El Tren Maya privatizará los ejidos

Compartimos esta nota publicada en Pie de Página sobre el tren maya- A 10 de mayo de 2020

Los ejidos donde Fonatur creará infraestructura relativa al Tren Maya deberán cambiar su régimen de propiedad social a privada. La investigadora Violeta Núñez Rodríguez alerta que esto podría tratarse de un «despojo elegante». Fonatur, en cambio, asegura que es innovación

Texto: Ricardo Hernández

Los ejidos donde se crearán polos de desarrollo relativos al Tren Maya cambiarán su régimen de propiedad social a privada. Así lo advirtió Violeta Núñez Rodríguez, investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

Si los ejidatarios ceden sus tierras a un Fideicomiso de Infraestructura y Bienes Raíces (Fibra), deberán privatizarlas, pues la Ley de la Reforma Agraria no permite colocar certificados bursátiles de ejidos en el mercado de capitales, como el gobierno mexicano propone.

Ello podría conducir al despojo y venta de ejidos, y va en contrasentido a lo prometido por la actual administración federal: impedir la comercialización de propiedad social, afirma Núñez.

La «letra chiquita» del proyecto

El planteamiento del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) es que ejidatarios y empresarios formen una sociedad, donde los primeros aportarán la tierra y los segundos, la infraestructura.

Los bienes ingresarán a un fideicomiso y se colocarán certificados bursátiles en la Bolsa Mexicana de Valores. Una vez ahí, dichos certificados podrán ser adquiridos por inversionistas. Finalmente, los socios recibirán recursos provenientes, tanto de la venta de certificados, como de parte del propio Fideicomiso. Pero estos recursos no serán en la misma proporción. Dependerá de las acciones que cada uno tenga en la sociedad.

“Una vez que las tierras han sido ingresadas al Fideicomiso no hay vuelta atrás”, dijo en entrevista telefónica la docente adscrita al Departamento de Producción Económica.

Y es que, de acuerdo con la Ley del Mercados de Valores, las Fibras son irrevocables.

Solo pasados cuatro años de finalizarse la construcción de los inmuebles en los polos de desarrollo, los ejidatarios podrán enajenarlos. O bien, tendrían que comprar las acciones de sus socios los empresarios para recuperar la propiedad.

En cualquier caso, lo que fue propiedad comunal quedará como propiedad privada, y la puerta quedará abierta al desarrollo urbano. La vocación agrícola se perderá. Así lo comenta la profesora de tiempo completo.

La inequidad entre socios será manifiesta. Los empresarios estarán en mejores condiciones para contar con más acciones en la sociedad y, consecuentemente, con mayores retribuciones.

Además, la Fibra es de renta variable. Es decir, depende de la confianza de los inversionistas en México y en la oferta y la demanda. Esto no les garantiza a los comuneros una ganancia, comenta la docente.

“Las Fibras podrían significar un proceso de ‘despojo elegante’. [Esto] debido a que, además de que los ejidatarios nunca podrán recuperar su tierra si lo quisieran, porque sobre ella estarán los proyectos inmobiliarios, tampoco, tienen garantizada la rentabilidad. Quizá en un futuro no les quedaría más opción que vender las acciones que reciban por sus tierras”, remató.

La versión de Fonatur

Consultado al respecto, Rogelio Jiménez Pons, titular del Fonatur, confirmó que es necesario privatizar los ejidos, a fin de bursatilizarlos. La Ley de la Reforma Agraria no contempla el modelo de fideicomiso.

El objetivo es, defendió Jiménez Pons, empoderar a los ejidatarios mediante un beneficio económico que luego podrán reinvertir en su comunidad.

“Los beneficios podrán invertirlos en el resto de su territorio; que se conviertan –ya dentro de sus normas, sus culturas y sus formas de organización que ellos determinen– en recursos para seguir invirtiendo.

«A nosotros no nos interesa que [los ejidatarios] sólo sean parte del esquema del turismo; sino que tengan recursos para reinvertir la plusvalía en el resto de los ejidos. Este empoderamiento es la base fundamental de justicia del proyecto”, dijo por teléfono.

La gran ventaja, añadió, es que los terrenos que ofrezcan aumentarán su valor; obtendrán una mayor plusvalía.

Además, detalló el funcionario, hay candados para resguardar las tierras comunales. Los ejidatarios no podrán vender más del 50 por ciento de su propiedad; y en los polos de desarrollo sólo se permitirá desarrollar el 30 por ciento. En el resto se conservará la vegetación.

Avanzar en el proyecto del Tren Maya y financiar los polos de desarrollo mediante la Fibra es para Jiménez Pons una necesidad. Su propósito es desarrollar el sureste con orden y bajo reglas claras. Según el funcionario, la falta de reglas alentó un desarrollo desordenado en otros lugares.

“Te voy a poner un ejemplo del desastre que ha significado el desarrollo en la Península. En el ejido de Tulum, que son 23 mil hectáreas, ya vendieron el 70 por ciento. Sin ningún plan de desarrollo, sin ninguna lógica ni nada. Es un caos terrible”, afirmó.

Urbanizar con límites, reglas, esquemas y con la participación de ejidatarios, sostiene, beneficiará a la región.

Finalmente, anunció que están por firmar los compromisos para avanzar en las Fibras con ejidatarios de Cobá, Puerto Morelos, Tulum, Bacalar, Palenque e Izamal.

«Innovación» financiera

Humberto Calzada, analista financiero de Rankia México y Latinoamérica, asegura que México estaría innovando en materia financiera. En todo el planeta, dice, no hay precedentes de bursatilización de tierras comunales.

«Si se da este proceso, estaríamos frente a un evento de innovación financiero y único a nivel mundial. Yo no he conocido otro modelo en el que se privatice la propiedad comunal. Sería un precedente», dijo.

Humberto Calzada, analista financiero.

Imagen: Archivo / Lucía Vergara

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[Infografía] ¿Cómo impactan Tren Maya, Corredor Transístmico y Sembrado Vida en los territorios?

Les compartimos esta infográfia publicada en Educa Oaxaca hecha por el Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano (CECCAM) sobre el impacto de algunos de lo más grandes proyectos extractivistas en México – A 7 de mayo de 2020

En esta nueva investigación, el Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano (CECCAM) se propuso describir y analizar de forma integral la relación entre los proyectos del Tren Maya y el Corredor Transísmico, además del programa Sembrando Vida y sus impactos en el valor de uso territorial de las comunidades indígenas y campesinas.

El objetivo principal de la investigación, realizada por Daniel Sandoval Vázquez, es hacer un aporte a la visibilización de los impactos que tendrían, específicamente al interior de los territorios, recursos y formas de subsistencia de las comunidades indígenas y campesinas de la región Sur-Sureste de México: “En el presente trabajo abordamos tres casos particulares en nuestro país, donde se ejerce el intento de subordinar los usos comunitarios del territorio y las relaciones sociales que en ellos se fundan. (…) El objetivo que guarda esta revisión es precisar que en medio de la discusión sobre la aplicación de estos tres megaproyectos, aun con las buenas intenciones con las que dice manejarse el gobierno actual, persisten los conflictos asociados a la influencia del capital para transformar la vida de los pueblos, pasando por encima de los usos comunitarios del territorio y los recursos”.

Descargar la investigación TREN MAYA, SEMBRANDO VIDA Y CORREDOR TRANSÍSTMICO: impactos en el valor de uso territorial de las comunidades indígenas y campesinas (pdf, 43 pág.) y cartel. Contexto: Ganan licitación de Tren Maya los corruptos de siempre y 150 organizaciones y comunidades exigen cancelación del Corredor Interoceánico

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Juez federal otorga suspensión de obras del Tren Maya en municipios de Chiapas

Compartimos esta nota publicada en Desinformémonos sobre el proyecto del Tren Maya – A 8 de mayo de 2020

Ciudad de México | Desinformémonos. Organizaciones y defensores del territorio anunciaron que una juez federal otorogó la suspensión de las obras del megaproyecto del Tren Maya en los municipios en Palenque, Salto de Agua y Ocosingo, Chiapas, luego de que comunidades del publo maya ch’ol se ampararan contra las decisiones administrativas del gobierno federal para continuar con la construcción del megaproyecto a pesar de la pandemia de coronavirus.

La organización Indignación y los habitantes de los municipios beneficiados explicaron que, con la suspensión, la juez no sólo priorizó el derecho al a salud de los habitantes, sino que también reconoció que en caso de continuar los trabajos del Tren Maya bajo el contexto de la pandemia «podría afectar otros derechos fundamentales de ese pueblo originario, como al agua, el medioambiente, recursos naturales, etc».

Los defensores indicaron que, a pesar de que la suspensión es provisional y que la definitiva se resolverá el próximo 14 de mayo, la decisión de la juez «permite visibilizar los potenciales daños que el proyecto denominado Tren Maya tiene para las comunidades indígenas afectadas por el mismo», por lo que llamaron a la juez a considerar las afectaciones por el megaproyecto y ratificar su resolución.

A continuación el comunicado completo:

Abstenerse de realizar actos tendentes a la ejecución del proyecto denominado “Tren Maya”, en los municipios de Palenque, Salto de Agua y Ocosingo, Chiapas determinó el  Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Penales Federales del estado de Chiapas, al conceder la suspensión a un grupo de personas pertenecientes al pueblp Maya Ch’ol de esas comunidades que se ampararon frente a diversos actos administrativos del ejecutivo federal, que determinaban la continuación de las actividades correspondientes al tren maya a pesar de la pandemia derivada del virus Covid-19 que se vive en el país.

El día 07 de mayo, diversas personas pertenecientes al Pueblo Maya Ch´ol asentadas en los municipios de Palenque, Ocosingo y Salto del Agua, presentaron una demanda de amparo en contra del Presidente de la República, del Secretario de Salud Federal y del Director General del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) por la emisión tanto del acuerdo del día 06 de abril, emitido por el Secretario de Salud, como del Decreto del 23 de abril, firmado por el Presidente de la República, mediante los cuales se determinaba la continuación del proyecto denominado “tren maya” entre otros proyectos sexenales, a pesar de la pandemia derivada del Covid-19.

Entre otras cosas, los quejosos señalaban que la continuación del proyecto del tren maya en este contexto de la pandemia, violaba su derecho a la salud por el riesgo de contagio por el Covid-19, poniendo en riesgo también el derecho humano principal a la vida. Además los habitantes de esas comunidades argumentaron que mantener los trabajos del tren maya en época de pandemia les impedía participar en las manifestaciones de impacto ambiental y social a las que como comunidades tienen derecho frente a cualquier tipo de megaproyecto.

Al resolver sobre la admisión del amparo y la suspensión, la Juez Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Penales Federales del estado de Chiapas determinó que era procedente otorgar la suspensión pues en estos momentos debe darle valor preponderante al derecho a la salud de los aquí quejosos como integrantes de la comunidad indígena Maya Ch’ol y habitantes de localidades, pues los trabajos que conlleva tal infraestructura requieren despliegue de diversas actividades que debe realizar un grupo numeroso de personas y en consecuencia las mismas requerirán diversos servicios esenciales y no esenciales en la comunidad, lo cual conllevará un aumento de actividades en sus zonas públicas.

La misma juez señaló que:

Esta situación de manera indudable potenciarían el riesgo de los habitantes de la comunidad Maya Ch’ol de contraer el virus Covid-19, y en esa misma proporción disminuiría la posibilidad de ser atendidos y recuperarse al evadir las reglas dadas por las autoridades sanitarias para la contención del multicitado virus, esto es, cumplir resguardo domiciliario corresponsable y sana distancia, al permitir a los pobladores y no pobladores la realización de actividades distintas a las esenciales de alimentación, atención médica, seguridad, movilidad interna, servicios funerarios, servicios públicos indispensables (agua, alcantarillado, luz).

Máxime que de continuar con el proyecto denominado “Tren Maya”, se traduciría en una alteración en la tierra, bosques, flora, fauna, los recursos naturales, el medio ambiente, la biodiversidad, el agua, la salud, entre otros, en los que tienen su asiento los pobladores Maya Ch’ol, alteraciones que sin duda alguna ocasionarían un daño irreparable a dicha comunidad.

En ese sentido, la Juez no sólo priorizó el derecho al a salud de los habitantes de las comunidades Ch´oles de los municipios de Ocosingo, Palenque y Salto de Agua, sino que también reconoció que en caso de continuar los trabajos del tren maya bajo este contexto podría afectar otros derechos fundamentales de ese pueblo originario, como el agua, el medioambiente, recursos naturales etc.

Si bien la suspensión decretada por la Juez es provisional, puesto que la definitiva se resolverá en audiencia del día 14 de mayo, consideramos que la misma permite visibilizar los potenciales daños que el proyecto denominado tren maya tiene para las comunidades indígenas afectadas por el mismo. En esa tesitura, resulta fundamental que el día 14 de mayo dicha Juez ratifique esa suspensión para no dejar en estado de indefensión a las comunidades indígenas frente a los graves riesgos que entraña la continuidad del proyecto del tren maya. Además es importante considerar que al momento de resolver la suspensión definitiva aún nos encontraremos en la tercera fase de la pandemia con lo cual aumenta el riesgo a la salud, por tanto es también necesario decretar la suspensión definitiva como medida de mitigación ante el COVID-19. En ese mismo sentido, esta nueva suspensión es un llamado más al ejecutivo federal sobre lo arbitrario de un proyecto que es impulsado a toda costa sin brindar información, ni mucho menos garantizar la participación de las comunidades indígenas afectadas.

Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos A.C.

Habitantes Ch´ol de los municipios de Ocosingo, Palenque y Salto de Agua

Imagen: Desinformémonos

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Inician obras de construcción del Tramo 1 del Tren Maya: Fonatur

Compartimos esta nota publicada en La Jornada sobre el Tren Maya – A 4 de mayo de 2020

Ciudad de México. Las obras de construcción del Tramo 1 del Tren Maya, de Palenque, Chiapas, a Escárcega, Campeche, comenzaron este fin de semana con un número reducido de trabajadores debido a la pandemia de Covid-19, confirmó el director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Rogelio Jiménez Pons.

“Sí empezaron pero lentamente y con pocos trabajadores”, señaló el funcionario.

Durante el fin de semana, máquinas de construcción como palas cargadoras, excavadoras y retroexcavadoras (conocidas como manos de chango) fueron movilizadas a unos 8 kilómetros de Palenque, Chiapas. Las máquinas operaban a los costados de las antiguas vías férreas del entonces Tren Chiapas-Mayab.

Los trabajadores habilitan como campamentos a las antiguas estaciones e instalaciones de ese tren, hoy en desuso, señaló Jiménez Pons. Hubo reuniones de las direcciones técnicas de Mota Engil México Sapi, la empresa que encabezó el consorcio ganador de la licitación internacional para ese tramo, con los equipos de supervisión del proyecto, el cual es considerado el más importante de infraestructura del gobierno mexicano.

La licitación internacional para el tramo 1 del Tren Maya fue adjudicada al consorcio integrado por la portuguesa Mota Engil México Sapi y la estatal China Communications Construction Company, junto con otras tres compañías mexicanas: Gavil Ingeniería, Eyasa y Grupo Cosh.

La construcción del primer tramo tendrá una longitud de 227 kilómetros.

El Tren Maya, que tendría una longitud superior a los mil 460 kilómetros y atravesará los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, tendrá una vocación de transporte de pasajeros, turístico y de carga.

Imagen: Este fin de semana iniciaron las obras de construcción del primer tramo del Tren Maya. Foto cortesía Fonatur

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Con Covid-19: Tren Maya va

Compartimos este artículo de opinión publicado en La Jornada sobre el tren maya – a 18 de abril de 2020

Millones de personas queremos un cambio radical (de raíz), como lo expresó Andrés Manuel López Obrador (2018) al ganar la Presidencia, que modifique la situación indignante de pobreza y marginación que vive una inmensa mayoría de mujeres y hombres en este país, sobre todo los pueblos campesinos e indígenas. Pero no sabemos si dentro del gobierno actual, tan diverso y de múltiples orígenes, todos quieren esta transformación.

Esto lo digo porque estamos a unos días de que inicie la fase de construcción del primer tramo del Tren Maya y las autoridades responsables nunca presentaron una manifestación de impacto ambiental (MIA), mucho menos una social, cultural y arqueológica. Su argumento es que ya están las vías y que, por tanto, el impacto ambiental ya está hecho. Sin embargo, este es un proyecto nuevo que implica la edificación de nuevas vías y 30 estaciones. No obstante, el tren comenzará sin una MIA del proyecto en su conjunto, que sin lugar a dudas tendrá múltiples impactos. ¿Esto es parte de la transformación? Sólo conocemos la versión pública del Análisis costo-beneficios ACB (2020), como si sólo se tratara de un negocio empresarial. En donde por cierto, se señalaron riesgos (de liberación de derecho de vía, geológicos, arqueológicos, de interfase y de demanda, entre otros) que hasta la fecha no conocemos cómo se van a solventar. Algunos de ellos, con la gran recesión que se avecina, producto del Covid-19, se podrían intensificar.

Aunado a esto, especialistas que trabajan con el instrumento bursátil propuesto para financiar parte del Tren Maya, los fideicomisos de infraestructura y bienes raíces (Fibra), insisten que en este momento no le ven viabilidad (H. Calzada, Rankia LATAM –2020– y Jorge Castañares, Xpertha Capital –2020–), no sólo por la crisis económica que viviremos (ya empiezan a colapsar los Fibra), sino porque hay una gran incertidumbre sobre la propiedad social. Todavía existe la gran duda de si la Ley Agraria, permite que los ejidatarios aporten sus tierras a los Fibra, para ser socios. Desde la perspectiva del procurador agrario de la nación, Luis Hernández Palacios (2020), esto no es posible, porque la ley sólo prevé asociaciones agrícolas, ganaderas o forestales. Pero parece que esto no ha sido escuchado por la autoridad responsable del Tren Maya. Claro que, como me lo manifestó Castañares (2020), podrían cambiar la ley para que dicha asociación sea posible, una práctica que ya vivimos durante los diversos gobiernos neoliberales.

Se argumenta que no hay dinero, y que por eso tiene que arribar la inversión privada, que no está demás decir que el fondo del problema no es si hay inversión privada o no, sino el tipo de instrumento financiero, que sostengo implica la financiarización de la tierra ejidal. La pregunta es si nada dice y significa la propiedad social. Recordemos que ésta fue producto de una revolución, que transformó la estructura agraria (1 por ciento de la población, poseía 97 por ciento del territorio –Stavenhagen, 1982–). Sé que dirán que el ejido está en crisis. Sí, porque deliberadamente los gobiernos neoliberales lo intentaron matar y desaparecer. No lo lograron, 50 por ciento de la propiedad de la nación sigue perteneciendo a ejidos y comunidades agrarias (RAN, 2019). En este sentido, la gran preocupación, que también se manifestó en el proceso de consulta (ver actas de asambleas), es qué pasará y cuál será el destino de las tierras ejidales, aunado a los impactos ambientales, arqueológicos, culturales que inevitablemente se vivirán por la llegada e incremento de millones de turistas como se proyecta (según el documento de ACB –2020–, se habla hasta de 50 millones de turistas).

Qué hacer ante esto. Los pueblos del sur lo decidirán, pero es urgente apropiarse, no sólo del proyecto (porque se les prometió que sería su tren), sino más que nunca, de sus territorios a fin de quelos especuladores inmobiliarios no se apropien en un futuro de sus tierras, que insisto, los analistas financieros expresan que esto ocurrirá. Además, para los empresarios será extraordinario el Fibra, ya que tiene un beneficio fiscal, la exención de impuesto sobre la renta (Ley del ISR). ¿Este será el cambio?

El sur tiene que transformarse. La pregunta es si es aceptable, con una visión colonial, que se les debe llevar el desarrollo. De esto ya se sabe mucho. Es al sur, a donde el Estado mexicano dirigió más recursos para el supuesto combate a la pobreza (Chiapas es emblemático –ver Presupuesto de Egresos de la Federación, desde 1990–). También en el sur, a lo largo de la historia, se desarrollaron grandes proyectos (madereros, chicleros, caucheros, henequeneros, turísticos), avalados o impulsados por el propio Estado y por las empresas, sobre todo vinculadas al mercado mundial. Así que el sur no es que sea pobre porque ha estado abandonado, sino más bien es el resultado de un proceso continuo de explotación de sus recursos naturales y de la mano de obra (desde la Colonia), que esperamos no continúe.

*Profesora-Investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Xochimilco. Autora del libro Minería mexicana en el capitalismo del siglo XXI

Imagen: Noticias Veracruz

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Slim y paraestatales chinas, entre los 15 consorcios interesados en segundo tramo del Tren Maya

Compartimos esta nota publicada en Proceso sobre el proyecto del Tren Maya en el sureste del país – A 14 de abril de 2020

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Quince consorcios, prácticamente idénticos a los compiten por el contrato multimillonario del primer tramo del Tren Maya, enviaron hoy sus propuestas para construir el segundo tramo del megaproyecto de Andrés Manuel López Obrador; para esta ruta, que unirá Escárcega y Calkiní, en Campeche, las cotizaciones oscilan entre 16 mil millones de pesos y 21 mil 800 millones de pesos.

En esta segunda ronda, empresas paraestatales de China participan en cinco propuestas, entre ellas una con GIA+A, una empresa dirigida por Hipólito Gerard Rivero, cuñado del expresidente Carlos Salinas de Gortari; Carlos Slim Helú –a través de su constructora Cicsa– mantuvo su alianza con la española FCC, con una propuesta de 18 mil 553 millones de pesos; Carlos Hank Rhon –y La Peninsular– siguió en consorcio con Carmargo y Cydssa con una oferta de 20 mil 403 millones de pesos; mientras que ICA guardó su alianza con Grupo Indisa.

Esta vez, en lugar de irse sola, la española Sacyr formó una alianza con la empresa Impulsora de Soluciones en Infraestructura, una empresa de Invecture Group, vinculada con el multimillonario Ricardo Salinas Pliego y dirigida por Julio Belmont Garibay, uno de los principales operadores del dueño de Grupo Salinas; su propuesta se elevó a 21 mil 22 millones de pesos.

A pesar de que el gobierno federal decretó el congelamiento de la mayor parte de las actividades económicas del país en respuesta a la pandemia de covid-19, exentó la aplicación del decreto a las obras relacionadas con los megaproyectos que promueve el presidente Andrés Manuel López Obrador, entre ellos el Tren Maya, el Corredor Interoceánico o la refinería de Dos Bocas.

Si bien el modelo de financiamiento del Tren Maya cambió en varias ocasiones desde la elección de 2018, hasta la fecha la información oficial plantea que el gobierno federal aportará el 100% de los cerca de 150 mil millones de pesos que costaría el proyecto.

Al igual que en las propuestas del primer tramo, la más económica –por 16 mil 49 millones de pesos– fue presentada por el consorcio encabezado por la empresa tabasqueña Grupo Vázquez del Sur y la española Rubau, mientras que la más onerosa fue entregada por Caabsa, de los hermanos Amodio, empresarios vinculados con el Grupo Villar Mir, dueño de la polémica empresa OHL.

En lugar de aliarse con Pinfra –de David Peñaloza Alanís–, como lo hicieron en el primer tramo, las españolas Caltia y Copasa formaron un consorcio con Prodemex, del magnate Olegario Vázquez Raña, dueño de Grupo Empresarial Ángeles; juntos presentaron una propuesta por 18 mil 157 millones de pesos; mientras que la constructora ibérica Azvi pactó con la empresa Gami Ingeniería.

A diferencia del tramo uno, Omega, de Jorge Miguel Melgarejo Haddad, no envió propuesta; por lo contrario, Grupo Constructor ZEA –de los hermanos Zecua Muñoz, quienes en el sexenio de Enrique Peña Nieto recibieron contratos multimillonarios– mandó una propuesta con una paraestatal china.

Para este tramo, la portuguesa Mota-Engil envió una nueva propuesta en consorcio con la China Communications Construction Company –por 19 mil 425 millones de pesos–; Nexumrail y Emartrons enviaron una cotización por 19 mil 575 millones de pesos–, mientras que Grupo Cemza, de la familia Zavala Solis, envió una propuesta por un costo de 16 mil 382 millones de pesos.

Imagen: La consulta sobre el Tren Maya. Foto: Alejandro Saldívar

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Tren Maya: funcionarios simuladores y jueces que no ven

Compartimos este artículo de opinión publicado en La Jornada sobre el Tren Maya – A 17 de marzo 2020

Por Magdalena Gómez E

El proyecto llamado Tren Maya es un vivo retrato de la injusticiabilidad de los derechos de los pueblos indígenas. A la simulación de consulta ni previa, ni libre, ni informada, ni culturalmente adecuada, ajena a los estándares internacionales como señaló la oficina en México de representación de Naciones Unidas; ahora el Poder Ejecutivo ha decretado una fase de seguimiento con las autoridades ejidales y municipales que suplantaron a las indígenas. El objeto de esa llamada fase es revisar los acuerdos tomados cuando libremente aprobaron el Tren Maya, es decir, las peticiones planteadas que consisten en apoyos oficiales diversos.

Pero no queda ahí la auténtica operación de Estado. Ante el amparo que presentó el Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil (Cripx), en Campeche, en el cual obtuvo primero una suspensión provisional respecto del proyecto de tren que ya hemos insistido es más que un tren, Fonatur presentó una queja cuyo documento es toda una pieza digna de denunciarse. Argumentó que la suspensión afecta a quienes participaron en la consulta y aprobaron el proyecto. Es decir, se abroga la representación de dichas autoridades ejidales y municipales, habla en su nombre, son su estandarte para tender un manto de legalidad a su consulta.

No sólo eso, reproduce el discurso oficial respecto a los indígenas, no a los pueblos, lo sabemos, a los indígenas que reciben apoyos individualizados y miente ante el Poder Judicial señalando que son entidades de derecho público cuando la contrarreforma indígena de 2001 los ubicó como entidades de interés público y a la fecha la Constitución no se ha reformado. Si recordamos que el Poder Legislativo en la creación del Instituto de Pueblos Indígenas mencionó que lo son de derecho público. ¿Pretendió reformar la Constitución a través de una ley? Todo se vale. Reiteró que se trata de un reordenamiento territorial sin abordar la implicación en términos del mercado de tierras sustentando el proyecto en que las vías del tren ya existen. Pero este galimatías fue recibido por el tribunal colegiado de circuito, que al resolver el discurso de queja, perdón, el recurso de queja, transcribió ampliamente el sustento de la suspensión, las jurisprudencias que se han emitido por la Corte en materia indígena, el texto del artículo 2º constitucional y ello le sirvió para rechazar el cuestionamiento de Fonatur sobre la representatividad de los promoventes del amparo, lo cual es positivo, validó su interés legítimo, pero introdujo la limitante de que la suspensión se circunscribe al ámbito geográfico donde se ubican los promotores. Ello a partir de la facultad de modificar la suspensión que la jueza primera de distrito con sede en Campeche había otorgado respecto al proyecto en cuestión. Es decir que el área de influencia del proyecto o el impacto no atañe a la integridad territorial de los pueblos indígenas, sino que aplicó el criterio jurídico tradicional de amparar sólo a quien promueve . Las autoridades de Fonatur se dieron por satisfechas, ya que en virtud de tal determinación la jueza asumió ese criterio en la audiencia incidental del pasado 4 de marzo y si bien concedió suspensión definitiva lo hizo sólo para el área de influencia acotada a Calakmul.

Falta avanzar en el juicio de amparo, presentar pruebas y obtener una resolución definitiva. Mientras, continuarán con el proyecto. El asunto no queda sólo entre funcionarios que simulan y jueces que no ven y comunidades indígenas apelando al respeto a sus derechos mediante un juicio de amparo. El panorama está cargado de señales que configuran el patrón de despojo que viene de tiempo atrás. En los días previos afloró un escándalo en el Registro Agrario Nacional, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, a través de un informe sobre mercado de tierras y prácticas corruptas que derivó en la remoción de su delegado en Yucatán. Se aplicó control de daños y sólo los medios locales filtraron datos del informe. Justamente es un telón de fondo no casual, no de ahora, en la trayectoria de tratamiento oficial en la península, frente a los ejidos a partir de la contrarreforma salinista al 27 constitucional. Hay juicios en curso derivados de esas prácticas que involucran a otras dependencias.

¿Cómo y de dónde saldrán las tierras que requieren los polos de desarrollo previstos para el llamado Tren Maya? Fonatur en días recientes aplicó un blindaje al reservar información respecto del proyecto llamado Tren Maya reservándola por cinco años, en un contexto en que un día se habla de recursos sólo del gobierno y otro de inversión privada. Lo contrario de transparencia es oscuridad y esa es la apuesta oficial hoy, mientras otras comunidades buscarán el amparo de la justicia federal, como un pie en la resistencia.

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Jueza ratifica suspensión de Tren Maya en Calakmul

Compartimos esta nota publicada en Pie de Página sobre el proceso de resistencia del pueblo maya en calakmul ante el Tren Maya – A 4 de marzo de 2020

Un juzgado de Campeche ratificó la suspensión del Tren Maya pero la acotó a la zona de Calakmul, pese a que el amparo abarca la totalidad del proyecto. La orden judicial deja inconformes a las comunidades que interpusieron el amparo. Queda pendiente una audiencia constitucional, definitoria, para final de mes

Texto: Daliri Oropeza

La jueza primera de Distrito Grisell Rodríguez Febles del estado de Campeche ordenó suspender de forma definitiva los trabajos del Tren Maya en el territorio de Calakmul, tras un juicio de amparo interpuesto por los pueblo Maya y ch’ol organizados en el Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil (Cripx).

La suspensión, sin embargo, deja un sabor amargo entre las comunidades, de acuerdo con la abogada del Cripx, Elisa Cruz Rueda. Si bien es una buena noticia para Calakmul, no obedece a la demanda que hace el Consejo sobre la totalidad del proyecto del Tren Maya.

Las comunidades representadas por Cripx se ampararon por la manera en la que se llevó a cabo la consulta sobre el Tren Maya en diciembre del 2019. Y la demanda fue impuesta por los cuatro estados que abarca la península: Yucatán, Quintana Roo, Chiapas y Campeche.

La Secretaría de Gobernación, el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas y el Fondo Nacional de Fomento al Turismo interpusieron una queja ante el mismo juzgado en contra de la suspensión provisional, ordenada el pasado 29 de enero.

En ese sentido, explica la abogada, la orden de la jueza resulta un éxito para las comunidades que interpusieron el amparo. Pero les preocupa que la decisión no abarca todo el territorio afectado por el proyecto del Tren Maya, sino sólo Calakmul.

La abogada señala que están satisfechos pero no conformes.

“No estamos conformes con los límites que se le pone. Es para decir que en un territorio se aplican los derechos y en otro no. Se viola la universalidad, interdependencia y progresividad de los derechos”, explica la abogada en entrevista telefónica.

Falta audiencia constitucional

El juicio tiene varias etapas. Este 3 de marzo se llevó a cabo la audiencia incidental. Tenía como efecto confirmar la suspensión o negarla. Derivado de la orden de la jueza, los trabajos referentes al proyecto del Tren Maya deben detenerse por completo, hasta que se realice la audiencia constitucional, definitoria, programada a final de marzo.

Cruz Rueda advierte que esta orden puede sentar un precedente peligroso.

“Van a decir ‘a estos mexicanos se le cumplen sus derechos y a estos no’. Sienta un mal precedente”.

El Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil obtuvo un amparo el 29 de enero ante este juzgado primero. Gracias a ello se suspendió la construcción de cualquier estación, vía, ejecución, licitación del Tren Maya en esta zona. Ahora obtiene la suspensión definitiva.

“Para eso es la audiencia incidental, para conservar el estado de las cosas y que no se violente la materia física del amparo”, recalca Cruz Rueda.

“Sus formas y modos no fueron acordes con las formas de deliberación y toma de acuerdos de las comunidades”, detalló en aquel momento Romel González fundador del Cripx, “la consulta tampoco se realizó de buena fe y no fue culturalmente adecuada”.

Foto: Heriberto Paredes

Más información:

[Nota] Comunidades de Calakmul ganan amparo contra Tren Maya

Compartimos esta nota publicada en Pie de Página sobre la suspensión de un tramo del Tren Maya – A 29 de enero de 2020

El primer amparo en contra de la construcción del Tren Maya fue aprobado hace 12 días. Sus promoventes objetan que la consulta no se llevó a cabo de la mejor manera, por lo que pidieron la suspensión del proyecto. La suspensión es temporal y tendrá que atender la resolución de un juicio que podría tomar meses

Texto: Arturo Contreras Camero

Foto: Martín Zetina/ Cuartoscuro 

Un amparo suspendió la aprobación y cualquier acto de ejecución del Tren Maya. Lo anterior por un amparo interpuesto por comunidades indígenas del municipio de Calakmul, en Campeche.

El juzgado primero de distrito de Campeche acordó conceder la suspensión provisional “para que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran”, por lo que el pasado 14 de enero el Poder Judicial de la Federación dio la orden de suspensión.

Las comunidades indígenas ch’ol y mayas peninsulares, representadas por el Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil (Cripx) se quejaron por la manera en la que se llevó a cabo la consulta sobre el Tren Maya, por lo que el pasado 6 de enero presentaron su amparo.

“Sus formas y modos no fueron acordes con las formas de deliberación y toma de acuerdos de las comunidades”, asegura Romel González, miembro y fundador del Consejo Regional Indígena de Xpujil. “La consulta tampoco se realizó de buena fe y no fue culturalmente adecuada”, añade.

Su principal crítica es que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Fonatur, y el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, INPI, no siguieron ningún protocolo para llevar a cabo la consulta. También, que en muchos casos no se consultó a todo el pueblo sino solo a los representantes ejidales.

“Se hizo con manipulación y mala onda. De mala fe. Si tú lees su protocolo, hasta abajo, casi casi como en letras muy chiquitas se lee: ‘en el caso de que una comunidad solicite una consulta más específica, nos lo hagan saber’ ¿Cómo va a saber la gente que tiene ese derecho?”, dice al respecto Romel González. 

“Ese día que vinieron a hacer la consulta les preguntamos si habían hecho alguna vez una consulta. Nunca habían hecho nada parecido. No tenían experiencia haciéndola. Además. si el gobierno es juez y parte, pues obviamente es una consulta a modo”, añade.

Después de la aprobación de este amparo, y de la suspensión temporal, se tendrá que abrir un juicio, y dependiendo de los resultados de ese juicio la suspensión se podría hacer permanente o levantarse. Romel no tiene un estimado de cuánto podría durar este juicio, pero asegura, podría llevar meses.

El amparo denuncia que la consulta se llevó a cabo sin cumplir con los estándares internacionales que marca el Convenio 169 sobre autodeterminación de los pueblos indígenas de la Organización Internacional del Trabajo.

Niega Fonatur notificación de amparo

Horas después de que el Cripx diera a conocer su amparo, el titular de Fonatur, Rogelio Jiménez Pons aseguró que no se les ha notificado de ninguna suspensión. Desde hace meses, el titular ha negado la existencia de otros amparos.

En otros puntos de la península de Yucatán se han promovido amparos como éste, sin embargo, de acuerdo con Romel González no se han sostenido porque no hay gente que firme los reclamos. No hay personas que los hayan sustentado. 

El 19 de noviembre del años pasado, el presidente López Obrador aseguró que si empezaban a llegar amparos en contra de la construcción del tren, prefería no empezar la obra, porque se iría atrasando y su gobierno la dejaría inconclusa. 

“No quisiera yo, se los digo así con toda franqueza, que por mezquindades empiecen a llover los amparos y se detenga la obra y que no la terminemos en tres años y que termine yo el gobierno y se quede la obra a medias. ¿Saben qué? Si es así, mejor no la inicio, porque yo no voy a dejar una obra inconclusa”, aseguró en ese entonces. 

El amparo afecta todo el proyecto

“La suspensión es en función de todo lo que viene del proyecto”, explica Romel González, “No solo de la consulta. Es decir, no suspende sólo la decisión de la consulta, sino todo el proyecto”. El dictamen es un reflejo del sentir de la comunidades de Xpujil, que está en contra de todo el proyecto. 

“No es oponerse por oponerse, es como si estuvieran pensando por nosotros, de qué queremos. Es una actitud totalmente paternalista. Por lo que nos están ofreciendo es como si dijeran: ‘a ver, yo te vengo a traer desarrollo, y tú haces como yo te digo’. No es una acción correcta de mirarnos como sujetos públicos de derecho”. Se escucha la voz fuerte y sonora de Romel, quien habla en entrevista telefónica. 

Él asegura, que los beneficios que traerá el tren parten de imaginarios del gobierno federal que no son científicos ni racionales.

Si bien por Xpujil, un pueblo elevado a cabecera municipal apenas en 1996, cuando se creó el municipio y la reserva de la biósfera de Calakmul (de unas 724 mil Ha) no tiene un trazo ferroviario que se recupere para el paso del proyecto federal, sí cuenta con una autopista, que es por donde podría pasar el tren. 

El problema, dice Romel, es que el paso de una vía ensancharía el derecho de vía de la carretera, lo que presentaría uno de varios problemas: o se destruye montes y selvas, o se desplaza a varias personas del pueblo o se afecta la zona arqueológica.

“Hay una serie de contradicciones porque no nos cabe en la cabeza cómo es que están pensando. ¿Tú crees que va a pasar un tapir, un saraguato (mono aullador) o un tigre por ahí? Puede que genere un gran conflicto, porque va a destruir todos los atractivos que viene la gente a ver, así para qué queremos un tren”.

Xpujil, un pueblo olvidado

Hasta hace 20 años, este pueblo no tenía luz. Aún hoy sus habitantes captan agua a través de juagueyes y aljibes y que ni siquiera tiene un basurero municipal. Sin embargo, a partir de 1996, cuando se creó el municipio de Calakmul, su población empezó a crecer.

Hoy, parece un pueblo flotante, que entre semana se llena de estudiantes que atienden a una de sus tres universidades o a los burócratas del gobierno municipal que vienen a trabajar. Incluso, la explosión demográfica fue tan súbita que servicios como el de salud, no se le ha podido emparejar. “Los hospitales no solo carecen de medicinas, sino a veces también de médicos”, revela Romel. 

Como desde hace años, la gente que vive aquí depende de la producción agrícola de chile jalapeño y de chihua (pepitas de calabaza), así como de la apicultura. “La miel de Calakmul es la miel base para mucha de la producción nacional, por el tipo de floración que tiene”, presume Romel.

Imagen: Representantes de Diversas Organizaciones de la Sociedad civil, Académicos y Campesinos del pueblo Maya, convocados por el Congreso Nacional Indígena Región Península de Yucatán,. FOTO: MARTÍN ZETINA /CUARTOSCURO.COM

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[Nota] Fonatur pide 1,000 hectáreas a ejido de Bacalar para el Tren Maya

Compartimos la siguiente nota publicada en el diario El economista sobre el Tren Maya y sus proyectos subsecuentes – A 31 octubre de 2019

El Fonatur pidió al ejido de Bacalar la incorporación de 1,000 hectáreas al proyecto urbano inmobiliario que acompaña al Tren Maya, además de otras 6 hectáreas para la construcción de la estación ferroviaria.

Por Jesús Vázquez

Cancún, QR. El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) pidió al ejido de Bacalar la incorporación de 1,000 hectáreas al proyecto urbano inmobiliario que acompaña al Tren Maya, además de otras 6 hectáreas para la construcción de la estación ferroviaria.

Luis Chimal Balam, comisario ejidal de Bacalar, aseguró que desde la última reunión con Rogelio Jiménez Pons, director del Fonatur, hace más de un mes, las negociaciones están estancadas, pues la asamblea ejidal no autorizará incorporar una superficie tan grande al proyecto sin tener la certeza de que habrá un beneficio económico para los ejidatarios.

“Ellos quieren hacer negocio con nuestras tierras, pero no tenemos claro de qué manera nos beneficiaremos nosotros. Nos hablan de ser socios, pero no nos han mostrado una propuesta concreta”, explicó.

El líder ejidal agregó que no hay acuerdo tampoco en la superficie que están dispuestos a incorporar al Tren Maya.

“Lo último fue que la asamblea le solicitó a Rogelio Jiménez que se muestre dónde va a estar la estación, dónde son los terrenos que necesitan. Nosotros les mostramos tres lugares, uno le gustó y dijo que se iban a hacer los estudios para después presentárselos a la asamblea, pero después dijo que quieren 1,000 hectáreas al lado, pero lo que está autorizado por la asamblea son solamente los terrenos a los que va a llegar el tren”, detalló.

Desde entonces, no ha habido más acercamientos, porque la postura de la asamblea en ese sentido es inamovible, es decir, sólo permitir estudios en una superficie de 6 hectáreas para la estación, y esperar a que el Fonatur les presente una propuesta económica para las 1,000 hectáreas adicionales que les ha solicitado en torno a la estación, detalló.

“Rogelio Jiménez vino dos veces conmigo para decirme que tienen planeado un centro poblacional a lado de la estación; pero mi gente también necesita recursos. Le pedimos el cambio de uso de suelo a favor del ejido para después negociar las 1,000 hectáreas”, expuso Chimal Balam.

En entrevista aparte, Jiménez Pons confirmó que hay una propuesta de incorporar 1,000 hectáreas del ejido de Bacalar al Tren Maya, pero no se trata de expropiaciones, sino de asociación con los ejidatarios para que ellos renten sus tierras a eventuales inversionistas de proyectos inmobiliarios que se planean detonar en torno a la estación ferroviaria, aseguró.

El esquema de incorporación que el Fonatur propone a los ejidatarios es el fideicomiso de inversión y bienes raíces, figura empleada para fomentar la inversión en bienes raíces al colocar Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios en la Bolsa Mexicana de Valores, aseveró.

Este modelo busca aprovechar el expertise del Fonatur en la generación de proyectos, los cuales se pondrán a consideración de las calificadoras para que acrediten su rentabilidad, “y en ese momento lanzarlos al mercado para adquirir el capital para desarrollar las propuestas”, considerando incluso emplear fondos de retiro, que también ya han alzado la mano para participar, refirió.

Tren Maya: el gobierno dio contratos antes de consultas

Compartimos esta nota publicada en La Jornada sobre el proyecto Tren Maya – A 6 de enero de 2020

  • Superan 677 millones de pesos
  • Son al menos 40 con seis empresas

Dora Villanueva   Periódico La Jornada
Lunes 6 de enero de 2020, p. 13

El gobierno mexicano celebró contratos por más de 677 millones 511 mil pesos para diseño, asesoría, promoción y construcción del Tren Maya, antes de las consultas con los indígenas que viven en la región.

Entre las grandes contrataciones de asesoría está la filial mexicana de Grupo Typsa, constructora española que no hace más de dos años fue acusada en Colombia de presuntos sobornos a cambio de obras públicas.

A diferencia de las consultas sobre el nuevo aeropuerto en la Ciudad de México o el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, en el Tren Maya primero se establecieron 40 contratos durante un año, previamente a la opinión de la comunidades que serán afectadas por el megaproyecto.

Entre las transacciones firmes se cuenta la que ganó en agosto pasado el consorcio encabezado por Key Capital. El contrato, por 298 millones 987 mil pesos –el más alto hasta ahora que ha sido otorgado bajo licitación–, es para la definición de la ingeniería básica del tren y se falló cuatro meses antes de procurar un análisis sobre la conformación social indígena de la zona.

Luego de éste los contratos más costosos han sido por adjudicación directa. Encabeza ByA Barrientos y Asociados, empresa a la que se comprometieron 62 millones 408 mil pesos por trabajos técnico-jurídicos para la identificación y liberación de áreas de afectación para la constitución del derecho de vía del proyecto denominado Tren Maya.

A Mextypsa, filial de la española Typsa, se otorgaron 59 millones 552 mil pesos por asesoría en la estructuración general del proyecto; al despacho Woodhouse Lorente Ludlow, 44 millones por asesoría jurídica; a PwC, 32 millones por asesoría económico-financiera, y a Steer Davies & Gleave México, por el programa maestro, preselección de trazo y estimación de demanda del Tren Maya, 23 millones 870 mil pesos.

Así, a contrataciones vía concurso se han destinado 336 millones 377 mil pesos y a transferencias entre entes públicos 91 millones 447 mil. Por adjudicación directa suman 249 millones 686 mil pesos, entre los que se incluye la creación de los fundamentos financieros y legales de la obra que, según lo referido por el gobierno federal, será al menos 60 por ciento otorgada a la iniciativa privada.

De acuerdo con información pública reportada en Compranet, no sólo el gobierno federal adelantó recursos para la planeación de la obra. En octubre de 2018, aún sin el presidente Andrés Manuel López Obrador en el poder, la administración priísta de Campeche concursó cinco estudios de previabilidad del Tren Maya por 15 millones 229 mil pesos.

ByA Barrientos y Asociados también fue contratado por el gobierno de Campeche, cuando estaba a cargo de Alejandro Moreno Cárdenas. Tuvo un pago de 6 millones 234 mil pesos por una consultoría para el estudio de liberación de derecho de vía. Meses después se le otorgaron en adjudicación directa 62 millones 408 mil para trabajos técnico-jurídicos de derecho de vía en toda la zona.

El director general de la consultora es Ernesto Tadeo Barrientos Quintero, cuyo nombre aparece en el dictamen de juicio político contra Rosario Robles Berlanga, al consignarse como coordinador de Oportunidades en el estado de México, bajo la gestión de la ex secretaria de Desarrollo Social y dos años antes como funcionario de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.

Imagen: Noticias Veracruz

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[Nota] El Tren Maya recibe “apoyo” en consultas en Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y QR

Compartimos esta nota informativa publicada en Proceso sobre el proceso de consulta sobre el mega proyecto Tren Maya – A 15 de diciembre de 2019

Por: Mathieu Tourliere

enosique y Palenque (proceso.com.mx).- Sin sorpresa, el megaproyecto del Tren Maya recibió una amplia aprobación hoy, tanto en el “ejercicio participativo de consulta ciudadana” como en las asambleas consultivas con ejidatarios, quienes dieron su visto bueno a cambio del compromiso del gobierno federal de atender las necesidades apremiantes de sus comunidades.

En el caso de la consulta ciudadana “de carácter vinculante”, pocas personas fueron a votar en Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, y buena parte de quienes acudieron a las casillas pusieron su boleta a favor del megaproyecto.

Por otra parte, en las asambleas consultivas, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) y el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) consiguieron que 5 mil 193 ejidatarios firmaran actas en las que aceptaron “por consenso” la implementación del tren maya.

En la ciudad de Campeche, vecinos de antiguos barrios y colonias, como La Ermita y Santa Lucía, cuyas viviendas se encuentran también a los lados de la línea ferroviaria, se manifestaron también en contra del Tren Maya. Dijeron que el gobierno federal les quiere dar trato de “invasores” a pesar de que muchos de ellos poseen títulos de propiedad que datan de la época porfirista.

Denunciaron que sus predios familiares fueron afectados por el gobierno de Porfirio Díaz cuando se tendió la vía férrea y ahora nuevamente los perjudicarán por el Tren Maya.

En el municipio de Calakmul, donde se tiene considerado instalar una estación del Tren Maya, el Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil (Cripx), con presencia en más de la mitad de las comunidades de esa región, entregó a los organizadores de la consulta un oficio informando su “rotundo no” al proyecto.

En el documento detallaron sus múltiples motivos, entre ellos que no hay aún estudios sobre los impactos ambiental, económico y social que provocará el Tren Maya que les permitan contrastar el costo-beneficio.

Con estos resultados, el presidente Andrés Manuel López Obrador podrá legitimar su megaproyecto de al menos 120 mil millones de pesos, que prevé la instalación de mil 460 kilómetros de vías para transportar turistas, gente local y mercancías, así como la construcción de 18 estaciones y ciudades nuevas.

Una asamblea informativa en torno al Tren Maya. Foto Alejandro Saldíva

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Desde temprana hora paseaba un auto en las calles del municipio tabasqueño de Tenosique; de la bocina colocada en su techo salía una voz masculina que clamaba: “Ven a dar tu voto; recuerda que con este beneficio se crearán empleos para los habitantes locales y en toda la región del sureste”.

En la cancha techada de la colonia San Juan, en el mismo municipio, algunas personas acudieron a las casillas para poner su boleta “sí” o “no” a la pregunta “¿Estás de acuerdo en que se construya el proyecto integral Tren Maya?” en las urnas.

En este espacio, las personas tachaban sus boletas frente a las demás, plegaban el papel y lo ingresaban en las urnas.

Los atendían mujeres vestidas con un chaleco de “servidores de la nación” y una gorra del Tren Maya, bajo la supervisión de un “delegado de colonia” que tomaba fotos a los votantes con su pulgar pintado y su boleta marcada por un “sí”.

En los municipios dónde se podía votar, las autoridades pegaron mantas promocionales en las que aparecían los beneficios del tren maya e indicaban los lugares de las casillas.

Estas mantas, elaboradas por el Fonatur, el INPI y la Secretaría de Gobernación (Segob), prometían que la construcción de las vías y de obras urbanas generarían más de 400 mil empleos –directos e indirectos–, que el proyecto cuidará el medio ambiente y el patrimonio histórico de la región, y que llevará un “desarrollo equilibrado”.

También prometía que los pasajeros locales pagarán tarifas de “casi la mitad que los turistas”, sin precisar el monto, y que generaría 157 millones de pesos al día en 2023, año en que se planea su puesta en marcha.

Como era previsible, sólo fue a votar la gente que tenía interés en el tren, y prácticamente todos votaron a favor.

Pasadas las seis de la tarde, en las afueras del palacio municipal de Palenque, en Chiapas, seis mujeres desplegaban y aplanaban, una tras otra, las boletas que se amasaban sobre una mesa; las instalaron en dos montos: en los más altos estaban las boletas del “sí” y en otros mucho más pequeños, las boletas de rechazo al megaproyecto.

En este módulo, mil 889 personas votaron a favor, 32 en contra y nueve anularon sus votos.

Como Proceso lo documentó esta semana, esta jornada de participación ciudadana no cumple con los criterios de la consulta indígena plasmados en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), pues se consultó a toda la población –y no solamente los dueños originarios de las tierras–, y la información que brindó el gobierno federal promocionó los beneficios del tren, sin evocar las posibles afectaciones del megaproyecto en las comunidades.

“Solo un detallito…”

En paralelo, culminó hoy el proceso de lo que el gobierno federal nombró “consulta indígena”, encabezado por el Fonatur y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), que arrancó formalmente en una serie de asambleas informativas que se llevaron a cabo hace dos semanas en 15 comunidades de los cinco Estados por los que atravesará el tren.

Entre ayer y hoy se realizaron asambleas consultivas en las mismas comunidades; ahí, representantes ejidales de territorios indígenas potencialmente afectados por el Tren Maya expresaron su respaldo al megaproyecto y a la vez refrendaron sus anhelos de que el gobierno federal atienda sus necesidades.

Dos de estas asambleas se llevaron a cabo en Palenque y Tenosique; ambos tendrán una estación del Tren Maya y ya se encuentran en la ruta de otro tren, conocido como La Bestia, en cuyos vagones se suben migrantes con la esperanza de llegar a Estados Unidos.

En las asambleas de Palenque y Tenosique, a las que asistió proceso.com.mx, las intervenciones de los campesinos e indígenas siguieron un esquema idéntico: en un primer tiempo, el orador alababa brevemente el tren maya y el presidente Andrés Manuel López Obrador, y en un segundo tiempo, más largo, exponían el estado desastroso de sus carreteras o de sus centros de salud y pedía la intervención del gobierno.

“Todos estamos de acuerdo con el Tren Maya, y damos las gracias al presidente López Obrador”, dijo el ejidatario Aldonay Arcos García, e inmediatamente después, añadió: “solo tenemos un detallito…”

En Boca del Cerro, una localidad situada a escasos kilómetros de Tenosique, la asamblea se llevó a cabo en un parador turístico construido en la orillas de las aguas de color café del Río Usumacinta, desde el cual se puede observar el imponente puente de hierro amarillo que une los cerros cubiertos de vegetación, y por el que pasará el tren.

Es precisamente en esta parte de Tenosique que Fonatur piensa erigir la estación del tren y el “polo de desarrollo” –una ciudad nueva con hoteles, comercios y viviendas para hasta 50 mil habitantes– que la rodeará.

“En el ejido de Cortillo Segundo tenemos una clínica fantasma, no hay médico ni medicinas; el Tren Maya es todo magnífico pero si me llevan a un turista ahí y se enferma, ¿Con qué lo curo? ¿Y si se me muere?”, lanzó el ejidatario Miguel Ángel, quien enseguida se quejó de las facturas de luz de hasta 800 pesos y exigió a los funcionarios presentes que “no escriben nomás, que sea de verdad, no de mentiras”.

Y lanzó: “El Tren Maya, no lo vayan a dejar en medias, porque hay muchos proyectos y todo queda en medias porque ya no hay recursos”.

Algunas intervenciones mencionaron malas gestiones de la administración local; por lo que Raúl Gutiérrez Cortés, el presidente municipal, retó –visiblemente ofendido– a sus críticos que “tengan los pantalones para decirmelo en persona”.

Ante la cantidad y la diversidad de las peticiones, el representante del INPI prometió que el gobierno federal hará el “análisis” y “regresará” para solucionar el “rompecabezas”, pero advirtió que “vamos a ver los caminos prioritarios, no nos alcanza para todos”.

Invitó las personas a pensar “de una manera más regional, no solamente en mi pueblito, nos vamos a poner de acuerdo para que sea más integral”.

Momentos después, resaltó que “hay mala información, antes los megaproyectos estaban pensados para poner los recursos de la nación en manos de las grandes empresas de capital transnacional, pero en el tren maya sí se van a explotar los recursos, pero para el beneficio de ustedes, que no haya tergiversiones”.

Ayer, en el municipio chiapaneco de Palenque –que será el punto de partida del tren–, se escucharon peticiones similares, a las que los representantes del gobierno federal contestaron de la misma manera.

“Pido que AMLO nos resuelva; no estamos en contra del Tren Maya, pero queremos que nos atienda con esta petición”, dijo la ejidataria Cándida Zaragoza, quien se quejó de que las calles de su pueblo están “abiertas” o que la luz se desvanece cuando llueve.

Adolfo Sánchez Jiménez tomó la palabra y se dirigió hacia Carlos Barceló Ruiz, el enlace de Fonatur en la región. Mientras el señor hablabla en chol, el funcionario se lo quedaba viendo, aparentemente concentrado, hasta que el campesino le preguntó si había entendido algo de lo que le dijo.

Ante la negativa Barceló, el señor se dio la vuelta hacia la sala, y lanzó: “¿Ya ven compañeros?”. Se soltaron unas carcajadas en la sala. “¿Dónde vamos a quedar nosotros?”, cuestionó, y declaró una larga argumentación sobre las tierras, hasta que el funcionario del INPI le cortara la palabra.

“Le molestan mis palabras”, espetó el señor mientras se aferraba en el micrófono; “las voces críticas son muy bienvenidas”, recalcó el servidor público.

Al concluir el evento, las comunidades presentes designaron a 11 delegados –al que se tomó posesión de manera ceremoniosa– para integrar una comisión de seguimiento, y el INPI hizo que los representantes de las comunidades se formaran y firmaran el acta de la asamblea, el cual planteó que “por consenso y unanimidad” se acepta la implementación del tren maya.

Omar Galindo de la C., representante de la Secretaría de Gobernación (Segob), marcó el punto final del encuentro de Tenosique. “Damos por clausurada la consulta libre, previa e informada. ¡Dios me los bendiga!”

Con información de Armando Guzmán y Rosa Santana

Foto Armando Guzmán

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