozcan los daños a la naturaleza provocados por la minería;
  • Que se protege nuestro derecho al agua: Queremos agua de calidad, sana y potable, queremos ríos limpios, para pescar, para disfrutar, que le den vida a nuestra naturaleza;
  • El cierre de los proyectos mineros y la cancelación de todas las concesiones mineras en la región: La minería no significa ningún tipo de desarrollo para nuestras comunidades.

¡Pueblo de Acacoyagua, Escuintla, comunidades ribereñas y costeñas, nos unimos a favor de la vida,

por nuestras siguientes generaciones y por la madre tierra!

¡NO a la Minería! ¡Si a la vida! ¡Vida para nuestra Madre Tierra!

¡Con licencia o sin licencia, no queremos minería!

Más lectura:

Carta al Frente Popular en Defensa del Soconusco 20 de junio en su Segundo Aniversario de lucha

Carta al Frente Popular en Defensa del Soconusco 20 de junio en su Segundo Aniversario de lucha

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Carta de Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México – A 20 de junio 2017

El equipo de Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México celebra junto con las compañeras y compañeros del Frente Popular en Defensa del Soconusco 20 de junio (FPDS) su segundo aniversario de fundación y de digna resistencia que han llevado con convicción y alegría por la vida y el territorio ante el despojo minero y el modelo extractivo en general.

Es un gran honor para nosotro/as ser testigo/as de su nacimiento el 20 de junio del 2015, cuando mujeres y hombres de los municipios de Escuintla y Acacoyagua en la Costa de Chiapas empezaron a organizarse ante el creciente problema de la contaminación minera en sus territorios. Compartimos en las reuniones informativas que ustedes organizaron en comunidades para alertar a la población sobre la existencia de veintiún concesiones mineras en la región y sus repercusiones socio-ambientales.

Sabemos de todo el enorme trabajo que han hecho en defensa de la salud de las y los habitantes de la Costa, por los ríos Cacaluta, Jalapa y Cintalapa, por las montañas del Triunfo y los manglares de la Encrucijada. Han logrado que los municipios de Escuintla y Acacoyagua se declararan libres de minería, que se suspendiera la explotación de la mina El Bambú en el 2015 y frenaron la actividad de la mina Casas Viejas de la empresa El Puntal S.A. de C.V. con dos campamentos pacíficos.

Sabemos que su lucha no es fácil. Que las autoridades estatales y federales encargadas de proteger la salud de la población, muchas veces les han ignorado, despreciado, mentido y engañado, como a todo el resto de la población. Gracias a su juicio y su perseverancia, ustedes supieron siempre denunciar y revelar los intentos del gobierno de preservar los intereses de las empresas mineras a costa de la salud humana y del medio ambiente. Gracias a sus denuncias, el pueblo de Chiapas se ha podido informar sobre los impactos socio-ambientales de la minería, y el criminal contubernio entre el gobierno y el sector minero.

Ustedes fueron criminalizados y criminalizadas por su lucha. Nos indigna profundamente ver sus nombres y el de su movimiento difamados en ciertos medios de prensa y cómo el 8 de mayo pasado, les recibieron la policía estatal y el Ejército en el parque central de Acacoyagua, donde ustedes encontraron las puertas de la presidencia municipal cerradas cuando el alcalde les había citado allí. Todo por defender sus derechos colectivos, su tierra y su territorio.

A pesar de eso, ustedes siguen luchando sin miedo y sin violencia, informando a las comunidades de la Costa sobre los impactos de la industria minera para crear conciencia y fuerza colectiva. Ustedes son un gran ejemplo de resistencia para el equipo de Otros Mundos A.C., como para muchos pueblos organizados en la Red mexicana de afectados por la minería (REMA) y el Movimiento de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER) del estado de Chiapas. Sabemos que muchos y muchas defensores y defensoras se han solidarizado con ustedes desde el inicio de su caminar. Con mucho placer seguimos caminando juntos.

El equipo de Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México

VIDEO:

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Por qué el Pueblo Creyente Zoque marcha a favor del Agua, la Tierra y la Vida

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Nota informativa de Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México

En solidaridad con los defensores y las defensoras del territorio zoque de Chiapas, les invitamos a participar este jueves 22 de junio 2017 en la marcha-peregrinación «a favor del agua, la tierra y la vida» convocada por el Pueblo Creyente Zoque. Saldrá de la Plaza Central de Chicoasén a las 8 AM y se dirigirá hacia Tuxtla Gutiérrez.

La zona zoque de Chiapas, ubicada en el norte del estado, incluye los municipios de Tecpatán, Francisco León, Chapultenango, Ostuacán, Ixtacomitán, Sunuapa, Solosuchiapa, Pichucalco, Chapultenango , Ixtapangajoya, Rayón, Tapilula e Ixhuatán. Es una de las regiones de la entidad más amenazadas por megaproyectos extractivos actualmente. En su territorio existen:

– proyectos de extracción de hidrocarburos: se prevé perforar 12 pozos que abarcarían 84.500 ha (845 km2) de superficie, para extraer aceite y gas de petróleo durante un periodo de 30-40 años;

– proyectos hidroeléctricos: se proyecta ampliar las represas Malpaso y Peñitas, las 2 más grandes de Chiapas (Malpaso había inundado tierras de Ocozocuaulta y Tecpatán). Tercer proyecto: Mezcalapa. En la entrada de la zona está otra grande represa, Chicoasen I, y se proyecta construir Chocasen II.

– proyectos mineros: existen 11 concesiones mineras en 7 municipios (70 000 ha), para extraer oro, plata, fierro y plomo;

– proyectos geotermoeléctrico: se pretende concesionar tierras campesinas del volcán Chichonal (o el Chichón) para producir electricidad a partir del vapor generado por aguas subterráneas de 230-260º;

– un proyecto ecoturístico: se quiere convertir el volcán Chichonal en un geoparque (centro ecoturístico comunitario ya construido desde 2016 + proyecto de geomuseo);

– proyectos «verdes»: ya existen pagos por servicios ambientales en las montañas de niebla de Tapalapa y se proyecta integrar la Gran Selva Zoque con la Selva Lacandona, la Península de Yucatán y el Petén Guatemalteco bajo el plan del Corredor Biológico Mesoamericano.

MAPA:

Los y las defensoras del territorio zoque están movilizados contra la extracción de hidrocarburos en sus tierras. Se preve que ésta se hará mediante la técnica de la fracturación hidráulica, o fracking en inglés, que implica un gasto de entre 9 y 29 millones de litros de agua por pozo.

Estos pozos se imponen en el marco de la aplicación de la reforma energética aprobada en México en el 2014, la cual terminó con la nacionalización de la extracción y producción del petróleo y abrió la puerta a inversiones privadas nacionales y transnacionales. Desde ese entonces, se abrieron varias rondas de licitación de concesiones de hidrocarburos a empresas. El actual proceso de licitación, que corresponde a la Ronda 2, empezó en agosto 2016 y se cierra en julio 2017, por lo que la lucha del pueblo zoque se encuentra ahora en un momento decisivo.

Denuncian que esos proyectos no fueron sometidos al debido proceso de consulta previsto para ese tipo de infraestructura. Rechazaron la falsa consulta organizada por la Secretaria de Energía en agosto 2016 debido a sus irregularidades (no se hizo en todas las comunidades afectadas; no se presentó la Manifestación de Impactos Ambientales (MIA); se validaron actas de consulta con solo 2 firmas, etc.).

Organizados en varias agrupaciones tales como el Movimiento de Pueblos Originarios en Resistencia (MOPOR), el Movimiento en Defensa del Territorio en la Zona Zoque, el Centro de Lengua y Cultura Zoque (CLYCZ) y la Red de Pueblos Zoques, los y las defensores zoques están llevando un proceso de autoconsulta en el que varias comunidades de la región se están declarando territorios libres de proyectos extractivos. Por ahora, se han levantado cerca de 2,000 firmas en 22 actas de asamblea de comunidades del municipio de Chapultenango.

Como suele ocurrir en Chiapas y todo México cuando un pueblo se levanta contra el despojo, la lucha del pueblo zoque por su tierra está siendo criminalizada por las autoridades. La compañera Silvia Juárez, del Movimiento en Defensa del Territorio en la Zona Zoque, fue encarcelada durante más de un mes por secuestro, daños y motín, antes de ser liberada por falta de pruebas.

Desde Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México, y como parte de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), enviamos un cordial saludo al pueblo zoque. Los proyectos a los que se enfrentan son parte de la implementación de un modelo de despojo y muerte en los territorios de Chiapas y México, al que los pueblos tienen el derecho de oponerse.

VIDEO:

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Más información:

Chiapas: Defensores del territorio zoque rechazan ola de proyectos extractivos y exigen la liberación incondicional de Silvia Juárez

La página Facebook «Pueblo Zoque Defensa del Territorio»

Transnacionales: Organizaciones piden un tratado vinculante de la ONU ante aumento de violaciones a derechos humanos

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Nota informativa de Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México

La Organización de Naciones Unidas (ONU) sigue trabajando sobre la elaboración de un tratado vinculante que obligaría a las empresas transnacionales a respetar los derechos humanos, en gestación desde el 2014. Por su lado, organizaciones sociales de México y el mundo hacen todo para que este texto no se reduzca a principios de carácter voluntario que no permitirían que los crímenes corporativos fueran condenados.

La federación Amigos de la Tierra Internacional (ATI), de la cual forma parte Otros Mundos A.C., estuvo presente en la 35º sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, organizada del 6 al 23 de junio en Ginebra, Suiza, junto con otros miembros de la Campaña Global para Desmantelar el Poder Corporativo y Poner Fin a la Impunidad. Se trata de una etapa importante de la génesis del texto, que se da a cuatro meses de la tercera sesión de negociaciones, cuando las delegaciones gubernamentales discutirán un primer borrador del tratado.

«Estos días de trabajo en Ginebra fueron sumamente importantes para fortalecer nuestras propuestas, nuestros planteos, respeto a la necesidad urgente de un tratado vinculante que permita llevar a juicio a las empresas multinacionales cuando cometen violaciones de derechos humanos y poder acabar con la impunidad de una vez por todas», dijo la presidenta de ATI, Karin Nansen, en entrevista con Radio Mundo Real.

Allá, ATI y otros representantes de la sociedad civil global organizaron un panel en el que varias defensoras y defensores dieron sus testimonios sobre el impacto de «las actividades de las empresas transnacionales en los territorios sin el consentimiento de las comunidades y lo que implican las posteriores violaciones a derechos humanos a partir de la imposición de estas actividades económicas». Cabildearon para que el tratado sea realmente vinculante, a pesar de que por parte de muchos países, en particular de la Unión Europea, «la presión sigue estando muy fuerte para que se trate de principios rectores de carácter voluntario, es decir para que nadie pueda forzar a las empresas a cumplir con dichos principios», explica Karin Nansen.

Según la activista uruguaya, «es hora de avanzar con un instrumento vinculante», dado la urgencia de la situación actual en América latina y el mundo: «Estamos viendo como las violaciones de derechos humanos se están recrudeciendo y la persecución también de quienes defienden sus territorios y los derechos de los pueblos es cada vez más atroz».

Aquí en México, organizaciones civiles como la Red Mexicana de Afectados por la minería (REMA), de la cual es parte Otros Mundos A.C., reportaron 68 casos de violaciones a derechos humanos por empresas durante la visita del Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos de la ONU al país entre el 29 de agosto y el 7 de septiembre 2016 (los pueden consultar en el informe «México: Empresas y Derechos Humanos»).

Nueve meses después de dicha visita, ese mismo Grupo de Trabajo acaba de presentar su «Informe sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas acerca de su misión a México», en el marco de la 35º sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra. Destaca seis casos de violaciones de derechos humanos perpetrados por empresas en el país:

  • la construcción de un parque eólico en El Espinal y Juchitán de Zaragoza, Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, por Energía Eólica del Sur: falta de consulta previa, libre e informada;
  • la autorización de la siembra de soya transgénica otorgada a Monsanto en comunidades mayas de Campeche y Yucatán: falta de consulta previa, libre e informada; contaminación de las fuentes de agua con herbicidas; deforestación; repercusiones en la apicultura;
  • la construcción de la autopista Toluca-Naucalpan en el estado de México por el Grupo Higa: falta de consulta a la comunidad otomí-mexica de San Francisco Xochicuautla; acoso e intimidación de miembros de la comunidad que han protestado contra el proyecto; no respeto al orden de suspensión; destrucción de viviendas;
  • la construcción del acueducto Independencia en territorio yaqui en Sonora: falta de consulta; intimidaciones, detenciones, agresiones a miembros de la comunidad; desapariciones forzadas;
  • el derrame de 40.000 m3 de sulfato de cobre en el río Sonora (Sonora) por el Grupo México en agosto 2014: cerca de 22.000 personas afectadas directamente / 250.000 personas de siete municipios afectadas de manera indirecta; efectos en el ganado y los cultivos; arbitrariedad en la manera de fijar las indemnizaciones; falta de transparencia sobre el nivel de contaminación y los planes para la rehabilitación del río; incumplimiento por la empresa de los compromisos contraídos para la construcción de plantas de tratamiento de agua y de una clínica de salud;
  • el vertido de las aguas residuales de más de 300 empresas del corredor industrial de Ocotlán-El Salto en el río Santiago (Jalisco): potencial afectación a los 7,5 millones de personas que viven en la cuenca fluvial; aumento en la incidencia de diversos trastornos de salud, como la leucemia, los abortos espontáneos y las anomalías congénitas.

Desde la península de Yucatan, las comunidades mayas de Hopelchén y Tenabo (Campeche) que resisten a la siembra de soya transgénica emitieron un comunicado el 12 de junio en el marco de la sesión en Ginebra, alertando que «las violaciones a [sus] derechos continúan escalando».

En 2015, lograron la cancelación de la autorización otorgada a Monsanto por falta de consulta previa, pero las autoridades iniciaron una consulta esperando conseguir el consentimiento de la población y una nueva autorización. La consulta está actualmente en su primera fase y se da en un contexto de hostigamiento a las comunidades y con muchas irregularidades. «Externamos nuestra preocupación por las intimidaciones, amenazas, falta de libertad, de seguridad y de buena fe, así como de los intentos de dividir a las comunidades por parte de las autoridades en la consulta ordenada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación», escriben las comunidades mayas en su mensaje.

El hostigamiento que están sufriendo las comunidades mayas no es un caso aislado en México, donde las empresas nacionales y transnacionales son expertas en agredir e intentar dividir comunidades en resistencia. Mineras canadienses como Almaden Minerals en la Sierra Norte de Puebla o Fortuna Silver Mines en Oaxaca han estado agrediendo y hostigando a las comunidades que rechazan sus proyectos, sin ser condenadas.

Aquí en Chiapas, los miembros del Frente Popular en Defensa del Soconusco 20 de junio (FPDS) han sido víctimas del contubernio entre autoridades y empresas mineras al punto de ser intimidados por el ejército mexicano el pasado 8 de mayo, por resistir a la minería en la zona costa. En nuestra entidad la impunidad corporativa se ilustró de manera trágica, con el asesinato en el 2009 del defensor Mariano Abarca, miembro de la REMA, por personas vinculadas a la minera canadiense Blackfire. Fue el blanco de la empresa por oponerse a su mina de barita La Revancha en Chicomuselo, Chiapas. Hasta la fecha, no se ha hecho justicia.

Materiales:

AUDIO: Campaña por Tratado legal sobre transnacionales y derechos humanos entra en etapa de propuestas concretas de contenido (entrevista a Karin Nansen)

Comunicado de las comunidades mayas de Hopelchén y Tenabo, a 12 de junio

Despojar pueblos y atacar resistencias: las otras actividades de las empresas mineras

Informe sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas acerca de su misión a México

México: Empresas y Derechos Humanos

A siete años de impunidad en el asesinato de Mariano Abarca Roblero

[INFORME] Expolio de los territorios garífunas en Honduras: Impactos del extractivismo y la expansión turística

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Informe de Giorgio Trucchi publicado por Alba Sud (Mayo 2017) en el que se documentan dos casos de conflictos por procesos de desposesión territorial vinculados a la inversión turística en comunidades de los pueblos garífunas en Honduras. Realizado con el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona a través del Programa Barcelona Solidaria en el marco del proyecto «Turismo responsable, derechos humanos y trabajo decente» (convocatoria 2015) ejecutado por Alba Sud.

>> Descargar el Informe completo en PDF

PRÓLOGO

(Por Ana Ortega, docente e investigadora hondureña, presidenta de la junta directiva del Comité por la Libre Expresión C-Libre en Honduras)

El expolio de territorios garífunas es una expresión más de la profundización del despojo de bienes naturales, ambientales, culturales y sociales en que se sostiene el modelo económico extractivista, cuya racionalidad es precisamente extraer a bajo o ningún costo bienes de la naturaleza, trabajo, sobre todo de mujeres y juventudes, víctimas por excelencia, de la precarización laboral y en general extraer todo tipo de riqueza de países y regiones enteras sometidas a un proceso con características neo y recoloniales.

En el relato hegemónico este despojo se presenta como «desarrollo» y como parte de las libertades de mercado que requiere el capital para generar riqueza, supuestamente, para toda la sociedad. Así intentan legitimar que todo lo que esté fuera de esta lógica deba ser ignorado o aniquilado, aun cuando apele y defienda la sobrevivencia y otras formas de ser y estar en el planeta, en armonía y de manera responsable con la sostenibilidad y reproducción de la vida. En esa línea, uno de los dirigentes comunitarios que se cita en esta investigación se pregunta para quién es el desarrollo y a costa de qué y de quiénes, y de manera clara y contundente concluye que los proyectos turísticos en sus comunidades suponen un desarrollo para los ricos que genera más pobreza para la gente, en este caso, de las comunidades garífunas hondureñas.

Esta supremacía de la ganancia por encima de la vida, ha sido una característica del sistema, en todas sus etapas y formas de acumulación, pero en la actual adquiere características hegemónicas, de pensamiento único. Así logran ocultar o disfrazar el pillaje como bien lo señala David Harvey, desde la teoría de acumulación por desposesión:

«La libertad para el pillaje de recursos de las poblaciones indígenas y locales, para desplazar y saquear pueblos enteros donde lo considerara necesario, de sobrecargar el uso de los ecosistemas, en algunos casos mucho más allá de su capacidad para reproducirse, se convirtió en una parte clave de las libertades exigidas por el capital.» (David Harvey, en Diecisiete contradicciones y el fin del capitalismo, p. 204 – 2014)

Paradójicamente, esta recolonización que en su dimensión financiera y «legal» presenta algunas nuevas características propias del proceso de globalización, sin límites ni barreras, que cruza y rebasa fronteras de todo tipo incluyendo las fronteras territoriales, en su dimensión material y de implicaciones humanas, en cambio, está absolutamente territorializada. Es en los territorios y sobre las personas que en ellos habitan que se ejerce el expolio, ya sea por la vía legal o ilegal, pero en todo caso violenta. Dicha violencia se expresa de diferentes maneras, desde el engaño, el chantaje, la persecución e imputación legal, encarcelamiento, desplazamiento de familias o comunidades enteras hasta el asesinato de personas con liderazgo reconocido tanto a nivel comunitario, nacional o internacionalmente. La territorialización del despojo tiene como una de sus consecuencias el desplazamiento forzado y, por tanto, la desterritorialización de comunidades y sus respectivas culturas, lo cual pone en el escenario, una vez la llamada destrucción creativa a que se refiere el marxismo, que a la par que crea riqueza para unos pocos destruye formas de vida de grupos étnicos y pueblos culturalmente diferenciados.

«La territorialización de los sectores económicos que poseen el capital conlleva la desterritorialización de los mundos campesino, afro e indígena. Es imposible el avance de grandes proyectos minero–energéticos sin el despojo de esas culturas, sin el incremento de la violencia contra las mujeres, sin el deterioro ambiental, sin la militarización de los territorios, sin la opresión a los pueblos indígenas: la actividad extractiva ha conducido a la extinción de diversas etnias.» (R. Avendaño y L. Navas, en Extractivismos. Conflictos y resistencias, p. 35 – Publicación de Censat Agua Viva/Amigos de la Tierra Colombia, 2014)

La violencia inherente a la acumulación capitalista es otra de las grandes paradojas del sistema, por un lado es el motor de la acumulación pero por otro juega en contra del ambiente sin conflictos y «armonioso» para la inversión, que tanto reclama el capital nacional y transnacional. En ese sentido, Harvey retoma los aportes de Rosa Luxemburgo en relación a que la acumulación capitalista tiene lugar en los sitios de producción de la plusvalía: la fábrica, la mina, la hacienda o el mercado de mercancías, configurando así un proceso puramente económico, aparentemente pacífico. Pero también existe otro proceso entre el capital y las formas de producción no capitalistas, en el que, enfatiza Luxemburgo, reinan, como métodos la política colonial, el sistema de empréstitos internacionales, la política de intereses privados y la guerra, propios de una economía de rapiña:

«Aparecen aquí, sin disimulo, la violencia, el engaño, la opresión, la rapiña. Por eso cuesta trabajo descubrir las leyes severas del proceso económico en esta confusión de actos políticos de violencia, y en esta lucha de fuerzas, la teoría burguesa liberal no abarca más que un aspecto: el dominio de la ‘competencia pacífica’, de las maravillas técnicas y del simple tráfico de mercancías. […]. Los dos aspectos de la acumulación del capital se hallan ligados orgánicamente por las condiciones de reproducción del capital mismo, y sólo de ambos reunidos sale el curso histórico del capital. Este, no sólo «gotea, de arriba abajo, sangre e inmundicia por todos los poros», sino que se impone así, paso a paso, al mismo tiempo que prepara de este modo, en medio de convulsiones cada vez más violentas, su propia ruina.» (Rosa Luxemburgo en La acumulación del capital, p. 224 – 1913)

La situación descrita es una constante del sistema, tanto en el siglo XVIII, como actualmente, en el siglo XXI. Una diferencia sustancial es que en la actualidad las grandes empresas transnacionales no necesitan invadir con los ejércitos de sus países como se dio en Centroamérica en los inicios del siglo XIX cuando se impuso en varios países la economía de enclave bananero, de capital estadounidense. Ahora es el ejército nacional y la policía con todo su despliegue de fuerza represiva, pero también el Congreso con sus concesiones y leyes a favor del capital, el poder judicial y el ejecutivo que ponen en marcha la criminalización de la protesta contra el despojo, las gremiales empresariales, en fin… como bien explica Rita Segato en El sexo y la norma: frente estatal, patriarcado, desposesión, colonidad (Revista Estudios Feministas, 2014), observamos todo el poder del frente estatal, empresarial, político y religioso para promover el despojo a la vez que salen al paso a cualquier manifestación de resistencia que ponga en riesgo sus ganancias.

Ese despliegue de fuerza y violencia estatal y paraestatal es el que enfrenta el pueblo Garífuna, que habita la costa atlántica, el caribe hondureño, donde se ubican las playas más codiciadas por la inversión nacional y extranjera para desarrollar lujosos proyectos turísticos de sol y playa. Este interés particular, presentado como de beneficio general, explica la arremetida del despojo que después del golpe de Estado del 2009 se ha profundizado y del que da cuenta esta oportuna investigación del periodista Giorgio Trucchi, que bien conoce la realidad de las luchas contra hegemónicas del pueblo hondureño, las viene acompañando desde hace algunos años, y no solo del pueblo garífuna, también de los diversos movimientos de resistencia, incluyendo la resistencia al golpe de Estado.

Después del golpe de Estado del 2009 se profundiza el despojo de bienes comunes de la naturaleza, incluyendo la disputa por tierras ancestrales del pueblo garífuna, en una zona donde, además, el conflicto es mayor y más complejo, dado el desarrollo de actividades económicas ilegales, como así lo confirman otras investigaciones:

«En Honduras la desigualdad incontrolada, el sistema judicial débil, el crimen organizado, la inestabilidad política, la creciente vigilancia policial, además de su total impunidad y corrupción, han creado una crisis particularmente aguda. Desde el golpe de estado del año 2009 […] el Gobierno de derecha ha promovido agresivamente las inversiones y el desarrollo en la explotación minera, la industria agraria y los proyectos de infraestructura hidroeléctrica. Ha privatizado la tierra, el agua, y ha quitado barreras para desarrollar proyectos de gran escala, frecuentemente en detrimento de los indígenas, las comunidades y los campesinos.» (J. Homand, en Berta Cáceres y el mortal costo de defender la tierra y la vida, publicado en la Revista de Ecología Política, núm. 51 – junio 2016)

Uno de estos megaproyectos turísticos, el denominado Indura Beach and Golf Resort, muestra, según el reciente informe de Global Witness, Honduras: el lugar más peligroso para defender el planeta, cómo fondos provenientes de actividades fraudulentas vinculadas a grandes casos de corrupción se cruzan con inversiones de tipo «legal», volviendo difusa la distinción legal/ilegal, ya no solo en la inversión sino en todo el proceso, incluyendo la adquisición de las tierras que las comunidades denuncian como una forma más de expolio.

Pese a lo aparentemente aplastante y bien articulado del expolio, vale resaltar que a la par también se generan luchas por la sobrevivencia. Se trata de resistencias ancestrales de pueblos que se niegan a desaparecer, a ser despojados de sus medios de subsistencia y de su cultura, en esa lucha contra hegemónica ponen en cuestión los propios criterios de validez de la economía liberal, como bien se apunta desde el enfoque de acumulación por desposesión, ya referido:

«Están plantadas las semillas de la sublevación humanista contra la inhumanidad que presuponen la reducción de la naturaleza y de la naturaleza humana a la pura forma.» (David Harvey, en Diecisiete contradicciones y el fin del capitalismo, p. 211 – 2014)

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