Neoextractivismo vs. la defensa integral de los territorios
SurSiendo, Comunicación e Intervención Social
En este fragmento de menos de dos minutos que forma parte del documental brasileño El veneno está en la mesa, Eduardo Galeano expresa un sentir de muchæs latinoamericanæs: los gobiernos progresistas también han traicionado a los pueblos. Apenas un ejemplo alcanza para justificar esta afirmación y el elegido es el caso de los agrotóxicos. Valga un ejemplo dentro del ejemplo: con miras a cumplir su Plan Estratégico Agroalimentario 2020 el gobierno argentino pretende instalar en Mendoza “el megaemprendimiento más grande del mundo en materia de potasio”. Sus presentaciones en cloruro potásico y nitrato de potasio se emplean como base para los fertilizantes. Y es que para alcanzar las metas económicas propuestas se necesita profundizar aún más el modelo de monocultivo de soja, a la postre esto le posicionaría como uno de los principales productores de fertilizantes del mundo. El proyecto minero será emplazado en las márgenes del Río Colorado el cual nace en la Cordillera recorre cinco provincias argentinas y desemboca en el Océano Atlántico, es decir atraviesa toda la Patagonia de Oeste a Este. Desde SURsuelo, Fabián Chiaramello comenta que “el proyecto de Potasio Río Colorado va a generar el fertilizante destinado a los agronegocios brasileros que aportará aún más en la deforestación del Amazonas. La ecuación es perversa: se construye una megaplanta que consume cantidades de agua y energía abismales, que puede tener consecuencias ambientales muy graves, para producir un fertilizante que será utilizado para seguir profundizando el monocultivo sojero que desaloja campesinos y pueblos originarios, contamina con sus agrotóxicos, provoca desmontes, deteriora el suelo y concentra cada vez más la producción”.
Así, mientras asistimos a estas complicidades políticas legalizadas, en otras partes del mundo se sanciona una vez más a Monsanto por su responsabilidad en la intoxicación química de un agricultor francés. Con esto no queremos reforzar esas viejas ideas de un “norte” civilizado y democrático y un “sur” bárbaro y corrupto. Estas sentencias solo nos demuestran que las corporaciones se maquillan para cada ocasión: mientras en Estados Unidos y Europa ya se tiñeron el cabello y hablan de economías verdes y servicios ambientales, en América Latina, África y gran parte de Asia los discursos del progreso aún no parecen estar del todo deslegitimados y los pueden seguir usando.
Ninguna de estas visiones pone en entredicho las bases netamente económicas sobre las que camina el sistema y en cambio se enmarcan dentro del neoextractivismo. ¿Otro neo más? La mayoría de las veces los prefijos nos sientan bien: re, co, alter, anti, meta, trans… Pero también están los otros, los que nos caen mal y parece que el neo encabeza la lista mientras mega le sigue de cerca. Es una cuestión de escalas.
Una de las figuras principales de este modelo neoextractivista es el Estado, que según el uruguayo Eduardo Gudynas “juega un papel más activo, y logra una mayor legitimación por medio de la redistribución de algunos de los excedentes por medio de políticas sociales”. El neoextractivismo refiere más que a una actividad concreta a una forma de extracción: todas aquellas actividades que remueven grandes volúmenes de bienes naturales y (casi) sin mediar proceso son trasladados lejos de la zona de origen. Minería, petróleo, gas, represas, monocultivos (de cereales o forestales), agroindustria, ganadería o pesca intensiva, etc. entran dentro de esta categoría y logran seguir aumentando la concentración. De entre ellas la minería es la que puede acabar con la mayor cantidad de recursos no renovables en menor tiempo. Es la más insustentable. Sin embargo esta actividad extractiva está en la cabeza de todas las agendas políticas latinoamericanas: desde México hasta Argentina pasando por Nicaragua, Ecuador, Venezuela, Bolivia, Brasil y Uruguay (por mencionar solo a los progresistas). Apenas El Salvador está planteándose por estas fechas prohibir de forma permanente las actividades mineras. En un país pequeño, tan densamente poblado y con una fuerte escasez hídrica esa prohibición sería lo más acertado.
Todo depende, como dijimos, de las escalas. Aire, agua, tierra y energía son los cuatro elementos fundamentales de la naturaleza y también los cuatro elementos sobre los que el capitalismo avanza en estos tiempos a toda velocidad. Y es que incluso si esa redistribución fuera real tampoco se justificarían los daños sociales y ambientales que estos megaproyectos dejan en los territorios: Ocupaciones (para)policial y (para)militar, despojos, contaminación, abusos de todo tipo contra las poblaciones locales.
Por estos tiempos el concepto de territorialidad se está utilizando de nuevo como base y sostén para defender física y teóricamente esos espacios que habitamos. Jean Robert dice que “a lo mejor, muchos no saben que, con ello, están inventando un potente concepto analítico nuevo para hablar de una vieja realidad que tiene que ver con el cultivo, la cultura, las costumbres y también la hospitalidad y, por supuesto, la subsistencia, palabra deshonrada por el mal uso que le dieron los lingüistas y economistas ‘de arriba’”. Un concepto parecido podría ser el de biocultura, mismo sobre el que los pueblos huicholes de México están reafirmando legalmente la defensa de su centro sagrado en Wirikuta ante la minería y las agroindustrias. Y es que está visto que para lograr una defensa integral de los territorios primero necesitamos reconocer cuáles son los territorios en los que se establecen esas luchas. El ideológico es quizás el más profundo de ellos. Volviendo a citar a Robert, “lo que vivimos ahora es el efecto de sueños de poder desproporcionados y de omnisciencia desencadenados de sus ataduras tradicionales. Al caer sobre la tierra como desechos, amenazan el sentido común de la gente, que es percepción de la proporción, de la escala, de la justa importancia de las cosas y de los límites de las fuerzas propias. (…) Hoy en día, este contrario de la territorialidad se llama desarrollo urbano y se enseña en las universidades como diseño arquitectónico”.
Las resistencias no cesan, no descansan y no paran de crear alternativas a estos modelos. ¿Cómo no hacerlo cuando incluso los tribunales internacionales favorecen los derechos de las trasnacionales en lugar de hacer prevalecer los derechos colectivos de los pueblos? Un rápido vistazo sobre el más importante de ellos puede aproximarnos a una conclusión: el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) fue creado en 1966 como una rama del Banco Mundial para fomentar el flujo internacional de inversiones. No será muy difícil acertar a quiénes beneficiará en las disputas.
De las falacias del neoextractivismo hay una que se sigue usando todavía hoy y no deja de llamar nuestra atención: “solo se oponen pero no proponen”. En este corto tiempo que llevamos escribiendo sobre bienes comunes hemos presentado varias propuestas (de esas que para algunæs no existen). Sin irnos muy lejos mientras en pleno siglo XXI los pequeños agricultores siguen siendo quienes alimentan al mundo, las agroindustrias -con un distorsionado discurso de fin de las hambrunas-, solo han logrado sembrar desertificación, enfermedades y especulación financiera.
Desde Grain nos recuerdan que “reencontrarnos con la agricultura como arte, como camino para la fructificación y como base de la cultura de nuestros pueblos es un desafío clave para la humanidad”. Lo que nos dignifica es nuestra capacidad de decidir sobre nuestras propias vidas cotidianas y eso es un poco lo que se proponen desde los proyectos que buscan reencontrar la armonía que alguna vez hubo entre humanidad y naturaleza. Y no hace falta evocar imágenes de taparrabos para lograr esos fines. Los huertos urbanos y la permacultura son propuestas que se están trabajando en las ciudades y que valoran ambos fines: sustentabilidad y autonomía. Un caso concreto se da en las afueras de Buenos Aires, Argentina donde se atestigua un auge de aldeas ecológicas. Ya el año pasado Boaventura de Sousa hacía un buen resumen sobre las conclusiones a las que se llegaron desde la Cumbre de los Pueblos (aquella que se dio en paralelo a la oficial Río+20). “Primero, la centralidad y la defensa de los bienes comunes de la humanidad como respuesta a la mercantilización, privatización y financierización de la vida, implícita en el concepto de ‘economía verde’. Entre los bienes comunes están el aire y la atmósfera, el agua, los acuíferos, ríos, océanos, lagos, las tierras comunales o ancestrales, las semillas, la biodiversidad, los parques y las plazas, el lenguaje, el paisaje, la memoria, el conocimiento, el calendario, Internet, HTML, los productos distribuidos con licencia libre, Wikipedia, la información genética, las zonas digitales libres, etc. (…) Segundo, el pasaje gradual de una civilización antropocéntrica a una civilización biocéntrica (…) Tercero, defender la soberanía alimentaria (…) Cuarto, un vasto programa de consumo responsable que incluya una nueva ética del cuidado y una nueva educación para el cuidado y el compartir (…) Quinto, incluir en todas las luchas y en todas las propuestas de alternativas las exigencias transversales de profundización de la democracia y de lucha contra la discriminación sexual, racial, étnica, religiosa, y contra la guerra”. Un panorama parecido se presentó este año en la Declaración de la Cumbre de los Pueblos de Santiago de Chile en la que se propuso recuperar derechos y bienes naturales, promover el paradigma del buen vivir, trabajar por la autogestión, la autoorganización y la soberanía alimentaria.
Las luchas y resistencias en las calles han sido y son necesarias para afirmarnos en los territorios. Gracias a este tipo de acciones el pueblo oaxaqueño, en México, logró detener el megaparque eólico Mareña Renovables que quería instalarse en el Istmo de Tehuantepec. Gracias a las alianzas que se tejen con medios digitales muchas de estas luchas se multiplican. En los últimos tiempos asistimos día con día a manifestaciones virtuales en apoyo a legítimos reclamos en territorios más o menos remotos (casos Dragon Mart Cancún, ciudades modelo en Honduras o Shell, culpable de contaminación en Nigeria, etc.) Pequeñas acciones, algunas que incluso vienen desde las administraciones públicas y todas ellas nos parecen bienvenidas, una vez más por la escala en la que se dan y por su replicabilidad.
Cada quien desde sus espacios de conocimiento están aportando a la construcción de alternativas posibles, deseables y palpables de sus formas de entender el Buen Vivir: ese concepto amplio y generoso del que nos gusta sentirnos parte y que incorpora pluralidad, plenitud, convivencia, armonía… Para empezar a definir(nos) siempre ayuda recordar lo que no es. Estas propuestas no son un remiendo del “desarrollo lineal e infinito”. Para Rebecca Hollender precisamente “la viabilidad del Buen Vivir viene de su capacidad de ir más allá del crecimiento económico como sinónimo, mecanismo e indicador del desarrollo y de aceptar la realidad y limitaciones físicas de los ecosistemas y el carácter finito de los recursos naturales de nuestro planeta. Su viabilidad, igualmente, viene de su capacidad de reconocer que la diversidad no solo es importante en la Naturaleza, sino en nuestras sociedades y culturas también”.
Todas las alianzas posibles son bienvenidas. Todas las complicidades también. El hecho de lograr flexibilidad y respeto como partes necesarias de la ecuación nos ayuda a construir alternativas desde lo local, vincularlo con lo regional y llegar hasta lo global. Retomando los ejemplos arriba citados, si los medios digitales llegaron para quedarse bueno será entonces que sigamos promoviendo la unión y solidaridad de esos espacios que permiten que pequeñas acciones se reproduzcan geométricamente con los altavoces de la Red. Eso y que “con un solo click” salvaremos el mundo no son sinónimos, pero tampoco creemos justo denostar estas acciones que aportan a una (tantas veces) aclamada amplificación de legítimas demandas. Hoy más que nunca están al alcance de nuestras manos. Elegir dónde y qué consumimos o qué compartimos en redes sociales son todas ellas acciones políticas que por pequeñas que sean aportan a “ese cambio que queremos ver en el mundo”.
Si volvemos a esto de los prefijos nos quedamos con las micropolíticas capaces de incidir en las macroestrcuturas para recrear alternativas vivibles.
El Soconusco de Chiapas, al sur de México, con presencia de lengua mame, repleta de ríos, manglares, tierra fértil para cultivos y minerales en su subsuelo ha sido en últimos años ubicada por empresas para instalar ahí sus grandes proyectos. Este martes campesinos mames dijeron “no permitirán ni un proyecto cuyo beneficio no les favorece al contrario es a las grandes compañías”, mientras caminaron por la ciudad con dirección al edificio de gobierno con sede en esa ciudad fronteriza.
La creación de las primeras mini- hidroeléctricas con generación de 30 mw, sobre ríos de Tapachula no beneficiarían con luz para dichos hogares por el contrario, su venta de parte de empresarios de los que se desconoce el nombre va dirigido a la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Esta es una inconformidad de las mismas comunidades de la zona alta de Tapachula, al caminar este martes durante una marcha que organizaron.
Tras el trabajo 
La Unión Europea dice querer salvar el clima con combustibles más ecológicos -y apuesta por “biocombustibles”. Anualmente se mezclan en la Unión Europea 14 millones de toneladas de biocombustibles con la gasolina y el diesel convencionales. Para 2020 serán 30 millones de toneladas, que tendrán que sustituir el 10% del combustible total.
No queremos su basura. Mujkankutik A k´aep
La agricultura, de la mano de la interacción/diálogo/crianza mutua de los seres humanos con los suelos, las semillas, la biodiversidad y el agua han sido la base la alimentación de la humanidad durante los últimos diez mil años y son esos saberes, esas semillas y esos agricultores los que hoy la siguen alimentando.
¿Por qué es la agricultura industrial una actividad extractivista? Es extractivista porque considera los suelos un sustrato inerte del que se extraen nutrientes (proteínas y minerales) utilizando tecnología y productos químicos (fertilizantes, pesticidas, herbicidas, fungicidas, etcétera).
Con cada cosecha de soja se exportan miles de toneladas de nutrientes de nuestro suelo. Según el trabajo de Adolfo Cruzate y Roberto Casas7 la soja produjo durante la temporada 2006/2007 con una producción de 47 millones 380 mil 222 toneladas una extracción de un millón 148 mil 970 toneladas 390 mil kilos de nitrógeno, 255 mil 853 toneladas 200 mil kilos de fósforo, 795 mil 987 toneladas 730 mil kilos de potasio, 123 mil 188 toneladas 580 mil kilos de calcio, 132 mil 664 toneladas 620 mil kilos de azufre, y 331 toneladas 660 mil kilos de boro.
Demandamos que se escuchen las múltiples voces que se han manifestado en contra de la siembra de maíz transgénico en Costa Rica, y que el gobierno que ustedes integran garantice el resguardo de la biodiversidad, la seguridad y la soberanía alimentaria rechazando la incursión de estos peligrosos cultivos en el territorio nacional. 
Tras siete años de fracaso continuado, las afirmaciones de la Unión Europea (UE) de que puede ‘arreglar’ su Régimen de Comercio de Derechos de Emisiones (ETS por sus siglas en inglés), ya no tienen credibilidad. Creemos que para dejar paso a medidas eficaces contra el cambio climático se debe abolir el ETS a más tardar en 2020.
–El ETS ha funcionado como un sistema de subsidios para aquellos que más contaminan. Durante las dos primeras fases del ETS (2005-2007, 2008-2012), los permisos se concedieron de modo gratuito y de acuerdo a las emisiones históricas, lo que funcionó de hecho como un subsidio para las empresas más contaminantes. La asignación excesiva de permisos permitió seguir usando las mismas tecnologías y dejó sin efecto cualquier incentivo para efectuar una transición hacia procesos de producción de bajas emisiones. Un estudio de CE Delft ha desvelado que casi todos los costes de cumplir con los objetivos del ETS se han trasladado a los consumidores. El estudio estima que los beneficios así obtenidos ascendieron a €14.000 millones entre 2005 y 2008.[vi] Los productores de electricidad también tienen la libertad de pasar el ‘coste de oportunidad’ de cumplir con el ETS a los consumidores, aumentado las tarifas eléctricas. Esto les reportó unos beneficios de entre €23 y €71.000 millones en la segunda fase.[vii] El lobby empresarial se ha asegurado de que más de un 75% de la industria manufacturera seguirá recibiendo los permisos de emisiones de modo gratuito al menos hasta 2020 (lo que quiere decir que unos €7.000 millones anuales irán a los bolsillos de las industrias contaminantes en lugar de a las arcas del Estado). Todos los intentos de terminar con esto se han dado de frente con el lobby intensivo de las industrias. En la fase III sólo el sector eléctrico tendrá que comprar los permisos en subasta, e incluso ahí se han hecho excepciones para centrales de Europa central y del este, incluyendo aquellas con alta dependencia del carbón para la generación de electricidad. Sin embargo esto no es nada sorprendente, dado que el ETS se diseñó para atraer a la industria. El gigante petrolero BP, con ayuda del gobierno británico, fue una de las empresas que presionaron a la UE para adoptar el ETS.[viii]
–Los mercados de carbono son especialmente susceptibles al fraude. Para crear unidades de CO2 que se puedan comercializar, la medición de la contaminación que ha ocurrido o no se debe llevar a cabo con medidas indirectas y otros procedimientos de cálculo poco fiables y que a menudo no se pueden verificar, prestándose a todo tipo de abusos. Además, en 2010 se desveló que un gran ‘carrusel del fraude’ le había costado al público más de €5.000 millones en Impuesto sobre al Valor Añadido (IVA) no recaudado.[xii] Un tribunal alemán encarceló a 6 personas involucradas en un fraude de €300 millones por la venta de permisos de emisión a través del Deutsche Bank, y tribunales en Londres encarcelaron a once personas.[xiii]Grandes empresas como los gigantes del acero ThyssenKrupp y Salzgitter fueron señalados como especuladores de carbono fraudulentos en diciembre de 2010, incluso cuando el Fondo Mundial para la Defensa de la Naturaleza (WWF por sus siglas en inglés), defensor de los mercados de carbono, reclamó sin éxito que ‘la UE pusiera fin al uso de compensaciones falsas’.[xiv] Unas semanas más tarde, fueron robados créditos de los gobiernos austriaco y checo, lo que llevo a suspender el mercado del ETS.[xv] La ONU también tuvo que descalificar a su principal agencia encargada de la verificación del MDL en 2009, y en 2011 tuvo que suspender a Ucrania por fraude en emisiones no declaradas.[xvi]
Insistir en intentar ‘arreglar’ un sistema que está roto desde su comienzo desvía la atención y los recursos necesarios para otras políticas justas y eficaces. Exportar el fracaso del ETS a otros países en nombre de un ‘liderazgo’ de la UE equivale a una nueva oleada de intervencionismo en los países del Sur, aumentando la deuda social y ecológica del Norte. Aunque los legisladores europeos que están preparando la revisión del ETS se inclinan por intentar ‘arreglar’ el sistema para una nueva fase post-2020, las organizaciones abajo firmantes afirman que sólo hay una opción posible que beneficie al clima: terminar de una vez por todas con el ETS.