Autor: Otros Mundos AC

Global Witness: Al menos 200 defensores y defensoras de la tierra asesinados en el mundo en 2016

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Compartimos el informe anual «Defender la tierra» de la ONG británica Global Witness, que registra cada año el número de asesinatos perpetrados contra defensores y defensoras de la tierra en el mundo

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Global Witness documentó el asesinato de 200 defensoras y defensores de la tierra y el medioambiente en el 2016. Dedicamos este informe a sus vidas, y a toda la gente alrededor del mundo quienes luchan por los derechos a la tierra y la protección del medioambiente. Ustedes son nuestra inspiración.

Nuestro mensaje a los responsables de estos asesinatos es claro: Estos defensores y defensoras no murieron – se multiplicaron.

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Resumen ejecutivo:

A principios de este año, legisladores de Dakota del Norte, Estados Unidos, debatieron un proyecto de ley que permitiría a los conductores atropellar a un activista ambiental, asesinándolo, sin ir a la cárcel. 2 El proyecto de ley fue la más reciente y escalofriante señal de un fenómeno global, al que Global Witness está decidido a poner fin: La creciente represión del activismo en defensa del ambiente y del derecho a la tierra que, en muchos países, significa el asesinato de las personas que son lo suficientemente valientes como para alzar su voz.

Los datos, los análisis y las historias humanas incluidas en este informe demuestran que el mundo es ahora más peligroso que nunca para un grupo de personas que deberían ser homenajeadas: las y los activistas comunitarios, el personal de ONG y las y los líderes indígenas que están en primera línea, luchando por el futuro de nuestro planeta.

En 2016, al menos 200 personas defensoras de la tierra y el medio ambiente fueron asesinadas, siendo el año con más muertes registradas. Esta tendencia no solo está creciendo; se está expandiendo, con asesinatos diseminados en 24 países, mientras que los registrados en 2015 fueron en 16 países.

Considerando que muchos asesinatos no son reportados, y aún menos son investigados, es probable que el número verdadero sea en realidad mucho más alto. Esta oleada de violencia es impulsada por una intensa lucha por la tierra y los recursos naturales, ya que las empresas mineras, madereras, hidroeléctricas y agrícolas pisotean a las personas y al medio ambiente en su búsqueda de ganancias.

A medida que más proyectos extractivos fueron impuestos a las comunidades, muchas de las personas que se atrevieron a alzar la voz y a defender sus derechos fueron brutalmente silenciadas.

Este informe cuenta las historias de estos activistas y las amenazas que han enfrentado. Destaca la valentía de sus comunidades al oponerse al poder de las multinacionales, de los paramilitares e incluso de sus propios gobiernos, en los países más peligrosos del planeta para ser una persona defensora.

La despiadada lucha por la riqueza natural del Amazonas hace que Brasil sea, una vez más, el país más mortífero del mundo según el simple número total de asesinatos, aunque Honduras sigue siendo el más peligroso, considerando el número de asesinatos per capita durante la última década.

Nicaragua está comenzando a competir en este sospechoso registro. Se prevé que un canal interoceánico dividirá el país en dos, amenazando con ocasionar un desplazamiento masivo, y generando desde ya malestar social y represión violenta de quienes se oponen. Una industria minera voraz hace que Filipinas destaque por los asesinatos en Asia.

En Colombia, los asesinatos alcanzaron un máximo histórico, pese a (o tal vez, debido a) el acuerdo de paz firmado recientemente entre el gobierno y el grupo guerrillero de las FARC.3 Las .reas que previamente estaban bajo control guerrillero ahora son observadas con codicia por compañías extractivas y paramilitares, mientras que las comunidades desplazadas que regresan son atacadas por recuperar tierras que les fueron robadas durante medio siglo de conflicto.

India ha visto cómo aumentan las muertes en un contexto de políticas de mano dura y represión de las protestas pacíficas y de la acción ciudadana.

La defensa de los parques nacionales es ahora más riesgosa que nunca, sobre todo en África, donde gran número de guardaparques están siendo asesinados, especialmente en la República Democrática del Congo.

Y esto no es un problema que se limita a sólo un rincón del planeta. Los países desarrollados están impulsando otros métodos para reprimir a las y los activistas, especialmente en Estados Unidos, donde la administración Trump provoca a las personas defensoras del medio ambiente de tal manera que tienen todas las razones para manifestarse.

Cada vez es más evidente que, a nivel mundial, los gobiernos y los actores empresariales están fallando en proteger a las personas activistas en riesgo. Están tolerando un nivel de impunidad que permite a la gran mayoría de los perpetradores caminar libremente, alentando a potenciales asesinos.

Increíblemente, son las propias personas activistas las que son pintadas como delincuentes, enfrentando acusaciones criminales falsas y casos civiles agresivos, presentados por gobiernos y compa..as que buscan silenciarlas. Esta criminalización se utiliza para intimidar a las y los defensores, manchar su reputación y acorralarles en costosas batallas legales.i

Los inversionistas también están alimentando la violencia, apoyando proyectos que atentan contra el medio ambiente y pisotean los derechos humanos. Incluso están implicados los bancos de desarrollo encargados de promover el desarrollo sostenible.

Los gobiernos y los actores empresariales no están abordando la causa fundamental de los ataques: la imposición de proyectos a las comunidades sin su consentimiento libre, previo e informado. La protesta suele ser el único recurso que se deja a las comunidades que ejercen su derecho a opinar sobre el uso de sus tierras y recursos naturales, enfrentándolas con quienes buscan obtener beneficios a cualquier costo.

Se comprobar. que la retórica sobre el desarrollo sostenible y el cambio climático es un discurso vacío si quienes defienden sus tierras y el medio ambiente, continúan arriesgando sus vidas al hacerlo. Por lo tanto, los gobiernos, las empresas y los inversionistas deben tomar una posición, y garantizar que las comunidades locales y las personas defensoras de la tierra y del medio ambiente sean consultadas, en lugar de ser asesinadas.

[AUDIO] La lucha de MA OGM: de la defensa de la miel a la resistencia al modelo agroindustrial

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Les compartimos el audio de la presentación de Eric Vides, estudiante en el Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR), invitado del conversatorio de Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra «Zumbidos de esperanza, resistencia a los transgénicos en la Península de Yucatán», sobre la lucha del colectivo MA OGM contra los monocultivos de soya transgénica de Monsanto en su territorio, uno de los más importantes para la producción de miel orgánica a nivel nacional.

>> Escuchar y Descargar el audio completo en .mp3

>> Transcripción:

En México, hay más de 1800 especies de abejas. Los Españoles introdujeron la abeja de la miel, la que todos conocemos, la apis melifera, para la producción de miel y de la seda. México, desde que entró la apicultura, se volvió un país muy importante en la producción de miel. Actualmente, es el tercer exportador de miel orgánica del mundo.

Hasta hace muy poco, no se había puesto en riesgo como en otros países. Es lo que está pasando en Estados Unidos y en Europa: el fenómeno del colapso de las colmenas por la exposición de las abejas a los plaguicidas, especialmente a los neonicotinoides, que son insecticidas muy usados en la agricultura.

En el 2012, se abrió el debate a nivel nacional, principalmente en la Península de Yucatán, porque la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) autorizó a Monsanto el permiso para comercializar semillas de soya transgénica. La cualidad que tiene por ser transgénica es que se vuelve resistente al FAENA, el herbicida más utilizado en el mundo (comercializado por Monsanto, que contiene glifósato).

Para este tipo de autorizaciones, de liberación de cultivos transgénicos a escala comercial, las instituciones tienen que pedir dictámenes a otras instituciones, en este caso a la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad
(CONABIO), el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP).

Estas tres instituciones del gobierno hicieron dictámenes diciendo que era riesgoso, que no debería de otorgarse el permiso de siembra de soya OGM a nivel comercial. Sin embargo, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), como por arte de magia transformó estos dictámenes en favorables, y con base en eso, la SAGARPA autorizó la comercialización de soya transgénica en varios Estados de la República: los tres de la Península de Yucatán (Yucatán, Campeche, Quintana Roo), Chiapas, Veracruz, Tamaulipas y San Luis Potosí. Era muy triste porque es justo en los Estados de mayor importancia en la producción apícola de México: la Península de Yucatán produce como el 40 %, y Chiapas como el 15-20%.

Los Europeos no quieren consumir productos con contenidos transgénicos, entonces todos los acuerdos comerciales entre los exportadores de México y los importadores de allá exigen que la miel sea analizada para ver si tiene transgénicos. Eso supone un gasto para los apicultores y para las cooperativas de apicultores porque ahora, para poder enviar su miel, siempre tienen que pasar por el triple escaneo o triple análisis de transgenes.

Esto movilizó el debate y una de las grandes preguntas que se hacía era: ¿Qué tan factible era la coexistencia de la actividad apícola y la siembra de soya OGM? Como siempre, había dos bandos: AGROBIO México (asociación civil que agrupa a las principales empresas desarrolladoras de la biotecnología agrícola en México, cuya misión es «crear un ambiente favorable para el desarrollo de esta tecnología en el país») hizo mucho lobbying, o cabildeo, y mucha propaganda, para decir que la apicultura y la producción de soya transgénica podían coexistir en los mismos territorios sin ningún problema de afectación, y que no había bronca porque las abejas no polinizan a la soya.

Nos dimos cuenta de que eso era mentira. Hicimos unos experimentos para ver qué tanto las abejas visitan las flores de soya y encontramos que hasta dos kilómetros de distancia las abejitas llegan a la soya, tanto convencional como transigénica. En este debate surge el colectivo MA OGM. Todos los miembros están en la Península de Yucatán. Agrupó a personas de diferentes perfiles, pero todas tenían que ver con el mundo de la apicultura: comercializadores, exportadores, abogados, gente que ha estado trabajando en ONGs durante muchos años en la Península de Yucatán, académicos, estudiantes, cooperativas, y apicultores y apicultoras. Las líderes del movimiento son mujeres.

En el 2012, cuando se otorgó el permiso, los apicultores, con ayuda de los abogados del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) y de Indignación, interpusieron amparos para decir que la siembra de soya OGM los ponía en riesgo, por la comercialización. También se denunció que no se había hecho la consulta previa libre e informada que se tiene que hacer a los pueblos originarios cuando se llevan a cabo megaproyectos en sus territorios, y que no se tomaron en cuenta los dictámenes desfavorables del INEC, de la CONABIO y de la CONANP.

Es una historia jurídica muy larga, pero al final el caso llego a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Los jueces otorgaron el fallo a favor de los apicultores utilizando como argumento el hecho de que no se realizó la consulta. No consideraron todas las otras irregularidades que ocurrieron durante el otorgamiento del permiso, sino que solamente la consulta.

En Yucatán y en Campeche se suspendió la autorización de siembra de soya OGM en el 2015. La recomendación de la SCJN fue que la SAGARPA, la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (CIBIOGEM) y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) hicieran la consulta en ocho de los municipios quejosos de Campeche y en el Estado de Yucatán. Entones, una vez que se haga la consulta, si el pueblo maya dice que sí quiere que se siembra la soya OGM, se puede regresar al estado de legalidad de la siembra de soya transgénica.

Ahorita está ocurriendo la consulta. La sociedad civil se organizó y conformó la «Misión de Observación de la Consulta al pueblo Maya sobre la siembra de soya genéticamente modificada de la empresa Monsanto», que está todo el tiempo en las diferentes fases de la consulta viendo que se haga todo de forma legal. Desde el principio ha encontrado un montón de irregularidades. Las autoridades trajeron a los promotores y a los agricultores a quienes les gusta sembrar la soya OGM (son prácticamente todos menonitas, otros son empresarios agrícolas del norte del país que han ido a Campeche a invertir en la agricultura porque Campeche tiene extensiones de planeadas con buenos suelos enormes que facilitan mucho el modelo agroindustrial). La Misión de observación constantemente ha ido reportando todas las irregularidades de la consulta. No sabemos cuánto tiempo va a durar. Empezó hace más o menos un año y apenas está en la fase primera que es la fase de acuerdos previos.

A lo largo de todo este tiempo, desde el 2012 hasta el 2017, un problema que empezó como una preocupación comercial sobre si se va a poder exportar o no la miel ha llevado a los colectivos a un nivel de organización tremendo y a reflexiones que van mas allá de la comercialización de su producto.

Ahora, el debate dentro de los apicultores aborda temas de deforestación, de tenencia y de uso la tierra, y ahorita en el colectivo se está empezando a trabajar para tener estrategias de registro y de acción para cuando ocurren muertes de abejas por exposición a plaguicidas. Entonces, se nota cómo el colectivo va abordando cada vez más temas que son consecuencia de la expansión de la agroindustria.

Foto1: Eric Vides (crédito: Eric Vides)

Foto2: Acción de MA OGM en la Península de Yucatán (crédito: MA OGM)

Más lectura:

– [GUÍA EN PDF] El lobby de Monsanto: un ataque contra nosotros, nuestro planeta y nuestra democracia

– 20 años de soja transgénico en el Cono Sur de América Latina, 20 razones para su prohibición definitiva

– Pueblo maya lleva caso de contaminación del agua con plaguicidas ante relator de la ONU

Victoria en la defensa de los ríos: suspensión de las presas Biscarrués en España y Agua Zarca en Honduras

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Nota informativa de Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México

I – Biscarrués: un fallo histórico

Este 7 de julio, los defensores y las defensoras del Río Gállego en la provincia de Huesca, en Aragon, España, lograron la victoria contra la construcción de la presa y el embalse de Biscarrués: la Audiencia Nacional (un tribunal con sede en Madrid) votó dos sentencias que anularon el proyecto y su declaración de impacto ambiental, la cual no contiene todos los estudios y evaluaciones necesarios. El tribunal consideró que el proyecto alude a un «interés público superior» demasiado abstracto y que carece de un informe de viabilidad económica, técnica, social y ambiental, así como de un estudio específico de recuperación de costos.

El argumento más importante fue que el proyecto incumple la «Directiva Marco del Agua». «Esta norma comunitaria, de aplicación en nuestro país desde el año 2000, obliga a prevenir el deterioro de todas las masas de agua de la Unión Europea y a mejorar su estado», explican nuestros compañeros de Amigos de la Tierra España, miembros de la federación Amigos de la Tierra Internacional.»A juicio del tribunal, esto no sucedería si se construye Biscarrués, ya que el río Gállego se vería modificado significativamente al dejar de ser un sistema de agua corriente para convertirse en un depósito», precisan en su comunicado publicado el 12 de julio.

Las dos sentencias de la Audiencia Nacional responden al recurso jurídico interpuesto contra el proyecto por seis organizaciones (Amigos de la Tierra España; la coordinadora Biscuarrués-Mallos de Riglos; WWF; SEO/BirdLife; Greenpeace; Ecologistas en Acción) y tres ayuntamientos (Biscarrués, Huesca; Murillo de Gállego, Zaragoza; Santa Eulalia de Gállego, Zaragoza).

El proyecto de Biscarrués se había aprobado en el 2012. Había sido impulsado desde hace casi 40 años por el Ministerio de Agricultura y la empresa Riegos del Alto Aragón (el mayor regadío de la Unión Europea), con el objetivo de atender las demandas de riego de cultivos esta compañía. El proyecto afectaría zonas de secanos de alto valor ecológico, amenazaría especies en peligro de extinción (el milano real y el cangrejo autóctono), y quitaría la fuente de ingreso de centenas de familias que viven de actividades deportivas de aventura.

Según Amigos de la Tierra España, la decisión del Tribunal no solo marca una victoria puntual contra el proyecto Biscarrués sino que «sienta un precedente y puede tener implicaciones sobre otros proyectos en curso».

Compartimos con alegría esta noticia de nuestros compañeros, quienes siguen defendiendo el Rio Gállego y los demás rios de España y oponiéndose a la multiplicación de grandes proyectos inútiles en sus territorios. Nos unimos a su llamado al Ministerio de la Agricultura y la empresa Riegos del Alto Aragón a no recurrir contra la decisión del Tribunal. Exigimos junto con ellos que el proyecto Biscarrués se cancele definitivamente y que no se plantee ningún otro proyecto en el río Gállego.

>> Leer el comunicado completo de Amigos de la Tierra España: La sentencia de la Audiencia Nacional deja el proyecto de Biscarrués en papel mojado

II – Agua Zarca: una suspensión en medio de la impunidad

Por otro lado, en Honduras, la lucha de nuestros compañeros del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) por la defensa del río Gualcarque también sigue viva ya que el letal proyecto Agua Zarca aún no se suspende de manera definitiva. Este 6 de julio, la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), propietaria de Agua Zarca, anunció en un comunicado «su decisión de suspender el proyecto».

Pero lejos de reconocer las múltiples violaciones a derechos humanos que generó el proyecto y su responsabilidad en el asesinato impune de la coordinadora del COPINH Berta Cáceres, el 2 de marzo 2016, la empresa presentó su decisión «como un gesto de buena voluntad que contribuirá a reducir la tensión y facilitar una solución en torno al futuro de esta iniciativa de energía limpia y renovable».

La empresa escribe que «se siente orgullosa de los importantes beneficios que ha generado y del aporte que podría seguir representando para el desarrollo de Honduras y sus comunidades». «Agua Zarca jamás impondrá un proyecto ante ninguna comunidad», agregó, explicando que suspende el proyecto con la intención de abrir un «diálogo voluntario, transparente y libre de influencias externas» con las comunidades que se verían afectadas por el proyecto. Esto obviando los procesos de criminalización y violencia que se han mantenido hacia los y las compañeras del COPINH y sin retomar el hecho de que dentro de las personas imputadas por el asesinato de Berta Cáceres se encuentran Sergio Rodríguez, el ex Gerente Técnico y Ambiental de DESA, y Douglas Bustillo, exjefe de Seguridad de DESA.

Al mismo tiempo, los dos bancos de desarrollos europeos que financiaban Agua Zarca, FinnFund (Finlandia) y FMO (Holanda), anunciaron que se retiran oficialmente del proyecto, a más de un año de haber formulado esta intención. «Esta salida responde a las denuncias y lucha incansable que el COPINH ha realizado en contra del financiamiento por parte de bancos a proyectos que abiertamente violan los derechos de las comunidades Lencas y son impuestos y desarrollados mediante el asesinato de líderes y lideresas como Berta Cáceres y Tomás García», escribió el COPINH en reacción al anuncio.

Sin embargo, la organización denunció que «FMO y FinnFund han ignorado las recomendaciones del COPINH acerca de una salida responsable», al no reconocer su responsabilidad -y la de DESA- en el asesinato de Berta Cáceres y las demás violaciones a derechos humanos perpetrados en contra de los integrantes del COPINH a lo largo de su lucha por la defensa del rio Gualcarque.

En su carta de salida oficial, Finnfund y FMO omitieron hablar de su responsabilidad en el conflicto que generó el proyecto que financiaron con millones de euros, argumentando que se retiran solo «para reducir las tensiones internacionales y locales en la zona». Agregaron que «ninguna prueba de la conexión entre DESA y las acusaciones de ilegalidad ha sido establecida», además de felicitar a la empresa hondureña por «su voluntad de suspender el proyecto temporalmente par permitir que se abra un diálogo».

Los dos bancos europeos, así como el Banco Centroamericano por la Integración Económica (BCIE), el tercer banco que financiaba el proyecto, al ignorar las denuncias del COPINH ante la multiplicación de agresiones y asesinatos que generaba Agua Zarca, «han financiado las violaciones a los derechos humanos en Río Blanco y son responsables por poner sus intereses económicos antes de la tranquilidad y paz de las comunidades Lencas, incluyendo la vida de Berta Cáceres y compañeros y compañeras de la comunidad», escribió el COPINH en su nota La Trampa de los Bancos publicada en junio del presente año.

Desde Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra, seguiremos apoyando al COPINH en su búsqueda de justicia y ante los eventuales intentos de la empresa DESA de reactivar el proyecto Agua Zarca en un país donde reina la impunidad. Estaremos al pendiente de la situación de sus integrantes y responsabilizaremos a las autoridades hondureñas y a la empresa DESA de cualquier atento a su integridad física o psicológica.

>> Leer el comunicado completo del COPINH: COPINH comunica que los bancos FMO y Finn Fund han confirmado que se retiran oficialmente del asesino proyecto Agua Zarca mediante una llamada a nuestra organización

>> Leer la nota completa del COPINH: La trampa de los bancos

¡RÍOS PARA LA VIDA! ¡NO PARA LA MUERTE!

¡RÍOS VIVOS! ¡PUBELOS VIVOS!

Lanzan el monitoreo de los pueblos para el derecho a la alimentación y la nutrición

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Publicación de la Red mundial por el derecho a la alimentación y a la nutrición

Mientras el debate sobre la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) arrancó este 10 de julio del 2017 en el Foro político de alto nivel de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Red mundial por el derecho a la alimentación y a la nutrición lanza una herramienta de monitoreo basado en los derechos humanos. En paralelo al Foro político de alto nivel, esta herramienta se lanza con el objetivo de fomentar acciones de monitoreo y rendición de cuentas que garanticen, protejan y promuevan la soberanía de las personas. De cierta manera, esto ha sido desatendido por la Agenda 2030.

Actualmente, en la fase inicial de desarrollo, el Monitoreo de los pueblos por el derecho a la alimentación y a la nutrición tiene por objetivo presentar una visión crítica, así como abordar las diferentes dimensiones, desencadenantes y consecuencias del hambre y la malnutrición.

El Monitoreo de los pueblos busca ir más allá de la colección de datos y apoyar el análisis sobre si los Estados cumplen o no con sus obligaciones en materia de derechos humanos y sobre los problemas estructurales que violan dichos derechos. Cabe señalar que la herramienta abordará la cuestión crítica del control social del sistema de alimentación y, particularmente, los recursos naturales. La falta de consideración sobre este asunto ha derivado en la creación de inferencias y ha llevado a soluciones basadas en el actual modelo industrial de producción que alimenta una economía global e inherentemente desigual.

La iniciativa, aún en desarrollo, busca ser resultado de un esfuerzo de colaboración con los movimientos sociales y las organizaciones de la sociedad civil. Permanecerá flexible en su enfoque y se pondrá a prueba, ajustará y afinará, de tal modo que refleje la situación real.

> Para consultas con los medios o más información: secretariat@righttofoodandnutrition.org

>> Ver el mapa del monitoreo (en fase de desarrollo)

>>> Manifiesto político del Monitoreo (Leer completo aquí):

La población mundial, especialmente la del hemisferio sur, viene enfrentándose a un incremento en los niveles de violencia en todas sus formas que, directa o indirectamente, repercute enormemente sobre la realización del derecho humano a una alimentación adecuada y a la nutrición (DANA) y otros derechos relacionados. La gran mayoría de las violaciones del DANA están asociadas con las acciones u omisiones de las autoridades de los Estados, y con los abusos y crímenes perpetrados por las corporaciones transnacionales (TNC) y otras empresas. Estos actos de violencia pueden adquirir una multitud de formas: acaparamiento de tierras, desalojos forzosos, matrimonios infantiles y violencia de género, trabajos forzosos, utilización abusiva de agroquímicos en la industria agraria, con sus consecuencias negativas sobre la salud y el medio ambiente, criminalización de las personas que lideran los movimientos sociales y defienden los derechos humanos, acaparamiento de los océanos y zonas de pesca, publicidad agresiva de la comida basura y promoción del cambio climático. Estas violaciones generan hambre, malnutrición, la perdida de medios de subsistencia y la reducción de la calidad de vida, y reflejan tanto la falta de soberanía de las personas sobre sus propias vidas y cuerpos, como la indiferencia de los Estados a las necesidades y prioridades de la población, lo que implica el quebrantamiento de sus obligaciones, internacionalmente asumidas, en materia de derechos humanos.

Para hacer frente a estos problemas, las personas a título individual, y las comunidades y grupos de base se han organizado de diferentes maneras para resistir este incremento de la violencia ejercida por poderosos actores a nivel local, nacional e internacional. Los diversos esfuerzos se han intensificado recientemente con el objetivo de construir una convergencia de las diferentes luchas por la tierra, el agua, las semillas, la soberanía alimentaria, la salud, y unas condiciones de trabajo dignas, partiendo de algunos procesos que se desarrollan a nivel local, nacional o regional, como por ejemplo, en África Occidental y Latinoamérica.

La Red Mundial por el Derecho a la Alimentación y la Nutrición (RMDA), lanzada en 2013, desempeña una importante función de apoyo en muchos de estos procesos. La Red considera que el marco proporcionado por los derechos humanos debería interpretar una función fundamental, sirviendo como guía y facilitador en la unificación de las luchas populares, y fortaleciendo la capacidad de las personas para hacer responsables a sus gobiernos y promocionar una coherencia política. Dicha coherencia en las legislaciones debería encaminarse hacia la realización progresiva del derecho humano a una alimentación adecuada y a la nutrición y otros derechos relacionados, y hacia el aumento de la soberanía alimentaria de las personas, comunidades y países.

Antecedentes: ¿Por qué una herramienta alternativa de monitoreo?

Desde el año 2000, con la formulación de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), el monitoreo y la generación de datos se están convirtiendo en unas herramientas cada vez más importantes para poder respaldar la toma de decisiones políticas y las intervenciones. Aun así, siempre es importante cuestionar los datos: ¿de dónde vienen y a quién benefician dichos datos?, ¿qué se está midiendo? El problema con el monitoreo del hambre reside en que, como concepto, es algo que puede definirse y medirse de variadas maneras. Estas mediciones a menudo sirven unos intereses políticos específicos, lo que, en realidad, influencia profundamente los métodos y los resultados. [Edoardo Masset, «A Review of Hunger Indices and Methods to Monitor Country Commitment to Fighting Hunger», Food Policy,  vol. 36, no. 1, Enero 2011.]

Diferentes organismos como el Banco Mundial, el Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias (Índice Global del Hambre), UNICEF, la OMS, y por su puesto la FAO (Estado de la Inseguridad Alimentaria), han presentado diversas mediciones y métodos para calcular el número de personas afectadas por el hambre y la malnutrición en el mundo. Todos estos métodos, aunque puedan servir como generadores de información interesante, fracasan a la hora de ofrecer una visión integral de cómo se puede medir el hambre, al descuidar algunos asuntos relacionados con la distribución de los alimentos o mostrarse insensibles ante las crisis a corto plazo, y al no contemplar las múltiples dimensiones, causas estructurales y consecuencias del hambre. [Masset, ibíden.]

Los actuales sistemas de monitoreo de la inseguridad alimentaria se basan principalmente en la medición cuantitativa de la ingesta de calorías, de los ingresos y los gastos relacionados con la alimentación, o de la producción agrícola entre otros, centrándose en los resultados a nivel individual y doméstico. Dichos sistemas de monitoreo raramente abordan los asuntos de discriminación relacionados con el estatus socioeconómico, el género o la raza/etnicidad, la privación de derechos, los patrones de propiedad y acceso a la tierra, del trabajo y el capital, dejando de lado evaluaciones más cualitativas del bienestar y las capacidades humanas. Por otro lado, las personas afectadas por la inseguridad alimentaria y la malnutrición tienden a ser consideradas como meros objetos del monitoreo, y no como sujetos con voz a la hora de definir qué debe monitorearse y cómo, y qué intervenciones políticas deben diseñarse a partir de los datos recogidos.

Los instrumentos de derechos humanos [concretamente los procesos de revisión en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, incluyendo el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC), El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres (CEDAW), El Comité de los Derechos del Niño (CRC), y el Examen Periódico Universal (UPR)] están siendo utilizados cada vez más por los movimientos sociales, no solo para defender a sus miembros de graves abusos y violaciones de los derechos humanos, sino también para desarrollar políticas y legislaciones públicas que permitan crear las condiciones estructurales necesarias para el ejercicio de los derechos humanos y sociales.

El marco del derecho a la alimentación ha sido incorporado tanto a nivel nacional, como en los niveles regional e internacional. Este progreso, y su posible impacto sobre la calidad de vida de la población, no han sido capturados por los actuales informes de monitoreo de la seguridad alimentaria y nutricional, como sucede por ejemplo con SOFI. De hecho, no se incluyen indicadores de monitoreo de la participación popular, la gobernanza, la rendición de cuentas y la coherencia de las políticas con los derechos humanos, ni se relacionan con el resto de los factores que afectan la realización del derecho a la alimentación y la nutrición.

> Leer el manifiesto completo aquí

>> Ver el mapa del monitoreo (en fase de desarrollo)

>>> Para consultas con los medios o más información: secretariat@righttofoodandnutrition.org

Juez otorga amparo histórico que impedirá concesiones mineras en la Montaña de Guerrero

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Este martes 11 de julio del 2017, autoridades agrarias, civiles y tradicionales de San Miguel del Progreso (municipio de Malinaltepec, Guerrero), el Consejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, organizaron una conferencia en el Centro Prodh, Ciudad de México, titulada «Júba Wajiín: La razón y la ley nos asisten». Participó en esta conferencia la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), de la cual Otros Mundos A.C. forma parte.

VIDEO DE LA CONFERENCIA DE PRENSA:

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COMUNICADO DE PRENSA:

  • Ordena Jueza Federal a Secretaría de Economía dejar insubsistente la Declaratoria de Libertad de terrenos y respetar derechos colectivos de la comunidad Me’Phaa de San Miguel del Progreso.
  • Por segunda ocasión justicia federal ampara a comunidad indígena de San Miguel del Progreso frente amenaza minera.
  • Gobierno Federal obligado a respetar y no recurrir sentencia que reconoce derechos colectivos de pueblos indígenas.

Ciudad de México, a 11 de julio de 2017.- La comunidad Me’Phaa de San Miguel del Progreso -«Juba Wajiín»- obtuvo amparo contra la Declaratoria de Libertad de Terrenos que consideraba su territorio libre para la actividad minera. La Jueza Primero de Distrito, Estela Platero Salado, dictó sentencia dentro del juicio de amparo 429/2016 el pasado 28 de junio. En la sentencia, se otorga el amparo y la protección de la Justicia Federal a la Comunidad de San Miguel del Progreso al resultar esencialmente fundados los conceptos de violación, y por ende, demostrado el incumplimiento de la obligación constitucional y convencional del Estado Mexicano de respetar los derechos de esta comunidad indígena-agraria Me’phaa de La Montaña de Guerrero.

Cabe recordar que este es el segundo amparo otorgado a la comunidad de San Miguel del Progreso –»Juba Wajiín»- frente a la amenaza minera en su territorio; la primer sentencia de amparo contra concesiones mineras fue notificada el 12 de febrero de 2014,  la impugnación de aquella sentencia histórica llevó el caso frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sin embargo, en una maniobra estratégica las empresas se desistieron de sus títulos de concesión, lo que obligó a la SCJN sobreseer el amparo y evitó que entrara al análisis de la inconstitucionalidad e inconvencionalidad de la Ley Minera.

Fue así que el 24 de noviembre de 2015 la Secretaría de Economía publicó en el Diario Oficial de la Federación la «Relación de declaratorias de libertad de terreno 02/2015», por la que declaraba libres los terrenos que legalmente amparaban los lotes mineros «Reducción Norte de Corazón de Tinieblas» y «Corazón de Tinieblas», con el fin de otorgar nuevamente concesiones mineras sobre el territorio de San Miguel del Progreso.

Frente a este acto violatorio la comunidad indígena interpuso amparo el 11 de diciembre de 2015 ante el Juzgado Primero de Distrito con sede en la ciudad de Chilpancingo, Guerrero; por violentar su derecho colectivo a la Consulta, a la propiedad territorial y a la protección integral de las tierras indígenas reconocidos en el artículo 1 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 13, 15 y 17 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y en el artículo 21 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos.

A pesar de los argumentos esgrimidos por el gobierno federal, el pasado 30 de junio fue notificada a las autoridades agrarias de San Miguel del Progreso y a Tlachinollan la sentencia inédita dictada por la Jueza Estela Platero Salado, en la que ordena a la Secretaria de Economía dejar insubsistente la Declaratoria de Libertad de terrenos y que en caso de que pretenda continuar con el procedimiento de otorgar concesiones mineras sobre el territorio de la comunidad de San Miguel del Progreso deberá respetar los derechos colectivos de la comunidad entre ellos la Consulta.

La decisión tomada por la Juez es trascendental en la vida de la comunidad, dado que no está ordenando que se subsane el procedimiento que originó la emisión de la Declaratoria de Libertad de Terreno sino que obliga a dejar sin efectos el acto violatorio para que de esta manera se garantice adecuadamente los derechos colectivos de los pueblos indígenas, entre ellos el derecho al territorio y a la consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada, cumpliendo así con los más altos estándares internacionales en la materia.

La resolución dictada en el juicio de amparo, es un logro inédito  para la comunidad indígena y un reconocimiento a la lucha incansable y milenaria de la comunidad Me’phaa de San Miguel del Progreso y del Concejo Regional de Autoridades Agrarias de la Montaña de Guerrero en la defensa de su territorio y su vida frente a la amenaza que representa la minería a cielo abierto, lo que además les impulsa a seguir organizándose local y regionalmente.

Frente a esta decisión judicial, el Estado mexicano está obligado a garantizar el respeto a los derechos colectivos de los pueblos indígenas no impugnando la sentencia obtenida por la comunidad, porque de hacerlo redundaría en la negación de los derechos de la comunidad indígena-agraria de Juba Wajiín.

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AUDIO: Júba Wajín: Un rayo contra las mineras

Please sign: We Demand Justice for Mariano Abarca from Mexican and Chiapas Authorities

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SIGN HERE

SPANISH VERSION HERE (VERSIÓN EN ESPAÑOL AQUÍ)

On June 26, 2017, Mariano Abara’s family sent a petition to the Inter American Commission on Human Rights (IACHR) against the state of Mexico for being responsible for the assassination Mariano Abarca Roblero, a human rights and environment defender from Chiapas killed on on November 27, 2009, by people with ties to the Canadian mining company Blackfire Exploration. Until today, the state’s investigation has stagnated, and the crime remains unpunished. Three co-petitioner stand by Mariano Abarca’s family: Otros Mundos A.C./Friends of the Earth Mexico, The Mexican Network of Mining Affected Peoples (REMA) and The Human Rights Centre of the Faculty of Law at the Autonomous University of Chiapas (UNACH).

You can support Mariano Abarca’s Family in its demand for justice, signing this action online here.

You can help spreading this action and the Family’s Press Release by sharing the links on you social networks with the hashtag #Justice4Mariano.

Thank you!

The petitioners

Miguel Angel Osorio Chong
Minister of the Interior;

Manuel Velasco Coello
Governor of the state of Chiapas;

Raciel López Salazar
General Attorney of the state of Chiapas;

Pierre Alarie
Ambassador of Canada to Mexico.

The assassination of community leader Mariano Abarca Roblero from Chiapas represents a grave violation of the rights to life, security, humane treatment, the freedom of association and to justice.

The Mexican state failed in its obligation to defend and protect the life of this highly regarded community leader who was murdered on November 27, 2009 in Chicomuselo, Chiapas for having spoken out about the negative impacts of the «Payback» barite mine owned by Canadian mining company Blackfire Exploration, located in the same municipality.

Before his murder, and throughout this struggle, Mariano Abarca was victim of a lengthy process of criminalization, intimidation, harassment, defamation and threats that included false accusations brought against him by the company that led him to spend days in jail.

Despite investigations having been opened for robbery and aggression against the Abarca family and then for the murder of Mariano, these have all stagnated as of today.

After several people being detained – all of them having worked in some capacity for Blackfire -, including one person having been sentenced in 2010, all are free today and the person who had been sentenced, absolved. New lines of investigation have not been pursued to identify the intellectual and material authors of this crime, which would bring some comfort to the family and to others who were part of the struggle with Mariano.

We demand that the Minister of Interior (SEGOB), the government of Chiapas and the Chiapas General Attorney resume and address in a serious manner the murder of this Mexican environment defender. An objective investigation is needed, which would fully clarify the facts and hold the material and intellectual authors responsible. The investigation should also examine the responsibility that Blackfire Exploration has in his assassination, as well as officials of the Chiapas state government who were implicated.

Attentively,

SIGN HERE

More information:

1 – Mariano Abarca’s Family Demands Justice (Press release – June 28, 2017)

2 – Summary of our petition to the IACHR

Las mujeres en la lucha anti-minera en El Salvador: «Somos ese enjambre de abejas»

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Artículo del Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales publicado en el Boletín Nº231 (Junio 2017) – Entrevista con Rhina Navarrete, coordinadora general de la ASIC (Asociación Amigos de San Isidro Cabañas).

>> Descargar el Boletín completo en PDF

En marzo de 2017 los pueblos de El Salvador lograron una tremenda victoria. Con la Ley de Prohibición de Minería Metálica, se decretó la prohibición absoluta de la exploración, explotación y procesamiento minero, ya sea a cielo abierto o subterráneo, así como el uso de sustancias tóxicas como el cianuro y el mercurio.

La legislación es retroactiva y de ese modo cierra de manera absoluta los permisos que pudieran estar en trámite. El riesgo de dañar los ríos y fuentes de agua ha sido uno de los frentes de lucha de los movimientos sociales ante la industria extractiva.

La ley culmina más de diez años de lucha por parte de organizaciones de base y líderes comunitarios que se opusieron sobre todo a los trabajos desarrollados en la mina El Dorado, en el central departamento de Cabañas, por la compañía Pacific Rim, ahora la australiana-canadiense OceanaGold. La oposición al proyecto El Dorado fue brutalmente reprimida, dejando un saldo trágico de muertos y heridos.

A pesar que la activa participación de las mujeres en los procesos de resistencia es casi siempre invisibilizada, las mujeres que están tras la lucha anti-minera en El Salvador no solo han sabido mantenerse en pie de lucha, sino que además han adquirido el papel de protagonistas.

En esta ocasión conversamos con Rhina Navarrete, coordinadora general de la ASIC (Asociación Amigos de San Isidro Cabañas).

1. ¿Qué fue lo que hizo que las poblaciones se resistieran tan fuertemente y por tanto tiempo contra el proyecto El Dorado?

Uno de los principales motivos fue la defensa del recurso agua, dado que la mayoría de la población tenía muy claro que el municipio se quedaría sin el vital liquido. Por otra parte, se dieron algunos sucesos, como la muerte de ganado en las zonas donde hicieron las exploraciones y también se secaron algunos pozos.

2. ¿Cómo organizaron la resistencia? ¿Cuál fue la estrategia?

Fueron varias etapas. Primero, recoger toda la información posible respecto al proyecto minero para conocer de primera mano los impactos que éste tendría en la zona y el país. Posteriormente se procedió al trabajo de campo con el propósito de informar a las comunidades sobre los efectos negativos de la minería metálica. Se hicieron foros informativos con especialistas (Dr. Robert Moran y Dina Larios) en el tema de minería y también con personas que ya tenían experiencia en los daños que causa la minería, como es el caso de Honduras (Dr. Almendares). Se diseñó material escrito, audiovisual y radial en un lenguaje popular para que fuese fácil su asimilación por parte de toda la población. También se crearon alianzas estratégicas con otras organizaciones a nivel nacional.

3. ¿Cómo reaccionó la empresa?

La empresa no se quedó cruzada de brazos. También empezó toda una campaña de promoción en las comunidades, queriendo hacerles creer que el cianuro no era mortal, pero la mayoría de la gente no les creyó. Por otra parte, también utilizaron la estrategia que utilizan a nivel mundial: comprando a las autoridades, gobiernos locales y líderes comunales, haciendo obras sociales, etc. En algunas ocasiones se hacían presentes en los foros que hacíamos con el fin de cuestionar a los ponentes, pero ellos no contaban con que éstos eran personas científicas expertas en el tema.

4. ¿Cuál fue el papel de las mujeres en esta lucha? ¿Cómo es eso diferente de la participación de los hombres?

En primer lugar, la participación en los diferentes espacios informativos, en su mayoría, eran mujeres. A medida que la población se iba informando y tomando conciencia de la magnitud del problema, las mujeres fueron liderando el proceso de la lucha (alrededor de 10 mujeres lideresas). Ellas formaron parte de una estrategia para hacer denuncias y movilizaciones.

5. ¿Porqué crees que las mujeres adquieren un rol tan protagónico en estas luchas?

En primer lugar porque somos la mayoría en cuanto al porcentaje poblacional. Por otro lado, somos las que sufrimos los embates de los desastres y cualquier conflicto, así como también las afectaciones económicas, de salud, entre otras. Una mujer sabe cuan necesaria es el agua y la alimentación en un hogar, ya sea que sean madres solteras o no. No estoy diciendo que el hombre no lo sepa, sino que es ella la proveedora directa de los bienes de sobrevivencia, es la cuidadora de la familia, la casa, los huertos y la criadora de los animales domésticos.

La mujer es más sensible ante los problemas que aquejan a la humanidad y es una excelente cuidadora y administradora de todos los bienes (por ejemplo de la madre naturaleza, la diosa del mar, etc.) Una mujer es muy decidida en sus convicciones y no es tan fácil comprar su voluntad cuando sabe que la vida está en juego.

6. Para que las mujeres tuvieran una participación activa en la resistencia, ¿tuvieron que también luchar dentro de sus mismas comunidades u hogares?

Las mujeres se ganaron su propio espacio. Si en algún momento se vio opacada su participación por parte de algún elemento masculino, fueron casos especiales. De igual modo, creo que su lucha mayor fue dentro de sus hogares, dado que tenían que dejar a su familia para poder unirse a la lucha.

7. ¿Crees que la lucha ya está ganada o hay que estar vigilantes?

Una ley que prohíbe la minería metálica en El Salvador no es garante de nada, dado que es una ley secundaria y en cualquier momento puede ser vetada o modificada. Mientras el Salvador siga adherido a los tratados de libre comercio, seguiremos expuestos a cualquier amenaza – no solo de la industria minera. Por otra parte, las legislaturas cambian cada 3 años, nadie nos asegura que la próxima legislatura modifique las cosas. Al menos por el momento podemos estar un poco tranquil@s respecto a ese tema, aunque el futuro de los salvadoreños sigue siendo incierto. Más ahora con la Ley de Asocios Publico Privado, con el fin de aumentar la inversión privada, especialmente inversiones extranjeras directas, partiendo de que el presidente hizo publica su posición de darle cumplimiento.

8. ¿Qué mensaje le darías a otras mujeres y comunidades que se encuentran luchando contra empresas mineras que intentan apropiarse de sus territorios?

Que somos las mayoría. Somos ese enjambre de abejas, de hormigas y tenemos la capacidad de cambiar el rumbo de la historia si nos mantenemos unidos/as. Insisto, las mujeres somos mayoría. Es nuestro derecho y también nuestra responsabilidad defender la vida y el territorio. Creo que la humanidad debe tener muy en claro que el enemigo es el mismo en todo el mundo y se llama CAPITALISMO. Debemos retomar nuestro papel en el cuidado de la creación o evolución, dependiendo de la perspectiva ideológica de cada individuo.

Es un reto entre la conservación o destrucción del ser humano. Sabemos que las riquezas son privadas, pero las consecuencias que éstas causan afectan a todos/as. Los costos los pagan el pueblo; nos venden lo que nos roban y, a través de la historia, los muertos son los mismos de siempre. El oro no se come, no es un bien indispensable para la humanidad. El agua es un recurso finito. Pero sobre todo, las mujeres tenemos una gran capacidad de amar y amar con el corazón, así que a fortalecer el amor al prójimo, a la vida, a la familia, a la humanidad, a la naturaleza y a la creación o evolución. La clave de la victoria está en el AMOR.

Foto: CESTA / Amigos de la Tierra El Salvador

Más información:

El Salvador aprueba ley que prohíbe la minería metálica

[INFORME] Conflictos Mineros en América Latina en 2016: Extracción, Saqueo y Agresión

#TemacaNoEstáSolo: ¡Unidos vayamos por una gestión integral del agua!

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Pronunciamiento del Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo, a 6 de julio 2017 – Leído en la Plaza de Armas de Guadalajara ese día durante la acción #TemacaNoEstáSolo en rechazo a la construcción de la presa El Zapotillo

>> Video de la acción en Facebook

Una de las necesidades más importantes a resolver en la vida social, política, ambiental, económica, jurídica y científica es el AGUA, el agua es fuente de vida y bienestar, es un bien común de la humanidad, es un derecho fundamental y para los pueblos es sagrada, pues de ella dependen nuestra comida, nuestra armonía, nuestra paz y desarrollo.

En las últimas décadas, los gobiernos federales, estatales y municipales no han atinado a una gestión integral. La prueba es que hay contaminación del agua de ríos y lagos, desperdicio de agua en las ciudades y en el campo, plantas tratadoras sin funcionar o funcionando mal, malos manejos de recursos públicos en el SIAPA, fugas, deudas de las grandes empresas y mucha contaminación.

Lo peor es que políticos y empresarios voraces han diseñado una ruta para privatizar el vital líquido y con diversos discursos han querido convencernos que la presa El Zapotillo – Acueducto Zapotillo León, en el río Verde es la mejor alternativa para distribuir el agua para León, Guanajuato, Los Altos de Jalisco y  el Área Metropolitana de Guadalajara, basados en dos decretos presidenciales y en convenios manipulados de distribución sin tomar en cuenta los derechos de los pueblos, la participación de los ciudadanos, ni de muchos académicos competentes, imponiendo una obra social, técnica y ambientalmente inviable. La presa El Zapotillo es una de las presas más plagada de ilegalidades e irregularidades, muestra de una política autoritaria y cerrada al diálogo.

Sin embargo, Temacapulín, Acasico y Palmarejo, unidos a la región alteña, desde 2005, hemos denunciado esta amenaza para Jalisco, hemos sido nosotros, nuestras comunidades y pueblos, los que pusimos en el centro del debate estatal y nacional, las políticas de agua, la ilegalidad y la violación de derechos humanos. No es que seamos egoístas o que nos opongamos al progreso y al desarrollo como falsamente se ha querido hacer creer a la ciudadanía, queremos y hemos trabajado para que el agua sea para todos y para siempre.

Por eso, rechazamos determinantemente la construcción de la presa El Zapotillo y el acueducto a León, por implicar un modelo obsoleto de gestión integral del agua, donde el gobierno federal, en especial la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), los gobiernos de Jalisco y Guanajuato, siendo El Zapotillo un tinaco grandote que no resolverá el problema del agua dado el desperdicio y nulo tratamiento de ella tanto en el AMG y León, Guanajuato, prueba de ello es la grave contaminación del río Lerma que desemboca en el Lago de Chapala.

Con ayuda de académicos/as, investigadores/as e instituciones especializadas en temas de agua hemos propuesto alternativas en tiempo y forma, con respeto y seriedad. Pero no hemos sido escuchados, por el contrario, el gobierno y sus voces afines nos han dicho que por el beneficio de las mayorías nos debemos sacrificar como minorías, lo cual es contraria a la idea de democracia y de respeto a los derechos humanos en pleno siglo XXI.

Caminado en sentido opuesto, se ha despilfarrado dinero público a diestra y siniestra durante décadas. Y para colmo, en el último año y medio, se ha pagado a la UNOPS, más de 90 millones de pesos por un estudio que aparte de no ser vinculante, no ha aportado verdaderas directrices para lograr soluciones sustentables. Y para colmo los principales responsables del proyecto la CONAGUA y la Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA), navegan en el silencio, igual que Abengoa, la empresa española en quiebra en busca de ser rescatada por el compasivo gobierno mexicano.

En este contexto, levantamos la voz unidos a los jaliscienses que contradecimos los argumentos del gobierno de Jalisco y esperamos que el pueblo del mismo estado, los diputados federales y estatales y diversos actores políticos y académicos como la Universidad de Guadalajara exijan el respeto a los derechos humanos de los pueblos y el cumplimiento cabal del fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los jueces federales, no se autoricen los presupuestos para la ilegal presa El Zapotillo y por el contrario inicien políticas públicas, programas y proyecto para la gestión integral del agua y que ésta no sea solo una moda discursiva vacía de contenido.

También exhortamos a los Presidentes Municipales busquen soluciones sustentables para sus ayuntamientos y el gobernador Jorge Aristóteles Sandoval Díaz no se deje manipular por los conocidos dinosaurios del agua en Jalisco.

La UNOPS como lo ha declarado Carlos Angelaccio, presentó una opinión deficiente y a modo, -pues el que paga manda-, contrario al respeto de los derechos humanos de todos, que es el verdadero espíritu de las Naciones Unidas. Por eso y más no aceptamos el dictamen de la UNOPS, porque ya estaba tomada la decisión de antemano, tal como lo venimos denunciando desde el momento en que se le contrató a dicha agencia.

El estudio criminaliza a nuestro asesores y a nuestra lucha, tiene deficiencias técnicas importantes, pues el modelo se basa en variables de presa, sin tomar en cuenta la viabilidad de la misma, es incompleto, porque no aporta elementos para la gobernanza, ni ayuda a la resolución del conflicto presente en el río Verde, es costoso, pues no aporta mayores datos, es decir, 2 años después viene a decir, lo que ya sabíamos, con otras palabras. No se han buscado alternativas, todas las variables se refieren a la Presa y no a lo que necesita el río Verde libre.

La opinión de la UNOPS, se ha interpretado como un aval de la ONU, -y así ha querido usarlo el Gobernador de Jalisco para traicionar su palabra- a la obra y esto no es así, hay otros informes y recomendaciones como las emitidas por el Relator de Alimentación, la Relatora de Vivienda, el Grupo de Trabajo de Empresas y Derechos Humanos y recientemente del Relator del Derecho al Agua y al Saneamiento de la ONU, así como la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos, todos han pedido a las autoridades mexicanas, no imponer el proyecto y tomar en cuenta los derechos humanos de las comunidades afectadas.

Es inaceptable que el estudio UNOPS y la decisión del gobernador, se presenten nuevamente como una decisión final, resolutiva, definitiva -esto ya lo hemos vivido en otros momentos del conflicto-, lo que sorprende es que usen a organismos de Naciones Unidas, para imponer un proyecto que no tiene la legitimidad social y ha sido bloqueado y suspendido por infinidad de irregularidades legales.

Es por ello que no aceptamos tampoco la intervención del “comando especial” que dice que va a enviar el Gobernador de Jalisco a Temacapulín, ni de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) porque su actuar ha dejado mucho que desear, estando a estas alturas al servicio del gobierno en turno, con un grave descrédito ante la opinión pública.

Basta de soluciones mediocres y llenas de corrupción.  No se trata de que unos pierdan y otros ganen. Ha llegado la hora de que todos ganemos.  Temaca, Acasico y Palmarejo no hemos perdido y ni no nos vamos a salir, vamos a dar la pelea hasta el fin, por nuestros pueblos, por Jalisco y por la soberanía de nuestro estado y tengan la seguridad de que vamos a GANAR. La soberanía reside en su gente y no en los intereses privados que se han apoderado del Estado, haciendo con ello un desvío de poder en perjuicio de las verdaderas mayorías que somos todos los jaliscienses.

Que el gobierno de Jalisco, Guanajuato y la federación no engañen más a la sociedad. El agua es para las empresas, para los desarrollos industriales del bajío en Guanajuato y para el desarrollo desenfrenado del Área Metropolitana de Guadalajara. El beneficio es para las minorías, es decir los ricos, los políticos, los empresarios, no para las mayorías que como nosotros trabajos todos los días por el cuidado y el control social del agua.

Como Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo agradecemos todas las muestras de solidaridad y apoyo expresadas a nuestra causa por organizaciones, colectivos, pueblos, comunidades, ya sea en lo individual o como grupo, nuestra lucha también es de Ustedes. Muchas gracias. Hoy más que nunca sabemos que no luchamos sólo por Temaca, somos todo México y Temaca no está sola.

Aristóteles Sandoval Díaz, ¡Usted se va en un año, y nosotros nos quedaremos en nuestros pueblos para siempre!

COMITÉ SALVEMOS TEMACAPULÍN, ACASICO Y PALMAREJO

¡RÍOS PARA LA VIDA, NO PARA LA MUERTE!
¡TEMACA VIVIRÁ POR SIEMPRE!
NO A LA PRESA EL ZAPOTILLO- ACUEDUCTO ZAPOTILLO LEÓN
¡HASTA LA VICTORIA!

Más información:

#TemacaNoEstáSolo: Solidaridad con Temacapulín, Acasico y Palmarejo ante el proyecto de presa El Zapotillo

«No nos vamos a salir», dicen pobladores de Temacapulín a gobernador de Jalisco

El Escaramujo 67: La Iniciativa de Reducción de Emisiones en Chiapas (Parte I)

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Los “Escaramujos” son documentos de análisis producidos por Otros Mundos A.C. Les presentamos el último número de la colección, esperando les sirva para sus trabajos en defensa de los territorios. (Ver todos los números del Escaramujo)  

>>Descargar Escaramujo 67<<

La estrategia de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación forestal (REDD +) es una iniciativa política internacional que surgió en 2005 dentro de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático (CMNUCC). Refuerza el discurso de mercantilización y financiarización de la naturaleza y los procesos ecológicos a partir de mercados internacionales de carbono; donde los países o industrias con obligaciones de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero pueden comprarle el derecho de emitir a países o comunidades que no tienen esta obligación (Furtado, 2016).

Estos últimos compensan – mas no mitigan – las emisiones mediante proyectos de reforestación o conservación de bosques principalmente a través de Pagos por Servicios Ambientales (PSA). A pesar de que estos mecanismos financieros han mostrado su incapacidad para reducir las emisiones, REDD+ impulsa la creación de Mercados Voluntarios de Carbono (MVC) a los que acceden “abiertamente” comunidades y organizaciones no gubernamentales (ONG) como vendedores y el sector privado como comprador, y los mercados de resultados principalmente para que los países con obligación de reducir emisiones compren “los excesos de créditos de carbono” de otros países.

Además de la ineficacia de estos mecanismos, la implementación de REDD+ en los territorios ha estado rodeada de denuncias y críticas desde movimientos sociales, ambientalistas y académicos que han visibilizado la exclusión, criminalización e instrumentalización de los pueblos indígenas y las comunidades dependientes de los bosques, la incidencia en conflictos territoriales y despojo de la tierra, la mercantilización de la conservación, el control sobre los procesos autonómicos comunitarios, y el limitado impacto de la lógica de compensación de emisiones que encubre las causas estructurales de la crisis climática y ambiental (Kill, 2015; Furtado, 2016).

Estos cuestionamientos han desencadenado la organización de comunidades rurales y pueblos indígenas que han planteado la necesidad de rediseñar la estrategia de acuerdo a sus intereses y se han declarado en oposición a REDD+, optando por gestionar sus 1 territorios de forma tradicional y autónoma .

México enREDDado

Pese a las denuncias, la demostrada incapacidad de REDD+ y otros mecanismos financieros para mitigar el cambio climático y la ausencia de un acuerdo político internacional sobre la estrategia, el gobierno mexicano, bajo pretexto de mostrar buena voluntad, viene creando la Estrategia Nacional REDD+ (ENAREDD+) desde el año 2010. Para tal fin tienen que transformar la política ambiental y de desarrollo rural sustentable, generar la integración de las entidades federales y la coordinación de las políticas y programas públicos agropecuarios, forestales y de otros usos del suelo.

A partir de los cambios y luego de asegurar el apoyo financiero y tecnológico de los países “desarrollados”, el gobierno mexicano se ha comprometido a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero un 30% para 2020 y un 50% para 2050, en relación a las emisiones del año 2000, y al tránsito hacia una tasa cero de perdida de dióxido de carbono (CO2) en los “ecosistemas originales” (CONAFOR, 2015). Estos compromisos deben entenderse como parte de un discurso político de “buena voluntad” ante el exterior que no es compatible con la realidad ambiental y los inexistentes avances en mitigación y reducción de gases de efecto invernadero. Entre 1990-2010, periodo de impulso de compromisos y acuerdos internacionales de cambio climático como el de Kioto, las emisiones nacionales en vez de reducirse se aumentaron un 33.4% (Sosa-Rodríguez, 2015).

La ENAREDD+ ha sido construida por una variedad de actores encabezados por tres instancias: la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) como entidad pública; los Comités Técnicos Consultivos (CTC-REDD+) constituidos por entidades públicas federales y estatales, organizaciones civiles nacionales e internacionales, organizaciones sociales, instituciones educativas y el sector privado. Así como la Alianza México-REDD+, una plataforma de ONG que incide en la política nacional, las agendas de investigación, los proyectos locales y la gestión de la financiación. La Alianza está conformada por The Nature Conservancy (TNC), Rainforest Alliance, Espacios Naturales y Desarrollo Sustentable (ENDESU) y The Woods Hole Research Center.

En materia financiera, entre 2009 y 2014 se realizaron acuerdos para REDD+ en México por cerca de 800 millones de dólares. El 42% proviene de recursos nacionales y el dinero restante procede de fondos públicos y privados multilaterales (Cuadro 1). La mayoría de los recursos por donaciones y endeudamientos que han asumido entidades federales y gobiernos estatales son administrados por la CONAFOR para fortalecer financieramente REDD+ y los PSA.

>>Seguir leyendo Escaramujo 67<<

[GUÍA EN PDF] El lobby de Monsanto: un ataque contra nosotros, nuestro planeta y nuestra democracia

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Esta pequeña guía, publicada el pasado mes de febrero por Corporate Europe Observatory y traducida por el Observatorio OMG de Ecologistas en Acción con motivo del Tribunal Internacional Monsanto en La Haya, expone algunas de las principales estrategias y herramientas de lobby de Monsanto, ilustradas con ejemplos de distintas partes del mundo.

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Introducción

Las multinacionales como Monsanto tienen a su disposición recursos ilimitados para comprar el poder político mediante acciones de lobby. No sólo les representan numerosos grupos de presión a todos los niveles, del local al global, sino que también tienen un ejército de lobbistas mercenarios, financian a científicos para que hablen en su favor y participan en proyectos de «greenwashing» («lavado de cara» verde).

Las instituciones de la Unión Europea y del gobierno estadounidense solicitan a menudo a las propias multinacionales que envíen a sus lobbies, dándoles un acceso privilegiado a la toma de decisiones. Esta perversa simbiosis permite a las multinacionales capturar este espacio político y conduce al vaciamiento de la democracia, el desastre ambiental y la creciente injusticia social.

Podríamos hablar de tres espacios principales para las acciones de lobby de la industria: dirigirse directamente a quien toma las decisiones; labores de relaciones públicas y propaganda; y socavar la ciencia. Existen también tres tipos de actores: quienes dan las órdenes, quienes las siguen y quienes son cómplices de estos intentos.

Rivales o aliados? Grupos de lobby

Monsanto opera en buena medida a través de grupos de lobby, organizados a nivel global, nacional y regional. A estos niveles, las multinacionales de un mismo sector coordinan sus acciones de lobby en base a sus intereses en común. En el caso de Monsanto, esta coordinación tiene lugar fundamentalmente a través de grupos de presión relacionados con productos químicos y pesticidas, o con biotecnología y semillas. Son estos grupos quienes coordinan muchas de las actividades y mensajes de presión directa.

El lobby global Croplife International une a los sectores de biotecnología y pesticidas – que son básicamente las mismas multinacionales. Su lista de miembros incluye a las principales empresas del agronegocio (Monsanto, Bayer, BASF, Dow/Dupont, Syngenta, etc) y a las asociaciones regionales de biotecnología y pesticidas (por ejemplo BIO, EuropaBio, AfricaBio, ECPA, CropLife America, CropLife África-Oriente Medio, CropLife Asia, etc.).

En la UE, los grupos de lobby de Monsanto son la European Seed Association (Asociación Semillera Europea, ESA), el lobby de pesticidas European Crop Protection  Association (Asociación Europea de Protección de Cultivos, ECPA) y el lobby biotecnológico EuropaBio. Entre los miembros de estos grupos de lobby están las grandes multinacionales, pero también asociaciones de nivel nacional, lo que hace más fácil ejercer presión tanto a nivel de la UE como en cada país. En EEUU, las organizaciones equivalentes son la American Seed Trade Association (Asociación Estadounidense de Comercio de Semillas, ASTA), Croplife America y la Biotechnology Industry Organisation (Organización de la Industria Biotecnológica, BIO).

Los macro-lobbies

Los grupos de lobby del sector químico también defienden los intereses de Monsanto. En EEUU está el American Chemistry Council (Consejo Estadounidense de Química, ACC) y en la UE el European Chemical Industry Council (Consejo Europeo de la Industria Química, CEFIC). CEFIC es el mayor grupo de lobby de la UE, con unos 135 empleados, y entre sus miembros se encuentran Bayer, BASF y Syngenta (Monsanto no forma parte de este grupo).

Las estrategias de lobby entre los distintos sectores dentro de la cadena alimentaria están muy estrechamente alineadas. La Agri-Food Chain Coalition (Coalición de la Cadena Agro-Alimentaria, AFCC) reúne a las industrias de los pesticidas, biotecnología, piensos, alimentos y fertilizantes, que presionan de forma conjunta a la UE para desregular y acelerar la aprobación de transgénicos y pesticidas.

Los grupos de lobby relacionados con los pesticidas reciben a menudo el apoyo de organizaciones de agricultores (industriales). En Europa, la unión de grandes agricultores COPA-COGECA se alía habitualmente con ECPA a la hora de defender transgénicos y pesticidas. En EEUU, Monsanto forma parte de grupos de lobby como el US Grains Council (Consejo de Granos de los Estados Unidos) y apoya las actividades que la American Soybean Association (Asociación Estadounidense de la Soja, ASA) realiza para sus miembros, productores de soja.

Existe también una coordinación entre las campañas de lobby realizadas por los lobbies de los distintos sectores. A nivel global, incluidos los tratados sobre clima y comercio, Monsanto, Bayer y otras empresas del agronegocio están representadas por plataformas de lobby que reúnen a los principales sectores industriales, como la Cámara Internacional de Comercio (ICC), la American Chamber of Commerce (Cámara Estadounidense de Comercio, AmCham), BusinessEurope, el Trans-Atlantic Business Council (Consejo Empresarial Transatlántico, TABC) y, para ponerle un poco de verde, el World Business Council on Sustainable Development (Consejo Empresarial Mundial de Desarrollo Sostenible, WBCSD).

OJO. Las multinacionales biotecnológicas como Monsanto están comprando cada vez más empresas semilleras locales, adquiriendo por tanto más influencia en las asociaciones semilleros nacionales. La African Seed Trade Association (Asociación Africana de Comercio de Semillas, AFSTA) incluye varios grupos nacionales de Monsanto, Syngenta y Bayer, ¡y hasta el lobby semillero estadounidense ASTA es miembro! AFSTA ha presionado para conseguir nuevos derechos de propiedad intelectual para las empresas, a expensas de los derechos de los agricultores a su semilla, a través del Protocolo de Arusha de 2015. En países Bajos, Monsanto ha comprado empresas de semillas hortícolas como De Ruiter Seeds y Seminis. De esta forma, Monsanto tiene acceso a la asociación semillero nacional Plantum, cuestionando la oposición de Plantum a la patente de semillas.

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El Escaramujo 68: La Iniciativa de Reducción de Emisiones en Chiapas

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Los “Escaramujos” son documentos de análisis producidos por Otros Mundos A.C. Les presentamos el último número de la colección, esperando les sirva para sus trabajos en defensa de los territorios. (Ver todos los números del Escaramujo)  

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Comunidades campesinas e indígenas en el punto de mira

Distintas organizaciones sociales y ambientalistas, así como varios académicos, han denunciado los sesgos en los análisis sobre deforestación y degradación hechos por instituciones promotoras de los programas de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación forestal (REDD+) . El estudio de Dooley et al (2011) reveló cómo los 1 documentos nacionales de preparación a REDD+ en Perú, Panamá, Indonesia, el Congo y otros países terminaban culpando, sin pruebas contundentes , a los pequeños agricultores y 2 la agricultura de subsistencia como las principales causas de deforestación.

Por su parte, el Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales (en inglés World Rainforest Movement, WRM) y la organización española GRAIN señalan en una publicación del año 2015 (WRM y GRAIN, 2015) cómo en los proyectos REDD+ se planean medidas como la reducción y regulación del acceso a la tierra a los campesinos y pueblos indígenas bajo el argumento de que la agricultura en sistema roza, tumba y quema (RTQ) es la principal causa de deforestación y degradación por la práctica de tumba y quema para la rotación y descanso del suelo.

En la Iniciativa de Reducción de Emisiones (IRE), estos sesgos no son ajenos y de hecho se contrapone un discurso de desarrollo rural sustentable frente a las actividades y prácticas tradicionales de subsistencia. En todos los Programas de Inversión en Chiapas, se culpan particularmente actividades como la agricultura itinerante y la recolección de leña por la deforestación y degradación; y a la pobreza, la marginación y el crecimiento poblacional como sus causas subyacentes. Por ejemplo, el Programa de Inversión de la Selva Lacandona argumenta que los “bajos niveles de capital y trabajo promueven la realización de actividades agropecuarias tradicionales, lo cual genera deforestación y degradación.” (Comisión Nacional Forestal, CONAFOR, 2016a: 49).

Estos análisis resultan contradictorios porque en un segundo momento reconocen la existencia de una dinámica de sustitución y reducción en la superficie de las milpas que caminan y los altos costos para la producción de cultivos comerciales que difícilmente podrían asumir familias campesinas e indígenas. Por el otro lado plantean un discurso en el que definen a las comunidades que habitan y usan los bosques como las de mayor vulnerabilidad frente a los cambios ambientales globales y quienes tienen las mejores estrategias de gestión y gobernanza de los territorios y bosques (Holmgren, 2013). Es decir, las comunidades rurales y sus prácticas tradicionales pueden ser concebidas al mismo tiempo como criminales, vulnerables y como fuentes de experiencias exitosas de gestión de los bosques.

De hecho, muchos de los programas y proyectos gubernamentales o de organizaciones no gubernamentales (ONG) integran las estrategias de manejo comunitario de los bosques a mecanismos de valoración económica y a mayor escala geográfica que no tienen los mismos resultados por ser concebidos como recetas que dejan de lado la territorialidad, ancestralidad, los conocimientos locales y la autonomía.

En el caso de la IRE, su estrategia de reducción de la pobreza y deforestación integra un potente paquete de prácticas y actividades “climáticamente responsables” para promover el desarrollo sustentable. Algunas de ellas son los PSA, el ecoturismo, las UMA, el aprovechamiento forestal (no) maderable, las plantaciones dendroenergéticas y la agricultura de conservación o “climáticamente inteligente”. Esta última, que busca sustituir la agricultura itinerante, se encuentra íntimamente ligada al uso de paquetes tecnológicos (agrotóxicos, tecnificación y uso de variedades hibridas) (WRM y GRAIN, 2015: 37).

Las actividades y programas planteados en la IRE suponen la entrada de un nuevo modelo de desarrollo que en principio no es consultado con las comunidades, criminaliza y busca sustituir las prácticas tradicionales de subsistencia de campesinos e indígenas. Además, por añadidura desarrolla un mercado para que las actividades se lleven a cabo con el uso de paquetes tecnológicos que una vez más generan dependencia de insumos externos y la pervivencia de negocios locales de venta de agrotóxicos.

Es importante recalcar que el hecho de culpar a los pobres de la deforestación y la degradación termina escondiendo que estos fenómenos son causados principalmente por las presiones económicas impuestas fuera de los territorios y de los bosques. La crisis climática y ambiental a nivel global es consecuencia del sistema económico e industrial encubierto por iniciativas que, como REDD+, están destinadas al fracaso por no plantear alternativas contra las verdaderas causas del cambio climático. Al contrario, sirven como medio para la compensación – no mitigación – de los países del Norte global y del sector industrial extractivo y el fortalecimiento del sector financiero .

Si bien los Programas de Inversión de la IRE-Chiapas identifican a las políticas y programas gubernamentales agropecuarios como promotores de deforestación y degradación; los intereses de los mercados e industrias agropecuarias pocas veces son tenidos en cuenta. Su ausencia de los diagnósticos y las estrategias que reduzcan la problemática forestal es uno de los factores que permite predecir su fracaso. Esto porque fenómenos como la ganadería extensiva, la certificación de madera bajo sellos verdes como las realizadas por la Rainforest Alliance, la expansión de palma africana y la conversión de cafetales de sombra a sol, la cual implica deforestación y mayor uso de agrotóxicos (y está siendo acaparada por empresas como Nestlé y Starbucks) están determinados por los intereses de grandes empresas y coyotes verdes, y no por las necesidades e intereses de campesinos e indígenas.

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En solidaridad con el COPINH y la defensa de las aguas en Honduras

Publicada el | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario en En solidaridad con el COPINH y la defensa de las aguas en Honduras

Comunicado del grupo Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC), del que forma parte Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México

Amigos de la Tierra de América Latina y el Caribe -ATALC- se solidariza con el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras -COPINH- y su coordinadora Berta Zuñiga por los hechos denunciados en los últimos días y en los que se hace referencia a ataques a los que se vieron expuestas Berta y otras personas integrantes de la coordinación general de esta organización hondureña.

De acuerdo a la información divulgada, en el Departamento de La Paz, luego de realizar trabajos de acompañamiento a la comunidad de Cancire del Municipio de Santiago Puringla, Berta Zuñiga, Sotero Chavarría y Asunción Martínez fueron abordadas/os por hombres armados.

ATALC, organización que trabaja en pos de la justicia ambiental, ha denunciado en diversas ocasiones las situaciones de riesgo y las vulneraciones a las que son sometidas las organizaciones y movimientos en defensa del territorio y que luchan por la garantía de los derechos colectivos de los pueblos en Honduras; sin embargo, sin importar el sinnúmero de llamados y voces de alerta de las organizaciones nacionales y de la comunidad internacional, este tipo de situaciones se siguen presentando y sigue en riesgo la vida de las y los defensores de los territorios y de los derechos colectivos.

En esta ocasión, el COPINH ha denunciado también que esta nueva agresión se presenta en un contexto en el que existen intereses de la agencia de cooperación estadounidense USAID y sus proyectos llamados de desarrollo que generan enfrentamientos entre las comunidades. Nos genera máxima alerta y preocupación que además de las amenazas a la integridad física y psicológica de las y los defensores del territorio en Honduras, se configuren estrategias de privatización de las fuentes de agua bajo figuras que conocemos en América Latina y que se presentan bajo formas de potabilización y municipalización, que han configurado en nuestro pasado reciente los fenómenos de privatización, mercantilización y financiarización de las aguas y de la naturaleza.

Consideramos que las promesas de desarrollo que se presentan desde agentes externos a las comunidades y sus procesos de trabajo no pueden convertirse en estrategias de división comunitaria para la implementación de proyectos favorables a la acumulación de capital y en contra de las formas de vida ancestrales y tradicionales, y de las prácticas de gestión sustentable de los territorios que los pueblos han llevado a cabo históricamente.

Sabemos que la situación que se ha presentado con el COPINH en los días pasados puede repetirse con otras organizaciones y movimientos que se oponen a la privatización de las aguas y a la devastación territorial que deja a su paso el modelo extractivista. Por tanto, nuestro nuevo llamado a las autoridades competentes del hermano país de Honduras para que se investiguen los hechos y se dé con los responsables de estas agresiones, develando las causas estructurales que motivan este tipo de amenazas a organizaciones que velan por la dignidad de los pueblos a partir de su relación con los bienes comunes. Asimismo solicitamos se proteja la integridad de las personas del COPINH y de cada una de las organizaciones que realiza acompañamiento comunitario para la defensa de los derechos colectivos de los pueblos indígenas y campesinos del país mesoamericano.

A la comunidad internacional, a las organizaciones y movimientos de diversas partes del mundo, reiteramos nuestro llamado para seguir de cerca la situación que enfrenta el pueblo hondureño. Sabemos que esta atención internacional y la solicitud de protección de la vida de quienes día a día trabajan para construir la justicia social y ambiental desde la dignificación de la vida en comunidad, son un elemento fundamental para los procesos sociales, organizaciones y movimientos de Honduras y de Latinoamérica.

Más información sobre el ataque:

El comunicado del COPINH tras el ataque

El comunicado de Madre Tierra/Amigos de la Tierra Honduras en solidaridad con el COPINH

Más información sobre el derecho al agua en América Latina:

Informe: Estado del Agua en América Latina y el Caribe

Informe sobre violaciones a los Derechos Humanos al Agua Potable y al Saneamiento en México

En Chiapas se violenta el Derecho Humano al Agua Potable y al Saneamiento

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