Comunicado del Frente Popular en Defensa del Soconusco 20 de Junio FPDS – A 20 de junio del 2022 >>Descargar comunicado en pdf<<
¡7 años de lucha defendiendo nuestra tierra, el agua y los ríos! ¡Exigimos se respete nuestro territorio!
A 7 años de conformar nuestra organización “Frente Popular en Defensa del Soconusco” seguimos fuertes en nuestra posición de no permitir ninguna actividad minera y extractiva en nuestro municipio, porque nuestros ríos y territorio siguen amenazados por la minería, hidroeléctricas y el gasoducto Istmo-Escuintla, Guatemala. Todos proyectos asociados a la extracción en la región costa de Chiapas, lugar explotado y contaminado durante muchos años también por la palma aceitera.
A pesar de que los proyectos “Casas Viejas” y “El Bambú” han sido suspendidos por la PROFEPA, los empresarios de Obras y Proyectos Mazapa S.A. de C.V. y Grupo Male S.A. de C.V. han conformado el “Comité Regional de Minería”, con el objetivo de seguir mal informando a las personas sobre los supuesto beneficios de la minería y para mantener negociaciones con los ejidatarios para reaperturar las obras en la Mina Cristina, ubicada en el Ejido Libertad. Visitan, mantienen reuniones y ofrecen dinero.
La mina Cristina cuenta con una autorización para las actividades de explotación y exploración emitida en un resolutivo de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) hace 18 años. Después de casi 20 años le decimos a las instituciones responsables de proteger nuestro derecho al medio ambiente sano, que las y los pobladores de Acacoyagua podemos asegurar que de ninguna manera autorizaron una obra inocente de “solo trituración de piedra” y aunque aseguraron que los “jales no contienen soluciones, ni solidos tóxicos”, la mina es aún es un boquete que alberga agua turbia, filtrándose en los cuerpos de agua con las que nos alimentamos y realizamos nuestras actividades diarias. Las leyes ambientales en México nos demuestran que definitivamente la minería en México debe ser prohibida, no queremos más mentiras sobre su regulación o si es sustentable o no. ¡Queremos vida, no muerte!
A la PROFEPA le exigimos nos demuestre información del programa de monitoreo ambiental que realiza en esta zona, especialmente sobre los jales albergados en la mina Cristina. Entendiendo que, si la ley ambiental protege durante tantos años a los empresarios, entonces también debería estar vigilante del territorio antes, durante y después de haber sido explotado.
Al H. Ayuntamiento de Acacoyagua solicitamos que declare el territorio libre de minería, así como anteriormente otros cabildos lo han hecho, de esa manera colaborando por la salud, alimentación y medio ambiente sano en nuestro territorio.
Atentamente
FRENTE POPULAR EN DEFENSA DEL SOCONUSCO (FPDS) RED MEXICANA DE AFECTADOS POR LA MINERÍA-CHIAPAS
Comunicado del Pueblo Creyente de la Parroquia San Pedro y San Pablo, Chicomuselo, Diócesis de San Cristóbal de las casas y Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio (MODEVITE) – A 12 de junio del 2022
En el marco de la celebracion de la Santísima Trinidad, el Dios humano y sencillo que camina con su pueblo en la construcción de la comunión fraterna; hombres, mujeres, niños, niñas, las y los jóvenes del Pueblo Creyente de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas y el Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio (MODEVITE) nos reunimos como caminantes, peregrinos y peregrinas, buscadores y buscadoras de la paz y la unidad para nuestras comunidades.
Nuestro compromiso social en este momento histórico nos lleva a contemplar la realidades concretas de nuestro pueblo, escuchar el clamor de las mujeres, hombres, jóvenes, niñas y niños ante la constante descomposición social marcada por la violencia estructural e institucionalizada, narcotráfico, asesinatos, la falta de acceso a la justicia, la delincuencia organizada, aumento de bares y cantinas, prostitución y trata de personas, desintegración familiar, pobreza, violación a los derechos humanos y colectivos, extorciones a todos los niveles, intimidación y persecución a las mujeres y hombres que buscan la paz con justicia y dignidad. Nos encontramos como pueblos en estado de sitio y despojo forzado de muchas familias e incluso comunidades.
El Papa Francisco señala que estamos en una época en la que está naciendo un nuevo humanismo, en el que el ser humano queda definido como el responsable hacia sus hermanas y hermanos en la historia concreta de los pueblos. Esta nueva conciencia entendida como tarea propia del cristiano asumiendo la misión de trabajar con todos los hombres y mujeres en la edificación de un mundo más humano ante la realidad, pues la religión no puede comprenderse sin el compromiso social, donde la
salvación y el esfuerzo por la transformación histórica se implican mutuamente.
Escuchamos el clamor de la Madre Tierra y a los hijos de la tierra, cada día se vislumbra la creciente migración forzada por el control de la tierra y el territorio por un sistema donde prevalece los intereses de unos cuantos sobre la vida y la dignidad de las personas.
La tierra, nuestra hermana Madre Tierra como le llama San Francisco de Asís es amenazada por la explotación de nuestros recursos naturales a través de los proyectos mineros, programas de gobierno que muchas veces se presentan como mandatos de ley en las comunidades tales como la moscamed, la remunicipalización, entre otros, dichos programas y proyectos manipulan a las personas, abusando de las necesidades económicas a la que la misma realidad nos va atrincherando para dejarnos al margen de la historia que nos interpela a mantenernos firmes en el cuidado y defensa de la vida.
Esta realidad amenaza la vida y la integridad de las personas y de nuestras comunidades por la falta de voluntad y capacidad de las autoridades en los tres órdenes de gobierno para atender estos problemas sociales, inducido por las estructuras de poder que controlan al gobierno de acuerdo a sus intereses.
Como iglesia peregrina en esta sagrada tierra hacemos eco de las palabras de San Romero de América ‘Toda persona que lucha por la justicia, que busca reivindicaciones justas en un ambiente injusto, está trabajando por el Reino de Dios que es paz, amor, justicia y verdad; por ello denunciamos
todo lo que se opone al Reino de Dios: la violación a los derechos humanos y derechos colectivos de nuestras comunidades.
Exigimos a los tres niveles de gobierno:
– Que se haga valer el estado de derecho para la sociedad en general.
– Cancelación definitiva de los proyectos mineros
– Anulación del proyecto de remunicipalización en los ejidos de Pablo L. Sidar y Unión Buena Vista.
– No a los programas y proyectos de Moscamed y ecoturismo en nuestras regiones.
– Cancelación de permisos a bares y cantinas que van en aumento
– No más feminicidios: Justicia para la hermana Virgilia Villatoro
– Respeto al proceso del trabajo pastoral de la Parroquia San Pedro y San Pablo y MODEVITE
– No a los grupos de choque y la paramilitarización
– No a la militarización porque provoca intimidación a nuestras comunidades
– Alto a la intimidación, persecución y amenazas a los defensores de derechos humanos
Anunciamos que es posible instaurar el Reino de paz, amor, justicia y verdad si ponemos en la mesa común nuestra disposición a construir alternativas de vida para todas y todos dejando a un lado nuestros intereses personales y atendiendo las necesidades comunitarias.
Exhortamos a la sociedad civil, a fortalecer nuestros procesos de unidad sin distinción de credos religiosos, para cuidar y defender la vida de nuestras comunidades, solo a través de la unidad y nuestra capacidad organizativa para el bien común podremos enfrentar los nuevos desafíos que se nos presentan como sociedad.
Nuestra lucha a favor de la vida, la paz y la justicia siempre será por medios pacíficos y desde la dignidad de hijas e hijos del Dios cercano que se hace caminante y compañero de camino con su pueblo, siendo una iglesia profética que denuncia el pecado estructural y sus raíces históricas, proclamando el Evangelio que reclama al cristiano de hoy más compromiso con la historia, como la señalado San Romero, Pastor y Mártir de América.
¡Alto a la persecución y amenaza de los defensores de derechos humanos!
¡No a la remunicipalización!
¡No a la explotación minera!
¡No a la militarización!
¡No al alcoholismo!
¡No a la moscamed!
Pueblo Creyente de la Parroquia San Pedro y San Pablo, Chicomuselo, Chiapas.
Presentación del Informe Global de la Coalición contra la Pandemia Minera
Cuándo: Viernes, 10 de junio de 2022, a las 7:00 am (Tegucigalpa/Guatemala) | 8:00 am (Ciudad de México/Panamá/Bogotá/Lima) | 9:00 am (Bolivia/Santiago)
Con interpretación simultánea a español / inglés / francés
Más de dos años después de que la OMS declarara la pandemia global de COVID-19, comunidades de todo el mundo siguen enfrentándose a los efectos combinados del extractivismo y el virus.
El viernes 10 de junio de 2022, a las 7:00am (Tegucigalpa/Guatemala) | 8:00am (Ciudad de México/Panamá/Bogotá/Lima) | 9:00am (Bolivia/Santiago) , acompáñanos en la presentación de los informes que documentan estos impactos y destacan cómo comunidades afectadas por la minería continúan proponiendo modelos para una recuperación verdaderamente justa, tanto de la pandemia de la minería como de la de COVID-19.
Los coordinadores de los comités de investigación de la Coalición en África, Asia-Pacífico, Europa, América Latina y América del Norte participarán en una mesa redonda sobre el proceso de investigación, algunas de las principales dinámicas que han documentado y algunas de las acciones de solidaridad que organizan las comunidades afectadas en primera línea.
La Coalición contra la Pandemia Minera trabaja en solidaridad global con comunidades, pueblos indígenas y trabajadores para responder a los abusos mineros relacionados con la pandemia de COVID-19. Trabajamos en coalición, basándonos en el consenso y llevando a cabo una investigación colectiva y activismo en la intersección entre el extractivismo minero y la pandemia de COVID-19.
Acerca de este informe Este informe se basa en estudios de caso realizados en nueve países de América Latina: México, Honduras, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, Chile y Argentina. Para la realización de este informe se contó con la participación de un grupo de trabajo compuesto por representantes de algunos miembros de la coalición y contribuciones de diversas organizaciones en cada uno de los 9 países. Se realizaron entrevistas con organizaciones locales y nacionales, personas de comunidades afectadas, sesiones internas e investigación de escritorio.
Contribuciones Argentina: Comunidad Mapuche Tehuelche Laguna Fría-Chacay Oeste, Asamblea de Vecinos Autoconvocados No a la Mina de Esquel y Asamblea en defensa del territorio de Puerto Madryn Brasil: Movimiento de Afectados/das por Represas (MAB) Chile: Coordinadora Putaendo Resiste Colombia: Fuerza de Mujeres Wayuú (Jakeline Romero Epiayu) Ecuador: Pueblo Shuar Arutam (PSHA), Amazon Watch, Lluviacomunicación y Witness Honduras: Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa (Juan Antonio López) México: Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA); Frente Popular en Defensa del Soconusco ‘20 de junio’, Chiapas; Acción Colectiva Socioambiental, A.C., Guanajuato; Comunidades Unidas de Zimapán y la Asociación por la Protección de la Tierra y el Bienestar de Epazoyucan A.C. (APTYBE) de Epazoyucan, Hidalgo; Articulación por la vida, contra la minería del valle de Ocotlán, Oaxaca; Ejido El Bajío, Sonora Panamá: Colectivo Voces Ecológicas-Radio Temblor (COVEC) Perú: Derechos Humanos y Medio Ambiente (DHUMA) (Vito Yuganson Calderón Villanueva), Asociación de Mujeres defensoras del Territorio y la Cultura K ́ana (Elsa Merma Ccahua)
Compilación del Informe Leny Olivera Rojas, TerraJusta Jen Moore, Institute for Policy Studies – Global Economy Program Comité Regional de la Coalición contra la Pandemia Minera Aldo Orellana López & Leny Olivera Rojas, TerraJusta Ennedith López & Jen Moore, Institute for Policy Studies – Global Economy Program Jamie Kneen & Viviana Herrera Vargas, MiningWatch Canadá Guadalupe Rodríguez, Salva la Selva
Revisión del informe Aldo Orellana López, TerraJusta Ennedith López, Institute for Policy Studies – Global Economy Program Guadalupe Rodríguez, Salva la Selva Viviana Herrera Vargas, MiningWatch Canadá
Traducción del español al inglés Thomas Mc Donagh
Corrección de Estilo Adriana Montes Sánchez (Español) Maddy Ryle (Inglés
Resumen ejecutivo
Dos años después de la pandemia mundial a causa del COVID-19, las comunidades afectadas por proyectos mineros, en gran parte de América Latina, han estado viviendo múltiples crisis cada vez más profundas y una aceleración de la violencia, vinculada con la extracción de recursos.
La industria minera ha recibido el apoyo directo e indirecto de los gobiernos, para mantener e incluso ampliar sus operaciones, mientras que las comunidades deben asumir, de manera simultánea, las limitaciones sociales, y los impactos sanitarios y económicos, como consecuencia del virus; así como la militarización, violencia y los daños ambientales directos, que genera la minería en sus territorios. Sin embargo, incluso frente a amenazas graves, las y los defensores del ambiente y del territorio persisten. De hecho, la defensa de la tierra de las comunidades y la ayuda mutua, han sido fundamentales para mantener a las personas lo más seguras posible durante este tiempo de crisis y para reforzar la importancia de proteger el agua, la soberanía alimentaria y el autogobierno.
Las relaciones asimétricas de poder económico y político, entre las empresas mineras y las comunidades locales, que son a la vez racistas, patriarcales, coloniales e imperialistas, se han profundizado durante la pandemia. La pandemia ha ejercido nuevas presiones sobre las comunidades afectadas por los proyectos mineros y, al mismo tiempo, ha creado oportunidades para que las empresas mineras y los gobiernos, continúen violando sus derechos. Esto ha puesto a las comunidades, muchas de ellas comunidades indígenas, en mayor riesgo de sufrir daños graves a largo plazo, para que un pequeño puñado de inver – sores adinerados pueda enriquecerse aún más.
El resultado de la pandemia, desde la perspectiva de las personas afectadas por la minería, parece estar hecho a la medida de los intereses de las empresas mineras. En general, las empresas mineras han podido aprovechar la pandemia como una ventana de oportunidad para impulsar proyectos a los que se oponen las comunidades locales. Las actividades mineras solo tuvieron breves pausas en sus operaciones y en cambio, fueron rápidamente declaradas esenciales para la reactivación económica, y se les permitió continuar operando; lo que generó un incremento progresivo en sus ganancias, a medida que se disparaba el precio de los metales.
En una serie de casos, también encontramos que las empresas utilizaron su influencia política e incluso la amenaza de demandas de arbitraje, para argumentar que la extracción de recursos es necesaria o inevitable para la reactivación económica posterior al COVID-19, lo que implica dividir a las comunidades y marginar a los defensores de la tierra que se oponen a estas narrativas. La llamada transición energética solo sirvió como una justificación más para sostener o expandir las actividades mineras. Varios estados cómplices, sin necesidad de mucha presión de parte de las empresas, desregularon aún más éstas actividades y/o crearon planes para estimular su crecimiento, mientras que los daños existentes en territorios y población, siguen en la impunidad.
Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA sobre la lucha por la vida en el Ejido El Bajio en Sonora ante la devastación minera – A 20 de mayo del 2022
El día de ayer, miembros del Ejido El Bajío junto con organizaciones aliadas de Londres, presentaron una carta ante la Embajadora de México en Reino Unido, Josefa González-Blanco Ortiz-Mena.1 En ella, El Bajío exige la ejecución de las 67 sentencias agrarias a favor del ejido, en su lucha contra la mina de oro Soledad-Dipolos propiedad de la empresa minera PENMONT que operó en su territorio de forma ilegal por más de diez años. Como Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA), nos sumamos a las exigencias del ejido El Bajío para que se cumpla el estado de derecho y se llegue a la justicia y rendición de cuentas ante una de las empresas mineras más poderosas de México.
La empresa PENMONT pertenece al conglomerado de empresas de Fresnillo PLC, la cual, es propiedad en un 75% de Industrias Peñoles cuyo dueño es la familia Baillères. Fresnillo PLC celebró este 17 de mayo su reunión anual de accionistas en Londres, lugar en donde cotiza dentro de la bolsa de valores desde el 2008. Una delegación de ejidatarios del ejido El Bajío, logró entrar a dicha reunión y presentar una serie de demandas y exigencias, que en ningún momento la empresa ha admitido frente a sus accionistas, tal como se evidencia en sus propios informes.
Las demandas y exigencias del ejido se centraron en recalcar la secrecía de la empresa ante sus accionistas sobre las 67 demandas interpuestas por el ejido en el 2013 y las cuales cuentan con sentencias firmes desde el 2014 emitidas por el Tribunal Agrario número 28 de Hermosillo, Sonora. En las sentencias se ordena a la empresa a: abandonar la mina Soledad-Dipolos ubicada dentro del territorio del cual es propietario el ejido El Bajío; devolver al ejido todo el oro extraído durante la ocupación ilegal de las tierras; pagar las rentas a los ejidatarios por la ocupación ilícita de sus tierras; restituir las tierras a su estado natural y remediar el daño al medioambiente descontaminando las tierras afectadas. Asimismo, hay una nueva sentencia dictada en enero de 2022, por el mismo tribunal que declara nulo un título de propiedad otorgado a la Minera PENMONT por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), condenando “a la parte demandada al respeto irrestricto de la propiedad social del ejido El Bajío y se le solicita, que en un futuro se abstenga de realizar actos que perturben la posesión jurídica y material que el ejido mantiene dentro del territorio”, tal como el ejido le relata en su carta a la embajadora de México entregada el día 19 de mayo.2
Desde la emisión de las sentencias del 2014, el ejido ha sufrido hostigamiento, amenazas, criminalización y violencia permanente por su resistencia a las operaciones de PENMONT. El punto máximo de la violencia ha sido el asesinato de Raúl Ibarra de la Paz (y la desaparición de su cuerpo), la desaparición de Noemí López Gutiérrez en el 2018, y el asesinato de José de Jesús Robledo Cruz y María de Jesús Gómez Vega en abril de 2021, quienes además de ser asesinados fueron usados como amenazas, al dejar un cartel con el nombre de trece ejidatarios sobre sus cuerpos.
En su carta a la embajadora, el ejido solicita que “usted, como nuestra representante y defensora del medio ambiente, cuente con esta información y pueda generar acciones que conlleven al cumplimiento de la justicia, a la conservación de nuestro medio ambiente y a la defensa de la vida de todas y todos los mexicanos en nuestro país.” Sin embargo, una relación familiar de la diplomática con un alto ejecutivo de la empresa Fresnillo PLC pone en duda la posibilidad de una respuesta consecuente.
Influencia minera en la embajada de México en el Reino Unido
La Mtra. Josefa González-Blanco Ortiz-Mena fue nombrada como Embajadora de México en el Reino Unido el 23 de abril de 2021, es hija del ahora fallecido, Patrocinio González Garrido, ex gobernador de Chiapas y ex secretario de Gobernación bajo el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Inexplicablemente, ocupó de forma efímera el cargo de la Secretaría de Medio Ambiente durante la administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador de diciembre del 2018 a mayo del 2019.3
Consideramos que este cargo fue ocupado de forma inexplicable, ya que la ahora embajadora, tiene relaciones familiares en los sectores energéticos, turísticos y mineros del país, mostrando un claro conflicto de intereses, tal como tenía en torno a decisiones importantes con respecto al Tren Maya, cuando fue cuestionada por su relación familiar con David Ortiz, presidente de la Asociación de Hoteles de Tulum.4 En el sector minero, destaca que uno de los primos hermanos de la embajadora, es Carlos Ortiz Mena, abogado de Fresnillo PLC desde 2001 y quien logró la incorporación de la empresa en la bolsa de valores de Londres, en 2008; año desde el que dirige la sección jurídica de toda la misma. Es decir, Carlos Ortiz Mena es quien dirige a su equipo frente las sentencias que ha logrado el ejido El Bajío y, en consecuencia, quien decide lo que se informa a sus accionistas al respecto.
Ante la evidente relación y conflicto de interés existente entre la Embajadora y su primo el Lic. Carlos Ortiz Mena, REMA exige a la embajadora que responda como le corresponde, defender los intereses de las y los mexicanos y no de su primo hermano. Específicamente, exigimos que atienda las demandas y exigencias del ejido El Bajío ayudando a visibilizar la grave situación de violencia que esta empresa ejerce contra la población del ejido, misma que actúa en total impunidad con el gobierno mexicano.
Otros diplomáticos mexicanos con fuerte influencia minera
Para concluir, queremos decir que la 4T, realmente se ha esmerado en colocar en cargos diplomáticos a verdaderos creyentes y promoventes mineros mexicanos en el extranjero, ya que la ex Secretaria de Medio Ambiente no es el único caso en esta administración.
Está también el reciente nombramiento de la ex Gobernadora de Sonora, la Lic. Claudia Pavlovich Arellano como Cónsul de México en Barcelona, cuyo tío, Rafael Pavlovich Durazo, fue uno de los principales operadores de la misma operación minera dentro del ejido El Bajío desde el 2015 al 2018. Pavlovich Durazo es causante del inicio de las primeras manifestaciones de criminalización y violencia en contra del ejido. Vale mencionar que el mismo día de ayer una representante de las más de 120 familias de las niñas y niños de la guardería ABC de Hermosillo estuvo en España para exigir la destitución de la ex gobernadora Claudia Pavlovich como Cónsul mediante una carta al Ministerio de Asuntos Exteriores y al Ayuntamiento de Barcelona, por haber encubierto a los responsables del incendio en el que murieron 49 niños y muchos más sufrieron daños irreversibles.5
De la misma manera la 4T premió al ex Subsecretario de Minas Francisco Quiroga nombrándolo como Embajador de México en Alemania. Antes de llegar a la política con la inauguración de la administración de López Obrador, el Sr. Quiroga fue empresario en la industria del acero y trabajaba con varias empresas, entre ellas el Grupo Villacero y ArcelorMittal.6 Ahora, llama la atención que representa los intereses de México en uno de los países más dominantes en el sector automotriz y una de las principales potencias en la industria del acero.
En REMA tenemos una larga historia de aprendizajes que nos hacen cuestionar la objetividad del cuerpo diplomático, no sólo de México, sino de varias naciones. En el caso de la embajada canadiense, por ejemplo, a quien hemos denunciado durante años por su constante apoyo a las empresas mineras canadienses en México, frente el caso del asesinato de Mariano Abarca, uno de los fundadores de REMA, por lo cual exigimos una investigación en Canadá.7 Esta embajada hizo trabajo diplomático e injerencista al servicio de los intereses de la empresa Blackfire en Chicomuselo, Chiapas, aun conociendo los riesgos que corría la vida de Mariano durante las semanas y meses antes de su asesinato ocurrido en noviembre del 2009. Por esto, y por los obvios problemas de conflicto de interés, cuestionamos la abierta participación de empresarios y personas vinculadas a empresarios en puestos diplomáticos.
La representación de nuestro país en manos de estas/os dudosas/os personajes, lo único que logra es la reproducción del modelo extractivo minero que estamos padeciendo las comunidades, mismo que ha generado tanta destrucción y pérdida de vidas en las comunidades y los territorios, tal como ahora lo demuestra con tanta claridad la situación en que se encuentra el ejido El Bajío, en Sonora.
¡Basta de la diplomacia minera mexicana!
¡Justicia y rendición de cuentas para el ejido El Bajío!
Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería
Imagen: Ejido El Bajio protestas frente a Palacio Nacional – enero 2022 – El bajio
Compartimos con ustedes este boletin de prensa y el informe de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA sobre la minería y el covid durante la pandemia en el 2020- A 24 de mayo del 2022 >>Descargar informe en pdf aquí <<
“La Pandemia Minera en Tiempos de COVID-19”
>>Informe aquí abajo<<
Informe REMA: La Lucha por lo Esencial
Sobre cómo la minería se benefició de las restricciones sociales durante la contingencia de Covid-19 y la necesidad de fortalecer la defensa territorial
El día de hoy, la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería presentamos el informe La Lucha por Lo Esencial: la Pandemia Minera en México en Tiempos de COVID-19, en el que reflexionamos sobre las vivencias de las comunidades en los últimos dos años de pandemia y cómo los grandes capitales mineros han podido beneficiarse de las restricciones sociales impuestas en nombre de nuestra salud y seguridad para posicionarse con más fuerza en los territorios. En este informe visibilizamos la asimetría que durante esta pandemia se profundizó entre los actores que promueven lo que llamamos Modelo Extractivo Minero y las comunidades que se oponen a éste. A dos años de la pandemia, los territorios en resistencia a la minería se recuperan y es importante volver plantear lo que consideramos realmente como esencial ante los tremendos impactos que este sistema capitalista depredador genera en el bienestar de los pueblos y la salud colectiva.
¿Cómo es que la minería se benefició con la pandemia? Documentamos la forma en que la minería en México logró una posición privilegiada al ser incluida dentro de las actividades “esenciales”, echando mano de su poder político y jurídico ya instalado y reforzado con la entrada en vigor, en julio del 2020, del renegociado Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), ahora llamado Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Durante el poco tiempo que la industria minera quedó fuera de la lista de las actividades esenciales, las empresas mineras no pudieron contar con el trámite de nuevos permisos. Sin embargo, una vez que lograron esta categorización privilegiada, las ventanillas institucionales les fueron abiertas nuevamente.
A pesar de la insistencia de la administración actual de no seguir otorgando concesiones mineras, en los trámites para permisos ambientales para la exploración y explotación minera, hubo solamente una breve pausa de dos meses en 2020. Así, desde junio 2020 a diciembre 2021, la SEMARNAT ha autorizado docenas de permisos ambientales para actividades mineras en, por lo menos, 14 entidades de la República.
Además, la incertidumbre y el cierre económico que se generó por la pandemia, favoreció el aumento de los precios de metales como el oro y plata en el mercado internacional. Luego, con la reactivación económica, también hubo un importante aumento en el precio de cobre y, en paralelo, con la especulación alrededor del “oro blanco” – el litio – en el contexto de la transición energética. Este crecimiento acelerado de precios permitió que -pese a la crisis- el sector minero se recompusiera rápidamente, hasta obtener ganancias históricas en varios casos.2
Asimismo, las medidas de contingencia decididas por los gobiernos privilegiaron a las grandes empresas y lograron, al mismo tiempo, obstaculizar los esfuerzos comunitarios tan necesarios para la salud, la alimentación y el medio ambiente. El encierro, la generación de miedo a enfermarse y la imposición del distanciamiento social, medidas impulsadas para prevenir los contagios a través de la campaña de la “Sana distancia” y “Quédate en casa”, generaron condiciones aún más asimétricas para defender la salud comunitaria y el territorio, mientras las empresas continuaban operando. Especialmente, durante el primer año de la pandemia, mientras las familias atendían las urgencias económicas y de cuidados de la salud, muchas comunidades y organizaciones no pudieron acceder a información sobre los proyectos mineros, realizar reuniones de discusión o hacer gestiones con las autoridades para detener los proyectos y atender sus afectaciones.
Las experiencias de comunidades donde ya hay minas impuestas en operación como Zimapán en Hidalgo y el Valle de Ocotlán en Oaxaca, recopiladas para este informe, narran cómo estas empresas siguieron operando con impunidad y generando daños a la salud y a los territorios. En donde aún no han logrado establecerse, como Epazoyucan en Hidalgo, la Cuenca de la Independencia en Guanajuato y Acacoyagua en Chiapas, se documenta cómo las empresas buscaron permisos u otras oportunidades para ganar más apoyo o avanzar sus proyectos.
Por otra parte, en muchas partes del país, como el Ejido El Bajío, en Sonora, el aumento de violencia tuvo graves repercusiones y actores armados fortalecieron su control del territorio. En este contexto, el gobierno federal justificó la creación de la Policía Minera en el contexto de la reactivación económica y, a la vez, aumentó la militarización del país con un enorme despliegue de la Guardia Nacional, mientras el crimen organizado se fortaleció en muchos lugares, trastocando la vida y la resistencia de las comunidades.
Es así que después de que la actividad minera fuera declarada como esencial y necesaria para reactivar la economía, no hubo tregua. No se cuestionaron los paradigmas de libre comercio al servicio de los mercados internacionales e intereses privados, la sobreexplotación de nuestros cuerpos y bienes comunes, o el consumo más allá de los límites del planeta. Tampoco se movió un dedo para romper la impunidad de que gozan las empresas y los gobernantes para responsabilizar quienes han generado tantos daños al agua, a la tierra, a la salud y a la vida en los territorios afectados por la minería u otros megaproyectos.
El informe de la REMA se enmarca en el contexto de una investigación colaborativa regional y global por la Coalición contra la Pandemia Minera, lo cual lanza hoy su informe Sin Tregua: Resistencias por la Vida y el Territorio Frente al COVID-19 y la Pandemia Minera. Éste informe abarca 16 casos de estudios de 9 países de América Latina que demuestran la profundización de las asimetrías de poder económicas y políticas, junto con el aumento de militarización, represión, criminalización y violencia en contra de las comunidades organizadas.
A pesar de estas condiciones adversas, en México como en toda América Latina, las organizaciones y las comunidades siguieron y siguen luchando, buscando la forma de cuidarse y no perder su territorio.3
Desde la REMA, tenemos más claro que nunca la importancia de prevenir el acceso de las empresas mineras a los territorios, de informar a las comunidades, de dialogar, de documentar los daños y desmitificar las mentiras del modelo minero. Para la construcción de un futuro digno es indispensable prevenir y evitar los daños que generan los proyectos extractivos, al mismo tiempo que se promueven alternativas de vida al sistema capitalista -desde la agroecología hasta los sistemas de energía comunitarios-. Las acciones para el ejercicio de los derechos colectivos y la defensa de la salud comunitaria, del medio ambiente, del agua y de la soberanía alimentaria, entre otras, son imprescindibles en los territorios. Esto es lo verdaderamente esencial.
La minería no es una salida a la crisis, es su profundización
¡Territorios libres de minería! Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería
Informe: La lucha por lo esencial
“La Pandemia Minera en Tiempos de COVID-19”
INTRODUCCIÓN
A dos años del inicio de la pandemia del COVID-19, hemos visto cómo los grandes capitales han podido beneficiarse de las restricciones sociales impuestas en nombre de nuestra salud y seguridad para posicionarse con más fuerza ahora y en el futuro. Sin embargo, no ha sido solamente el sector farmacéutico el que está generando ganancias históricas con nuestra desgracia sanitaria,1 sino que ésta también parece ser una pandemia hecha a modo para el sector minero.2
Pero ¿cómo es que la minería se benefició con la pandemia? En este informe documentamos la forma en que en México la minería logró una posición privilegiada al ser incluida dentro de las actividades “esenciales”. Se lo hizo echando mano de su poder político y jurídico ya instalado y reforzado con la entrada de vigencia en julio del 2020 del renegociado Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, el T-MEC y, poco después, por el anuncio de la creación de la Policía Minera.
Además, la misma incertidumbre generada por la pandemia y el cierre económico que se dio al inicio, favoreció el aumento de los precios de los metales como oro y plata. Luego, con la reactivación económica, también hubo un importante aumento en el precio de cobre y, en paralelo, con la especulación alrededor del “oro blanco” – el litio – en el contexto de la transición energética. Y a pesar de la insistencia de la administración actual de no seguir otorgando concesiones mineras, hubo solamente una breve pausa de dos meses en 2020 en los trámites de permisos ambientales para la exploración y explotación minera.
A pesar de que rápidamente a inicios de la pandemia surgieron reflexiones acerca de que la pandemia develaba las consecuencias más nefastas de la depredación del capitalismo, y que resultaba más urgente que nunca el trabajo en defensa del territorio y la naturaleza, las medidas de contingencia decididas por los gobiernos privilegiaron a las grandes empresas, logrando obstaculizar estos esfuerzos comunitarios tan necesarios para la salud, la alimentación y el medio ambiente. El encierro, la generación de miedo a enfermarse y la imposición del distanciamiento social, medidas impulsadas para prevenir los contagios a través de la campaña de la “Sana distancia” y “Quédate en casa”, generaron condiciones aun más asimétricas para defender la salud comunitaria y el territorio, mientras las empresas continuaban operando.
Protesta El Bajio en CDMX
Especialmente durante el primer año de la pandemia, mientras las familias atendían las urgencias económicas y de cuidados de la salud, muchas comunidades y organizaciones no pudieron acceder a información sobre los proyectos mineros, realizar reuniones de discusión o hacer gestiones con las autoridades para detener los proyectos y atender sus grandes daños. Los testimonios de comunidades donde ya hay minas impuestas en operación como Zimapán en Hidalgo y el valle de Ocotlán en Oaxaca, recopilados para este informe, narran cómo estas empresas siguieron operando con impunidad y generando daños a la salud y a los territorios. En donde aún no han logrado establecerse, como Epazoyucan en Hidalgo, la Cuenca de la Independencia en Guanajuato y Acacoyagua en Chiapas, se documenta cómo las empresas buscaron permisos u otras oportunidades para ganar más apoyo o avanzar sus proyectos.
Por otra parte, en muchas partes del país, como el ejido El Bajío, en Sonora, el aumento de violencia tuvo repercusiones graves y actores armados fortalecieron su control del territorio. En este contexto, el estado federal justificó la creación de la Policía Minera en el contexto de la reactivación económica y, a la vez, se aumentó la militarización del país con un gran despliegue de la Guardia Nacional, a la vez que el crimen organizado se fortaleció en muchos lugares, trastocando la vida y la resistencia de las comunidades, tal como describimos en más detalle en adelante.
Con este documento queremos visibilizar la profundización de la asimetría que durante esta pandemia hubo entre los actores que promueven lo que llamamos Modelo Extractivo Minero y a las comunidades que se oponen a éste. También buscamos volver a plantear lo que debe ser considerado realmente esencial ante los tremendos impactos que este sistema capitalista depredador genera en el bienestar de los pueblos y la salud colectiva.
Una producción de la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA), http://www.remamx.org/ Texto y compilación de testimonios: Libertad Díaz, Jen Moore y Miguel Mijangos. Revisión: Ángeles Mariscal e Isabel Velásquez. Diseño: Otros Mundos, A.C./REMA Chiapas. https://otrosmundoschiapas.org/ Foto Portada: FPDS Chiapas. Agradecemos a los miembros de la Rema de las entidades participantes por la donación de sus fotografías para este informe. Agradecemos por su participación a: Comunidades Unidas de Zimapán, Hidalgo; Ejido El Bajío, Sonora; Articulación por la Vida contra la Minería del Valle de Ocotlán, Oaxaca; Asociación por la Protección de la Tierra y el Bienestar de Epazoyucan, A.C., Epazoyucan, Hidalgo; Acción Colectiva Socioambiental, A.C., Guanajuato; Frente Popular en Defensa del Soconusco ‘20 de Junio’, Acacoyagua, Chiapas. Este informe forma parte de una iniciativa de documentación a nivel global coordinada por la Coalición en Contra de la Pandemia Minera, https://miningpandemic.org/es/. Impresión gracias al apoyo de Salva la Selva, https://www.salvalaselva.org/ México, Mayo 202
Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA sobre los dos amparos ganados en la lucha contra la minería y por la vida en Colima – A 11 de mayo del 2022
La Comunidad Indígena de Zacualpan, Municipio de Comala, Colima, hace unos días volvió a atinar un duro golpe al modelo extractivo minero, al ganar un amparo ante el Juzgado Segundo de Distrito, con sede en la ciudad de Colima, y dejar sin efecto dos concesiones mineras que la Secretaría de Economía había otorgado (una de ellas desde 1995) para la extracción de minerales dentro de su territorio.
La lucha de Zacualpan comenzó en 2013 cuando el empresario minero, Rigoberto Verduzco Rodríguez, de la empresa Gabfer, S.A. de C.V. y la entonces Delegada de la Procuraduría Agraria en Colima, María Elena Díaz Rivera, se acercaron a la Comunidad de Zacualpan, uno a comprar y la otra a presionar, al comisariado comunal representado por Carlos Guzmán Teodoro con el fin de que él convenciera a los comuneros para que otorgaran el permiso para la explotación de oro, plata y manganeso de los lotes Heliotropo y Tigrilla con número de concesión 201872 y 227572. La oferta era de 15 a 17 mil pesos por voto y la promesa de poner una farmacia en la Comunidad.
Nunca pensaron que esa comunidad indígena les fuera a dar tantos dolores de cabeza y que tantas/os funcionarios iban a ver afectados sus intereses y algunas/os otras/otros iban a ser incluso destituidos de su cargo. En 2013 se constituyó el Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan y, por esta organización, fue que en 2014 el primer funcionario cayó. Se trató de de Carlos Guzmán Teodoro, que fue destituido por la fuerza de la Asamblea Comunal, autoridad máxima, que nombró un nuevo comisariado y que por primera vez en la historia de Zacualpan contaba con dos mujeres, Epitacia Zamora Teodoro y Olivia Teodoro Arandas, secretaria y tesorera respectivamente. En esa misma Asamblea se decidió declarar a Zacualpan como “Territorio Libre de Minería”.
Ante esto, el gobierno del estado de Colima se negó a reconocer al nuevo comisariado. La Comunidad, en respuesta, paró las bombas de agua que distribuyen agua a Colima y Villa de Álvarez. Esto era una acción también simbólica, pues se sabía que el manantial que Zacualpan había cuidado por generaciones, sería uno de los primeros en contaminarse con la operación de una mina. Rogelio Rueda, en ese momento Secretario de Gobierno, reprimió de manera brutal a las y los indígenas que se encontraban exigiendo ser atendidas/os. Con más de 200 granaderos y una tanqueta obligó, violentamente, al contingente a retirarse del sitio. Esto sería la causa de que el funcionario perdiera su candidatura a gobernador, más adelante.
Por otro lado, Díaz Rivera, la Delegada de la Procuraduría Agraria, asesoró a Carlos Guzmán para que interpusiera un juicio de nulidad ante el Tribunal Unitario Agrario Distrito 38, juicio que resolvió el Magistrado Antonio Luis Betancourt, el 3 de julio de 2014. No sólo no le dio el triunfo a Carlos Guzmán reconociendo al nuevo comisariado sino que, por primera vez en México, se reconocía a un Territorio Libre de Minería por un Tribunal Agrario. Esto, por supuesto también le costó a este Magistrado su destitución y por muchos años ese Distrito estuvo sin nombramiento.
Por su lado, Díaz Rivera insistía en que el nuevo comisariado no era legítimo y su soberbia la llevó a extralimitarse en sus funciones y comenzó a cometer incontables violaciones a los derechos de la Comunidad Indígena de Zacualpan, llegando al extremo de usar un helicóptero del gobierno del Estado para poder llegar a la Comunidad y realizar una Asamblea en 9 minutos, donde pretendía destituir al nuevo comisariado ya ratificado por el Tribunal Unitario Agrario.
Este cúmulo de acciones violentas e ilegales contra la comunidad indígena de Zacualpan llevaron a la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA) y a Bios Iguana A.C., que habían estado apoyando desde un principio a la Comunidad Indígena, a organizar una Misión de Observación donde participaron más de 20 organizaciones nacionales e internacionales en marzo de 2015, unos días después de que la principal líder indígena de Zacualpan, la muy querida Epitacia Zamora Teodoro, muriera a causa de presiones y amenazas que agravaron su salud. En esos meses fueron interpuestas denuncias ante el Órgano Interno de Control de la Procuraduría Agraria en contra de María Elena Díaz Rivera por intimidación y abuso de autoridad.
La REMA, en ese mismo mes de marzo de 2015, junto con otras organizaciones nacionales y como parte de una estrategia nacional para lograr la inconstitucionalidad de la Ley Minera, apoyó a la Comunidad Indígena de Zacualpan para interponer un amparo contra las concesiones mineras que se habían otorgado en su territorio.
A principios de 2016 finalmente fue destituida la Delegada de la Procuraduría Agraria, Maria Elena Díaz Rivera, por orden del Órgano Interno de Control de la misma Procuraduría Agraria.
Cuántas angustias, violencia física, violencia psicológica, división, criminalización, estigmatización, acoso policiaco, amenazas de muerte, cuánta sangre corrió, cuántas familias divididas, cuantas tristezas, cuanto acoso tuvieron que soportar mujeres y hombres de la Comunidad Indígena de Zacualpan hasta que ahora, finalmente, a 7 años de interpuesto ese amparo, el Juez Federal, Jorge Damián González Villaseñor, Titular del Juzgado Segundo Distrito le da la razón a la Comunidad indígena y deja sin efecto esas concesiones.
Desde la REMA le decimos a la Comunidad Indígena de Zacualpan y al Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan, miembro de la REMA, que recibimos con gran alegría la noticia de este triunfo, que no es más que de ustedes. Que las y los vemos como un gran ejemplo de lucha y tenacidad, que nos alienta a seguir en este camino. Que su lucha también nos ha fortalecido y nos ha enseñado senderos nuevos que hemos compartido con otras luchas, para que no cometan los mismos errores, para que estén claras/os de que la lucha es larga pero con fuerza firmeza y tenacidad se logra ganar a este modelo extractivo que nos carcome la vida.
Compartimos esta nota publicada en Tlanesi sobre la lucha por la vida y la resistencia anti minera en Colima – A 5 de mayo del 2021
Escrito por Pedro Zamora Briseño
En su lucha contra la minería, la comunidad indígena de Zacualpan se anotó una victoria judicial al obtener un amparo contra el procedimiento mediante el que fueron otorgados los dos títulos de concesión minera que afectaban su territorio. Tras considerar que antes de la entrega de los permisos debió ser consultada la comunidad conforme a sus usos y costumbres, el juez federal Jorge Damián González Villaseñor, titular del Juzgado Segundo de Distrito con sede en la ciudad de Colima, dejó sin efecto las concesiones y estableció una serie de medidas para proceder frente a las solicitudes para la exploración y explotación minera en territorios indígenas. Los títulos de concesión revocados son los 227572 y 201872, correspondientes a los lotes Tigrilla y Heliotropo, con superficies de 90.448 hectáreas y 100 hectáreas, a nombre de Mario Carlos Moncada Cantú y Adolfo Pineda Martínez, respectivamente. En el primer caso, la concesión fue otorgada en 2006 y en el segundo en 1995, ambas con una vigencia de 50 años. En su sentencia relativa al juicio de amparo 458/2015, el juez ordenó a las autoridades federales de la materia dejar sin efecto los referidos títulos de concesión minera, pues para emitirlos “en ningún momento consideraron los usos y costumbres de dicha comunidad”, ignorando su especial situación de vulnerabilidad al ser integrante del grupo indígena nahua. Advirtió que tampoco les fueron proporcionados los informes y documentación que los concesionarios debieron aportar para obtención de los títulos mineros, lo cual “hace evidente que no se permitió la participación de la comunidad de Zacualpan en las decisiones que derivaron en la expedición de las citadas concesiones”. Antes de emitir una determinación en torno a la solicitud de los interesados en la exploración y explotación de los recursos minerales que pudieran existir en los lotes Tigrilla y Heliotropo, añadió la sentencia, “se deberá efectuar una evaluación de impacto social y ambiental, elaborada por un organismo independiente a las partes en este juicio, con capacidad técnica para realizar los estudios indicados”. Posteriormente, determinó, “deberán proceder a la consulta a los integrantes de la comunidad indígena de Zacualpan, que pudieran verse afectados con los títulos de concesión, conforme a sus costumbres y tradiciones, considerando en todo momento los métodos tradicionales que utilizan en la toma de sus decisiones”. Lo anterior, de acuerdo con la instancia jurisdiccional, “repercute en una afectación a su entorno, costumbres y actividades económicas que han sido transmitidas y realizadas de generación en generación en la comunidad quejosa”. El juicio de amparo fue promovido en marzo de 2015 por los integrantes del Comisariado de Bienes Comunales, el Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan y representantes del pueblo indígena electos en asamblea por usos y costumbres, con la asesoría jurídica de Guadalupe Espinoza Sauceda y Claudia Gómez Godoy. En su demanda, los quejosos argumentaron que la emisión de las concesiones vulneraba los derechos al territorio indígena, a la protección especial de las tierras indígenas, a la consulta, así como las garantías de legalidad y seguridad jurídica. Los representantes del pueblo indígena de Zacualpan hicieron notar que ambas concesiones se entregaron a personas ajenas a la comunidad y de acuerdo con el artículo 19 de la Ley Minera “otorgan el derecho a la exploración, explotación, disposición de minerales, disposición de los terrenos e incluso el derecho a obtener la expropiación de nuestro territorio, violentando con ello la protección especial que las tierras y territorios indígenas tienen tanto a nivel nacional como internacional”. Citaron el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que señala que cuando la propiedad de los minerales sea del Estado, los gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados, antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras. En ese mismo sentido, sustentaron su reclamo en el artículo 6º de ese convenio y en el artículo 19 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que se refieren también a la obligación de consultar a los pueblos antes de cualquier medida que los afecte. En su sentencia, notificada a la comunidad este 3 de mayo, el juez citó los requisitos indispensables previstos por la Corte interamericana de Derechos Humanos para garantizar el derecho a la consulta indígena: “Asegurar la participación efectiva de los pobladores de la comunidad materia del conflicto, garantizar que los miembros de la comunidad indígena se beneficien razonablemente del plan de desarrollo a implementar en su territorio y el Estado debe garantizar que no se emita ninguna afectación al territorio hasta que entidades independientes y técnicamente capaces realicen un estudio previo de impacto social y ambiental”. La resolución del juicio de amparo estipuló que, en su caso, la consulta indígena debería efectuarse en las primeras etapas del procedimiento de concesión, respecto al plan de desarrollo o inversión, y no cuando surja la necesidad de obtener la aprobación de la comunidad indígena, para que se cuente con un lapso de tiempo adecuado para la discusión interna. “También, se hará del conocimiento a la comunidad quejosa los posibles riesgos ambientales y de salubridad, a fin de que se manifiesten de manera informada respecto de la concesión que en su momento pueda efectuarse a favor de los aquí terceros interesados”, determinó el juez. Asimismo, “el procedimiento aquí decretado debe celebrarse de buena fe, sin que exista cualquier tipo de coerción por parte del Estado o de particulares que actúen con su autorización” y “las decisiones que la comunidad indígena de Zacualpan tome, de acuerdo con el ejercicio de sus usos y costumbres, deben ser respetadas en todo momento”.
En su lucha contra la minería, la comunidad indígena de Zacualpan se anotó una victoria judicial al obtener un amparo contra el procedimiento mediante el que fueron otorgados los dos títulos de concesión minera que afectaban su territorio. Tras considerar que antes de la entrega de los permisos debió ser consultada la comunidad conforme a sus usos y costumbres, el juez federal Jorge Damián González Villaseñor, titular del Juzgado Segundo de Distrito con sede en la ciudad de Colima, dejó sin efecto las concesiones y estableció una serie de medidas para proceder frente a las solicitudes para la exploración y explotación minera en territorios indígenas. Los títulos de concesión revocados son los 227572 y 201872, correspondientes a los lotes Tigrilla y Heliotropo, con superficies de 90.448 hectáreas y 100 hectáreas, a nombre de Mario Carlos Moncada Cantú y Adolfo Pineda Martínez, respectivamente. En el primer caso, la concesión fue otorgada en 2006 y en el segundo en 1995, ambas con una vigencia de 50 años. En su sentencia relativa al juicio de amparo 458/2015, el juez ordenó a las autoridades federales de la materia dejar sin efecto los referidos títulos de concesión minera, pues para emitirlos “en ningún momento consideraron los usos y costumbres de dicha comunidad”, ignorando su especial situación de vulnerabilidad al ser integrante del grupo indígena nahua. Advirtió que tampoco les fueron proporcionados los informes y documentación que los concesionarios debieron aportar para obtención de los títulos mineros, lo cual “hace evidente que no se permitió la participación de la comunidad de Zacualpan en las decisiones que derivaron en la expedición de las citadas concesiones”. Antes de emitir una determinación en torno a la solicitud de los interesados en la exploración y explotación de los recursos minerales que pudieran existir en los lotes Tigrilla y Heliotropo, añadió la sentencia, “se deberá efectuar una evaluación de impacto social y ambiental, elaborada por un organismo independiente a las partes en este juicio, con capacidad técnica para realizar los estudios indicados”. Posteriormente, determinó, “deberán proceder a la consulta a los integrantes de la comunidad indígena de Zacualpan, que pudieran verse afectados con los títulos de concesión, conforme a sus costumbres y tradiciones, considerando en todo momento los métodos tradicionales que utilizan en la toma de sus decisiones”. Lo anterior, de acuerdo con la instancia jurisdiccional, “repercute en una afectación a su entorno, costumbres y actividades económicas que han sido transmitidas y realizadas de generación en generación en la comunidad quejosa”. El juicio de amparo fue promovido en marzo de 2015 por los integrantes del Comisariado de Bienes Comunales, el Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan y representantes del pueblo indígena electos en asamblea por usos y costumbres, con la asesoría jurídica de Guadalupe Espinoza Sauceda y Claudia Gómez Godoy. En su demanda, los quejosos argumentaron que la emisión de las concesiones vulneraba los derechos al territorio indígena, a la protección especial de las tierras indígenas, a la consulta, así como las garantías de legalidad y seguridad jurídica. Los representantes del pueblo indígena de Zacualpan hicieron notar que ambas concesiones se entregaron a personas ajenas a la comunidad y de acuerdo con el artículo 19 de la Ley Minera “otorgan el derecho a la exploración, explotación, disposición de minerales, disposición de los terrenos e incluso el derecho a obtener la expropiación de nuestro territorio, violentando con ello la protección especial que las tierras y territorios indígenas tienen tanto a nivel nacional como internacional”. Citaron el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que señala que cuando la propiedad de los minerales sea del Estado, los gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados, antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras. En ese mismo sentido, sustentaron su reclamo en el artículo 6º de ese convenio y en el artículo 19 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que se refieren también a la obligación de consultar a los pueblos antes de cualquier medida que los afecte. En su sentencia, notificada a la comunidad este 3 de mayo, el juez citó los requisitos indispensables previstos por la Corte interamericana de Derechos Humanos para garantizar el derecho a la consulta indígena: “Asegurar la participación efectiva de los pobladores de la comunidad materia del conflicto, garantizar que los miembros de la comunidad indígena se beneficien razonablemente del plan de desarrollo a implementar en su territorio y el Estado debe garantizar que no se emita ninguna afectación al territorio hasta que entidades independientes y técnicamente capaces realicen un estudio previo de impacto social y ambiental”. La resolución del juicio de amparo estipuló que, en su caso, la consulta indígena debería efectuarse en las primeras etapas del procedimiento de concesión, respecto al plan de desarrollo o inversión, y no cuando surja la necesidad de obtener la aprobación de la comunidad indígena, para que se cuente con un lapso de tiempo adecuado para la discusión interna. “También, se hará del conocimiento a la comunidad quejosa los posibles riesgos ambientales y de salubridad, a fin de que se manifiesten de manera informada respecto de la concesión que en su momento pueda efectuarse a favor de los aquí terceros interesados”, determinó el juez. Asimismo, “el procedimiento aquí decretado debe celebrarse de buena fe, sin que exista cualquier tipo de coerción por parte del Estado o de particulares que actúen con su autorización” y “las decisiones que la comunidad indígena de Zacualpan tome, de acuerdo con el ejercicio de sus usos y costumbres, deben ser respetadas en todo momento”.
Imagen :Epitacia Zamora Teodoro, iniciadora de la lucha contra la minería en Zacualpan. Foto: Pedro Zamora Briseño/ Archivo Tlanesi
Compartimos con ustedes este comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 29 de abril del 2022
El pasado 20 de abril se publicó en el Diario Oficial de la Federación[1] el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Minera, todas ellas, modificaciones que se hacen para que la exploración, explotación, beneficio y aprovechamiento del litio, corra a cargo del Estado, mediante un organismo público descentralizado[2]. Ante esto, y frente al escenario de encono dicotómico que, desde la clase empresarial, los partidos y el gobierno se ha impulsado, desde la REMA queremos decir lo siguiente:
Que frente a todo lo que debe abrogarse de esta Ley, el gobierno decidió mantener el carácter sumiso ante el mercado y ante el modelo extractivo con el que fue diseñada en 1992. Para empezar, este decreto continúa legalizando el saqueo, el despojo a comunidades, la destrucción de la naturaleza y los gravísimos daños a la salud que ocasiona día tras día la minería en México. Además, las modificaciones que aprobaron, si bien cambian el sujeto que puede explotar uno de los minerales, el litio (y, como se enuncia en el Artículo 10, “los demás minerales declarados como estratégicos por el Estado”), lo hace sin poner un mínimo de cuestionamiento al modelo de operación del neoextractivismo para obtener lo que hoy, se dice, es un mineral “estratégico”.
Sabemos que el litio es un mineral fundamental para lo que desde las empresas y los Estados llaman la transición energética. Sabemos que, por esto, este mineral, tan sólo en los últimos tres meses de este año, ha incrementado su valor en un 250%. Pero sabemos también los gravísimos daños sociales y ambientales que han dejado la explotación de este mineral en el mundo[3] y por ello, desde la REMA, llamamos a la sociedad a debatir más allá de las narrativas dicotómicas y simplistas sobre lo público y lo privado, impuestas por los partidos políticos, empresas y algunos medios de comunicación. Desde la REMA nos parece urgente poner en la mesa lo que consideramos es el verdadero fondo que como sociedad debemos discutir de este asunto: las causas y consecuencias del modelo extractivo (sea quien sea la instancia que lo promueva) y sobre el supuesto “modelo de desarrollo” que se impulsa a partir de toda la destrucción que causa el primero.
¿Qué dice esta reforma? Esta reforma a la ley minera, como se ha dicho, no nacionaliza el litio que es un mineral que, en el subsuelo, como los otros, ya era considerado propiedad de la nación. Lo que sí hace esta reforma es crear una excepción para que la exploración, explotación, beneficio y aprovechamiento del litio, a diferencia de la mayor parte de los minerales, corra a cargo del Estado. Sin embargo, esto no implica la eliminación de las concesiones otorgadas, ni la expropiación a las empresas que ya están operando. Esta reforma tampoco niega que la explotación, beneficio y aprovechamiento del litio vaya a ser realizada de manera exclusiva por el Estado[4], sino que abre la posibilidad de que la empresa pública y descentralizada que se conforme para administrar estas actividades se pueda asociar con capitales, nacionales o extranjeros, para tal fin. Así es como tanto las empresas extranjeras que ya tienen concesiones, como aquellas nacionales que seguramente estarán ávidas de sumarse al botín, podrían terminar de la mano del Estado en esta actividad. Empresas como Peñoles (de los Bailleres), Frisco (de Slim) y Grupo México (de los Larrea), empresas sobre las que penden grandes exigencias de rendición de cuentas, remediación de daños, y señalamientos sobre crímenes, podrían sumarse a este festín. Eso sí, en compañía de la instancia creada para tal fin por el Estado.
Para identificar posibles yacimientos de litio, que podrían, más adelante, ser explotados por el organismo público descentralizado que se pretende crear, el Servicio Geológico Mexicano (SGM) llevará a cabo trabajos de prospección en 82 localidades de 18 estados de la república (Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Veracruz, y Zacatecas). ¿Qué pasará con las comunidades donde se encontrarán cantidades suficientes de litio para ser explotadas? Seguramente el gobierno desplegará todas sus fuerzas para avanzar con esos proyectos, sin importar lo que opinan las comunidades locales, acelerando y/o brincándose los permisos necesarios, manejando información a modo, como está pasando ahora con otros proyectos emblemáticos de la 4T como el Corredor Interoceánico o el Tren Maya. Existe también el grave riesgo que se lleven a cabo procesos de expropiaciones, bajo la noción de utilidad pública, o bajo un estandarte de que es por el beneficio del pueblo mexicano y para la soberanía energética nacional.
Además, vale la pena precisar que la mayoría de los estados donde el SGM llevará cabo trabajos de prospección para una posible explotación de litio sufren actualmente de un grave estrés hídrico y de problemas de escasez y contaminación del agua. Uno de los principales impactos de la explotación del litio denunciados por los pueblos de la región de los salares andinos de Sudamérica es justamente la alta cantidad de agua que requiere el proceso de evaporación ligado a la extracción de litio en salares o salmueras. Por esta razón la extracción del litio ha sido denominada “minería del agua”. Ciertos estudios realizados en el salar de Atacama señalan que “Para producir una tonelada de litio se evaporan 2 millones de litros de agua desde las pozas, es decir, 2 mil toneladas de agua que no es posible recircular”[5]. Provoca graves modificaciones sobre los sobre los flujos de aguas subterráneas y existen por ahora pocos estudios de los impactos que eso genera sobre ecosistemas tan frágiles y complejos como son los salares y lagunas. ¿Cómo se puede hablar de un decreto y una propuesta “en favor del pueblo mexicano” cuando pondrá en peligro uno de sus bienes más importantes y, tal vez, el más vital, como lo es el agua?
El decreto precisa que será “deber del estado proteger y garantizar la salud de los mexicanos, el medio ambiente y los derechos de los pueblos originarios, comunidades indígenas y afromexicanas”. Se supone que este deber del Estado hacia su población ya es un hecho marcado por la Constitución y no debería hacer falta un nuevo decreto para aplicarse. Además, el hecho que sea una paraestatal no garantiza en absoluto que se respetan esos aspectos. Sobran los ejemplos de los graves impactos provocados por proyectos de PEMEX o de la CFE, así como ejemplos de desinformación, imposición y criminalización que siempre han usado para promoverlos, tanto como los que emplean las empresas privadas.
¿Qué no toca esta reforma? La minería ni al modelo extractivista a través del cual opera no son modificados en lo más mínimo. La 4T y los demás partidos políticos en el gobierno evaden la exigencia de justicia que, de pueblos Indígenas, comunidades campesinas, individuos ciudadana/os y organizaciones hacemos frente a las actividades mineras. Niegan la oportunidad de iniciar un replanteamiento de fondo que no tome como único camino la explotación de minerales, y su puesta en circulación dentro mercado, para beneficio del modelo económico impuesto. Todos los partidos y empresarios dicen que el litio es estratégico para el proceso de Transición Energética, pero no se cuestiona: Transición energética ¿para qué? ¿para quién? y ¿a costa de qué?
Tampoco existe discusión de fondo sobre el destino y los usuarios finales del litio. Actualmente el 88% del crecimiento de la demanda de litio se relaciona con la fabricación de coches eléctricos. En México, desde varias décadas han sido claros los impactos ambientales y la explotación laboral relacionadas con la actividad automotriz, ligados a la lógica de externalización de costos implementados por EEUU o más recientemente por ciertos países asiáticos. Ampliar el modelo y la frontera extractiva en México, y los impactos relacionados, para generar insumos destinados a ser exportados y consumidos en otros países, cuestiona la supuesta soberanía nacional aclamada con este decreto. La narrativa dominante de la necesidad del litio para vehículos eléctricos no permite, además, cuestionar este modelo de transporte individualista y elitista. Permite seguir posicionando falsas soluciones tecnológicas al posible reemplazo del petróleo (gas mediante fracking, minerales estratégicos, minería submarina, hidrogeno) sin cuestionar ni cambiar el modelo económico capitalista basado en actividades extractivistas, maquiladoras y explotadoras. La transición energética que proponen, es una transición de mercado, tecnología y capitalismo rapaz que empodera, enriquece e incrementa las desigualdades.
Por otro lado, el decreto no hace nada para liberar el estado de la estructura neoliberal a la cual se ha ligado con la firma de tratados de libre comercio y otros acuerdos de inversión internacional, como el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP) que incluye Canadá o el Acuerdo de Protección y Promoción Recíproca de Inversiones (APPRI) entre México y China para nombrar solamente dos, que compromete la soberanía del estado a los intereses y los caprichos del capital transnacional que ahora amenaza con actuales y futuras demandas por decisiones como esta. Si bien el discurso gubernamental promete cancelar los permisos para privados que pasará por ejemplo con el proyecto minero de Bacanora en Sonora, adquirida por la poderosa empresa china Ganfeng Lithium, quien controla actualmente la mitad de la producción mundial de litio y quién seguramente no se saldrá tan sencillamente de este jugoso negocio. Actualmente, existen distintos mecanismos para que las empresas puedan recurrir a tribunales de arbitrajes privados como el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial, aplicando el mecanismo de Solución de Controversias entre Inversionistas y Estados. Esos mecanismos son permitidos por los 14 Tratados de Libre Comercio (TLCs) que México ha firmado con 50 países y los 30 Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones (APPRIs)[6].Tratados que han sido en ciertos casos reafirmados por el gobierno de la 4T y sobre los cuales no existen el mismo supuesto discurso crítico cuando, de fondo, son los mecanismos que realmente ponen en jaque una posible soberanía nacional.
La auto-llamada 4T no ha respondido a la demanda de alto a la minería que desde muchas organizaciones sociales hacemos, ni ha respondido a la exigencia de justicia por la persecución, crímenes y daños que la minería ha generado en el país. Actualmente, existen poco más de 24 mil concesiones mineras vigentes y la superficie concesionada para esta actividad es aproximadamente de 17 millones de hectáreas, lo que corresponde al 8.63% del territorio nacional. Por su parte, la SEMARNAT ha continuado en este sexenio con la autorización de proyectos de exploración y explotación minera.
Las y los afectados por la minería exigimos que se entienda que es el modelo extractivo la causa verdadera del problema, independientemente si la empresa es de capital Estatal, público, privada. Las y los afectados por la minería decimos NO a la exploración, explotación, beneficio y aprovechamiento del litio y de los demás minerales. La verdadera utilidad pública de los mismos, es la determinación de dejarlos en el subsuelo.
[4] El artículo 10, sólo menciona “La exploración, explotación, beneficio y aprovechamiento del litio quedan exclusivamente a cargo del Estado, y se llevarán a cabo por el organismo público descentralizado que determine el Ejecutivo Federal en términos de las disposiciones aplicables…”
Compartimos este artículo de opinión publicado en La Jornada sobre la reciente discusión sobre la reforma energética y el litio – A 25 de abril del 2022
Manuel Pérez Rocha L.* F
Frustrados quedaron los vendepatrias de administraciones anteriores y empresas mineras que se salivaban con el litio de nuestro país. Advierten que la nacionalización del litio en México contraviene al T-MEC. La verdad es que el capítulo 14-E de este tratado se limita a proteger a empresas con contratos de gobierno de sectores que no incluyen al sector minero (ver sectores en página 14-E-3, https://bit.ly/3jZX5ac).
No obstante, se tienen que tomar en cuenta otros tratados. Para empezar, el capítulo de inversiones vigente hasta el 31 de junio de 2023 sigue siendo, bajo la llamada cláusula de legado del T-MEC, el capítulo 11 del TLCAN, que sí incluye minería y por lo cual la 4T sabe bien que no puede rescindir contratos a empresas mineras canadienses o estadunidenses. Así lo precisó López Obrador: Se van a revisar todos los contratos, los autorizados para litio. No se suspenden los contratos para otros minerales, no es para la plata, no es para el oro, para el cobre, es litio. Tampoco se podrán rescindir contratos mineros cuando expire la cláusula de legado, ya que México es parte del Tratado Transpacífico (TPP) del cual Canadá es parte, y trasnacionales estadunidenses también podrían demandar a México domiciliándose en ese país.
En el anuncio de AMLO de una revisión de contratos otorgados para la explotación del litio ( La Jornada, 22/4/20) es esencial saber si se han otorgado concesiones de explotación a empresas estadunidenses y canadienses que pudieran usar la cláusula de legado del TLCAN. Lo que sí sabemos es que hay una concesión previamente otorgada para la explotación de litio en el yacimiento de Sonora, el mayor del mundo, a la empresa con capital chino Bacanora Lithum, subsidiaria de Ganfeng Lithium, el mayor productor de litio en el mundo y cuya concesión, según reportes, le permitiría extraer 35 mil toneladas por año de carbonato de litio (https://bit.ly/3vciiUN).
Al revisar esta concesión hay que prever si Ganfeng Lithium puede acudir al Acuerdo de Protección y Promoción Recíproca de Inversiones (APPRI) entre México y China, firmado en 2009 (https://bit.ly/3v4fCsa), para demandar a México. En su artículo 7 queda establecido que 1. Ninguna Parte Contratante podrá expropiar o nacionalizar una inversión, directa o indirectamente a través de medidas equivalentes a expropiación, excepto (a) por causa de utilidad pública, (b) sobre bases no discriminatorias, (c) con apego al principio de legalidad y (d) mediante el pago de una indemnización conforme al párrafo 2 siguiente: 2. La Indemnización (a) sea equivalente al valor justo de mercado que tenga la inversión expropiada antes de que la expropiación sea llevada a cabo, (b) sea pagada sin demoras, (c) incluya intereses. Y el artículo 13 de este APPRI establece que Un inversionista contendiente podrá someter la reclamación a arbitraje de conformidad con el convenio del CIADI (del Banco Mundial), del cual México y China son miembros.
Empresas chinas ya han realizado varias demandas inversionista-Estado y actualmente tienen tres casos pendientes, notablemente una de Wang y otras empresas contra Ucrania por la impagable cantidad de 3 mil 500 millones de dólares. Dicho sea de paso, además del asedio militar ruso, Ucrania tiene cinco demandas pendientes, tres de empresas rusas y dos de Países Bajos (tema para otro artículo).
El análisis de los contratos de litio, y en general del desempeño de empresas extranjeras en México, incluyendo las de generación eléctrica e hidrocarburos, obliga a la 4T a una profunda revisión de los beneficios y perjuicios de los tratados de libre comercio y los APPRI firmados por gobiernos entreguistas del PRIAN desde Salinas de Gortari. México se encuentra hoy entre los seis países más demandados del mundo por inversionistas extranjeros ante tribunales de arbitraje supranacional, y es el tercer país más demandado de América Latina y el Caribe (después de Venezuela y Argentina).
El arriba citado APPRI con China tiene una cláusula de expiración de 10 años, por lo que desde 2019 se puede terminar unilateralmente. De hecho, de los 31 APPRI que México tiene firmados, 21 podrían ser terminados, pues pasaron la fase inicial de 10 o 15 años que estipula el tratado para su vigencia, con lo cual México tiene la oportunidad de salirse de más de 2/3 de todos sus tratados bilaterales de inversión (https://isds-americalatina.org/perfiles-de-paises/mexico/). Hasta en el T-MEC se estipula que Para mayor certeza, las Partes del Anexo (México y Estados Unidos) podrán acordar la modificación o eliminación de este Anexo (14-E-3).
El 28 de abril de 2020, en pleno comienzo de la crisis del covid-19, México y la Unión Europea anunciaron el final de la negociación de la modernización de su TLC con la Unión Europea (TLCUEM), vigente desde el año 2000, y firmaron un acuerdo de principio cuya novedad es la inclusión de un capítulo de protección de inversiones, que el viejo TLCUEM no tenía y que sustituiría todos los APPRI entre México y países miembros de la UE. Con este nuevo capítulo, las privatizaciones y reformas entreguistas en el sector energético de gobiernos pasados se blindarían aún más, y los esfuerzos de la 4T de recobrar la soberanía energética y los recursos naturales se seguirían enfrentando a una andanada de demandas sin fin. Ya veremos cómo, ante la nacionalización del litio en México (y otros países como Bolivia), la voracidad de empresas extractivas e instituciones como el Banco Mundial se confabulan.
* Investigador del Institute for Policy Studies, www.ips-dc.org
En nuestra emisión mensual de mayo del programa de radio El Escaramujo; Un espacio de análisis político, social y cultural en Radio Kinoki, estaremos platicando sobre la resistencia y la lucha al modelo extractivo minero, nos acompañará LinaMar Campos-Flores, PhD. Becaria postdoctoral del FRQ-SC, quien realiza una investigación sobre: Excavando territorios: geografía y trayectorias emocionales de mujeres mexicanas en resistencia a las empresas mineras canadienses, así que acompáñanos este martes 3 de mayo a las 6 pm.
Acompáñanos este martes 3 de mayo a las 6 pm en el programa de radio “El Escaramujo” en que abordaremos el tema “Territorios en disputa: resistiendo al neo-extractivismo”. Charlaremos acerca de la lucha y la resistencia . Nos acompañará LinaMar Campos-Flores, Becaria postdoctoral del FRQ-SC,.
Escucha nuestro programa de radio El Escaramujo en Radio Kinoki este martes 3 de mayo a las 6 de la tarde por FacebookLive de Otros Mundos y Kinoki
Compartimos este comunicado la red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA sobre una victoria más en la lucha por la vida ante el modelo extractivo minero esta vez en Oaxaca – A 23 de marzo de 2022
El sábado 22 de marzo en una sección de cabildo abierto y por cuarto trienio consecutivo comuneros, ejidatarios y mujeres que integran la Unión de Ejidos y Comunidades Agrarias declararon a Santo Domingo Zanatepec como “Municipio Libre de Minería”, en presencia de autoridades municipales.
Desde 2015, gracias al proceso de lucha comunitaria que existe, el municipio de Santo Domingo Zanatepec, situado en la parte sureste del Istmo de Tehuantepec en Oaxaca, se ha declarado municipio libre de minería frente a la amenaza del proyecto minero Santa Marta de la empresa canadiense Minaurum Gold Inc. Este proyecto que pretende extraer oro y cobre tiene dos concesiones mineras vigentes con una superficie total de 7110 ha repartida entre los municipios de Santo Domingo Zanatepec y San Miguel Chimalapa. Este proyecto a tajo abierto representa unas graves amenazas para los ríos, las zonas de cultivos, la salud y la vida comunitaria de los habitantes de esta región.
Desde la REMA queremos felicitar con todos nuestros corazones a la digna lucha de los pueblos de Santo Domingo Zanatepec y San Miguel Chimalapa por su incansable y digna lucha contra el modelo extractivo minero, y en el caso de Santo Domingo Zanatepec haber logrado involucrar a sus autoridades municipales para que estos sumarán esfuerzos al compromiso por la defensa del territorio y de la vida. Desde la REMA nos sumamos a la exhortación que hace la Unión de Ejidos y Comunidades Agrarias de Zanatepec para que se establezca un diálogo con las autoridades municipales y agrarias de San Miguel Chimalapa para que se logra también una declaración de territorio libre de minería en este municipio vecino amenazado por el mismo proyecto.
Ese acto refrenda y muestra la fuerza que tiene la organización comunitaria cuando, desde abajo y de forma constante, impulsa procesos que apuntan al ejercicio de la autodeterminación de los pueblos indígenas y campesinos, dando fuerza y solvencia a sus estructuras de gobernanza tanto agrarias y municipales, para analizar, discutir y acordar acciones para preservar sus formas de vidas y la riqueza social y natural de los territorios que habitan.
Estas estrategias de consolidación de sujetos políticos colectivos y de trabajos preventivos frente al modelo extractivo minero que apuntan hacia la realización actos legales definidos en este caso a partir de las declaraciones de territorios libres de minería, son y deben ser un quehacer fundamental para todos los movimientos de México ante el embate de acomodos de leyes y manipulaciones políticas que actualmente continúan gestándose a favor de empresas dedicadas al extractivismo.
Evidentemente a REMA nos da mucha alegría y esperanza que se refuerza este territorio libre de minería en nuestro país, porque reafirma que la mejor forma de parar las asimetrías del poder corporativo es a través de las acciones preventivas, mismas que desde la REMA son el tronco común de nuestro quehacer.
