10 de Febrero de 2010, Chiapas, México

En el marco del Capítulo 11 del Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN), la empresa minera canadiense Blackfire Exploration, involucrada en la muerte del líder opositor Mariano Abarca Roblero, pretende demandar al gobierno de Chiapas por casi 800 millones de dólares, monto que repararía el daño y los perjuicios generados por el cierre el pasado diciembre 2009 de la mina de barita en el ejido Grecia en el municipio de Chicomuselo. Esta empresa minera canadiense tiene fuertes intereses en la entidad ya que tienen planeado poner en marcha en Puerto Chiapas la infraestructura que les permitiría comercializar la riqueza que extraen del estado al mercado asiático, como el caso de la mina de titanio más grande de Norteamérica que contiene alrededor de casi un millón 570 mil toneladas métricas del mineral de alta calidad (Ti02) dentro del mineral ilmenita (Fe2O3TiO2) de donde se extrae el óxido de titanio.

La prensa nacional ha informado[1] el día de ayer que los funcionarios de la empresa minera canadiense “ya se ha reunido en diversas ocasiones con funcionarios del gobierno de Chiapas para llegar a un acuerdo extrajudicial y, en caso de que se mantenga la decisión de cerrar la mina, para poder acordar una indemnización.”

En el Acta Circunstanciada del 7 de diciembre de 2009, la Secretaría de Medio Ambiente y Vivienda (Semavi), declara que la “Visita de verificación, exploración, extracción y aprovechamiento de minerales, o sustancias que constituyen depósitos de naturaleza semejante a los componentes de los terrenos” y basados en los Artículos 65, 66 y 68 en la Ley de Procedimientos Administrativos, y con el objeto de verificar las leyes ambientales de Chiapas (Artículo 221 y 85 de la Ley de Procedimientos Administrativos), “se procede a realizar clausura temporal total de las actividades de exploración, extracción, almacenamiento y procesamiento de material pétreo –barita- así como el traslado de vehículos relacionados con la actividad extractiva de la empresa por el camino que conduce del área de almacenamiento y procesamiento de materia prima hacia las áreas de extracción de material colocando para tal efecto las cintas de clausura en color rojo en lugares que se describen a continuación: a la excavadora, en el acceso hacia el área, torre 1, y en la cabina y en el brazo para la excavación de la excavadora”.

Cabe señalar que el Capítulo 11 del TLCAN hace referencia a la Expropiación y Compensación según el Artículo 1105 (1) bajo el cual la trasnacional canadiense pretende cobrar 800 millones de dólares. Ante ello, la REMA declara y denuncia que:

1) El cierre de la mina canadiense, una de las 5 que tiene en Chiapas, se clausuró por la contaminación ambiental que causa, los impactos irreversibles al medio ambiente y el aporte considerable al Cambio Climático. Las inversiones extranjeras no deben estar por encima del medio ambiente global, ni de la salud de los pueblos ni de las políticas soberanas sobre el medio ambiente. Por tanto, exigimos la anulación del Capítulo 11 del TLCAN que protege en impunidad y sobrepasa el interés global.

2) Mientras el Gobierno de Chiapas se niega a pagar la indemnización a la familia de Mariano Abarca Roblero, pese a la resolución del Congreso del Estado, está dispuesto a negociar millones de dólares con la empresa canadiense. El interés y el lucro de las trasnacionales mineras no puede estar por encima del interés del pueblo chiapaneco.

3) Que si bien las causas que se esgrimen para el cierre de la mina canadiense es de carácter ambiental, lo provoca la gran presión nacional e internacional por exigir justicia por el asesinato del líder opositor de la Rema Chiapas contra las actividades de la minera. Hasta la fecha no se ha dado sentencia a los autores materiales del crimen ni se ha deslindado responsabilidades a otros trabajadores y funcionarios de la empresa canadiense Blackfire.

4) La empresa canadiense demanda de manera ilegal e inmoral 800 millones de dólares al pueblo mexicano mientras se negó pagar a los campesinos un promedio de 230 mil dólares (3 millones de pesos) que los ejidatarios del ejido Nueva Morelia le reclamaban por el robo de la barita ubicada en su terreno. De este robo y despojo ilegal no se deslindan responsabilidades a la empresa canadiense ni de sus amenazas con armas de fuego por parte del personal y funcionarios de la empresa.

5) La indemnización de 800 millones de dólares que Blackfire pretende exigir equivale a que cada uno de los 4.293.459 habitantes en Chiapas pague USD$186.32 dólares, o el equivalente a $2,422 pesos mexicanos por persona, e igual a 46 salarios mínimos por chiapaneco. Por tanto, las promesas de desarrollo y empleo de estas inversiones extranjeras, además de traer impactos ambientales, amenazas, intimidaciones, asesinatos, cambio climático, extorsiones y corrupción, conllevan mayor empobrecimiento a la población. Exigimos que el Gobierno de Chiapas se ponga firme en el velar y hacer cumplir con los Objetivos del Milenio establecidos en la Constitución de Chiapas.

6) Exigimos al Gobierno Federal mexicano por medio de la Secretaría de Economía la anulación de todas las concesiones de la minera canadiense Blackfire y su expulsión del país por atentar contra los intereses de los pueblos campesinos e indígenas, por atentar contra los derechos humanos fundamentales y por estar señalada como responsable intelectual del asesinato de Mariano Abarca Roblero cuyos trabajadores están ahora detenidos.

7) Mientras la empresa minera canadiense no cumplió con los convenios y las promesas de apoyos e infraestructura con los ejidos de Grecia, como caminos y tanques de almacenamiento de agua a cambio de la deforestación y eliminación del suelo para extraer a cielo abierto la barita, y cuyo costo no tiene comparación con lo que ahora exige, pretende despojar al pueblo mexicano de 800 millones de dólares. El gobierno del Estado de Chiapas debe exigir a la empresa el cumplimiento de estos acuerdos velando por los interesas de los chiapanecos.

8) El Capítulo 11 del TLCAN faculta a las empresas trasnacionales para interponer demandas a los gobiernos en caso de que sus inversiones se vean amenazadas por las demandas de cumplimientos y el respeto a los derechos humanos que la sociedad exige. Esto agudiza la criminalización de la protesta social y la represión para evitar que los gobiernos no tengan que pagar. Exigimos un alto a esta situación y al aumento de la militarización. Exigimos se deslinden responsabilidades a las criminales inversiones extranjeras y un alto a su impunidad.

¡FUERA BLACKFIRE DE CHIAPAS!
REMA CHIAPAS

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