[Artículo] Al interior del complot para asesinar a Berta Cáceres

Compartimos esta investigación especial sobre el caso de Berta Cáceres publicada en el diario The Intercept – A 21 de diciembre de 2019

Danielle Mackey, Chiara Eisner December 21 2019, 8:00 a.m.Read in English

Ya pasaron más de tres años desde  que Berta Cáceres  fue asesinada en su casa en Honduras. Cáceres era una activista de 44 años, madre y una celebridad mundial —recibió el Premio Ambiental Goldman en el año 2015 por dirigir una campaña de base para evitar que una empresa privada de energía, llamada Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima, construyera una represa hidroeléctrica en tierra indígena. Alrededor de medianoche del día 2 de marzo de 2016, sicarios entraron a su casa, le dispararon y escaparon. Ella murió unos minutos después en los brazos de un amigo.

Durante la etapa de preparación del juicio de los asesinos, el Ministerio Público de Honduras extrajo miles de registros de llamadas privadas, mensajes de texto (SMS) y mensajes de WhatsApp de sus teléfonos. El registro de llamadas fue analizado por un experto independiente, y demuestra que los asesinos mantuvieron comunicación a través de una cadena compartimentada que llegaba hasta los más altos rangos de la directiva de la empresa cuya represa ella había estado protestando. Esos mensajes, analizados a continuación, proporcionan una sorprendente abertura al complot del asesinato de Cáceres.

El director financiero Daniel Atala Midence habló frecuentemente con el presidente de la empresa, Roberto David Castillo Mejía. Castillo luego se comunicaba con el antiguo jefe de seguridad de DESA, quien coordinaba con el jefe de los sicarios. Mantener a los asesinos lejos, sin contacto directo, de los líderes de la empresa no es una casualidad: todos los ejecutivos de más alto rango son miembros de la poderosa familia hondureña Atala Zablah, la cual tiene vínculos con el gobierno y la industria financiera internacional.

Los ejecutivos se enojaron cuando las protestas lideradas por Cáceres interrumpieron su inversión, declararon los jueces de la Corte Suprema de Justicia de Honduras al emitir el veredicto del juico. Los ejecutivos empezaron a vigilar a Cáceres y les pagaron a informantes para que se infiltraran en la organización que ella dirigía. Luego, la corte concluyó, sin mencionar el nombre de los sospechosos, que ejecutivos de DESA emprendieron acciones para “planificar la muerte de la señora Cáceres”. La corte declaró, nuevamente sin señalar nombres, que el plan fue realizado “con conocimiento y consentimiento” de los ejecutivos de DESA.

Antes y después del asesinato de Cáceres, en un grupo de chat de la empresa llamado “Seguridad PHAZ” (PHAZ significa Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca), los líderes de la empresa hablaron de utilizar sus conexiones para realizar un tráfico de influencias con las autoridades nacionales, la policía y el ejército, y los medios de comunicación. Cientos de mensajes más, publicados por los abogados de DESA, indican que el presidente de la empresa, el Sr. Castillo, mantuvo de forma paralela contacto regular con Cáceres antes de su asesinato.  Aunque son documentos del archivo público, muchos de los chats grupales y mensajes privados nunca han sido publicados.

Ninguno de los líderes del complot del asesinato ha pagado por su involucramiento. Solo un grupo de siete sicarios, incluidos dos antiguos empleados de DESA, fueron condenados en noviembre de 2018. El 2 de diciembre de 2019, los siete sicarios recibieron sentencias de entre 30 y 50 años de prisión.

Castillo fue arrestado el 2 de marzo de 2018 por presuntamente planear el asesinato, pero el Ministerio Público ha pospuesto repetidamente su audiencia preliminar. La demora más reciente fue el 10 de octubre de 2019. Mientras tanto, ningún miembro de la junta directiva de DESA y ni de la familia Atala Zablah ha sido acusado de un delito u obligado a declarar.

The Gualcarque River, downstream from the Aqua Zarca Dam. Sandwiched between Guatemala and Nicaragua on the Caribbean coast, Honduras is blanketed in forest and rich in valuable minerals. But the proceeds of this natural wealth are enjoyed by a very small section of society. Honduras has the highest levels of inequality in the whole of Latin America, with around six out of ten households in rural areas living in extreme poverty, on less than US$2.50 per day. A recent report documents shocking levels of violence and intimidation suffered by rural communities for taking a stand against the imposition of dams, mines, logging, or agriculture on their land - projects that are controlled by rich and powerful elites, among them members of the political class. The root causes of the abuses are widespread corruption and the failure to properly consult those affected by these projects

El río Gualcarque, río abajo de la represa de Agua Zarca.

Foto: Giles Clarke/Getty Images

Duplicidad Temprana

El grupo “Seguridad PHAZ” incluía a Castillo, Atala Midence y a los miembros de la junta directiva José Eduardo Atala Zablah y Pedro Atala Zablah. El numero de teléfono de Jacobo Nicolás Atala Zablah, el patriarca de la familia y miembro de la junta directiva, no se encontraba en el grupo, pero su nombre fue evocado en los mensajes cuando se necesitaba tomar decisiones de negocio y coordinar con aliados de alto nivel.

Los cuatro hombres Atala Zablah podrían perder una gran cantidad de dinero si no se construye la represa impulsada por la empresa. Como director financiero, Atala Midence había dedicado su carrera a Agua Zarca y José Eduardo, Pedro y Jacobo Nicolás eran los accionistas principales de Las Jacarandas, empresa que poseía la mayoría de las acciones de DESA. Además, José Eduardo habia formado parte de la junta directiva del Banco Centroamericano de Integración Económica, el banco que prestó a DESA $24.4 millones para construir Agua Zarca.

A medida que la frustración crecía en los chats, el dinero que la empresa estaba dispuesto a invertir para detener a Cáceres aumentaba.

El 15 de julio de 2013, la organización que fundó Cáceres, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), organizó una protesta en el sitio donde se encuentra la represa hidroeléctrica. Puesto que DESA no había obtenido el consentimiento previo de la comunidad indígena lenca local en cuya tierra ancestral se estaba construyendo la represa, muchos miembros de la comunidad creían que DESA no tenían derecho a estar allí.

La manifestación se volvió violenta rápidamente. DESA había solicitado al ejército hondureño proteger el sitio de los manifestantes. Uno de los soldados posicionado en el lugar usó su arma para dispararle a un miembro del COPINH llamado Tomás García.

Ese día, Atala Midence le envió un mensaje a Castillo.

“Los militares mataron a un indio”, reportó Castillo utilizando de manera despectiva la palabra indio para referirse a un hombre de ascendencia indígena. “Otro muerto parece”.

La muerte de García causó una emergencia en las relaciones públicas de DESA, pero Castillo tenía lista una solución. “Pagale al reportero de HCH”, respondió inmediatamente, refiriéndose a una canal de noticias llamado HCH Televisión Digital.

“1000 lempiras por la semana pasada[…]Y ahorita Podemos dar otros mil”. El monto total era equivalente a 100 dólares aproximadamente.

Cuando HCH publicó la historia sobre la protesta al día siguiente, la transmisión de la noticia parecía estar a favor de DESA. Se mencionó la muerte de García, pero el presentador del noticiero HCH tomó el punto de vista de DESA y enfatizó que los manifestantes del COPINH también tenían sangre en sus manos: habían matado al hijo de alguien que trabajaba en la represa, dijo el presentador. Aunque los registros muestran que hubo una muerte ese día en la comunidad, no hay evidencia que demuestre que los miembros del COPINH fueron los responsables, y niegan haber tenido algo que ver con ese hecho. Mientras tanto, el miembro del ejército que le disparó a García fue identificado y acusado.

Para finalizar el segmento de la noticia, el cual se transmitió con el título “Asesinan a dos personas en enfrentamiento por oposición a represa”, el presentador hizo hincapié en que los miembros del COPINH no deberían haber entrado en una propiedad privada custodiada por el ejército. El ejército estaba proporcionando seguridad a la empresa privada que trabaja en la represa hidroeléctrica, señaló el presentador. HCH Televisión Digital no respondió a la solicitud de comentarios sobre el segmento transmitido.

Mientras Castillo planeaba los sobornos para controlar la narrativa de los medios de comunicación, mantuvo una comunicación amigable con Cáceres. La relación era estratégica según lo muestran los mensajes.

“Tienes que hablarle a berta caceres que deje de hacer pendejadas hoy”, le escribió un número no identificado a Castillo el día después de la muerte de García. “Ahorita se están preparando para ir de campamento otra vez”, añadió el número desconocido.

Cuatro días después, Atala Midence se quejó de Cáceres y otros dos líderes del COPINH. “E gastado mucho dinero y capital politico para q salgan esas 3 ordenes de captura”, escribió.

En cuestión de días, los tres fueron acusados por ocupación ilegal de tierras y daños a DESA. Posteriormente, una corte de apelaciones anuló el fallo y desestimó los cargos.

Castillo siguió trabajando arduamente para construir una amistad con Cáceres. Días después de enviarle a Cáceres buenos deseos de Navidad en 2014, Castillo le escribió nuevamente para desearle un feliz año nuevo. Aprovechó esta ocasión para obtener información sobre las actividades y ubicación de Cáceres.

Castillo le envió un mensaje de texto comentándole que había escuchado que ella había estado muy activa en el área cerca del sitio de construcción de la empresa.

“Cuando vino? … Y quien le dice?” respondió Cáceres con desconfianza. Pero segundos después, ella le brindó la información de todas formas: “Yo en la Eza. Y mañana en Teg”, escribió abreviando el nombre de la ciudad donde vivía, La Esperanza, y la capital de Honduras, Tegucigalpa.

This photo taken on September 17, 2018 shows Sergio Rodriguez (R) along with six other accused on the murder of indigenous environmental activist Berta Caceres, after the judges suspended the trial following the filing of a court challenge in Tegucigalpa. - Berta Caceres' family, is expecting on November 22, 2018 that next week seven of nine accused in the activist murder will be sentenced, yet they will continue seeking for justice on the responsibility of the intellectual authors. (Photo by ORLANDO SIERRA / AFP)        (Photo credit should read ORLANDO SIERRA/AFP via Getty Images)

Esta foto tomada el 17 de septiembre de 2018 muestra a Sergio Rodríguez (D) junto con otros seis acusados del asesinato de la activista medioambiental de origen indígena Berta Cáceres, después de que el Tribunal suspendió el juicio tras la presentación de un recurso de casación en contra de la sala en Tegucigalpa.

Foto: Orlando Sierra/AFP/Getty Images

 “Puede ser que en estos momentos ocurra”

En abril de 2015, Cáceres viajó a San Francisco y Washington D.C. para aceptar el prestigioso Premio Ambiental Goldman por su trabajo como activista en Honduras. “Nuestras conciencias serán sacudidas por el hecho de solo estar contemplando la autodestrucción basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal”, expresó en su discurso de aceptación del premio. “La Madre Tierra militarizada, cercada, envenenada, donde se violan sistemáticamente los derechos elementales, nos exige actuar”.

DESA también estaba planeando algo ese año. Desde al menos marzo de 2015, Douglas Bustillo, jefe de seguridad de DESA y teniente retirado del ejército hondureño, se había estado comunicando con un jefe de inteligencia del ejército, Mariano Díaz. Ambos fueron condenados tres años después por ayudar a coordinar el asesinato de Cáceres.

El 31 de julio Bustillo se fue de la empresa, pero el análisis del registro de llamadas encontró que siguió comunicándose frecuentemente con Castillo, quien a su vez se comunicaba con el director financiero Daniel Atala Midence.

En septiembre, por primera vez, Bustillo le llamó directamente por teléfono a un sicario de nombre Henry Hernández. Hernández había sido un francotirador de las fuerzas especiales bajo el mando de Díaz.

Mientras tanto, la comunicación entre Castillo y Cáceres se mantuvo activa. A mediados del mes, Castillo le informó a Cáceres que se iría de vacaciones y que le gustaría hablar con ella cuando regresara. El 28 de septiembre sus comentarios tomaron un giro más personal. Expresó sus condolencias por los problemas de salud de un familiar de Cáceres y le dijo que podía contar con su apoyo.

Cáceres parece haber quedado desconcertada por los mensajes de texto. “No sé por qué se molesta con asuntos míos”, le contestó. Castillo le aseguró que la apreciaba y la consideraba una amiga. “Tengo esperanza que un día vamos a encontrar un punto medio en la cual vamos a converger nuestros idéales para bien y salir ambos con una solución que ambos ganamos”, le respondió a Cáceres.

Sin embargo, una semana después, en el grupo de chat de DESA, Castillo estaba conspirando en contra de Cáceres y el COPINH. “Creo que hay que tomar acciones legales y llevarlos a la fiscalia”, dijo; sugiriendo que deberían de ser procesados con la ayuda de la policía nacional.

Para entonces, las tensiones en el chat habían aumentado de manera tangible. DESA había trasladado la construcción al otro lado del río, a un territorio menos disputado, en un intento de apaciguar a los manifestantes, pero no funcionó.

Cuando un extranjero apareció en múltiples eventos del COPINH, el chat muestra que DESA pasó meses investigando su identidad, ciudadanía española y cuenta de Facebook. Planearon que la policía recogiera su número de pasaporte para poder informar al gobierno español. “Es vital para informar Embajador”, dijo el ingeniero principal de DESA, José Manuel Pages, que también es ciudadano español. Según los mensajes, parece que Pages, quien no ha sido acusado en relación con el asesinato, fue enviado por Castillo en un vehículo de la empresa a reunirse con el dignatario.

No fue la única vez que la empresa se coló en la escena diplomática. El chat revela que DESA también se infiltró en una visita de alto nivel de las Naciones Unidas a la sede del COPINH. El infiltrado se hizo pasar por un residente local, fotografió a las personas presentes y grabó lo que se discutió.

El 11 de octubre, el miembro de la junta directiva de DESA Pedro Atala Zablah escribió en el grupo, “O ellos o nosotros”. Añadió, “Mandemos mensaje. Ke nada sera facil para esos hdp”. Jorge Ávila, quien había tomado el puesto de Bustillo como jefe de seguridad de DESA, respondió pidiéndole a Atala Zablah que concretara la protección policial de la represa.

Esta era una maniobra común. El chat grupal está lleno de momentos en el que los ejecutivos de DESA discuten el reclutamiento de las fuerzas de seguridad estatales hondureñas y funcionarios del gobierno. En algunas ocasiones, los miembros de la familia Atala Zablah — Daniel y Pedro — fueron quienes hacían las solicitudes. El 13 de octubre, Pedro sugirió que DESA podría motivar a los agentes de la policía “con algo aparte d comida”. La compañía ya albergaba y alimentaba a la policía que custodiaba la presa como lo harían con la seguridad privada.

El día después de que estos mensajes de texto fueron enviados, Castillo informó al grupo algunas noticias sobre Cáceres: pronto se iría a Sudamérica, y era el momento oportuno para incitar a la oposición local del COPINH. El gerente del área social y ambiental de DESA, Sergio Rodríguez, había observado que el movimiento liderado por el COPINH era más débil cuando Cáceres y otro líder no estaban presentes. “De allí que contra ellos es que debemos también encaminar acciones”, planteó al grupo.

Documento: Honduras Supreme CourtEl 22 de noviembre, Castillo recibió un mensaje de Bustillo, quien no había trabajado para DESA desde hace ya cuatro meses. “Buenos días Sr. Castillo. Complete el 50%”, se leía en el mensaje críptico.

Castillo respondió pidiéndole una reunión a Bustillo para esa misma tarde en un restaurante Chili’s que se encuentra en un barrio acomodado de Tegucigalpa. Sugirió dos horas distintas para la reunión, y cuando Bustillo le pidió que le aclara la hora, Castillo le advirtió: “Bustillo póngase las pilas. Nada de fiesta”. Bustillo replicó: “Y tenga preparado todo porque puede ser que en estos momentos ocurra”.

Los hombres no especificaron lo que iban a discutir. Pero el análisis del registro de llamadas preparado para el juicio muestra que, para este momento, la empresa había montado una red de comunicación compartimentada, probablemente fruto de “la alta especialización del personal militar que forma parte de esta estructura”, indicó el análisis.

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Gráfico: The Intercept; Fotos: Getty Images

La estructura de comunicación estaba compuesta por dos subredes. Por un lado, la “red ejecutiva”, que incluía a Castillo y Atala Midence y, por otro lado, la “red operativa” donde se encontraban los sicarios. Las dos redes estaban interconectadas a través de Douglas Bustillo.

El análisis del registro de llamada expone que “La compartimentación es una táctica establecida en la inteligencia militar para evitar infiltraciones y no comprometer el conjunto de la información y la estructura” y que esta se utiliza para “la ocultación proactiva de todo el ciclo criminal[…]se reserva sólo al máximo nivel directivo el conocimiento y adopción de las decisiones”.

Sin embargo, la comunicación entre Catillo y Cáceres continuó, y los dos terminaron el año 2015 exactamente igual que el año anterior. La noche del 25 de diciembre tuvieron un amable intercambio de palabras.

“Estimada Berta”, Castillo le escribió a Cáceres. “Espero que está Navidad, esté llena de bendiciones para Usted y su familia. Le deseó cómo siempre solo lo mejor”.

“Un grano en el trasero de la doña”

Para el 10 de enero de 2016, Castillo había vuelto a agitar el chat de DESA.

“No podemos bajar la guardia. Pero es esta semana que debemos vencer a COPINH. El esfuerzo de estos días nos va a dar frutos y hará nuestro trabajo más fácil todo el año 2016”, escribió Castillo en el chat. Luego envió al grupo un mensaje que le había enviado a un comisionado de policía local, a quien Castillo parecía considerar como un aliado.

“Le agradecemos el apoyo que nos dio el dia de ayer, los Copinhnes vieron la presencia de la Policia Nacional […] y tuvieron temor de cruzar el río”, se leía en el mensaje. “Espero contar con su apoyó el dia de hoy y el resto de los días hasta que se retire el agitador, que es cuándo se acaba la amenaza”.

Cuando dos nuevas personas extranjeras de los Países Bajos comenzaron a presentarse en las protestas del COPINH, DESA también los investigó, según lo muestran los chats de finales de enero. “Favor tomen fotos”, escribió el consultor de Relaciones Públicas de la empresa, Roque Galo. Sugirió que usaran la cámara de la empresa con el mejor zoom. Galo no ha sido acusado de ningún delito relacionado con el asesinato de Cáceres.

Dos días después, por medio de mensajes privados, Díaz y Hernández discutieron sobre otro tipo de tecnología: un arma prestada. “No quiero que andes con eso para arriba y abajo”, le dijo Díaz a Hernández. “Es peligroso te enyucas”.

El 2 de febrero, Hernández, quien se refería Díaz como “señor”, presentó una estrategia para proteger a Díaz de cualquier acusación: “Boi air a operar con otros manes yo se6or por k uted tiene k estas limpio para k todo le salga vien en su carrera”, escribió. Le pidió a Díaz que le prestara suficiente dinero para contratar a otros dos hombres para que los tres pudieran “trabajar”.  Y aclaró: “Uste ya save deke”.

No nombraron a las personas que los contrataron para “trabajar”, sino que se refirieron a ellos como “amigos”. Tampoco mencionaron el nombre de la futura víctima.

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Documento: Honduras Supreme CourtEl 5 de febrero, Bustillo utilizó su teléfono para descargar tres fotografías de Berta Cáceres. Entre ellas se encontraba una imagen que luego se volvería viral. Cáceres se encuentra rodeada por la orilla verde del río para el cual ella trabajó para proteger, tiene la boca abierta como si estuviera hablando y la mano derecha levantada.

Ese mismo día, los sicarios intercambiaron muchos mensajes y llamadas, según el análisis de llamadas producido para el juicio. El análisis también muestra que el teléfono celular de Hernández fue detectado por las torres de telefonía móvil que se encuentran cerca de la casa de Cáceres.

Las conversaciones sugieren que Hernández y un segundo sicario desconocido intentaron matar a Cáceres ese día, pero cancelaron la misión porque había demasiadas personas cerca de su casa. Se subieron a los autobuses públicos y abandonaron la zona.

“Misión abortada hoy”, le escribió Bustillo a Castillo. “Ayer no se pudo Esperaré lo que ud dijo ya no tengo logística estoy a cero”.

Más tarde ese día, Bustillo le pidió a Castillo más dinero para pagar un segundo intento. “Líder”, le dijo. “Necesito lo que usted va a presupuestar para el trabajo”. Tres semanas después, Bustillo repitió la solicitud. Castillo respondió que a él no le pagarían hasta el día siguiente.

Mientras tanto, los integrantes del grupo de chat continuaron menospreciando a Cáceres. El 20 de febrero, un consultor de Relaciones Públicas no identificado contratado por DESA, quien no ha sido acusado en relación con el caso, celebró haber complicado los planes de protesta del COPINH. “Q alegre q seamos un grano en el trasero de la doña”.

El ingeniero principal, Pages, respondió que tenían que publicar fotos de la casa y el automóvil de Cáceres, y hacer público que Cáceres tenía hijos que estudiaban en el extranjero para poner a los activistas en su contra. Informó al grupo que la empresa iba a contar con 45 policías y miembros de un grupo de fuerzas especiales, entrenado por los EE. UU. y conocido como los TIGRES, para proteger durante la protesta el sitio donde se encuentra la represa.

En una conversación sobre la cobertura mediática del evento, Castillo escribió: “En ves de pedirle a un periodista que no publique una nota, creo mejor que se le den instrucciones de que debería de incluir en su nota, y que mensaje debe de dar”.

En menos de un mes, Berta Cáceres estaría muerta.

Un asesinato plasmado en los mensajes

El 2 de marzo de 2016, los sicarios decidieron volver a intentarlo. El análisis de registro de llamadas producido para el juicio mostró que sus teléfonos estaban conectados a la torre de telefonía móvil cerca de la casa de Cáceres.

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Documento: Honduras Supreme CourtA las 11:25 p.m., Cáceres envió su ultimo mensaje por WhatsApp. “Bueno donde sea que esté deseo que este bien. De verdad”, le escribió a una amistad a un número no identificado. “Ande con cuidado por fa. Si? Besos”.

Al mismo tiempo, los sicarios y Bustillo intercambiaron una oleada de mensajes y llamadas.

Catorce minutos más tarde, a las 11:39 p.m., Gustavo Castro, un visitante ambientalista mexicano que Cáceres estaba hospedando en su casa esa noche, llamó desesperadamente y sin obtener respuesta, desde el teléfono de Cáceres, a las personas más cercanas a ella.

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Documento: Honduras Supreme CourtA las 12:09 a.m., le envió un mensaje de texto a un familiar de Cáceres: “Ayuda”.

“Soy Gustavo acaban de matar a Berta estoy herido”.

Siguió mandando mensajes angustiados, repetía los mismos detalles una y otra vez sin obtener respuesta:

“Ayuda”. “Soy Gustavo acaban de matar a Berta”. “Estoy solo en su casa uy nadie sabe”.

“Por favor avisa copinh”. “Algun vecino o alguien conocido en la Esperanza”.

A las 5:37 a.am, el chat de DESA se activó.

Sergio Rodríguez fue el primero en enviar un fragmento extraído de una noticia sobre la muerte de Cáceres. Doce minutos después, Castillo también escribió en el grupo: “Para nosotros es una crisis que debemos anticipar lo que se viene enfrente”.

Relatives and friends place flowers at indigenous environmentalist Berta Caceres grave in La Esperanza, Honduras, on March 3, 2018. Relatives and indigenous people demanded justice to the intellectual authors of the murder of the prestigious environmentalist Berta Caceres, executed two years ago for opposing the construction of a hydroelectric dam on a river. / AFP PHOTO / Orlando SIERRA (Photo credit should read ORLANDO SIERRA/AFP via Getty Images)

Familiares y amistades colocan flores en la tumba de la ecologista indígena Berta Cáceres en La Esperanza, Honduras, el 3 de marzo de 2018.

Foto: Orlando Sierra/AFP/Getty Images

Un estancamiento burocrático

Después del asesinato de Cáceres, cuando la ira pública estalló en contra de la empresa, los chats revelan que los ejecutivos de DESA se apresuraron en buscar ayuda de sus poderosos aliados.

El 7 de marzo de 2016, el Ministro de Seguridad de Honduras, Julián Pacheco Tinoco, le aseguró a Pedro Atala Zablah que la muerte de Cáceres sería categorizada como un “lio de faldas”.

Cuando multitudes de manifestantes comenzaron a congregarse en el lugar donde se encuentra la represa, Pages le pidió a Atala Midence que hablara con un infame comisionado de la policía llamado Héctor Iván Mejía para solicitar que más policías llegaran a enfrentar a los manifestantes. Atala le dijo a Pages que ya había hablado con él y con Pacheco Tinoco.

Para el 1 de abril, cuando el gobierno hondureño anunció que iniciaría una investigación sobre el asesinato, un consultor de Relaciones Públicas no identificado intentó levantar el ánimo en el chat de DESA. “Ministerio público que hasta el momento es un Aliado y no un enemigo”, escribió. “Hay que pensar estratégicamente es que lo posible lo más fiable lo más correcto es que el Ministerio Público haya dicho eso para callar para parar los señalamientos del copinh”.

Aconsejó que era mejor que DESA permaneciera callado sobre el asesinato, porque si la empresa criticaba públicamente el caso del Ministerio Público “lo único que vamos a conseguir es que copinh ponga todavía más en duda el proceso de investigación de las autoridades hondureñas y que aumente considerablemente los señalamientos contra nosotros”.’

Más tarde ese mes, el jefe de seguridad de DESA, Ávila, informó al grupo que sus fuentes de inteligencia militar le habían advertido sobre los planes que el COPINH tenía de realizar otra protesta. Pages sugirió que trabajaran con la policía para intimidar a los manifestantes, registrando sus nombres y números de placa de vehículos. Poco después de eso, Rodríguez dijo que había encargado a los infiltrados de la empresa en el COPINH de difundir rumores para dividir y debilitar a la organización.

Entre la información que los fiscales extrajeron del teléfono de Rodríguez se encuentra un archivo con fecha del 3 de marzo: una fotografía de Cáceres tendida en el suelo, un brazo sobresaliendo en un ángulo extraño y el otro cubierto en un charco de sangre. Su boca está abierta y su cabello arremolinado sobre su cabeza.

Rodríguez ahora se encuentra en prisión, junto con los otros seis condenados por llevar a cabo el asesinato de Cáceres: Bustillo, Díaz, Hernández y otros tres sicarios llamados Edilson Duarte Meza, Elvin Rápalo y Óscar Torres. Luego de recibir sus condenas el 2 de diciembre, el congresista de Georgia Hank Johnson, junto con los representantes Jan Schakowsky y Mark Pocan, emitieron un comunicado expresando que las sentencias eran el “primer y pequeño paso” hacia la justicia. “La verdadera justicia incluye el juicio y el castigo de todos los responsables de su asesinato, incluidos los ejecutivos de la empresa que construye la represa, DESA, quienes fueron los autores intelectuales y financieros del complot” escribieron los congresistas estadounidenses.

En respuesta a una solicitud de comentarios, Nelson Domínguez, abogado de Daniel, Pedro y José Eduardo Atala Zablah, declaró que los hombres “NIEGAN COMPLETAMENTE participación alguna en este lamentable crimen” y que “creen firmemente en la inocencia de los señores David Castillo y Sergio Rodríguez”.

El número de teléfono y correo electrónico de DESA se encuentran fuera de servicio. Robert Amsterdam, quien dijo que su bufete de abogados Amsterdam and Partners LLP representó a DESA hasta hace unos meses pero que ya no tiene un contrato con dicha empresa, sostiene que sus antiguos clientes no estuvieron involucrados en el asesinato de Cáceres. “Ellos eran jóvenes idealistas que querían terminar con la dependencia que Honduras tiene con el gas y estaban apostando por opción sostenible”, declaró a The Intercept. “Han puesto a una persona completamente inocente tras las rejas y me refiero a Castillo”, dijo Amsterdam.

Amsterdam describió la defensa de la empresa en un libro blanco publicado en 2018, titulado “Una guerra contra el desarrollo: exponiendo la campaña de desinformación del COPINH en torno al caso de Berta Cáceres”. El libro blanco propone que los documentos sobre los teléfonos celulares presentados en la corte podrían estar “incompletos o corrompidos”.

Domínguez repitió esta declaración. Escribió que la familia Atala Zablah había presentado una denuncia ante el Ministerio Público por “manipulaciones de la evidencia” y “graves violaciones al Debido Proceso”.

Yuri Mora, portavoz del Ministerio Público hondureño, respondió: “Esos son argumentos y estrategias de la defensa, el Ministerio Publico esta seguro en sus acusaciones y toda la prueba”.

Los señores Galo, Pages, Mejía y Pacheco Tinoco no respondieron a las solicitudes de comentarios.

El destino de Castillo sigue sin estar claro. Si su juicio se retrasa demasiado, puede que recupere su libertad debido a una ley hondureña que prohíbe retener por más de dos años a personas que no han sido condenadas. Mientras tanto, un expediente de investigación publicado en agosto de 2019 por el grupo de derechos humanos School of the Americas Watch, desveló una presunta actividad criminal habitual que Castillo cometió en nombre de al menos seis corporaciones hondureñas con las que estuvo involucrado, incluido DESA, y también posibles enlaces a un importante cártel de droga. Ese mismo mes, la periodista Nina Lakhani de The Guardian reveló que Castillo compró una casa de $1.4 millones en Texas, ocho meses después del asesinato de Cáceres

Sin embargo, Roxanna Altholz, profesora de Berkeley Law y antigua integrante de GAIPE   — un equipo internacional que investigó el asesinato — dice que el problema es aún más grande que la falta de avances en el caso de Castillo. La cuestión más importante, señala, es que el asesinato de Cáceres fue la culminación de años de corrupción y violencia planificada. La red ilícita responsable del asesinato, incluidos los ejecutivos Atalah Zablah en DESA y sus aliados, permanece intacta.

“La responsabilidad no se define con el veredicto de culpabilidad de ninguno de estos individuos que han sido condenados”, dijo Altholz. “Para que se defina una responsabilidad real en este caso, esa red criminal debe ser desmantelada”.

Más información:

Honduras: 4to Aniversario de la siembra de Berta

Compartimos la invitación de hace el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras COPINH para conmemorar 4 años de sembrar a nuestra compañera Berta Cáceres – A 13 de enero de 2020

PRIMER LLAMADO –

En marzo de este año se cumple el cuarto aniversario de la siembra de nuestra hermana Berta Cáceres. Las comunidades Lencas organizadas a COPINH y quienes hemos luchado por la justicia para nuestra hermana, les invitamos a acompañarnos en la conmemoración a su vida, su lucha y a su causa por la justicia para el pueblo hondureño.

En este cuarto aniversario nos juntamos para ser una gran voz que sigue demandando y construyendo el camino de la justicia. Aplaudimos que las pequeñas victorias en el camino de verdad y justicia son parte de un esfuerzo colectivo y mundial que no ha bajado los brazos en denunciar este crimen de Estado, este femicidio político, este asesinato perpetrado por el extractivismo violador de los derechos de los pueblos.

Las actividades conmemorativas se realizarán en el Centro de Encuentro y Amistad “Utopía”, ubicados en la comunidad de Santa Catarina, Intibucá, los días 2, 3 y 4 de marzo.

“Jamás vamos a olvidar que el asesinato de Berta, tiene como autores intelectuales a los promotores del extractivismo el saqueo y despojo de nuestros territorios.”

Dado en La Esperanza, Intibucá, Honduras a los 13 días del mes de enero del año 2020

Firma la Petición online “Justicia para Berta”

Compartimos la siguiente petición del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) – A 7 de diciembre de 2019

SÚMATE a la recolección de firmas exigiendo JUSTICIA para BERTA, exigiendo que se avance en la investigación, juzgamiento y sanción de los autores intelectuales

Ante sentencia condenatoria contra siete personas por el asesinato de Berta Cáceres: Organizaciones de derechos humanos exigimos que se avance en la investigación, juzgamiento y sanción de los autores intelectuales.

Las Américas/Europa, 5 de diciembre de 2019.

El anterior 2 de diciembre de 2019, la sala I del Tribunal de Sentencia con jurisdicción nacional en Materia Penal de la ciudad de Tegucigalpa emitió sentencia en contra de siete autores materiales por el asesinato de Berta Cáceres, lideresa indígena y co-fundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) y la tentativa de asesinato contra Gustavo Castro, hechos ocurridos el 2 de marzo de 2016.

Entre los sentenciados se encuentran trabajadores de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA) y miembros de las Fuerzas Armadas de Honduras.

El Tribunal, que dictó su sentencia a más de un año de haber finalizado el juicio oral, confirmó que la acción de resistencia del pueblo lenca organizado en el COPINH y liderado por Berta Cáceres en defensa del río Gualcarque “ (…) ocasionó que se planificara y mediara la forma de dar muerte a la señora Cáceres, todo ello con el conocimiento y consentimiento de los ejecutivos de la empresa DESA, entre ellos el señor Sergio Rodríguez y otros más que no son parte de este proceso.”

Lo anterior reafirma que el asesinato de Berta Cáceres fue una acción planificada y organizada con el conocimiento y consentimiento de los ejecutivos de la empresa DESA, con el propósito de neutralizar la resistencia del pueblo lenca.

En virtud de lo señalado, organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, hemos observado con detalle la búsqueda de justicia por este crimen y las violaciones en torno a esta causa. Reconocemos que se dicten condenas en contra de responsables materiales, sin embargo, se mantiene nuestra preocupación acerca de la falta de acción contra la totalidad de los autores intelectuales.

De esa manera, exigimos al Estado de Honduras, que avance en el procesamiento de David Castillo, cuya audiencia preliminar se ha suspendido durante tres ocasiones por acción de su defensa Igualmente, solicitamos que se avance a la mayor brevedad en la gestión de diligencias investigativas y judiciales en contra de los demás autores intelectuales vinculados al crimen y que actualmente permanecen en la impunidad.
El Estado de Honduras debe actuar con diligencia contra los autores intelectuales como ha promocionado su actuación contra los autores materiales.

Asimismo, exhortamos al Estado de Honduras a que se revoque la concesión sobre el río Gualcarque, sagrado para la cosmovisión lenca, que órganos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han identificado como la principal fuente de riesgo para la vida e integridad del pueblo lenca y las comunidades del COPINH.

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Más información:

Dan sentencia del primer juicio contra los autores materiales del asesinato de Berta Cáceres

Compartimos el comunicado del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPIHN) sobre la sentencia del primer juicio por el caso de Berta Caceres – A 2 de Diciembre de 2019

Comunicado sobre lectura sentencia causa Berta Cáceres

Las hijas e hijo de Berta Cáceres junto al COPINH tras la lectura de la sentencia del primer juicio contra los autores materiales del asesinato de nuestra compañera Berta Cáceres hacemos conocer lo siguiente:

1. La impunidad no termina con la sentencia a los autores materiales. Existen pruebas suficientes para procesar y sancionar a integrantes de la familia Atala y otros por el asesinato de Berta Cáceres.

2. El Ministerio Público dirigido por Óscar Chinchilla debe dejar de poner excusas para procesar y requerir el sometimiento a juicio de Daniel Atala Midence, José Eduardo Atala Zablah, Pedro Atala Zablah y Jacobo Atala Zablah, entre otros, por el asesinato de Berta Cáceres.

3. El Estado de Honduras enfrenta a procesos internacionales por la participación de funcionarios públicos y la omisión de investigar adecuadamente el asesinato de Berta Cáceres.

4. La falta de justicia en Honduras hace necesaria la instalación de una misión independiente que lleve adelante el procesamiento y sometimiento a juicio de los responsables del asesinato de Berta Cáceres

5. Esta sentencia es una primera fisura al muro de impunidad total que sostiene a la estructura criminal responsable del crimen consecuencia de la tenacidad de la lucha del COPINH, la familia y la solidaridad nacional y del mundo.

Berta, nuestra hermana seguirá siendo un símbolo de lucha y esperanza para todos los territorios que hoy continúan la batalla en defensa de la vida y que hoy son perseguidos y criminalizados por esta dictadura. Esta sentencia es el inicio de un camino implacable de justicia para los pueblos y para Honduras.

En el COPINH seguimos con esperanza defendiendo la sangre de la tierra, construyendo para coexistir de manera justa, digna y por la vida. No desfallecemos en nuestra lucha en la que Berta vive y vive.

¡La impunidad no termina con una sentencia!
¡Castigo a los Atala!
¡Estado Asesino!

Dado a los 2 días del mes de diciembre de 2019 en la ciudad de Tegucigalpa, Honduras.

Acción global #JusticiaParaBerta

Compartimos esta acción para exigir justicia para Berta Cáceres del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPIHN)

¡Únete a la acción global #JusticiaParaBerta!

Envía una carta al Fiscal General exigiendo verdad y justicia en el caso Berta Cáceres.

No habrá justicia para Berta hasta que TODOS los involucrados en la planificación y pago por su asesinato sean investigados y juzgados.

Envía tu carta aquí 👇👇
https://www.amnesty.org/es/get-involved/take-action/verdad-y-justicia-para-berta-caceres/

VIDEO: Presentación del perfil de David Castillo

Compartimos este video del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) – A 14 de noviembre de 2019

#CastilloCriminal AQUI EL INFORME COMPLETO

David Castillo, uno de los autores intelectuales del asesinato de Berta Cáceres: Aquí te mostramos su perfil.

Todas las conexiones de David Castillo con el asesinato de Berta y otros crímenes, son develadas en este perfil.
David Castillo representa la violencia corrupción e impunidad con la que opera el modelo extractivo en Honduras.

Castillo está vinculado en diferentes crímenes como corrupción, vínculos con los Cachiros, falsificación de documentos y además es uno de los autores intelectuales del asesinato de nuestra compañera #BertaCáceres.

¡Exigimos juicio y castigo!

#JuicioYCastigoParaCastillo

#ATENCIÓN Este 2 de Diciembre se dará a conocer la sentencia contra los 7 condenados por la autoría material del asesinato de nuestra compañera Berta Cáceres.

En el fallo se afirmó la participación de otros directivos de la empresa DESA en el asesinato de Berta, estos aún no están siendo investigados ni juzgados.

No habrá justicia para Berta hasta que no haya juicio y castigo para los autores intelectuales del crimen ¡Acompáñenos!

#JusticiaParaBerta
#FaltanLosAtala
#CapturaALosAutoresIntelectuales

Más información:

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Honduras: Convocatoria audiencia preliminar David Castillo

Comparitmos esta información del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) sobre el caso de Justicia para Berta Cáceres – A 3 de octubre de 2019 


Este 10 de Octubre se reanudará la audiencia preliminar contra David Castillo, uno de los autores intelectuales del asesinato de nuestra compañera Berta Cáceres, en la que se dará paso su juicio oral y público.

La audiencia se llevará a cabo a las 9 de la mañana en los Juzgados de Jurisdicción Nacional en La Avenida Los Próceres, Tegucigalpa.

La audiencia contra David Castillo se realizaría el 25 de Septiembre fue suspendida debido a que su defensa manifestó no poder presentarse, sin argumento justificable, para la suspensión. Sin embargo, la juez decidió reprograrmarla. Sabemos que la prueba que lo vincula al asesinato es clara y estas acciones son parte de una búsqueda de dilatar el proceso en su contra y ocultar la verdad de los hechos.

Les invitamos a acompañarnos, difundir esta convocatoria, seguir la transmisión a través de nuestro Facebook Live Copinh Intibucá, donde informaremos sobre el desarrollo de la audiencia y compartir los siguientes mensajes y hashtags en redes sociales:

• David Castillo participó en la planificación del asesinato de Berta Cáceres en su rol de enlace entre la estructura sicarial y quienes pagaron y ordenaron el crimen.

• David Castillo, militar y empleado de DESA, realizó labores de inteligencia, campañas de estigmatización, infiltración, seguimiento y ataques con el fin de asesinar a Berta Cáceres y acabar con su oposición al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca.

• David Castillo representa la violencia, corrupción e impunidad del modelo extractivista en Honduras, las pruebas que lo vinculan en la planeación del crimen de Berta Cáceres son claras.

#JusticiaParaBerta #CastilloCriminal #FaltanLosAtala #CapturaALosAutoresIntelectuales

Juntémonos este 10 de Octubre y exijamos todas y todos ¡Justicia para Berta!

Imagen: COPINH

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INFORME: Violencia, Corrupción e Impunidad en la Industria Energética de Honduras: Un Perfil de Roberto David Castillo Mejía 

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INFORME: Violencia, Corrupción e Impunidad en la Industria Energética de Honduras: Un Perfil de Roberto David Castillo Mejía

Compartimos este informe publicado en el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) – A 4 de septiembre de 2019

 

RESUMEN DEL INFORME:

Roberto David Castillo Mejía es un empresario hondureño, ex funcionario público, graduado de la academia militar estadounidense de West Point y oficial de inteligencia militar hondureña en condición de retiro. “Violencia, Corrupción e Impunidad en la Industria Energética Hondureña: Un perfil de Roberto David Castillo Mejía”, reúne información sobre sus actividades comerciales y casos legales relacionados, incluyendo acusaciones por el asesinato de la defensora de los derechos de los pueblos indígenas, internacionalmente reconocida, Berta Cáceres, y acusaciones de corrupción. En el informe se describen actividades delictivas, incluyendo graves violaciones de derechos humanos y actos significativos de corrupción mientras servía como funcionario público.

Las actividades delictivas descritas en Un Perfil de David Castillo se llevaron a cabo presumiblemente para promover los intereses de las empresas con las que Castillo estaba asociado. Por lo menos seis compañías fueron constituidas en Honduras, donde los registros corporativos se encuentran repartidos por todo el país en aproximadamente 30 registros distintos. Y al menos dos compañías asociadas con Castillo fueron registradas en Panamá, donde el anonimato de sus accionistas está protegido. Las dificultades para obtener acceso a los archivos de algunas de las corporaciones, y las leyes que permiten el anonimato de la propiedad en Panamá, hacen extremadamente difícil identificar a los propietarios. Esto contribuye a que la impunidad sea un obstáculo para la investigación de la responsabilidad por graves violaciones de derechos humanos.

Aunque múltiples corporaciones aparentemente se han beneficiado de supuestos delitos, aquellos que habrían beneficiado a Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), y a empresas relacionadas, son particularmente graves. Antes de su asesinato el 2 de marzo de 2016, Berta Cáceres dirigió el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), y apoyó a las comunidades indígenas que denunciaron la implementación ilegal del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca de DESA en su territorio. Castillo fue gerente general de la empresa DESA en el momento del asesinato y aparentemente continúa en ese cargo a la fecha.

El 2 de marzo de 2018, Castillo fue capturado por el asesinato de Cáceres. Las pruebas presentadas por los fiscales ante los tribunales hondureños sugieren que Castillo participó en el asesinato de Berta Cáceres como autor intelectual, presuntamente coordinando y proporcionando fondos a los autores materiales y con el fin de llevar a cabo el asesinato. Castillo ha sido acusado y el caso sigue en la fase preliminar del proceso; no se ha detenido a ningún otro autor intelectual del crimen.

La evidencia sugiere que el asesinato de Berta Cáceres fue parte de un patrón de violencia, corrupción, intimidación, enjuiciamiento malicioso e impunidad orquestado por Castillo junto a otros en DESA, quienes parecen haber funcionado como una estructura criminal. La evidencia admitida en Honduras vs. Douglas Bustillo y otros sugiere que Castillo, sus asociados y empleados en DESA obtuvieron el apoyo de instituciones clave del gobierno hondureño, utilizando influencias indebidas en el Ministerio de Seguridad, la policía, las fuerzas armadas y el poder judicial hondureño, aparentemente para avanzar en los esfuerzos de intimidar, perseguir y neutralizar a Berta Cáceres y a la oposición del COPINH al proyecto Agua Zarca.

Un Perfil de David Castillo destaca la preocupación por las aparentes conexiones entre Producción de Energía Solar y Demás Renovables S.A. de C.V. (PRODERSSA) y la organización narcotraficante y violenta conocida como Los Cachiros. Aunque es imposible determinar quién es el propietario de PEMSA (Panamá), PEMSA asumió la propiedad de una compañía de energía hondureña, PRODERSSA, fundada por abogados que según los fiscales hondureños, administraban los activos de Los Cachiro en ese momento. La transferencia de la propiedad de PRODERSSA a PEMSA ocurrió pocos meses antes de que los líderes de Los Cachiros se rindieran a la DEA, lo que despierta la preocupación de que PEMSA pudiera actuar como un holding para ocultar los activos de Los Cachiro. Castillo era el representante legal de PEMSA,empresa propietaria de una gran parte de DESA.

El Acuerdo de Compra de Energía (PPA) de PRODERSSA con la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) fue adjudicado apenas 12 días antes de que el presidente hondureño Porfirio Lobo dejara su cargo. Un líder de los Cachiros testificó ante cortes de los Estados Unidos que sobornó a Lobo a cambio de contratos favorables a las compañías que poseía. Esto eleva la preocupación de que el PPA de PRODERSSA pueda haber sido otorgado mediante actos de corrupción.

Las empresas de reciente creación vinculadas con Castillo recibieron contratos de instituciones estatales para las que Castillo trabajó. Al parecer, estas empresas tenían poca o ninguna experiencia pertinente o capital de origen transparente. Esto incluye un PPA en poder de DESA que según los fiscales hondureños, fue negociado fraudulentamente con la ENEE para proporcionar condiciones indebidamente favorables para DESA.

Instituciones financieras internacionales parcialmente propiedad de gobiernos extranjeros como Noruega, Holanda y Finlandia, así como bancos multilaterales de desarrollo como el Banco Mundial, en el que Estados Unidos tiene una participación significativa han financiado estos proyectos. Algunos de estos bancos e inversionistas internacionales continúan beneficiándose de inversiones en compañías con licencias y contratos estatales cuestionables. En el caso de DESA, algunos bancos de desarrollo cancelaron el financiamiento, sin embargo, DESA aparentemente sigue teniendo licencias y contratos para el desarrollo del Proyecto Agua Zarca.

Castillo ha sido objeto de sanciones administrativas por acciones que podrían ser consideradas corrupción criminal. El Tribunal Superior de Cuentas de Honduras determinó que la empresa de informática propiedad de Castillo vendía equipos a las Fuerzas Armadas a precios inflados y que Castillo también recibía ilegalmente un doble salario del gobierno mientras era oficial militar y empleado de la ENEE.

La Misión de Apoyo a la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) ha iniciado una investigación sobre posibles sobornos vinculados a las negociaciones de la ENEE con la empresa brasileña Constructora Norberto Odebrecht. La prensa hondureña informa que Castillo formó parte del equipo que negoció los contratos con Odebrecht, incluso viajando a Brasil, en representación del estado hondureño.

Las investigaciones detalladas en Un Perfil de David Castillo abren una ventana sobre las actividades de personas presuntamente involucradas en actividades delictivas y violaciones de los derechos humanos que benefician a las empresas, que al parecer han recibido apoyo de inversores internacionales y bancos multilaterales de desarrollo.

El informe destaca la precaria situación de los derechos humanos en Honduras y muestra cómo las concesiones para explotar los recursos naturales – especialmente cuando se hacen a empresas con conexiones a redes criminales peligrosas – a menudo impactan profunda y negativamente a las comunidades circundantes. Esto a menudo conduce a conflictos que ponen a los defensores comunitarios de los derechos humanos en un riesgo extremo.

El Perfil de David Castillo insta a la comunidad internacional a hacer un llamado al gobierno hondureño para que proteja a los defensores de los derechos humanos, luchar contra la corrupción y la impunidad, e insta a que se impida la participación de actores estatales en violaciones de derechos humanos. También establece una serie de recomendaciones relativas a la financiación internacional para el desarrollo.

Imagen: COPINH 2019

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Comunicado del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) – A 5 de julio de 2019 

El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras COPINH comunica que según informaciones comunitarias el señor Olvin Gustavo García Mejía ha sido encontrado muerto el día de ayer 4 de julio en la comunidad de San Bartolo, en la zona norte de Intibucá, después de haber sido visto por última vez el día sábado 29 de junio. 

Con la muerte de Olvin García Mejía se sepulta un testimonio clave y se oculta la verdad sobre los planes de la empresa DESA para asesinar a Berta Cáceres. García Mejía fue denunciado en reiteradas ocasiones como sicario contratado por la empresa para asesinar a Berta Cáceres y líderes comunitarios. David Castillo lo identifica como “nuestra mejor seguridad en el sitio de presa” en conversaciones con Sergio Rodríguez (ver anexo).

En diciembre de 2015 Olvin García tenía dispuesto asesinar a Berta Cáceres y a líderes de la comunidad bajo orden de la empresa DESA. Sin embargo, el plan fue frustrado debido a su captura el 27 de diciembre de 2015 por el delito de portación ilegal de armas. Cuando, además, tenía pendiente una orden de captura por el asesinato de Bernardo Pérez.

En tan solo 4 días salió en libertad gracias a las labores de David Castillo, Daniel Atala Midence, Sergio Rodríguez y Jorge Ávila, ejecutivos y empleados de la empresa DESA, quienes “trabajaron” testigos, influenciaron al Ministerio Público de La Esperanza y pagaron, por lo menos, la fianza y representación legal de una persona de la cual se han tratado de desvincular.

García Mejía fue liberado en tan solo 4 días por 2 delitos graves con el favor del sistema de justicia hondureño y el dinero de la empresa DESA, sin embargo, nuestros compañeros presos políticos cumplen a la fecha año y medio de prisión injusta.

Olvin García Mejía estuvo involucrado en múltiples crímenes violentos contra la comunidad de Río Blanco, incluyendo asesinatos. A pesar de las múltiples denuncias, nunca fue sancionado por las autoridades.

Nos preguntamos si esta muerte hace parte de un plan para borrar las evidencias y conexiones de David Castillo Mejía con la violencia en la comunidad de Río Blanco y el asesinato de Berta Cáceres, junto a su campaña mediática de falsedades y mentiras.

Reiteramos nuestro llamado a que las autoridades investiguen los hechos de su muerte y los hechos por los cuales esta persona fue contratada para asesinar a Berta y liberada en diciembre de 2015.

Solicitamos que se investiguen las actuaciones de:

  • Hodalma Lizeth Benítez Erazo, representante legal de Olvin bajo pago de DESA.
  • Heidy Gabriela Ordoñez Perdomo y Ela Argentina Argueta Silva, fiscales del caso.
  • Lissien Lisseth Knight Reyes y Victorina Flores Orellana juezas del caso.
  • Los expedientes judiciales corren bajo los números:
    • Caso de Homicidio de Bernardo Pérez – Expediente 1001-2015-00008
    • Caso de Portación Ilegal de Armas – Expediente 1001-2015-00107-B

¡BASTA DE IMPUNIDAD! ¡QUEREMOS LA VERDAD!

Dado en la ciudad de La Esperanza a los 5 días del mes de julio.

¡Con la fuerza ancestral de Berta, Lempira, Iselaca, Mota y Etempica se levantan nuestras voces llenas de vida, justicia, dignidad, libertad y paz!

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Comunicado del Consejo Cívico de Organizaciones  Populares e Indígenas de Honduras (COPINH ) a 40 meses del asesinato de Berta Cáceres – A 2 de julio 2019 

Más de 3 años después del asesinato de la compañera Berta Cáceres, los autores intelectuales del crimen no han sido investigados ni juzgados y, ahora, enfrentamos una campaña mediática que busca mantener en impunidad su caso. A continuación, presentamos una actualización del proceso a #40MesesSinJusticia.


7 meses sin sentencia

El 19 de octubre de 2018 inició el primer juicio oral y público en contra de ocho personas imputadas por la autoría material del asesinato de nuestra compañera Berta Cáceres. Este juicio se caracterizó por una serie de graves irregularidades practicadas desde el inicio del proceso que violentaron el derecho de la familia de Berta Cáceres y el COPINH al acceso a la verdad y la justicia.

Para el 29 de noviembre, la Sala I del Tribunal de Sentencia emitió el fallo en que condenó a Sergio Rodríguez, Mariano Díaz, Douglas Bustillo, Henry Hernández, Elvin Rápalo, Óscar Torres y Edilson Duarte como coautores por el asesinato de la defensora. Además, el Tribunal condenó a Rápalo, Torres, Hernández y Duarte por tentativa de asesinato contra Gustavo Castro y absolvió de toda responsabilidad a Emerson Duarte porque no se pudo comprobar su participación en el crimen.

A 7 meses de la emisión de este fallo condenatorio aún no se emite sentencia escrita que debe contener la individualización de lapena. Según las leyes hondureñas la sentencia debe emitirse sin retraso para garantizar los derechos a la verdad y la justicia. En este caso la falta de sentencia pone en peligro el fallo emitido contra los autores materiales del crimen y representa un obstáculo para la investigación y juzgamiento de los autores intelectuales.

Campaña por la impunidad

El 2 de marzo de 2018 se produjo la captura de David Castillo, miembro de la junta directiva y gerente general de DESA, único autor intelectual detenido por el asesinato de Berta Cáceres.

Un año después, en marzo de 2019, la UFECIC en conjunto con la MACCIH, emitió un requerimiento fiscal a 16 funcionarios públicos por los delitos cometidos en la licencia ambiental otorgada a DESA para la imposición del proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca. A David Castillo se le imputó por Fraude, Negociaciones incompatibles con sus funciones, y uso de documentos falsos.

Posteriormente, a principios de abril de este año se realizó la audiencia preliminar en contra de David Castillo por el asesinato nuestra compañera. En esta audiencia la defensa de David Castillo presentó un nuevo peritaje como medio de prueba en un momento procesal inadecuado, lo que implicó la suspensión de la audiencia que, hasta la fecha, no se ha retomado. ..

Junto a esto, la defensa de David Castillo y de DESA, con anuencia delos medios corporativos de comunicación, han instalado a nivel nacional una campaña que busca victimizar a David Castillo y deslegitimar el proceso en su contra, cuestionando las pruebas que lo vinculan con el asesinato e intentando justificar su inocencia con una narrativa absolutamente perversa y revictimizante tanto para la familia de Berta Cáceres como para el COPINH.

Nuestros pasos en el camino de la justicia

Para alcanzar verdad y justicia integral en esta causa, exigimos que se investigue, juzgue y sancione, de manera diligente, a todas las personas responsables por el asesinato de Berta y por las agresiones sistemáticas perpetradas contra el COPINH, incluyendo tanto a David Castillo como a la familia Atala, el Banco Holandés de Desarrollo (FMO), funcionarios estatales, miembros de las fuerzas armadas, financiadoras y más.

Además, la concesión del río Gualcarque, que aún continúa representando una fuente de riesgo para las comunidades lencas, debe ser cancelada inmediatamente.

Finalmente, es urgente que se inicie un proceso para reparar al COPINH por todo el daño causado y, en particular, que se reconozca el rol importante que han liderado en la defensa de la tierra y los derechos de los pueblos. 

Apoya esta campaña: 

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VIDEO: A 40 meses de Impunidad, seguimos exigiendo Justicia para Berta

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