Compartimos esta invitación de la Red Latinoamericana contra Represas y por los Ríos, sus Comunidades y el Agua REDLAR – Agosto de 2021
Los ríos que fluyen libremente crean vida Los ríos represados mueren, junto con los pueblos que conviven con ellos
La narrativa común de la industria hidroeléctrica es que las hidroeléctricas sólo aportan bienestar y progreso. Pero para las comunidades que dependen de los ríos para obtener alimentos, ingresos, agua potable, recreación y valores culturales, esta promesa es falsa. En cambio, soportan la destrucción de ecosistemas y pueden verse obligados a trasladarse. Muchas inversiones nacionales y transnacionales para construir represas hidroeléctricas implican corrupción y son un medio de apropiarse de la riqueza a expensas de las comunidades afectadas. Las represas hidroeléctricas pueden desencadenar intensas disputas internacionales, por ejemplo, la disputa entre Egipto, Sudán y la vecina Etiopía, propietaria de la “Gran Represa del Renacimiento” que amenaza con interrumpir el flujo del río Nilo y afectar a millones de vidas. Lamentablemente, la influencia de la industria hidroeléctrica también está vinculada a amenazas, ataques e incluso asesinatos, como el de Berta Cáceres, el 2 de marzo de 2016.
Debido a que las represas hidroeléctricas requieren una gran cantidad de asociaciones comerciales, los gobiernos y las empresas las promueven como energía “limpia”, “verde” y “sostenible” en un esfuerzo por asegurar su financiamiento y aprobación. Las empresas niegan rutinariamente su impacto destructivo a través de estudios ambientales inadecuados, y su aprobación es facilitada por una burocracia técnica que a menudo colabora y cede a estos intereses.
Para fortalecer la imagen de esta industria, la Asociación Internacional de Energía Hidroeléctrica (IHA) ha organizado el Congreso Mundial de Energía Hidroeléctrica, del 7 al 24 de septiembre de 2021 en Costa Rica, país que es exhibido como ejemplo exitoso de energía “limpia y sostenible”, idea que se repite en su proyecto de Declaración de San José1.
En respuesta al Congreso de la IHA, organizaciones en Costa Rica en coordinación con movimientos socioambientales y ecologistas de todos los continentes llevaremos a cabo el Movimiento Global con el objetivo de crear un espacio alternativo de discusión y movilización en defensa de los ríos y los pueblos del planeta, que hemos llamado “MOVIDA GLOBAL POR LOS RÍOS Y LOS PUEBLOS”.
Propuestas de acción:
nuestro Movimiento Global incluye las siguientes acciones antes y después del Congreso de la IHA, destinadas a fortalecer nuestras capacidades colectivas para proteger ríos y comunidades:
Les pedimos que cada país genere un “Pronunciamiento nacional” ante las hidroeléctricas. Pueden ser escritos de movimientos sociales si por razones operativas no fuera posible unificar. Esos pronunciamientos serán reunidos en un compendio que se compartirá con todo.as.
Queremos que expongan su experiencia ante las hidroeléctricas en FOROS VIRTUALES INTER-PAÍSES, para lo cual les pedimos que nos comuniquen quiénes desean participar y sobre qué temas.
También pueden pronunciarse en audios y videos (Indicaciones técnicas más abajo).
En sus pronunciamientos y otros textos, audios y videos, les invitamos a que expongan sus criterios y visión sobre aspectos como:
inversión pública y privada, nacional e internacional y corrupción,
impactos ecológicos de la energía hidroeléctrica y destrucción de ecosistemas,
y la “farsa de las energías limpias y sostenibles” y los “estudios de impacto ambiental”,
las emisiones de carbono de las represas hidroeléctricas y el agravamiento del cambio climático,
tácticas de intimidación, incluidas amenazas, criminalización, desplazamiento y asesinatos,
hostigamiento e invasión de territorios indígenas,
integración de las mujeres en la defensa de los ríos y los territorios,
problemas de eficiencia y escala de hidroeléctricas existentes,
pérdida del control nacional y social-comunitario de los recursos hídricos y energéticos.
Con base en la “Declaración Ríos Saludables para una Recuperación Justa y Verde”2, esperamos que ustedes opinen también sobre:
una moratoria global de nuevas hidroeléctricas,
aumento de la inversión en energías renovables y almacenamiento de energía,
nueva matriz energética y generación distribuida democráticamente, y
salvaguarda de áreas vulnerables y reconocimiento jurídico de derechos de los ríos3
Si bien el Congreso de HE es virtual, en Costa Rica realizaremos encuentros locales/comunitarios y movilizaciones (atendiendo restricciones por el Covid19). Una más de nuestras tareas es desmentir que Costa Rica es un “modelo” de “energía hidroeléctrica sostenible” 4.
Indicaciones técnicas para sus aportes:
Pronunciamientos nacionales y otros textos de no más de 750 palabras.
Audios y Videos de no más de 3 minutos (pueden ser varios) para podcasts y producción de radio que se publicarán en los medios de REDLAR, “El Chapuzón”/Costa Rica, y en todas las redes sociales y canales de los movimientos sociales en cada país.
Les pedimos que el envío mismo de sus aportes sea su autorización para usarlos en nuestros procesos de comunicación.
Calidad del sonido: grabar en lugares sin ruido de lluvia, viento, carros, gente, otros.
Calidad del video: es preferible con luz natural y evitar ambientes oscuros y cuidar sonido igual que con audios. Colocar el teléfono el posición horizontal a 1 metro de quien habla.
Enviar sus textos, videos y audios en simultáneo a:
Y a los correos: raquelbd@gmail.com comunicacion@red-lar.org y Mariana Porras Rozas: mariana@coecoceiba.org
Les pedimos ENVIAR SUS APORTES DESDE YA para realizar la producción audiovisual y preparar la DECLARACIÓN CONJUNTA POR LOS RÍOS Y LOS PUEBLOS. Ojalá antes 21 DE AGOSTO 2021. Igual, seguiremos recibiendo aportes como parte de la “MOVIDA”.
Muchas gracias. FECON-Equipo Cota Rica, REDLAR, Otros Mundos-México e International Rivers.
Compartimos esta nota de Avispa Midia sobre la defensa de la salud y el agua en la península de Yucatán ante la gran expansión y contaminación de las granjas de puerco – A 20 de agosto del 2021
La Esperanza de Sitilpech, freno a devastación por industria porcícola
En las tierras de la península de Yucatán, donde se encuentra la mayor reserva de agua subterránea del país, comunidades indígenas mayas libran múltiples batallas contra la instalación, operación y expansión de mega granjas de cerdos, las cuales proliferan con anuencia de las autoridades pese a las afectaciones al ambiente y la salud de los pobladores de la región.
Es el caso de las comunidades de Homún, Celestún y Chapab, por mencionar solo algunas, las cuales, mediante distintas estrategias, tanto legales como de movilización social, han recogido el reclamo de la población local que exige un alto a la expansión de la industria porcícola en el sureste mexicano.
En este contexto, la comunidad de Sitilpech, ubicada en el municipio de Izamal, se ha unido al esfuerzo de l@s habitantes locales para demandar el cierre de operaciones de mega granjas instaladas sin la aprobación de las poblaciones locales.
“Yucatán ha sido invadido por esas granjas, ya se volvió un problema ambiental grandísimo”, asevera Ricardo, integrante del colectivo La Esperanza de Sitilpech, quien en entrevista con este reportaje asevera que es debido a las graves afectaciones al medioambiente y a la salud de l@s habitantes lo que les motivó a unirse al reclamo de otros pueblos de la región para poner un alto a dicha industria.
“Me siento indignada porque no respetaron los derechos de cada persona que vive acá en el pueblo. Están contaminando el agua, cosa que está muy mal porque el agua es lo esencial que debemos tener”, refiere Berenice, también integrante de La Esperanza de Sitilpech.
Dicha organización, con el acompañamiento del colectivo Kanan Derechos Humanos, presentó una demanda de amparo para revocar los permisos de operación de la mega granja Kancabchén II, propiedad de la empresa Kekén, la cual está ubicada a menos de un kilómetro de la comunidad de Sitilpech.
De acuerdo al colectivo Kanan, dicha mega granja cría más de 40 mil cerdos y se encuentra actualmente en un proceso de ampliación de sus instalaciones, con lo cual también se prevé un incremento en la contaminación y abuso del agua por parte de dicha industria.
Para poner en perspectiva, el consumo de agua por dicha industria requiere enormes cantidades. Según datos de Aquae Fundación, para producir 1 kilogramo de carne de cerdo se utilizan cerca de 6 mil litros de agua. “Los cerdos se bañan con agua limpia. Mas de 5,000 litros para bañar los cerdos (…) y nosotros a veces acá no hay suficiente agua potable”, comenta Berenice, indignada por la situación de escasez de agua para l@s pobladores mientras se despilfarra en la industria porcícola.
“Resulta urgente recalcar que actualmente la granja está realizando una ampliación a sus instalaciones, buscando aumentar su capacidad de producción, lo cual hace sin contar con permisos ni una consulta a la comunidad que se vería afectada. Dicha ampliación aumenta los actuales factores que ya deterioran el medio ambiente, agua, tierra, territorio y autodeterminación de la comunidad maya de Sitilpech”, denunció el colectivo de derechos humanos mediante comunicado difundido en julio pasado.
Contaminación
En entrevista con integrantes de La Esperanza de Sitilpech, son reiteradas las acusaciones de contaminación producto de la operación de la industria porcícola. Incluso mencionan que a finales de abril pasado realizaron pruebas de laboratorio en pozos de agua ubicados cerca de cenotes, en donde se encontraron niveles elevados de coliformes fecales en el agua.
“Las pruebas se hicieron en zonas aledañas a la granja. Las coliformes fecales son un tipo de bacterias que causan infecciones gastrointestinales (…)hay una norma mexicana que regula la cantidad de coliformes y minerales que se pueden encontrar en el agua. Y pues superaban la cantidad que establece la norma oficial mexicana”, refiere Janet Medina, abogada del colectivo Kanan.
Acorde a la investigación El manejo del agua a través del tiempo en la península de Yucatán, con datos del Registro Público de Derechos de Agua de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), a finales de 2013, en los estados de la península de Yucatán se generaban 374 descargas pecuarias con un total de 9 millones de metros cúbicos anuales, de los cuales 77% correspondía a Yucatán, 17% a Campeche y 6% a Quintana Roo. En Yucatán, según los reportes obtenidos por el Consejo Nacional de Población desde 2010, la zona porcícola presentaba una contaminación por desechos pecuarios seis veces mayor que la originada por la población humana asentada en ese lugar.
“Nosotros en realidad nos ha afectado bastante, sobre todo la parte ganadera, la parte apicultura, hay gente que está pegado al terreno de esta gente, de esa granja, que prácticamente que todo lo que sueltan, el agua podrida lo va contaminando el agua para los ganados, para las abejas”, denuncia César, otro de los pobladores organizados.
L@s habitantes de Sitilpech refieren que es una practica común el extraer agua del subsuelo para cubrir todas sus necesidades. “Si la granja está tirando todo el excremento, la orina y el agua al subsuelo, en cuestiones de día ya está en el manto freático que es puro cenotes (…) Todo Yucatán se conecta con puros cenotes del subsuelo y si no defendemos el agua, nosotros adultos, a los niños, ¿qué explicación les daremos del futuro de ellos?”, reclama Óscar.
La preocupación de l@s habitantes de Sitilpech también se debe a la falta de acceso a servicios de salud, pues denuncian que solo existe una instalación, la cual no cuenta ni con medicamentos ni médicos. “Hay un incremento de moscos, porque el agua se almacena en el subsuelo y en la tierra y se están criando los moscos, es un criadero de moscos. Últimamente han padecido enfermedades algunos niños, de lo que transmite el mosco: la chikungunya, el dengue. Cuando nos da aquí un dengue, tenemos que pagar de nuestra bolsa los medicamentos y el doctor. Y esta empresa, tranquila, haciendo dinero a costillas del pueblo, dañando al pueblo. Pues no, esa es la indignación del pueblo, está molesto por eso”, reclama Roberto.
Demandas y corrupción
La demanda principal de La Esperanza de Sitilpech es por el reconocimiento y respeto de su libre determinación. Como lo explica Óscar, “el pueblo quiere que definitivamente cierren y adiós. Para que nos dejen vivir en paz. Porque nosotros tenemos derechos a un suelo limpio, al aire limpio en nuestra comunidad, al agua. Son nuestros derechos como pueblo indígena y fueron pisoteados, fueron no consultados, una falta de respeto”.
En ese contexto, el pasado 6 de julio, el Juzgado Primero de Distrito con sede en Mérida, Yucatán, admitió la demanda de amparo presentada por l@s habitantes de Sitilpech. Dicha demanda está dirigida contra de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS), el Organismo de Cuenca de la Península de Yucatán y el Ayuntamiento de Izamal por el incumplimiento de sus obligaciones de fiscalizar, inspeccionar, vigilar y sancionar a la granja porcícola denominada Kancabchen II.
“Jóvenes, personas adultas mayores y 60 niños y niñas firmaron la demanda, todas con la preocupación por cómo se afecta la comunidad y por el futuro que nos depara si sigue operando y más aún si se incrementa en el doble o triple el número de cerdos criados”, contextualiza un comunicado del colectivo Kanan difundido el pasado 10 de agosto.
De acuerdo a la abogada Medina, “esta granja se instauró dentro del territorio de una comunidad principalmente maya hablante y pues se activa en ese instante la obligación de que sean consultadas, que se les pregunte, se les informe a las personas qué actividad se va a realizar. Esto no se realizo así. Es una omisión grave porque se incumple con la Constitución y con un tratado internacional, firmado y ratificado por México”, menciona en referencia al Convenio 169 de la OIT.
Pese a la puesta en marcha de la estrategia legal, el colectivo Kanan señala que los esfuerzos de la población local se ven amenazados por las autoridades judiciales. “Al ver la movilización legal del pueblo maya de Sitilpech, la granja porcícola Kancabchén Il ha presentado una queja para bloquear la admisión de nuestra demanda, cargada de argumentos evasivos, confusos y tergiversados que lo único que buscan es que no se lleven a cabo las investigaciones pertinentes, que no se conceda protección legal al derecho al medio ambiente y que no se sancione el actuar irregular de la empresa porcícola por contaminar y sobre todo por no haber consultado al pueblo”, enfatiza mediante comunicado difundido en agosto.
Acorde al colectivo Kanan, el recurso de queja interpuesto por la mega granja porcícola es parte de una estrategia comúnmente utilizada por dicha industria contra la defensa de los derechos de comunidades indígenas. Y para ejemplificarlo enuncian el caso del pueblo maya de Chapab.
En dicha localidad maya también se presentó una demanda de amparo promovida por sus habitantes a través del colectivo Kanan Luum Chapab. Pese a que, derivado de la demanda se había concedido la suspensión definitiva de la granja por las irregularidades identificadas, la granja también promovió una queja contra el recurso legal que detuvo su clausura.
“Dicha queja fue analizada por el Tribunal Colegiado en materias Penal y Administrativa, teniendo como magistrado ponente a Jorge Enrique Eden Wynter García, resolviendo de manera absurda y contraria a los derechos de los pueblos indígenas, olvidando los criterios más recientes y protectores de los derechos humanos y sin importar que el medio ambiente de niños y niñas sea lo que está en riesgo, situación que hace sospechar que pueda tener intereses ocultos”, denuncia el colectivo Kanan.
Para la abogada Medina, la granja está intentando hacer parecer que no tiene la obligación de consultar a la población indígena. “Pero lo cierto es que ya hay pronunciamientos en ese sentido de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde establecen esta obligatoriedad de consultar a los pueblos indígenas. Entonces, no es opcional, sino obligatorio y si no hay una consulta no queda mas que declarar la inconstitucionalidad de los permisos que otorgaron las diversas autoridades a esta granja”.
“Seguiremos pendiente de lo que resolverá el (Tribunal) colegiado torno al recurso de queja porque nos preocupa mucho que termine resolviendo como hizo en Chapab, olvidando los criterios mas recientes sobre protección al medio ambiente y derechos de los pueblos indígenas. No encontramos sentido en lo que hizo el colegial y nos preocupa que se pueda repetir lo mismo”, enfatiza la abogada.
Por su parte, en Sitilpech, l@s habitantes reconocen que la empresa ha querido acercarse a dialogar. “Pero nosotros como pueblo no queremos nada de diálogo, lo que queremos es que se vayan. Estamos tocando intereses de empresas grandísimas, pero nosotros no vamos a echarnos para atrás, hasta conseguir el objetivo de que se vayan vamos a dejar de luchar. No importa cuánto dinero tengan”, reclaman l@s integrantes de La Esperanza de Sitilpech.
Mantener la lucha
La organización en Sitilpech también ha realizado paros, marchas, protestas y bloqueos en su afán de llamar la atención de la población de los alrededores para unirse al reclamo de clausurar la mega granja, pues reconocen la corrupción de las autoridades y su desinterés en actuar conforme a la ley.
“A la empresa grande de Kekén. Tengo una pregunta muy importante, ¿Por qué no pusieron sus granjas, o sus empresas o sus negocios, donde ellos viven? ¿Por qué tuvieron que venir invadir nuestro pueblo, nuestra tierra, nuestra agua, aire, por qué tuvieron que venir acá? Invadir, contaminar, pasar por encima de los derechos de las personas”, reclama Berenice.
Y unánimemente, el reclamo de l@s integrantes del colectivo es que la granja no siga funcionando: “Que se vayan, es lo único que queremos, es lo que la gente quiere”.
Con información de Vanessa García Navarro
*Los nombres de l@s entrevistad@s fueron cambiados por motivos de seguridad
Imagen: En portada: Habitantes de Sitilpech se manifiestan contra la empresa Keken y la mega granja de cerdos contigua a su comunidad. Foto de Kanan Derechos Humanos
Compartimos esta nota de Avispa Midia sobre el acceso al agua en México y la sobre explotación de este vital liquido por grandes industrias – A 10 de agosto del 2021
La Subdirectora General de Administración del Agua de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Elena Burns Stuck, reconoció en un foro realizado en el Senado de la República que el sistema de gestión de agua en México no funciona porque fue diseñado para no funcionar. “Fue diseñado para crear mercados del agua y no para cumplir con el derecho humano al agua”, dice.
Stuck admitió que “si una comunidad indígena o rural quiere la seguridad jurídica sobre su agua, no hay; y no tenemos la manera en este momento de poder reconocer su derecho humano al agua”.
No se puede garantizar el derecho al agua porque hay un sistema de concesiones que privilegia a los que tienen recursos para comprarlas. “El sistema de concesiones se impuso en México como condición para la firma del Tratado de Libre Comercio de América de Norte (TLCAN). Exigió a México tratar todas las tomas de agua bajo la figura de la concesión, además que la concesión fuera objeto de operaciones de compra y venta sin restricción”, explicó la funcionaria.
Tanto es así que fue creada “en la subdirección general una gerencia que se llama Bancos del Agua, que estuvo a cargo de determinar el precio adecuado de compra y venta de concesiones en regiones de estrés hídrico”.
El número de concesiones para la explotación de agua se incrementó considerablemente a partir del TLCAN. Desde la Constitución de 1917 y hasta la aprobación de la Ley de Aguas Nacionales, en 1992, solo se habían otorgado 2 mil concesiones. Pero a partir de 1992, hasta la fecha se han otorgado más de 518 mil concesiones. Y todavía hay un rezago de 174 mil. “En muchos países, como en los Estados Unidos, el sistema de reconocimiento de derechos tiene un trasfondo que integra agua con territorio, con cultura, con distintas formas de gobierno indígenas, locales. No simplemente con operaciones de compra y venta”, dijo Burns.
La Ley de Aguas Nacionales permitió el otorgamiento de concesiones en orden de solicitud. “Corrió la voz entre ciertas capas de la sociedad, muy en particular figuras fuertes dentro del partido en el poder en aquel entonces, y tenemos operadores regionales que apartaron sus concesiones, sus millones de metros cúbicos de agua al año, con la intensión de vender derechos al agua en cuanto subiera los precios”, explicó.
Además, las concesiones fueron otorgadas sin importar la disponibilidad de agua. De acuerdo con la Subdirectora General, se otorgaron 270 mil concesiones antes de que Conagua emitiera los dictámenes de disposición de agua.
Concesiones, por mayoreo
La Ley de Aguas Nacionales exige que Conagua realice todo el trámite de concesión dentro de 60 días a cualquier particular que haga la solicitud. “Y eso ha sido imposible, por varios motivos, falta de personal, de presupuesto. Entonces en todo el país ha emergido toda una industria de abogados que obtienen concesiones para sus clientes reclamando a Conagua por no haber cumplido el plazo de 60 días”, sostuvo la funcionaria de ese organismo.
A los tribunales no les importa si hay veda, si hay daños a terceros, si no hay disponibilidad de agua, dijo. “En estos momentos Conagua está otorgando concesiones por mayoreo. Se está otorgando concesiones en acuíferos y cuencas sobreexplotados bajo ordenes de tribunales que nos dan entre 24 y 72 horas para otorgar concesión, con sanciones que van desde multas que se quita de los salarios de los funcionarios, inhabilitación y prisión”.
Mientras las concesiones son acaparadas por los que tienen recursos para hacerlo, los organismos operadores en grandes ciudades abastecen a quien paga más. “En grandes y crecientes zonas populares se vive la experiencia del tandeo, de la pipa y casos extremos en el cual la gente tiene que comprar agua de garrafón para suplir necesidades mínimas de agua”, sostuvo Burns.
La Subdirectora General fue al Senado a exponer la realidad del sistema de gestión de agua en el país y, delante de un auditorio con la presencia de algunos pocos senadores, pidió cambios en la legislación del agua en México. Uno de ellos es la aprobación de una nueva ley de aguas que lleve en consideración el derecho humano al agua y el derecho indígena.
Imagen: En portada: Pueblos de la región Izta Popo, en Puebla, enjuiciaron a la empresa Bonafont por el abuso en la sobreexplotación de sus fuentes de agua. Foto de Jana X
Compartimos este comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA sobre la reciente represión a las y los defensores del humedal en Xochimilco – A 27 de julio del 2021
Desde la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA) condenamos la violenta represión de la que fueron victimas las y los defensores del territorio de Xochimilco el viernes pasado en la CDMX, por un escuadrón de ganaderos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que golpearon y maltrataron a las y los defensores.
Esto sucedió mientras la Coordinadora de Pueblos y Barrios de Xochimilco se manifestaban pacíficamente frente al Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, ubicado en el Boulevard Adolfo López Mateos, para exigir que el Tribunal resuelva dos recursos de revisión que están pendientes para los pueblos de Xochimilco, a causa de la pretensión de construir de forma ilegal el puente vehicular de Cuemanco que afectará gravemente el humedal.
Las y los chinamperos han venido denunciando desde hace más de un año el daño irreparable que traerá el puente para su actividad y para las especies endémicas y migratorias de la zona lacustre. Asimismo, han denunciado que esto traerá graves consecuencias para el abastecimiento de agua a corto plazo.
Desde la REMA exigimos al Décimo Tribunal Colegiado que resuelva los recursos de revisión interpuestos por los pueblos de Xochimilco. Exigimos igualmente a Claudia Sheinbaum un alto total a la represión a las y los defensores del territorio en la CDMX.
¡BASTA DE REPRIMIR A LOS PUEBLOS POR DEFENDER SU TERRITORIO!
Firma
RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA
Recientemente la Organización de Naciones Unidas (ONU) dio a conocer en un informe que, según diversos estudios realizados en los últimos años, de 1990 a la fecha se han perdido 420 millones de hectáreas de bosques debido a que los países “no han avanzado lo suficiente para cumplir las promesas de aumentar el 3% la superficie total de bosques en el mundo para 2030”. En el mismo documento se señala que esta degradación afecta hoy el bienestar de alrededor de 3 mil 200 millones de seres humanos, es decir, por lo menos el 40 por ciento de la población mundial. De igual forma se afirma que si en la próxima década las naciones no restauran una superficie del planeta del tamaño de China, la destrucción de la Naturaleza, el cambio climático y la contaminación seguirán avanzando a pasos agigantados.
En este escenario desolador, la violación del derecho al medio ambiente sano impacta directamente los derechos al agua, a la salud y a la alimentación, donde las mujeres suelen ser las más afectadas. Debido a la división sexual del trabajo, son ellas las principales responsables de garantizar el abasto de agua en los hogares, así como las responsables de la alimentación y del cuidado de los miembros más vulnerables de sus familias, como lo son las niñas, niños y personas adultas mayores, a quienes atienden cuando están enfermos.
La cruda realidad que enfrenta la humanidad en torno a la devastación ambiental mundial tiene muchas caras y muchos responsables, pero ciertamente los gobiernos de todos los niveles son los principales. La negligencia, ineficiencia, falta de control y de respeto al marco legal que están obligados a respetar y hacer respetar, el incumplimiento de compromisos internacionales y la complicidad con las trasnacionales depredadoras, son los rasgos distintivos de la mayor parte de los gobiernos mundiales, con honrosas excepciones.
Lamentablemente, las administraciones municipales de San Cristóbal de Las Casas no son una de estas excepciones. En especial las de los últimos 25 años, se han caracterizado por el incumplimiento y las omisiones respecto a sus compromisos de implementar proyectos en favor del agua y el medio ambiente. Un ejemplo reciente: la ausencia de respuesta y acciones por parte del Ayuntamiento municipal en relación a la Agenda Ambiental de 12 puntos que le fue presentada hace más de un año por el Consejo Ciudadano por el Agua y el Territorio en la Cuenca de Jovel.
La actual administración concluirá su período sin haber asignado presupuesto para una sola de las propuestas con las que se daría atención y se empezaría a solucionar los principales problemas ambientales de la cuenca: plantas de tratamiento de aguas residuales, plantas potabilizadoras de agua, infiltración de agua al subsuelo a través de zanjas de infiltración, viveros y reforestación, detener la destrucción de humedales e implementar un plan de reparación de daños y restauración, así como una planta de procesamiento de residuos sólidos, entre otras.
Ante esta lastimosa realidad, es muy importante destacar el papel que las mujeres ambientalistas están jugando en San Cristóbal de Las Casas al encabezar varios procesos por la defensa del agua, de los ríos y humedales, y de los bosques. Las defensoras del medio ambiente están denunciando, además, los proyectos turísticos sin perspectiva ambiental y la carencia total de un programa sustentable de tratamiento de la basura, que crece día con día. Se trata de mujeres que cotidianamente viven hasta 3 jornadas laborales, divididas entre el trabajo remunerado, el trabajo doméstico y de cuidado de sus familias y el trabajo comunitario y activista. Su trabajo ha sido invisibilizado, muchas han sido denostadas, acosadas, incluso amenazadas, y su trabajo e ideas expropiadas por los “compañeros de lucha”. Esta situación las ha llevado a crear sus propios espacios para la organización de su activismo y para compartir, asimismo, las violencias que viven.
Hacemos un llamado a la ciudadanía a asumir la responsabilidad que nos toca en el cuidado y protección de la Naturaleza, para ser sus cuidadoras y cuidadores, empezando por la implementación de acciones concretas y cotidianas, como el no dejar la basura en la calle, el no consumir plásticos de un solo uso, el evitar el desperdicio del agua y reconocer los efectos dañinos que causan las bebidas azucaradas a la salud, entre otras medidas que pueden tomar tanto para el cuidado del medio ambiente como para el cuidado de su salud.
A las autoridades municipales actuales exigimos que, en lo que les queda de su administración, sienten las bases para la gestión de recursos y los proyectos técnicos que prometieron, y cumplan con ello al menos una de las acciones propuestas por la Agenda Ambiental.
A las próximas autoridades municipales demandamos cumplir los compromisos adquiridos por el Estado mexicano a nivel internacional, donde les toca diseñar, ejecutar y evaluar, con la participación de la ciudadanía, programas y proyectos para interrumpir el deterioro ambiental y resarcir los daños. Entre otras cosas, exigimos no más cambios de uso de suelo; el cumplimiento de la carta urbana y el programa de ordenamiento ecológico territorial; el desalojo de las zonas de conservación ecológica invadidas; además de programas de información y educación ambiental de manera sistemática, permanente e intensa.
Foto: Agua y Vida: Mujeres, Derechos y Ambiente
Exhortamos a las y los diputados federales en ejercicio, que en sesión extraordinaria aprueben YA la Iniciativa Ciudadana de Ley General de Aguas, antes de que sea demasiado tarde y el día cero nos alcance.
A todas las autoridades responsables a nivel municipal, estatal y federal exigimos el fin de la persecución y agresiones contra las y los ambientalistas en todo el territorio nacional, demanda que incluye, en primer término, la presentación con vida de Tomás Rojo Valenzuela, defensor del agua e integrante de la Tribu Yaqui, desaparecido desde el 27 de mayo pasado.
En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, las y los ambientalistas de San Cristóbal de Las Casas alzamos la voz para expresar nuestra convicción de que la defensa de la Naturaleza, de los bienes comunes que son de todas y de todos, es el único camino viable para preservar la vida en nuestro planeta. La responsabilidad y los retos son enormes, pero también lo es la oportunidad que se nos abre para revertir esta espiral de muerte y destrucción y dejar a las nuevas generaciones el mundo que necesitan, el mundo que merecen.
[1] Dolores Barrientos, representante de México ante el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente(Pnuma)
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, 5 de junio 2021
Imagen: Humedales de San Cristóbal de Las Casas/ARCHIVO Chiapas Paralelo
Comunicado de habitantes de las colonias del Sur de San Cristóbal de Las Casas en la Peregrinación en Defensa del Agua, los Humedales, la Madre Tierra y la Vida en los humedales de montaña compartido por SERAPAZ– A 2 de marzo del 2021
A las compañeras, compañeros que acompañan la lucha por la vida, el agua, los territorios, los humedales de montaña.
Con esperanza y alegría nos dirigimos a ustedes para poder agradecerles su asistencia y acompañamiento a esta peregrinación y celebración, ya que es muy significativa para la colonia y comunidad cinco de marzo.
La memoria viva y colectiva de estas tierras que ahora tocan, son tierras recuperadas de 1994 por la lucha de nuestros hermanos y hermanas zapatistas, que sembraron su vida en estos suelos. Aquí buscamos hogar personas pertenecientes a pueblos de raíz Maya Tsotsiles, Tseltales, Cho’les, y castilla; hemos convivido con nuestra sagrada ciénega hogar de diversas plantas, arboles y animales. queremos decirles que sigue vive la luz de la resistencia, para el cuidado de la vida, de la madre tierra.
La declaratoria de lugar sagrado de la ciénega 5 de marzo, es un acto para decir que ahí donde los intereses extractivistas ven dinero y destrucción, nosotras vemos vida en abundancia. Con esta declaratoria de lugar sagrado sabemos que este lugar pasa a ser tierra y agua para todas y todos. El agua no solo es para unos cuantos, el agua es para todos y todas debemos defenderla y cuidarla, ser guardianes y guardianas del agua y de la madre tierra.
Sabemos que esta lucha por la vida, los territorios, el agua, los humedales de montaña, es una lucha hermana de otras luchas, como la de nuestras compañeras y compañeros de Las Abejas de Acteal, Gobierno Comunitario de Chilón, Red de Resistencia y Rebeldía Ajmaq, Chinamperos de Xochimilco y San Gregorio Tlapulco.
Seguiremos tejiendo redes organizativas con las comunidades y ciudad para proteger nuestros espacios comunes de vida.
Agradecemos a los pueblos que hoy nos acompañan y nos abrazan en estos momentos de alegría, les damos las gracias por hacer lo posible y tener acto de presencia aquí en nuestra colonia y comunidad cinco de marzo. También agradecemos a los compañeros que no pudieron asistir, pero que a distancia nos apoyan y nos acompañan en esta lucha que es de todos.
A nombre de las colonias del norte y de los barrios al consejo general de la zona sur y norte, de las organizaciones, colectivas, de los académicos, de los defensores de derechos humanos, de los pueblos originarios, de la colonia y comunidad cinco de marzo a nombre de todos, gracias.
¡La Madre Tierra no se vende, se ama y se defiende! ¡El agua no se vende, se cuida y se defiende! ¡Ciénegas para vivir, no para destruir!
Compartimos esta nota de Desinformémonos sobre la lucha por la autogestión de los territorio en Puebla y por la defensa del agua – A 21 de abril del 2021
Ciudad de México | Desinformémonos. Pueblos unidos de la región cholulteca y de los volcanes, quienes desde el pasado 22 de marzo mantienen un plantón afuera de la planta de Bonafont ubicada en el municipio de Juan C. Bonilla en Puebla, denunciaron amenazas por parte de autoridades locales y empresarios, además, este miércoles, decretaron el cierre definitivo de la empresa.
En conferencia de prensa desde “la casa de los pueblos”, como han nombrado a las instalaciones del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), tomadas por integrantes de la comunidad otomí desde hace seis meses en la Ciudad de México, los pueblos unidos denunciaron las afectaciones directas que la empresa provocó mediante el saqueo de los mantos acuíferos de la región, lo que, explican, dificultó la realización de sus actividades agrícolas y fuentes de autoempleo.
Aseguraron que desde la toma de la planta de Bonafont, empresarios y autoridades han intimidado y amenazado a quienes protestan y denunciaron que la empresa los acusó de robo de vehículos. Además, se pronunciaron contra “la estrategia de persecución e intimidación” por parte de la Fiscalía General del Estado de Puebla, quien los amenazó con detenerlos si no se retiraban del plantón.
“Hacemos responsables a los empresarios y gobiernos si a algún compañero o compañera le llega a pasar algo, sabemos que defender el agua, la tierra y la vida no es un delito”, condenaron los defensores y aseguraron que no aceptarán consultas “amañadas para beneficio del gobierno y de empresas transnacionales”.
En conferencia, los defensores también se pronunciaron contra el robo de agua en Santiago Mexquititlán, comunidad otomí en Querétaro y parte del Congreso Nacional Indígena. Integrantes de la comunidad denunciaron que desde hace meses no tienen agua. “Estamos en defensa de la vida, como pueblos sabemos que el agua es sagrada porque la utilizamos para la agricultura y para todo ser vivo”, explicaron que no permitirán ningún megaproyecto en sus territorios.
San Cristóbal de Las Casas tiene uno de los ecosistemas más raros en el mundo los humedales de montaña, los cuales sirven para captar, filtrar, almacenar y proveer agua. De ahí su enorme importancia para el ser humano y el medio ambiente. Según el Colegio de la Frontera Sur (Ecosur) el Valle de Jovel cuenta con 10 humedales: Almolonga, La Hormiga, Peje de Oro, Maria Auxiliadora, San Juan de los Lagos y María Eugenia, Real del Monte, El Campanario, Pedregal, Navajuelos y La Kisst. De los cuales solo 2 están catalogados como sitio Ramsar: Humedales de Montaña María Eugenia 85.950 hectáreas y Los humedales de Kisst con 35.670 hectáreas, este último provee provee el 70% del agua potable que se distribuye a los habitantes de la ciudad de San Cristóbal de las Casas.
Les compartimos este video sobre los Humedales en San Cristóbal y algunas de las acciones que se realizan en su defensa, así como testimonios de jóvenes que colaboran en estas acciones.
Un sitio Ramsar es un humedal designado como de importancia internacional bajo la Convención de Ramsar. La Convención sobre Humedales, conocida como la Convención de Ramsar, es un tratado ambiental intergubernamental establecido en 1971 por la UNESCO, que entró en vigor en 1975.
Humedales de Montaña María Eugenia tiene un papel importante en la prevención y control de inundaciones. Como humedal urbano, es importante para la recarga de acuíferos para abastecer de agua a San Cristóbal de las Casas.
El sitio alberga grandes poblaciones de peces, aves y anfibios, de los cuales 5 han sido identificados como endémicos: Profundulus hildebrandi mejor conocido como Popoyote en peligro crítico, Ergaticus versicolor, también peligro de extinción, Plectrohyla pycnochila, Abronia lythrochila y Carduelis atriceps .Así como la ranita arborícola (Plectrohyla pycnochila) y la rana ladrona (Eleutherodactylus glaucus), que son endémicas del área, y el topo de San Cristóbal (Sorex stizodon) sujeto a protección especial.
El sitio también es un importante lugar de descanso para las aves migratorias como entre las que destaca la cerceta ala azul (Anas discors) y la garza grande (Ardea alba) y un refugio para las especies locales por ejemplo, Micropterus salmoides, Lithobates brownorum y Tamnophis proximus a la garza azul (Egretta caerulea), el ralo de virginia (Rallus limicola), la gallineta común (Gallinula chloropus) y el sargento (Agelaius phoeniceus).
A pesar de su gran importación ecológica los humedales de montaña en San Cristóbal se ven fuertemente amenazados. Entre los factores se encuentran el constante aumento de la población, la expansión desorganizada de la vivienda, las invasiones, el cambio irregular de uso de suelo, el rellenado, la introducción de especies, entre otros. Lo que han provocado que el área disminuya de tamaño y la deforestación. En el marco de día mundial por el agua Diferentes colectivos y organizaciones en la ciudad promovieron acciones en pro de los humedales. Dentro de ellas la construcción de un dique para evitar la desecación de los mismos y la limpieza del área.
¿De quién es la responsabilidad de proteger y cuidar los humedales? ¿De las instituciones de gobiernos? ¿De la presidencia municipal? ¿De las y los habitantes de la ciudad? ¿O de todas y todos?
Imagen: Humedales de La Kisst – Área de comunicación de Otros Mundos
Comunicado del Consejo Ciudadano por el Agua y el Territorio, CEPAZDH A.C, Otros Mundos A.C, Miradas Verdes, Colektivo Alternativas, Colectivo de Cine Presente, Abya Yala Chiapas y Colectivo Ch ́ulel, Consejo Ciudadano de Seguridad, Xojolabal Jubileo, Agua para Todxs Chiapas y Transforma A.C en el marco del Día Mundial del Agua – A 22 de marzo de 2021
Actuación inmediata para detener las construcciones y devastación de los Humedales Ma. Eugenia y la Kisst.
Garantizar el Derecho Humano al Agua a la población de San Cristóbal desde una gestión integral de Cuenca.
Exigencia de que esta legislatura actual dictamine ya una Ley General de Agua
A las Autoridades Municipales, Estatales y Federales
Al Congreso de la Unión
A los Medios de Comunicación
Al Público en General
PRONUNCIAMIENTO
Hoy 22 de marzo de 2021, en el marco del Día Mundial del Agua, las personas, organizaciones, colectivos y colectivas, colonias y barrios de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, expresamos lo siguiente:
En noviembre de 2002, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas (Comité DESC) decretó que “El derecho humano al agua es el derecho de todos a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico”. En abril de 2011, el Consejo de Derechos Humanos del mismo organismo reconoció, el acceso seguro al agua potable y al saneamientos como un derecho humano.En el caso de México, a partir del 2012se elevó a rango constitucional el derecho humano al agua y saneamiento.
Lamentablemente en los hechos estas disposiciones legales se incumplen o se violentan diariamente en todo el territorio nacional. Es el caso de Chiapas y en particular, de San Cristóbal de Las Casas, donde el deterioro ambiental ha alcanzado niveles alarmantes. Uno de los puntos más críticos es precisamente el del agua. Nuestra ciudad, donde hasta hace unas décadas llovía diez meses al año, atraviesa hoy por una crisis hídrica severa, producto del cambio climático, la destrucción y contaminación de las zonas de recarga del líquido, el crecimiento descontrolado y sin planeación de la mancha urbana y la falta de aplicación de la ley, en la medida en la que los gobiernos municipales no han garantizado el derecho humano al agua, ni la preservación y protección de los humedales, con un desastroso manejo de ríos y otras fuentes de agua, sin poder o querer controlar la explotación minera, con graves consecuencias para la cuenca.Todo ello ha traído como resultado la pésima calidad del agua que consumimos los habitantes de la cuenca y las subsecuentes afectaciones a la salud; el desabasto del líquido en numerosos barrios y colonias; y la devastación generalizada de las áreas naturales.
Como es sabido, nuestra ciudad posee dos humedales de montaña (valiosos ecosistemas y hábitat de numerosas especies de flora y fauna, que cumplen además la función decaptar, filtrar, almacenar y proveer de agua a la cuenca): Ma. Eugenia y La Kisst. Ambos espacios han sido catalogadosdesde2011 como Áreas Naturales Protegidas Zonas Sujetas a Conservación por el gobierno del estado; y en 2012como Sitios Ramsar (es decir, de importancia internacional debido a su riqueza biológica).
En los últimos años la destrucción de estos espacios se ha acelerado irremediablemente, mientras las autoridades de los tres niveles de gobierno se lanzan mutuamente la responsabilidad de protegerlos, tarea a la que están obligados todas. Ante esta lastimosa realidad habitantes, colectivas y colectivos,organizaciones ecologistas, de barrios y colonias de la ciudad llevamos años realizando diversas acciones para preservar nuestros humedales, además de solicitar una y otra vez la intervención de las instituciones. Hasta la fecha no hemos logrado detener los rellenos y las construcciones dentro de los polígonos de Ma. Eugenia y La Kisst,nuestras principales reservas de agua.
Ni las anteriores administraciones municipales ni la actual han estado a la altura del reto, bien sea por acciones contrarias a su deber o por omisiones injustificables ante la devastación:falta de vigilancia en las áreas perimetrales de los humedales, para garantizar su protección y mantenimiento; clausuras de obra por falta de permisos para construirque no se respetan;ausencia de sanciones administrativas a quienes infringen la ley;indulgencia ante las invasiones no sólo pero principalmente en los humedales; y, desde luego, la carencia de una disposición verdadera para atender y escuchar nuestras demandas. Esta actitud se hace extensiva a la Procuraduría Ambiental del Estado y a la Fiscalía Ambiental Estatal, de las que hemos solicitado la renuncia de sus titulares actuales.
A pesar de la falta de respuestas, nuestra lucha continúa.Entre otras acciones, hemos elaborado una agenda de doce puntos que presentamos en diversas ocasiones al cabildo municipal.Asimismo, en consonancia con los diversos movimientos en defensa del agua que han surgido en todo el país, suscribimos plenamente los doce apartados de la iniciativa ciudadana de Ley General de Aguas.
Ante todo lo expuesto anteriormente, manifestamos:
1.A los tres niveles de gobierno, que asuman su responsabilidad en el cumplimento del derecho humano al agua y al saneamiento, atendiendo todas las demandas que hemos enumerado en el presente pronunciamiento.
2.A los legisladores, nuestro rechazo rotundo a la ley de aguas vigente, que está agotando nuestras posibilidades de salud y de vida, de los ecosistemas, nuestras familias y nuestras comunidades. Colectivos, organizaciones y pueblos que habitamos tierras chiapanecas nos sumamos a la exigencia de que esta legislatura dictamine ya una Ley General de Agua que contenga los temas de consenso y acuerdos alcanzados entre las cuatro iniciativas presentadas en la Cámara de Diputados el año pasado.
Firman
Consejo Ciudadano por el Agua y el Territorio, CEPAZDH A.C, Otros Mundos A.C, Miradas Verdes, Colektivo Alternativas, Colectivo de Cine Presente, Abya Yala Chiapas y Colectivo Ch ́ulel, Consejo Ciudadano de Seguridad, Xojolabal Jubileo, Agua para Todxs Chiapas y Transforma A.C
Compartimos comunicado del Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos MAPDERaproposito del Día Mundial contra las Represas y en Defensa de los Ríos – A 14 de marzo de 2021
14 de marzo, 2021, “Celebremos los Derechos de los Ríos”
Rechazamos las modificaciones a la Ley de la Industria Eléctrica que continúa promoviendo a las presas como energía limpia
Alertamos la reactivación de proyectos que actualmente se encuentran suspendidos o la implementación de nuevos
Demandamos una transición energética que incluya a los pueblos con alternativas de agua y energía sostenibles, justas y solidarias
Exigimos justicia para los Defensores de los Ríos Fidel Heras Cruz y Miguel Vázquez Martínez
Exhortamos al Congreso de la Unión la aprobación de la #NuevaLeyGeneralDeAguasYA, que incluya los 12 Consensos Ciudadanos por el Agua
Desde el 14 de marzo de 1997, organizaciones y comunidades integrantes del Movimiento de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER), hemos levantado nuestras voces en el Día internacional de lucha contra las presas, por los ríos, los pueblos y la vida. Llevamos un camino de más de 17 años siendo guardianes de los ríos, exigiendo al Estado y a las empresas respetar nuestros derechos y decisiones sobre los territorios que habitamos. Cientos de casos en México y en diferentes partes del mundo donde se construyeron presas nos dieron las evidencias de los graves daños ecológicos y sociales causados por estos proyectos: asesinato de defensores y defensoras de los ríos, despojo de tierras, desplazamientos forzosos, generación de conflictos comunitarios, afectación del caudal ecológico de los ríos y de la región hidrológica de las cuencas, entre otros.
Hemos documentado la historia de engaños de los promoventes de estas obras privadas y públicas: simulación de consultas en comunidades indígenas, promesas de empleos y progreso, pago de tierras que no llega, falta de servicios y de trabajo en los “nuevos centros de población”, reasentamientos mal construidos en donde a los pocos años la población prefiere emigrar, población sin acceso al agua, contaminación y deforestación. Jóvenes, ancianos y ancianas son particularmente vulnerados por las transformaciones económicas, sociales y culturales provocadas por las presas.
La criminalización y hostigamiento a defensores de los ríos ha sido una constante a lo largo y ancho del país. Este año sin haber transcurrido 3 meses, fueron asesinados dos de nuestros compañeros del MAPDER, Fidel Heras Cruz defensor comunitario y autoridad agraria, integrante del Copudever en Oaxaca y Miguel Vázquez Martínez integrante de la Alianza de Comunidades del Río Bobos Nautla en Tlapacoyan, Veracruz.
Hacemos responsables a los tres órdenes de gobierno de su asesinato y exigimos justicia por ellos y por todos aquellos que en todos estos años de lucha han sido encarcelados, desaparecidos o asesinados por defender el derecho al agua y a la vida.
Desde el Mapder celebramos que gracias a la incansable lucha de cientos de pueblos campesinos, indígenas y afrodescendientes junto con colectivos, organizaciones sociales y académicas se ha logrado evitar la imposición de grandes proyectos de presas en los últimos 20 años. Sin embargo, persiste aún la amenaza de destrucción ecológica, cultural y social a los pueblos afectados por los siguientes proyectos que aún no ha sido cancelados:
Sistema Presa El Zapotillo – Acueducto Zapotillo León – Presa El Purgatorio, en Jalisco, promovida por las empresas españolas FCC y Abengoa y las mexicanas Hermes y La Peninsular, que pretende represar el Río Verde para beneficiar a la industria automotriz e inmobiliaria de Jalisco y Guanajuato.
Proyecto Hidroeléctrico Puebla 1 en comunidades totonacas, que pretende beneficiar a Walmart, Suburbia, Vips, entre otras grandes empresas.
16 mini hidroeléctricas en el Río Bobos Nautla en Veracruz.
Presa Hidroeléctrica La Parota en Guerrero.
Presa Hidroeléctrica Las Cruces en Nayarit.
Presa Hidroeléctrica de Usos Múltiples “Paso de la Reina” y Proyecto Hidroeléctrico Río Verde, en Oaxaca.
Además, existen actualmente, al nivel nacional, 29 hidroeléctricas que cuentan con permisos de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y que se encuentran en fase de construcción o de planeación.
Tenemos la certeza de que nuestra lucha no sólo es para exigir la cancelación de esos proyectos de muerte, sino por construir en nuestro territorio formas de vida en armonía con la naturaleza y ejerciendo plenamente nuestros derechos.
Con la reciente aprobación a la Reforma a la Ley de la Industria Eléctrica el debate público sobre la soberanía energética se ha profundizado. Rechazamos las modificaciones a la Ley de la Industria Eléctrica que continúa promoviendo a las presas como energía limpia. El hecho de priorizar el despacho de las hidroeléctricas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), podría motivar la reactivación de proyectos que actualmente se encuentran suspendidos o la implementación de nuevos.
Nos parece pertinente levantar nuestra voz para hacer saber nuestra lucha y demandas, la transición energética debe incluir a los pueblos, donde sean visualizadas, así como apoyadas alternativas energéticas sostenibles, justas y solidarias.
Consideramos que el debate debería centrarse en identificar cómo disminuir el gasto energético insostenible y absurdo que vivimos actualmente y no sólo si se debe dar prioridad a las energías renovables o a los combustibles fósiles. Sabemos los grandes intereses de las grandes empresas privadas transnacionales que están haciendo gran negocio con sus proyectos de energías renovables de gran escala, mal llamadas limpias, pues también conllevan destrucción y daños ecológicos. Los combustibles fósiles se van a agotar y desde luego urge disminuir su uso y avanzar en la transición energética, pero no para mantener y menos aumentar el gasto absurdo de energía que el actual modelo económico capitalista impone. Nuestra preocupación y acción debe estar orientada a disminuir la producción y consumismo acelerado y brutal que se nos ha vendido como progreso.
El consumo y el acceso a energía siguen siendo bastante injustos y basado en fomentar intereses privados. Una investigación del colectivo GeoComunes presenta que en 2018 el 60.6% de la electricidad producida en México fue consumida por la industria, lo que representa 3 veces el consumo del conjunto de los usuarios domésticos a nivel nacional. Además, dentro del sector industrial, el mayor consumo lo hacen las ramas minera y cementera, dos actividades que juntas representan en 8% del consumo total de electricidad en 2018, lo que equivale al consumo domiciliario de 46 millones de personas en México. Nos preguntamos, ¿cuál es la supuesta utilidad pública de esos proyectos energéticos si terminan en buena medida abasteciendo actividades que también amenazan nuestros territorios y nuestras vidas como es el caso de la minería?. En muchos de los estados, en los cuales luchamos desde el MAPDER, no solo nos enfrentamos a proyectos de presas sino también a proyectos mineros, industriales o agroindustriales que son parte del mismo modelo extractivo mantenido a flote por el despojo de los pueblos y la generación de energía.
Sobran los ejemplos que nos ilustran que los proyectos energéticos no están promovidos para abastecer en primer lugar de energía a los pueblos. Según la investigación de GeoComunes, y el censo del INEGI, en 2020 existían casi 269 mil viviendas habitadas sin acceso a la electricidad en México. En Nayarit, a pesar de la instalación de 3 de las hidroeléctricas dentro de las más grande del país (Aguamilpa, La Yesca y El Cajón), que han desplazado grandes cantidades de familias, los municipios del La Yesca y del Nayar contaban en 2020 todavía respectivamente con el 12% y el 30% de las viviendas sin acceso a la electricidad.El estado de Chiapas que concentra el 41% de la capacidad operada de las hidroeléctricas a nivel nacional, es la tercera entidad con mayor número de viviendas sin acceso a la electricidad con el 9% del total a nivel nacional. Los 2 otros estados que superan a Chiapas en términos de vivienda sin acceso a la electricidad son Oaxaca y Veracruz (12% y 9.4% del total), donde también se encuentran una gran cantidad de centrales eléctricas como hidroeléctricas o parques eólicos.
Es urgente sacar la discusión sobre el agua y la energía de los círculos de expertos técnicos y las altas esferas políticas para debatir colectivamente el agua y la energía para y desde los pueblos.
Respaldamos la Inicitiva Ciudadana de Ley General de Aguas y exigimos al Congreso de la Unión su inmediata aprobación, respetando en todo momento los 12 Consensos por el agua de la Coordinadora Nacional Agua para Todxs, Agua para la Vida.
Abrazamos a nuestras hermanas y hermanos del Movimiento Anti-Represas de Brasil (MAB), por sus 30 años de valiente lucha en defensa de los ríos y contra las presas. Celebramos con ustedes sus victorias y alzamos nuestras voces por ¡Agua para la vida, no para la muerte!, muchas felicidades.
14 de marzo, Día Internacional de Acción contra las Represas y en Defensa de los Ríos, el Agua y la Vida
Compartimos esta nota de Sin Embargo sobre el acaparamiento del agua en México – A 14 de diciembre de 2020
A partir de las concesiones otorgadas por la Conagua por la Ley de Aguas Nacionales de 1992, millonarios acaparan este bien que por su escasez ha comenzado a cotizar en el mercado de futuros de Estados Unidos. Un artículo de la UAM revela que, a falta de regulación vigente y vigilancia, solo un 1.1 por ciento concentra una quinta parte del recurso para fines lucrativos. Entre ellos, Claudio X. González con Kimberly Clark y Ricardo Salinas Pliego con Banco Azteca.
Ciudad de México, 14 de diciembre (SinEmbargo).– Mientras más del 30 por ciento de los hogares mexicanos (Inegi, 2016) padece a diario cortes o tanteo de su derecho al agua y saneamiento, 3 mil 304 grandes usuarios privados acaparan las concesiones otorgadas por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) al concentrar 13 millones 183 de hectómetros cúbicos anuales para fines lucrativos, en su mayoría en acuíferos sobreexplotados, expone la investigación “Los millonarios del Agua” publicada por la Universidad Autónoma de México (UAM), con ciencia de datos del Registro Público de Derechos de Agua (Repda) hasta enero de 2020.
Esto es, el 1.1 por ciento de todos los usuarios del agua en México explota más de una quinta parte del recurso hídrico nacional (22.3 por ciento). Entre ellos, Kimberly Clark y Banco Azteca, empresas de los millonarios Claudio X. González Laporte y Ricardo Salinas Pliego, así como FEMSA, Bachoco, Herdez, Lala, las mineras GoldCorp, y Buenavista de Grupo México, propiedad del otro millonario Germán Larrea Mota-Velasco, entre otros.
A partir de la Ley de Aguas Nacionales de 1992, aún vigente porque el Congreso sigue sin aprobar una iniciativa ciudadana para una Ley General de Aguas que garantice acceso equitativo, estos denominados “millonarios del agua” son empresas, asociaciones civiles y personas físicas, quienes emplean el agua principalmente para uso agrícola, industrial y de servicio turístico. La Ley de Aguas Nacionales, aprobada en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, fue “la expresión más acabada” de los lineamientos exigidos por Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional (FMI) al Estado mexicano para “la neoliberalización del agua”, otrora bien nacional, con el fin de dar mayor certeza a la inversión privada en materia de derechos de agua, dice el texto de los investigadores Wilfrido Gómez y Andrea Moctezuma.
El 1.1 por ciento acapara 22.3 por ciento del agua. Gráfica: Los millonarios del agua, UAM, 2020.
“Legalmente no existe un límite en cuanto al volumen de agua a concesionar para un actor privado dentro del margen de disponibilidad, de ahí que algunas empresas hayan acaparado grandes cantidades de agua. Bajo esta lógica, no importa si se pone en riesgo el bienestar colectivo o si se degrada la calidad del agua, lo que importa es la utilidad de las empresas y consorcios privados que gestionan y explotan este bien común”, afirma la investigación. “Los Millonarios del Agua pagan de forma diferenciada de acuerdo con el uso del agua (por ejemplo, se paga más por el uso industrial o servicios). Un usuario tiene la libertad de tener concesiones para distintos tipos de usos, lo que permite ahorrar millones de pesos por no pagar el uso debido y hace más difícil rastrear el destino final”.
En conclusión, exponen Gómez y Moctezuma, hay tres maneras en que la actual administración del agua con la presente Ley de casi 30 años permite que el sector privado monopolice legalmente el agua en el país para fines de lucro, en un marcado contexto de desigualdad: los usuarios pueden acceder a una sola concesión con grandes volúmenes de agua, ya que no se establece un límite preciso; un mismo usuario puede tener distintas concesiones de diversos tipos con diferentes volúmenes y diferentes usos; o un mismo usuario puede tener varias concesiones a nombre de parientes, socios y/o prestanombres, como en el caso de la Coca-Cola y la familia Tricio de Grupo Lala. También se puede acceder y controlar este recurso gracias a la transmisión de concesiones, o incluso se extrae agua sin contar con una concesión, como ocurrió en Ayutla Mixe, Oaxaca, en donde un grupo paramilitar se apoderó del manantial dejando a la comunidad sin agua desde hace dos años o las cerca de 400 mil tomas de agua clandestinas en la Ciudad de México, donde se anunció un recorte hasta 2021 por disminución del sistema Cutzamala.
El mapa representa el porcentaje del volumen de agua explotada respecto al volumen de agua de recarga de los acuíferos. Mapa: Los Millonarios del Agua, UAM, 2020.
La iniciativa ciudadana en consenso con legisladores que exige un acceso equitativo al agua y mayor control a las grandes concesiones sigue atorada en la Cámara de Diputados. En entrevista, uno de los autores del artículo, Wilfrido Gómez, dijo que con la actual Ley (1992) no hay una regulación ni vigilancia del agua y descargas de manera democrática y limitada, esto es, la adquiere en volúmenes quien primero solicite una concesión y no se consulta a la comunidad o colonia de la zona que padece la escasez. Por lo que debe regularse el tipo de uso y la transmisión de concesiones para evitar mayor “especulación” de oferta-demanda del agua de la que habrá ahora que su uso cotiza en el mercado de futuros de California, Estados Unidos, lo cual de cierta manera “legitimiza el mercado ilegal del agua en México”.
“La Conagua publica cada dos años la disponibilidad del agua en acuíferos y cuencas. Aunque hay acuíferos sobreexplotados, se siguen entregando concesiones. En la nueva Ley primero se debe garantizar el derecho humano al agua, es decir, que no se cree el acaparamiento y desigualdad”, dijo Gómez. “Si hay sobreexplotación, se tiene que restringir para poder restablecer la cantidad y calidad del agua”.
EMPRESAS ACAPARADORAS
De norte a sur del país, los millonarios del agua se reparten en 966 empresas de energía eléctrica, cerveceras, acereras, agroindustrias, mineras, papeleras, automotrices, embotelladoras, entre otras; mil 537 personas físicas y 801 asociaciones civiles que realizan distintas actividades productivas. En total, los 3 mil 304 tienen concesionado un volumen de agua de 13 millones 208 hm³/año, equivalente al 22.3 por ciento de toda el agua concesionada en el país. De los 653 acuíferos que existen en el país, 115 están sobreexplotados y de éstos, 99 tienen la presencia de algún Millonario del Agua.
“Cada uno de estos usuarios y sus concesiones, en muchos casos, representan, una serie de conflictos con distintos actores locales respecto a un bien natural, y representan también un despojo, en donde los ciudadanos, los pueblos y comunidades no fueron considerados en ningún sentido y de un momento a otro se encuentran enfrentados ante una empresa o individuos que tienen grandes volúmenes de agua”, expone el artículo “Los millonarios del agua”.
Entre los Millonarios del Agua que tienen mayores volúmenes concesionados para uso único industrial, se encuentra la trasnacional Kimberly-Clark, dedicada a la fabricación, distribución y comercialización de productos de limpieza, cuidado e higiene y denunciada por contaminar ríos y manantiales en los estados de Veracruz, Querétaro y Michoacán. El conglomerado de Claudio X. González tiene concesionado un volumen de 27.3 hm³/ año de agua.
Millonarios del Agua usuarios con mayor volumen de agua de tipo industrial-único. Gráfica: Los Millonarios del Agua, UAM, 2020.
Además, en el marco de la especulación y escasez a futuro, es de destacar la presencia de bancos con grandes concesiones, por ejemplo, el español BBVA tiene 1.6 hm³/año en el acuífero sobreexplotado Atemajac, cerca de Guadalajara, Jalisco. Y el Banco Azteca de Ricardo Salinas Pliego cuenta con 2.2 hm³/año en el acuífero sobreexplotado de la Zona Metropolitana, de la cuenca de México.
“La creciente participación de bancos como usuarios de grandes concesiones de agua no deja de ser un tema de preocupación que responde posiblemente a la creación de un mercado internacional del agua y a su control como un bien que cada vez toma más importancia, ante un futuro de inminente degradación de dicho recurso”, expone el informe.
Proyectos Hidroeléctricos de Puebla, que ha puesto en encrucijada a comunidades totonacas cercanas al río Ajajalpan, Puebla, dispone de un volumen de 369.5 hm³/año de agua. ArcelorMittal, la siderúrgica más grande del mundo, explota cada año en México 100.5 hm³/año de agua, con lo que se llenarían 100 y medio estadios Azteca (el estadio más grande del país). Sus extracciones principales se realizan en el ejido Las Truchas, donde tiene su mayor mina a cielo abierto, y en su complejo siderúrgico ubicado en el Puerto Lázaro Cárdenas, Michoacán. El agua se destina principalmente para la elaboración de acero. La magnitud de la extracción de este recurso natural se ve reflejada en los constantes reclamos ejidales que exigen la remediación de tierras afectadas por la minería y su contaminación, así como de pescadores.
En el caso de uso único para diferentes usos, se encuentran termoeléctricas, agroindustrias y constructoras, entre las que sobresale el megaproyecto turístico inmobiliario El Coyote Baja Resort, que posee 90 por ciento del agua del acuífero 0325 de La Paz, Baja California. En uso único para servicios hay principalmente grandes cadenas hoteleras como Quiroocan, con un volumen de 30.1 hm³/año de agua y varias empresas turísticas de este tipo en la Península de Yucatán. También se encuentra la empresa Acueducto Pánuco Al Norte, de capital mixto, con un volumen de 315.4 hm³/año, la cual se dedica al transporte de gas por gasoductos.
Deforestación y sequía en un cultivo en Estado de México. Foto: Cuartoscuro.
Para uso-único agrícola, por el que no pagan por la explotación, se emplea 48.7 por ciento de toda el agua concesionada a los Millonarios del Agua. Aunque se atribuye a los campesinos el gasto de agua, el sector privado tiene bastante cabida como la empresa Agroforestal Uumbal Chiapas Sapi, que explota 54.4 hm³/año de agua y cultiva y cosecha palma de aceite en Chiapas, Tabasco y Campeche, cultivo causante de la deforestación en el sureste. Y la empresa Agropecuaria La Norteñita, a la que se le han entregado 31.9 hm³/año de agua y es una de las principales productoras de manzana del país, tiene 74 por ciento de su volumen concesionado con una serie de irregularidades.
Además, tienen una tarifa preferencial de energía eléctrica ante la CFE y también se ha documentado que algunas empresas y personas físicas utilizan el agua de uso agrícola para otros usos. La extinta inmobiliaria Casas GEO adquirió concesiones de uso agrícola para urbanizar en Querétaro, Morelos, Estado de México y otros.
La investigación de la UAM también enfatiza personas físicas como José Manuel Tricio Cerro, quien cuenta con 3.8 hm³/año de agua al año a su nombre. Este personaje está relacionado con accionistas del Grupo Industrial Lala, acusada de sobreexplotar el agua de la Comarca Lagunera, debido a la compra de alfalfa que realiza para la alimentación de las vacas. Los grandes volúmenes de agua que se utilizan para ello han provocado que para uso doméstico se deba extraer agua de mantos acuíferos profundos con alto contenido en arsénico, ocasionado una gran incidencia de diferentes enfermedades, como cáncer y diabetes, entre los habitantes de la región.
En el Valle de México habrá recorte de agua hasta 2021 por escasez en el sistema Cutzamala. Foto: Cuartoscuro.
LOS “USOS-OTROS”
La Ley de Aguas Nacionales (1992) permite no solo que los usuarios puedan tener grandes volúmenes de agua en una concesión, sino también varias concesiones para distintos tipos de usos (usos-otros). Esta clasificación agrupa a 613 Millonarios del Agua, que suman un volumen de un millón 851 hm3 /año de agua concesionada, volumen que representa 14 por ciento del agua total concesionada a los millonarios del agua.
En el caso industrial-otros, destacan la minera Peñasquito, de la empresa canadiense Goldcorp, que explota un volumen de 50 hm³/año y que ha sido acusada de contaminar los cuerpos de agua de comunidades, en el municipio de Mazapil, Zacatecas. Bebidas Mundiales y Bepensa (del grupo FEMSA) que juntas explotan 21.9 hm³/ año de agua para producir bebidas azucaradas como Coca-Cola. Si se suman los demás usuarios que forman parte de la familia Coca-Cola (Embotelladora del Nayar, Servicios Refresqueros del Golfo y Bajío, Bebidas Refrescantes de Nogales, Propimex e Inmuebles del Golfo), el volumen concesionado es de 39.4 hm³/año. Este grupo ha sido denunciado por sobreexplotar los mantos acuíferos en Chiapas y Tlaxcala, y estar dejando sin agua a la población, dice la investigación de la UAM.
Millonarios del Agua usuarios con mayor volumen de agua de tipo industrial-otros. Gráfica: Millonarios del Agua, UAM, 2020.
En el caso de agrícola-otros, destacan la empresa exportadora de frutos rojos Berrymex (estadounidense), que explota en San Quintín, Baja California, 23.7 hm³/año de agua. Esta empresa agroindustrial fue la principal responsable en la región en el conflicto con los jornaleros y sus trabajadores por los bajos salarios otorgados y precarias condiciones de vida, las cuales incluían carencia de servicios de agua potable y drenaje. El agotamiento de los acuíferos de San Quintín obligó a la empresa a instalar una planta desaladora de agua. Otras de las agroindustrias que tienen presencia sobre estos acuíferos sobreexplotados son Agro Industrias Vigor y la enorme productora de semillas a nivel mundial ahora perteneciente a Bayer, Seminis Vegetable Seeds Mexicana.
En uso agrícola-otros, los datos analizados por los investigadores también detectaron a la empresa exportadora de tomates cherry NatureSweet Invernaderos, con 12.5 hm³/año de agua (también estadounidense) y a a empresa biotecnológica Enerall, que explota un volumen de 12.9 millones de m³ de los mantos acuíferos de Yucatán cada año, en las reservas de agua dulce más importante del país y cuyo fundador es Alfonso Romo Garza, exjefe de la Oficina de la Presidencia de México, cuya compañía fue investigada por periodistas en 2018 por destruir un cenote en la Riviera Maya.
Millonarios del Agua usuarios con mayor volumen de agua de tipo agrícola-otros. Gráfica: Millonarios del Agua, UAM, 2020.
La empresa Buenavista del Cobre, de Grupo México, acusada de contaminar grandes volúmenes de agua, tiene concesionados 53 hm³/año, donde el 61 por ciento de esa agua es para uso industrial y 39 por ciento para diferentes usos, lo que los ha eximido de pagar en un porcentaje considerable la tarifa más alta que es la de uso industrial, en vez de la de diferentes usos que es una tarifa más baja.
Para usos mixtos, 16 Millonarios del Agua tienen concesiones con un volumen equivalente al 0.5 por ciento del total concesionado a los usuarios privados que tienen más de 1 hm3 /año de agua. Los usuarios que disponen de más agua para este tipo de usos son Bachoco, que explota 17.6 hm³/año de agua en 20 estados de la república, principalmente en Guanajuato, Sinaloa y Yucatán; cooperativa La Cruz Azul (Cementos Cruz Azul) con 3.7 hm³/año de agua y la multinacional Herdez, dedicada a la producción agroindustrial de alimentos con 2.2 hm³/año de agua.
#RíosParaLaVida Hace 10 0años la comunidad de #Temacapulín#Jalisco fue anfitriona del Tercer Encuentro Mundial de Afectadxs por las Represas y sus Aliadxs, recibió a comunidades de 54 países que defienden su ríos, el agua, ddhh y territorios de megaproyectos extractivos. #10AñosDespués la comunidades permanecen es su territorio, la Presa #ElZapotillo está suspendida y su #RíoVerde continúa fluyendo libre
Con mucha alegría les invitamos en coordinación con el Movimiento Mundial en defensa de los Ríos, a La Jornada de Celebración y Acción: Por Ríos Libres de Represas, Tóxicos y Extractivismo, no se lo pierdan, el programa esta buenísimo y los invitadxs de lujo
¡Ríos para la Vida, No para la Muerte!
¡Agua y Energía, No son Mercancía!
7, 8 y 9 de diciembre 11 a 14 hrs. (Hora CDMX) A través de FB Live de las organizaciones convocantes