Compartimos comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA apropósito de lo acontecido en recientes días en Morelos con defensores de la vida por el Proyecto Integral Morelos – A 25 de noviembre 2020
De madrugada, tal cual lo hicieran decenas de veces los gobiernos anteriores, se presentó la policía del presidente López Obrador, la Guardia Nacional (GN), para implementar el desalojo violento de las y los que de forma estoica permanecían en el plantón de Apatlaco, con el cual mantenían detenida la culminación de la Termoeléctrica de Huexca y el Proyecto Integral de Morelos (PIM).
La acción concluye con la destrucción del corazón de quienes hace algunos años, creyeron que en AMLO habría alguna diferencia significativa comparada con los gobiernos anteriores. El amanecer no puede ser más que elocuente y evidente. AMLO mintió en campaña y continúa mintiendo como Presidente de la República. Seguro saldrá en su programa mañanero a decir que no, pero es igual o peor que los gobernantes anteriores, porque de los anteriores ya sabíamos a qué atenernos, pero de AMLO había un ligero sabor a esperanza que esta madrugada del 23 de noviembre ha quedado sepultada.
Efectivamente, hoy el despiadado desalojo de la GN ratifica que, el discurso de “primero los pobres” dictado hasta el cansancio por AMLO, no es más que una persistente hipocresía de un presidente que se piensa divino y por ello intocable a causa de una legitimidad artificial que ha sido mediatizada hasta el cansancio incluso por medios de comunicación que antes daban equilibrio a una mejor opinión pública.
AMLO tiene incendios por todas partes; sin embrago, solo sus fanáticos continúan sin mirar el cambio prometido no llegará, pero si continuara la violencia, la desregularización, los mega proyectos y la imposición desde el poder, a través de sus operadores políticos quienes se ajustan y acomodan alrededor de él, porque tienen miedo de contrariarlo y atrever a decirle que sus decisiones políticas están más cercanas al pasado que a un futuro distinto.
Habrá que preguntarle a AMLO y a su reluciente GN; ¿Que ha pasado con la investigación que derive en terminar con la impunidad por el asesinato del compañero Samir?
AMLO es decepción creciente para las y los movimientos en resistencia por la defensa del territorio, de la comunalidad y en contra de cada uno de los mega proyectos que se venían impulsando, así como los ahora promovidos por el presidente de la República que en algún momento se pregonaba era la esperanza de México.
Durante el operativo, seguido de la GN llegaron las máquinas y los trabajadores para reiniciar los trabajos del acueducto y comenzaron a colocar paredes de láminas para evitar el libre tránsito y el derecho de defensa y manifestación de los 17 de los ejidos y comunidades quienes han impulsado procesos legales ante la falta de imparcialidad de los Poderes de la Unión, además de solicitar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos atienda el caso bajo el expediente de solicitud de medidas cautelares MC-1056-20.
Desde REMA denunciamos este nuevo agravio contra los pueblos de Morelos que resisten en contra de la falsa visión de progreso y desarrollo, a quienes abrazamos en solidaridad y los exhortamos a continuar la lucha.
AMLO, que legos estas de aquella frase “Nunca daré una orden para reprimir al pueblo , y, sin embrago, que cerca te encuentras de los gobiernos anteriores.
Compartimos esta nota publicada en La Jornada sobre la reapropiación de sus tierras en Atenco- A 22 de octubre de 2020
Javier Salinas Cesáreo, corresponsal
San Salvador Atenco, Méx. Integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) de San Salvador Atenco comenzaron a romper los bordos del cauce del río Xalapango para inundar parte los terrenos donde se construyó la autopista Pirámides-Texcoco, que conformaba parte de la infraestructura del cancelado Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), y así devolverle su vocación hídrica a la zona.
El río Xalapango, que nace en la parte alta de Texcoco y desembocaba a la laguna Xalapango, parte del ex lago de Texcoco, fue bordeado hace unos años por autoridades federales como parte de las obras anexas del proyecto aeroportuario.
La mañana de este jueves, un grupo de campesinos de San Salvador Atenco acudieron al punto de intersección del río Xalapango, en el paraje Las Salinas, donde se une con los ejidos de Atenco, Francisco I. Madero y Tocuila, y donde atraviesa la construcción de la autopista Pirámides-Texcoco, a unos metros de la barda perimetral que se edificó del cancelado NAICM.
Los integrantes del FPDT utilizando palas, picos y machetes excavaron e hicieron un boquete a uno de los bordos del río, para que su cauce saliera hacia sus tierras.
“El rio Xalapango viene de la parte alta de Texcoco de la montaña y confluía a la zona de la laguna lo que llamábamos el desparramadero donde habitaban miles de aves migratorias y locales, pero en su momento el gobierno federal, a través de la Conagua, bordeó ese rio para hacer el proyecto aeroportuario y mandarlo al canal conector.
“Lo que estamos haciendo es desbordar ese río porque es importante preservar los cuerpos de agua para el proceso hídrico que guardan nuestras tierras. Esas aguas tienen que regresar nuevamente a la vocación que era dar la regulación al vaso de Texcoco”, dijo César del Valle Ramírez, uno de los dirigentes del FPDT
Tras varias horas de labor, el agua comenzó a inundar parte de sus ejidos, justo en el puente que fue construido de la autopista Pirámides-Texcoco, a un costado de la barda perimetral.
Los campesinos también realizaron pintas sobre un tramo de la autopista para exigir al gobierno federal la restitución de dos mil hectáreas que les fueron despojadas para el proyecto aeroportuario, se desmantele dicha carretera y se retome su propuesta “Manos a la Cuenca” de rescate y conservación ecológica del ex lago de Texcoco.
Cumple 19 años la resistencia atenquense
Los trabajos para desbordar el río Xalapango, se llevaron a cabo al conmemorarse 19 años del surgimiento de la resistencia campesina de Atenco.
El lunes 22 de octubre de 2001, durante la gestión de Vicente Fox, la vida de los pueblos de San Salvador Atenco cambió su rumbo. De la noche a la mañana, se había convertido en realidad lo que para los campesinos y habitantes, hasta ese entonces, sólo era un rumor.
En el Diario Oficial de la Federación se publicaban 19 decretos de expropiación por una superficie total de cinco mil 384 hectáreas de 13 ejidos de los municipios de Atenco, Texcoco y Chimalhuacán en el estado de México para el proyecto de construcción del NAICM
En San Salvador Atenco un pueblo hasta ese entonces tranquilo, con tradiciones ancestrales, con habitantes que eventualmente participaban en organizaciones y simpatizaban con movimientos sociales, pero con una historia de gobiernos priístas, se gestó el movimiento de lucha campesina más importante en el país, en los últimos años. Enarbolaron sus machetes y portando todo objeto con que defenderse, lucharon por defender sus tierras con el lema: «Tierras sí, aviones no. No al aeropuerto y La tierra no se vende».
Los campesinos se organizaron, hicieron plantones, marchas, bloqueos, protestas e innumerables retenciones de funcionarios solo con el objetivo de echar abajo el proyecto aeroportuario.
El 11 de julio del 2002, los campesinos fueron reprimidos por las fuerzas estatales cuando les impidieron el paso para llegar hasta Teotihuacán, en donde habrían de increpar al entonces gobernador mexiquense, Arturo Montiel. Catorce días después de la represión y como consecuencia de los golpes policiacos falleció José Enrique Espinoza.
Tras la muerte del campesino y oposición de la resistencia, la tarde del jueves primero de agosto de 2002, el gobierno federal determinó enterrar el proyecto de construcción del nuevo aeropuerto en Texcoco. Daba marcha atrás al proyecto económico más importante del sexenio.
En 2006, en San Salvador Atenco ocurrió uno de los sucesos más graves sobre violaciones a los derechos humanos en el país. El 3 de mayo de ese año la lucha por los espacios para la venta en vía pública, frente al mercado municipal, Belisario Domínguez en Texcoco, fue la detonante para que el gobierno del estado de México, entonces al mando de Enrique Peña Nieto, montara una estrategia, en complicidad con el ayuntamiento perredista, para vengarse del movimiento atenquense que años atrás había echado abajo uno de los mayores proyectos económicos del país, el de la construcción del nuevo aeropuerto.
Ese día, los miembros del FPDT fueron reprimidos y se atrincheraron durante nueve horas en una vivienda, de donde fueron sacados a la fuerza y detenidos el dirigente Ignacio del Valle Medina. Al mismo tiempo y en respuesta a la acción policíaca, los pobladores de Atenco bloquearon la carretera y la policía los enfrentó deteniendo a decenas de ellos. Ese 3 de mayo, durante el enfrentamiento, el joven de 14 años, Francisco Javier Cortés Santiago cayó asesinado por un disparo de arma de fuego, proveniente de las armas de los policías.
La madrugada del 4 de mayo, la acción policiaca continuó contra el pueblo de Atenco y miles de policías incursionaron en la comunidad. Utilizando gases lacrimógenos, catearon casas, detuvieron a cientos de ejidatarios y en el traslado hubo abuso sexual hacia decenas de mujeres. 11 llevaron el caso a instancias internacionales.
En la refriega fue herido el estudiante de la UNAM, Ollín Alexis Benhumea Ramírez, quien fue impactado por uno de los proyectiles de gas lacrimógeno, lanzados por la policía y quién 34 días después murió.
El dirigente, Ignacio del Valle Medina, fue encarcelado en el Penal de Máxima Seguridad del Altiplano y condenado a 112 años de prisión, quien a la postre lograra su liberación años después. Al igual que más de 200 campesinos que fueron recluidos en el penal de Santiaguito.
En septiembre de 2014, los campesinos emprendieron de nueva cuenta su resistencia ahora contra el proyecto aeroportuario anunciado por el expresidente, Enrique Peña Nieto, edificación que quedó cancelada con el arribo al poder del mandatario Andrés Manuel López Obrador.
Pronunciamiento de Agua para Todos sobre la nueva ley de agua con perspectiva de género – Septiembre 2020
Un conjunto de redes, organizaciones y personas, comprometidas con la promoción de la igualdad de género, la defensa de la tierra, el territorio y los bienes naturales estamos promoviendo y demandando que la Ley General de Aguas, próxima a promulgarse, se sustente en un conjunto de principios que aseguren la igualdad sustantiva de género y el ejercicio del derecho humano al agua y al saneamiento, en un marco de sustentabilidad y justicia hídrica.
A veintiocho años de vigencia de la Ley de Aguas Nacionales es necesario –acaso urgente–transitar a un nuevo marco normativo que atienda los graves problemas hídricos que enfrenta el país. Esto se sustenta en razonesde diversa índole.En primer lugar, la reforma del Artículo 4º Constitucional que reconoció el Derecho Humano al Agua y al Saneamiento en 2012 y ordenó la redacción de una Ley General de Aguas. Seguir retardando su discusión y aprobación por el poder legislativo es una argucia inaceptable para mantener un orden jurídico de corte neoliberal, que sólobeneficia a una élite de la sociedad.
La conflictividad por las formas en que actualmente se gestiona el agua es creciente y no puede ser ignorada. La Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales reporta 560 conflictos ambientales en el país, 86directamente relacionados con el agua y otros de manera indirecta: la megaminería, el uso de sustancias tóxicas, el fracking, la extracción convencional de hidrocarburos.
La pandemia de COVID-19 ha mostrado que ladisponibilidad, calidad y accesibilidad al agua están mediados por las asimetrías sociales. Las desigualdades de género se expresan en la dificultad para la participación de las mujeres enlos comités comunitarios ylos consejos de cuenca; en el bajo porcentaje de mujeresregistradas conderechos o como usuarias del agua; y la falta de reconocimiento de su contribución a la conservación de arroyos, ríos y lagos.
Los esquemas de gestión del agua han generado un estrés hídrico para muchas personas.Resulta inaceptable descalificar las demandas y propuestas de grupos sociales amplios, entre ellos las mujeres, por su falta de conocimientos “técnicos”, para dejar intocado un modelo de gestión del agua y un marco jurídico que lo permite.
Una vez que hemos conocido las diversas iniciativas que están en discusión, nos pronunciamospor una ley orientada al ejercicio del derecho humano al agua y al saneamiento que se finque en los principios de igualdad de género y retomelos siguientes lineamientos, muchos presentes en las diversas iniciativas. Estos lineamientos deben tener la suficiente fuerza jurídica para hacerlos operativos y dar pautas claras para su instrumentación a lo largo y ancho de nuestro territorio.
Derecho Humano al Agua y al Saneamiento.
Es el eje rector de la Ley Generalde Aguasy es precondición para el ejercicio del derecho a la salud, a la alimentación, a un medio ambiente sano, a una vivienda digna, la educación, entre otros. Este principio implica poner en el centro lasnecesidades de las personas, en especial las de mujeres y niñas, particularmente el alivio de la carga desproporcionada que recae en ellaspara la obtención de agua y del saneamiento.
Justicia hídrica.
Este conceptoconsidera el agua como un bien de interés público y corresponde al Estado su manejo y su protección; implica garantizar la impartición de justicia y reparación del daño sin discriminación de género, etnia o clase social. Se requiere de una Defensoría del Agua conautonomía y capacidades suficientes para aplicar el marco normativo internacional,nacional, estatal y municipala fin de poder dirimir conflictos en torno al vital líquido.
Sustentabilidad.
Una ley basada en este principioasegura quela capacidad de regeneración de los ecosistemas y de los ciclos hidrológicos se mantenga, así como las posibilidades de existencia de otros seres vivos. Todo esto implica la protección efectiva contra extracciones abusivas del agua y evitar su degradaciónpor contaminantes, tendencias que han sido una limitante para el desarrollo personal y el ejercicio de los derechos de las mujeres y niñas.
Igualdad sustantiva.
La igualdad entre mujeres y hombres debe expresarse de manera concretaen la vida cotidiana de las personas. La ley deberá mandatar que las políticas públicas instrumentenacciones afirmativas y redistributivas que remuevan los obstáculos para que las mujeres, en condiciones de igualdad con los hombres, accedan, usen, controlen, se beneficien y decidan sobre la gestión de los recursos hídricos y el saneamiento
Interculturalidad y derechos de pueblos indígenas y afromexicanos.
La Ley Generalde Aguas debe respetar:el derecho a la libre autodeterminación de los pueblos indígenas, a decidir sobre su territorio, incluida el agua; a la igualdad entre mujeres y hombres indígenas y la participación de estas poblaciones en la toma de decisiones1, preceptos estipulados en la Constitución mexicanay en Tratados Internacionales. Asimismo,debe garantizar el derecho de los pueblos indígenas y afromexicanos a la consulta libre, previa e informada y establecermecanismos que garanticen la participación equilibrada de mujeres, jóvenes y personas adultas mayores de ambos sexos de estos pueblos.
Agua como bien común.
Consignar el agua como bien común en la Ley General de Aguas significa la adopción de un principio que reconoce el derecho de cualquier persona a este elemento de la naturaleza por el solo hecho de ser parte de la familia humana2; y pone un alto alos intentos de privatización de facto o por la vía de concesionespor varias décadas.Corresponde al Estado impedir que esto ocurra, así como también queempresas y otros actores contaminen las fuentes naturales, los pozos y los sistemas de distribución de agua, o realicen extracciones inmoderadas que limitarán el acceso, uso y control del agua de las generaciones presentes y futuras.
Control comunitario del territorio y el agua.
Las comunidades indígenas, rurales y de zonas marginadashan suplidola falta de acceso al agua para uso humano y para la reproducción de la vidamediante sistemas comunitarios. El reconocimiento legal de estossistemas contribuirá a su democratización, ampliará la participación y toma de decisiones de mujeres y jóvenes y pondrá un alto a abusos de cacicazgos locales. A la vez, les dotará decapacidadesa las comunidades para hacer frente al despojo de las grandes empresas extractivasy los megaproyectos.
Participación ciudadana incluyente.
La Ley General de Aguas debe mandatar que las instituciones públicas establezcan mecanismos y canales queaseguren la participación dela ciudadanía y las comunidades, con acceso efectivo a los procesos de toma de decisión.El principio de participación estáasociado con el de inclusión, para ello se deberán fortalecer las capacidades de grupos tradicionalmente excluidos como las mujeres, poblaciones indígenas, afromexicanas y otros colectivos en situación de desventaja sociocultural y económica.
Las organizaciones firmantes, comprometidas con la promoción de la igualdad degénero, la defensa de la tierra, el territorio y los bienes naturales nos pronunciamos porque los principios orientadores de la Ley General de Aguas,próxima a promulgarse,aseguren la igualdad sustantiva y el ejercicio del derecho humano al agua y al saneamiento, en un marco de sustentabilidad y justicia hídrica.
Red de Género y Medio AmbienteGrupo Territorio, Género y ExtractivismoCoalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al AguaCoordinación Interregional Feminista Rural –ComaletzinAsociadas por lo Justo –JASSRed Género, Sociedad y Medio AmbienteRed Nacional de Promotoras y Asesoras RuralesAlianza Mexicana contra el FrackingGrupo Regional Género y Extractivas
¿Quieres sumarte a la campaña para proteger la salud, el agua y la vida en San Cristóbal de Las Casas?
La Plataforma por el Derecho Humano al Agua en Chiapas, el Colectivo Educación para La Paz y Los Derechos Humanos y Otros Mundos invitan a participar en los Talleres de Comunicación Estratégica para Defender el Agua y la Vida en San Cristóbal.
Estos talleres buscan visibilizar las problemáticas del agua en San Cristóbal y ayudar a construir soluciones desde la ciudadanía. Aportando herramientas de comunicación como fotografía, intervención comunitaria, producción gráfica y audiovisual, y tecnológicas como uso de redes sociales para la incidencia, entre otras para la defensa de la vida y el territorio en el Valle de Jovel.
Dirigido principalmente a jóvenes entre 15 y 30 años. Sin costo.
Fecha de inicio sábado 24 de octubre, De 9 AM a 2 PM
Información e inscripciones a los teléfonos: 967 111 0489 y 967 159 0974
Compartimos esta nota publicada en La Jornada sobre la lucha por el agua en el norte del país- A 26 de septiembre de 2020
Mexicali, BC., El activista indígena kumiai por la defensa del agua de los pueblos originarios del municipio de Tecate, Óscar Eyraud Adams, fue asesinado a balazos la noche del jueves por un grupo armado afuera de su domicilio, ubicado en esa ciudad; compañeros de lucha mostraron su consternación y demandaron a las autoridades dar con los responsables.
El defensor del agua se dedicó en los pasados meses a denunciar la falta del vital líquido en la comunidad de Juntas de Nejí y el acaparamiento de pozos por parte de grandes usuarios en Tecate, expresaron.
Destacaron que Adams pugnaba por la autodeterminación de la comunidad kumiai y su derecho al agua, por lo que mantenía la exigencia a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para obtener concesiones de pozos otorgados a empresas y a particulares en menoscabo de la comunidad indígena.
Dijeron que el activista kumiai denunció, entre los acaparadores de agua, a la empresa cervecera Heineken, la cual consumió varios millones de agua de pozos de Tecate con el aval de la Conagua.
El homicidio de Adams, de 34 años de edad, ocurrió alrededor de las 19 horas del jueves en su casa, ubicada en el callejón Libertad, en Tecate, a donde irrumpió un grupo armado y lo mató con armas largas y cortas, reportó el representante federal de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en Baja California, Isaías Bertín.
La muerte de Eyraud Adams es otro de los más de 80 asesinatos de defensores del medio ambiente y el territorio desde 2012, la mayoría de pueblos y comunidades indígenas, además de ser consecuencia de la política criminal del Estado mexicano que mientras siembra violencia y destruye los tejidos comunitarios, entrega nuestros recursos y territorios a capitales privados, nacionales y extranjeros, señalaron colectivos de defensa de derechos humanos.
La lucha por preservar el agua y el territorio nos ha arrancado a un compañero porque nos quieren callar sembrando terror, acusaron activistas que participaron en movilizaciones al lado de Adams.
Los colectivos expusieron, en redes sociales, que el indígena kumiai buscaba una concesión de agua para su comunidad de Juntas de Nejí, porque no tenían ni para uso doméstico, por tanto ya había iniciado el trámite correspondiente.
Las organizaciones civiles, incluidos los Jóvenes ante la Emergencia Nacional, demandaron justicia por el cobarde asesinato del defensor del agua y del territorio del pueblo kumiai, uno de los cinco pueblos originarios de Baja California.
Óscar es el primer activista en defensa del agua que es asesinado en el “narcoestado de Baja California”, acusó el defensor Mauro Cuevas, quien se pronunció contra la impunidad que se genera ahora con Morena, al igual que en los tiempos de Calderón y Peña.
El activista kumiai se dedicó en los pasados meses a denunciar la falta de agua en la comunidad de Juntas de Nejí y el acaparamiento de pozos por parte de grandes usuarios en el municipio de Tecate, señalaron.
Expusieron que además de la lucha contra los acaparadores de agua, Adams introdujo proyectos productivos agrícolas en su comunidad; pero fracasaron por la falta de agua en la región.
El activista indígena fue solidario con el levantamiento de los jornaleros de San Quintín, la lucha magisterial contra la reforma educativa, la movilización contra la cervecera Constellation Brands en Mexicali y la lucha por los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, así como por la miles de desaparecidos en México.
Sin dimensionar que el asesinato se trató de un líder indígena defensor del agua, el gobernador Jaime Bonilla se limitó a preguntarle al representante federal de la SSPC si Óscar Eyraud Adams era familiar de la alcaldesa de Tecate, Zulema Adams, con quien tiene un enfrentamiento desde hace dos meses al acusarla de no trabajar y tener una policía corrupta.
Isaías Bertín respondió que también se investiga esa relación familiar, por su parte, la alcaldesa morenista reconoció que la víctima si es su familiar; pero advirtió que no mantenía una relación directa.
Imagen: Foto tomada de su cuenta de Facebook a través de La Jornada
Comunicado de apoyo a las y los habitantes de San Cristóbal de las Casas que se movilizan por la defensa del Territorio, los humedales y el agua – A 16 de septiembre de 2020 >>Descargar comunicado en pdf<<
El pasado 14 de septiembre del presente año, habitantes de 9 colonias del sur de la Ciudad de San Cristóbal de las Casas, llevaron a cabo un bloqueo de los caminos para exigir la protección a los humedales de la ciudad ya que las autoridades municipales y estatales han permitido y solapado su invasión en medio de lo que se presume mucha corrupción y tráfico de influencias.
Los habitantes de la ciudad y de las colonias del sur exigen el cumplimiento de tantas promesas gubernamentales para detener esta invasión y recuperar los humedales. La lucha de las colonias y del pueblo en general es por la defensa del agua y del medio ambiente, por la biodiversidad y por un ambiente sano. La lucha pacífica es legítima y legal, sin embargo, ya pesan demandas infundadas de quienes han invadido los humedales contra personas de un movimiento que defiende la vida en beneficio de toda la población, así como órdenes de aprehensión contra algunas personas.
Denunciamos el atropello que se realiza contra los humedales y el riesgo de un futuro sustentable para la ciudad de San Cristóbal, y también los intentos de criminalizar las justas demandas de la población.
Exigimos el cumplimiento a las leyes y la normatividad ambiental, el cumplimiento de las promesas y de las exigencias de las 9 colonias para la solución de este grave problema, el respeto a las mesas de diálogo con los representantes de la población, y claros signos de voluntad política para el cumplimiento de la agenda, de las peticiones y de la misma ley.
Responsabilizamos al gobierno del estado y al gobierno municipal de la violencia de la que puedan ser objeto la población por su lucha pacífica, legitima y legal en contra de las ilegalidades de las propias autoridades involucradas en el proceso de la destrucción de los humedales de la ciudad.
#YoProtejoElAgua #AguaYSalud #YoProtejoElHumedal
Atentamente, Otros Mundos AC/Amigos de la Tierra México
Comunicado de la Coordinadora de Comunidades del Sur COCOSUR y La Pastoral de la Tierra publicado en el Semanario Mirada Sur dado durante la Movilización por la Defensa de la Madre Tierra y el Agua el pasado 13 de septiembre de 2020
Al pueblo de México, Chiapas y San Cristóbal de Las Casas A los medios de comunicación A la prensa nacional e internacional A las organizaciones hermanas ambientalistas de conciencia
A 210 años del inicio de la independencia del Estado mexicano, las fuerzas saqueadoras de la conquista no han cambiado. En pleno 2020 vemos como el Estado mexicano entrega las riquezas naturales a los mismos conquistadores representados por las empresas transnacionales y dueñas del gran capital. Hoy somos testigos cómo la empresa transnacional Coca Cola Company, y su rostro mexicano de Inmuebles del Golfo saquean y dejan sin agua a la población de San Cristóbal de Las Casas, que en contubernio con organizaciones DINERO – AMBIENTALISTAS (DIAMBIENTALES) solapan y disfrazan el despojo del agua a los ciudadanos de San Cristóbal de Las Casas manipulando a las instituciones gubernamentales como protectoras y cuidadoras de los recursos naturales.
El poder de las DIAMBIENTALES ha favorecido a la consolidación de la visión que los recursos naturales son un gran saco de dinero nacional e internacional, que justifican su actuar con grandes propagandas de campañas de reforestación, limpieza y técnicos experimentados (únicos) para cuidar, preservar y conservar los recursos naturales, y con este discurso llegan a las transnacionales y dueñas del gran capital a vender a la Madre Naturaleza.
La presencia de estas organizaciones Diambientales en San Cristóbal de Las Casas es una constante en su afán de servir al gran capital y han llevado a impulsar propuestas de privatización del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (SAPAM), así como el impulso de una ley de aguas estatales y federales que le quitan el derecho humano a las poblaciones locales, un ejemplo de ello, la ley de aguas para el estado de Chiapas que se conoce como Ley Cántaro Azul o la creación de Parques Lineales de Pronatura, la pregunta: ¿Quién financia dichas organizaciones, Cuál es el origen de ese dinero, Por qué vender el futuro de 180 mil sancristobalences?
Estos ejemplos dejan claro que las instituciones del Estado mexicano están alineadas a las Diambientales y al servicio del gran capital, no se puede olvidar la reciente respuesta del gobierno municipal o de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) que manifiestan que el agua utiliza esta transnacional no afecta o merma la disponibilidad de agua para los habitantes de San Cristóbal de Las Casas. Si a unos metros de esta empresa los asentamientos humanos (Barrios, Colonias, Fraccionamientos y Comunidades) carecen del vital líquido o lo reciben en forma tandeada cada 4 u 8 días o en periodo de estiaje cada 15 o 20 días.
Hoy 13 de septiembre de 2020, desde este punto y desde este rincón de Chiapas hacemos un llamado al representante del Estado mexicano (Andrés Manuel López Obrador) que realice una revisión al interior de las instituciones federales, estatales y municipales para desterrar a los neoliberales y los que ven a la Madre Tierra como un negocio. Le solicitamos que identifique a los infiltrados neoliberales en las dependencias de CONAGUA, SEMARNAT y CONANP, tal como lo hizo en el sistema de seguridad nacional.
Exigimos a los tres órdenes de gobierno que dejen de lucrar con la Madre Tierra y los recursos naturales que ponen en riesgo la sobrevivencia de las generaciones futuras. Exigimos al gobierno del estado y municipal que cumplan su obligación constitucional de cuidar, proteger y preservar la vida y un ambiente sano. Al gobierno municipal exigimos que deje de ser omiso y neófito ante la destrucción de las zonas de humedales, reservas ecológicas y de amortiguamiento. No es posible que, existiendo los lineamientos jurídicos como la carta urbana, ley de desarrollo urbano y ley de ordenamiento territorial se permita la destrucción de estas zonas y, por ende, de los recursos naturales.
En el caso del agua de San Cristóbal de Las Casas No se trata de un tema de Tarifas o tema económico, se trata de la disponibilidad y viabilidad del recurso agua, por ello instamos al organismo operador y a la junta de gobierno del SAPAM a establecer los mecanismos de conservación, preservación y cuidado del recurso agua para garantizar la viabilidad social de la ciudad. La vida de nuestras presentes y futuras generaciones están en riesgo y por ello hoy levantamos la voz para decir Basta.
¡¡¡Basta del saqueo hídrico!!!
¡¡¡ Basta de la destrucción de los humedales!!!
Basta de la omisión y complicidad de los tres órdenes de gobierno
¡¡¡Basta de organizaciones Diambientalistas!!!
¡¡Por las presentes futuras generaciones, la lucha no se detiene!!
¡¡¡La vida, el agua se lucha y se defiende!!!
FUERA FEMSA – COCA COLA DE SAN CRISTÓBAL
Atentamente
COORDINADORA DE COMUNIDADES DEL SUR (COCOSUR)
Comunicado de las Colonias del Sur sobre bloqueo que realizaron este 14 de septiembre exigiendo protección a los humedales de montaña en San Cristóbal
Buenos días. Hoy estamos aquí personas comprometidas con el futuro de la vida en nuestra cuenca de Jovel, esta cuenca que ha dado vida a nuestros antepasados tsotsiles, tseltales y de otros pueblos originarios; y también a los he han venido de otras tierras más allá del mar.
En este momento, no disfrutamos estar aquí, no queremos estar aquí. Preferiríamos estar en nuestros trabajos o en nuestras casas. Pero decidimos ocupar este lugar como una acción desesperada, antes que sean destruidos nuestros humedales.
No nos pueden decir que no lo hemos intentado de otras maneras. Un dos de febrero del año 2019 hicimos una clausura simbólica de las construcciones que estaban comenzando entre la prepa dos y el manantial de Navajuelos. En esa clausura simbólica estuvieron presentes el director de Ecología de San Cristóbal de las Casas y el presidente de la comisión de Ecología de la cámara de diputados del estado de Chiapas.
Hoy 19 meses más tarde, hay un edificio terminado en un terreno, que ahora sabemos pertenece al ayuntamiento. La última acción de devastación de la que tuvimos conocimiento tuvo lugar el pasado 7 de septiembre cuando personal de la Comisión Federal de Electricidad instaló el servicio de energía eléctrica en dicho predio. En el pasado reciente hemos tenido varias reuniones donde estuvieron presentes autoridades del ayuntamiento, de la SEMAHN, de la SEMARNAT, la PROFEPA, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos la Fiscalía y la Procuraduría Ambiental del estado de Chiapas para tratar los tema ambientales. A pesar de que ha habido disposición y promesas vemos con tristeza, desesperanza y coraje que hay nuevas construcciones, ahora en otro predio, en el a pesar de los sellos de clausura, los rompen y no pasa nada. ¿no les parece una burla?
Hemos estado en el cabildo; convocamos a dos audiencias públicas, invitamos a las autoridades y llegaron a constatar lo que hemos denunciado una y otra vez en distintos puntos del polígono de Lagos de María Eugenia. Hemos reforestado, hemos denunciado, hemos tenido asambleas para ayudar a la gente de nuestras colonias a valorar y defender a nuestra Madre Tierra. Sabemos que hay muchas otras acciones que podríamos llevar a cabo. Se podrían tomar las instalaciones de alguna dependencia, cercar la casa de alguna autoridad, hacernos presentes en la mañanera del presidente López Obrador, dejar de pagar alguno de los impuestos, negarnos a participar en eso que parece una burla y que llaman elecciones.
Hoy decidimos realizar esta acción cuyo único objetivo es defender nuestra casa. Sabemos que lo que hacemos hoy, es en beneficio de todos, incluso de quienes no están de acuerdo con este bloqueo o de quienes son responsables de la destrucción ambiental. A la ciudadanía le decimos esto: Si les importa el medio ambiente hagan algo, lo que ustedes puedan y decidan pero no nos dejen solo a nosotros lo que les toca hacer también a ustedes. A las autoridades les repetimos lo que ya saben: nuestra única demanda es la protección de nuestras fuentes de agua. Y para que se entienda mejor lo expresamos en los siguientes 15 puntos:
EXIGIMOS AL H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS y a las autoridades que les corresponda.
Garantizar el orden ambiental y urbano, mediante la suspensión y clausura inmediata de toda invasión, relleno o construcción en humedales y de toda acción que violente un área de valor forestal y/o ambiental.
Revisar y revocar todos los cambios de uso de suelo emitidos sin consulta pública o con irregularidades administrativas o legales, que hayan afectado o alterado los escurrimientos naturales y/o la recarga de agua, en los últimos 15 años.
Elaborar y aprobar los Programas de Manejo de los humedales de María Eugenia y la Kisst, atendiendo con prioridad su protección, delimitación y manejo bajo los lineamientos bióticos y paisajísticos establecidos en los programas de manejo.
Acordar, elaborar y aprobar la inmediata actualización del Programa de Desarrollo Urbano, garantizando un proceso transparente y la integración de la participación ciudadana en todo el proceso de elaboración.
Acordar la elaboración del Atlas de Riesgos y del Programa de Mitigación de Riesgos y Restauración de sitios con impactos ambientales negativos, que permita prevenir inundaciones en la ciudad.
Sancionar a los particulares responsables, profesionistas y funcionarios públicos por realizar alguna acción u omisión que haya permitido la realización de actos de ecocidio en San Cristóbal de Las Casas.
Expropiar los predios de utilidad pública y beneficio ambiental que requiere la ciudad.
Fomento, protección y manejo sustentable de las reservas (Quenvó Cuxtitali, Gertrudi Duby, Huitepec Alcanfores, Santa Cruz, áreas de valor ambiental, así como de márgenes de ríos y arroyos.
Suspensión y clausura de bancos de materiales pétreos que no cuenten con autorizaciones urbanas y ambientales; así como la programación inmediata de la restauración ambiental de sitios impactados y dañados por la industria extractiva en los últimos 40 años.
Regulación municipal inmediata para que la ejecución de toda obra pública o privada, utilicen únicamente materiales pétreos de bancos autorizados por SEMAHN, que cumplan con la Norma Técnica Ambiental Estatal: NTAE-001SEMAHN-2015.
Instalación inmediata del Comité de Ordenamiento Ecológico Territorial y del Consejo Consultivo de Desarrollo Urbano.
Regulación municipal inmediata y campaña para frenar la venta ilegal de terrenos.
Suspender y clausurar toda acción pública y/o privada que viole disposiciones de los programas de ordenamiento ecológico y de desarrollo urbano.
Regulación inmediata al proceso de cambio de uso de suelo, cambio de densidad y cualquier cambio que altere las políticas, disposiciones, lineamientos y objetivos de los programas de ordenamiento ecológico y de desarrollo urbano. Proceso que debe garantizar la participación ciudadana.
Hacer valer todas las medidas de seguridad, infracciones, régimen de nulidades y sanciones a toda acción urbana que se haya realizado en contra del marco legal urbano y ambiental, previsto en el Capítulo II del Título Décimo Séptimo denominado “Denuncia Ciudadana, Medidas de Seguridad, Infracciones y Sanciones” establecidas en la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Chiapas.
Señores y señoras de la prensa, sancristobalenses: La noticia de hoy no es que hay un bloqueo; la noticia de hoy es que llevamos años destruyendo nuestra madre tierra, ante la mirada indiferente de ciudadanía y gobierno. Son responsables las autoridaddes de los últimos 40 años; son responsables también si las autoridades del momento no cumplen con los 15 puntos que acabamos de leer.
Esperamos que todas las autoridades hagan lo que les toca. Esperamos que el señor gobernador atienda este asunto. Hemos escuchado que han resuelto este tipo de problemas en otros lugares. Ya es hora de actuar en nuestra ciudad de San Cristóbal. Aquí esperamos.
Atentamente:
Colonia Artículo 115, Colonia Altos de María Auxiliadora, Fraccionamiento FSTSE 2001, Colonia Maya, Colonia Las Minas, Colonia Salsipuedes, Colonia Anexo Altos de Ma. Auxiliadora, Cerrada del Bosque y Colonia Corral de Piedra
Les compartimos esta nota publicada en Sin Embargo sobre la lucha de la Coordinadora de Pueblos, Barrios originarios y Colonias de Xochimilco por defender su humedal – A 2 de agosto de 2020
San Gregorio Atlapulco, junto con más de una decena de pueblos originarios de Xochimilco, está llevando a cabo desde hace más de dos años su propia batalla legal para decidir sobre sus propias formas de organización política.
Por Raúl Fernando Pérez Lira
Ciudad de México, 2 de agosto (OpenDemocracy).- Aunque puede resultar difícil de creer, más de la mitad de la Ciudad de México es considerada rural. Basta con sobreponer un mapa de la red del metro con uno de la ciudad: el metro sólo está en el norte. Más allá hay cerros, cultivos, lagunas, canales y pueblos que mantienen su propia identidad, en los que los habitantes más viejos suelen referirse al centro histórico, con sus palacios y edificios de gobierno, como “México”, cuando van a trabajar o a hacer algún mandado.
Aunque estos espacios forman parte fundamental del equilibrio ecológico de la ciudad, estos siguen siendo urbanizados por el crecimiento acelerado de la mancha urbana, en la que ya se cuentan más de 20 millones de habitantes.
Es entre estos barrios y colonias densamente pobladas que se encuentra el Área Natural Protegida “Ejidos de Xochimilco y San Gregorio Atlapulco”, un espacio de 2 mil 522.4 hectáreas con áreas verdes, canales, lagunas y superficies cultivadas, y que hoy en día es escenario de disputa legal por un nuevo puente vehicular que pretende disminuir el tráfico sacrificando un espacio de humedales estratégico para su conservación.
A título personal y organizados con la Coordinación de Pueblos, Barrios Originarios y Colonias de Xochimilco (CPBOyCX), pobladores de Xochimilco han impugnado la construcción del “Puente de Cuemanco”, argumentando que este dañaría permanentemente al ANP y al equilibrio ecológico en la altamente contaminada gran ciudad. El juez encargado de revisar el caso, sin embargo, suspendió el amparo en favor del Gobierno de la Ciudad de México, argumentando que este no era urgente.
“Xochimilco es de los últimos pedazos de la zona plana del Valle de México que sigue siendo urbanizada, todo lo demás ya ha sido urbanizado,” declaró Luis Zambrano, investigador del Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México, en una videoconferencia organizada por la Coordinación de Pueblos, Barrios Originarios y Colonias de Xochimilco (CPBOyCX). “Pero la razón por la cual esto no ha sido invadido por muchas casas tiene que ver con que se puede inundar y porque los mexicanos más o menos hemos podido respetar la cultura chinampera”.
Esta zona fue agregada a la Lista Ramsar de Humedales de Importancia Internacional, especialmente como hábitat de aves acuáticas en 2004. Expertos biólogos han registrado hasta 193 especies de aves, más de la mitad migratorias, como el pato mexicano, la garza morena, el gavilán de pecho rojo o el rascón limícola, además de anfibios vulnerables como el ajolote, que probablemente comience a aparecer en los billetes de 50 pesos mexicanos.
Además, en el ANP persiste la utilización de una técnica agrícola conocida como “chinampa”, del náhuatl “en la cerca de cañas”, la cual permite la producción de gran parte de las hortalizas que se encuentran en los mercados de la ciudad. La conservación de esta técnica, utilizada por los habitantes de lago desde antes de la conquista europea, contribuyó al reconocimiento de Xochimilco como Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO en 1987, una distinción que también se otorgó al Centro Histórico de la Ciudad de México.
De acuerdo con la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), presentada por el gobierno de la ciudad para la construcción del puente, la zona puede ser perturbada ya que ésta ya presenta perturbaciones considerables, por lo que construir un poco más resultaría sin efectos relevantes. Este es un proceso que comenzó hace décadas, a pesar de las distinciones, leyes y declaraciones que protegen al humedal.
Un poco más de 200 hectáreas de esta ANP le fueron separadas del resto del cuerpo por la construcción del anillo periférico en la década de los 90. A ambos lados de esta gran avenida se encuentran los mercados de flores a los que asisten miles de clientes especialmente los fines de semana. Al sur, está el Parque Ecológico Xochimilco (PEX), con una gran construcción abandonada y que pretendía ser un centro cultural.
Según Zambrano, la construcción de este puente, que recuerda en apariencia a los múltiples segundos pisos que tiene a lo largo el anillo periférico, abriría la posibilidad a una mayor urbanización en ambos lados, como en un efecto dominó. Si el área ya está perturbada, dice, lo que hay que hacer es revertir la perturbación, no continuar con esta.
Entre ambos sentidos de la calle hay un amplio camellón con sus propios humedales y grandes árboles, una zona de transición que permite el paso del agua por vía subterránea entre la zona sur y el norte, así como de las aves que viven en ambas.
“Ya se sabía que las grandes avenidas podían ser grandes fragmentadores de los ecosistemas, entonces ese gran humedal le permitió reducir el efecto de fragmentación que genera la avenida”, continúa Zambrano. “Este es el cuello de Xochimilco. Si se le cercena el cuello, aunque sea poco, está cercenando como una arteria de fundamental importancia”.
El pedazo que quedó en el norte es conocido como la Ciénega Grande, donde se puede encontrar un cuerpo de agua que sobrevive a la urbanización. Ahí se encuentran los vecinos para caminar, correr o andar en bicicleta. De acuerdo con el Gobierno de la Ciudad de México, esa zona será rehabilitada como medida de mitigación por el daño que causaría el puente.
En una videoconferencia de prensa, la Secretaria de Medio Ambiente Marina Robles García anunció este jueves que el gobierno, liderado por Claudia Sheinbaum, está muy cerca de cumplir la meta de 10 millones de árboles y plantas sembrados en la ciudad, faltando sólo 150,000.
Al responder una pregunta acerca del puente, dejando un espacio considerable entre cada una de sus palabras, Robles García declaró que la obra cumplía con las condicionantes establecidas en la evaluación de impacto ambiental: “La idea no es desaparecer ese original vaso regulador, sino que se mantenga como un humedal y que se mejore. Es parte de las condicionantes que se tienen”, dijo la Secretaria.
A petición de Robles García, el Secretario de Obras y Servicios, Jesús Antonio Esteva Medina, también hizo un comentario durante la transmisión en vivo: “Ese humedal no existía, se construyó cuando se hizo la parte de periférico. Entonces somos muy respetuosos, como han visto, y muestra de eso es el programa de reto verde. Es un esfuerzo histórico”, dijo Esteva Medina, en referencia a los 9,850,843 de árboles y plantas que llevan sembrados.
Poco después de que se interpuso el amparo, la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum salió en defensa del puente vehicular, ya que según ella éste podría reducir considerablemente el tráfico de la zona, especialmente de las alcaldías de Tláhuac e Iztapalapa, esta última la más poblada de la ciudad con casi dos millones de habitantes. En marzo, Sheinbaum ya había anunciado que la zona ya no era Área Natural Protegida, contradiciendo a los planos de uso de suelo de la ciudad.
La Jefa de Gobierno anunció una inversión de 100 millones de pesos en el Parque Ecológico Xochimilco, ahora en el abandono, y otra de 200 millones para la zona de los canales y chinampas.
Pintas realizadas en uno de los puentes peatonales que cruzan el periférico a la altura del ANP. Foto: Raúl Fernando Pérez
El puente está siendo construido por la empresa Impulsora de Desarrollo Integral S.A. de C.V. y tiene un presupuesto de 680 millones de pesos, más del doble de lo anunciado por la Jefa de Gobierno para la mitigación en el ANP.
LA BATALLA LEGAL Y LA PANDEMIA
La Coordinación de Pueblos, Barrios Originarios y Colonias de Xochimilco (CPBOyCX), formada para organizar esfuerzos colectivos entre los distintos pueblos y asambleas que conforman Xochimilco, ingresó un amparo en mayo argumentando que la construcción del puente violaba al menos dos derechos fundamentales: el derecho al medio ambiente sano, por los efectos negativos que esto pueda tener frente al cambio climático, y el derecho a la movilidad.
De acuerdo con Alejandro Velázquez, uno de los abogados que asesora a la CPBOyCX, la construcción del puente viola ley de movilidad de la Ciudad de México al priorizar al automovilista particular por encima de peatones, ciclistas y a usuarios de transporte público, contradiciendo al artículo segundo: “Nosotros planteamos en el amparo que se cancele la obra y se ordene la realización de proyectos alternativos que sí respeten al medio ambiente y la jerarquía de movilidad, porque sabemos que hay problema de tránsito vehicular”, declaró Velázquez en entrevista.
Al movimiento se han sumado también deportistas y ciclistas que usan el ANP y sus alrededores para sus actividades, organizando “rodadas” hacia los humedales en protesta por la construcción del puente.
El juez Juan Carlos Guzmán Rosas aceptó el amparo interpuesto originalmente por la CPBOyCX, pero poco después este mismo revocó su propia resolución, permitiendo que siguieran las labores de construcción. La misma coordinación volvió a intentarlo, ahora ante un tribunal superior, pero el mismo juez Guzmán Rosas ordenó suspender el juicio hasta que los juzgados vuelvan a sus labores normales, ya que ahora están trabajando con personal reducido debido a la contingencia sanitaria. El juez argumentó que el caso ya no es urgente, pues el gobierno anunció medidas de mitigación del impacto ambiental.
“Estamos combatiendo esa resolución para que vuelva a ser clasificado como urgente”, dijo Velázquez. “Lo que argumentamos es que los daños que se pueden producir a la zona pueden ser irreparables. Si empiezan a talar los árboles, aunque se puedan volver a sembrar, podrían tardar décadas en crecer y en ese tiempo la fauna puede desaparecer”.
En los puentes peatonales que ya existen y que conectan las aceras a ambos lados del periférico se pueden leer varias consignas en rechazo del puente. También hay colgadas algunas lonas en las que el gobierno local promete restaurar la Ciénega Grande. Pero talar árboles de una ANP, aunque se siembren otros en la misma, es ya una actividad ilegal, según Velázquez.
“El programa de manejo del ANP ya establece que está prohibido abrir nuevos caminos, brechas y talar árboles Lo que se prevé con este proyecto es talar 693 árboles. Esta suspensión del juicio es arbitraria e ilegal porque no toman en cuenta actividades prohibidas, independientemente de que se hayan otorgado medidas de mitigación y reparación”, dijo el abogado.
Además de realizar impugnaciones de forma individual, el pueblo de San Gregorio Atlapulco también podría solicitar el amparo por medio de su asamblea. Sin embargo, los pobladores están recluidos en sus casas por las medidas sanitarias. De acuerdo con información oficial proveída el 16 de junio de 2020, este pueblo es la colonia con el mayor caso de casos activos de la Covid-19.
“Como organización, no podemos convocar a reuniones y detuvimos esta recolecta de firmas por lo mismo que es exponer a las personas. Por eso hemos encontrado otros mecanismos para seguir con el tema. El juicio se está tramitando en línea, tomamos acciones en Twitter los jueves con el hashtag #YoProtejoElHumedal, y dentro de lo posible tratamos de seguir activos”, continuó Velázquez.
San Gregorio Atlapulco, junto con más de una decena de pueblos originarios de Xochimilco, desde hace más de dos años están llevando a cabo su propia batalla legal para decidir sobre sus propias formas de organización política, impugnando una figura que acusan de ser títere del Alcalde, el Coordinador Territorial. En caso de tener éxito, estos pueblos podrían optar por un concejo comunitario como su representante, así como lo hizo el pueblo de San Luis Tlaxialtemalco en 2019, fortaleciendo su autonomía frente al gobierno de la Ciudad de México.
Mientras tanto, las máquinas retroexcavadoras ya han perturbado gran parte del humedal en el que se construirá el puente. En unas zonas, incluso ya se han establecido los cimientos de las columnas que lo sostendrán.
Llamado urgente al H. Congreso del estado de Chiapas para proteger la salud y la vida de las y los niños chiapanecos
Chiapas se ha posicionado nacional e internacionalmente como una de las regiones con más alto consumo de bebidas azucaradas y de productos ultraprocesados en el mundo. Esta tendencia ha erosionado la cultura alimentaria tradicional y deteriorado seriamente la salud y la nutrición de la población chiapaneca, además de aumentar el riesgo de contraer enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión y en la actual coyuntura, las formas más graves de COVID-19. Por estas razones hacemos el siguiente llamado a los miembros de la LXVII Legislatura del H. Congreso del estado:
En el marco de los derechos a la alimentación y a la salud; en concordancia con el interés superior de la niñez y adolescencia y el deber de garantizarles una vida sana conforme a la Convención de los Derechos del Niño; y de acuerdo a estudios y recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 5 de agosto próximo pasado el Congreso de Oaxaca marcó un hecho histórico: a través de la reforma al artículo 20 Bis de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, se convirtió en el primer estado en el país en prohibir la distribución, donación, regalo, venta y suministro a menores de edad de bebidas azucaradas y alimentos envasados de alto contenido calórico[1] en establecimientos e instituciones educativas públicas y privadas de nivel básico y media superior, incluyendo maquinas expendedoras y distribuidores automáticos. Unos días después, el 16 de agosto, Tabasco hizo lo propio al aprobar el Congreso local la iniciativa del ejecutivo estatal en este mismo sentido.
Estas medidas se suman a las prohibiciones de vender tabaco y alcohol a menores de edad en todo el país. Si bien no son suficientes para garantizar la salud de la niñez y la adolescencia, se trata de acciones necesarias para fomentar la conciencia sobre los daños que genera el consumo de estos productos así como para fomentar la lucha contra el agresivo bombardeo publicitario que los promociona y que impacta especialmente a los menores de edad.
Si bien es cierto que los principales responsables de velar por la salud de los menores son los progenitores, los tutores legales o quienes ejerzan la patria potestad sobre los menores, las leyes recientemente aprobadas en Oaxaca y Tabasco son un elemento indispensable para garantizar su protección. En Chiapas la necesidad de instrumentar medidas semejantes es hoy cuestión de vida o muerte, dicho de manera literal. De acuerdo a la Federación Mexicana de Diabetes, las personas con menores ingresos tienen el doble de probabilidades de sufrir diabetes mellitus que otros sectores de la población. Chiapas es el estado con los mayores índices de pobreza en México, donde, además, los alimentos nutritivos tradicionales, como la tortilla, el frijol, el chile, el pozol o el atole, han sido sustituidos por alimentos y bebidas chatarra en los últimos 25 años. Si a esto añadimos la falta de servicios médicos de calidad el resultado es catastrófico.
Es urgente adecuar el marco legal estatal, siguiendo el ejemplo de los congresos de Oaxaca y Tabasco, así como instrumentar programas de educación para revalorar y promover la alimentación tradicional chiapaneca así como para comprender las advertencias del etiquetado frontal en el envase en las bebidas azucaradas y productos ultraprocesados y los daños que su consumo causa a la salud.
Expresamos nuestro amplio reconocimiento a los H. Congresos de Oaxaca y Tabasco por anteponer el bienestar de sus niños, niñas y adolescentes a cualquier otro interés.
Instamos a los miembros de la LXVII Legislatura del H. Congreso de Chiapas a cumplir con su deber y adoptar una medida semejante que garantice la protección de la salud de nuestra población infantil y adolescente.
Los niños, niñas y adolescentes no son el futuro de Chiapas, son EL PRESENTE. Les debemos una vida de calidad a la que tienen derecho y que les hemos negado al imponerles hábitos nocivos que vulneran su salud, sus expectativas y su existencia entera.
Proteger a nuestros niños, niñas y adolescentes, señoras y señores diputados, no es una concesión, es una obligación.
Plataforma por el Derecho Humano al Agua en Chiapas
[1] Se entiende por bebidas y alimentos de alto contenido calórico aquellos que excedan los límites máximos de azúcares, grasas saturadas, grasas trans y sodio añadidos, conforme a la Norma Oficial Mexicana Correspondiente.
Cuidar la salud de la niñez, es cuidar la salud de México y de Chiapas
Compartimos esta nota publicada en Pie de Página sobre la situación en Ayutla donde llevan 3 años sin agua – A 13 de agosto de 2020
Un juez federal concedió un amparo por el derecho humano al agua en San Pedro y San Pablo Ayutla y ordena su inmediata reconexión al sistema de agua potable. El gobierno de Oaxaca encabezado por Alejandro Murat no ha acatado la orden
Texto: Pedro Matías / Página 3 y Redacción Pie de Página
OAXACA, OAXACA.- Un juez ordenó al gobierno estatal que realice la reconexión del sistema de agua potable para la comunidad mixe de San Pedro y San Pablo Ayutla, con la finalidad de respetar, proteger y cumplir con su derecho de acceso al agua. Sin embargo, el gobierno de Oaxaca no ha acatado la orden.
El Juzgado Tercero de Distrito, con sede en de Oaxaca, resolvió a favor de esa comunidad un juicio de amparo después de tres años.
San Pedro y San Pablo Ayutla enfrenta una crisis humanitaria sin agua por la invasión de terrenos y el despojo del manantial de parte de grupos armados de Tamazulapam del Espíritu Santo ocurrido tres años y dos meses atrás.
“Queremos agradecerles todo el apoyo recibido, siempre hemos defendido la verdad y exigido la justicia sin caer en provocaciones violentas pero ahora una orden judicial obliga a que, en plena pandemia, se nos garantice el derecho humano al agua”, escribió la lingüista y activista Yásyana Elena Aguilar en su cuenta de Twitter.
“Es importante encaminarnos a la ejecución, esta sentencia ya fue revisada y mandada a reponer por un tribunal colegiado, se subsanó todo lo necesario y la sentencia fue confirmada, para como es el estado necesitaremos su ayuda para exigir la reconexión”, demandó.
La comunidad exigió al gobierno de Alejandro Murat que cumpla la sentencia que ordenó el juez Amando Chiñas Fuentes el pasado 30 de julio.
El juez ordenó que se agoten todos los medios que tienen a su alcance para que se realice la reconexión inmediata de la tubería destruída en la comunidad, que permita hacer llegar el agua a la comunidad.
Murat desacata la orden
Pese a que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió medidas cautelares y el juez Tercero de Distrito, Amado Chiñas Fuentes, mediante la sentencia del juicio de amparo 795/2017, ordenó la reconexión del sistema de agua potable, el gobierno de Alejandro Murat Hinojosa, desacató estas disposiciones.
El presidente municipal de San Pedro y San Pablo Ayutla, Clemente Antonio Martínez, envió un oficio a Murat Hinojosa para que cumpla la orden judicial para la reconexión del sistema de agua potable de manera urgente.
El documento con copia al consejero jurídico del gobierno de Oaxaca, José Octavio Tinajero Zenil, resalta:
“En atención a lo ordenado por la CNDH, la revocación del Juicio de Amparo 1148/2019 y tomando en cuenta la sentencia del Juicio de Amparo 795/2017 y toda vez que no existe impedimento legal alguno, le reiteramos nuestra petición consistente en la realización de la reconexión inmediata del sistema de agua potable a nuestra comunidad proveniente del manantial Jënaanyëj, lo cual resulta inaplazable e incuestionable”.
Ante la crisis sanitaria por el covid-19, una Misión Civil de Observación (MCO) demandó a los gobiernos federal y estatal la “inmediata solución” al conflicto por el agua que atenta contra los derechos humanos.
Los habitantes de Ayutla reclamaron la reconstrucción de su sistema de agua potable (tanques) y la reconexión de la tubería destruida.
El Juez federal dictaminó que el municipio de Tamazulapam y su agencia Tierra Blanca restituyan a los quejosos el pleno goce de sus derecho violado.
Por consiguiente, el presidente municipal de Ayutla exige se dé cumplimiento a la sentencia del 795/2017 con la reconexión del sistema de agua potable de manera urgente.
El ataque
La mañana del 5 de junio de 2017, un grupo de paramilitares atacó con armas largas en la zona de El Manantial a comuneros de San Pedro y San Pablo Ayutla. Durante el atque, un hombre murió, seis más resultaron heridos y cuatro mujeres fueron secuestradas.
De acuerdo con los testimonios de las víctimas, varios de los atacantes eran comuneros de Tierra Blanca, Tamazulapam, los mismos que habían despojado, el 18 de mayo, a 23 personas de Ayutla de 150 hectáreas de parcelas colindantes con El Manantial, con retroexcavadoras, volteos y armamento pesado.
Las honduras de la Sierra Mixe son un nido viejo de siembra de amapola. Es un secreto a voces entre comuneros, taxistas, choferes, marchantas de comida, empleados en la ciudad de Oaxaca y Tlacolula de Matamoros.
Desde que ocurrió el despojo la respuesta del gobernador Alejandro Murat Hinojosa ha sido la simulación y la complicidad con los agresores, mientras la Sierra Mixe se convierte en una nueva ruta de siembra de amapola. Murat Hinojosa se ha negado a atender el asunto como prioritario y ha desechado posibilidad alguna que el tema de fondo sea el control del territorio por el narcotráfico.
Inexplicablemente, la Conagua ha iniciado una campaña para la renovación masiva de las 531 mil concesiones de aguas nacionales (el 2% de los concesionarios controlan el 70% de las aguas concesionadas) la cual perpetuaría hasta el año 2050 las actuales dinámicas de sobreconcesionamiento, violación de los derechos de pueblos indígenas, de compra-venta y especulación con concesiones, acaparamiento-despojo, contaminación e impunidad.
¡MORATORIA al otorgamiento o renovación de concesiones hasta contar con una Ley General de Aguas que garantice el acceso EQUITATIVO, uso SUSTENTABLE y la PARTICIPACIÓN!
Carta:
A: Blanca Jiménez Cisneros, Directora General de la Comisión Nacional del Agua De: [Tu nombre]
Exhortamos a la Conagua a suspender el otorgamiento o renovación de concesiones hasta contar con una Ley General de Aguas, próximamente a aprobarse en el Congreso de la Unión, que cumpla con el mandato Constitucional de lograr el acceso equitativo y uso sustentable del líquido vital a través de la participación ciudadana y gubernamental.
Su actual campaña promoviendo la entrega y renovación masiva de concesiones a largo plazo perpetuaría las actuales dinámicas de sobreexplotación, acaparamiento, despojo, compra-venta y especulación, contaminación e impunidad que México ha sufrido bajo la Ley de Aguas Nacionales.
Es responsabilidad de la Conagua corregir los errores de pasado y salvaguardar nuestras aguas para las generaciones actuales y futuras.
Ayúdanos a firmas esta petición para proteger los humedales de montaña en San Cristóbal de Las Casas, los cuales son muy importantes para mantener el equilibrio ecológico del Valle de Jovel, que además son el hogar de varias especies endémicas. #YoProtejoElAgua
La ciudad de San Cristóbal de Las Casas ubicada en la región de los altos de Chiapas, posee dos humedales de montaña reconocidos en 2011 como Áreas Naturales Protegidas Zonas Sujetas a Conservación por el gobierno del Estado, también, fueron reconocidos sitios Ramsar en 2008 y 2012, en el marco de la “Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional Especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas” (Convención Ramsar).
Estos humedales han sufrido un proceso de destrucción acelerada sin que ninguna autoridad municipal, estatal o federal haya hecho lo necesario por detenerlo. Llevamos más de 12 años realizando acciones en defensa de dichas áreas, además de solicitar reiteradamente la intervención de las instituciones de los distintos niveles de gobierno sin que hasta el momento se haya conseguido detener los rellenos y las construcciones dentro de los polígonos de estos importantes humedales, que permiten la filtración y recarga de agua hacia los manantiales de donde se abastece a la población, entre otros servicios ambientales que brindan.
Las clausuras por falta de permisos para la construcción que realiza el municipio, las posibles sanciones administrativas a los dueños de construcciones que emite la Profepa no han sido para nada suficientes.
Habitantes de San Cristóbal hemos observado con profunda preocupación y rabia la incompetencia de la Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas y la Fiscalía Ambiental del Estado de Chiapas, para la protección y acción penal contra las personas que destruyen los humedales La Kisst y Ma. Eugenia.
Desde el año 2015 a la fecha hemos presentado ocho denuncias ante PROFEPA quien dice ha hecho lo que le faculta la ley, posteriormente las ha turnado a la Procuraduría Ambiental del Estado, Fiscalía Ambiental Estatal, Fiscalía General de la República; además de otras denuncias que han presentado por su parte el ayuntamiento de San Cristóbal.
Hasta el momento no contamos con información sobre resoluciones emitidas, ni tampoco se ven las acciones judiciales en el terreno de los hechos, ya que siguen las construcciones en los humedales, y como este caso, hay otras denuncias de daño ambiental como la Reserva de Quenvó Cucxtitali en donde tampoco hay acción judicial.
Hemos solicitado al fiscal y al procurador dentro de la mesa de trabajo interinstitucional un concentrado de todas las denuncias presentadas y procesos llevados a cabo, con las respectivas resoluciones administrativas y judiciales, y no hay respuesta.
Todo evidencia que hay un nivel alto de ineficiencia, dilación y falta de compromiso con la justicia, los expedientes de las diferentes denuncias quedan archivadas, atoradas, o negociadas. Por todo lo expuesto anteriormente, ciudadanas y ciudadanos exigimos la destitución del Procurador Ambiental Lic. Victor Hugo Villatoro Ventura y del Fiscal Ambiental Lic. Vicente César Molina Zenteno.
