Compartimos esta nota publicada en Pie de Página sobre el proceso de resistencia del pueblo maya en calakmul ante el Tren Maya – A 4 de marzo de 2020
Un juzgado de Campeche ratificó la suspensión del Tren Maya
pero la acotó a la zona de Calakmul, pese a que el amparo abarca la
totalidad del proyecto. La orden judicial deja inconformes a las
comunidades que interpusieron el amparo. Queda pendiente una audiencia
constitucional, definitoria, para final de mes
Texto: Daliri Oropeza
La jueza primera de Distrito Grisell Rodríguez Febles del estado de
Campeche ordenó suspender de forma definitiva los trabajos del Tren Maya
en el territorio de Calakmul, tras un juicio de amparo interpuesto por
los pueblo Maya y ch’ol organizados en el Consejo Regional Indígena y
Popular de Xpujil (Cripx).
La suspensión, sin embargo, deja un sabor amargo entre las
comunidades, de acuerdo con la abogada del Cripx, Elisa Cruz Rueda. Si
bien es una buena noticia para Calakmul, no obedece a la demanda que
hace el Consejo sobre la totalidad del proyecto del Tren Maya.
Las comunidades representadas por Cripx se ampararon por la manera en
la que se llevó a cabo la consulta sobre el Tren Maya en diciembre del
2019. Y la demanda fue impuesta por los cuatro estados que abarca la
península: Yucatán, Quintana Roo, Chiapas y Campeche.
La Secretaría de Gobernación, el Instituto Nacional de Pueblos
Indígenas y el Fondo Nacional de Fomento al Turismo interpusieron una
queja ante el mismo juzgado en contra de la suspensión provisional,
ordenada el pasado 29 de enero.
En ese sentido, explica la abogada, la orden de la jueza resulta un
éxito para las comunidades que interpusieron el amparo. Pero les
preocupa que la decisión no abarca todo el territorio afectado por el
proyecto del Tren Maya, sino sólo Calakmul.
La abogada señala que están satisfechos pero no conformes.
“No estamos conformes con los límites que se le pone. Es para decir
que en un territorio se aplican los derechos y en otro no. Se viola la
universalidad, interdependencia y progresividad de los derechos”,
explica la abogada en entrevista telefónica.
Falta audiencia constitucional
El juicio tiene varias etapas. Este 3 de marzo se llevó a cabo la
audiencia incidental. Tenía como efecto confirmar la suspensión o
negarla. Derivado de la orden de la jueza, los trabajos referentes al
proyecto del Tren Maya deben detenerse por completo, hasta que se
realice la audiencia constitucional, definitoria, programada a final de
marzo.
Cruz Rueda advierte que esta orden puede sentar un precedente peligroso.
“Van a decir ‘a estos mexicanos se le cumplen sus derechos y a estos no’. Sienta un mal precedente”.
El Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil obtuvo un amparo el
29 de enero ante este juzgado primero. Gracias a ello se suspendió la
construcción de cualquier estación, vía, ejecución, licitación del Tren
Maya en esta zona. Ahora obtiene la suspensión definitiva.
“Para eso es la audiencia incidental, para conservar el estado de las
cosas y que no se violente la materia física del amparo”, recalca Cruz
Rueda.
“Sus formas y modos no fueron acordes con las formas de deliberación y toma de acuerdos de las comunidades”, detalló en aquel momento Romel González fundador del Cripx, “la consulta tampoco se realizó de buena fe y no fue culturalmente adecuada”.
Compartimos esta nota publicada en Pie de Página sobre la suspensión de un tramo del Tren Maya – A 29 de enero de 2020
El primer amparo en contra de la construcción del Tren Maya
fue aprobado hace 12 días. Sus promoventes objetan que la consulta no se
llevó a cabo de la mejor manera, por lo que pidieron la suspensión del
proyecto. La suspensión es temporal y tendrá que atender la resolución
de un juicio que podría tomar meses
Texto: Arturo Contreras Camero
Foto: Martín Zetina/ Cuartoscuro
Un amparo suspendió la aprobación y cualquier acto de ejecución del
Tren Maya. Lo anterior por un amparo interpuesto por comunidades
indígenas del municipio de Calakmul, en Campeche.
El juzgado primero de distrito de Campeche acordó conceder la
suspensión provisional “para que las cosas se mantengan en el estado en
que se encuentran”, por lo que el pasado 14 de enero el Poder Judicial
de la Federación dio la orden de suspensión.
Las comunidades indígenas ch’ol y mayas peninsulares, representadas
por el Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil (Cripx) se quejaron
por la manera en la que se llevó a cabo la consulta sobre el Tren Maya,
por lo que el pasado 6 de enero presentaron su amparo.
“Sus formas y modos no fueron acordes con las formas de deliberación y
toma de acuerdos de las comunidades”, asegura Romel González, miembro y
fundador del Consejo Regional Indígena de Xpujil. “La consulta tampoco
se realizó de buena fe y no fue culturalmente adecuada”, añade.
Su principal crítica es que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo,
Fonatur, y el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, INPI, no
siguieron ningún protocolo para llevar a cabo la consulta. También, que
en muchos casos no se consultó a todo el pueblo sino solo a los
representantes ejidales.
“Se hizo con manipulación y mala onda. De mala fe. Si tú lees su
protocolo, hasta abajo, casi casi como en letras muy chiquitas se lee:
‘en el caso de que una comunidad solicite una consulta más específica,
nos lo hagan saber’ ¿Cómo va a saber la gente que tiene ese derecho?”,
dice al respecto Romel González.
“Ese día que vinieron a hacer la consulta les preguntamos si habían
hecho alguna vez una consulta. Nunca habían hecho nada parecido. No
tenían experiencia haciéndola. Además. si el gobierno es juez y parte,
pues obviamente es una consulta a modo”, añade.
Después de la aprobación de este amparo, y de la suspensión temporal,
se tendrá que abrir un juicio, y dependiendo de los resultados de ese
juicio la suspensión se podría hacer permanente o levantarse. Romel no
tiene un estimado de cuánto podría durar este juicio, pero asegura,
podría llevar meses.
El amparo denuncia que la consulta se llevó a cabo sin cumplir con
los estándares internacionales que marca el Convenio 169 sobre
autodeterminación de los pueblos indígenas de la Organización
Internacional del Trabajo.
Niega Fonatur notificación de amparo
Horas después de que el Cripx diera a conocer su amparo, el titular
de Fonatur, Rogelio Jiménez Pons aseguró que no se les ha notificado de
ninguna suspensión. Desde hace meses, el titular ha negado la existencia
de otros amparos.
En otros puntos de la península de Yucatán se han promovido amparos
como éste, sin embargo, de acuerdo con Romel González no se han
sostenido porque no hay gente que firme los reclamos. No hay personas
que los hayan sustentado.
El 19 de noviembre del años pasado, el presidente López Obrador
aseguró que si empezaban a llegar amparos en contra de la construcción
del tren, prefería no empezar la obra, porque se iría atrasando y su
gobierno la dejaría inconclusa.
“No quisiera yo, se los digo así con toda franqueza, que por
mezquindades empiecen a llover los amparos y se detenga la obra y que no
la terminemos en tres años y que termine yo el gobierno y se quede la
obra a medias. ¿Saben qué? Si es así, mejor no la inicio, porque yo no
voy a dejar una obra inconclusa”, aseguró en ese entonces.
El amparo afecta todo el proyecto
“La suspensión es en función de todo lo que viene del proyecto”,
explica Romel González, “No solo de la consulta. Es decir, no suspende
sólo la decisión de la consulta, sino todo el proyecto”. El dictamen es
un reflejo del sentir de la comunidades de Xpujil, que está en contra de
todo el proyecto.
“No es oponerse por oponerse, es como si estuvieran pensando por
nosotros, de qué queremos. Es una actitud totalmente paternalista. Por
lo que nos están ofreciendo es como si dijeran: ‘a ver, yo te vengo a
traer desarrollo, y tú haces como yo te digo’. No es una acción correcta
de mirarnos como sujetos públicos de derecho”. Se escucha la voz fuerte
y sonora de Romel, quien habla en entrevista telefónica.
Él asegura, que los beneficios que traerá el tren parten de
imaginarios del gobierno federal que no son científicos ni racionales.
Si bien por Xpujil, un pueblo elevado a cabecera municipal apenas en
1996, cuando se creó el municipio y la reserva de la biósfera de
Calakmul (de unas 724 mil Ha) no tiene un trazo ferroviario que se
recupere para el paso del proyecto federal, sí cuenta con una autopista,
que es por donde podría pasar el tren.
El problema, dice Romel, es que el paso de una vía ensancharía el
derecho de vía de la carretera, lo que presentaría uno de varios
problemas: o se destruye montes y selvas, o se desplaza a varias
personas del pueblo o se afecta la zona arqueológica.
“Hay una serie de contradicciones porque no nos cabe en la cabeza
cómo es que están pensando. ¿Tú crees que va a pasar un tapir, un
saraguato (mono aullador) o un tigre por ahí? Puede que genere un gran
conflicto, porque va a destruir todos los atractivos que viene la gente a
ver, así para qué queremos un tren”.
Xpujil, un pueblo olvidado
Hasta hace 20 años, este pueblo no tenía luz. Aún hoy sus habitantes
captan agua a través de juagueyes y aljibes y que ni siquiera tiene un
basurero municipal. Sin embargo, a partir de 1996, cuando se creó el
municipio de Calakmul, su población empezó a crecer.
Hoy, parece un pueblo flotante, que entre semana se llena de
estudiantes que atienden a una de sus tres universidades o a los
burócratas del gobierno municipal que vienen a trabajar. Incluso, la
explosión demográfica fue tan súbita que servicios como el de salud, no
se le ha podido emparejar. “Los hospitales no solo carecen de medicinas,
sino a veces también de médicos”, revela Romel.
Como desde hace años, la gente que vive aquí depende de la producción agrícola de chile jalapeño y de chihua (pepitas de calabaza), así como de la apicultura. “La miel de Calakmul es la miel base para mucha de la producción nacional, por el tipo de floración que tiene”, presume Romel.
Imagen: Representantes de Diversas Organizaciones de la Sociedad civil, Académicos y Campesinos del pueblo Maya, convocados por el Congreso Nacional Indígena Región Península de Yucatán,. FOTO: MARTÍN ZETINA /CUARTOSCURO.COM
Compartimos la siguiente nota publicada en el diario El economista sobre el Tren Maya y sus proyectos subsecuentes – A 31 octubre de 2019
El Fonatur pidió al ejido de Bacalar la incorporación de 1,000 hectáreas al proyecto urbano inmobiliario que acompaña al Tren Maya, además de otras 6 hectáreas para la construcción de la estación ferroviaria.
Por Jesús Vázquez
Cancún, QR. El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) pidió al ejido de Bacalar la incorporación de 1,000 hectáreas al proyecto urbano inmobiliario que acompaña al Tren Maya, además de otras 6 hectáreas para la construcción de la estación ferroviaria.
Luis
Chimal Balam, comisario ejidal de Bacalar, aseguró que desde la última
reunión con Rogelio Jiménez Pons, director del Fonatur, hace más de un
mes, las negociaciones están estancadas, pues la asamblea ejidal no
autorizará incorporar una superficie tan grande al proyecto sin tener la
certeza de que habrá un beneficio económico para los ejidatarios.
“Ellos quieren hacer negocio con nuestras tierras, pero no tenemos
claro de qué manera nos beneficiaremos nosotros. Nos hablan de ser
socios, pero no nos han mostrado una propuesta concreta”, explicó.
El líder ejidal agregó que no hay acuerdo tampoco en la superficie que están dispuestos a incorporar al Tren Maya.
“Lo
último fue que la asamblea le solicitó a Rogelio Jiménez que se muestre
dónde va a estar la estación, dónde son los terrenos que necesitan.
Nosotros les mostramos tres lugares, uno le gustó y dijo que se iban a
hacer los estudios para después presentárselos a la asamblea, pero
después dijo que quieren 1,000 hectáreas al lado, pero lo que está
autorizado por la asamblea son solamente los terrenos a los que va a
llegar el tren”, detalló.
Desde entonces, no ha habido más
acercamientos, porque la postura de la asamblea en ese sentido es
inamovible, es decir, sólo permitir estudios en una superficie de 6
hectáreas para la estación, y esperar a que el Fonatur les presente una propuesta económica para las 1,000 hectáreas adicionales que les ha solicitado en torno a la estación, detalló.
“Rogelio Jiménez vino dos veces conmigo para decirme que tienen planeado un centro poblacional a lado de la estación; pero mi gente también necesita recursos. Le pedimos el cambio de uso de suelo a favor del ejido para después negociar las 1,000 hectáreas”, expuso Chimal Balam.
En entrevista aparte, Jiménez Pons confirmó que hay una propuesta de incorporar 1,000 hectáreas del ejido de Bacalar al Tren Maya,
pero no se trata de expropiaciones, sino de asociación con los
ejidatarios para que ellos renten sus tierras a eventuales
inversionistas de proyectos inmobiliarios que se planean detonar en
torno a la estación ferroviaria, aseguró.
El esquema de
incorporación que el Fonatur propone a los ejidatarios es el fideicomiso
de inversión y bienes raíces, figura empleada para fomentar la
inversión en bienes raíces al colocar Certificados Bursátiles
Fiduciarios Inmobiliarios en la Bolsa Mexicana de Valores, aseveró.
Este
modelo busca aprovechar el expertise del Fonatur en la generación de
proyectos, los cuales se pondrán a consideración de las calificadoras
para que acrediten su rentabilidad, “y en ese momento lanzarlos al
mercado para adquirir el capital para desarrollar las propuestas”,
considerando incluso emplear fondos de retiro, que también ya han alzado
la mano para participar, refirió.
Compartimos esta nota publicada en La Jornada sobre el proyecto Tren Maya – A 6 de enero de 2020
Superan 677 millones de pesos
Son al menos 40 con seis empresas
Dora Villanueva Periódico La Jornada Lunes 6 de enero de 2020, p. 13
El gobierno mexicano celebró contratos por más de 677
millones 511 mil pesos para diseño, asesoría, promoción y construcción
del Tren Maya, antes de las consultas con los indígenas que viven en la
región.
Entre las grandes contrataciones de asesoría está la filial mexicana
de Grupo Typsa, constructora española que no hace más de dos años fue
acusada en Colombia de presuntos sobornos a cambio de obras públicas.
A diferencia de las consultas sobre el nuevo aeropuerto en la Ciudad
de México o el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, en el
Tren Maya primero se establecieron 40 contratos durante un año,
previamente a la opinión de la comunidades que serán afectadas por el
megaproyecto.
Entre las transacciones firmes se cuenta la que ganó en agosto pasado
el consorcio encabezado por Key Capital. El contrato, por 298 millones
987 mil pesos –el más alto hasta ahora que ha sido otorgado bajo
licitación–, es para la definición de la ingeniería básica del tren y se
falló cuatro meses antes de procurar un análisis sobre la conformación
social indígena de la zona.
Luego de éste los contratos más costosos han sido por adjudicación
directa. Encabeza ByA Barrientos y Asociados, empresa a la que se
comprometieron 62 millones 408 mil pesos por trabajos
técnico-jurídicos para la identificación y liberación de áreas de
afectación para la constitución del derecho de vía del proyecto
denominado Tren Maya.
A Mextypsa, filial de la española Typsa, se otorgaron 59 millones 552 mil pesos por asesoría en la estructuración general del proyecto; al despacho Woodhouse Lorente Ludlow, 44 millones por asesoría jurídica; a PwC, 32 millones por asesoría económico-financiera, y a Steer Davies & Gleave México, por el programa maestro, preselección de trazo y estimación de demanda del Tren Maya, 23 millones 870 mil pesos.
Así, a contrataciones vía concurso se han destinado 336 millones 377
mil pesos y a transferencias entre entes públicos 91 millones 447 mil.
Por adjudicación directa suman 249 millones 686 mil pesos, entre los que
se incluye la creación de los fundamentos financieros y legales de la
obra que, según lo referido por el gobierno federal, será al menos 60
por ciento otorgada a la iniciativa privada.
De acuerdo con información pública reportada en Compranet, no sólo el
gobierno federal adelantó recursos para la planeación de la obra. En
octubre de 2018, aún sin el presidente Andrés Manuel López Obrador en el
poder, la administración priísta de Campeche concursó cinco estudios de
previabilidad del Tren Maya por 15 millones 229 mil pesos.
ByA Barrientos y Asociados también fue contratado por el gobierno de
Campeche, cuando estaba a cargo de Alejandro Moreno Cárdenas. Tuvo un
pago de 6 millones 234 mil pesos por una consultoría para el estudio de liberación de derecho de vía. Meses después se le otorgaron en adjudicación directa 62 millones 408 mil para trabajos técnico-jurídicos de derecho de vía en toda la zona.
El director general de la consultora es Ernesto Tadeo Barrientos Quintero, cuyo nombre aparece en el dictamen de juicio político contra Rosario Robles Berlanga, al consignarse como coordinador de Oportunidades en el estado de México, bajo la gestión de la ex secretaria de Desarrollo Social y dos años antes como funcionario de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.
enosique y Palenque
(proceso.com.mx).- Sin sorpresa, el megaproyecto del Tren Maya recibió
una amplia aprobación hoy, tanto en el “ejercicio participativo de
consulta ciudadana” como en las asambleas consultivas con ejidatarios,
quienes dieron su visto bueno a cambio del compromiso del gobierno
federal de atender las necesidades apremiantes de sus comunidades.
En el caso de la consulta ciudadana
“de carácter vinculante”, pocas personas fueron a votar en Chiapas,
Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, y buena parte de quienes
acudieron a las casillas pusieron su boleta a favor del megaproyecto.
Por otra parte, en las asambleas
consultivas, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) y el
Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) consiguieron que 5 mil
193 ejidatarios firmaran actas en las que aceptaron “por consenso” la
implementación del tren maya.
En la ciudad de Campeche, vecinos de
antiguos barrios y colonias, como La Ermita y Santa Lucía, cuyas
viviendas se encuentran también a los lados de la línea ferroviaria, se
manifestaron también en contra del Tren Maya. Dijeron que el gobierno
federal les quiere dar trato de “invasores” a pesar de que muchos de
ellos poseen títulos de propiedad que datan de la época porfirista.
Denunciaron que sus predios
familiares fueron afectados por el gobierno de Porfirio Díaz cuando se
tendió la vía férrea y ahora nuevamente los perjudicarán por el Tren
Maya.
En el municipio de Calakmul, donde se
tiene considerado instalar una estación del Tren Maya, el Consejo
Regional Indígena y Popular de Xpujil (Cripx), con presencia en más de
la mitad de las comunidades de esa región, entregó a los organizadores
de la consulta un oficio informando su “rotundo no” al proyecto.
En el documento detallaron sus
múltiples motivos, entre ellos que no hay aún estudios sobre los
impactos ambiental, económico y social que provocará el Tren Maya que
les permitan contrastar el costo-beneficio.
Con estos resultados, el presidente Andrés Manuel López Obrador podrá legitimar su megaproyecto de al menos 120 mil millones de pesos, que prevé la instalación de mil 460 kilómetros de vías para transportar turistas, gente local y mercancías, así como la construcción de 18 estaciones y ciudades nuevas.
Una asamblea informativa en torno al Tren Maya. Foto Alejandro Saldíva
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Desde temprana hora paseaba un auto
en las calles del municipio tabasqueño de Tenosique; de la bocina
colocada en su techo salía una voz masculina que clamaba: “Ven a dar tu
voto; recuerda que con este beneficio se crearán empleos para los
habitantes locales y en toda la región del sureste”.
En la cancha techada de la colonia
San Juan, en el mismo municipio, algunas personas acudieron a las
casillas para poner su boleta “sí” o “no” a la pregunta “¿Estás de
acuerdo en que se construya el proyecto integral Tren Maya?” en las
urnas.
En este espacio, las personas tachaban sus boletas frente a las demás, plegaban el papel y lo ingresaban en las urnas.
Los atendían mujeres vestidas con un
chaleco de “servidores de la nación” y una gorra del Tren Maya, bajo la
supervisión de un “delegado de colonia” que tomaba fotos a los votantes
con su pulgar pintado y su boleta marcada por un “sí”.
En los municipios dónde se podía
votar, las autoridades pegaron mantas promocionales en las que aparecían
los beneficios del tren maya e indicaban los lugares de las casillas.
Estas mantas, elaboradas por el
Fonatur, el INPI y la Secretaría de Gobernación (Segob), prometían que
la construcción de las vías y de obras urbanas generarían más de 400 mil
empleos –directos e indirectos–, que el proyecto cuidará el medio
ambiente y el patrimonio histórico de la región, y que llevará un
“desarrollo equilibrado”.
También prometía que los pasajeros
locales pagarán tarifas de “casi la mitad que los turistas”, sin
precisar el monto, y que generaría 157 millones de pesos al día en 2023,
año en que se planea su puesta en marcha.
Como era previsible, sólo fue a votar la gente que tenía interés en el tren, y prácticamente todos votaron a favor.
Pasadas las seis de la tarde, en las
afueras del palacio municipal de Palenque, en Chiapas, seis mujeres
desplegaban y aplanaban, una tras otra, las boletas que se amasaban
sobre una mesa; las instalaron en dos montos: en los más altos estaban
las boletas del “sí” y en otros mucho más pequeños, las boletas de
rechazo al megaproyecto.
En este módulo, mil 889 personas votaron a favor, 32 en contra y nueve anularon sus votos.
Como Proceso lo documentó esta
semana, esta jornada de participación ciudadana no cumple con los
criterios de la consulta indígena plasmados en el Convenio 169 de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT), pues se consultó a toda la
población –y no solamente los dueños originarios de las tierras–, y la
información que brindó el gobierno federal promocionó los beneficios del
tren, sin evocar las posibles afectaciones del megaproyecto en las
comunidades.
“Solo un detallito…”
En paralelo, culminó hoy el proceso
de lo que el gobierno federal nombró “consulta indígena”, encabezado por
el Fonatur y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), que
arrancó formalmente en una serie de asambleas informativas que se
llevaron a cabo hace dos semanas en 15 comunidades de los cinco Estados
por los que atravesará el tren.
Entre ayer y hoy se realizaron
asambleas consultivas en las mismas comunidades; ahí, representantes
ejidales de territorios indígenas potencialmente afectados por el Tren
Maya expresaron su respaldo al megaproyecto y a la vez refrendaron sus
anhelos de que el gobierno federal atienda sus necesidades.
Dos de estas asambleas se llevaron a
cabo en Palenque y Tenosique; ambos tendrán una estación del Tren Maya y
ya se encuentran en la ruta de otro tren, conocido como La Bestia, en
cuyos vagones se suben migrantes con la esperanza de llegar a Estados
Unidos.
En las asambleas de Palenque y
Tenosique, a las que asistió proceso.com.mx, las intervenciones de los
campesinos e indígenas siguieron un esquema idéntico: en un primer
tiempo, el orador alababa brevemente el tren maya y el presidente Andrés
Manuel López Obrador, y en un segundo tiempo, más largo, exponían el
estado desastroso de sus carreteras o de sus centros de salud y pedía la
intervención del gobierno.
“Todos estamos de acuerdo con el Tren
Maya, y damos las gracias al presidente López Obrador”, dijo el
ejidatario Aldonay Arcos García, e inmediatamente después, añadió: “solo
tenemos un detallito…”
En Boca del Cerro, una localidad
situada a escasos kilómetros de Tenosique, la asamblea se llevó a cabo
en un parador turístico construido en la orillas de las aguas de color
café del Río Usumacinta, desde el cual se puede observar el imponente
puente de hierro amarillo que une los cerros cubiertos de vegetación, y
por el que pasará el tren.
Es precisamente en esta parte de
Tenosique que Fonatur piensa erigir la estación del tren y el “polo de
desarrollo” –una ciudad nueva con hoteles, comercios y viviendas para
hasta 50 mil habitantes– que la rodeará.
“En el ejido de Cortillo Segundo
tenemos una clínica fantasma, no hay médico ni medicinas; el Tren Maya
es todo magnífico pero si me llevan a un turista ahí y se enferma, ¿Con
qué lo curo? ¿Y si se me muere?”, lanzó el ejidatario Miguel Ángel,
quien enseguida se quejó de las facturas de luz de hasta 800 pesos y
exigió a los funcionarios presentes que “no escriben nomás, que sea de
verdad, no de mentiras”.
Y lanzó: “El Tren Maya, no lo vayan a
dejar en medias, porque hay muchos proyectos y todo queda en medias
porque ya no hay recursos”.
Algunas intervenciones mencionaron
malas gestiones de la administración local; por lo que Raúl Gutiérrez
Cortés, el presidente municipal, retó –visiblemente ofendido– a sus
críticos que “tengan los pantalones para decirmelo en persona”.
Ante la cantidad y la diversidad de
las peticiones, el representante del INPI prometió que el gobierno
federal hará el “análisis” y “regresará” para solucionar el
“rompecabezas”, pero advirtió que “vamos a ver los caminos prioritarios,
no nos alcanza para todos”.
Invitó las personas a pensar “de una
manera más regional, no solamente en mi pueblito, nos vamos a poner de
acuerdo para que sea más integral”.
Momentos después, resaltó que “hay
mala información, antes los megaproyectos estaban pensados para poner
los recursos de la nación en manos de las grandes empresas de capital
transnacional, pero en el tren maya sí se van a explotar los recursos,
pero para el beneficio de ustedes, que no haya tergiversiones”.
Ayer, en el municipio chiapaneco de
Palenque –que será el punto de partida del tren–, se escucharon
peticiones similares, a las que los representantes del gobierno federal
contestaron de la misma manera.
“Pido que AMLO nos resuelva; no
estamos en contra del Tren Maya, pero queremos que nos atienda con esta
petición”, dijo la ejidataria Cándida Zaragoza, quien se quejó de que
las calles de su pueblo están “abiertas” o que la luz se desvanece
cuando llueve.
Adolfo Sánchez Jiménez tomó la
palabra y se dirigió hacia Carlos Barceló Ruiz, el enlace de Fonatur en
la región. Mientras el señor hablabla en chol, el funcionario se lo
quedaba viendo, aparentemente concentrado, hasta que el campesino le
preguntó si había entendido algo de lo que le dijo.
Ante la negativa Barceló, el señor se
dio la vuelta hacia la sala, y lanzó: “¿Ya ven compañeros?”. Se
soltaron unas carcajadas en la sala. “¿Dónde vamos a quedar nosotros?”,
cuestionó, y declaró una larga argumentación sobre las tierras, hasta
que el funcionario del INPI le cortara la palabra.
“Le molestan mis palabras”, espetó el
señor mientras se aferraba en el micrófono; “las voces críticas son muy
bienvenidas”, recalcó el servidor público.
Al concluir el evento, las
comunidades presentes designaron a 11 delegados –al que se tomó posesión
de manera ceremoniosa– para integrar una comisión de seguimiento, y el
INPI hizo que los representantes de las comunidades se formaran y
firmaran el acta de la asamblea, el cual planteó que “por consenso y
unanimidad” se acepta la implementación del tren maya.
Omar Galindo de la C., representante
de la Secretaría de Gobernación (Segob), marcó el punto final del
encuentro de Tenosique. “Damos por clausurada la consulta libre, previa e
informada. ¡Dios me los bendiga!”
