Comer o no comer: ¿quién decide?
Como serpiente que se muerde la cola, el sistema alimentario industrial –que es el principal causante del cambio climático global– se sacude por las pérdidas de cosechas debido a intensas sequías en Estados Unidos. En algunas partes, aunque hay cosecha, no se puede usar porque por falta de lluvia las plantas no procesan los fertilizantes sintéticos y se vuelven tóxicas para el consumo. Todo está relacionado al mismo sistema industrial: semillas uniformes, sin biodiversidad, con agrotóxicos y fertilizantes sintéticos, con alto uso de transportes, energía y petróleo –por tanto gran emisor de gases de efecto invernadero– y controlado por trasnacionales.
En el caso del maíz, la escasez se exacerba porque 40 por ciento de la producción en Estados Unidos se destina a etanol, es decir, a alimentar autos en lugar de gente.
Al ser Estados Unidos uno de los principales exportadores mundiales de maíz, soya y trigo, junto al hecho de que 80 por ciento de la distribución global de cereales está en manos de cuatro multinacionales que gestionan el abasto para obtener más lucros, la baja de producción en ese país tiene efecto dominó sobre el mercado global, donde los precios de los alimentos están disparados. Además de los granos, suben los precios de aves, puercos y res, ya que más de 40 por ciento de la producción de cereales del mundo se usa como forraje para cría industrial confinada de animales. Otro absurdo del mismo sistema agroindustrial, ya que sería mucho más eficiente usar los cereales para alimentación humana y consumir menos carne, o que la cría fuera en pequeña escala con forrajes diversificados. La cría industrial confinada y masiva de animales es el origen, además, de epidemias como la gripe porcina y aviar, que a su vez generan escasez y aumento de precios, como hemos visto recientemente en México con el aumento de precio de los huevos por un brote de gripe aviar.
Los que más sufren por los aumentos de precios son los más pobres, principalmente los urbanos, que usan 60 por ciento de sus ingresos en alimentos.
Por el contrario, la veintena de transnacionales que controlan el sistema alimentario agroindustrial (de Monsanto a Wal Mart, pasando por Cargill, ADM, Nestlé y algunas más), las que controlan las semillas y pies de cría, los agrotóxicos, la compra, distribución y almacenamiento de granos (también para biocombustibles), los procesadores de carnes, alimentos y bebidas, así como los supermercados, son los responsables de las crisis, pero se han blindado contra sus efectos –trasladando las pérdidas a los productores chicos, a los consumidores y al gasto público. Para ellas, el caos climático y la escasez no significan pérdidas, sino aumento de ganancias, como sucede con las semillas, agrotóxicos y fertilizantes que se vuelven a vender, o las empresas que almacenan cereales, los acaparan y especulan vendiéndolos más caros, o los productos en supermercados, cuyo precio aumenta mucho más que la proporción al inicio de la cadena.
El caso del maíz en México es ilustrativo. Pese a que los agricultores del norte del país afirman tener 2 millones de toneladas para vender, recientemente se importaron 1.5 millones de toneladas de Estados Unidos (transgénico), y por otra parte venderá 150 mil toneladas a El Salvador y otra partida a Venezuela. Anteriormente había comprado medio millón de toneladas a Sudáfrica. Absurdo para el clima, por los transportes innecesarios, y brutal contra la producción nacional. Cuestionado, el secretario de Economía, Bruno Ferrari (anteriormente funcionario de Monsanto), se lavó las manos, alegando que es una decisión de empresas privadas.
El trasfondo, como explica Ana de Ita, del Centro de Estudios para el Campo Mexicano (Ceccam), es que en el contexto de las políticas para liberalizar la producción agrícola nacional que precedieron a la firma del TLCAN, se desmanteló la Conasupo, que equilibraba el comercio interno de maíz, entregando el mercado interno a las trasnacionales: empresas como Cargill, ADM, Corn Products International, junto a grandes porcícolas, avícolas y de procesamiento industrial de tortillas. Éstas compran a quien les convenga, sea porque es más barato o por otras razones, como comprar a agricultores con los que tienen contratos de producción en Estados Unidos.
Ese tipo de empresas –y sus ex funcionarios en el gobierno, como Ferrari– son las que afirman que hay que importar maíz, porque la producción nacional no es suficiente. Sin embargo, México ha producido en los últimos años alrededor de 22 millones de toneladas anuales, y el consumo humano es de unos 11 millones. Se usan en derivados industriales otros 4 millones de toneladas, restando aún 7 millones. Pero las empresas importan 8-9 millones de toneladas anuales adicionales, porque se usan 16 millones de toneladas de maíz en la cría industrial masiva de aves y cerdos –tambien de grandes empresas.
Si la cría fuera descentralizada y con forrajes diversos se tendría suficiente producción, sin epidemias y sin maíz transgénico de trasnacionales, con muchas más fuentes de trabajo rural. La importación de maíz a México no es necesaria, es sencillamente un negocio entre trasnacionales, condonado y subsidiado por el gobierno.
Si las políticas públicas protegieran la producción agrícola y pecuaria diversa y de pequeña escala, con semillas propias y públicas nacionales, se diversificarían los riesgos –incluso climáticos– y tendríamos producción alimentaria suficiente, accesible y de mucho mejor calidad.
«El Estado de Excepción en Honduras o sea la suspensión e los derechos y garantías como necesidad es producto de la hegemonía y ocupación militar por los Estados Unidos de América tanto para imponer las políticas de Seguridad como las de expansión del capitalismo multinacional, las relaciones de dominación de clase como las geopolíticas que se ocultan bajo el nombre de guerra contra las drogas y de prevención contra las guerrillas construidas en el imaginario social e internacional.
Jubileo Sur/Américas y la Rede Jubileu Sul Brasil, vinieron aportando desde finales de 2010 a la construcción -en conjunto con otras organizaciones y movimientos sociales- de la Cumbre de los Pueblos Río+20 por la Justicia social y ambiental, contra la mercantilización de la vida y la Naturaleza en defensa de los bienes comunes, que se realizó en la ciudad de Río de Janeiro del 15 al 22 de junio de 2012, al mismo tiempo que la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollos Sustentable Río+20, a veinte años de la Cumbre Mundial de la Tierra en 1992.
Dice la letra de un tango que “veinte años no es nada”. Sin embargo, veinte años es demasiado tiempo para soportar la conjunción de crisis que estamos viviendo a nivel global –pero que desde mucho antes sufrimos los pueblos del Sur-. Crisis financiera, económica, alimentaria, climática, energética, sistémica, civilizatoria. Una crisis que atraviesa de manera transversal todos los órdenes de la vida. Que llega a poner en peligro el futuro mismo del Planeta como pocas veces antes en la historia de la Humanidad.
Por qué es importante
En el marco del festival internacional Pachamama Kokopelli (
Como debió hacerlo desde un principio, el gobierno federal canceló el megaproyecto La Pitalla, que pretendía explotar oro a cielo abierto en la comunidad de San Antonio, distante 40 kilómetros de la ciudad de La Paz, Baja California Sur. La empresa canadiense Argonaut Gold realizaba ya trabajos de exploración en dicha comunidad, pese a que el Plan de Desarrollo Urbano de La Paz claramente prohíbe allí actividades industriales. Mientras, otra trasnacional, la estadunidense Vista Gold, quiere sacar dicho metal en la región de Concordia, enclavada en la reserva de la biosfera Sierra de la Laguna, a poco más de 30 kilómetros del pueblo mágico de Todos los Santos. Ambos proyectos han sido oportunamente cuestionados por especialistas y grupos defensores del ambiente, por los daños que causarían a la salud, los recursos naturales y el entorno en general. Destacadamente, por utilizar cianuro en el proceso de obtener el oro.
Otra empresa, esta vez canadiense, Almaden Mineral Ltd, anunció que encontró oro y plata en la sierra norte de Puebla, en tierras del poblado de San Miguel Tuligtic, perteneciente al municipio de Ixtacamaxtitlán. Los opositores a esta nueva explotación minera señalan que el gobierno del licenciado Calderón le dio en concesión a la compañía canadiense casi 90 mil hectáreas para sus trabajos de extracción. La Almaden realiza trabajos similares en yacimientos de Estados Unidos; en México en la mina Trinidad. Para una más, Caballo Blanco, en el municipio de Alto Lucero, Veracruz, se le negó el permiso. Sin embargo, intenta ganar un juicio de nulidad en el tribunal administrativo de dicha entidad que le permitiría seguir adelante con su proyecto. Si es que la población local lo permite.
Reunidos del 9 al 11 de Agosto de 2012, en la Tierra Sagrada de los Mártires de Acteal, y Sitio de Conciencia por la Humanidad, los más de 300 representantes de 50 organizaciones campesinas e indígenas, comunidades, organizaciones sociales y de solidaridad, de 18 municipios del estado de Chiapas (Pueblo Nuevo Solistahuacán, Chenalhó, Pantelhó, Chicomuselo, Cancuc, Tumbalá, Las Margaritas, San Cristóbal de las Casas, Comitán, Tuxtla Gutiérrez, Ocosingo, Chilón, Frontera Comalapa, Chamula, Simojovel, Tecpatán, Oxchuc y Tila); acompañados de corazones solidarios de Jalisco, Oaxaca, Puebla, Morelos, Distrito Federal, así como de los Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Alemania e Italia; y de invitados especiales representantes del MOVIAC de El Salvador y de Guatemala, analizamos los problemas ambientales que vivimos en los diversos puntos de la entidad.
MÉXICO, 6 ago (IPS) – Isabel Becerril acudió con unos amigos al Mercado de Trueque de la capital mexicana para intercambiar 40 kilogramos de residuos reciclables por verduras, dulces y plantas. «Es la primera vez que vengo y me gustó», admite a IPS esta estudiante, bolsa ecológica en mano.
Guadalajara, Jal., 14 de agosto. El Tribunal de lo Administrativo del Estado (TAE) declaró nulo el plan municipal de desarrollo del centro de población de Temacapulín, donde se reubicarían los habitantes del poblado del mismo nombre, desplazados por la construcción de la presa El Zapotillo, informó hoy el Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo.
Entre la información fragmentada, proporcionada por la administración Lobo, en referencia al enclave neocolonial, que pretende fundar en la costa norte de Honduras, entre la bahía de Trujillo y el río Sico, se encuentra el convenio firmado por el Estado con el emporio POSCO (Pohang Iron and Steel Company).