San Cristóbal de Las Casas, Chi. 22/05/2020|Les compartimos con mucha alegría que hemos llegado a las 25 mil firmas en la petición a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) de revocación de la concesión de aprovechamiento del agua para Femsa Coca Cola en San Cristóbal de Las Casas.
Gracias a ti son 25 mil firmas para decir fuera Femsa Coca Cola de mi cuerpo y territorio
El pasado lunes 4 de mayo se lanzo en la petición a través de la plataforma change.org a partir de la petición a CONAGUA para revocar la concesión a la refresquera que hiciera el sindico municipal del ayuntamiento Miguel Ángel de Los Santos. Diferentes organizaciones y movimientos nos pronunciamos a favor de esta petición y argumentamos el daño que ha causado a lo largo de 20 años de funcionamiento en el Valle de Jovel.
Desde 1995 la planta de la refrescadura en San Cristóbal de Las Casas empezó sus operaciones, trabajando con dos concesiones días al año y extrayendo 1.3 millones de litros diarios de aguas profundas del Valle de Jovel. Se sabe que el lapso de 1995 al 2015 se extrajeron diez mil millones de litros, lo que equivale a diez veces el cupo del estadio azteca.
Esto ha traído diversos daño a la población, cada vez los pozos son más profundos, dejando sin acceso al agua a la población aledaña a la fábrica, además provocando sequía y escasez de agua en el Valle de Jovel. Sin embargo se renovaron sus concesiones por otros 20 años, sin consultar a la población de San Cristóbal.
Aunado a esto dicha bebida provoca graves daños a la salud, como diabetes, descalcificación en huesos y dientes entre otros. Cabe mencionar que Chiapas es uno de los estados con mayor desnutrición y diabetes. A la vez de los mayores consumidores de esta bebida.
Facebook: Plataforma por el Derecho Humano al Agua en Chiapas
La población de San Cristóbal a expresado su apoyo a esta iniciativa, les compartimos algunas de las razones en voz del Valle de Jovel. #YoProtejoElAgua
Imágenes: Ilustración Fuera CocaCola Crédito: Colectivo Alter-Nativas. Infografía La otra pandemia Plataforma por el Derecho Humano al Agua en Chiapas. Imágnes #YoProtejoElAgua Área de comunicación de Otros Mundos Chiapas
A casi 20 días de lanzar una petición por la plataforma Change, donde se le pide a CONAGUA revocar la concesión de aprovechamiento de agua a Femsa Coca-Cola en Chiapas, se han logrando recaudar veinticuatro mil cuatrocientas cincuenta y cinco firmas.
En San Cristóbal de las Casas, Chiapas, la embotelladora FEMSA-Coca Cola extrae 1.3 millón de litros de agua al día de dos pozos ubicados en las faldas del cerro Huitepec, donde las comunidades carecen del vital líquido. Diferentes colectivos y organizaciones nos hemos pronunciado en contra de esta planta que aparte de extraer grandes cantidades de agua, sus productos dañan mucho la salud de sus consumidores; contienen grandes cantidades de azúcar, causando obesidad, diabetes, malnutrición, descalificación de huesos y dientes, entre otros daños y enfermedades. Ve esta infografía al respecto.
Compartimos esta nota publicada en La Jornada sobre los humedales de Montaña en San Cristóbal de Las Casas- A 12 de mayo de 2020
Por Elio Enríquez
San Cristóbal de Las Casas, Chis. Autoridades del sector ambiental de los tres niveles de gobierno y representantes del poder legislativo federal acordaron delimitar los humedales de La Kisst y María Eugenia y ubicar señalización en sitios clave, en los que se indique su importancia y las consecuencias legales que implican su invasión y relleno, para evitar que continúe su destrucción.
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), informó que lo anterior fue acordado en una reunión virtual con defensores de la sociedad civil de San Cristóbal, con el fin de “dar seguimiento a la problemática que enfrentan en la ciudad debido a la invasión y relleno de humedales de alta montaña de La Kisst y María Eugenia, ecosistemas que juegan un papel fundamental por los servicios ambientales que prestan”.
Destacó que éstos humedales “son áreas naturales protegidas por decretos estatales de 2008 y 2011, considerados en la Lista Internacional de Sitios Ramsar (zonas de reserva por su importancia internacional) desde 2012. Su superficie original era de 232 hectáreas y se ha visto reducida a 156”.
En un comunicado, la Semarnat agregó que también se convino realizar “en el menor tiempo posible una reunión con el Fiscal General del Estado y con el delegado en Chiapas de la Fiscalía General de la República”, para analizar los relacionado con varias órdenes de aprehensión pendientes de ejecutar.
Señaló que de igual forma se acordó establecer “una ruta crítica que buscará sumar a autoridades que no estuvieron presentes e integrarlas al trabajo coordinado de los tres niveles de gobierno con la sociedad civil”.
Recordó que “desde septiembre de 2019, autoridades municipales de San Cristóbal han sostenido reuniones con la Semarnat y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), para sumar esfuerzos y tratar de resolver esta situación que se presenta desde hace más de 12 años”.
En ese contexto, abundó la dependencia, “se conformó la Mesa de Atención Interinstitucional de los Humedales de Montaña de San Cristóbal de las Casas, mediante la cual se han levantado denuncias, órdenes de demolición y clausura de accesos, acciones que lamentablemente han sido violentadas”.
Precisó que en el encuentro virtual participaron representantes de la Semarnat, de la Conanp, de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), así como de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), de la Secretaría del Medio Ambiente e Historia Natural del Estado de Chiapas y, por parte del Legislativo, la diputada federal Martha Dekker, del partido Morena.
Por parte de la sociedad civil estuvieron representantes de las colonias del norte y sur de la ciudad, del Consejo Ciudadano por el Agua y el Territorio en la Cuenca Jovel, del Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos A.C., de La Plataforma por el Derecho al Agua en Chiapas, de la Red Ciudadana por el Cuidado de la Vida y la Madre Tierra en el Valle de Jovel, Educreando A.C. y Cecropia.
Actualización de la petición a 15 de mayo de 2020, se han recabado veinte mil quinientas ochenta y seis firmas pidiendo a CONAGUA retirar la concesión de aprovechamiento de agua a FEMSA-Coca Cola en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.
San Cristóbal de Las Casas, Chi. 8/05/2020| En solo tres días la petición a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) para revocar la concesión de aprovechamiento de agua para la empresa FEMSA en Chiapas alcanzó las diez mil setecientas firmas. Desde 1995 la planta de la refrescadura en San Cristóbal de Las Casas empezó sus operaciones, trabajando con dos concesiones días al año y extrayendo 1.3 millones de litros diarios de aguas profundas del Valle de Jovel. Se sabe que el lapso de 1995 al 2015 se extrajeron diez mil millones de litros, lo que equivale a diez veces el cupo del estadio azteca.
Ilustración por Colectivo Alter-Navitas
Esto ha traído diversos daño a la población, cada vez los pozos son más profundos, dejando sin acceso al agua a la población aledaña a la fábrica, además provocando sequía y escasez de agua en el Valle de Jovel. Sin embargo se renovaron sus concesiones por otros 20 años, sin consultar a la población de San Cristóbal.
Aunado a esto dicha bebida provoca graves daños a la salud, como diabetes, descalcificación en huesos y dientes entre otros. Cabe mencionar que Chiapas es uno de los estados con mayor desnutrición y diabetes. A la vez de los mayores consumidores de esta bebida.
La población de San Cristóbal a expresado porque firma y apoya la petición, les compartimos algunas de las razones en voz del Valle de Jovel. #YoProtejoElAgua
Diversas organizaciones y colectivos se han pronunciado a favor de revocar la concesión a dicha empresa: “sostenemos que el derecho al agua tiene preeminencia sobre cualquier uso comercial. Compete a la CONAGUA -como órgano del poder ejecutivo federal y elemento fundamental del Estado mexicano- la obligación de respetar, preservar y proteger los recursos naturales y esenciales para la vida y el bienestar de los y las habitantes de la ciudad”.
Imágenes: Ilustración Fuera CocaCola Crédito: Colectivo Alter-Nativas. Imágnes #YoProtejoElAgua Área de comunicación de Otros Mundos Chiapas
Pronunciamiento de la Plataforma por el Derecho Humano al Agua en Chiapas, Centro de Capacitación en Ecología y Salud para Campesinos y Defensoría del Derecho a la Salud (CCESC), Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos A.C. (CEPAZDH), Otros Mundos Chiapas A. C. Agua y Vida: Mujeres, Derechos y Ambiente A. C. Red por el Cuidado de la Vida y en Defensa de la Madre Tierra del Valle de Jovel Consejo Ciudadano por el Agua y el Territorio en el Valle de Jovel Colonia Maya – A 5 de mayo de 2019
Entre el 4 de diciembre de 1995 y el mismo día de 2015, las concesiones de agua otorgadas por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) a la compañía inmuebles del Golfo S.A. de C.V. para la fabricación de la bebida conocida como Coca-Cola, permitieron que esta fábrica extranjera durante ese lapso DIEZ MIL MILLONEZ de litros de agua; un volumen equivalente a diez veces el cupo del Estadios Azteca. Las dos concesiones que la empresa tiene fueron renovadas por otros 20 años, sin ninguna consulta a las y los habitantes de San Cristóbal de Las Casas, por lo que esta explotación ha continuado a un ritmo similar.
Cuando CONAGUA entregó la concesión a la fábrica de la empresa Femsa-Coca-Cola en 1995, el municipio tenía 116,729 habitantes. En veinticuatro años la población ha aumentado a 185,917, es decir, entre un 25 y 30%, tomando en cuenta a la población flotante. Durante este periodo las necesidades hídricas de la zona han aumentado de manera considerable. A pesar de que no existen estudios técnicos públicamente disponibles y confiables sobre la disponibilidad de los recursos hídricos del Valle de San Cristóbal y dado el incumplimiento de obligaciones de CONAGUA, entre ellos el monitoreo de los medidores, existen dudas razonables de que el ritmo de extracción de la planta de Femsa-Coca Cola sea sostenible. En contraste, una gran cantidad de viviendas e incluso hospitales enfrentan graves insuficiencias del líquido. Esta situación, fácilmente constatable para cualquiera, permite afirmar que el agua que se destina al uso industrial de la mencionada empresa pone en riesgo el abastecimiento de agua para la población actual y futura de San Cristóbal de Las Casas. Asimismo, los impactos en la salud de la población debido al alto consumo de refrescos, que hace que el estado de Chiapas ocupe el primer lugar a nivel nacional en diabetes, sobrepeso, obesidad y desnutrición, deben de ser asumidos como una prioridad del gobierno en sus tres niveles. También es importante considerar que en el momento en el que CONAGUA otorgó estas concesiones de agua, no se hacía ninguna proyección sobre los efectos del cambio climático y la importante reducción de las zonas de recarga de agua, fenómenos que afectarán substantivamente la disponibilidad de este líquido en un futuro cada vez más próximo.
Los innegables beneficios derivados de la generación de empleos (obreros, repartidores, vigilantes, personal administrativo) por parte de la fábrica de Femsa-Coca-Cola, así como los recursos que destina para el financiamiento de algunas organizaciones civiles (actividad que permite a la empresa deducir impuestos), quedan anulados y superados por los daños y riesgos que la extracción de agua produce en contra de los derechos al agua, a la salud y al ambiente sano y las necesidades de los habitantes del municipio, así como a la estabilidad de sus ecosistemas.
Por todo lo anterior, los abajo firmantes sostenemos que el derecho al agua tiene preeminencia sobre cualquier uso comercial. Compete a la CONAGUA -como órgano del poder ejecutivo federal y elemento fundamental del Estado mexicano- la obligación de respetar, preservar y proteger los recursos naturales y esenciales para la vida y el bienestar de los y las habitantes de la ciudad; así como la de hacer uso de todos los recursos disponibles, tanto jurídicos como administrativos, para proteger la vida y sus derechos, y con ello, la sostenibilidad de la misma.
Por lo anterior, vimos con agrado que el C. Lic. Miguel Ángel de Los Santos Cruz, síndico del gobierno municipal de San Cristóbal de Las Casas, asuma con responsabilidad su función de defensor del pueblo y respaldamos la solicitud a la CONAGUA para revocar la concesión de aprovechamiento de agua. Cabe mencionar que esta petición recoge el sentir de miles de habitantes de barrios y colonias, organizaciones ambientalistas y de derechos humanos, que han exigido que se adopte esta misma medida durante muchos años.
De ahí que recibamos con profunda preocupación la negativa de la CONAGUA a atender la petición del síndico De los Santos, renunciando con ello a las obligaciones que la institución tiene con la población. Es por ello que pedimos de manera contundente que el Ayuntamiento en su conjunto respalde esta solicitud a la vez que exigimos a la CONAGUA que reconsidere su postura y cancele inmediatamente la concesión de agua a cualquiera de las figuras jurídicas que utilice Femsa-Coca-Cola.
#YoProtejoElAgua #AguaSi #CocaColaNo
Firman
Centro de Capacitación en Ecología y Salud para Campesinos y Defensoría del Derecho a la Salud – CCESC Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos A.C. (CEPAZDH) Otros Mundos Chiapas A. C. Agua y Vida: Mujeres, Derechos y Ambiente A. C. Plataforma por el Derecho Humano al Agua en Chiapas Red por el Cuidado de la Vida y en Defensa de la Madre Tierra del Valle de Jovel Consejo Ciudadano por el Agua y el Territorio en el Valle de Jovel Colonia Maya
Revocar la concesión de aprovechamiento del agua a Coca cola FEMSA en Chiapas
Ayúdanos a defender el agua en San Cristóbal de Las Casas, a proteger nuestros humedales de montaña, al popoye; pez endémico de la región y a todo ser vivo en el Valle de Jovel. Por el agua es un derecho y es de todas y todos #YoProtejoElAgua.
Durante más de 20 años esta empresa refresquera Coca cola a extraído 1.3 millones de litros al día y explotado los mantos acuíferos de San Cristóbal de Las Casas. Esto ha traído diversos daño a la población, cada vez los pozos son más profundos, dejando sin acceso al agua a la población aledaña a la fábrica, además provocando sequía y escasez de agua en el Valle de Jovel.
Aunado a esto dicho bebida provoca graves daños a la salud, como diabetes, descalcificación en huesos y dientes entre otros. Cabe mencionar que Chiapas es uno de los estados con mayor desnutrición y a la vez de los mayores consumidores de esta bebida.
Durante el periodo de emergencia sanitaria por COVID-19 la empresa a seguido laborando a pesar de ser una industria NO esencial, por lo que pedimos a la Comisión Nacional del Agua la revocación de la concesión de aprovechamiento de agua en San Cristóbal de Las Casas.
¡AGUA SÍ, COCA COLA NO! #YoProtejoElAgua
Imagen: Área de comunicación de Otros Mundos Chiapas
Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA sobre la lucha por defender el agua en Chihuahua – A 24 de marzo de 2020
El pasado domingo 19 de abril, integrantes de la familia LeBarón entraron de manera ilegal a terrenos del Ejido Constitución, municipio de Buenaventura, en el Estado de Chihuahua; con el fin de conectar la electricidad para la operación de 12 pozos de los cuales pretenden extraer agua para abastecer al rancho “La Mojinia”. Cuando lxs ejidatarixs trataron de detenerlos, fueron agredidos dejando a dos jóvenes de la comunidad ejidal lesionados.
Desde hace muchos años los ejidos Constitución, Benito Juárez y Flores Magón, todos del mismo Municipio, han denunciado ante distintas instituciones, la ilegalidad en la que opera la familia LeBarón en la zona, así como las afectaciones que las comunidades están teniendo por la perforación de pozos, que ésta familia ha hecho, sin contar con los permisos correspondientes.
La escasez de agua en viviendas y escuelas ha llevado a lxs ejidatarixs a acudir a la Conagua, Semarnat, Profepa, PGR, entre otras instancias, para que se abra una investigación sobre las irregularidades en que han incurrido miembros de la familia LeBarón, quienes aseguran tener documentos de la concesión de un pozo de agua y que de acuerdo a las comunidades ejidales ese documento es un traspaso que se hizo de forma ilegal.
La familia LeBarón tiene interpuestos dos amparos (280/82018 y 294/2018 radicados, en el Primer y Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, respectivamente); por la negativa de la Conagua de otorgarles permiso para abrir más pozos. El caso llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien emitió una resolución donde los recursos de reclamación de Joel LeBarón son infundados.
El día 22 de abril del presente la Conagua lanza un comunicado en relación a los acontecimientos del domingo 19. El comunicado claramente dice “Esta Comisión no ha autorizado la perforación de pozos nuevos en beneficio de Joel LeBarón ni de sus familiares, particularmente en el predio denominado Rancho La Mojina”. https://www.gob.mx/conagua/prensa/la-conagua-no-ha-autorizado-la-perforacion-depozos-nuevos-en-el-rancho-la-mojina-en-chihuahua-240802?idiom=es
Por su parte la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a través del Ing. Antonio Luna Mendoza declaró ante la prensa el 22 del presente que; “Julián LeBarón no cuenta con el permiso definitivo, ni autorización para que terceros instalen la red eléctrica de los pozos en La Mojina.”
El compañero Joaquín Solórzano, representante de el Barzón y miembro de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA), en una entrevista con Carmen Aristegui señala que en el supuesto de que el pozo que está operando en el predio “la Mojina” fuera legal, sólo podría regar 19 hectáreas y no las 300 hectáreas que los LeBarón tienen sembradas de nogales, además de que estos cultivos son ilegales pues no cuentan con la autorización de cambio de uso de suelo por parte de la Semarnat.
Así mismo recordó que a causa de este mismo conflicto han sido asesinadxs lxs compañerxs Manuelita Solís, Ismael Solorio, Alberto Almeida, Ramón Hernández Nevárez y su hijo Anselmo Hernández Andujo.
Desde la REMA exigimos al Primer y Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, que se resuelvan ya los amparos 280/82018 y 294/2018, basándose en el principio pro-persona, para que este conflicto sea resuelto y la familia LeBarón deje de seguir operando con total impunidad.
¡BASTA DE ARREBATAREL AGUA A LOS PUEBLOS! ¡BASTA DE SEGUIR VIOLENTANDO A LAS Y LOSDEFENSORES DELAGUA!
Firma
RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOSPOR LA MINERÍA (REMA)
Compartimos esta nota publicada en Chiapas Paralelo sobre la exigencia que la refresquera salga de San Cristóbal en marco de la movilización nacional para impulsar la Iniciativa de Ley Ciudadana del Agua – A 5 de Febrero de 2020
Por Andrés Domínguez
Alma Rosa Rojas, integrante del Consejo Ciudadano por el Agua y el
Territorio, afirmó que la empresa FEMSA-Coca Cola ha visitado diversos
municipios en los últimos meses con la intención de identificar
afluentes de agua; materia prima para la producción de refrescos
embotellados.
En el marco de la movilización nacional para impulsar la Iniciativa
de Ley Ciudadana del Agua, la ambientalista comentó que ese esfuerzo
busca garantizar el derecho humano al agua bajo principios de equidad y
sustentabilidad, por ello, esta lucha se ve clara en San Cristóbal con
el control del vital líquido de la empresa, así como en otros sitios que
requieren grandes cantidades para minería, agroindustria, empresas
lecheras, cerveceras y refresqueras.
“Esta iniciativa de alguna manera demuestra esperanza, hay muchos colectivos, pueblos y organizaciones que buscan acercarse al agua y no permitir que sea CONAGUA, sino la federación quien detalle los procesos de aprovechamiento. Se está dejando a la gente sin agua” explicó.
En este contexto, Rosa Rojas afirmó que FEMSA-Coca Cola mantiene un
permiso de extracción de un pozo profundo hasta el 2030. Sobre el
aprovechamiento, Otros Mundos, ha señalado que la empresa extrae 1.3 millones de litros al día de San Cristóbal de las Casas.
En diciembre pasado, Colectivos y Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio en México
se pronunciaron en contra de otorgar a la empresa Coca-Cola el derecho
de explotar un tercer pozo en Chiapas, así como no organizar consultas
simuladas y manipuladas sobre megaproyectos. Sin embargo, la propia empresa desmintió tal intención.
“Coca Cola gestionó un permiso para perforar, pero la
idea era saber si el acuífero tenia agua, eso fue lo que nos dijeron vía
solicitudes de transparencia. Si se autorizó la perforación, pero era
solo para ver los niveles” ahondó sobre este punto la activista.
Además, Rosa Rosa comentó que en los últimos dos o tres años, la
empresa ha buscado otros sitios para encontrar mantos acuíferos, tal es
el hecho de la Laguna de la Candelaria, en San Cristóbal de las Casas.
“Es una laguna sagrada, varias comunidades, incluso
Huixtán y Tenejapa se abastecen de ella, llegó la empresa pero la gente
se organizó” mencionó.
Hace unas semanas, por el municipio de Marqués de Comillas, en el
corazón de la Selva Lacandona, se documentó que la empresa realizó el
mismo sondeo, sin embargo, los pobladores no le permitieron la entrada.
Por último, la activista reconoció que si bien la demanda por la salida de la empresa no es de todo el municipio de San Cristóbal, ya que existe una fuerte demanda por el consumo e interés que se trastocan. “Somos grupos sensibles, buscamos se le retire la concesión por el daño que implica la extracción” finalizó.
Fotos: Un grupo de San Cristóbal de las Casas se manifestó a las afueras del Senado de la República para exigir la salida de la empresa. 4 de febrero 2020
N.
del Editor: esta nota fue actualizada el miércoles 15 de noviembre con
una carta de FEMSA y Bio Pappel, con la respectiva aclaración de la
reportera.
Un mapa realizado por la Coordinadora Agua para Todos con datos del
Registro Público de Derechos de Agua (REPDA) muestra un enjambre de
descargas de aguas residuales sin permiso de norte a sur de México en 5
mil pozos y 455 tomas, por parte de empresas de bebidas, alimentos,
higiene, construcción, minería, textiles y otros sectores.
Ante la falta de supervisores suficientes de la Conagua, sin datos
fiscales de los concesionarios para rastrearlos, y la “debilidad” de la
Ley de Aguas Nacionales, “están envenenando” los ríos, lagos y acuíferos
del país, dijo a este diario digital la investigadora Elena Burns.
Ciudad de México, 14 noviembre (SinEmbargo).– En el pueblo náhua Santa Cruz Huitziltepec, del municipio de Molcaxac al sur de Puebla,
cerca del río Balsas, están preocupados porque no alcanzan a pagar la
tarifa industrial por derecho al uso de un pozo, cobrada por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), órgano que por otro lado ha permitido a las industrias la descarga de aguas residualessin permisos ni cobro de derecho, documenta la Coordinadora de Agua para Todos.
“En Santa Cruz, un pueblo de 1,608 personas, la Conagua
les está exigiendo que paguen el derecho a usar el pozo cuando no
deberían por ser una población rural con menos de 2 mil 500 habitantes”,
expuso Elena Burns, integrante de esta coordinadora conformada por
pueblos originarios, investigadores, organizaciones y sistemas. “Después
de sufrir discriminación, para muchas comunidades el control sobre su
propio sistema de agua es de un valor profundo”.
En una carta enviada a SinEmbargo y firmada por el
Alcalde de Molcaxac, Félix Huerta Medel, se expone que es un asunto de
más de seis años del ámbito federal, entre la Asociación Pro Perforación
de Pozo Santa Cruz y la Conagua. Esta asociación civil y un Comité de
Administración obtuvo la concesión con número de permiso 21000513.
El Comité de Mantenimiento y Operaciones de la comunidad cobra 20
pesos mensuales por el acceso al agua, instala tomas y realiza los
cortes a deudores. Pero también debe cobrar a los habitantes 150 pesos
trimestrales, para pagar las deudas que se tienen con la Conagua por el
derecho al pozo.
La Conagua, de acuerdo con la Coordinadora Agua para Todos, les negó
registrar su pozo como uso público-urbano bajo el argumento de que la
Ley Nacional de Aguas solo lo permite a nivel municipal, y Santa Cruz
Huitziltepec es poblado y se le cobra como uso industrial.
“Existen multas de la Conagua por ‘la mala administración
del pozo de agua potable’. Se desconocen cifras ya que, a pesar de que
el Ayuntamiento de Molcaxac solicitó esa información, a través de la
Sindicatura Municipal, la Conagua no nos pudo proporcionar esos datos,
bajo el argumento de que ‘pertenecen a una Asociación Civil’”, dice la
misiva del Alcalde.
Eugenio Barrios Ordóñez, Subdirector General de Administración del
Agua de Conagua, comentó a Agua para Todos que aunque lo están
trabajando, “el obstáculo legal” es que la modificación de la Ley de
Aguas Nacionales estableció las asignaciones para uso público-urbano
exclusivamente para los municipios.
En octubre, Barrios destacó en entrevista con SinEmbargo
que por el decreto presidencial publicado el 1 de julio en el Diario
Oficial de la Federación (DOF) “se protege el agua para consumo humano,
en especial para las comunidades marginadas y grupos originarios”.
Pero Elena Burns, de Agua para Todos, afirmó que no
ocurre con pueblos indígenas como el del sur de Puebla. “No puedo más
que explicarlo por el racismo. Y lo sabe Eugenio”, comentó.
Antes de la Ley de Aguas Nacionales, solo se otorgaron 2 mil
concesiones en todo el país de 1917 hasta 1992, documentó. De 1992 a la
fecha, van más de 500 mil concesiones para diferentes usos.
“El desastre que estamos viviendo con el agua en el país
tiene que ver con las tremendas debilidades que existen en la Ley de
Aguas Nacionales (1992). Su función fue poner las aguas nacionales a la
disposición de particulares a través del sistema de concesiones, y son
objeto de compra y venta. A esto se ha dedicado la Conagua, que no ha
tenido ninguna voluntad política para proteger las aguas de la nación y
los bienes nacionales inherentes”, consideró Burns.
DESCARGAS SIN PERMISO
Del norte al sur del país, de Tijuana a Tapachula, en 5 mil 964 pozos
industriales y 455 tomas de aguas superficiales para uso industrial no
se cuentan con permisos de descarga a pesar de que lo obliga la Ley
Federal de Derechos, de acuerdo con los datos de Agua para Todos y el
Registro Público de Derechos de Agua (Repda) de Conagua. Con ello se
evitan inspecciones y el cobro de derechos a diferencia del caso del
poblado náhua Santa Cruz Huitziltepec de menos de 2 mil habitantes.
Las concesiones sin permisos de descarga de aguas subterráneas para
uso industrial están registradas de enero de 1994 a abril de 2019, y las
de aguas superficiales de noviembre de 1993 a enero de 2019.
“He hablado con funcionarios de la Conagua y esto es en
parte porque no se exige la información fiscal al dar la concesión,
entonces no tienen manera de rastrear y saber quién es y cómo cobrar los
derechos de agua y vigilar los permisos de descarga”, dijo Elena Burns,
de la Coordinadora Agua para Todos.
Como muestra la tabla por estados, entre las empresas locales y
globales que descargan sin permiso aguas residuales en ríos, lagos y
acuíferos de las diferentes regiones del país, figuran la Cervecería
Cuauhtémoc, Cervecería Modelo, Tequila Cuervo, Sigma Alimentos, Herdez,
Pilgrim’s Pride, Lala, Santa Clara, Sabritas, Barcel, Unilever, Procter
& Gamble, Kimberly Clark, Nestlé, Embotelladoras de FEMSA-CocaCola
(su carta se publica al final de esta nota), Jugos del Valle
(Coca-Cola), Bonafont (Danone), Electropura, Gamesa, Rotoplas y Cemex.
Al respecto, Nestlé de México aclaró a SinEmbargo que “no tiene operaciones en Tlaxcala”, como se indica en la tabla de datos oficiales.
También lo hacen las estatales Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), a través de la refinación, producción y termoeléctricas, así como Iberdrola y Exxon Mobil, de acuerdo con Agua para Todos.
“Tenemos una impunidad terrible. Están envenenando los
ríos, los lagos y acuíferos del país. Estamos en una carrera hacia el
colapso por el manejo de las aguas superficiales y las
subterráneas”, alertó Elena Burns de Agua Para Todos. “La propia Conagua
admite que el 60 por ciento de las aguas superficiales están seriamente
contaminadas”.
La Ley de Aguas Nacionales solo exige tramitar permiso de descarga,
si las aguas residuales desembocan en aguas nacionales o infiltran al
suelo. Pero el artículo 276 de la Ley Federal de Derechos expone que las
personas físicas o morales que descarguen aguas residuales en ríos,
cuencas, cauces, vasos, aguas marinas y demás depósitos o corrientes de
agua están obligados a pagar el derecho por uso o aprovechamiento de
bienes del dominio público de la Nación.
“No solo no exigen que tengan permisos de descarga, sino
que menos del 5 por ciento de los concesionados obligados a pagar
derechos por usar aguas nacionales, pagan”, expuso Burns de acuerdo con
datos de la Auditoría Superior de la Federación.
“La única excepción sería que estén descargando en los sistemas de
drenaje de los municipios, que tienen su manera de controlar las
descargas. Pero cuando una industria tira su agua a través de la
Conagua, no hay control en los municipios ni en las grandes ciudades.
Las industrias están descargando sus aguas sin permisos, sin
tratamiento”, aseguró Burns.
“Hay fábricas que descargan drenajes en canales de riego y
las mineras no se molestan en obtener permisos de descarga, aunque
están infiltrando sus aguas muy contaminadas de presas de jale”,
reiteró.
En Sonora, la minera María, unidad de Frisco propiedad del empresario
más rico del país, Carlos Slim Helú; la minera Buenavista del Cobre, de
Grupo México del segundo millonario, Germán Larrea Velasco, así como
las mineras del cuarto empresario más rico del país, Alberto Baillères,
la Penmont (de Fresnillo) y Peñoles, no cuentan con permisos de descarga
luego de “lavar” los minerales en agua, muestran los datos de Agua para
Todos y Conagua.
Burns explicó que también parte de la “impunidad” se debe a que solo
hay 85 inspectores de la Conagua para vigilar las más de 500 mil
concesiones de agua otorgadas de 1992 a mayo de 2019 para los diversos
usos, incluyendo el industrial.
“Actúan como si la responsabilidad en cuanto al manejo de
aguas nacionales solo fuera otorgar la concesión relacionado con el
punto de toma o del pozo”, dijo Burns.
CARTA DE FEMSA A SINEMBARGO
Coca-Cola FEMSA informa
En relación a la nota publicada por la periodista Dulce Olvera
titulada “De norte a sur, empresas vierten aguas residuales sin permiso
de la CONAGUA: FEMSA, LALA, Nestlé…”, la empresa expresa:
Que sus plantas de producción cumplen con los requisitos vigentes
necesarios para descargar de forma legal y en cumplimiento con los
permisos, licencias y concesiones vigentes emitidos por CONAGUA para
realizar esta actividad.
Que el uso y tratamiento del recurso se realiza en apego a los
estándares y normas establecidos por autoridades ambientales,
municipales, estatales, federales e internacionales.
Que las unidades operativas han sido certificadas por la Procuraduría
Federal del Medio Ambiente con los distintivos Industria Limpia y
Excelencia Ambiental, por el cumplimiento y superación de políticas y
compromisos de conservación y preservación ambiental.
Que cumple con el pago de cuotas y tarifas establecidas por la
CONAGUA, así como por la Ley Federal de Derechos Art. 276, para el uso,
tratamiento y descarga del recurso nacional.
Que es una empresa 100% mexicana comprometida y colaborativa con la sostenibilidad del medio ambiente del país.
Coca-Cola FEMSA reitera su apertura y disposición de aclarar los
cuestionamientos que se le imputan en un marco veracidad, transparencia y
colaboración, para un entendimiento mutuo.
CARTA DE BIO PAPPEL A SINEMBARGO
RESPUESTA DE LA PERIODISTA DULCE OLVERA
Cualquier concesión otorgada por la Comisión Nacional de Agua
(Conagua) que no sea para uso agrícola debe de obtener un permiso de
descarga de agua residual, incluyendo el uso industrial. La única
excepción es si descargan en un sistema municipal.
Después de que la Coordinadora Agua para Todos rastreó todas las
concesiones dadas a personas físicas y morales para uso industrial halló
los sitios donde no hubo permiso de descarga en nombre de esta persona
física o moral, lo cual se representa en el mapa.
En el caso de FEMSA, un título de concesión es a través de “Servicios
Refresqueros del Golfo y Bajío” en Tlaxcala, Veracruz, Michoacán y
Guanajuato. En el caso de Bio Pappel, mencionan su título de concesión
sin el número de permiso que dicen tener.
La Conagua, resalta Agua para Todos, no tiene un sistema para verificar y para vincular la concesión con el permiso de descarga.
“Puede haber empresas que estén cumpliendo con el permiso de
descarga, pero no se detecta en el rastreo porque tiene su título de
concesión registrado bajo una persona moral y su trámite de descarga
bajo otro nombre de otra persona física o moral. Pero lo que se busca
demostrar con el mapa es que la Conagua no tiene control frente a la
contaminación masiva e impune de las aguas nacionales”, dijo Elena
Burns, investigadora de Agua para Todos.
Como resultado del Conversatorio de Otros Mundos A.C. del mes de mayo sobre la problemática del agua en San Cristóbal de las Casas, les compartimos este audio donde Angélica Shennerock, de Agua y Vida e integrante de la Plataforma por Derecho Humano al Agua en Chiapas, nos explica algunas de las problemáticas socio-ambientales en San Cristóbal respecto al agua.
“Bueno el tema del agua, siempre ha sido importante, ha sido un tema complejo aquí en San Cristóbal ultimaste, y en los últimos 3 años se ha empeorado de una manera dramática, muy fuerte.
Entonces me gustaría empezar recordándonos que aquí en san Cristóbal ha aumentado vertiginosamente la población en los últimos años, tenemos hoy aproximadamente 250 mil personas, incluyendo a las y los turistas que nos visitan que se quedan acá un rato, a las personas que hemos migrado de otros países y estados.
Entonces voy a dividir mi participación en dos partes, la primera voy a hablar de las problemáticas socio-ambientales desde una perspectiva activista y feminista.
Así que primera problemática socio-ambiental que percibimos como Plataforma por el Derecho Humano al Agua en Chiapas tiene que ver con la destrucción de los cerros. Es muy complejo el tema pero identificamos en los últimos años dos elementos claves: uno la deforestación; la tala ilegal de manera y todo eso que ustedes también conocen, pero también las invasiones sobre todo en la reserva Quenvo Cuxtitali y en la reserva Gertrudis Dubis, son invasiones donde no se han tomado medidas, a nivel municipal no se han atendido las demandas de la población con respecto a las invasiones de estas reservan, que han generado también conflictos amenazas hostigamientos e incluso el uso de armas de fuego, es algo muy grave. Entonces la reforestación, la destrucción de los cerros por la deforestación, las invasiones y por la minas de grava y arena.
Otro problema sería la destrucción de los humedales, que identificamos como 3 elementos más importantes: que es el relleno; la pavimentación; todas las construcciones que han ocurrido encima de la zona de humedales acá, no solamente María Eugenia o la Kist si no en los demás que han existido. Los drenajes clandestinos que llegan a los ríos, a los arroyos, que el agua va y la mente en medio del humedal. Y el exceso de basura, de aceites, animales muertos, todo lo que vemos en sólido y también líquido, que contribuyen con la contaminación muy grande de los humedales y que afecta todo el equilibrio que sucede ahí. El humedal no es un charco, no es un montón de agua, es un ecosistema vivo que tiene una dinámica propia, que tiene en el caso de San Cristóbal el pez endémico el Popoyote, alguna rana endémica también, las aves migratorias, es decir hay todo un sistema de vida que se altera, algunos insectos también dependen de él.
Como otra problemática socio-ambiental son las prácticas no sustentables de ahorro y cuidado del agua. Y las percibo desde 3 ámbitos, uno los negocios (los hoteles, restaurante),las viviendas particulares y el municipio. ¿A que me refiero con prácticas no sustentables del agua que se convierte en una problemática socio-ambiental? Pues las tuberías rotas, los goteos, el derroche, el no saber ahorrar, captar, optimizar un uso sustentable del agua en esos 3 sectores sociales.
Y finalmente el saqueo y la privatización del agua por el medio de la venta de agua por las pipas, que extrae el agua a veces de manera ilegal de los humedales y se vende el agua sucia, asquerosa a las personas a las viviendas por 300 hasta 500 pesos. Y finalmente el saqueo y la privatización que se realiza desde la refresquera Coca-Cola y sus concesiones de agua.
También identifico otras problemáticas que están relacionadas, que son los conflictos, estas problemáticas han generado una serie de conflictos, hay la problemática de la desinformación de la población en general, hay una problemática que aún estoy identificando desde Agua y Vida que son las percepciones culturales del agua; en los taller que hacemos en colonias y comunidades con mujeres cuando estamos analizando el agua el tema es ¿de dónde viene el agua? No pues quien nos manda el agua es dios, el agua tiene una perspectiva socio-cultural inclusive cae del cielo, de Dios que se supone que este en el cielo. Hay una percepción muy difícil de politizar como quien manda el agua es Dios, cuando hay sequias, granizadas, o viene la tromba o huracanes Dios nos está castigando, es decir esa percepción cultural dificulta la politización y la percepción de agua como un derecho humano. Y por último las agresiones, calumnias, chantaje, amenazas y la difamación que se nos ha hecho a las personas que buscamos defender el agua y el ambiente aquí en San Cristóbal. Difamaciones, chismes y decir que lo que decimos es mentira, cuestionar la información que tenemos, sin comentar a las personas que si fueron amenazadas con armas de fuego.
Serían estas las problemáticas socio-ambientales principales que identificamos desde el activismo ambiental, ecofeminista desde el caso de Agua y Vida. Y entendemos que estas problemáticas se relacionan con una problemática mayor o tienen su causa en una problemática mayor que es la indiferencia gubernamental en los 3 niveles; en municipal, estatal y federal. Es decir no existe un compromiso con el gua como un derecho humano, un compromiso serio; ustedes acá saben que cada sexenio se cambia todo, se muda, se hacen promesas o sea hay una total indiferencia gubernamental, una falta de compromiso en percibir el agua como un derecho humano.”
Foto: Ángelica Shennerock 7 de mayo de 2019, en el conversatorio: “¿AÚN TENEMOS AGUA EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS? Análisis de la problemática del agua a nivel local”, CIMSUR-UNAM.
INTRODUCCIÓN: Política pública y derecho fundamental al agua en América Latina y el Caribe
Durante los últimos años, Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC) ha construido reflexiones nacionales y en la región sobre el tema del agua, los riesgos de privatización, mercantilización y financiarización a la que se le expone, y también las luchas y estrategias de nuestros pueblos para enfrentar estas amenazas. En este sentido, y entre otros esfuerzos, en el 2016 se presentó el Informe: Estado del agua en América Latina y el Caribe, donde se caracterizó los crecientes conflictos en la región, que afectan la posibilidad de agua para los pueblos, producto de la destrucción de las fuentes hídricas y el despojo de los territorios. Adicionalmente, se compartieron diferentes propuestas sustentables desde las organizaciones y procesos sociales latinoamericanos para la defensa y protección del agua.
En esta línea de reflexión, y en aras de una mirada holística sobre la región, el presente documento -Política pública y derecho fundamental del agua en América Latina y el Caribe- entrega una serie de resúmenes de política –policy briefs– que exponen las razones fundamentales para adoptar alternativas de política pública en cada uno de los países participantes. Estas propuestas son el producto de un ejercicio realizado durante el último año (2017-2018) en 10 países: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México y Uruguay. En cada uno de ellos se caracterizó de forma sucinta las formas en que se adelantan las políticas del agua en cada gobierno, y presentan las propuestas alternativas de política pública, la mayor parte de ellas lideradas por amplios escenarios de articulación popular, consideradas como condiciones necesarias para la defensa del agua y el reconocimiento del derecho fundamental.
Sería imposible comprender estos textos de política sin tener en cuenta la restauración conservadora del modelo neoliberal que se ha producido en aquellos países donde se habían logrado avances con relación al derecho humano al agua, al instalarse gobiernos de derecha y neoliberales; en dichos países la ofensiva privatizadora y mercantilizadora es brutal concretando retrocesos o generando amenazas de retrocesos en la materia. En particular, porque los gobiernos de derecha siguen profundizando una política orientada por agentes corporativos trasnacionales e instituciones financieras, perspectiva iniciada en los años 90ª, y promoviendo modelos de privatización, mercantilización y financiarización del agua.
No es necesario señalar el sistemático fracaso que ha resultado de estas políticas para asegurar la disposición de agua en cantidad y calidad suficientes a las poblaciones, y para amparar la implementación del derecho fundamental. No obstante, este nuevo escenario político fue antecedido por gobiernos progresistas, marcado por un periodo de re-democratización de los regímenes políticos, que entre otros factores, abrieron nuevamente el debate en torno al Estado y sus funciones. De esta manera, estos gobiernos de principios del siglo XXI permitieron incluir en la agenda política y social la necesidad de la intervención en la economía y, sobre todo, reflexionar sobre el fuerte rol que representan como promotores de la agenda de derechos.
En este contexto, es posible interpretar los resúmenes de política, principalmente, bajo tres tendencias:
1) aquellos que intentanpotenciar capacidades instaladas en torno al derecho fundamental al agua;
2) otros que enfrentan las regresiones antidemocráticas que intentan desmantelar los derechos alcanzados;
3) aquellos que presentan propuestas alternativas frente a una continua perspectiva neoliberal en los gobiernos.
En términos generales, la principal crítica a las políticas públicas sobre el agua en la región se debe a la debilidad sistémica de los Estados para garantizar el derecho fundamentala agua. Recordemos que en varios países ya se reconoce explícitamente en sus constituciones el Derecho Humano al Agua; en algunos a pesar de no ser reconocido, se incorpora este derecho a través de otras leyes, como puede ser la de recursos hídricos, y en otros países el derecho es refrendado por compromisos internacionales, o se concede su existencia en niveles jurisprudenciales y provinciales. En contraste, en casi la totalidad de países, el régimen concesional de las aguas se comporta bajo un modelo de privatización que niega este derecho. En unos países, más acentuada que en otros, el agua tiene una administración corporativa, es priorizada para actividades extractivas y concedida para la extranjerización del bien común y la limitación del acceso en pocas manos. En este escenario, se reduce metódicamente la influencia de las entidades estatales en el manejo, regulación y cumplimiento de las normas, como el deber de la institucionalidad de ser garante del derecho fundamental al agua.
Dentro del análisis del nuevo embate neoliberal, se analizarán nuevos proyectos de ley para el despojo que profundizan numerosas deficiencias de las políticas públicas o que intentan desmontar los avances alcanzados por las luchas populares en los países. Algunas de las deficiencias descritas son: i) la enorme dispersión y superposición normativa; ii) un deficiente acceso a la información sobre la situación del agua; iii) desconocimiento de los valores de gestiones ancestrales y comunitarias; iv) desconocimiento de los derechos campesinos e indígenas en el marco de su derecho al consentimiento previo, libre e informado; y v) ausencia de mecanismos e instancias de participación en los procesos de toma de decisiones.
Ahora bien, el objetivo del presente documento consiste en presentar las propuestas surgidas desde los movimientos sociales, las organizaciones y alianzas populares, que van desde articular el derecho fundamental al agua con nuevas propuestas para la promoción de la agroecología y la soberanía alimentaria, la protección y defensa de triunfos populares como la ley de glaciares, la organización popular rural y, sobre todo, la que se está gestando en las ciudades, la implementación de alternativas sustentables que promuevan el suministro de agua a las poblaciones con mayores problemáticas, hasta la construcción de proyectos de ley y principios rectores que consoliden las iniciativas populares en torno a la defensa del agua. Al respecto de este último punto, y aunque la mayoría de propuestas se han presentado en escenarios adversos de corte neoliberal -lo que ha limitado sus avances-, los proyectos de ley y principios han estimulado la convergencia de organizaciones y han desencadenado la movilización de la sociedad. Así, la lucha por el agua se ha convertido en un eje articulador de las luchas sociales y ambientales, haciendo frente al modelo de despojo.
En este documento también se hallará una voz al unísono para radicalizar la democracia, entendida como un fortalecimiento de los mecanismos de participación que permitan una real participación de los pueblos en los procesos de toma de decisiones en torno a la gestión y control del agua, y sistemas más colectivos y descentralizados de dicha gestión y control. De este modo, el esfuerzo de los movimientos sociales para que sean escuchadas las voces históricamente acalladas cataliza la movilización de la sociedad, la creación de nuevos discursos sobre la relación ser humano y vida no humana -naturaleza-, la emergencia de nuevos actores y alianzas sociales, dentro de una voluntad férrea por profundizar la democracia.
En este documento encontrarán 10 resúmenes de política que fortalecen la implementación de políticas públicas para el cuidado y la protección del derecho fundamental al agua. Adicionalmente, en el marco del ejercicio realizado como ATALC, presentamos un artículo y una declaración elaborada de forma conjunta, que expresa el posicionamiento internacional en el escenario del Foro Alternativo Mundial del Agua acaecido entre los días 17 al 22 de marzo del 2018 en Brasilia – Brasil.
Esperamos que la lectura y comprensión del presente trabajo sea un importante insumo para la construcción de sociedades sustentables y estimule la creación de nuevos caminos en la reflexión y luchas por las aguas.
Todos y todas necesitamos agua para vivir. Las empresas extractivas también necesitan agua para llevar a cabo sus proyectos de producción industrial en los territorios urbanos, campesinos e indígenas. En San Cristóbal de las Casas, Chiapas, por ejemplo, la embotelladora FEMSA-Coca Cola extrae 1.3 millón de litros de agua al día de dos pozos ubicados en las faldas del cerro Huitepec, donde las comunidades carecen del vital líquido. Equivale a 65,000 garrafones de 20 litros.
En la comunidad de Ribera Cahuaré, municipio de Chiapa de Corzo, en medio del Área Natural Protegida del Cañon del Sumidero, está funcionando desde el año 1963 una mina de cal operada por Cales y Morteros de Grijalva S.A. de C.V., que requiere cada día 177,500 litros de agua, es decir 8,875 garrafones. Además, contamina el aire con polvo tóxico enfermando a la población y fractura las paredes del Cañon por estar usando materiales explosivos.
En 2017, el pueblo zoque logró parar 12 pozos de extracción de hidrocarburo en los que se pretendía recurrir al método de la fracturación hidráulica (o fracking). Fue una gran victoria para el agua en Chiapas ya que el fracking requiere entre 9 y 29 millones de litros de agua por pozo, según la Alianza Mexicana contra el Fracking, y cientos de agentes tóxicos para funcionar.
